martes, 1 de noviembre de 2011

Urbanismo frena el intento de lucro en dos expropiaciones (La Opinión)


Los propietarios piden 34 millones de € por suelos que adquirieron por 432.000 € hace 7 meses






Una vista aérea de la parcela situada en San Vicente de Paul, en El Limonar.
Una vista aérea de la parcela situada en San Vicente de Paul, en El Limonar.  La Opinión
JAVIER GARCÍA RECIO El Ayuntamiento de Málaga va a frenar dos nuevos intentos de enriquecimiento desproporcionado de dos empresas que adquirieron terrenos que debían ser expropiados por la Gerencia de Urbanismo, para a continuación reclamar por la expropiación de esos suelos cantidades muy superiores a las desembolsadas por ellos en la compra. Todo ello en un corto espacio de tiempo y sin haber realizado ninguna modificación en dicho suelo.

Los dos proyectos de expropiación se verán en el consejo de la Gerencia de Urbanismo del próximo jueves donde el Ayuntamiento aprobará fijar unas expropiaciones muy por debajo de las exigidas por las dueños de las dos parcelas.

Esto se debe a que estas parcela, al igual que otras que están en el entorno de Gibralfaro, figuraban en el PGOU de 1997 como suelo a obtener por el Ayuntamiento para sistema general. La ley señala que si esos suelos no son obtenidos por la administración en el plazo de cuatro años desde la aprobación del PGOU, sus propietarios podrán reclamar su expropiación «por ministerio de ley», es decir, de forma forzosa y el Ayuntamiento está obligado a realizarla.

En el primer caso se trata de una parcela de 6.024 metros, en el Camino de la Desviación, en El Morlaco. La finca fue adquirida en dos operaciones, una de compra y otra de aportación entre los meses de abril y diciembre de 2005 por 56.250 euros y 70.000 euros, sumando un total de 126.250 euros. Sólo tres meses después, el 4 de marzo de 2006, la empresa propietaria del solar presentó ante la Gerencia de Urbanismo solicitud de expediente de expropiación forzosa, presentando una valoración de 16.669.189 euros.

La comisión provincial de valoraciones, un órgano independiente cuyos miembros son nombrados por la administración autónoma y que está encargado de determinar el justiprecio de las expropiaciones forzosas cuando hay litigio, valoró la finca en 5.566.949 euros.

Ahora el Ayuntamiento, tras el informe del servicio de valoraciones ha fijado para la finca un justiprecio de 729.870 euros, estimando que es el precio más ajustado, muy lejos de los 16,6 millones que pretende obtener la empresa propietaria del solar.

El segundo caso que se verá el jueves corresponde a otra finca de calle San Vicente de Paul, en El Limonar, cerca del Castillo de Santa Catalina. La sociedad mercantil propietaria de la finca realizó la compra en febrero de 2004 y pagó por sus 8.818 metros 432.000 euros.

Solo siete meses después, y sin haber realizado ninguna alteración en el terreno, presentó la solicitud de expropiación al Ayuntamiento valorando la finca en 34.239.178 euros por su expropiación. De 432.000 euros a 34 millones, lo que supone casi un 8.000 por ciento más.
La comisión de valoración lo ha tasado en 2.342.766 euros. Ahora el Ayuntamiento va a fijar una valoración de 952.269 euros, más otros 284 euros por la arboleda.

El Tribunal Supremo avala la orden de demolición del club náutico de Torre del Mar. Vélez-Málaga (SUR)


El Ayuntamiento de Vélez solicita a Costas la cesión provisional de las instalaciones en un intento de frenar la derribo del edificio

