lunes, 7 de noviembre de 2011

REPORTAJE: ¿ADÓNDE FUERON LOS AMOS DEL LADRILLO? (El País)


Se los tragó la tierra

Fueron los grandes promotores del 'boom' del ladrillo. Otrora admirados y opulentos, cubrieron España de cemento y deudas. Ahora, con el país hundido por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, han desaparecido del mapa. Este es el relato de sus vidas actuales

LUIS GÓMEZ 06/11/2011
 
Algunos miembros del selecto club que formaban los nuevos príncipes de las finanzas, hombres sin pedigrí en el parqué que se habían vuelto muy avariciosos gracias a las enormes plusvalías obtenidas con el boom inmobiliario, pensaron aquel martes negro que solo se trataba de un susto, que el intrépido Enrique Bañuelos había llegado demasiado lejos y el mercado le estaba dando un toque de atención. Aquel 24 de abril de 2007, Astroc, la compañía de Bañuelos, se desploma en bolsa y ejerce un efecto contagio sobre las cotizaciones de las principales inmobiliarias. Pero el suceso no parecía ir más allá. Aquel día nadie hablaba todavía de crisis inmobiliaria, sino de ralentización. Es decir, seguía siendo un buen momento para seguir de compras. Para seguir gastando miles de millones de euros. "Había que bailar mientras sonara la música", explica un testigo de aquellos días.
Cuatro años y 200 días después de aquel martes negro, a los protagonistas de los años dorados del mercado inmobiliario se los ha tragado la tierra. No hay música sino silencio a su alrededor. Se esconden detrás de abogados o agencias de comunicación, expertas en el arte de no decir la verdad con buenas palabras, sin que se note demasiado. No aceptan entrevistas. No acuden a ningún acto social. No aparecen en reuniones sectoriales, ni están en condiciones de dar conferencias en escuelas de negocio. Algunos se debaten en la dura lucha por salvar su patrimonio personal y han vendido sus yates o sus jets, los dos signos externos que caracterizaron una forma de hacer negocio en España a base de suelo, cemento y unas grandes dosis de ambición. "¿Cómo le digo ahora a mi mujer que ya no podrá usar el avión para ir de compras a Milán?", le confesó uno de ellos a su abogado antes de tomar tan fatal decisión.
Aquel martes negro de abril de 2007, la cotización de Astroc cayó un 37,23% y provocó una reacción en cadena que no tardaría mucho en dejar secuelas. En diez días, el valor estrella de la bolsa española, cuya cotización había llegado a multiplicarse por 1.000, se desplomó un 63%. Así que fue algo más que un susto. Algunos bautizaron ese hecho como castatroc haciendo un juego de palabras: las acciones de Astroc habían pasado de valer 6 a valer 70, para luego hundirse a precios inferiores a los dos euros. La ruina. Ante las primeras señales de alarma que cundieron aquella jornada, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se limitó a explicar que se trataba de simples correcciones del mercado y que la desaceleración del sector inmobiliario sería "suave y gradual". La calidad de los pronósticos de Ordóñez no ha cambiado en todo este tiempo. Lo que hubo no fue una desaceleración. Fue un derrumbe.
Astroc no era la mayor empresa inmobiliaria, pero se había convertido en un símbolo. Nació y creció en los años de expansión. Era hija de la pujanza del sector. Era una empresa de aspecto moderno en manos de un empresario joven y dinámico, desconocido por las grandes familias, capaz de llevar la palabra del sector a la quinta avenida. Bañuelos tenía algo que a sus competidores les faltaba, un aire nuevo, un don de gentes inigualable y un buen dominio de la imagen: organizó una paella para 25.000 comensales en Central Park para darse a conocer en Nueva York. Sabía comportarse en cualquier ambiente, podía hablar durante horas (aunque fuera de sí mismo), mostraba un espíritu arrollador para los negocios y una confianza ciega en sus posibilidades: "A mí me dejan desnudo en Central Park y en 24 horas estoy paseándome por la Quinta Avenida en una limusina", llegó a decir. Esa frase todavía la recuerdan hoy los ejecutivos que la escucharon hace cinco años. Bañuelos llegó a captar para sus inversiones a algunos de los grandes empresarios españoles, como fue el caso de Amancio Ortega, el dueño de Inditex. Tres meses después de aquel susto, Enrique Bañuelos dimitió como presidente de Astroc. Fue el primero en caer.
Alguien le traicionó. Alguien vendió dos millones de acciones en un momento muy delicado y contribuyó al hundimiento de Astroc. ¿Quién? Sobre la identidad de ese traidor se han divulgado muchas teorías y ninguna prueba, pero lo cierto es que los grandes del sector no se extrañaron con lo sucedido: para llegar hasta donde habían llegado conocieron muchas traiciones y muchos engaños. Llegar a lo más alto del sector inmobiliario no ha sido un camino limpio para nadie. De hecho, todas las compras y ventas realizadas en los años de la fiebre del oro (del 2003 al 2006) han dejado secuelas en los tribunales, algunas de ellas todavía sin resolver. La traición y el engaño forman parte del negocio, como ha quedado en evidencia en el último episodio conocido.
