miércoles, 11 de enero de 2012

El Tribunal Constitucional anula la creación del título de 'Ingeniería de la Edificación' (Europa Press)


 El Tribunal Constitucional ha denegado la creación del título de 'Ingeniería de la Edificación' por la posible confusión que se podría producir frente a los ingenieros o los arquitectos técnicos, según informa el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) en un comunicado.
    El Constitucional ha admitido el recurso de amparo presentado por los colegios profesionales de arquitectos técnicos contra la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la denominación de 'Ingeniería de la Edificación', con la que pretendían sustituir el nombre de su título.
   Con este fallo se pone punto y final al intento de crear este título universitario, que fue aprobado por el Gobierno socialista el 14 de diciembre de 2007, contra el criterio de los ingenieros y arquitectos superiores.
   El Tribunal Supremo sentenció en marzo de 2010 que esta denominación era contraria a las leyes porque inducía a confusión con las verdaderas ingenierías, y podría hacer creer que los arquitectos técnicos o aparejadores tuvieran las competencias exclusivas en materia de construcción.
   Ahora, el Constitucional considera que la sentencia del Supremo está elaborada conforme a las leyes y no vulnera los derechos de los profesionales que pretendían cambiar de nombre, ya que la decisión no está basada en una interpretación arbitraria de la legalidad.
   En consecuencia, los planes de estudio por los que se obtenía el titulo de grado en 'Ingeniería de la Edificación' quedan definitivamente anulados, y los profesionales que han cursado estos estudios no se pueden llamar 'ingenieros de la edificación'.
   Pero tampoco pueden ostentar el título de 'arquitectos técnicos', ya que la sentencia del Supremo advierte que el nombre de los títulos universitarios debe facilitar la identificación clara de la profesión para cuyo ejercicio habilita.
   El Supremo basó su decisión en que se infringe la Ley Universitaria 6/2001, que en su Disposición Adicional 19 establece que los títulos universitarios deben denominarse de modo que no produzcan confusión, y el Real Decreto 1393/2007, donde se regulan las enseñanzas universitarias, ya que según éste no existe la profesión de ingeniero de la edificación, sino la de arquitecto técnico.
   En un voto particular, uno de los magistrados del Tribunal Constitucional propone al Gobierno que tome medidas de manera urgente para que se remedie "la grave situación originada a las personas que hubiesen obtenido el título de 'Graduado o Graduada en Ingeniería de la Edificación', así como también a las universidades" que han expedido estos títulos.
   Entre otras, el título anulado se ha impartido y otorgado en las universidades de Sevilla, Burgos, País Vasco, Valencia y las privadas de Madrid San Pablo CEU, Camilo José Cela y Elio Antonio de Nebrija.
   Los colegios profesionales de Arquitectos e Ingenieros habían denunciado reiteradamente la ilegalidad del título de Ingeniero de la Edificación, y exigieron a la Administración que ejecutase las sentencias del Tribunal Supremo que prohíben expresamente el uso de ese término.
   Esta nota la suscriben Francisco José Reyna Martín, decano de Ingenieros Técnicos Industriales; Manuel Jesús De Tellechea, decano de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta; Ángel Díaz del Río, decano de Arquitectos de Sevilla; Juan Carlos Durán Quintero, presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Sevilla, y Abraham Carrascosa Martínez, decano de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Adiós al limbo urbanístico (Málaga Hoy)


El decreto de la Junta sobre la legalización de viviendas que trata de corregir los errores del pasado ha sido tachado como una medida electoralista. Pero como decía ayer mismo un alcalde afectado: "Bienvenido sea el electoralismo, aunque llegue tarde"
| ACTUALIZADO 11.01.2012 - 01:00
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Panorámica de la Axarquía con las viviendas diseminadas.

