martes, 15 de mayo de 2012

Málaga decreta la retirada de mesas y sillas en su pulso a las terrazas ilegales (Málaga Hoy)


El Ayuntamiento entrega las primeras resoluciones a 16 locales que infringen la norma de forma reiterada y están en el punto de mira casi 80 más · No descarta quitar las autorizaciones de ocupación de vía pública
SEBASTIÁN SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 15.05.2012 - 01:00
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Vista de ayer de la calle Sánchez Pastor, donde algunos locales ya han recibido el decreto.

Las terrazas ilegales en Málaga tienen fecha de caducidad. Lo que durante años ha sido un comportamiento extendido y permitido por el Ayuntamiento de la ciudad, encargado justamente de velar por el cumplimiento de la ordenanza que impide esta práctica, se topa ahora con el compromiso municipal de ponerles coto y actuar con contundencia contra los propietarios de bares y restaurantes que, de forma más que clara, ocupan con sus sillas y mesas zonas de la vía pública sobre la que no tienen autorización. 

La vuelta de tuerca que está protagonizando el área de Promoción Empresarial y Empleo, dirigida por la delegada Esther Molina, desde principios de año llega al punto de que tras abrir los primeros expedientes sancionadores contra un centenar de locales (los más incumplidores) eleva el grado de presión con la advertencia de retirarles el mobiliario situado sobre el espacio no permitido e, incluso, dejar sin efecto la autorización de la que dispone el propietario para toda la terraza. 

Y como el movimiento se demuestra andando, el Ayuntamiento ya lo ha hecho. Según explicó ayer Molina, en una comparecencia en la que estuvo acompañada por el concejal de Seguridad, Julio Andrade, el pasado viernes técnicos municipales y agentes de la Policía Local entregaron en mano a 16 restaurantes y bares de El Palo, centro y Teatinos el decreto en el que les insta a "retirar de forma inmediata las mesas y sillas fuera de ordenación". 

Tras este paso, en el plazo de "tres o cuatro días" los inspectores volverán a comprobar el estado de estas terrazas y, en caso de que no hayan sido restablecidas conforme a la norma, ordenarán la entrada de un camión para recoger el mobiliario, cuyos costes serán, posteriormente, revertidos sobre el afectado. Trámites complementarios a las sanciones económicas que se imponen en estos casos y que, según consta en la ordenanza, pueden alcanzar los 3.000 euros. 

Esta escalada continuada en la manera de afrontar este problema por parte del Ayuntamiento tiene el foco puesto, fundamentalmente, sobre los establecimientos más infractores, que se cuentan en casi un centenar, y sobre los que se actuará en los dos próximos meses. Coinciden los mismos con aquellos a los que el área municipal ha impuesto hasta la fecha las multas, dándose el caso de locales con hasta 15 apercibimientos previos. 

El director del área de Promoción Empresarial y Empleo, Ignacio López, precisó que se puede dar la circunstancia de que los agentes que acudan a estos locales para ordenar el levantamiento de mesas comprueben que la ocupación irregular ha sido subsanada tras la imposición de la sanción. En ese supuesto, no se hará entrega del decreto y se mantendrá la vigilancia sobre la zona. 

"El número de incumplidores es bajo, puede que sea inferior al 5%, pero los que no cumplen suelen infringir muchos de los aspectos de la norma", comentó Molina, quien destacó también que son episodios "muy llamativos, muy vistosos". "Las normas están para cumplir y así debe ser", insistió. Al tiempo, aludió al "agravio comparativo" que se crea con aquellos empresarios que sí cumplen con la norma. 

En buena medida, que el Consistorio haya virado su tradicional actitud de aquiescencia con el incumplimiento de la norma de vía pública hacia un posicionamiento mucho más drástico, tiene que ver con el crecimiento evidente de las quejas de vecinos y comerciantes que se sienten afectados por terrazas infinitas. "Había vecinos que se quejaban porque no podían entrar a sus portales", expuso Andrade, quien incluso relató una situación cercana en el tiempo en la que una ambulancia no puedo entrar por la calle Strachan para atender a una persona que se encontraba indispuesta por la ocupación de mesas y sillas. 

La delegada de Promoción Empresarial explicó que se están analizando diversas posibilidades de mejora de la ordenanza vigente. Uno de los aspectos que es objeto de estudio, reclamado de forma continuada por los empresarios hosteleros del centro, es el relativo a la posibilidad de permitir la instalación de toldos durante todo el año. El presidente del colectivo, Rafael Prado, ya expuso a este periódico que ese dispositivo permitiría a los comerciantes "equilibrar sus cuentas", dado que el invierno y otras épocas del año el negocio cae de forma más que evidente. A ello se suma la opción de establecer un mobiliario común para todos los establecimientos del casco antiguo.

Detenido el exalcalde de Casares en otro golpe a la corrupción urbanística (SUR)


En la operación también han sido arrestados la esposa de Juan Sánchez, un abogado y una mujer a la que se vincula con el crimen organizado
15.05.2012 - 
A. FRÍAS / J. CANO / L. M.
 