Hace unas semanas, Luis del Rivero llegó a su despacho pensando que lo tenía todo cerrado para hacerse fuerte en la presidencia de la constructora Sacyr Vallehermoso y, a partir de su acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, ejecutar el asalto final a Repsol. Sus socios, incluido quien había sido su mano derecha y fundador de la compañía, Manuel Manrique, estaban con él. Eso pensaba. Pero Manrique cambió de opinión en el último momento y ahora ocupa su cargo. ¿Traición? La versión real de lo sucedido está aun por conocer porque había asuntos pendientes entre los principales accionistas de Sacyr-Vallehermoso a cuenta del pasado.
El mérito de Luis del Rivero había sido diversificar su empresa antes de que llegara el cambio de ciclo: primero intentó un asalto al BBVA y, cuando fracasó, puso el punto de mira en Repsol. Entre medias, Luis del Rivero fue protagonista de muchas conspiraciones en una época donde todo era susceptible de comprarse o venderse. Repsol terminó siendo su salvavidas.
A diferencia de Enrique Bañuelos, Luis del Rivero no parecía tener una doble cara. Se le ha considerado siempre como un personaje poco comunicativo y autoritario. Nadie le recuerda como un ejecutivo amable. Pero fue el único de aquella generación que parecía capaz de sobrevivir a la crisis. El único que ha permanecido al mando de una empresa y podía mirarle a la cara a los bancos.
Entre la traición a Bañuelos y la sufrida por Luis del Rivero han pasado cuatro años y 200 días de pesadilla. Entre Bañuelos (que ha iniciado una nueva vida en Brasil en el sector agroindustrial) y Luis del Rivero, solo han sobrevivido aquellos que supieron vender y retirarse antes de tiempo; es decir, los que ya no están en el negocio, como Manuel Jové, expropietario de Fadesa y ahora accionista del BBVA. O Mario Losantos, expropietario de Riofisa. La mayoría de los que se quedaron vive en libertad condicional: son los bancos quienes dictan sus movimientos.
Luis Portillo es uno de ellos. Un año después de la caída de Bañuelos, hubo de presentar su dimisión como presidente de Colonial, justo cuando se había convertido en uno de los grandes a fuerza de adquisiciones que parecían contradecir la lógica. El pez chico se come al grande endeudándose hasta las cejas. Ese era el estilo de Portillo, quien pareció cambiar de modales desde que dejó su hábitat natural, los alrededores de Sevilla. Si Bañuelos fue el exponente de la escuela valenciana (donde se creó la figura del agente urbanizador que podía poner en marcha complejos residenciales sin ser propietario del suelo), Portillo era de la andaluza, donde las recalificaciones se gestionaban en estrecha colaboración con los poderes municipales. Portillo es un personaje clásico: empezó desde abajo, hijo de albañil, para dedicarse a las reformas de inmuebles. Un hombre muy apegado al terreno, sin cultura pero con un olfato natural para el negocio del suelo. Esa era su virtud y eso le permitió grandes ganancias con un estilo de especulación ortodoxo.
Portillo cambió cuando salió de su territorio. Comenzó a visitar Madrid. Se hizo asiduo cliente del AVE. Tenía excedente de recursos y quería comprar. Adquirió participaciones en bancos como el Santander y el BBVA e hizo un primer asalto a la inmobiliaria Metrovacesa. Terminó comprando Inmocaral, lo que le permitió compartir accionariado con figuras relevantes del establishment empresarial, caso de Amancio Ortega, Alicia Koplowitz o Joaquín Rivero. Después de Inmocaral intentó una opa a Colonial, una empresa tres veces más grande, de la que pudo obtener su control. Junto a su asalto a Colonial, logró comprar un paquete del 15% de FCC y la adquisición de Riofisa. En apenas un año, entre 2006 y el susto del 24 de abril de 2007, Luis Portillo había gastado en compras 4.000 millones de euros. Para entonces, algunos de los hábitos de Luis Portillo habían cambiado.
Ya no era un personaje tan natural. Tan rústico, como le veían en Madrid. Le había echado el ojo a un avión. Había adquirido un colegio privado como consecuencia de unas discrepancias entre su esposa y el director del centro, por un asunto relacionado con los estudios de una de sus hijas: nada más comprarlo, despidió al director. En presencia de unos ejecutivos amenazó al gerente de un hotel con comprar el inmueble y despedir a los trabajadores simplemente porque el personal del establecimiento no le atendió su petición de bebidas a altas horas de la noche, según un testigo del incidente. Ese era el nuevo Portillo.
En diciembre de 2007, Luis Portillo dimitía como presidente de Colonial. Había pasado menos de un año desde que se mostraba capaz de comprar cualquier cosa. Colonial debía 10.000 millones de euros. La acción se había desplomado y pasaba a valer menos de un euro, señal de un final próximo.
Juan José Brugera pasaba a ocupar la presidencia de Colonial, un cargo que ya desempeñó antes de que llegara Portillo. Ese viaje de ida y vuelta tiene su explicación: Colonial era propiedad de La Caixa antes de que los inversores privados entraran en su capital. Tras el paréntesis de Portillo, vuelven a ser los bancos los propietarios de Colonial, principalmente el Popular (9,15%) y La Caixa (5,40%). Y ellos han decidido devolver a su puesto al antiguo gestor.