IGUAL que el cardenal Ratzinger decidió un buen día borrar de un plumazo el limbo de los justos, ayer la Junta de Andalucía, tras un laborioso proceso encabezado por la consejera Josefina Cruz, venía a reponer sobre el mapa cerca de 300.000 viviendas irregulares en el mapa andaluz, unas 50.000 en la provincia de Málaga. Mediante un decreto, que en realidad viene a desarrollar la todavía vigente LOUA, que entró en vigor en 2003, aunque con efecto retroactivo desde el año anterior. Un texto legal del que no puede decirse que naciera con buen pie, porque además de ocasionar incontables problemas a la mayoría de los ayuntamientos, llevó a tierra de nadie a una importante cantidad de viviendas que se habían multiplicado, por muy distintas razones, por toda la geografía regional y que además, entonces, se metían en el mismo saco. 

A todas luces no se trataba del instrumento urbanístico que precisaba la realidad andaluza, ya que está claro que no vino a resolver los problemas que motivaron su alumbramiento. Un nacimiento que se producía a la sombra de otro de los fenómenos producidos por el elevado y desordenado nivel de desarrollo de la época, el nuevo boom en el sector de la construcción, con las consecuencias de todos conocidas. Un texto legal que hubiera servido para impedir desmanes como, por ejemplo, los que tuvieron como escenario a la ciudad de Marbella, pero que, en el fondo, venía a criminalizar a todo un sector. Por otra parte, aquella legislación nacía, entre grandes críticas desde la mayoría de los sectores, que tardaron demasiado tiempo en ser escuchadas, además, sin dotar a los consistorios de los elementos suficientes para su aplicación, lo que originó todo tipo de agravios comparativos y, además creó a muchos alcaldes el enfrentamiento con los vecinos, lo que más tarde se convirtió en una fuga de votos cuyas consecuencias pudieron ser uno de los grandes motivos que llevaron al cambio político actual. 

El intento de corregir los errores del pasado en esta materia, y enmendar las sucesivas chapuzasque han acompañado el proceso, ha llevado a más de uno a calificar esta medida de electoralista. Pero como decía ayer mismo un alcalde que ha bregado contra la LOUA en los últimos años, "bienvenido sea el electoralismo, aunque sea tarde". El regidor aseguraba que el decreto pondrá fin a una situación que, en muchas ocasiones, ha llegado a judicializar la vida municipal y a aportar pocas soluciones, mientras que ahora se podrán comprobar los efectos beneficiosos de la nueva norma, aunque no antes de las elecciones. Ya que, el citado decreto, además de crear un marco suficiente de seguridad jurídica, será un revulsivo para la vida de los municipios, entre otras cosas, por las necesidades de gestión que va a crear su entrada en vigor, empezando por la elaboración de los inventarios de viviendas. Aquí parece que la razón no asiste al Partido Popular en la reciente decisión de suprimir las oficinas comarcales de urbanismo, que ahora serán todavía más necesarias. 

Por otro lado, la nueva legislación, que evidentemente creará frustraciones que no se deben obviar, no supondrá un coste para las arcas públicas, ya que el beneficiario de la normalizacióndeberá correr con los gastos, sino que además puede suponer una fuente de nuevos ingresos para las exhaustas arcas municipales, lo que supone otro punto a favor. Aunque para otros, como Izquierda Unida, tan sólo nos encontramos con una ley de punto final que traspasa la patata caliente a los ayuntamientos.

La venta de pisos modera su caída a finales de 2011 (La Opinión)

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ Las ventas de pisos, a falta todavía del dato del pasado mes de diciembre, están a punto de cerrar un ejercicio de 2011 realmente deprimente, con una caída de operaciones en Málaga de casi el 15% sobre los datos ya de por sí malos de 2010. El dato ofrecido ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de noviembre, con casi 1.800 nuevas compraventas y una subida del 1,6%, atenúa en algo la caída.

Se constata así, que tras sufrir brutales caídas hasta el 45% en el mes de agosto, las ventas parecer haber moderado su descenso en los últimos meses pero eso no impide que el conjunto del año haya sido muy malo tras cerrarse sólo 17.334 operaciones, siempre a falta del dato de diciembre.

Con la crisis, las ventas de viviendas no han hecho sino menguar: en 2007 se vendieron en Málaga 42.386 viviendas, en 2008 fueron 28.754, en 2009 23.287 y en 2010, 21.990.

