jueves, 15 de marzo de 2012

La Costa del Sol mira al mercado ruso para dar salida a 30.000 viviendas vacías (Málaga Hoy)

"Se trata de una gran tienda en la que las partes negocian por la mañana y por las tardes van a ver los productos en vivo y en directo, que se encuentran a poca distancia porque el escaparate lo tenemos al lado". El director del Russian Meeting Point, Enrique Lacalle, definió así la feria inmobiliaria que arrancó ayer en un lujoso hotel de Benahavís. Las partes son potenciales clientes rusos que están interesados en encontrar inversiones en las que colocar sus fondos y promotores inmobiliarios ávidos en deshacerse de un stock al que no logran dar salida con la demanda nacional. Los productos son las cerca de 30.000 viviendas vacías cuantificadas en la Costa del Sol, sobre todo aquellas que están ubicadas en el denominado triángulo de oro, una zona comprendida entre Marbella, Estepona y Benahavís. Entre las tres localidades suman 40 campos de golf, según el alcalde de Estepona, José María García Urbano. 

Por la feria pasarán unos 100 inversores "que vienen directamente a comprar", según Lacalle. La demanda se reparte entre 42 expositores, muchos de los cuales alberga a más de un promotor, que cuentan desde principios de febrero con una relación de los agentes e inversores rusos. "Están enamorados de nuestro sol, de la gastronomía, del golf, la oferta de ocio y las playas", destacó Lacalle de los compradores rusos. 

Los precios de la mayoría de las viviendas en almoneda oscilan entre los 300.000 euros y los 500.000, después de que la crisis los devaluara cerca de un 50%, según Ricardo Arranz, presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y promotor de la iniciativa. El 80% de ellas está en las carteras de entidades bancarias y cajas de ahorro "dispuestas a financiar el cien por cien del precio", según Arranz. Los inmuebles más cotizados, aquellos cuyos precios de venta estaban entre los 3 y 12 millones de euros, se vendieron en 2011 a compradores rusos y árabes, señala el presidente de los urbanizadores regionales. Otros mercados a los que ofrecer los inmuebles del triángulo de oro son el alemán y el nórdico. 

El stock de viviendas vacías en el triángulo de oro no es, según Arranz, relativamente grande. "Los escándalos de corrupción que salpicaron a distintas localidades de la zona hasta medidos de la década impidieron que se construyeran tantos inmuebles al final de la burbuja inmobiliaria", explicó. El perfil de cliente ruso interesado en las propiedades inmobiliarias en la Costa del Sol ha cambiado con el transcurso del tiempo. Hace algunos años "venían los oligarcas a comprar grandes propiedades", según Lacalle. Ahora vienen los consumidores "de clases medias, que tienen ahorros y buscan en España una segunda residencia", añade. 

En el evento se organizan seminarios en los que informar a los clientes de los aspectos legales relacionados con la compra de viviendas, como solicitar un crédito, abrir una hipoteca u obtener el visado de residencia. García Urbano destacó que el encuentro ofrece una "buena oportunidad para reflexionar aspectos legislativos que dificultan las inversiones extranjeras". "En España te puedes comprar una casa pero cuesta mucho matricular un coche o conseguir un permiso de residencia. Son pequeñas cosas que hay que superar", explicó. Lacalle recordó que "las reglas de juego que hay que respetar" en el país "están muy claras". "Nadie puede hacer cosas raras porque el Gobierno central y la Unión Europea no lo permitirían", concluyó. 

Un decreto con efecto retardado (Málaga Hoy)

Dos meses después de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía diese luz verde al decreto que regula las construcciones sobre suelo no urbanizable, ¿qué situación viven los municipios en los que el fenómenos es más acusado? Málaga Hoy ha querido conocer por boca de sus alcaldes la coyuntura en la que se encuentra un fenómeno que, pese a lo que pudiera pensarse, no ha generado gran avalancha de peticiones ciudadanas. Pasadas las primeras semanas de aplicación de la normativa, al margen del reducido interés despertado entre los afectados, queda patente el complejo escenario que se abre para aplicar una ley con la que la Consejería de Obras Públicas trata de dar respuesta a un variopinto fenómeno urbanístico. "Es un lío; con lo de fuera de ordenación, lo de asimilado... No saben ni lo que han hecho", dice de manera casi irónica el alcalde de Alhaurín de la Torre, el popular Joaquín Villanova, que cuenta alrededor de medio millar de construcciones afectadas por el decreto, a las que sumar más de una decena situadas sobre suelo protegido o inundable y que, según el texto, no tienen salvación. 