Desde entonces, Luis Portillo ha desaparecido. No viaja a Madrid. Se ha recluido en Sevilla, donde trata de salvar su patrimonio personal y gestiona algunas propiedades en su antigua zona de influencia. Su antigua empresa, Colonial, le ha puesto una demanda según la cual le pide una indemnización de 669 millones de euros bajo la acusación de que infló el precio de las compras de FCC y Riofisa. Portillo a su vez reclama más de 40 millones de euros al BBVA. En una de sus escasas declaraciones tras su dimisión, Portillo llegó a decir: "Los mismos que ahora me denuncian pusieron el dinero a mi puerta para comprar FCC o Riofisa". Portillo se refiere a los bancos y sus analistas, a los que considera traidores. Los bancos que ahora son dueños de lo que fue su empresa.
Pero este hecho no es exclusivo de Colonial. También sucedió con Metrovacesa, que llegó a ser la primera empresa inmobiliaria del país. En su origen, Metrovacesa perteneció al BBVA, antes de que hombres como Joaquín Rivero y la familia Sanahuja se disputaran su propiedad. Después de todo aquello, más del 80% del capital es ahora propiedad de los bancos.
Durante cuatro años, de 2003 a 2007, Metrovacesa fue objeto de una intensa lucha por el poder entre Joaquín Rivero y los Sanahuja, una familia de empresarios que habían hecho mucho dinero sin salir de Cataluña. Tanto Rivero como los Sanahuja poseían empresas que tenían un tamaño muy inferior al de Metrovacesa. Y curiosamente, los Sanahuja acudieron a comprar acciones (un 4%) en ayuda de Rivero ante una opa lanzada por empresarios italianos. Esa colaboración se transformó en lucha sin cuartel por el dominio de Metrovacesa. Nueva traición: los Sanahuja pasaron de tener un 4% a más de un 20% sin el conocimiento de Rivero. Esa guerra terminó en un pacto: Rivero se quedó con una empresa francesa, Gecina, y los Sanahuja pasaban a desempeñar el control de Metrovacesa.
De haber sido unos gestores prudentes y poco dados a exponerse en público, los Sanahuja también cambiaron de comportamiento. Alquilaron (o compraron) aviones para vivir entre Madrid y Barcelona. Bajo su mando, Metrovacesa emprendió una alocada carrera de compras, sobre todo en el exterior. Adquirieron la sede del HSBC en Londres por 1.600 millones de euros (que luego vendieron por 1.000), activos en Alemania por valor de 280 millones, un complejo inmobiliario en Londres junto a compromisos para levantar un complejo de oficinas diseñado por grandes arquitectos, entre ellos Norman Foster. A finales de 2007, la deuda financiera de Metrovacesa alcanzaba los 7.000 millones de euros, 14 veces su beneficio bruto de explotación.
El 26 de octubre de 2010, Román Sanahuja dejaba la presidencia de Metrovacesa. Sacresa, la empresa familiar, presentaba concurso de acreedores con una deuda de 1.800 millones. La participación de los Sanahuja en Metrovacesa no alcanza ya el 2% cuando llegó a superar el 80%. Los bancos se hicieron propietarios de la compañía.
"El problema es que la suma del crecimiento del crédito junto al incremento del precio de la vivienda hizo solvente a mucha gente", explica el experto José Luis Suárez, profesor del IESE y autor de la página profsuarez.com. "Se cometieron dos errores. Uno, crecer demasiado. En 2006, el crédito de la banca al sector de la construcción e inmobiliario creció más del 40%. Otro error fue que no se tuvo en cuenta la vulnerabilidad de muchas empresas por el excesivo endeudamiento. Y finalmente se gestionó mal la crisis. El crédito concedido al sector sumaba cerca de 430.000 millones de euros y después de cuatro años esa exposición sigue estando en 415.000. A nivel macroeconómico no se ha hecho nada. Hay que tener en cuenta que la deuda soberana en los bancos españoles está en unos 220.000 millones de euros. El problema es que el sector no puede pagar porque solo los intereses anuales deben ser algo más de 20.000 millones y no se genera cash flow para pagarlos".
Algunos analistas culpan a los bancos de lo sucedido. Y a las compañías tasadoras, algunas de ellas propiedad de esos mismos bancos. Nadie quiso ver que los activos se sobrevaloraban, que los créditos eran cada vez más arriesgados, que el mercado se había vuelto tan loco que los peces chicos se estaban comiendo a los grandes.
La actitud de los bancos tiene alguna explicación: sacaban sus beneficios de estas compras. Así sucedió con Banesto, propietaria de la inmobiliaria Urbis, cuando Rafael Santamaría llamó a su puerta. Santamaría era propietario de Reyal, una empresa que tenía la mitad de tamaño que Urbis. Pero no importaba: había crédito para todo. Y Banesto cobraba 1.600 millones por la venta del 50,27% de Reyal. Urbis había firmado un crédito sindicado de 4.000 millones con entidades como SCH, Cajamadrid y Banco de Sabadell. Rafael Santamaría declaraba por entonces que haría más compras, seguramente para el año 2007. Salir a bolsa era una forma de poner en valor la fortuna adquirida por algunos de estos personajes a lo largo de los últimos años. Adquirir tamaño para luego diversificar. Pero nada de esto ha sucedido. Reyal Urbis va por su tercera refinanciación de una deuda que asciende a 3.654 millones de euros y se ha salvado, por un cambio legislativo, de tener que entrar en disolución. Los bancos siguen determinando la actividad de la compañía, que reconoce, a través de un comunicado, que ha facturado un 46% menos por venta de pisos que hace un año. Y que esa venta ha constituido la primera fuente de ingresos del grupo.
