Denuncian ´presiones´ de Urbanismo para obligar a demoler en Villa Arenal (La Opinión)

Vecinos critican que los responsables de Urbanismo presionan para que tiren lo construido sin permiso, pero antes de que se vean sus alegaciones

La Opinión 03.03.2014 | 05:00

José Cardero habla con el alcalde el pasado jueves, antes del pleno. La Opinión

Los vecinos de la urbanización Villa Arenal, sobre los que pesan en torno a 160 expedientes abiertos por la Gerencia de Urbanismo por construcciones ilegales como cubrición de pérgolas o ampliación de trasteros, han denunciado que muchos de esos vecinos han comenzado a demoler lo que pudiera ser considerado ilegal ante las «fuertes presiones» que están recibiendo de los responsables de Urbanismo para ello, antes de que se resuelvan las alegaciones que han planteado a los expedientes sancionadores, según explicó José Cardero, uno de los representantes de los vecinos afectados.

Los vecinos, según explicó Cardero, se encuentran «indignados» pues tanto por parte del alcalde, Francisco de la Torre como del gerente de Urbanismo, José Cardador, se les prometió «benevolencia» en la solución de los expedientes dentro de la legalidad, y por el contrario ahora estarían encontrando «una inflexibilidad absoluta y presiones para que eliminen lo construido sin permiso».

Cardero explicó que la mayoría de los afectados recibieron durante las pasadas fechas navideñas los expedientes abiertos contra ellos, en concreto los expedientes de restablecimiento de la legalidad que conmina a los infractores a eliminar lo levantado ilegalmente. Todos ellos, de la mano de su abogados presentaron sus alegaciones al tiempo que, junto a sus representantes iniciaron negociaciones con responsables de Urbanismo para intentar legalizar la mayoría de las actuaciones cumpliendo para ello con el pago de tasas y las sanciones correspondientes.

Los vecinos saludaron como un gesto de buena voluntad que la jefa de Disciplina Urbanística, Teresa Domingo, «muy inflexible», se excluyera de las negociaciones y en su lugar éstas se llevasen con el jefe de servicio de Licencias y el jefe de la sección de Infracciones Urbanísticas.

Sin embargo, según explicó el portavoz vecinal «todo ha ido a peor». Cardero relató que las negociaciones con Urbanismo no son tal, «nos llaman de uno en uno, nos vaticinan que las alegaciones no serán atendidas y nos presionan para que derribemos como la única solución».

Ante esto, y antes incluso de que se dictaminen las alegaciones, muchos vecinos están optando por derribar lo construido sin permiso.

Los responsables de Urbanismo presionan a los vecinos «atemorizándoles» con las fuertes sanciones económicas a las que tendrían que enfrentarse si no derriban y les recuerdan que, en caso de poder legalizar lo construido sin permiso tendrían además que costear un proyecto de obras y abonar las tasas preceptivas, explicó Cardero.

Los expedientes recibidos por los vecinos advierten de las obras realizadas por cada residente irregulares y anuncian la obligación de restablecer la legalidad urbanística alterada. En caso contrario, con arreglo a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), podrán imponerle multas coercitivas a pagar mensualmente por importe de entre 600 y 3.000 euros.