viernes, 14 de octubre de 2011

El muelle 1 y su cuenta atrás (Málaga Hoy)


La promotora quiere abrir el nuevo espacio comercial el próximo 29 de noviembre · Se baraja una guardería junto a la esquina
S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 13.10.2011 - 01:00
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Vista del muelle 2, con el Palmeral de las Sorpresas (a la derecha) y del muelle 1, donde se ejecuta el nuevo centro comercial.
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Una quincena de obreros, afanados en los trabajos de urbanización y de desarrollo de los locales.
Son meses de cuenta atrás. Lo son para la autopista de peaje, que desgrana los días para llegar a final de mes y entrar en servicio de la mano de los dos tramos de la hiperronda que restan aún por abrir; y lo es también para otro de los proyectos emblemáticos de la capital de la Costa del Sol: la reconversión en uso comercial del muelle 1 del puerto de Málaga. El proyecto, que una vez culminado supondrá una inversión de unos 80 millones de euros, va a permitir a la ciudad disponer de una segunda calle Larios a pie de mar, donde abrirán sus puertas más de 70 locales comerciales, distribuidos entre restaurantes y espacios de moda. 

La promotora de la actuación, Iniciativas Marina de la Farola, tiene marcado en el calendario el día 29 de noviembre como fecha para la inauguración del espacio. Una circunstancia que está obligando a los obreros a acelerar el ritmo de los trabajos de culminación de la urbanización y de adecuación de los establecimientos. Fuentes próximas al proyecto informaron de que, en el momento actual, la oferta de restauración está prácticamente completa, con una veintena de espacios, mientras que la reservada para moda alcanza el 75% de la ocupación prevista, con más de medio centenar. 

Pero en esta recta final, aún existen algunas dudas por resolver, radicadas, en su mayor parte, en la terminación del edificio cultural que se levanta en la esquina de los muelles 1 y 2, y en el uso final que tendrá la superficie comercial más próxima a este equipamiento, en origen prevista para acoger un supermercado de la firma Carrefour. 

Tras meses de polémica ciudadana y política, el Consejo de la Autoridad Portuaria acabó tumbando la iniciativa empresarial, alegando que era un uso inadecuado y no contemplado en el pliego de concurso por el que se adjudicó el proyecto. Esta circunstancia obligó a los promotores del muelle 1 a buscar alternativas en un momento crítico desde el punto de vista económico. Formalmente, el único apunte realizado por la empresa fue que los alrededor de 2.000 metros cuadrados de uso comercial que quedaban vacíos ante el rechazo al supermercado iban a ser ocupados por usos deportivos y vinculados a la familia. Fuentes consultadas apuntaron que la idea de los promotores es que en esta zona se levante, entre otras instalaciones, un parque infantil y una guardería, así como otras dependencias vinculadas a los niños. 

Otra de las incógnitas radica en qué ocurrirá con la prohibición de que las tiendas, a excepción de los restaurantes, puedan abrir en domingo y festivos, tal y como marca una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La resolución pone fin a un contencioso administrativo iniciado en 2008 por la Unión de Iniciativas Marina de la Farola contra la decisión de la Junta de Andalucía de limitar la apertura de los comercios. Ante esta situación, las fuentes indicaron que la promotora no se da por vencida y que analizará todas las opciones posibles para que las tiendas abran en esos días. 

Sobre ello, el presidente de la Federación de Comerciantes de Málaga (Fecoma), Enrique Gil, recordó que la ley autonómica es clara. "Otra cosa es que se piense que sea conveniente o atractivo el poder abrir esos locales y eso sería cuestión de hablarlo", expuso. Gil aludió con ello a la opción de que desde el Ayuntamiento de la ciudad se reclame la declaración del centro histórico, incluyendo el muelle 1, como zona de gran afluencia turística, figura que sí avalaría la idea de abrir en domingos y festivos. 

El representante de los comerciantes justificó este paso en el importante flujo de turistas que llegan a la capital de la Costa del Sol en fines de semana y días de descanso. "El pasado domingo llegaron del orden de 6.600 cruceristas a la ciudad", apuntó. Visitantes que de mantenerse la actual situación no podrían beneficiarse de los locales de moda del muelle 1. 

Otro interrogante se posa sobre el edificio cultural, del que se desconoce quién lo gestionará. El pasado lunes, el alcalde, Francisco de la Torre, admitía no tener novedades y confiaba en que Unicaja mantuviese su interés por explotar las instalaciones. Pero ¿será a través de un concurso público? Porque, según el Plan del Puerto, la única obligación de la promotora pasa por ejecutar las instalaciones y entregárselas al Consistorio, que será el que fije su uso final y decida si lo gestiona directamente o lo cede a un tercero.

