jueves, 2 de febrero de 2012

De la Torre levantará la presión judicial sobre el Benítez si Fomento lo cede a la ciudad (Málaga Hoy)


Villalobos asegura que el acuerdo permitirá que la propiedad pase al Ayuntamiento
REDACCIÓN / MÁLAGA | ACTUALIZADO 02.02.2012 - 01:00

La opción de que el Ministerio de Fomento ceda al Ayuntamiento de Málaga el uso de los suelos del antiguo Campamento Benítez vuelve a cobrar fuerza a apenas semanas de las elecciones andaluzas. El alcalde, Francisco de la Torre, confirmó ayer el acercamiento entre el Consistorio y el departamento dirigido por Ana Pastor para firmar un convenio que abriría las puertas a la cesión de los terrenos, al objeto de que en los mismos se ejecute un parque. Según el regidor del PP, la firma de ese acuerdo haría que el Consistorio levantase la presión judicial que desde hace años viene manteniendo, con escaso éxito, sobre la titularidad de la parcela. 

"Es un tema sobre el que hay que seguir hablando", dijo al ser preguntado ayer. Lo que no hizo el alcalde es precisar si el acuerdo con Fomento incluiría la propiedad de los terrenos, algo de lo que sí se mostró ayer convencida la diputada nacional del PP Celia Villalobos. Cuestionada sobre el asunto, fue categórica al asegurar que el acuerdo debe permitir el paso de la titularidad a manos del Ayuntamiento. 

La postura flexible del ministerio, de confirmarse, dejaría en manos del Consistorio el uso de los terrenos a coste cero. Como contrapartida sería la Administración local la que tendría que asumir el coste de una zona verde que De la Torre cifró en unos 20 millones de euros, manteniéndose su duda sobre la conservación de la misma. La idea del regidor es que el parque sea metropolitano, con lo que sería la Junta de Andalucía la que asumiría esta fase de la actuación, algo a lo que hasta la fecha ha rechazado. Su esperanza parece residir en que Javier Arenas logre la victoria en los comicios regionales del 25 de marzo.

La licitación pública se desploma y alcanza el nivel de hace una década (Málaga Hoy)


Las Administraciones sólo previeron obras por valor de 290 millones en 2011
ÁNGEL RECIO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 02.02.2012 - 01:00
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Una estación del Metro de Málaga prácticamente finalizada.

La advertencia realizada un día sí y otro también por parte de las Administraciones Públicas de que van a ser austeras y van a reducir el gasto se ha podido comprobar en el escaso importe de las licitaciones públicas en la provincia en el año 2011, el más bajo desde 2000 y a años luz de anteriores ejercicios. Las Administraciones Públicas licitaron obras el año pasado en la provincia por valor de 290,2 millones de euros, un 50% menos que en 2010 y un 81% menos que el registrado en 2006, cuando se batió el récord absoluto al alcanzar partidas por valor de 1.533,6 millones de euros gracias a la puesta en marcha de grandes obras como el AVE o la ampliación del aeropuerto, según los datos publicados ayer por la patronal Seopan. 

La inversión comprometida por todas las instituciones en Málaga durante el año pasado fue bastante escasa si se compara con la de años anteriores. La Administración Central fue la más generosa, con un importe licitado de 118,3 millones de euros; seguida de las Administraciones Locales (ayuntamientos, Diputación, mancomunidades y otras corporaciones) que previeron una inversión de 87,8 millones de euros; y de la Administración autonómica que destinó 84 millones de euros. La mayor parte del dinero irá a parar a la construcción de edificios públicos (169,4 millones de euros), mientras que los 120 millones restantes serán para obras civiles. 

Málaga fue la segunda provincia andaluza que recibió un mayor importe en licitaciones públicas durante el año pasado por detrás de Sevilla, que alcanzó los 389,1 millones de euros. La provincia andaluza más perjudicada fue Córdoba, con apenas 106 millones de euros. 

Si se echa la vista atrás, los datos son negativos para la provincia ya que en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 se superó la barrera de los 1.000 millones de euros en licitaciones públicas, mientras que en 2001 se rozó esa cantidad al llegar a los 933,6 millones y en el resto de años de la década se osciló entre los 500 y los 760 millones de euros. Hay que remontarse hasta el año 2000 para ver una cantidad más baja que la de 2011, pues en ese año las Administraciones solo se comprometieron a invertir 273,7 millones de euros en la provincia. 

En líneas generales el Gobierno central ha invertido más en la provincia que la Junta de Andalucía, siendo la obra del Metro de Málaga la que ha movilizado más millones en esta provincia por parte del gobierno regional. Los empresarios denuncian la caída en la licitación aunque son conscientes de que ésta va a ser la tónica de los próximos años a no ser que la economía dé un cambio radical en positivo que nadie espera. También hay que tener en cuenta que Málaga ha vivido una época dorada con la creación de nuevas carreteras, la ampliación del aeropuerto, el AVE o el puerto que será difícil que regrese a corto y medio plazo.