Volviendo a las cifras de 2011, el total de casas vendidas se reparte entre 9.010 viviendas nuevas y 8.324 de segunda mano. El único consuelo para el sector constructor es que esos pisos de nueva construcción que se han vendido están sirviendo al menos para dar salida al stock de vivienda que mantiene taponado el mercado. Dado que actualmente son muy pocas las nuevas promociones de casa que están entrando al mercado, el stock ha pasado este año de 22.000 a 16.000 pisos, según ha explicado en los últimos meses el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), José Prado.

A su juicio, y a poco que se repitan los actuales ritmos de ventas en este año 2012 que comienza, el stock podría estar ya prácticamente comercializado al completo para 2013, lo que daría nuevo impulso el sector para empezar a construir de nuevo.

Leve mejora a nivel nacional. En España, la compraventa de viviendas volvió a caer el pasado mes de noviembre, y a pesar de que en términos interanuales retrocedió un 14,4% hasta registrar 27.549 operaciones, se constata que la intensidad de la caída continúa suavizándose.

Tras este descenso, la venta se distancia de los datos contabilizados en los dos primeros meses de 2011, cuando se superaron las 45.000 operaciones al incluirse las ventas que se cerraron a finales de 2010 impulsadas por el efecto llamada ante el fin de las deducciones fiscales a la compra en 2011. El indicador se mantiene lejos de las cifras del boom del sector, en el que se superaban las 80.000 transacciones mensuales.

La rebaja del IVA que grava la vivienda nueva del 8% al 4% y que aprobó el pasado verano el Gobierno de Zapatero no ha logrado incentivar las compras y dar salida al stock inmobiliario.

Los adjudicatarios podrán rechazar una VPO si no logran hipoteca (La Opinión)


La Junta cambia el reglamento que regula la bolsa de demandantes de viviendas protegidas, que en la capital agrupa a 5.000 personas

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MIGUEL FERRARY Los aspirantes a una VPO podrán renunciar sin penalización a la vivienda adjudicada si no consiguen que un banco les conceda una hipoteca. Esta es una de las principales novedades que se incluyen en la reforma del nuevo reglamento de los registros públicos de demandantes de vivienda protegida y que se adecua así a las restricciones crediticias que aplican los bancos.

Esta novedad considera que la renuncia a una adjudicación es por causas «económicas o sobrevenidas», por lo que se elimina la penalización que existía sobre el solicitante, que ya no pierde los derechos para aspirar a adquirir una VPO.

La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, señaló la «falta de financiación hipotecaria para obtener el préstamo». No obstante, también se incluye entre las excepciones que el solicitante se quede en paro durante el proceso o el inmueble no se ajuste a sus circunstancias familiares.

El nuevo reglamento, que fue aprobado ayer en el Consejo de Gobierno, concede las competencias para la concesión a los ayuntamientos de las calificaciones provisionales y definitivas de las VPO, cuando hasta ahora era competencia de la Consejería de Obras Públicas. Esto permitirá acelerar los trámites para disponer de las viviendas protegidas, simplificando el proceso.

Además, se establecen criterios para «simplificar la tramitación para obtener una vivienda protegida», como apuntó Josefina Cruz, quien recalcó que ahora «las personas que vivan en una VPO en régimen de infravivienda podrán acceder al registro de demandantes y optar a una VPO nueva». Igual pasará con los propietarios de una vivienda protegida que necesite más espacio por ampliación de la familia o discapacidad de algún miembro.

Estas mejoras beneficiarán directamente a los 5.000 inscritos en el registro de demandantes del Ayuntamiento de Málaga, que está en funcionamiento desde mayo de 2010. Este registro de demandantes es la base utilizada por el IMV para los sorteos de las VPO que se construyen en la capital, tanto por iniciativa pública como privada.

Los propietarios de las casas ilegales pagará su regulación (La Opinión)


Los procesos para legalizar las viviendas se iniciarán de oficio o presentando documentos al ayuntamiento correspondiente

  




Alcaucín acapara 1.600 casas construidas de forma irregular en suelo no urbanizable.
Alcaucín acapara 1.600 casas construidas de forma irregular en suelo no urbanizable.  f. e.