Los bancos embargan 13.789 casas y 6.737 familias han sido desahuciadas (Málaga Hoy)


La crisis ha provocado desde el año 2008 hasta junio de 2011 otros 26.659 embargos de bienes patrimoniales, nóminas y saldos bancarios · La devastación se ceba con las mujeres con niños a su cargo
ENCARNA MALDONADO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 13.10.2011 - 11:20
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Mayte con su bebé abandona su casa en Las Flores desahuciada por impago. Alrededor, vecinos y miembros del 15-M.


Los bancos han embargado desde que en 2008 se torció la coyuntura económica 13.789 viviendas en la provincia de Málaga por impago de la hipoteca. Para comprender la dimensión de este fenómeno sólo hay que imaginar que todas y cada una de las casas de un municipio como Alhaurín de la Torre quedaran de la noche a la mañana en manos de entidades financieras. El embargo es sólo el primer paso en la cadena de la desesperación de las familias. Primero se produce la ejecución hipotecaria y después el lanzamiento a la calle de la familia que ocupa la vivienda. En los últimos tres años y medio se han producido en la provincia 6.737 desahucios. Si, de acuerdo con las estadísticas que habitualmente utilizan los urbanistas, cada casa cuenta con una media de 2,3 residentes, 15.495 personas han perdido su hogar en Málaga. Esto es como si todos los vecinos de Torrox hubieran sido expulsados de sus viviendas por no pagar el recibo de la hipoteca o del alquiler. 

Los datos manejados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para analizar el impacto de la crisis en los juzgados y actualizados hasta junio de 2011, van todavía más allá. No sólo ha habido familias que se han visto en la calle o que están sujetas a la ejecución de sus hipotecas, hay otras 26.659 que sufren embargos (de nóminas, saldos bancarios, casas, coches y demás activos patrimoniales). Esto es como si todos los residentes en Nerja y Frigiliana tuvieran un embargo sobre sus espaldas. Los efectos de la crisis económica en las familias han alcanzado cotas desconocidas y, por el momento, no hay visos de que la tormenta vaya a amainar. En 2008 se produjeron en Málaga 1.010 desahucios, una cifra que creció un 50% el año siguiente (1.508) y remontó otro 60% en 2010, hasta alcanzar los 2.419. 

Los dos primeros trimestres de este año conservan este ritmo con 1.800 lanzamientos que suponen un aumento del 46% respecto a la última mitad del año pasado. Es decir, cada día son expulsadas de sus casas cerca de seis familias por impago. Desde 2010 tienen lugar cada trimestre más de medio millar de lanzamientos, mientras que en los primeros tres meses de 2008, cuando la crisis todavía no había concluido la devastación de las economías familiares apenas si se superaron los 200. La evolución de las ejecuciones hipotecarias sigue a velocidad de crucero desde hace dos años y medio. En 2007, antes de que la economía se derrumbara, se contabilizaron 1.140 en la provincia, una cifra que ahora se alcanza prácticamente en un único trimestre. Sólo hay que tener en cuenta que entre abril y junio de este año se han registrado 988 y desde enero a marzo otros 989. 

El desbocamiento de los embargos inmobiliarios por no afrontar la hipoteca experimentó el año pasado un ligero amortiguamiento que se ha mantenido durante la primera mitad de 2011. En el primer trimestre se han registrado 1.556 y en el segundo 1.420, frente a los 2.700 y 2.376 de los mismos periodos del año pasado. De hecho, 2010 concluyó un 19% menos, pero todavía fueron 8.155. El único fenómeno nuevo que se ha vivido desde que comenzó la crisis a hacer estragos en las familias reside en que los desahucios empiezan a abandonar las tinieblas de los números y las estadísticas para cobrar rostro y convertirse en un problema que alcanza a las clases medias y se ceba con las mujeres separadas al cargo de menores. Ahí reside, precisamente el éxito que se han anotado las concentraciones contra los desahucios promovidas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Movimiento 15-M. Estas organizaciones han puesto cara y nombre a las víctimas. 

Las administraciones no tienen ningún sistema de seguimiento que mida el impacto del desempleo y la crisis económica en las familias. No se sabe cuántas se quedan sin casa y cuántas sujetas a embargos de bienes ni qué pasa con ellas ni quienes son. De hecho, los únicos datos fiables que hay los maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de Gobierno de los Jueces, que tiene al día esta estadísticas pero para medir la carga de trabajo que soportan los órganos judiciales. Tampoco existen programas sociales específicos para atender a desahuciados y embargados. Por el momento, las redes familiares son las únicas que amortiguan los golpes.