Rafael Santamaría fue durante esos años de oro un hombre accesible a la prensa. Jugaba a los pronósticos con el sector inmobiliario (llamó normalización al principio del desplome) y era conocido en ciertos foros como el constructor amigo de José Bono, presidente del Congreso en la última legislatura. A Santamaría le gustaba filtrar noticias a los periodistas, sobre todo las relacionadas con sus competidores, y alardeó durante un tiempo de que a él no le pasaría como a Fernando Martín o a Luis Nozaleda, que se vieron obligados a presentar concurso de acreedores. Él iba a optar por refinanciar. Lleva tres refinanciaciones y no puede dar un paso sin el permiso de los bancos.
Santamaría compartió con Francisco Hernando, conocido como El Pocero, relaciones con José Bono y actividad en Castilla-La Mancha. Pero El Pocero nunca aspiró a ser un grande aun cuando se convirtiera en uno de los constructores más conocidos gracias a su megaproyecto de Seseña (Toledo), a sus cuitas con el alcalde y a ciertos aspectos de su conducta que le convertían en el hombre que mejor cuadraba con los peores aspectos del estereotipo del constructor: un hombre sin cultura, de gustos horteras. El Pocero quiso edificar algo parecido a una ciudad porque, según comentó en su autobiografía, tuvo una revelación una tarde que observaba los parajes desolados de Seseña y escuchó una voz que le dijo: "Aquí construirás una ciudad a la que le pondrás tu nombre". Así nació la ciudad residencial Francisco Hernando. La crisis dejó su proyecto a medias: vendió su yate, dejó a los bancos las viviendas vacías y se refugió bajo el manto de un jefe de prensa, el conocido periodista Alfredo Urdaci, cuya primera gestión fue la de anunciar un megaproyecto en Guinea Ecuatorial, de común acuerdo con el dictador Obiang, para construir 20.000 viviendas. Aquella promesa fue puro humo.
Pero quien le terminó poniendo rostro al hundimiento del sector fue el empresario Fernando Martín. Por varios motivos. Uno, porque adquirió una breve notoriedad cuando sustituyó en la presidencia del Real Madrid a Florentino Pérez. Sin pretenderlo, se convirtió en un personaje para los imitadores y una víctima propiciatoria de las tensiones del fútbol. Hubo de convocar elecciones y desapareció del escenario sin pena ni gloria. Como movido por el destino, a partir de entonces todos sus actos adquirieron notoriedad. Tal fue así cuando adquirió Fadesa en 2006 por 4.000 millones de euros para convertir a la nueva Martinsa-Fadesa en una de las grandes del sector. Dos años después de la compra, Martín anunciaba el mayor concurso de acreedores de España: su empresa tenía una deuda de 5.200 millones de euros.
Fernando Martín dejó las entrevistas hace tiempo. Responde por él una agencia de comunicación que señala que Martín "se ha volcado en la gestión del mayor proceso concursal de España hasta culminar su salida en marzo de 2011". La agencia califica de "relevante" que Martinsa-Fadesa "sea la única gran inmobiliaria en la que el presidente y el Consejo de Administración de hace cuatro años siguen gestionando la compañía, frente a los cambios habidos en otras grandes compañías como Metrovacesa, Reyal (de facto), Vallehermoso, Colonial o Hábitat". La alusión a Reyal tiene doble intención, porque Santamaría sigue siendo su presidente, al menos en teoría. La nota también precisa que Martinsa reclama 1.576 millones a los anteriores dueños de Fadesa por haber ejecutado "un plan conscientemente dirigido a obtener una muy notable sobrevaloración de la compañía mediante la aportación de información falsa a la empresa responsable de la tasación de los activos". Teniendo en cuenta que aquella opa de Martinsa a Fadesa fue declarada como amistosa, puede ser que se produjera un nuevo caso de traición o engaño.
Sin embargo, algunas cifras de Martinsa no dejan de ser reveladoras de cómo está el sector: en 2010 vendió 1.170 viviendas sobre plano, de las cuales sólo 48 fueron en España. En 2011, llevan 717 ventas sobre plano. ¿Cuántas en España? Ninguna.
Pedro Pérez, presidente del denominado G-14, donde se concentran las grandes empresas del sector, reconoce que muchas de estas empresas en apuros están en la tercera renegociación de sus deudas ("están trihipotecados", dice el abogado de una de estas empresas). "Estamos en el quinto año y no se ve luz en el horizonte. Las licitaciones de obra nueva se están hundiendo. No hay nada igual desde que existen estadísticas. El sector ha expulsado ya un millón de empleos directos y se ve más de lo mismo. Estamos vendiendo la quinta parte de lo que se vendía en 2006. Qué sector aguanta esto". Hace cuatro años y 200 días que la música no suena para nadie en el sector inmobiliario.