"Si te digo que tu casa está en no urbanizable es un asimilado de diseminado, que está fuera de ordenación... ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué derecho te da eso? Lo que han hecho es una barbaridad, una porquería...", sentencia. 

Villanova es claro: "No estamos haciendo nada; estamos esperando el desarrollo del decreto a través de un reglamento". Al tiempo, apunta que desde que se dio luz verde, tras casi un año de anuncio continuado, "sólo tres personas han venido al Ayuntamiento a preguntar de este tema". "La gente quiere las cosas más sencillas y hay muchos vecinos cabreados porque no encuentran una solución a su problema", añade. El regidor alhaurino tiene claro que de aplicarse el decreto, dará facilidades a los vecinos que tengan que asumir cargas externas para la ejecución de servicios. "Nadie puede pagar 30.000 euros, que puede ser la media de los costes de urbanización y servicios; por eso, nosotros daríamos hasta diez años", aclara, recordando que si el PP llega al Gobierno andaluz simplificará las cosas. 

En Cártama la situación de parálisis es semejante. De hecho, es ahora cuando, según cuenta la concejal de Urbanismo, Noelia Suárez, se está elaborando el inventario para saber cuántas viviendas hay afectadas. "De aquí al momento en que la primera vivienda se acoja al decreto pasarán meses", dice. Las estimaciones no oficiales elevan a unas 3.000 las edificaciones sobre suelo no urbanizable, la inmensa mayoría en zonas inundables, con lo que quedan fuera del ámbito de la norma. "Hay interés de los vecinos; todos tienen la esperanza de tener una solución, pero a los que tienen su casa en espacio inundable se les dirá que no hay nada que hacer". 

Alcaucín es, muy a su pesar, referente del urbanismo descontrolado desarrollado sobre el no urbanizable. Su actual alcalde, Domingo Lozano, se muestra cauto respecto a los efectos de la medida autonómica, al entender que se trata de un asunto "complejo". Esta pequeña localidad no dispone de inventario de edificaciones, a pesar, asegura, de que se ha pedido en varias ocasiones a la Junta. "Nos dicen que no hay dinero", comenta. A ello se suma un problema que puede extender a otros pequeños pueblos: la escasez de medios. "No tenemos capacidad para poder hacer el inventario ni técnica ni económicamente, porque eso supone un tiempo y un dinero del que no disponemos". A diferencia de lo que sucede en otros espacios, Lozano asegura que cada día hay vecinos que se acercan al Ayuntamiento "preguntando". Una de las cuestiones que suele salir a relucir es la relativa al pago de compensaciones para sufragar los costes de servicios. "No todos lo entienden y otros dan la callada por respuesta; la gente protesta, porque nadie quiere pagar dinero y menos en los tiempos que corren", explica. Otro escollo, apunta, es que muchos de los expedientes urbanísticos de construcciones se encuentran hoy en manos del juzgado encargado de la investigación del caso Arcos, por el que fuera detenido otra vez, entre otros, el que era alcalde José Alba. "Para nosotros es imposible acogernos al decreto a no ser que recibamos ayudas; necesitaríamos un par de arquitectos y aparejadores y abogados para llevar ese tema a diario y bastante tenemos con tener un par de días un técnica y otros días un abogado", sentencia. 

El alcalde de La Viñuela, Juan Jiménez, sitúa en unas 600 las viviendas ejecutadas sobre no urbanizable, buena parte de las cuales quiere integrarlas en el nuevo planeamiento urbanístico de la localidad, que actualmente está en fase de aprobación. "De momento no hay mucha gente preguntando, aunque eso se puede deber a que hasta la fecha hemos estado manteniendo reuniones con los interesados", dice. Su idea es "edificación por edificación" para analizar cada caso y apunta la opción de ver vías de colaboración a la hora de plantear inversiones en servicios para esas construcciones. "Todo el mundo tiene que colaborar en la medida de sus posibilidades", afirma. 

