jueves, 12 de enero de 2012

Las inquietantes grietas de Carranque (La Opinión)


Desde la Asociación de Vecinos y Vecinas de Carranque aseguran que el número de afectados por la inestabilidad del suelo aumenta diariamente







Una de las grietas más visibles de la vivienda de María del Carmen, en la fachada principal.
Una de las grietas más visibles de la vivienda de María del Carmen, en la fachada principal.  Gregorio Torres

JOSÉ TORRES María del Carmen Gallego lleva recorriendo un largo calvario en los últimos siete años. Es el tiempo que su casa mata lleva moviéndose literalmente en la calle Virgen de la Paloma, en el corazón de Carranque, y la razón por la que la Gerencia de Urbanismo le abrió un expediente de ruina que «milagrosa e inexplicablemente» se archivó el pasado verano junto al de su vecino Gabriel Cuevas.

No son las únicas viviendas con problemas. El presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Carranque, Miguel Rueda, asegura que ya contabilizan 48 viviendas con algún tipo de desperfecto. Grietas, solerías levantadas, puertas y ventanas desencajadas que no abren o cierran... Los más afectados son ellos, aunque las casas de enfrente tampoco desmerecen atenciones. Antonia Vizcaíno, José Moreno y Manuel Atencia no tienen problemas en señalar uno por uno los desperfectos que una y otra vez reparan a fondo perdido.

Hace diez años, María del Carmen compró la casa y la reformó por primera vez desde que se construyera allá en los años cincuenta. Según dice, la obra no tocó la cimentación y tres años después, cuando remataba la casa con falsos techos de escayola, comenzaron los problemas. Se rajaban en cuestión de horas y de forma transversal ante la incredulidad del escayolista, que los sustituía una y otra vez.

Poco después aparecieron grietas que a día de hoy recorren la casa. Raro es el tabique que no presenta pequeñas fisuras o grandes grietas de lado a lado, de ancho a ancho. «Muchas son horizontales o diagonales, lo que indica un movimiento vertical y que la casa se hunde por zonas», explica como una experta. Sus miedos la llevaron a Urbanismo pensando que las raíces de los árboles de la calle pudieran estar afectando a los cimientos. Los técnicos negaron esa posibilidad en octubre de 2007 sin ni siquiera entrar en las viviendas para valorar los daños.

Las grietas crecían y consiguió una segunda visita municipal en la que se reconocieron daños de cierta entidad. Decía el informe que «existen grietas en su mayor parte horizontales que apuntan a un vuelco del muro medianero con la vivienda colindante», la de Gabriel, que también hoy sufre daños visibles tras varias reformas.

Pero Carmen quería razones. Los técnicos municipales le dijeron que se produjo un asiento por un cambio de las condiciones hidrológicas del terreno o por cambios de presión provocados en la cimentación durante la reforma. A ella le cuadra la primera al recordar aquella zanja que el Ayuntamiento abrió hace curiosamente siete años y que recorría toda la calle. O una segunda que estuvo abierta «un año entero» frente a la casa de su vecino Pepe y que siempre presentó diferentes niveles de agua.

En diciembre de 2007, Urbanismo cambió el tono y le exigió a ella y a su vecino el refuerzo y consolidación del muro medianero y el control de las grietas durante al menos tres meses. «Nos amenazaron con una sanción de 60.000 euros si no hacíamos esa obra», apunta. Fue, según María del Carmen, cuando Urbanismo abrió esos expedientes de ruina que adjuntaban un presupuesto de casi 51.800 euros por vivienda para inyectar hormigón a los cimientos. Ese dinero que no tenían debía salir de sus bolsillos y hasta se habló de embargo.

Consiguieron ir retrasando la orden de ejecución de la obra alegando motivos económicos e incluso pidiendo una subvención a la Junta de Andalucía que, con la crisis económica encima, nunca llegó. Pagaron un estudio geotécnico de 2.000 euros que detectaba una bolsa de agua que empezaba a los tres metros de profundidad y llegaba hasta los 20.

La fecha expiró en junio pasado y una nueva funcionaria visitó las viviendas ante el temor de los propietarios. Del miedo a la sorpresa. Al ver las casas dijo que no estaban tan mal y, tras dar un par de consejos de decoración, les invitó a tapar las grietas y a no usar falsos techos. El expediente de ruina quedó archivado sin que los refuerzos que anteriormente exigían se realizaran.