Viviendas en los 'huesos' (Málaga Hoy)


La caída en picado del sector inmobiliario ha dejado miles de pisos a medio terminar a lo largo de toda la Costa del Sol
ÁNGEL RECIO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 02.02.2012 - 01:00
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La Costa del Sol está llena de esqueletos inmobiliarios. Corresponden a obras de urbanizaciones que el promotor no terminó por la actual crisis económica y que ahora recuerdan de un simple vistazo cómo cambian las cosas en apenas unos años. En algunas de estas instantáneas tomadas por el reportero gráfico Jon Nazca a lo largo de la costa occidental se aprecian incluso estructuras de urbanizaciones situadas junto a otros pisos que sí fueron terminados y vendidos, dando una imagen un tanto fantasmagórica. 

Esta situación era impensable en 2005, cuando los promotores vendían todo directamente sobre plano y salones inmobiliarios como el del Mediterráneo, en el Palacio de Ferias, parecían la fiesta de los Oscar. Varias de las empresas punteras en aquellos momentos, como Aifos o Evemarina, están ahora en concurso de acreedores con centenares de millones de euros de deuda. 

Una de las causas del auge inmobiliario en la Costa del Sol a mediados de la década pasada fue la captación de miles de clientes extranjeros, principalmente británicos y alemanes, que adquirieron viviendas en urbanizaciones de lujo o semilujo con todo tipo de instalaciones. Compraron la mitad de todas las nuevas viviendas que se construyeron en la provincia y algunas incluso llevaban incorporadas campo de golf y hoteles. La crisis económica en esos países emisores, la devaluación de la libra respecto al euro y la inseguridad jurídica destapada con casos como Malaya hundieron ese mercado y, aunque ahora se está intentando recuperar, los promotores son plenamente conscientes de que nunca se llegará a los niveles conseguidos en ese lustro mágico comprendido entre los 2003 y 2008. 

"Los promotores están a la espera de que los mercados recuperen la confianza, de que aquellos que realmente quieren comprar pisos tengan la seguridad de que no los van a despedir al mes siguiente, y de que el Gobierno tome medidas para que la banca vuelva al negocio de las hipotecas y se salga de la sequía en que nos encontramos", explica José Prado, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP). 

La patronal señala que, en estos momentos, hay 13.000 viviendas nuevas en stock en la provincia y especifica que son inmuebles ya terminados y con licencia de primera ocupación, es decir, listos para entrar a vivir. No se incluyen, por tanto, las viviendas visadas que ni siquiera se han empezado a construir o aquellos inmuebles cuya obra no ha terminado. La ACP desconoce cuántos pisos están en este último proceso pero Prado tiene claro que "nadie va a invertir más en una promoción si sabe que no hay demanda". 

Se da otra circunstancia a tener en cuenta. Hay numerosas promotoras y constructoras en proceso concursal y aún no se sabe a quién pertenecen las urbanizaciones sin terminar. Los principales acreedores suelen ser las entidades financieras y son los bancos y cajas los que, en esos casos, tienen que decidir qué hacer con esos esqueletos

José Antonio Pérez, experto inmobiliario y subdirector del Instituto de Práctica Empresarial (IPE), subraya que las entidades financieras quieren que se terminen de construir las viviendas porque es la única manera de vender los pisos y sacar algún rendimiento. En algunos casos, según Pérez, está habiendo acuerdos entre el promotor y el banco y, cuando la promotora ha quebrado, se están buscando otras fórmulas. Pérez afirma que desde el IPE han creado la figura del Agente Promotor Residencial (APR). Localizan un proyecto inmobiliario que esté parado y sin promotor, hablan con la entidad financiera y ésta financia la finalización de la obra mediante la contratación de un equipo profesional formado por arquitectos, peritos, operarios, etcétera. Estos trabajadores cobran sus honorarios, pero no sacan nada de la venta de los inmuebles, cuya comercialización y posible beneficio corresponde al banco o caja. "Estamos empezando a utilizar esta fórmula y ya hemos llegado a un acuerdo para concluir una promoción de 68 viviendas en Benalmádena", afirma Pérez. 

El subdirector del IPE recalca que, salvo en casos muy puntuales, "hay pocas obras paradas y las existentes se están terminando porque para el banco es preferible tener una obra concluida que parada". Otra cosa es el ritmo de esas obras y que, tal y como se puede apreciar en todo el litoral costero, es muy lento. Nadie duda de que si el mercado inmobiliario repunta volverá a haber vida en esas promociones. Mientras tanto, habrá que ver como esas viviendas siguen en los huesos esperando un alimento, vía hipoteca y cliente, que parece no llegar nunca.