"Nosotros lo que estamos haciendo es estudiar el fondo, el concepto del decreto, y con nuestros servicios jurídicos y técnicos profundizando en el mismo", precisa el alcalde de Torrox, Francisco Muñoz. Este ayuntamiento ha dado un paso más y ha creado una unidad de atención al ciudadano, que cuenta con una arquitecta, una asesora jurídica y un administrativo y que se encargará de "gestionar la demanda que se vaya produciendo". "Es un decreto que tiene muchas visicitudes, hay que interpretar mucho", admite. Muñoz, que defiende el sentido de la norma autonómica aunque señala que no es la "panacea", asegura que por el momento no existe "una avalancha" de reclamaciones o peticiones por parte de los vecinos afectados. Los números que maneja el regidor elevan a un millar aproximadamente las construcciones en no urbanizable, predominando el caso de las viviendas unifamiliares diseminadas. 

Mercado de Huelin, un proyecto en crisis (La Opinión)


El Ayuntamiento reconoce la urgencia pero señala que no hay dinero para hacerlo







Fotografía de archivo de vecinos y dirigentes vecinales delante del mercado de Huelin en 2009.
Fotografía de archivo de vecinos y dirigentes vecinales delante del mercado de Huelin en 2009. Arciniega
ALFONSO VÁZQUEZ La crisis ha conseguido retirar del último programa electoral de los populares, el de 2011, un proyecto que sí estuvo en las elecciones municipales de 2007: la construcción de un nuevo mercado para Huelin.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, llegó a presupuestarlo entonces en 22 millones de euros, pues incluía, además de nuevas instalaciones que se construirían en la parcela del mercado actual, un aparcamiento subterráneo para residentes y en la superficie, un equipamiento social para los vecinos.

Para la asociación de vecinos de Huelin, el mal estado del mercado actual, construido hace 35 años, convierte este proyecto en una necesidad urgente. «Nos estamos planteando crear una plataforma para, entre todo el barrio, hacer hincapié en que se lleve adelante esta idea porque algo hay que hacer», señala Francisco Moya, presidente de la veterana asociación Torrijos de Huelin.

El dirigente vecinal lamenta que no haya «un duro» para el nuevo mercado. «No nos sentimos engañados pero sí hartos de proyectos», subraya, al tiempo que pide que «por lo menos, haya reuniones para poder avanzar algo».
Francisco Moya llama la atención sobre el mal estado del mercado, unas instalaciones que, como recuerda, «sólo han tenido unas obras de mejora cuando le cambiaron el suelo hace tres o cuatro años, pero ya está antiquísimo». En años pasados el nuevo mercado con parking y equipamiento incluidos fue algo más que una posibilidad. En 2009, en estas mismas páginas, la entonces concejala de Comercio, Purificación Pineda, avanzaba que durante las obras se utilizaría el mercado provisional de Atarazanas, que no sólo sería empleado de forma temporal, pues una vez acabadas las obras, Pineda explicaba que «desmontaríamos los puestos del mercado provisional y se quedaría como infraestructura para uso vecinal».

Pero el mercado de Atarazanas, en la plaza de Camas, es todavía hoy objeto de críticas por parte de vecinos del Centro y de él no se ha vuelto a hablar. Como destaca Francisco Moya, «eso pasó a la historia, incluso se va a vender como chatarra porque, como no se va a hacer el mercado de Huelin, no tiene sentido tenerlo ahí más tiempo». El presidente de la asociación de vecinos subraya además los problemas de aparcamiento que padece el barrio: «Aquí hay tantísima gente que tenemos muchos problemas con los aparcamientos, sobre todo ahora que las calles peatonales se han convertido en verdaderamente peatonales y no se puede aparcar».

Por último, llama la atención sobre el mercado en sí, «que se ha convertido en uno de los más antiguos de Málaga y en los que menos cosas se han hecho».

El concejal de la Carretera de Cádiz, Raúl Jiménez, reconoció ayer a este periódico la existencia de ese proyecto en la legislatura anterior, pero precisó que en la actual no se ha incluido «por la situación económica». De hecho, en el programa electoral de 2011 del PP puede leerse una mención a la «rehabilitación o nueva construcción» del mercado de Huelin, pero «en un modelo de financiación participado por la administración autonómica».

Así, Raúl Jiménez recordó que el Ayuntamiento «siempre ha pedido a la Junta que financiara parte de la remodelación, como hizo con el mercado del Carmen», aunque reconoció que ni siquiera con la participación de la Junta habría posibilidades, «porque ahora mismo el proyecto no es asumible económicamente». Con respecto al aparcamiento, señaló que es mejor esperar «a que la situación mejore» y se puedan costear 300 plazas en vez de «hipotecar el suelo con 100».

