lunes, 2 de enero de 2012

Marbella regulariza un millar de viviendas ilegales en dos años (Málaga Hoy)


El Ayuntamiento recibe a cambio de esta normalización 5 millones de euros, 6.300 metros de suelo para uso público y 3.000 para viviendas sociales
MARCEL VIDAL / MARBELLA , URBANISMO | ACTUALIZADO 31.12.2011 - 05:01
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Imagen de una de las edificaciones legalizadas en el Plan General.

Unas mil viviendas se han regularizado en Marbella a través del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que entró en vigor en mayo de 2010. El documento contempla la legalización de 16.500 inmuebles que se construyeron al margen de la ley durante los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL). En 2011 se ha normalizado la situación de 600 viviendas y un edificio de oficinas en cuyas tres primeras plantas se instalará la sede de la Delegación de Urbanismo a partir del nueve de enero. 

El concejal del ramo, Pablo Moro, aseguró ayer que también se ha legalizado la situación del hotel Senator, pero la oposición denuncia que los promotores del establecimiento no han saldado aún las compensaciones para su regularización, que son el pago de una multa 3 millones de euros y la cesión al Consistorio de una parcela anexa para equipamiento público. 

Las regularizaciones han reportado al Ayuntamiento, según Moro, más de 5 millones de euros, unos 6.300 metros cuadrados de suelo para uso público, otros 3.000 metros cuadrados en los que se construirán Viviendas de Protección Pública (VPP) y el edificio que albergará las oficinas de la delegación, de 3.800 metros cuadrados. 

El Consistorio legalizó en 2010 cerca de 400 inmuebles entre las promociones de Maria Green Hills y El Palmeral, una urbanización situada en el distrito de Nueva Andalucía y el complejo residencial de Jardines del Príncipe, cuya normalización anunció Moro hace justo un año. El Ayuntamiento ingresó por ello más de 4 millones de euros en multas y obtuvo unos 18.000 metros cuadrados de suelo para diferentes usos. 

El PGOU no permite la legalización de unas 1.500 viviendas, cuyas demoliciones se dirimen en los tribunales. Entre los inmuebles destacan el Banana Beach, situado a unos 40 metros de la orilla del mar, o otros situados en la zona de Río Real, ubicados a unos 20 metros. Moro se mostró en contra de derribar las construcciones y adelantó que el Consistorio "seguirá peleando" para que las viviendas se regularicen. "Estas barbaridades no se pueden construir a pie de playa, pero una vez edificadas el daño que se hace echándolas abajo es mayor que si se conservan", apuntó. 

Por su parte, el portavoz del PSOE, José Bernal, señaló que el equipo de gobierno no ha solucionado el problema de las viviendas irregulares porque "los técnicos y especialistas en urbanismo han desaparecido de la Delegación, en beneficio de personas que carecen de formación en la materia".

Marbella, el origen de todo (Málaga Hoy)


El PGOU de la localidad legaliza 16.000 de las 18.500 viviendas ilegales de las últimas décadas
S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 02.01.2012 - 01:00
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El complejo Banana Beach.

Si hay una localidad en España que en las últimas décadas se asocia al urbanismo depravado, a la corrupción política de la mano del ladrillo, esa es Marbella. El municipio costasoleño trata de recuperarse ahora de la larga sombra de ilegalidad dejada tras de sí por los diversos gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL), cuya mancha ocupó por igual lo que en origen estaba pensado para acoger un parque o un colegio. Unos desmanes incontrolados que se tradujeron en 18.000 viviendas irregulares, escenario que, sin embargo, sabe poco o nada del tacto de la piqueta y que, por el contrario, se asoma a la búsqueda de soluciones con las que apaciguar los temores. 

La herramienta de Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) elaborado a la par por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía dibuja a las claras las herramientas a emplear para normalizar la situación de 16.500 construcciones ilegales (de las que ya se ha normalizado un millar). Sólo una pequeña muestra se mantiene bajo la amenaza de la quema, coincidentes con las promociones asentadas sobre espacios inundables o marítimo terrestre, caso de Banana Beach, Río Real y La Víbora. 

Ninguna de estas tres heridas en el territorio han sido borradas por el efecto de la demolición. Una conclusión que no parece clara. El concejal de Urbanismo, Pablo Moro, se mostró la pasada semana en contra de derribar estas edificaciones y adelantó que el Consistorio "seguirá peleando" para que se regularicen. "Estas barbaridades no se pueden construir a pie de playa, pero una vez edificadas el daño que se hace echándolas abajo es mayor que si se conservan", llegó a afirmar. Una posición que, de partida, abre todos los caminos para aquellos que infringen las normas elementales del urbanismo. Lo expuesto por el edil del PP es claro, ante hechos consumados ha de buscarse la vía para dar luz a lo ilegal. 