FRAN EXTREMERA Los propietarios que aspiren a regular sus viviendas en suelo no urbanizable mediante el decreto que aprobó ayer el Consejo de Gobierno de la Junta deberán hacerse cargo del pago de prácticamente todos los gastos derivados de la normalización de sus inmuebles y de las obras de urbanización y dotación de servicios e infraestructuras básicas (tanto su construcción como su posterior mantenimiento). No será un «café para todos», como ya barajaban colectivos ecologistas y diversas formaciones políticas.

El documento que permitirá la ordenación de miles de casas edificadas en el suelo no urbanizable de la Axarquía y otros enclaves de la Costa del Sol, como los municipios de Estepona, Mijas o Cártama, al igual que en comarcas que urbanísticamente se encuentran ya saturadas, como las existentes en la provincia de Almería, apenas va a legalizar un 10% del total. El Ejecutivo andaluz aclaró ayer que se «normalizará» la situación del 80%, sin llegar a legalizar ese cupo, o que incluso se cursará la demolición del 10% restante.

El texto de este decreto, al que ya ha tenido acceso La Opinión de Málaga, aclara qué tres supuestos se pueden dar ante más de 250.000 casos que podrían enumerarse en Andalucía: las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos –urbanizaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos– y los denominados ámbitos de Hábitat Rural Diseminado, que agrupan a los inmuebles con usos y actividades vinculadas al medio rural pero que también requieren de determinados servicios públicos. Se indica que corresponderá a los ayuntamientos «el reconocimiento de la situación de asimilado de régimen de fuera de ordenación», que también se crea como nueva figura urbanística.

Pero, ¿qué pasos se deberán dar a la hora de ser beneficiario de la nueva medida de la Junta? La resolución para acceder a la regulación «debe tramitarse y resolverse sobre la legislación sobre régimen local y la de procedimiento administrativo común». Y serán los consistorios los que determinen así mismo las tasas que correspondan y los encargados de «comunicar a las personas interesadas la posibilidad de legalizar la edificación».

Estos procesos en todo caso se iniciarán, según el propio decreto, «de oficio o mediante presentación de solicitud» por parte de la persona titular de la edificación ante el ayuntamiento. El interesado debe aportar varios documentos, como la identificación del inmueble, «indicando el número de finca si estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad», y su localización geográfica mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante la cartografía oficial «georreferenciada».

Se apuntará también la fecha de terminación de la edificación, de forma acreditada oficialmente –según Ley del
Suelo aprobada por Real Decreto 2/2008, de 20 de junio–. Y no acabarán ahí los trámites porque, en virtud de que después deberán desarrollarse obras complementarias por cuenta del propietario, se requiere la aptitud de la edificación terminada para el uso al que se le vaya a dar, a través de una certificación que acredite que reúne «condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad».

Y también será necesaria una pormenorizada «descripción de las obras necesarias e indispensables para poder dotar a la edificación de los servicios básicos necesarios que garanticen el mantenimiento del uso de forma autónoma y sostenible, o, en su caso, mediante el acceso a las redes» que existan o vayan a construirse en su entorno. Incluso se les otorga a los respectivos ayuntamientos la posibilidad de fijar mediante ordenanza «cualquier otra documentación a acompañar».

La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, apuntó ayer que el decreto no es una norma de regularización indiscriminada, sino una respuesta concreta acorde a cada situación». De hecho, de cada diez inmuebles que existan en suelo no urbanizable sin regulación alguna, ocho van a poder ser «reconocidos», de manera que se les den servicios básicos, y sin embargo no podrán aspirar a ser «legalizados».

No hay aún un número de casas. Aunque inicialmente se barajaba la posibilidad de que la cifra de viviendas beneficiadas por el decreto ascendiera a 11.000 en zonas como la Axarquía, la Junta especificó que aún se está en pleno proceso de completar muchos inventarios locales, por lo que se podría multiplicar esa cantidad. «La Junta no tiene hecho un estudio, pero ahora corresponde a los ayuntamientos acelerar ese análisis del suelo no urbanizable, ver cuántos asentamientos y cuántas viviendas aisladas hay», aclaró.

El decreto especifica que en el caso de municipios sin PGOU, los ayuntamientos deberán delimitar los «asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable» y elaborar un avance del planeamiento, a modo de ordenanza municipal y sometido a información pública al menos durante 30 días.

