El Reino Unido reclamó a la Junta una solución para las casas irregulares (La Opinión)

Residentes británicos de la Costa del Sol más oriental dieron a conocer ayer un encuentro en agosto entre la presidenta de la Junta y la diplomacia británica en España – El embajador en nuestro país, Simon Manley, arrancó un "compromiso" de la administración para atender la "demanda" de sus compatriotas – La modificación de la LOUA, aprobada en el Parlamento con el voto en contra de IU

Fran Extremera 19.09.2014 | 05:00

Una de las últimas asambleas celebradas por la asociación Save Our Homes in Axarquia (SOHA). F. E.

Los integrantes de la junta directiva de la asociación Save Our Homes in Axarquía (SOHA), que en la comarca más oriental de la provincia agrupa a cerca de medio millar de los 15.000 afectados por la falta de regularización de sus viviendas, ya supieron a finales de agosto de la intención de Susana Díaz de modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y permitir la ansiada amnistía. Y es que el Gobierno británico trasladó a este colectivo un compromiso explícito, el que habían solicitado y logrado con la presidenta de la Junta.

Tanto el embajador del Reino Unido en España, Simon Manley, como la cónsul británica en Málaga, Charmaine Arbouin, solicitaron a Díaz «una solución» para las viviendas que durante los dos últimos años no se habían logrado regularizar en virtud del decreto que el Gobierno andaluz aprobó justo en su última sesión plenaria de la anterior legislatura.

La mayoría de los afiliados que forman parte de SOHA son nacidos en el Reino Unido, de ahí que durante años buscaran una solución a su «problema» no sólo ante la administración autonómica, como indicó ayer Philip Smalley, el presidente de SOHA. «Hasta el cambio de embajador del pasado año no se nos atendió, al entender las autoridades diplomáticas que nuestro asunto no era de su competencia».

Sin embargo, todo cambió desde entonces. «Aunque las agendas no ayudaban a que se celebrara un encuentro de la presidenta de la Junta con la diplomacia británica, finalmente tuvo lugar en agosto. Fuimos informados del mismo y tuvimos conocimiento de que ante las circunstancias que en los últimos años hemos vivido, la Junta iba a pronunciar un cambio en la legislación. Lo que llevábamos años pidiendo, en especial que se eliminase esa figura de suelo asimilado, que nos había dejado en el limbo en términos urbanísticos y que tanto daño ha hecho a la imagen exterior de Andalucía, como lugar que hasta ahora habían elegido miles de compatriotas para pasar aquí su jubilación», expresó.

La noticia adelantada por cauces internos fue acogida con cierta incertidumbre por los integrantes de la asociación, cuya directiva ayer volvió a reunirse en La Viñuela «no para brindar, pero sí para compartir la alegría del anuncio por parte de la Junta de lo que ya nos habían comunicado nuestros compatriotas».

Sólo un día antes de dicha comunicación oficial, el pasado martes, un centenar de afectados por la falta de regularización de sus casas se había concentrado en el salón de plenos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía para mostrar su «malestar» por la falta de diligencia mostrada por la Junta de Andalucía, «al aplicar un decreto que tuvo un marcado carácter electoralista».

Se referían los afectados a ese desarrollo de la normativa que no había generado el resultado esperado. De ahí que ayer se mostraran cautos dirigentes provinciales como el presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo, al solicitar «cautela y prudencia». «No es la primera vez que el PSOE y la Junta de anuncian la legalización de viviendas en Andalucía», señaló.

Aún así, los populares permitieron ayer, al abstenerse, que la propuesta de modificación de la LOUA saliera adelante en la votación tras el debate del estado de la comunidad. El Parlamento la aprobó, con la oposición de IU, su socio de gobierno, y la abstención del PP.

La portavoz de IULV-CA en la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento, Inmaculada Nieto, consideró que la presidenta de la Junta se ha precipitado con la propuesta para la legalización de viviendas ilegales, lo que llevó a su grupo a votar en contra.

Nieto reconoció que su grupo no sabía que la presidenta iba a lanzar esta propuesta en el debate, aunque son conscientes de que «ha habido intentos del PSOE por zanjar esta cuestión y no todas las viviendas han podido acogerse a las modificaciones que ha habido previamente».

Por su parte, el secretario de Política Institucional del PSOE-A, Francisco Conejo, argumentó que la modificación de la LOUA permitirá la regularización de unas 20.000 viviendas, pero «no beneficiará a los políticos implicados en la autorización de las mismas». Es decir, remarcó que la «ley hay que cumplirla». Y así lo destacó también la directiva de SOHA, acerca de que los procedimientos jurídicos «mantendrán su curso, porque los poderes están separados».