Y es la vía de escape hallada en Marbella lo que parece estar tras la determinación de la Junta de aplicar un trato semejante a las irregularidades del interior, a lo que se levanta sobre el no urbanizable. No son pocos los alcaldes de estas zonas de la provincia que a lo largo de los últimos años han reclamado para sus vecinos el mismo trato que se empezaba a dispensar a Marbella.

Los vecinos del centro tendrán que esperar para aparcar (Málaga Hoy)


Los planes de Smassa retrasan a 2014 el impulso de los primeros pasos para dotar a este barrio de un parking para los residentes, que llevan años reclamándolo
S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 02.01.2012 - 01:00
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El casco histórico de Málaga.

"Desde hace unos diez años". Este es el tiempo que, según los residentes de centro histórico de Málaga, llevan reclamando al Ayuntamiento de Málaga la construcción de un aparcamiento destinado a los vecinos en esta parte de la ciudad. Y, por lo que indica el presupuesto diseñado por el Consistorio para 2012, tendrán que seguir esperando. Las previsiones dibujadas por el equipo de gobierno del PP no prevén aportación económica alguna para la ejecución de un parking en esta zona de la ciudad hasta el año 2014. 

Así consta en el plan cuatrineal de inversiones de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) incluido en el documento del año próximo y en el que sí se consignan 3,8 millones de euros para impulsar un edificio en Torres Quevedo, en la zona de La Luz, y 879.492 euros para otro en la Avenida Pío Baroja, en el distrito Este. Ambos son los únicos nuevos proyectos ideados por Smassa para 2012, una acción en consonancia con la determinación de la sociedad mixta, con capital mayoritario del Ayuntamiento, de minimizar el ritmo de ejecución de aparcamientos hasta vender la totalidad de los 900 estacionamientos que ya tienen construidos pero sin enajenar. 

La reacción de los vecinos ante esta situación es de malestar, más aún cuando llevan algunos meses de reuniones con los responsables municipales para ver alternativas. "Llevamos años pidiendo el aparcamiento, más cuando con el proceso de peatonalización que se ha llevado a cabo en el barrio nos han quitado unas 3.000 plazas en superficie", comenta María José Soria, presidenta de la asociación de vecinos del casco antiguo. Una circunstancia que complica a los vecinos a la hora de entrar al barrio. 

"Es un cansancio continuo, que el residente del centro sea el perjudicado en cualquier acción que el Ayuntamiento prevea; no hay equipamientos y tenemos que soportar ruidos...", explica la representante vecinal, para la que el Consistorio tendría que haber previsto años atrás edificios de este tipo cuando impulso el proceso de peatonalización. "No estamos en contra de que se hagan cosas, pero que no sea el mismo colectivo el que se vea perjudicado", dice. 

Con el fin de dar respuesta a esta larga demanda, desde el área de Movilidad se vienen estudiando desde hace meses, en colaboración con los propios afectados, posibles localizaciones donde intervenir. Algo nada sencillo dados los condicionantes arqueológicos de actuar en el subterráneo. Por ello, una de las soluciones analizadas era la de adquirir un edificio del entorno de Carretería para ejecutar un parking en altura, asunto que por el momento sigue sin estar cerrado. 

Otra de las opciones que puso sobre la mesa hace unos días el concejal del área, Raúl López, es la permuta de una parcela en la calle Gigantes y que hoy está en manos de la Junta de Andalucía. Años atrás, el Ayuntamiento contempló la construcción de un parking en esta pastilla con capacidad para más de 200 plazas, desistiendo posteriormente de ese plan. Ahora, la Administración autonómica trabaja en la idea de levantar ahí una promoción de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler destinada a jóvenes profesionales, circunstancia que hace que el acuerdo entre las partes esté alejado. 

Los planes municipales, según los Presupuestos, reservan la principal aportación económica para actuar en el centro para 2015, con 4,1 millones. En esta misma situación se encuentran otros equipamientos en la calle Carril, Delicias-Parque Mediterráneo y Gaudí, que tendrán consignación en 2013.

Unas 50.000 viviendas esperan la amnistía en la provincia (Málaga Hoy)


La Junta espera aprobar el 10 de enero el decreto para normalizar las construcciones levantadas sobre suelo no urbanizable · La Axarquía, gran exponente con unas 22.000
SEBASTIÁN SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 02.01.2012 - 01:00
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Decenas de construcciones levantadas sobre suelo no urbanizable.