LAS CLAVES

TRES TIPOS DE VIVIENDAS
Un decreto que pretende dar respuesta a unas 250.000 casos
La Junta aclaró ayer que no ha cerrado su inventario regional de viviendas, pero como refleja el decreto, éstas se agrupan en tres supuestos: las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos (parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos) y los denominados ámbitos de Hábitat Rural Diseminado (edificaciones con usos y actividades vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos).

DEMOLICIÓN DEL 10%
Habrá derribos, aunque el decreto regule el 80% de las edificaciones
De cada diez casas ubicadas en suelo no urbanizable, una se podrá legalizar, ocho serán reconocidas y se les dará servicios básicos, pero «no serán legalizadas», y una tendrá que ser demolida. Esos datos aportados ayer por la Junta indican que el 10% de las viviendas situadas en suelo no urbanizable sí podrán ser demolidas en un futuro.

SIN SERVICIOS BÁSICOS
Unas 1.000 urbanizaciones de Andalucía en suelo no urbanizable
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda indicó que existe un millar de urbanizaciones en suelo no urbanizable, a las que se les permitirá implantar servicios básicos.

TRÁMITES NECESARIOS
El propietario podrá solicitar la normalización de su inmueble
Aunque los procesos se podrán iniciar de oficio, también cabe la posibilidad de que el dueño de la finca, con una serie de documentos técnicos a aportar de forma obligatoria, presente la solicitud de regulación ante el Ayuntamiento.

El dueño de Aifos rectifica y dice ahora que nunca pagó a Roca (SUR)


La declaración de Ruiz Casado contradice a la del cerebro de la trama, que aseguró haberle cobrado por asesoramiento

El dueño de Aifos rectifica y dice ahora que nunca pagó a Roca
Jesús Ruiz Casado, en primer término, seguirá respondiendo esta mañana a las defensas del resto de acusados. :: E. MIRANDA
«Ni yo, ni nadie de Aifos, ha abonado ninguna cantidad de dinero al señor Roca». Con esta frase se resume la declaración de ayer de uno de los promotores urbanísticos más importantes imputados en el 'caso Malaya'. El dueño de la constructora Aifos, Jesús Ruiz Casado, compareció en el juicio contra la trama de corrupción en Marbella para defenderse de las acusaciones de cohecho y fraude que se le imputan.
Ruiz Casado empezó su intervención rectificando sus primeras declaraciones, cuando fue detenido en el verano de 2006. Entonces sí afirmó ante el juez Torres que su empresa pagó las cantidades exigidas por Roca para sacar adelante el proyecto del hotel Guadalpín, un extremo que ahora niega. Argumenta que esas declaraciones las hizo «para evitar la cárcel».
Según la investigación, Aifos habría realizado pagos entre 2004 y 2006 al entorno de Juan Antonio Roca de más de 4,8 millones de euros y la Fiscalía vincula estas cantidades a diferentes convenios urbanísticos. El pasado mes de noviembre, en una de las sesiones del juicio, Roca admitía por primera vez toda esta trama de pagos y reconocía haber recibido cantidades de dinero de constructores.
Eso sí, el considerado cerebro de la trama negaba que estos pagos tuvieran que ver con resoluciones administrativas y aseguró que eran cantidades relacionadas con sus labores de «asesoramiento» como experto urbanístico. Entonces Roca citó a Aifos, Construcciones Salamanca y a Fidel San Román como las tres entidades o personas que lo 'ficharon' - en dinero negro y sin contratos ni recibos- como asesor, con lo que justificaba gran parte de las entradas de dinero que refleja su contabilidad privada de los famosos archivos Maras. Según Roca, asesoró a estas empresas sobre futuros convenios urbanísticos o sobre el aprovechamiento de determinados terrenos, pero negó que su intervención «garantizara el éxito» de los negocios o la concesión de la licencia.
«Se equivoca»
Pero el directivo de Aifos contradijo ayer esta teoría de Roca y argumentó ante el juez que su empresa nunca pagó al exasesor urbanístico. «Yo creo que el señor Roca se equivoca», dijo tajante el acusado. «Ni Aifos ha contratado al señor Roca ni me consta dentro de la documentación de la empresa nada que haga referencia a ningún tipo de asesoramiento», afirmó Ruiz Casado. El directivo de la constructora trató de explicar de dónde proceden estas aportaciones de dinero que aparecen en la contabilidad de Roca. Ruiz Casado dijo que hay cantidades que son «pagos realizados a través de instrumentos financieros al Ayuntamiento de Marbella», otras que se corresponden a «patrocinios que hemos realizado al Ayuntamiento» y otras que se deben a «distintas operaciones comerciales».
El acusado incluso llegó a decir que Aifos siempre se mostró contrario a firmar los convenios que le propuso el Ayuntamiento de Marbella ('Guadalpín Banús' y 'Guadalpín Village'), que fueron «una imposición» y que solamente tenían «un fin recaudatorio».
Ayer también declaró Francisco Zambrana, otro empresario que negó haber realizado ninguna entrega de dinero a Juan Antonio Roca.