Urbanismo cobrará los 70 millones que restan del convenio de Repsol en suelo (Málaga Hoy)


Acepta quedarse con dos tercios de la edificabilidad de la parcela ante las dificultades económicas de la promotora, NovaGaliciaBanco · La intención municipal es vender el aprovechamiento para obtener ingresos
SEBASTIÁN SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 02.02.2012 - 01:00
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Las cartas del mayor convenio urbanístico firmado por el Ayuntamiento de Málaga en los últimos seis años, el de los antiguos suelos de Repsol, empiezan a enseñarse. Las prolongadas conversaciones mantenidas hasta la fecha por la Gerencia de Urbanismo y los responsables de NovaGaliciaBanco, actual propietaria de la parcela, han permitido dar a luz un borrador de convenio que modifica sustancialmente las condiciones pactadas en 2006, cuando a cambio de triplicar la edificabilidad de la pastilla, el Consistorio recibía a modo de compensación 82 millones de euros, de los que hasta la fecha sólo ha ingresado 12 millones. 

La duda, ahora resuelta, es qué iba a pasar con los restantes 70 millones de euros. Según pudo saber este periódico de varias fuentes consultadas, el acuerdo alcanzado entre las partes implicadas, a falta de rubricarse negro sobre blanco, abre la vía a que la entidad financiera compense al Ayuntamiento la cuantía pendiente de pago no con dinero sino con aprovechamientos urbanísticos dentro del propio sector. Es decir, la firma privada renunciaría a la mayor parte de los derechos edificatorios que tiene en esta parcela y los entregaría a modo de pago al Ayuntamiento. 

Conforme a lo negociado, el Consistorio se hará con dos terceras partes del aprovechamiento total fijado en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para este espacio (incluyendo al 10% al que ya de por sí tiene derecho). Lo contemplado en este espacio se traduce en más de 177.050 metros cuadrados de techo, de los que pasarán a manos municipales casi 118.000. Los parámetros marcados actualmente en el planeamiento elevan a 93.212 metros de techo el residencial libre (932 viviendas), casi 40.000 metros de vivienda protegida (399 VPO) y 44.387 metros de techo para uso terciario y empresarial. 

El paso siguiente a dar por el Consistorio, abundaron las fuentes, no pasaría necesariamente por ejecutar materialmente dichos aprovechamientos, sino más bien por su venta, vía que le permitiría obtener nuevos ingresos económicos. Fuentes próximas al acuerdo indicaron que desde la Gerencia de Urbanismo ya se están analizando posibles interesados en adquirir estos suelos, a los que podrían sumarse también la parte que seguirá manteniendo la entidad gallega.

El principal escollo con el que se toparía el equipo de gobierno del PP es que el actual escenario económico no permite ser excesivamente halagüeños con el dinero que podría lograrse con este mecanismo. Cabe recordar, por ejemplo, que los datos oficiales manejados por el Ministerio de Fomento constatan un severo desplome del valor del suelo urbano en los últimos años. De acuerdo con esta estadística, el precio medio del metro cuadrado de suelo urbano en Málaga está fijado en este momento en 367 euros, cifra que contrasta con el que tenía en marzo de 2006, que era de 524 euros de media. A pesar de ello, las fuentes destacaron que mediante este mecanismo "se garantiza el cobro" de un acuerdo que, como el resto de los grandes convenios, estaba afectado de lleno por la crisis económica. 

Estos son los detalles principales que forman parte del borrador de convenio negociado por las dos partes y del que tuvo conocimiento la Gerencia de Urbanismo a finales de la pasada semana. La previsión, tras varios retrasos en el calendario, es que el documento se formalice la semana próxima. 

Este seré el segundo de los dos acuerdos rubricados al albur del nuevo PGOU en allanarse tras más de un año de negociaciones con las promotoras privadas. Antes que el de Repsol se solventó el de Martiricos, en el que las propietarias de la parcela, Inmobiliaria Espacio y Unicaja asumieron el compromiso de compensar al Consistorio con el abono de 7,1 millones de euros (algo más de la mitad de los 11,5 que les resta por pagar) no en metálico sino con la ejecución de obras en el entorno de la zona. El resto serán aportados en cuatro años, a contar desde 2013 hasta 2017. 

Y a estos dos hitos hay que sumar un tercero, el de los terrenos de La Térmica, donde no se antoja una fácil resolución a favor del Ayuntamiento. Por el momento, Endesa y el equipo de gobierno del PP mantienen los contactos para tratar de desbloquear un acuerdo que, firmado a mediados de 2008, contemplaba un ingreso de 58 millones de euros en las arcas municipales. Una cuantía que, ya es conocido, no será tal, dado que Urbanismo sí admite la rebaja del dinero por la pérdida de valor que ha tenido el suelo desde que se firmó el documento hasta el momento actual.

Cultura, pendiente de un último informe para sacar a concurso la gestión del Astoria (La Opinión)


Espera disponer del pliego de condiciones en quince días para iniciar el proceso que permita rehabilitar el edificio






MIGUEL FERRARY El concurso para la rehabilitación y gestión cultural del edificio del antiguo cine Astoria se convocará en unos quince días, cuando el pliego de condiciones disponga del informe de la asesoría jurídica de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Éste es el último paso que queda antes de iniciar un proceso que permitirá darle un uso cultural al edificio, situado
en la plaza de la Merced, para el que ya hay empresas interesadas en hacerse cargo del edificio y asumir su rehabilitación, con un coste aproximado de unos dos millones de euros.