El Tribunal Supremo avala la orden de demolición del club náutico de Torre del Mar
El Club Náutico está en el paseo marítimo de Torre del Mar. :: A. P.
El fantasma de la demolición vuelve a planear sobre las instalaciones del Club Náutico de Torre del Mar, edificio incluido por la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía en octubre de 2006 en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz.
La sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha dictado, con fecha 19 de septiembre de 2011, una sentencia por la que rechaza un recurso de casación presentado por la Asociación Club Náutico de Torre del Mar contra la demolición del edificio. El recurso fue presentado contra un fallo judicial de la Audiencia Nacional de 2007 desestimando otro anterior contra la orden del Ministerio de Medio Ambiente de 25 de junio de 2004 denegando al colectivo la concesión de las instalaciones y ordenando la demolición del inmueble.
El fallo del TS avala por tanto la orden de demolición dictada por Medio Ambiente hace ahora siete años, lo que ha llevado al Ayuntamiento a aprobar por vía de urgencia en el último pleno de la corporación una propuesta de la Alcaldía dirigida a conseguir la conservación de las instalaciones y su explotación por parte del Consistorio. En concreto, el pleno ha pedido a la Demarcación de Costas la cesión provisional de las instalaciones hasta tanto el Ayuntamiento no tramita el expediente de concesión definitiva.
Escuela Náutica
La intención de la corporación, según consta en la propuesta aprobada por el pleno, es ubicar en el edificio una Escuela Náutica Municipal, para lo cual se ha realizado la correspondiente solicitud a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta. Una vez obtenida la concesión, el Ayuntamiento no descarta pactar con el Club Náutico un uso compartido de las instalaciones.
La asociación Club Náutico de Torre del Mar ha sido titular de las instalaciones desde el 21 de noviembre de 1969, gracias a una concesión otorgada por 15 años. La concesión autorizaba al club a ocupar unos 2.600 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre para la construcción de la edificio social, un embarcadero deportivo, una piscina y unas pistas deportivas. La concesión en cuestión fue prorrogada posteriormente hasta el 31 de diciembre de 1989.
El Club Náutico volvió entonces a solicitar otra concesión, aunque le fue denegada por Orden Ministerial de 4 de octubre de 1989. La decisión fue recurrida y desestimada por sentencia de la Audiencia Nacional de 3 de junio de 1991. El fallo fue confirmado en apelación por la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 1994.
En 1999, la Asociación Club Náutico de Torre del Mar volvió a solicitar nuevamente la concesión, siéndole denegada por la Orden Ministerial de 25 de junio de 2004 y confirmada por silencio en reposición. El Ministerio denegó la concesión a la vez que ordenaba a la Demarcación de Costas en Málaga que procediera en el plazo de tres meses a la demolición de todas las instalaciones.
Aunque el edificio principal del Club Náutico está incluido en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, la protección del inmueble no incluye la zona de la piscina ni los almacenes. La protección está recurrida por Costas.
El edificio cuenta con dos plantas y dos zonas diferenciadas: una social y otra destinada a embarcaciones. La planta se organiza en tres círculos de distinto tamaño y varios rectángulos. El elemento más destacable es la torreta en forma de cono invertido para control de competiciones.

El euríbor vuelve a subir y encarece las hipotecas en casi 40 euros al mes (SUR)


Si le revisan este mes la hipoteca, ya puede ir haciéndose a la idea de que en la próxima cuota deberá desembolsar unos 40 euros más. El euríbor ha roto con dos meses consecutivos de caídas y ha cerrado octubre en el 2,11%, su nivel más alto desde julio, cuando acabó en el 2,183%. Respecto al mismo mes del año pasado, el indicador al que están referenciados la mayoría de préstamos en España ha subido 0,615 puntos. Traducido en euros, supone que una hipoteca media de 120.000 euros a un plazo de 25 años y un diferencial de euríbor + 1% con un tipo de revisión anual se encarecerá unos 38 euros mensuales o 454 euros al año.
Los expertos consultados por Europa Press esperan que el indicador mantenga la senda alcista que ha seguido durante todo el año, después de las bajadas consecutivas en agosto y septiembre, si bien, descartan que se anote ascensos «significativos». Las revueltas en el Norte de África y su incidencia en el precio del petróleo propiciaron que el BCE subiera los tipos de interés al 1,5% en julio, justo cuando la economía europea empezaba a recuperarse, lo que incidió también en un aumento del euríbor .
Para la analista de Self Bank Covadonga Fernández, el precio del dinero al que los bancos se prestan entre sí, que queda fijado por el euríbor, podría seguir su senda alcista ante la dificultad de las entidades financieras para acudir al mercado a financiarse. «Pero sería una subida poco significativa», matiza.
La crisis de deuda pública volvió a encender las alarmas sobre un estancamiento económico, si bien el presidente del BCE, Jean Claude Trichet, no cedió a las presiones y decidió mantener el precio del dinero en el 1,5% actual. Ahora, las expectativas en torno al cambio en la dirección del banco central del Viejo Continente, con el inicio del mandato de Mario Draghi, apuntan a una rebaja de tipos, lo que serviría para aligerar la carga que tienen que soportar las familias por sus hipotecas.