La vía de escape que la Junta de Andalucía diseña desde hace meses para normalizar la situación de varias decenas de miles de viviendas ejecutadas durante décadas sobre suelo no urbanizable en la comarca de la Axarquía (13.000 según la Administración regional; más de 22.000 según los ecologistas) se convierte también en receta de amnistía a la que se quieren acoger todos los municipios en los que las construcciones irregulares se levantan como setas sobre el territorio. La ausencia de estadísticas oficiales impide poner números claros a este fenómeno, pero las distintas aproximaciones que se vienen haciendo desde hace años elevan a cerca de 50.000 las edificaciones que podrían buscar ampararse en las bondades dibujadas por el Gobierno autonómico en un decreto que, si se cumple el anuncio del presidente andaluz, José Antonio Griñán, será aprobado el 10 de enero. 

El escenario que más fácilmente se identifica con la construcción sobre suelo rústico es el de la Axarquía, más aún si se tiene en cuenta que las casas edificadas junto a las fincas de labranza forman parte de la idosincrasia misma de esta zona de la provincia. Pero lo que en un momento era un fenómeno aislado y acotado, pasó a convertirse en masivo, fomentado, además, por los propios ayuntamientos, que veían en el ladrillo una fuente de ingresos cuantiosa. 

Éste ha sido, junto a otros espacios de la comunidad andaluza, la primera de las zonas en las que la Junta ha querido poner orden, aunque ese paso trae consigo la normalización de la inmensa mayoría de lo que se construyó al margen de la ley. Los datos dados a conocer por la propia Consejería de Obras Públicas cifran en 12.760 las construcciones existentes sobre suelo no urbanizable en el territorio axárquico, de las que 11.000 podrán abandonar el lado oscuro mediante la nueva norma. 

El dato aportado es parcial, por cuanto ni Torrox (donde el Ayuntamiento reconoce ahora más de 2.000 edificaciones ilegales), ni Nerja, ni Vélez (donde la Junta calcula más de 4.000) participaron de inicio en el censo realizado por la Administración regional, localidades a las que sumar La Viñuela y Alcaucín (municipio de poco más de 2.600 habitantes con unas 1.300 edificaciones), por "su situación penal algo compleja". La suma de todas ellas, en cualquier caso, eleva a 22.000 el censo de la ilegalidad urbanística, de acuerdo con los estudios de Gena-Ecologistas en Acción. 

La diferencia entre las viviendas que podrán acogerse al proceso de normalización y las que no viene marcado por la existencia de 859 casas levantadas en espacios protegidos y sobre las que pende la amenaza de la demolición, y de 976 construidas de forma ilegal pero sin que hayan caducado las irregularidades. "Lo que hacemos es buscar el reconocimiento de esa realidad", dijo la consejera en marzo de 2011, cuando puso sobre la mesa un camino al que le quedan días para ver la luz, huyendo de la idea de que ello suponga una amnistía generalizada para las construcciones ilegales. Una apreciación que no comparte Rafael Yus, responsable de Gena-Ecologistas en Acción, para el que la norma "es una amnistía encubierta, no solo para los infractores sino también para los ayuntamientos que han alentado ese movimiento". "La Junta no ha querido ser beligerante en este tema; se busca acallar una serie de voces", apostilla. "Esto es una bomba de relojería", dice Yus de forma contundente. Precisa que si bien es cierto que los ayuntamientos, en un primer momento, recibirán importantes ingresos por la regularización de las casas, en forma de impuestos, también lo es que tendrán que hacer frente a todas las demandas que los nuevos vecinos hagan. "A ver qué ayuntamientos mantienen los carriles, la recogida de basuras...", dice. 

En la Axarquía, los datos del colectivo destacan cómo el fenómeno de la construcción en el suelo rústico sufre su gran crecimiento en los últimos diez años. "De las 22.000 viviendas que tenemos inventariadas, el 60% se levanta del año 2000 para adelante", indica. Aunque la Axarquía puede considerarse la punta del iceberg, la dimensión de lo construido de forma irregular es mucho mayor. Más allá de lo ocurrido en Marbella, donde Junta y Ayuntamiento de la mano acabaron por encontrar acomodo a 16.500 viviendas levantadas al margen de la ley (de un total de 18.000), la provincia encuentra otros nichos de urbanismo irregular y que ven en la futura norma andaluza una senda con la que escapar de la sombra de ilegalidad que hoy tienen sobre sí. 