Para explicar qué ocurre en esa zona, la Gerencia de Urbanismo se agarraba ayer al propio estudio encargado por la propietaria a una empresa privada: «El terreno es de alta plasticidad y expansividad, contrayéndose y dilatándose en función del grado de humedad. Se trata de viviendas de pequeñas dimensiones y sin cimentaciones profundas que absorban los movimientos del mismo». Sobre el archivo del expediente, aseguran que se debió a que la propiedad comunicó que iba a subsanar las incidencias. Como dice María del Carmen, la casa sigue crujiendo de noche.

Desestiman un recurso contra un convenio urbanístico en Alhaurín (SUR)


El acuerdo, que permitía el desarrollo de El Romeral, se aprobó en pleno en abril de 2005 y fue denunciado por el exportavoz del PSOE
12.01.2012 - 
M. C. J.
 
ALHAURÍN DE LA TORRE.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Málaga ha dictado una sentencia que desestima un recurso interpuesto por el exportavoz del PSOE en la localidad, Roque Manchado, en contra de un convenio urbanístico para la creación de un sector urbanizable de uso residencial en la barriada de El Romeral.
En la resolución judicial, fechada el pasado 19 de diciembre, el magistrado señala que el estudio del caso no «permite apreciar la causa de nulidad de pleno derecho del acuerdo impugnado», tal y como se pretendía aludiendo a una serie de irregularidades que quedan descartadas tras este fallo. En sus conclusiones, el juez recuerda que los convenios de naturaleza urbana «constituyen la manifestación de una actuación convencional frecuente en las administraciones públicas» y que, cuando suponen una modificación del planeamiento urbanístico su cumplimiento «queda condicionado a la aprobación definitiva por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la innovación planteada». La sentencia no establece expresa imposición de las costas procesales.
El acuerdo urbanístico en cuestión fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento del 20 de abril de 2005 y planteaba la constitución de un nuevo sector de planeamiento en la zona conocida como el Ensanche Sur de El Romeral. El documento planteaba un uso residencial. Se trata de una innovación en el planeamiento que permitía la construcción de 181 VPO. Hasta el momento no ha llegado a entrar en vigor «por no haber sido refrendada por la Junta», apuntaron desde el Ayuntamiento.
«Seria y rigurosa»
El alcalde de la localidad, Joaquín Villanova, se mostró contento con la decisión judicial, «que se suma a la larga lista de archivos y desestimaciones impulsadas por la antigua dirección del PSOE». En su opinión «se demuestra que este grupo de personas mantenía una política de acoso y derribo totalmente errática; los tribunales han vuelto a dar la razón al Ayuntamiento y se prueba que en Alhaurín de la Torre se lleva a cabo una política urbanística rigurosa».

Deben 800.000 euros a Antequera por derechos urbanísticos reconocidos (SUR)


La puesta en marcha de la oficina exprés de obras menores está ahorrando muchos quebraderos de cabeza no solo a los antequeranos sino también al propio Ayuntamiento. No en vano, el portavoz del PP en el Consistorio, Ángel González, afirmó que la oficina, además de permitir al ciudadano obtener la licencia de obra en el mismo día, garantiza a las arcas municipales el cobro de las mismas después de que el Ayuntamiento haya llegado a acumular año tras año impagos que suman miles de euros. «Hoy tenemos 800.000 euros de derechos urbanísticos reconocidos que no hemos cobrado porque las licencias y las obras se han hecho, pero el Ayuntamiento no las ha cobrado», matizó González.
El edil explicó que actualmente se están supervisando los expedientes y solicitando a quienes no han abonado las tasas por licencias de obras que las paguen. Además, con la puesta en marcha de la oficina exprés esta situación ya no volverá a repetirse, ya que el ciudadano obtiene en el mismo día la licencia de obra menor (reformas interiores de viviendas y locales o pequeñas reparaciones), pero antes de llevársela aprobada a casa tiene que abonarla. «Aparte de que damos un servicio público, también generamos ingresos al Ayuntamiento que, en los tiempos que estamos, no es nada desdeñable», matizó González para recordar que el Consistorio además llevaba varios meses sin aprobar licencias de este tipo.
Licencias atrasadas
La puesta en marcha de la oficina exprés en noviembre del año pasado ha supuesto que se den en el mismo día las licencias, al tiempo que la junta de gobierno local va aprobando expedientes atrasados de meses anteriores con el objetivo de ponerse al día. Así en la última junta de gobierno local se aprobaron 17 licencias de obra correspondientes a los meses de mayo y junio del año pasado, apuntó González.