Luis Portillo. Ambición sin límites

Empresario de Dos Hermanas (Sevilla), Luis Portillo ganó fortuna en los alrededores de la capital andaluza.
Hombre sin estudios, conoció en 2004 a Joaquín Rivero y decidió dar el salto a los negocios en Madrid entrando en el capital de Metrovacesa. Fue el inicio de la vorágine bursátil: se hizo con Inmocaral (antigua Fosforera), cuyas acciones se dispararon de precio. Después adquirió Colonial, luego entró en el accionariado de FCC y se hizo con el 100% de Riofisa, que compró por 2.000 millones de euros, aunque algunos expertos valoraban esta compañía en 400 millones. La bolsa hundió sus proyectos. Regresó a Sevilla para tratar de salvar su patrimonio personal. Los accionistas de Colonial ahora le reclaman 696 millones. -

Fernando Martín. Del Real Madrid a la ruina

El dueño de Martinsa nació en Trigueros del Valle, Valladolid, en 1947. Tiene 64 años. Es licenciado en Químicas. Hasta 2006 llevó una trayectoria muy discreta. Se sabía que era uno de los grandes propietarios de suelo de España, pero ese dato no era de dominio público. Fue en 2006 cuando saltó a la fama: siendo directivo del Real Madrid, asumió la presidencia tras la marcha de Florentino Pérez. Su mandato duró dos meses. Consejero y accionista de grandes empresas, dio el gran golpe con la compra de Fadesa. Fue una ruina. En 2008, Martinsa-Fadesa declaraba la mayor suspensión de pagos de España con una deuda superior a 5.000 millones de euros. Reclama a los dueños de Fadesa casi 2.000 millones por sobrevalorar sus activos.

ROMÁN SANAHUJA e hijos. Fuera de Cataluña esperaba la ruina

Los Sanahuja fueron empresarios muy conocidos en Cataluña, donde la empresa familiar cosechó sus primeros éxitos construyendo viviendas para los inmigrantes en los años 60. Se habían hecho con un prestigio y una sólida fortuna. Invitados por Joaquín Rivero a adquirir un pequeño paquete de acciones en Metrovacesa, terminaron convirtiendo esas acciones en la punta de lanza de una larga batalla por dominar esa empresa, la primera inmobiliaria de España. Su empeño por superar otras propuestas encareció la compra. Terminó cambiando acciones por deuda y no fue suficiente: el negocio familiar pagó la factura y entró en concurso de acreedores. Sus acciones en Metrovacesa se han reducido a poco menos de un 2% -

Enrique Bañuelos. Resurrección en Brasil

Astroc surgió como una pequeña inmobiliaria en el litoral levantino, presidida por un joven y desconocido empresario nacido en Sagunto (1966), Enrique Bañuelos.
Bañuelos tenía grandes planes para Astroc. Sacó a bolsa la compañía y la convirtió en la estrella del parqué con una revalorización que llegó a alcanzar el 1.000%. En 2006 Bañuelos entraba en la lista Forbes de los hombres más ricos. La buena racha se torció. Dejó España y se marchó a Brasil donde fundó la inmobiliaria Veremonte, con la que pretende levantar una ciudad sanitaria en Sao Paulo. Ahora ha diversificado y ha entrado en el sector agroindustrial. Domina la sociedad Vanguarda Agro, el mayor grupo industrial de Sudamérica. Pretende entrar también en el sector de la energía. -

Rafael Santamaría. Una mala apuesta de última hora

La sociedad inmobiliaria que Rafael Santamaría (padre) fundó en 1970, fue el germen de una pequeña constructora que se convertiría en promotora. Rafael Santamaría (hijo) transformó su herencia en el imperio Reyal Urbis.
Dueño de Rafael Hoteles, este aparejador, que fue presidente de la patronal de promotores de Madrid (Asprima), ha hecho el grueso de sus negocios en el sector inmobiliario. Su amistad con José Bono, el presidente del Congreso, ha terminado relacionándole con informaciones de supuestos tratos de favor. Su gran operación se produjo en 2007. Reyal engulló Urbis, la inmobiliaria de Banesto. La operación coincidió con el reventón de la burbuja inmobiliaria. Ha renegociado tres veces su deuda y acaba de salvarse de la disolución de la empresa. -

Francisco Hernando. El hombre que soñó una ciudad

Francisco Hernando, conocido como El Pocero, empezó desde abajo, limpiando fosas, cañerías, poniendo ladrillos y construyendo casas. Con los años fue extendiendo sus actividades en los alrededores de Madrid (Villaviciosa de Odón, Boadilla...) al tiempo que esa expansión iba relacionada con incidentes escandalosos y con denuncias de alcaldes que se sentían amenazados por él. Su gran obra iba a ser Seseña y fue otro escándalo: una ciudad con 13.500 viviendas. El proyecto quedó inacabado. Le dejó las viviendas vacías a los bancos y vendió sus dos yates, el Clarena I, adquirido por Villar Mir en 30 millones, y elClarena II, con el doble de eslora del Fortuna de la Casa Real, comprado por un sudamericano por 58 millones.