El Valle del Guadalhorce es otro de los escenarios donde el urbanismo irregular es más que visible. Ejemplo de ello es la localidad de Cártama, donde hay registradas unas 3.500 casas, muchas de ellas asentadas sobre suelo inundable y afectadas, como ocurrió dos años atrás, por las crecidas del río Guadalhorce. La previsión en este municipio es que pueda ser legalizado el 80% de estas construcciones. 

La Costa del Sol occidental también mira el decreto de la Junta de Andalucía como una vía con la que dar respuesta a las demandas de los miles de vecinos que a lo largo de los años se han asentado de forma ilegal sobre el espacio rústico. Estepona, por ejemplo, tiene contabilizadas unas 2.000 edificaciones de este tipo, comúnmente conocidas como campitos

Ante este fenómeno, hace algunos meses el Ayuntamiento de la localidad puso en marcha una oficina encargada de analizar la situación y ofrecer atención y asesoramiento a los ciudadanos que buscan la normalización de sus viviendas. Con esta oficina, el equipo de gobierno quiere adelantar el trabajo de campo ante la aprobación del decreto autonómico. 

La cifra se dispara en Mijas, donde hay 3.750 edificaciones en no urbanizable, aunque el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro, señala que algunas son legales por su antigüedad. El edil detalló que constan 2.200 expedientes abiertos y que en los últimos seis meses se han realizado 17 demoliciones. Navarro valoró que el decreto traslade la responsabilidad de todo el proceso a los ayuntamientos. "Estamos trabajando", aseveró. 

En Marbella, durante años escenario de la ilegalidad urbanística, los cálculos municipales elevan a 500 los campitos. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, cree una "falta de respeto" que se diseñe una norma que abre la puerta a la normalización de estas construcciones cuando el Ayuntamiento, en el Plan General, fija sanciones "muy duras" para que los propietarios de viviendas ilegales en el ámbito urbano puedan legalizarlas. 

También en Málaga capital se trabaja desde hace meses por tratar de allanar el camino para las construcciones en situación de normalización. El Plan General de la ciudad dibuja un total de 1.324 viviendas situadas en núcleos diseminados potencialmente regularizables a pesar de asentarse en suelo no urbanizable y que encuentran acomodo en el decreto andaluz. 

La norma autonómica deja en manos de los ayuntamientos la normalización de estas viviendas, al punto de que deben tenerlas en cuenta en sus respectivos planeamientos. No tienen opción las construcciones asentadas sobre suelos protegidos o en situación de riesgo, así como aquellas inmersas en expedientes de infracción. Asimismo, otorgan carácter de legalidad a aquellas que, levantadas en no urbanizable, son anteriores a 1975, si bien sus propietarios deben solicitar ante los ayuntamientos la acreditación de su situación. También fija la obligación de que sean los propietarios los que costeen las actuaciones y servicios necesarios.

Solo dos de cada diez arquitectos viven exclusivamente de la profesión (SUR)


El paro en este colectivo ha aumentado un 80% en los últimos cuatro años ante la falta de proyectos de viviendas en la provincia
02.01.2012 - 
M. ÁNGELES GONZÁLEZ maguisado@diariosur.es
 
MÁLAGA.