El nuevo 'desahucio exprés' beneficiará a unos 900 propietarios al año en Málaga (SUR)


Los expertos dudan de la eficacia de la norma y advierten de que los procedimientos se alargarán por el atasco en los juzgados
01.11.2011 - 
M. ÁNGELES GONZÁLEZ maguisado@diariosur.es
 
MÁLAGA.

El nuevo 'desahucio exprés' beneficiará a unos 900 propietarios al año en Málaga
Los desalojos se prolongan varios meses. :: SUR
El año pasado 878 inquilinos acabaron en los juzgados malagueños por no pagar el alquiler. Los datos, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ponen de relieve, además, que la provincia es una de las más conflictivas de España en este aspecto, hecho que tiene su reflejo en los tribunales, donde se amontonan los procedimientos por este asunto. Y llegan los retrasos. El cuello de botella que se forma en los servicios judiciales ha hecho que el llamado 'desahucio exprés', aprobado en el año 2009, no haya conseguido sus objetivos.
Ayer entró en vigor una nueva ley que pretende agilizar el lanzamiento y que en la teoría podría beneficiar al menos a unos 900 arrendatarios cada año en la provincia. Sin embargo, la falta de medios humanos en los juzgados hace que expertos del sector consultados por este periódico duden de la eficacia de la norma.
Fundamentalmente, la Ley de Medidas de Agilización Procesal establece un periodo de diez días para que el inquilino, una vez presentada la demanda por impago, abone la cantidad adeudada, abandone la vivienda o presente las alegaciones por las que se opone al pago. Si transcurrido ese plazo el demandado no ha respondido, el secretario judicial procederá directamente a dar fecha para el desahucio. Hasta ahora, tras la demanda por impago el juzgado señalaba la fecha del juicio, en la que se reconocía al propietario el derecho a recuperar su vivienda, así como la fecha de lanzamiento, lo que alargaba los plazos meses.
«Fabuloso» si funciona
«La medida es fabulosa siempre y cuando funcione. Ahora en tres meses teóricamente el inquilino que no pague tiene que estar en la calle, pero la realidad no es así por el colapso de los juzgados», señala el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga, Cayetano Rengel, que apunta que la celeridad en los trámites provocaría más rotación en el mercado inmobiliario y más seguridad y tranquilidad a los propietarios. «La nueva ley es bien recibida y supone un avance enorme, pero si no va acompañada de una ampliación del personal de los juzgados parece difícilmente viable», argumenta.
En la misma línea, el gerente de la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda Arrenta, su gerente, Carlos Ruiz, se lamenta de que el cambio legal con el que se pretendía agilizar el proceso judicial para desalojar a los inquilinos morosos se ha quedado en papel mojado por la realidad de los juzgados. Y la nueva norma, a su juicio, no va a resolver el problema. «Es más de lo mismo. El 'desahucio exprés' no ha sido efectivo porque no hay medios materiales y humanos que puedan desarrollar esta idea y el cuello de botella va a seguir siendo el mismo en la gran mayoría de partidos judiciales. Si en un futuro se resuelve este problema puede dar resultado, pero ahora no creo que sirva para nada», explica Ruiz, que defiende el sistema de arbitraje como «el auténtico 'desahucio exprés', ya que es el único que en permite tener una sentencia en treinta días».
En la capital malagueña, según abogados consultados, desde que se presenta la demanda hasta que se produce el desalojo pasan como mínimo seis meses, muy lejos de los sesenta días que se puso como meta en la anterior reforma legal.