El informe de la asesoría jurídica de Urbanismo es el último trámite pendiente para cerrar la redacción del pliego, que se convocará a lo largo de febrero con idea de que la adjudicación se realice durante la primera mitad del año pasado y puedan comenzar los trabajos a finales de este año.

El concurso permitirá una concesión del edificio para su gestión durante un plazo aproximado de seis años, lo que permitiría disponer de un uso ciudadano para el inmueble, actualmente abandonado, mientras el Ayuntamiento elabora un proyecto de uso definitivo y dispone de los recursos para acometer la construcción de un edificio de nueva planta.

Las alternativas que se han planteado hasta el momento para darle un uso con este concurso van dirigidas a la música y la danza. No obstante, antes tendrá que reformar el edificio para adaptar el espacio a uso cultural, eliminando la actual distribución interior –para viviendas y cine–, para dotarle de salas de ensayo y enseñanza de música, así como oficinas y algún espacio para conciertos y representaciones.

El concurso valorará las aportaciones que puedan plantear los aspirantes para dotar a este edificio de mejores instalaciones.

Piden a Urbanismo 4 millones por expropiarles dos suelos por los que pagaron 60.000 euros (La Opinión)


La operación, según el Ayuntamiento, es para "pretender enriquecerse a costa de la ciudad con unos terrenos que no tienen valor alguno"



La parcela en cuestión de la calle Juan Ruiz .
La parcela en cuestión de la calle Juan Ruiz .  La Opinión
JAVIER GARCÍA RECIO La sociedad Predegasol compró en 1996 dos parcelas de poco más de 1.500 metros cuadrados de superficie cada una en la zona del monte Gibralfaro por 30.050 euros (5 millones de pesetas entonces). Se trata de parcelas para zonas verdes sin ningún uso residencial.

Diez años después, sin haber realizado ninguna intervención en dichos suelos, le reclama al Ayuntamiento su expropiación y tasa su valor conjunto en 4.135.708 euros; un 6.800 por ciento más.

Se trata de dos parcelas, una en la calle Ceibas y otra en la de Juan Ruiz que, según el informe elaborado en la Gerencia de Urbanismo, se han comprado a sabiendas de que eran zona verde «y que eran inedificables» «para pretender sacar jugo e intentar enriquecerse a costa de toda la ciudad con unos terrenos que no tienen valor alguno y por los que nunca se pagarían las indemnizaciones millonarias que solicitan totalmente desorbitadas y sin fundamento».

Sus propietarios, sin embargo, acuden a una argucia legal ya que estas parcelas, al igual que otras que están en el entorno del Gibralfaro, figuraban en el PGOU de 1997 como suelo a obtener por el Ayuntamiento para sistema general. La ley señala que si esos suelos no son obtenidos por la administración en el plazo de cuatro años desde la aprobación del PGOU, sus propietarios podrán reclamar su expropiación «por ministerio de ley», es decir de forma forzosa y el Ayuntamiento está obligado a realizarla.

El Consistorio, sin embargo, no está dispuesto a «indemnizar con cantidades desorbitadas» la expropiación de esos suelos.

Ahora, el Ayuntamiento, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha culminado el proceso de expropiación y ha fijado el valor a pagar por ambos suelos en 312.287 euros, muy lejos de los 4,1 millones solicitados por la entidad y algo menos de los 957.402 euros que ha fijado la Comisión Provincial de Expropiaciones, un órgano independiente cuyos miembros son nombrados por la administración autónoma y que se encarga de fijar el justiprecio de las expropiaciones forzosas cuando hay litigio.

El Ayuntamiento entiende que la valoración conforme a la ley es la que ha realizado el servicio de expropiaciones municipal, por lo que hoy jueves, en la reunión del consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo, tienen previsto aprobar, por un lado, la hoja de apremio que fija el valor de la expropiación de dicha finca y, por otro, consignar el pago en la caja de depósitos de la Delegación de Economía y Hacienda, como paso previo al acto de ocupación de la finca expropiada.

Esta no es la primera operación de este tipo a la que se enfrenta el Ayuntamiento y el año pasado ya frenó en seco las pretensiones de otras tres entidades que habían comprado parcelas en la zona de Monte Sancha y Gibralfaro con la idea de obtener importantes beneficios al reclamar la expropiación.

Así, el dueño de Aifos, Jesús Casado, compró en 1999 una parcela en Monte Sancha de 11.000 metros por 480.409 euros, cinco años después le reclamó al Ayuntamiento la expropiación de dicha zona verde y tasó su valor en 21.320.171 euros, un 4.200 por ciento más. El Ayuntamiento lo tasó en 923.133 euros.

Un segundo caso es el de una parcela de 6.024 metros, en el Camino de la Desviación, en El Morlaco, adquirida en 2005 por 126.250 euros. Tres meses después los propietarios reclamaron su expropiación por 16.669.189 euros; el Ayuntamiento fijo el precio en 729.870 euros.

