martes, 8 de abril de 2014

Los constructores demandan a Díaz que proyecte nuevas obras públicas (La Opinión)

Unas 550 firmas malagueñas se han adherido ya al Programa de Impulso a la Construcción Sostenible

08.04.2014 | 05:00
Susana Díaz, Javier González de Lara y José Sánchez Maldonado, ayer en Málaga.
Susana Díaz, Javier González de Lara y José Sánchez Maldonado, ayer en Málaga. 
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que asistió ayer en Málaga a una jornada de presentación del Programa de Impulso a la Construcción Sostenible a casi 200 empresarios, reconoció que la «urgencia» en Andalucía es crear empleo y apuntó que el sector constructor no debe ser «demonizado», porque es uno de los «pilares» de la recuperación. Según los datos de la EPA, la comunidad ha perdido desde el año 2007 cerca de 400.000 empleos vinculados a este sector.

En una jornada organizada por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Díaz mostro su deseo de que elementos como el futuro plan de vivienda y el nuevo decreto de eficiencia energética contribuyan a impulsar la rehabilitación del parque inmobiliario y a reactivar el empleo.
La presidenta andaluza, que mantuvo además una reunión con el comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), tuvo que escuchar reclamaciones del sector como la necesidad de que se invierta ya en el proyecto y diseño de futuras infraestructuras, que se terminen de resolver las deudas de la administración con sus empresas proveedoras y que se agilice la tramitación de los PGOU.
El presidente de la CEA, Javier González de Lara, reclamó en concreto «diálogo» y «acción política» para devolver estabilidad y confianza al sector, demandando que se retome «la senda de la inversión» porque «la obra pública no es un gasto, sino una inversión que aporta competitividad».
«Es tiempo ahora de redactar los proyectos de infraestructuras», dijo González de Lara, que recordó que el retorno de estas inversiones para los poderes públicos alcanza entre el 50% y el 60%, ya sea vía impuestos o mediante el ahorro en gasto de prestaciones por desempleo. La construcción, que a juicio de los empresarios ha sido «injustamente tratada» en los últimos años, ha bajado su peso en el PIB andaluz del 15% al 6%, provocando la desaparición en los años de crisis de 32.000 empresas y 360.000 empleos en la comunidad. «Sólo se han mantenido tres de cada diez empleos», lamentó González de Lara. También pidió la liquidación de las deudas pendientes y un procedimiento para que no vuelva a haber retrasos en los pagos. «Se precisa un saneamiento real con el sector privado en la medida de las posibilidades de la Junta», postuló.
En lo referente a los PGOU, dijo que es necesario simplificar «la compleja y farragosa regulación urbanística y de ordenación del territorio» para, «sin reducir nunca las garantías, evitar que las tramitaciones se conviertan en una carrera de obstáculos».
La presidenta Díaz, en respuesta, afirmó que espera que la cofinanciación de programas europeos no compute en los objetivos de déficit, algo que permitiría que los gobiernos «con interés en dinamizar la obra pública» –como, según dijo, es el caso del andaluz– «tengan capacidad para ello». Esto, a su juicio, también permitiría normalizar los pagos a los proveedores.
En el tema de los PGOU, reconoció la justicia de la crítica empresarial. «Lo comparto plenamente. Cuando en una localidad un plan tarda entre 8 y 10 años en aprobarse estamos dando lugar al intrusismo y a las malas prácticas. Si acortamos esos tiempos ganaremos en seguridad jurídica y evitaremos que en un futuro vuelva a haber malas prácticas», señaló.
Díaz aprovechó la jornada para asegurar que su ejecutivo no subirá los impuestos y que el 22 de abril el Consejo de Gobierno aprobará el decreto de eliminación y reducción de trabas administrativas, para suprimir la burocracia y los trámites innecesarios que dificultan la creación de empresas y lastran la recuperación económica.
Díaz reconoció que la «urgencia» en Andalucía es crear empleo, y apuntó que la seguridad jurídica no la dan un mayor número de normas y trabas administrativas sino el hecho de que «las leyes que tengamos se cumplan». La presidenta afirmó que es el momento «oportuno» para aplicar esta eliminación de burocracia y apuntó que el decreto se aprobará en diálogo con la CEA.
En cuanto a los impuestos, expresó su compromiso de que no habrá nuevos tipos impositivos para no incrementar la presión fiscal. Díaz sí recordó que Andalucía ha cumplido con el objetivo de déficit en 2013 por lo que espera «evidentemente» que la comunidad pueda mantener su nivel de ingresos.
«Eso sí se lo pido al Gobierno; que se nos mida a todos con la misma vara», dijo.

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