Marbella usará la cubierta de edificios públicos para instalar placas solares (SUR)


El Ayuntamiento utilizará los techos de colegios, naves municipales o del Palacio de Congresos para la colocación de sistemas fotovoltaicos
11.01.2012 - 
CRISTINA GONZÁLEZ
 
MARBELLA.

Marbella usará la cubierta de edificios públicos para instalar placas solares
El concejal de Medio Ambiente, Antonio Espada, durante el balance del área. :: J-L
Una apuesta por la energía limpia y una fuente de ingresos. Todo de una tacada. El Ayuntamiento quiere utilizar la cubierta de los edificios públicos para instalar los llamados huertos solares: placas fotovoltaicas para la obtención de electricidad gracias a la potencia con la que el sol brilla en Marbella. Así lo adelantó ayer el concejal delegado de Medio Ambiente, Playas, Puertos y Promoción Económica y Pymes, Antonio Espada, durante el balance anual de sus concejalías. «No es solo por los ingresos, si no también por la oportunidad de producir energía no contaminante», apuntó.
El Consistorio tiene intención de sacar el servicio a concurso próximamente. Los lugares elegidos serán colegios, naves públicas y el Palacio de Congresos, entre otros. «Tienen que ser los que tengan orientación preferiblemente sur y que no estén tapados por edificios», anotó Espada. La empresa que se haga con la concesión venderá la electricidad y pagará un canon al Ayuntamiento por la instalación de los huertos solares. Incluso hay proyectos para infraestructuras similares en las azoteas de edificios de la barriada Divina Pastora. «Hemos puesto en contacto a empresas con asociaciones de vecinos», adelantó el concejal, al tiempo que indicó que el proyecto llevaba aparcado dos años por la rebaja que el Gobierno central hizo en el precio de la energía fotovoltaica. Los nuevos sistemas, con placas más económicas, vuelven a hacer rentable la actuación.
Al margen de esta iniciativa, Espada recordó, dentro del balance de sus delegaciones, los avances para la regularización de los chiringuitos. De los 30 establecimientos, se firmaron 24 acuerdos con Costas y, tras el cambio de competencias, queda pendiente de culminar las negociaciones con la Junta para cinco y una terraza que se desestimó. En materia de Playas también se refirió a los trámites para recuperar zonas dunares en Las Chapas, donde el Ayuntamiento tiene la encomienda para expropiar suelo en Artola.
Destacó además la apuesta por relanzar el Puerto Deportivo. Informó de que la ocupación media entre junio y septiembre ha sido del 85% y de que su delegación trabaja en que todos los locales de la primer línea recuperen su actividad. Por último, indicó que la Patrulla Verde tramitó en 2011 905 informes y levantó 108 actas en cumplimiento de las ordenanzas; 99 de relacionados con animales: por no recoger los excrementos de los perros, llevarlos sin bozal o tenerlos en lugares inadecuados.

Comienzan los trabajos para ampliar del atraque sur de los cruceros (SUR)


El proyecto permitirá albergar buques de mayor tamaño y facilitará las operaciones de embarque
11.01.2012 - 
SUR
 
MÁLAGA.