MÁLAGA.

La Costa del Sol amaneció ayer con una imagen ya conocida. Una localidad tomada por los furgones policiales, el ayuntamiento cerrado a cal y canto para ser registrado, algún político detenido y los vecinos preguntándose qué ha pasado. Y el urbanismo como telón de fondo.
Ayer, Casares se unió a la extensa lista de consistorios salpicados por la sombra de la corrupción tras el arresto de su exalcalde y expresidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol, Juan Sánchez, la esposa de éste, un abogado con despacho en Estepona, y una mujer supuestamente vinculada a un grupo organizado de Europa del Este. Se les considera presuntos responsables de delitos de prevaricación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal, según informó ayer el Ministerio del Interior.
Las detenciones son el resultado de una investigación conjunta del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, bautizada como 'Majestic', que ha permitido destapar una supuesta trama de lavado de dinero procedente del crimen organizado. La operación toma su nombre de una de las promociones investigadas, situada en Casares costa.
Las pesquisas, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Estepona y coordinadas por la Fiscalía Anticorrupción, comenzaron a finales del año 2010 y giran en torno a las inversiones inmobiliarias que una serie de personas presuntamente vinculadas a un grupo mafioso de origen ucraniano habría realizado en la Costa del Sol.
Según explicaron a este periódico fuentes próximas a la investigación, se trata de determinar si en esas incursiones para blanquear fondos se habrían llevado a cabo actos de corrupción administrativa con fines urbanísticos.
Inmuebles bloqueados
Como consecuencia de dicha investigación, se han bloqueado 236 inmuebles -algunas de gran valor-, 19 vehículos y 165 cuentas bancarias abiertas en 19 entidades financieras diferentes. Los agentes aún trabajan en la valoración de las propiedades inmovilizadas.
Aunque la operación se ha desarrollado de forma conjunta, ambos cuerpos de seguridad empezaron a trabajar por separado. Agentes de las secciones de Crimen Organizado y Blanqueo de la Udyco-Costa del Sol emprendieron una línea de trabajo que, en un momento determinado, coincidió con la que llevaba a cabo el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Al detectarse esa situación, se decidió compartir toda la información. Existía un precedente en Casares. En 2003 y 2004, el Seprona detectó dos construcciones sin licencia y en suelo no urbanizable y denunció a Sánchez y al edil de Urbanismo por supuestos delitos contra la ordenación del territorio.
Un centenar de efectivos
La investigación desembocó ayer en una redada que comenzó a primera hora de la mañana y en la que participó cerca de un centenar de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. La operación se simultaneó en ocho puntos diferentes de la Costa del Sol. A las 8.00 horas, agentes de ambos cuerpos, acompañados en cada caso por un secretario judicial, comenzaron de forma sincronizada los registros en el Ayuntamiento de Casares, en el despacho en Estepona del abogado detenido y en varios domicilios particulares, entre ellos el del exalcalde y una vivienda situada en la localidad de Benalmádena. Al final de la jornada se habían inspeccionado un total de 14 inmuebles.
Los agentes registraron estas dependencias en busca de documentación en soporte papel o informático relacionada con la trama. En un comunicado, la alcaldesa de Casares, Antonia Morera, indicó que todos los expedientes que la Policía Judicial les había solicitado están relacionados con el proyecto urbanístico Majestic. Asimismo, se han intervenido actas de plenos y archivos informáticos.
La regidora quiso mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos del municipio y precisó que no se ha tomado declaración a ningún miembro del equipo de gobierno ni a técnicos del consistorio, como tampoco se han intervenido cuentas o vehículos municipales. Asimismo, mostró su total disposición a colaborar con la justicia.
El registro en el despacho del letrado se prolongó durante buena parte de la mañana. En él estuvo presente un miembro del Colegio de Abogados, según informó el decano, Manuel Camas, con la finalidad de garantizar que se respete el «secreto profesional» de todos aquellos clientes que están afectados por el asunto en cuestión. El representante de los letrados mostró el «máximo respeto» por la investigación y las decisiones judiciales, aunque reclamó que se huya de la «espectacularidad» de las operaciones para que se haga el menor daño posible a las personas detenidas.
Los primeros arrestados comenzaron a pasar ayer mismo a disposición del juzgado que instruye las diligencias de 'Majestic'. El primero en testificar fue Juan Sánchez, que llegó a los juzgados a las cinco de la tarde y prestó declaración durante aproximadamente dos horas. Después hizo lo propio su mujer. En su caso, el interrogatorio se prolongó una hora.
En el juzgado
Sobre las dos de la madrugada, el juez dictaminó prisión provisional para Juan Sánchez, eludible bajo fianza de 200.000 euros, e imputado por los delitos de cohecho, prevaricación, delitos contra la ordenación del territorio y blanqueo de capitales, mientras que su esposa, quedó en libertad, aunque con la obligación de comparecer ante el juez, según declaró anoche el abogado de la defensa Juan José Simón. El exalcalde salió por la puerta trasera de los juzgados después de ocho horas de declaración.