Luis Nozaleda. Una mala pasada en la bolsa

Luis Nozaleda, presidente del grupo Nozar, un conglomerado de empresas propiedad de la familia Nozaleda, llegó a figurar en el puesto número 36 de los hombres más ricos de España según la revista Forbes. Había invertido en las compañías cotizadas que mejor marchaban en bolsa, entre ellas Colonial, Astroc y Aisa. El valor de sus acciones en el mercado llegó a alcanzar los 1.000 millones de euros, según algunas fuentes. Pero llegó el hundimiento de estas compañías y esa valoración se evaporó. Compró valores y compró suelo en el peor momento. Luego llegaron el concurso de acreedores y una dramática venta de los numerosos activos de la empresa. Pasa por ser el de comportamiento menos soberbio de aquellos magnates.

La vivienda protegida no arranca (Málaga Hoy)


En los primeros nueve meses del año sólo se ha expedido calificación provisional para 50 VPO, todas ellas en Pizarra · Entre 2008 y 2010, la Junta ha impulsado en la provincia 42 actuaciones de este tipo
SEBASTIÁN SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 07.11.2011 - 01:00
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La promoción de VPO de Soliva, impulsada en los últimos años por el Ayuntamiento de Málaga.
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La fórmula mágica que iba a permitir mantener activo el motor de la industria del ladrillo, la vivienda de protección oficial, sigue sin ser más que una ecuación sobre el papel. Los datos oficiales de la Junta de Andalucía, correspondientes a las calificaciones provisionales de este tipo de promociones, que indican los pisos impulsados, es tan revelador como descorazonador, puesto que sólo registra 50 actuaciones en toda la provincia de Málaga en los nueve primeros meses del año y todas ellas en el municipio de Pizarra. En las otras cien localidades, nada de nada. 

Este dato pone de relieve la nula actividad de un sector, el de la edificación, lastrado por la crisis y que se enfrenta a una notable contradicción. La lógica lleva a pensar que en un momento como el actual, cualquier ciudadano de a pie optaría preferentemente por las viviendas a precio asequible como alternativa al mercado libre. Pero este paso está mermado por la negativa de los bancos y cajas a prestar dinero, como bien saben los alrededor de cien adjudicatarios de Soliva, que no pueden acceder al piso por no tener financiación. 

La información de la que dispone la Consejería de Obras Públicas dibuja una línea de actuación que cae de forma clara respecto a anualidades anteriores, en las que sin llegar a unos parámetros excesivos, sí rondaban o superaban el millar de intervenciones. Frente a las 50 antes mencionadas, en todo el ejercicio de 2010 fueron 815 las VPO que recibieron calificación provisional, la inmensa mayoría, 725 en régimen de venta (90 en alquiler). Estas promociones se localizaron en ocho localidades, situándose Málaga como la más activa, con 424 intervenciones, siendo además el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) el principal promotor, con 398. 

Pero los registros de 2010 corroboran una caída considerable en la apuesta por esta modalidad residencial, aplicable en términos aún mayores a la vivienda libre. En 2009, según los datos de la Junta, se expidió calificación provisional para 1.847 VPO, de las cuales 1.561 fueron en venta y el resto en alquiler. La capital de la Costa del Sol acaparó 762 unidades, seguida de Manilva, con 248 pisos. El dato fue de 1.066 en 2008. 

Pero las cifras constatan otra realidad crítica: el escaso papel que juega la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (Epsa) en la construcción de pisos a precio asequible en la provincia. Entre 2008 y 2010, el organismo autonómico sólo impulsó 42 viviendas protegidas (28 en 2010 y 14 en 2009). En la primera de estas anualidades, su peso en el global de las actuaciones fue de apenas del 3,4%, mientras que en el segundo ejercicio, en el que fueron calificados 1.847 pisos, lo fue del 0,75%. En 2008, Epsa no impulsó ninguna VPO, según las estadísticas autonómicas. 

"Se hablaba de la rehabilitación y de la VPO como la salvación del sector, pero es falso", sentencia la gerente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, que es clara al asegurar: "No se pueden hacer viviendas protegidas porque los números no salen". Aspecto al que se suma, añade, el problema de la financiación. "A los bancos les cuesta dar dinero a los compradores", añadió. Ante esta situación, el colectivo lleva meses planteando alternativas a la Junta, con el fin de "incentivar" el sector. Entre ellas, Aragón habla de la posibilidad de permitir al empresario destinar las viviendas en régimen de venta a alquiler, modificación que permitiría saltar el escollo de la financiación. "Pero eso hoy es un mundo", aclara. 