Málaga proyecta grandes aparcamientos en las afueras (La Opinión)


El Plan de Movilidad, que se aprobará a principios de 2012, incluye esta propuesta para reducir el tráfico






MIGUEL FERRARY El Ayuntamiento de Málaga estudia la creación de grandes bolsas de aparcamientos de rotación en el extrarradio de la ciudad, junto a los principales accesos del núcleo urbano, con el objetivo de reducir el tráfico de turismos en dirección al Centro de la ciudad.

El concejal de Movilidad, Raúl López, explicó que esta propuesta se ha incorporado al Plan de Movilidad que está en proceso de aprobación y a través de la alegación presentada por la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (Smassa).

El objetivo de estos aparcamientos es facilitar lugares donde el conductor pueda dejar su coche antes de entrar en el núcleo urbano y que continúe su viaje en transporte público. Los puntos conectados con la red de metro y con las grandes líneas de la EMT serán los lugares elegidos para aplicar esta medida, que permitiría reducir la densidad de tráfico en la red básica que, por la propia orografía de la ciudad, está diseñada para confluir en el Centro.

Esta no es la única incorporación que se realiza al Plan de Movilidad, que se presentó en marzo de este año. El Ayuntamiento también ha aceptado otra alegación, en este caso realizada por el área de Deportes, para sumar los recorridos peatonales y de senderismo diseñados por este área dentro de los circuitos de prioridad peatonal.

Las dos alegaciones que se están incorporando al documento final son las únicas recibidas por el Ayuntamiento de Málaga durante el proceso de exposición pública. Durante estos meses se continuará trabajando en perfilar el documento definitivo. El concejal de Movilidad deja abierta la puerta a incorporar las propuestas de los colegios profesionales a los que se les ha remitido el plan y de los alumnos de ingeniería a los que ayer se les dio a conocer el documento.

No obstante, Raúl López aseguró que la aprobación definitiva del Plan de Movilidad se realizará a principios del próximo año, una vez que se tenga terminado el documento y sea remitido a la Junta de Gobierno Local.

Este documento ha sido realizado por la Consultora Contorno, que ha establecido una serie de medidas que buscan reducir la dependencia del coche privado, que actualmente monopoliza el 80% de los desplazamientos en la ciudad, en favor del transporte público y otros medios alternativos, como el peatonal o las bicicletas.

Entre las propuestas que incluye el plan está asegurar que haya una distancia media entre las paradas de la EMT de 250 metros, al tiempo que se mejora la conexión entre los distintos modos de transporte público: Cercanías, autobuses interurbanos, urbanos y el metro.

El Plan de Movilidad implica también dar prioridad a los residentes en los barrios y cambiar el aparcamiento en la vía pública por plazas en garajes, potenciando los aparcamientos disuasorios junto al transporte público.

La Junta espera aprobar el decreto para regularizar casas antes de final de año (SUR)


En la comarca de la Axarquía se estima que unas 11.000 viviendas edificadas en suelo no urbanizable podrán regularizar su situación
14.10.2011 - 
AGUSTÍN PELÁEZ/ AGENCIAS

VÉLEZ-MÁLAGA/ ALMERÍA.