Por último, indicó que en cuanto la situación económica mejore, «Huelin será la primera prioridad en cuanto a mercados municipales». Eso sí, quedaría descartado como mercado provisional el de Atarazanas, «porque vimos que el desmontaje, traslado y montaje era más caro que hacer uno nuevo». Los vecinos de Huelin tendrán que seguir esperando.

Cártama rescinde el contrato para hacer dos aparcamientos (SUR)


Los primeros aparcamientos subterráneos de Cártama tendrán que esperar. Cinco años después de la adjudicación del contrato para la construcción y explotación de sendos 'parkings' públicos en Cártama pueblo y en Estación de Cártama, el Ayuntamiento y la empresa han renunciado a la ejecución del proyecto, valorado en alrededor de seis millones de euros. Para ello, el pleno de la corporación aprobó la resolución del contrato rubricado en 2007 tras el acuerdo alcanzado entre el equipo de gobierno y dicha compañía, Edificaciones Castelló.
La crisis económica y las consiguientes dificultades para comercializar ambos aparcamientos, que sumaban unas 200 plazas, están detrás de esta decisión, que ha sido duramente criticada por el PP local por considerar que la rescisión supone un «trato de favor» hacia la adjudicataria, que no ha cumplido con su obligación de construir los dos 'parkings', los cuales iban a situarse junto al parque Santo Cristo y frente al centro de salud de Cártama Estación. En este último, el proyecto planteaba también la ejecución de una zona comercial y de oficinas en la superficie.
Según el PP, la empresa tendría que pagar una indemnización de 300.000 euros, aunque el alcalde, Jorge Gallardo, aseguró que dicha cantidad se compensaba con los intereses de demora de algunas facturas de otras obras realizadas por la misma constructora en Cártama. El regidor también señaló que, de momento, no se contempla sacar de nuevo a concurso el proyecto.

La Guardia Civil investiga un centenar de expedientes urbanísticos en Alcaucín (SUR)


Los agentes han empezado a interrogar a los ocho detenidos y a los siete imputados por la supuesta trama de corrupción en el catastro
15.03.2012 - 
J. C. / F. J.
 
MÁLAGA.

La 'operación Tristán' contra una supuesta trama de corrupción en el catastro se centran en un centenar de expedientes urbanísticos bajo sospecha, que están fechados del año 2001 en adelante. Así lo han confirmado fuentes próximas a la investigación, que indicaron que la Guardia Civil está comprobando cada uno de estos casos en busca de posibles irregularidades.
Las pesquisas se centran en una trama integrada presuntamente por empleados de la Gerencia Territorial del Catastro de Málaga y del Patronato de Recaudación de la Diputación. Bajo la supuesta coordinación de un abogado, los funcionarios habrían modificado documentos con el fin de introducir información falsa -o cuando menos engañosa- a cambio de comisiones ilegales, según informó la Guardia Civil. El objetivo sería dar cobertura legal a la construcción de casas en suelo no urbanizable, o bien hacer creer a los interesados en comprar parcelas -la mayoría, ciudadanos extranjeros- que podían adquirir los terrenos para construir en ellos.
En esta operación han sido detenidos el exalcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba, un exsecretario municipal del Ayuntamiento, cuatro funcionarios -dos de ellos jubilados recientemente- un letrado y un promotor. El exregidor, ahora concejal en la oposición, declaró ayer durante tres horas ante los agentes que llevan el caso. Tras él estaba previsto que testificara el arquitecto de la Diputación José Francisco Mora. Primero prestarán declaración los ocho detenidos y luego los siete imputados. Se espera que los arrestados hayan pasado a disposición judicial antes de las 8.00 horas del viernes.
Los investigadores registraron la Gerencia del Catastro, en Hacienda, y la Unidad de Gestión Catastral del Patronato de la Diputación Provincial. En relación a la operación policial, el máximo responsable del ente supramunicipal, Elías Bendodo, quiso dejar claro que «todo es de la etapa de los gobiernos socialistas» en Alcaucín y en la Diputación. «Es una mala herencia, pero estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario», afirmó.
Bendodo aseguró que la institución se personará como acusación en el 'caso Arcos' «para tener conocimiento en profundidad de todos los hechos».