Comienzan los trabajos para ampliar del atraque sur de los cruceros
En la zona marcada con un círculo se realizará la ampliación. :: SUR
Ayer dio comienzo la obra de ampliación del atraque sur de la estación marítima del puerto, un proyecto que tiene como objetivo ensanchar el atraque situado junto a la terminal 'B' hasta los 198 metros para que pueda albergar buques de mayor tamaño. Asimismo, esta actuación, adjudicada en su primera fase a la compañía Acciona Infraestructuras, facilitará el acopio de provisiones, y el embarque y desembarque de pasajeros y maletas.
El atraque no estará operativo durante una parte de las obras, si bien la intención de la Autoridad Portuaria y la empresa constructora es que su ejecución se realice de manera que permita lo antes posible el uso del atraque, aunque se continúen realizando algunos trabajos menores, según informó ayer el Puerto en un comunicado. Así, se intentará poder utilizarlo en primavera, cuando aumentan notablemente las escalas de buques de crucero. En cualquier caso, los otros atraques con que cuenta la instalación portuaria -norte, levante y el adosado al dique de levante- darán servicio a los buques, sin que el tráfico de cruceros se vea mermado por esta circunstancia.
Características
El proyecto consiste en la construcción de una pieza de 32 metros a una distancia de 30 metros del actual tablero, al norte del mismo, por lo que de un extremo a otro el atraque tendrá una longitud de 198 metros. Esto permitirá que en el atraque, que fue diseñado para recibir a buques de hasta 272 metros de eslora, puedan ahora atracar buques de la máxima eslora, como el Independence of the Seas de Royal Caribbean y los de su misma clase, con 339 metros.
La obra, con un presupuesto de más de un millón de euros, tiene un plazo de cinco meses y medio.

El Ayuntamiento pone reparos a la obra del paseo de la Farola, que sigue vallado (SUR)


La promotora de Muelle Uno sostiene que los cambios solicitados no estaban en los planos y el Consistorio asegura que hay deficiencias
11.01.2012 - 
JESÚS HINOJOSA jhinojosa@diariosur.es
 
MÁLAGA.

El Ayuntamiento pone reparos a la obra del paseo de la Farola, que sigue vallado
Los vecinos de la Malagueta no se explican qué falta para abrir el paseo, ya que la obra parece aparentemente terminada. :: ÁLVARO CABRERA
Un nuevo culebrón se cierne sobre las obras del muelle del paseo de la Farola, cuya transformación y apertura como una nueva zona comercial y de ocio para la ciudad ha estado marcada por la polémica. Toca el turno ahora a la parte que todavía no ha sido abierta al público, es decir, al paseo de la Farola y los jardines y miradores habilitados en la cubierta de los locales y el edificio de la esquina con el muelle del paseo de los Curas, que albergará un equipamiento cultural a determinar aún por el Ayuntamiento. A simple vista, las obras del paseo parecen terminadas, pero nada más lejos de la realidad según el criterio de los responsables municipales, que consideran que antes de abrirlas hay que efectuar varias correcciones.
Según pudo conocer este periódico, los principales reparos puestos por el equipo de gobierno local a la renovación del paseo de la Farola -una obra asumida por la promotora del centro comercial como una aportación más a la ciudad- hacen referencia a la confluencia de éste con el paseo de los Curas, en lo relativo a la ordenación del tráfico rodado y peatonal, y también a las características del pavimento realizado en la cubierta del futuro centro cultural de la esquina, un suelo que el Ayuntamiento considera demasiado «duro», según indicaron las fuentes consultadas.
Los departamentos de Movilidad y Urbanismo llevan conjuntamente el seguimiento de la obra. El edil responsable del primero de ellos, Raúl López, reconoció que se ha remitido un informe a la promotora con los cambios que tiene que hacer porque «faltan cosas». «Hasta que la obra no esté terminada, no la vamos a abrir», recalcó López, quien dijo que el Ayuntamiento no se ha marcado una fecha tope en ese sentido, sino que estará al ritmo con que la promotora de Muelle Uno -Unión de Iniciativas Marina de la Farola- acometa los trabajos solicitados. «Los técnicos nuestros y los suyos están en contacto permanente y diario, pero hasta que no esté listo no se va a abrir el paseo», insistió.
Por su parte, Patricio Gutiérrez del Álamo, director de Muelle Uno, aseguró a SUR que los trabajos solicitados por el Consistorio «son nuevas peticiones» sobre cuestiones que no estaban recogidas en los planos que se aprobaron en su momento. «Los vecinos están indignados porque ven que la obra está terminada y que, sin embargo, sigue vallada, pero el retraso no es por nuestra culpa, porque no hemos hecho las cosas mal, sino porque ahora se nos piden cosas que no estaban previstas», insistió.
Cuestionado sobre si dará cumplimiento a las indicaciones de los técnicos municipales, Gutiérrez del Álamo apuntó que «si no hay más remedio, tendremos que hacerlo». Además, apuntó que esta semana habrá una reunión para concretar las correcciones y poder abrir el paseo.