La Junta espera aprobar el decreto para regularizar casas antes de final de año
La Junta tiene inventariadas 12.760 casas irregulares en 22 municipios de la Axarquía. :: E. CABEZAS
El decreto de regularización de las viviendas construidas en suelo no urbanizable de Andalucía estará aprobado antes de final de año. Al menos así lo aseguró ayer en Almería la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, con motivo de la presentación del proyecto de ampliación del Puerto de Carboneras. Cruz declaró que la aprobación del decreto se producirá entre finales del mes de noviembre y principios de diciembre.
La consejera explicó que este decreto, que permitirá dar solución a decenas de miles de viviendas irregulares en zonas como la comarca almeriense del Almanzora o la Axarquía malagueña, ha finalizado su fase de información pública, iniciada el pasado julio.
En estos momentos, indicó, quedan pendientes una serie de trámites técnicos, así como la supervisión por parte del gabinete jurídico del Gobierno andaluz y la exposición al Consejo Consultivo de Andalucía. Con todo, la consejera afirmó que el decreto estará aprobado «con seguridad este trimestre».
En la provincia de Almería hay identificadas 12.697 viviendas irregulares en suelo no urbanizable, de las que 11.777 serán reconocidas para dotarlas de servicios básicos.
En el caso de la Axarquía el número de edificaciones inventariadas por estar construidas sobre suelo no urbanizable asciende a s 12.760, únicamente en 22 de los 31 municipios de la comarca, de las que más de 11.000 podrían beneficiarse del nuevo decreto. De las 12.769 viviendas, 976 tienen menos de cuatro años, por lo que el delito aún no ha prescrito, de forma que los ayuntamientos deberán identificar «caso por caso» cada una de ellas y solicitar los informes oportunos para poder, finalmente, conceder la correspondiente licencia, según avanzó la consejera hace unos meses. Además, 859 viviendas se encuentran en suelo protegido, de modo que no se descarta su posible demolición, al no poder regular su situación.
Tipos de viviendas
El decreto distingue entre las viviendas que son conformes con la normativa urbanística y cuentan con la preceptiva autorización administrativa de las que carecen de licencia. Las primeras no revestirán problema alguno y podrán acceder a la licencia de primera ocupación.
Para las construcciones anteriores a la entrada en vigor de la ley 19/1975 de 2 de mayo que no cuenten con autorización administrativa se asimilarán a las edificaciones con autorización administrativa siempre que mantengan en la actualidad el uso y no se encuentren en situación de ruina urbanística, si bien deben solicitar al ayuntamiento la acreditación de esta situación.
Las viviendas aisladas conformes con la normativa urbanística pero carentes de la preceptiva autorización administrativa habrán de ser legalizadas por los titulares. Una vez legalizadas podrá otorgarse la licencia de primera ocupación.
El decreto distingue un tercer tipo de edificaciones aisladas: las que cuentan con autorización pero son disconformes con el planeamiento urbanístico. Éstas quedarán en el régimen legal de fuera de ordenación y se les podrá otorgar licencia de primera ocupación.
En un cuarto bloque se encuentran las edificaciones sin autorización administrativa y disconformes con el planeamiento, que no podrán ser legalizadas. Sin embargo, el decreto viene a establecer los requisitos y el procedimiento a seguir para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación en el que deberá quedar siempre que se acredite que la edificación reúne las condiciones adecuadas de seguridad y habitabilidad y que ha transcurrido el plazo de prescripción de la infracción.

Bonilla dice que construyó una obra sin licencia por silencio administrativo (SUR)


El que fuera secretario del PSOE en Alhaurín el Grande y candidato de esta formación en las últimas elecciones municipales, Cristóbal Bonilla, aseguró ayer que la construcción que proyectó sin tener licencia y en suelo clasificado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como no urbanizable, y por la que se le acusa, tenía exclusivamente finalidad relacionada con uso agrícola. Asimismo, afirmó que se iniciaron las obras, tras consultar al arquitecto, atendiendo al silencio administrativo, ya que no se le había dado respuesta a su solicitud de licencia.
El Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga dejó ayer visto para sentencia el juicio contra Bonilla, al que la Fiscalía acusa de un delito contra la ordenación del territorio, por el que solicita un año de prisión e inhabilitación por dos años, por las obras de una vivienda de 140 metros cuadrados y piscina, que promovió sin tener licencia y en suelo clasificado como no urbanizable.
El excandidato socialista explicó que pidió a un arquitecto que le hiciera el proyecto de una caseta agrícola y que le dijera lo que se podía construir, asegurando que sabía que era suelo no urbanizable común; pero recordó que en 2004 hubo un acuerdo de pleno municipal por el que se permite incluir en estas edificaciones elementos como cocinas, servicios y porche. Además, indicó que lo que se comenzó a excavar fue una alberca para el riego.
Edificaciones similares
Bonilla sostuvo que solicitó la licencia al Consistorio, pero no se le contestó, por lo que se actuó por silencio administrativo; y apuntó que al recibir la primera orden de paralización no se volvieron a realizar más actuaciones. No fue hasta 2006 cuando se le comunicó la negativa a la licencia, según dijo, apuntando que existen en la zona otras edificaciones similares, unas 3.000, según su defensa.
El arquitecto municipal indicó que la parcela mínima tiene que ser de 10.000 metros cuadrados, añadiendo que en este caso se incumple esto y la separación de linderos. Este perito y otro coincidieron en que se trabajaba con el PGOU de 1994, porque no se sabía que no estaba publicado, aunque este último dijo que considera de aplicación las normas complementarias provinciales de 1975.
La representante del ministerio fiscal en la vista oral consideró acreditados los hechos por los que le acusa. Así, entendió que el acusado sabía que se estaba cometiendo una ilegalidad, argumento con el que no se mostró de acuerdo la defensa de Bonilla. El letrado incidió en que es un «error» considerar que si no hay licencia hay ilícito penal y que en suelo no urbanizable común no se puede construir. Señaló que su cliente presentó «un proyecto ajustado a un acuerdo de pleno» y acudió a un arquitecto «para hacer ese proyecto básico, que tiene visado, «entendiendo que era legal».