Mijas revisa la afección del deslinde marítimo terrestre a las viviendas costeras (SUR)


La Delegación de Urbanismo de Mijas ha iniciado el estudio pormenorizado para comprobar cómo afecta a numerosas edificaciones y urbanizaciones ubicadas en la zona costera la delimitación del Dominio Público Marítimo-Terrestre, aprobada por la Demarcación de Costas.
El deslinde propone franjas de protección litoral que afecta entre 20 y 100 metros tierra adentro a urbanizaciones mijeñas en una franja de 3.939 metros entre El Chaparral y el límite con Fuengirola. Muchas de estas construcciones suman más de tres décadas . El Ayuntamiento adelantó que la delimitación «podría vulnerar los derechos adquiridos desde 1987 por el Plan General de Ordenación Urbana».
Así, se va a estudiar cada caso, se va a proponer una solución técnica a Costas «porque la situación se puede solventar de manera amistosa», apuntó el edil de Urbanismo Manuel Navarro. Sin embargo, el Ayuntamiento también puede acudir a los juzgados para que ellos decidan que norma prevalece.

Los dueños de casas ilegales no 'asimilan' el decreto de la Junta (SUR)


Las asociaciones de propietarios de viviendas irregulares de la provincia no aceptan la solución propuesta por la Junta de Andalucía en el decreto de regularización de las edificaciones en el suelo no urbanizable de la comunidad autónoma para el 80% de la casas en el campo y que representa únicamente su reconocimiento como 'asimilado al régimen de fuera de ordenación', una figura que la propia norma reserva para construcciones que no adecuan a la legalidad vigente y al planeamiento, y que por tanto no pueden obtener licencia de ocupación, y a que ha prescrito la infracción.
Según los afectados, esa figura no conlleva la legalidad de sus casas ni pone fin a los expedientes y procedimientos judiciales que afectan a un elevado número de casas en toda la provincia.
«Sencillamente no resuelve nuestro problema», dijo ayer el presidente de la Asociación Por la Regularización de Viviendas de Mijas, Juan Antonio Blanco, que recordó que sólo en este municipio malagueño están pendientes de demolición más de 300 casas.
Gobierno en Andalucía
«Es lógico que no estemos satisfechos con una norma que no dice nada sobre estas viviendas, ni sobre las que están expedientadas y que por tanto no nos ampara. Lo único que nos queda es confiar en que el PP consiga hacerse con el gobierno de Andalucía en las próximas elecciones y Javier Arenas y Elías Bendodo cumplan el compromiso de modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Plan de Ordenación Territorial para permitir las viviendas residenciales y turísticas en el suelo no urbanizable», manifestó Blanco.
En el mismo sentido se expresó también el presidente de la Asociación Save Our Homes in Axarquía-Salvemos Nuestras Casas (SOHA), Philip Anthony Smalley. «No sabemos qué vamos hacer, salvo esperar un cambio de gobierno en Andalucía, porque el PSOE ha demostrado con el Decreto que no va a hacer nada por nosotros. Llevamos seis años hablando con la Junta y nos hemos dado cuenta que al final no nos han escuchado», lamentó Smalley, que es además concejal del PA en el Ayuntamiento de La Viñuela, municipio que fue excluido por la Consejería de Obras Públicas a la hora de ejecutar el inventario de viviendas ilegales en el campo debido a los numerosos procedimientos judiciales abiertos en la localidad.
Según Smalley, en su caso construyó su vivienda con licencia administrativa, aunque posteriormente un juzgado decidió anularla. «Para estas casas tampoco hay soluciones en el decreto», declaró el presidente del colectivo Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía, para quien la vía del 'asimilado a fuera de ordenación' es como «no tener nada, salvo que habrá que pagar a los ayuntamientos por tener ese reconocimiento».