Un tercer caso corresponde a otra finca de la calle San Vicente de Paul en El Morlaco. La propietaria realizó la compra en 2004 y pagó por sus 8.818 metros 432.000 euros. Siete meses después, reclamó al Ayuntamiento 34,2 millones de expropiación. Finalmente, el Consistorio fijó el justiprecio en 952.269 euros.

Salsa cumple seis años con las obras del hotel de la calle Granada paradas (La Opinión)


La promotora no tiene planes inmediatos tras los retrasos acumulados y el abandono de Hostes, que iba a gestionar el establecimiento






La obra en el antiguo palacio de los Gálvez se encuentra abandonada desde hace seis años.
La obra en el antiguo palacio de los Gálvez se encuentra abandonada desde hace seis años.  Carlos Criado
MIGUEL FERRARY El hotel de cinco estrellas que el grupo Salsa iba a construir en la calle Granada se ha quedado en el limbo, seis años después de que se paralizara su construcción. Los retrasos acumulados por las catas arqueológicas realizadas en el solar y los cambios a los que obligaron han condenado este proyecto, que se quedó hace dos años sin empresa que lo gestionara.

Las perspectivas no son mucho mejores para el futuro, como reconocieron portavoces de Salsa, que señalaron que no hay nada previsto para este solar.

El antiguo palacio de los Marqueses de la Sonora, que pertenecía a la familia Gálvez, lleva desde hace seis años convertido en un cascarón vacío. Sólo quedan los muros de la fachada del antiguo edificio y un amplio proceso de degradación en el entorno. De hecho, la promotora se comprometió hace casi dos años, cuando retiró la grúa de obra que estaba junto a la entrada principal, a poner una lona «más estética» que tapase la fachada, aunque sin resultado positivo por el momento.

Fuentes de Salsa reconocieron que por ahora la empresa no contempla retomar el proyecto de construcción del hotel de cinco estrellas, para el que no cuenta todavía con una empresa interesada en la gestión de este espacio.
Esto supone que la calle Granada seguirá con el solar vacío durante todo este año 2012, con previsión de que se pueda alargar ante la ausencia de un proyecto claro para retomar los trabajos.

La obra del hotel comenzó en 2006 y tuvo numerosos problemas, ya que el mal estado de los edificios obligó a derribar una parte ante el riesgo de derrumbe. Los restos arqueológicos obligaron a cambiar el proyecto arquitectónico, lo que paralizó los trabajos durante unos cuatro años, que se han ido alargando ante la renuncia de la cadena Hostes a gestionar el hotel y la crisis económica.

El resultado es que la calle Granada continúa con un gran solar en situación de semiabandono y sin perspectivas de que el grupo Salsa retome la inversión para construir el hotel.

Un proyecto con muchos problemas. El proyecto del hotel ha tenido problemas desde el principio, ya que los trabajos iniciales pusieron al descubierto el mal estado de la estructura original y de algunos de los inmuebles vecinos incluidos en el proyecto, lo que obligó a derribar la mayor parte del edificio antes de que se derrumbara solo, conservando únicamente las fachadas. También se retiraron las columnas de mármol que formaban un patio interior de la época barroca, con idea de reconstruir este espacio. Sí se mantuvo la portada barroca del zaguán de entrada, que permanece protegida en su ubicación original.

Las catas arqueológicas descubrieron importantes restos romanos y de la época califal, que obligaron a extender los trabajos y a modificar el proyecto, lo que obligó a obtener una nueva autorización de Cultura que se dilató cuatro años.

El Gobierno prolongará las licencias de los chiringuitos (La Opinión)


El secretario de Estado de Medio Ambiente visitará mañana la provincia para entrevistarse con representantes del sector







LUCAS MARTÍN No formaba parte de los objetivos anunciados en la campaña del PP, pero el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Ángel Arias Cañete, lo ha convertido en uno de sus objetivos prioritarios. La futura modificación de la Ley de Costas, a pesar de los plazos que exigen las Cortes, parecía cada día más cerca. El Gobierno ya ha anunciado que quiere una reforma profunda, capaz de coaligar los intereses medioambientales con los económicos. En Málaga, eso es sinónimo de modificación de las reglas del juego de los chiringuitos, algo que el ministro no parece dispuesto a dejar al arbitrio de la interpretación legislativa: el viernes, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, se reunirá con los empresarios en la Costa del Sol para precipitar la solución, que será la prorrogación de las licencias de actividad.

La idea del Ministerio es zanjar los problemas del sector en el menor tiempo posible. El presidente del PP, Javier Arenas, ya avanzó que la administración quiere acabar cuanto antes con la indeterminación jurídica que persigue a los establecimientos desde que las competencias del litoral pasaron a Medio Ambiente y se endureció la lectura de la Ley de Costas, que no permite, salvo excepciones muy específicas, la presencia de ninguna construcción en los trescientos metros inmediatamente posteriores a la orilla.