Regulación de viviendas: distintas soluciones según el tipo de casa. Vélez Málaga (SUR)


La aprobación por parte de la Junta de Andalucía del decreto que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable abre un nuevo escenario para 250.000 viviendas
11.01.2012 - 
AGUSTÍN PELÁEZ
 
VÉLEZ-MÁLAGA.

Regulación de viviendas: distintas soluciones según el tipo de casa
El paisaje de la Axarquía es uno de los que muestra más viviendas irregulares en su territorio no urbanizable. :: E. CABEZAS
La aprobación ayer del decreto que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable por parte de la Junta de Andalucía supondrá en palabras de la establece vías para la legalización o el reconocimiento de estas construcciones. Ello afectaría, según la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, a unas 250.000 viviendas, aunque, según sus palabras, Así, de cada diez viviendas una se podrá regular, ocho serán reconocidas y una deberá ser demolida, en concreto las construidas en zonas protegidas, atendiendo a tres supuestos. Ello supone que se demolerían un diez por ciento de las viviendas situadas en suelo no urbanizable.
Los tres supuestos son los siguientes: las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos (parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos) y los denominados ámbitos de Hábitat Rural Diseminado (edificaciones con usos y actividades vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos).
Respecto a las viviendas aisladas, se diferencian las que son legales o legalizables de las que son ilegales. En el caso de estas últimas, la norma introduce también la distinción entre aquellas en las que ha prescrito la posibilidad de ejercer acciones disciplinarias y otras donde dicha prescripción no puede darse por estar ubicadas en suelos protegidos o inundables o por no haber transcurrido el plazo de cuatro años exigidos para que la Administración actúe.
Respuesta concreta acorde
El decreto, según la Consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, no es una norma de regularización indiscriminada sino una respuesta concreta acorde a cada situación. De este modo, según los casos, las viviendas que puedan acogerse al procedimiento tendrán la posibilidad bien de obtener una licencia de ocupación o bien de un reconocimiento de acuerdo con la situación jurídica de 'asimiladas a fuera de ordenación', que les permita el mantenimiento de su estado actual y el acceso a servicios como los de suministro de luz y agua.
La licencia de ocupación la podrán obtener las edificaciones que se encuentren en conformidad con el planeamiento &ndashtengan o no licencia urbanística&ndash y reúnan unas condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad; las que no son compatibles con el planeamiento pero lo fueron en el momento de su construcción, y todas aquellas que se edificaron antes de 1975 si mantienen el uso y las características tipológicas y no se encuentran en ruina. Esta licencia posibilita su inscripción en el Registro de la Propiedad y la prestación de servicios por parte de las compañías suministradoras.
Reconocimiento asimilado
Por su parte, la figura del reconocimiento asimilado a fuera de ordenación está reservada para construcciones no adecuadas a la Ley y al planeamiento, que no pueden obtener licencia de ocupación y en las que ha prescrito la infracción. Este procedimiento, de competencia municipal, incluye tanto la prescripción como la tolerancia del uso si cumplen las exigencias de seguridad y habitabilidad; el acceso a los servicios de suministro al menos en régimen de autoabastecimiento, y la inscripción en el Registro de la Propiedad con esas condiciones.
Finalmente, para los asentamientos urbanísticos y los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado, la norma remite al planeamiento municipal el establecimiento de las condiciones y procedimientos de legalización, siempre que los propietarios asuman los costes de urbanización e infraestructuras básicas.