En los últimos ejercicios, la respuesta dada desde la Administración regional para justificar esta dejación de funciones era la negativa de muchos ayuntamientos a facilitar suelos en los que desarrollar estas obras. Sin embargo, la empresa pública sigue sin desarrollar actuaciones largamente prometidas en el tiempo en terrenos que son de su propiedad, como las conocidas tecnocasas del centro histórico, que son pisos sociales en alquiler destinados a jóvenes profesionales, al objeto de que puedan reunir en un mismo espacio la zona de residencia y de trabajo. 

A ello se suma la paralización de otros dos proyectos de envergadura: la construcción de unas 1.300 VPO en Lagar de Oliveros y la determinación de adquirir el derecho a edificar casi un millar más en el sector de Sánchez Blanca. En el primero de los casos, hace ahora algo más de dos años cuando el Consejo de Gobierno andaluz autorizó una inversión de 29 millones para la compra de 30 hectáreas de suelo en Soliva Norte-Lagar de Oliveros, parte de las cuales están en el área de oportunidad residencial dibujada en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana (Potaum) de Málaga. Este paso daba impulso a la puesta en marcha de una actuación con la que se buscaba responder a la elevada demanda de vivienda a precio asequible que existe en la capital de la Costa del Sol. Lo que no se precisaba por parte de la Administración autonómica era si sería Epsa la que iba a asumir el desarrollo de estas parcelas o si se pondrán a disposición de otros promotores.

Urbanismo devolverá el orden perdido a la calle Jerónimo Bobadilla (La Opinión)

El concejal Diego Maldonado señala que tomará las medidas para devolver la tranquilidad y la seguridad a los vecinos





Un grupo de vecinos, en mayo de este año, delante de una de las dos obras abandonadas desde 2008 en la calle Jerónimo Bobadilla.
Un grupo de vecinos, en mayo de este año, delante de una de las dos obras abandonadas desde 2008 en la calle Jerónimo Bobadilla.  Arciniega
ALFONSO VÁZQUEZ El pasado 30 de mayo Línea Directa se hizo eco de los desvelos de un grupo de vecinos de la calle Jerónimo Bobadilla, una vía que comunica Héroe de Sostoa con la avenida de Europa, en la Carretera de Cádiz.

Desde 2007 están soportando la vecindad de dos obras que fueron abandonadas un año más tarde, sendas promociones de viviendas, las dos casi concluidas, a las que les cogió el vendaval de la crisis económica.

El resultado, cuatro años más tarde, es el material de obra acumulado en la calle y taponando la acera (y la calzada en una de ellas), mientras se han convertido en unos edificios en los que los ladrones y los indigentes tienen vía libre, arramblando con grifos, termos, luces y todo lo que se pueda extraer. La ocupación de la calle por material de obra se convierte además en un problema cuando llueve, pues forma un enorme charco que impide avanzar por la calle. La primera promoción de estas obras paralizadas tiene 39 viviendas y la otra, más pequeña, cuatro plantas.

Cuando se escribió el artículo, pocos días después de las municipales, esta sección apenas pudo recabar una respuesta bastante escueta de la Gerencia de Urbanismo.

En agosto, los vecinos de la calle Jerónimo Bobadilla volvieron a salir en estas páginas para denunciar el empeoramiento de la situación: continúan los robos a cualquier hora del día, lo que intimida a los vecinos, que ni siquiera pueden subir a sus terrazas a tender la ropa. «Mi madre, que es mayor, iba a tender la ropa pero tuvo que meterse dentro porque había dos personas con mala pinta subiendo y bajando escaleras», explicaba entonces una vecina.

Línea Directa se ha vuelto a poner en contacto con ella y la situación continúa en el mismo tono: «Siguen yendo indigentes, la situación es la misma, no deja de entrar y salir gente y parece que también hay prostitución, no es algo muy agradable», precisó.

Línea Directa pudo hablar el pasado jueves con el concejal de Urbanismo, Diego Maldonado, que declaró que se comprometía a informarse «mañana mismo» (por el viernes) en la Gerencia de Urbanismo «y a impulsar las medidas necesarias para despejar la calle y que se garantice la tranquilidad de los vecinos y la seguridad de los vecinos».

El concejal solicitó además a esta sección varias fotografías de la calle Jerónimo Bobadilla y algunos datos más. La reacción de Diego Maldonado ha sido recibida con satisfacción por los vecinos. Esta sección espera poder informar en breve tiempo de que el problema ya está, al menos, en vías de solución.

Mijas urbanizará los accesos a los nuevos colegios para que la Junta agilice su construcción. Mijas (SUR)


Las primeras obras se contemplan para los centros Séneca y el ubicado junto al IES La Vega, donde se proyectó una ITV
07.11.2011 - 
MARI CARMEN JAIME
 
MIJAS.