Arias Cañete volvió ayer a dejar clara su intención al respecto. Lo que muchos ven como un mensaje alentador para el sector– el compromiso de que el medioambiente no frenará la actividad económica–empieza a cobrar forma con la reunión del viernes del secretario del Estado y con el propio objetivo expresado por el Ministerio, que estudia cómo prolongar las concesiones y autorizar nuevos usos del litoral. Resta saber cómo se afinará el complicado puzzle que contiene la solución para los chiringuitos, especialmente después de que el pasado 1 de abril, con el gabinete de Zapatero todavía en el Gobierno, se procediera al traspaso de las competencias a la Junta de Andalucía.

El problema, en este punto, se presume menos farragoso de lo habitual en las disputas entre instituciones de diferente signo político. Tanto la Junta como el equipo de Rajoy siempre se han manifestado partidarios de recomponer la estabilidad jurídica en el sector. Además, la última palabra sigue perteneciendo a Costas, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El secretario de Estado de Medio Ambiente visitará la provincia para entrevistarse específicamente con los empresarios de los chiringuitos, según confirmaron fuentes del propio Ministerio a este periódico. El encuentro se presume en una primera toma de contacto para buscar la fórmula que facilite la concesión definitiva de las licencias pendientes de revisión.

La modificación de la Ley de Costas, no obstante, se antoja compleja por la oposición de los grupos políticos de izquierda y las asociaciones ecologistas, que ven en las intenciones del ministro una estrategia potencialmente peligrosa para la continuidad del medio ambiente.

Un conflicto en plena moratoria. El conflicto con la ubicación de los chiringuitos se enquistó a partir del traspaso de las competencias que regula la Ley de Costas al extinto Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. Fue justamente en ese momento, según el sector, cuando empezó a aplicarse la normativa de manera más estricta e interponerse sanciones económicas para los establecimientos que no cumplían con los requisitos legislativos, que no permiten operar a menos de trescientos metros de la línea marítima.

Muchos chiringuitos perdieron su licencia, y otros con autorización firmada con la ley en vigor, que data de 1988, vieron cómo penetraban en una zona de ilegalidad de manera súbita. A la demarcación de Costas le tocó lidiar en la controversia, que llegó a despertar una gran movilización social en el año 2009. Fruto de la negociación del departamento y de su jefe provincial, Francisco José Hermoso, se logró una solución provisional; una moratoria en la aplicación de la ley que rige todavía en este momento, en el que se están estudiando las condiciones de cada establecimiento.

Antequera y Cártama tendrán parques comerciales similares al Málaga Nostrum (SUR)


Antequera y Cártama han sido dos de las localidades más beneficiadas en la última Comisión Provincial de Urbanismo, donde se dio luz verde a los suelos para construir parques comerciales similares al Málaga Nostrum, zonas industriales y viviendas.
En el caso de Antequera se han levantado tres suelos que quedaron suspendidos tras la aprobación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Así, además de los 9.466 metros cuadrados destinados a gasolinera y zona comercial junto al cementerio que ayer avanzaba SUR, se han levantado las suspensiones de los suelos Industrial Manchilla y Terciario el Romeral. Según explicó el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento antequerano, José Ramón Carmona (PP), el primero de ellos cuenta con 610.000 metros cuadrados y supondrá la tercera fase de ampliación del Parque Empresarial de Antequera (Pean), mientras que los otros terrenos se destinarán a un parque comercial (tipo 'Málaga Nostrum) de 45.851 que Bogaris desarrollará tras una inversión de 11 millones de euros.
Fabrica 'del peste'
Por otro lado, la Comisión dio luz verde a dos proyectos en Cártama que supondrán la creación de un gran parque empresarial en el entorno del futuro hospital del Guadalhorce y de un área comercial y residencial en la entrada de Cártama pueblo. En este último caso, se procedió en concreto a la aprobación definitiva de la división de suelo urbanizable de una parcela de 400.000 metros cuadrados en el sector donde antiguamente se ubicaba la industria Coinsuca (conocida en el pueblo como la fábrica 'del peste' y desmantelada en 2006).
Con la nueva clasificación, se podrá construir en la zona un parque comercial, también similar al Málaga Nostrum y 1.800 viviendas, de las que 528 (el 30%) serán VPO. En cuanto al entorno del hospital, la innovación, que ya ha sido aprobada por el Consistorio, afecta a 227.000 metros cuadrados en el que se instalarán empresas preferentemente vinculadas al sector sanitario.

La crisis frena la puesta en valor de las ruinas romanas de Torre de Benagalbón (SUR)


