La Consejería de Fomento abonará un centenar de facturas pendientes en el marco del tercer y último plan de pago a proveedores
20.02.14 - 01:55 - FRANCISCO JIMÉNEZ | MÁLAGA.
Son los últimos en el orden de prioridades, pero todo llega. Las constructoras de obra pública y consultoras que intervienen en la construcción de infraestructuras, así como las empresas concesionarias de servicios de transporte han empezado a recibir esta semana los 33,2 millones que la Junta aún les adeuda por trabajos realizados hasta el 31 de mayo del pasado año.
Un montante distribuido en un centenar de recibos que se irá abonando de forma gradual hasta marzo, que permitirá a la Consejería de Fomento ponerse al día con sus contratistas en el marco del tercer y último plan de pago a proveedores impulsado por el Gobierno central para poner freno a la mala costumbre de las administraciones públicas de no pagar en tiempo y forma condenando al cierre y llevando al límite a miles de empresarios y autónomos. Con este tercer mecanismo extraordinario, la Junta de Andalucía liquidará su deuda con empresas de obra pública, al igual que a finales de 2013 hizo lo propio con los servicios considerados esenciales como los conciertos sanitarios (clínicas y hospitales privados) y educativos (guarderías y colegios), la prestación de servicios sociales (ayuda a domicilio, teleasistencia y gastos de atención a la dependencia), alcanzando en total los cien millones de euros. Aun así, está por contabilizar el dinero pendiente en materia de agua, energía, arrendamiento o expropiaciones. En ese primer tramo también se pudieron sumar los ayuntamientos, que saldaron facturas por otros 41 millones.
«Es una muy buena noticia que el sector de la obra pública empiece a cobrar, porque supone completar el círculo después de que ya hayan pagado otras consejerías andaluzas y los ayuntamientos», afirmó el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, quien incide en el «enorme coste que los impagos de las administraciones han supuesto para la supervivencia de muchas empresas».
Los constructores también se muestran satisfechos con que el dinero empiece a llegar a las cuentas de los proveedores, pero también alertan de que los ayuntamientos siguen incumpliendo la Ley de Morosidad», que establece un máximo de 30 días para pagar las facturas, ampliable hasta 60 para situaciones excepcionales. «Para evitar que la situación se vuelva a repetir, lo que planteamos es la puesta en marcha de un sistema de control de forma que cuando una administración incumpla los plazos, sea el Estado el que automáticamente abone la factura al proveedor y luego se la cobre a los ayuntamientos o a la Junta de las transferencias o de su participación en los impuestos estatales», propone la gerente de la Asociación de Constructores y Promotores, Violeta Aragón.
Por su parte, la delegada del Gobierno central en Andalucía, Carmen Crespo, destacó que entre los tres planes de pago impulsados por el Ejecutivo se han pagado facturas pendientes de ayuntamientos y Junta por valor de 4.954 millones de euros.
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