Mijas urbanizará los accesos a los nuevos colegios para que la Junta agilice su construcción
Un módulo de prefabricadas en Las Lagunas. :: M. C. J.
Acabar con la escasez de plazas públicas en centros escolares de educación Infantil y Primaria que existe actualmente en el término municipal es uno de los objetivos principales del Ayuntamiento de Mijas. Por ello y tras mantener varias reuniones con el Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) dependiente de la Junta de Andalucía, éste ha aceptado la propuesta del equipo de gobierno referente a los proyectos de urbanización de los accesos a los colegios previstos en Las Lagunas. Así, el Consistorio podrá acometer las obras relativas a la puesta a punto de los accesos a los inmuebles, sin necesidad, como ocurría hasta el momento, de tener que ejecutar estas tareas en todo el sector urbanizable ni esperar al desarrollo de los planes parciales correspondientes.
Con la propuesta aprobada, el planteamiento del equipo de gobierno para ahora por realizar las inversiones necesarias, relativas la urbanización de los accesos a los centros públicos, independientemente del futuro desarrollo privado que pueda tener cada uno de los sectores. De esta forma «se disminuyen costes a las arcas municipales y se acortan plazos para que la Consejería de Educación recepcione los terrenos y comience con la construcción de los colegios», apuntó el concejal de Urbanismo de la localidad, Manuel Navarro.
Centros en Las Lagunas
Esta decisión afectaría inicialmente a los proyectos escolares previstos en el núcleo lagunero: por un lado el Séneca - que vendría a sustituir a las aulas prefabricadas instaladas en el Colegio Tamixa - y también el previsto en los terrenos de las inmediaciones del IES La Vega, donde anteriormente había proyectada una estación de la ITV. Gracias a esta decisión y en el primero de los casos, el equipo de gobierno podrá agilizar el procedimiento para el concurso público de licitación, que permite la contratación de las obras de urbanización en el solar donde irá ubicado el centro, que una vez puesto en marcha, permitirá la eliminación de las actuales aulas prefabricadas en el núcleo.
Y es que, en los últimos años la población en edad escolar de nivel Infantil y Primaria ha crecido enormemente en el municipio, aunque especialmente en el entorno de Las Lagunas, núcleo que acoge a la mayor parte de los mijeños. Así las cosas, la intención pasaba por adelantar parcelas en sectores aún no desarrollados. Antes de este acuerdo, se planteaba el problema de poner en marcha un centro escolar en una zona donde la falta de servicios públicos- iluminación, viales o canalizaciones, entre otros- era más que evidente.
En palabras de Navarro, «se ha llegado a un acuerdo gracias al planteamiento serio y riguroso que ha realizado el Ayuntamiento», además de por la «la realidad que afecta a las arcas municipales, porque los responsables del ISE son conscientes de que una administración local, en plena crisis económica, no puede soportar ni adelantar unos gastos de urbanización que, por otro lado, no les corresponden».
En las últimas semanas desde la administración local se denunciaba la falta de 600 plazas para escolares, ante lo cual reclamaban al gobierno autonómico la construcción, en el menor tiempo posible, de al menos dos edificios destinados a educación Infantil y Primaria en Las Lagunas.

Ávila Rojas exige la devolución de 8,5 millones al Ayuntamiento de Marbella (SUR)


La constructora granadina Ávila Rojas ha acudido a los juzgados de Málaga para reclamar al Ayuntamiento de Marbella la devolución de 8,5 millones por obras iniciadas y paralizadas en su día, que en el nuevo Plan de Ordenación Urbana no están permitidas. Fuentes consultadas de esta constructora mantienen que esta primera reclamación es una «insignificancia en comparación con la deuda real existente, que fácilmente puede triplicar esta primera cantidad de dinero».
El promotor granadino José Ávila Rojas, dueño de esta constructora, que actualmente cumple condena en tercer grado penitenciario, apela a la necesidad de que el Consistorio le compense o le devuelva el dinero abonado ya en licencias urbanísticas, adquisición de solares o compensaciones urbanísticas, que «con el nuevo PGOU no podrán cumplir», apunta Ávila Rojas. «Lo reclamado hasta el momento solo se corresponde con obras paralizadas, pero hay muchas cosas más que nos han costado mucho dinero y no estamos dispuestos a perder», denuncia este promotor, imputado en el 'caso Malaya' y para quien la Fiscalía solicita 10 años de cárcel y 55 millones de multa.
Obras paradas
La Comisión Gestora que se hizo cargo del Ayuntamiento de Marbella fue la responsable de paralizar las obras de los hoteles Bahía Golf y Crucero Banús, así como un amplio complejo de viviendas en San Pedro. «Son obras paradas donde se ha hecho una inversión económica bastante grande y eso es lo que hemos reclamado».
El nuevo PGOU del municipio clasifica como suelo público, es decir, destinado a equipamientos o construcción de vivienda protegida, fundamentalmente, los solares donde se empezaron a levantar los dos hoteles, mientras que el complejo de viviendas se edifica sobre el suelo con otra calificación distinta pero que también frena el desarrollo de la obra.

El registro de la propiedad cae un 41% en Málaga (SUR)


Los registradores andaluces prevén que para finales de este año se obtenga una bajada acumulada del número de documentos gestionados del 45,59 % en toda Andalucía, desde el inicio de la crisis, en 2007, según indicaron fuentes del sector, que reconocen la existencia de registros «deficitarios». Entre 2005 y 2011, el registro de documentos ha bajado en un 41% en la provincia de Málaga, según señalan.