Ocho años después de que fueran descubiertas casualmente durante las excavaciones para ejecutar un edificio de viviendas, las ruinas romanas de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria, siguen a la espera de un proyecto para ponerlas en valor, mediante la construcción de un centro de interpretación. La crisis y la falta de fondos procedentes de la Junta de Andalucía han impedido hasta el momento su ejecución, a pesar de las promesas y compromisos adquiridos por el anterior equipo de gobierno (de PSOE y PSIRV) y por la Consejería de Cultura, de destinar fondos para su materialización.
«No hicieron absolutamente nada, más que dejarlas como ya estaban cuando se descubrieron, catalogaron y protegieron con toneladas de grava», explicó Juan Bautista Salado, arqueólogo y descubridor de estos valiosos restos, que datan de los siglos III al V después de Cristo. Este asesor del Ayuntamiento y cargo de confianza con el nuevo equipo de gobierno del PP se queja de que en el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2010 se consignó una partida de 300.000 euros para iniciar la redacción del proyecto del futuro centro de interpretación, «pero los fondos nunca llegaron al Consistorio», se lamentó.
En todo caso, el arqueólogo explicó que la puesta en valor del solar situado en los bajos del edificio, así como de las termas y baños públicos ubicados justo al lado costarían alrededor de dos millones de euros, una cantidad «inasumible» en estos momentos para las arcas públicas. «Somos conscientes de las dificultades económicas, pero lo que no se puede permitir es que el anterior equipo de gobierno estuviera años vendiendo que iban a construir el centro de interpretación. Fue solo humo», dijo.
Mejorar el vallado
En todo caso, el Consistorio de Rincón de la Victoria quiere asegurar al máximo la protección de estos valiosos restos romanos, que incluyen, además de una villa, un total de quince mosaicos en un perfecto estado de conservación. Para ello, han instado a la propietaria de los terrenos y del inmueble a que mejore el vallado perimetral que rodea los restos, con el objetivo de evitar su deterioro.

Fuengirola exige el mismo trato que Benalmádena para ampliar su puerto (SUR)


La ampliación del Puerto Deportivo de Benalmádena trae consecuencias no solo para la propia localidad, también para su vecina Fuengirola. Y es que, la alcaldesa de esta ciudad, Esperanza Oña, denunció ayer «el maltrato deliberado y sectario de la Junta de Andalucía con Fuengirola» en lo que respecta a la reforma y ampliación de las instalaciones portuarias.
En concreto, se refirió a la adjudicación de un documento que permite la ampliación del puerto deportivo para Benalmádena «a pesar de que ya contaba con la concesión anterior», apuntó la mandataria, que calificó la situación de «insólita, sobre todo porque ya tenía una». Al respecto, hay que aclarar que la concesión del puerto deportivo de Fuengirola es del 1985 y la del municipio vecino de 1972. «El agravio es tan inmenso que hoy mismo -por ayer- he enviado una carta a la Consejera de Obras Públicas (Josefina Cruz) para reclamar explicaciones de por qué se desbloquea en unos meses la ampliación del puerto en el municipio vecino cuando nosotros llevamos 20 años reclamándolo», anunció Oña, quien a su vez adelantó que Cruz «deberá explicar por qué se castiga a Fuengirola». Así, anunció que va a «exigir a la Consejera que nos den el mismo trato que a Benalmádena».
En palabras de la alcaldesa, existe «un claro sectarismo, un maltrato absolutamente decidido y deliberado, beneficiando a otro municipio por la ideología con el dinero de todos». Al respecto, cuestionó que «por qué no puede la ciudadanía de Fuengirola disfrutar de un nuevo puerto deportivo que viene reclamando desde hace dos décadas, por qué los comerciantes de Fuengirola no pueden tener comercios competitivos, modernos, por qué no puede generar empleo y riqueza en la ciudad, haciéndonos mendigos e indigentes de la política socialista».
Uno de los trámites necesarios para acometer estas mejoras en las instalaciones portuarias tiene que ver con la declaración de impacto ambiental. En el caso de la Villa Blanca está aprobada desde 2008, mientras que la de Benalmádena caducó, y durante el año pasado se recibió un documento que acreditaba que la situación medioambiental no se había modificado con respecto al informe inicial, que data de 2002. «En unos minutos se resuelve el problema de Benalmádena, pero el de Fuengirola necesita mucho más la remodelación», valoró la regidora.
Menos atraques
Otra de las circunstancias que Oña considera injusta tiene que ver con el proyecto en sí: «A la ampliación del puerto de Fuengirola se asignan 675 nuevos atraques, para un total de 1.200, pero a la localidad colindante se le conceden 825 atraques hasta llegar a los 1.700». Por último, aseguró «no comprender por qué dicen que en los presupuestos de 2012 se contempla la ampliación del puerto de la ciudad. Entonces, por qué no se ha venido a firmar lo mismo que a Benalmádena», sentenció.
El delegado de Obras Públicas de la Junta, Enrique Benítez, recordó que «uno de los proyectos de ampliación portuaria por los que está apostando la Junta es el de la Bajadilla en Marbella, con gobierno del PP, de manera que no existe ningún agravio político». Matizó que su departamento trabaja en las iniciativas «que se encuentran más maduras y tienen mayores posibilidades de financiación a través de una colaboración público-privada, como ocurre tanto con el caso marbellí como en el benalmadense». Afirmó que «la Junta apuesta por la mejora de las instalaciones en estas localidades, además de las de Caleta de Vélez y Fuengirola».
Así, pidió a la mandataria que se alegrase «por un proyecto que es beneficioso para la economía y el turismo tanto provincial como andaluz».