Solo dos de cada diez arquitectos viven exclusivamente de la profesión
El arquitecto argentino Marcelo P. ha montado una guardería con su mujer en Marbella y en verano regenta un quiosco de helados. :: J.-LANZA
Hagan memoria. Intenten viajar mentalmente a los años del 'boom' inmobiliario. Ahora piensen en cualquier estudio de arquitectura de la Costa del Sol. Planos sobre la mesa, trabajo frenético y dinero, mucho dinero. Fueron buenos tiempos para estos profesionales, que no daban abasto para atender todos los encargos que le llegaban. Pero la cosa ha cambiado... y mucho. El desplome del ladrillo ha caído como una losa sobre los más de 1.000 arquitectos de la provincia -1.185 a cierre de 2010-, que pelean con uñas y dientes por los pocos proyectos que ven la luz en Málaga. No hay trabajo para todos y son muy pocos los que actualmente viven exclusivamente de la profesión. Concretamente, un escaso 20%, según una estimación del decano del colegio oficial en la provincia, Antonio Vargas, que pinta un panorama bastante desolador.
«La gente se está buscando la vida, compatibilizando su trabajo con otras actividades o apostando por la docencia o por una plaza en la administración», apunta Vargas, que destaca que «tenemos la suerte de ser un gremio en general bastante activo, con una cualificación diversa y con capacidad de afrontar retos dispares». Aún así, «las perspectivas son muy negras», según vaticina el decano, que se lamentad de que «de ser una carrera en la que había pleno empleo y estaba bien pagado, hemos pasado a una situación malísima».
Las cifras oficiales de parados en este sector, aunque suponen un aumento del 80% en los últimos cuatro años, no resultan muy alarmantes porque, como explica el decano, la mayoría de los arquitectos se dan de alta como autónomos, por lo que al cesar en su actividad no constan como demandantes de empleo. De esta forma, en el Servicio Público de Empleo Estatal -antiguo Inem- en Málaga había registrados el pasado mes de octubre 87 arquitectos, frente a los 17 de cuatro años antes. Si se incluye a los arquitectos técnicos, el aumento supera el 600% al pasar de 56 en 2007 a un total de 401 en 2011.
No es de extrañar, si se tiene en cuenta que la construcción sigue en caída libre en la provincia. De enero a septiembre de 2011 se produjo un retroceso del 47% en el número de viviendas visadas respecto al mismo periodo de 2010, según datos del Colegio de Arquitectos. Así, en los nueve primeros meses del año se autorizaron proyectos de 908 viviendas, frente a las 1.705 de 2010. «La inmensa mayoría nacemos con vocación de crear, pero ahora no podemos hacerlo», apunta Vargas, que denuncia que la situación es más asfixiante aún porque las administraciones públicas adeudan unos seis millones de euros al colectivo en Málaga.
El parón inmobiliario no solo afecta a los arquitectos ya consagrados, sino también, y mucho, a quienes han terminado la carrera recientemente, que se ven obligados, en numerosos casos, a abandonar la profesión sin apenas haberse iniciado en ella. «Hay personas que se pagaron la carrera poniendo copas y tienen que seguir haciéndolo ahora para llegar a fin de mes», señala el decano, que explica que los estudios de arquitectura como generadores de empleo «prácticamente han desaparecido» y la existencia de colaboradores «se han reducido en un 80 o 90%». «El trabajo es escaso, y el arquitecto se basta y se sobra para realizarlo, no se puede permitir un ayudante», dice. Y es que los numerosos estudios que se dedicaban casi en un 100% a realizar proyectos en los años de bonanza económica, se han dado de bruces con la realidad de la crisis.
Volver a casa de los padres
Amparo Ruiz sabe muy bien de qué está hablando. Con 31 años y un hijo de 22 meses, esta arquitecta ha tenido que alquilar su piso en Málaga capital y volver a casa de sus padres porque no puede hacer frente a la hipoteca. Nada más terminar sus estudios, en el año 2006, encontró trabajo. Pero con la crisis el estudio acabó cerrando y en 2008 se vio en la calle. Ahora su objetivo es conseguir una plaza de administrativa en la Junta de Andalucía para ir escalando hasta realizar alguna función relacionada con el urbanismo. Defraudada «totalmente» por el panorama laboral que se ha encontrado al terminar la carrera, y con todos sus colegas conocidos en paro, reconoce que «no volvería a estudiar arquitectura».
Tal vez Marcelo P. haga lo mismo, aunque por ahora ni se lo plantea, porque «tengo tres hijos y necesito llegar a fin de mes». Este arquitecto argentino de 46 años, afincado desde hace diez en Marbella, llegó a la Costa del Sol huyendo de la precaria situación de la profesión en su país que, paradójicamente, se asemeja a la que se está viviendo ahora en España. Durante cinco años no le faltó el trabajo. Pero el sector empezó a flaquear y, tras varios intentos por mantenerse en el mercado, acabó tirando la toalla y acompañando a su mujer en la aventura empresarial que inició hace cuatro años con la apertura de una guardería en Marbella. Además, en verano se hace cargo del quiosco de helados de sus padres.
El fuerte carácter vocacional de esta profesión hace que sean pocos los que se den por vencidos y muchos los que luchan contra viento y marea por desarrollar su creatividad. Arturo Reque es uno de ellos. De ganar unos 6.000 euros al mes ha pasado a ingresar alrededor de 1.500 junto con su mujer en el estudio en el que ambos trabajan en Marbella. Después de estar un año en paro y buscar otros nichos de mercado, decidió volver a reactivar el gabinete que tantas alegrías le dio años atrás, hasta que estalló la 'operación Malaya' y el posterior pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Pero el negocio ya no se dedica en exclusiva a proyectos de viviendas, como entonces, sino que ofrece una oferta multidisciplinar al cliente en colaboración con abogados. Ya se sabe, renovarse o morir.