Abrirán al público la basílica paleocristiana Vega del Mar, en Marbella (SUR)


El yacimiento arqueológico de la basílica paleocristiana de Vega del Mar, en Marbella, un complejo de unos 1.500 años de antigüedad que cuenta con los restos de un templo cristiano y una necrópolis con casi doscientas tumbas, será abierto al público a partir del viernes.
El conjunto arqueológico ubicado en el núcleo de población de San Pedro Alcántara suma esta nueva oferta a la que tenía desde hace algunos años para centros escolares y grupos que solicitan visitas organizadas, ha informado hoy el Ayuntamiento en un comunicado.
Tras los trabajos de conservación y remodelación de este enclave arqueológico, cuyo objeto es preservar el legado cultural y propiciar la apertura y adecuación para su visita, el templo estará abierto al público todos los viernes laborables de 11.00 a 13.00 horas.
La concejala de Cultura y Enseñanza, Carmen Díaz, ha señalado que con estos trabajos "este yacimiento es ya un bien de interés cultural que se puede visitar y amplía la oferta cultural del municipio".
Díaz ha destacado que "desde el punto de vista arqueológico la basílica paleocristiana de Vega del Mar es una de las más brillantes manifestaciones del cristianismo primitivo".
También ha explicado que "se trata de un conjunto arqueológico formado por los restos de un templo cristiano que puede alcanzar los 1.500 años de antigüedad y una necrópolis asociada con cerca de dos centenares de tumbas".

Ladrones desguazan una promoción de viviendas sin estrenar en Juan XXIII (SUR)


Primero fueron los electrodomésticos. Luego, los sanitarios y la grifería. Después, los marcos de aluminio de las ventanas. Y lo último, levantar la solería para llevarse las conducciones. Una promoción de viviendas sin estrenar situada en la avenida Juan XXIII está siendo desguazada poco a poco por pequeños grupos de ladrones.
A mediados de enero, agentes de la Policía Nacional sorprendieron en apenas 24 horas a siete personas llevándose distintos objetos del interior de este edificio; entre los detenidos se encuentran un matrimonio y su hijo, según precisaron fuentes cercanas al caso. El goteo de arrestos se viene produciendo desde hace más de un año, cuando comenzó el saqueo de los inmuebles.

El Ayuntamiento de Málaga no sabe donde colocar dos esculturas de mármol que había en los jardines de la Alcazaba (SUR)


Los habituales del Centro Histórico que paseen por la renovada calle Alcazabilla echarán en falta dos esculturas de mármol que se encontraban en los pequeños jardines situados entre la zona de entrada a la Alcazaba y la calle. Las dos estatuas han perdido su sitio con la reforma y el Ayuntamiento no sabe aún dónde colocarlas. Así se refleja en una respuesta del delegado de Ordenación del Territorio, Diego Maldonado, al grupo municipal del PSOE, en la que se especifica que actualmente se encuentran depositadas en un almacén de la Consejería de Cultura, ubicado en la calle Lima, "por ser el lugar idóneo para su custodia y conservación, hasta que por el Ayuntamiento de Málaga se decida el lugar exacto de su nueva ubicación", señala la respuesta.
Maldonado explica que se guardaron "para su mejor protección" y reconoce que, en el proyecto de reurbanización de la calle Alcazabilla, no se contemplaba su reubicación. "Está pendiente la decisión sobre su colocación en el mismo lugar en el que se encontraban, en los remodelados jardines situados enfrente, o en otro lugar diferente", añade el delegado. Hasta que no se tome una resolución al respecto, las esculturas seguirán en un almacén en vez de ocupar el lugar que les ha correspondido en las últimas décadas.

De la Torre valora la cesión de los terrenos del Campamento Benítez sin compensaciones (SUR)


El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado el planteamiento del Ministerio de Fomento para la cesión al Ayuntamiento de la capital de los terrenos del antiguo Campamento Benítez, sin compensaciones, a través de un convenio que garantizará su uso público y que pone como condición que su explotación no pueda ser adjudicada a una empresa privada. El regidor malagueño ha destacado la rapidez con la que ha reaccionado el Ministerio de Fomento a "las indicaciones de Javier Arenas, que se suma a las que anteriormente había puesto de manifiesto la ciudadanía" malagueña.
Además, ha calificado como un hecho "positivo" que no se hayan establecido compensaciones para que los terrenos pasen a tener titularidad municipal. A ello agregó que hay que tratar los aspectos jurídicos de dicha cesión sin contraprestaciones.
A su vez, se ha mostrado partidario de la creación de un parque botánico en la finca, y ha insistido una vez más en que ha de ser "útil" para la ciudad. En cuanto a la calificación de los suelos, ha propuesto que estos sean considerados metropolitanos -en este caso su mantenimiento dependería de la Junta de Andalucía- y no como zona periurbana, en cuyo caso los costes dependerían de las arcas municipales. En este sentido, De la Torre ha defendido que "no es incompatible" la calificación de suelo metropolitano en una zona urbana, y ha agregado que este aspecto lo tendrá que "dialogar" en "mejores condiciones" con el nuevo Ejecutivo andaluz que surja de las urnas el próximo 25 de marzo.