martes, 4 de octubre de 2011

La Fiscalía intenta agilizar los derribos de casas ilegales a cambio de suspender penas (La Opinión)


Se aplica en los casos de autoconstrucción ilegal: suspensión de la pena a cambio de demoler la vivienda

 



El 71% de las 50.000 casas ilegales que tenía la provincia en marzo ya han sido amnistiadas. Imagen de un paraje axárquico, una de las zonas más afectadas.
El 71% de las 50.000 casas ilegales que tenía la provincia en marzo ya han sido amnistiadas. Imagen de un paraje axárquico, una de las zonas más afectadas.  Fran Extremera

JOSÉ ANTONIO SAU Cuando a un individuo se le condena por primera vez puede lograr que se suspenda la ejecución de la pena siempre que haya sido sentenciado a menos de dos años de cárcel, pague la responsabilidad civil y carezca de antecedentes penales computables, pero los delincuentes urbanísticos casi siempre eluden la cárcel aun cuando pocos tiran la casa ilegal. La Fiscalía de Medio Ambiente quiere acabar con esa bolsa de impunidad y ha comenzado a vincular en sus escritos la suspensión de la ejecución del castigo con que el afectado demuela la construcción irregular de que se trate.

Es, según fuentes judiciales, «una medida pionera» que, por cierto, ya ha sido apreciada por cuatro jueces de lo Penal en Málaga. Todo ello nace de una novedosa interpretación que el fiscal coordinador de Medio Ambiente de Málaga, Juan Calvo-Rubio, hace del artículo 83 del Código Penal, el que establece las condiciones para que un condenado pueda ver suspendida su pena: además de las ya citadas –una condena inferior a los dos años, ausencia de antecedentes o el pago de la responsabilidad civil–, en el punto seis de ese apartado se especifica que se concederá la misma siempre que el acusado cumpla los deberes que el juez estime convenientes para rehabilitar al procesado.

Estas condenas suelen llevar aparejadas la pena de cárcel, una multa y el derribo de la vivienda, requisito este último que no puede considerarse como responsabilidad civil, sino como «una consecuencia accesoria civil, en cuanto a que tiende únicamente a la reparación del daño causado por delito y restablecimiento del orden jurídico vulnerado»: el suelo.
«Cuando se devuelve el suelo a su estado anterior, se pide la suspensión de la pena», aclaran las fuentes judiciales consultadas.

No es un beneficio

«Ello es un beneficio y no un derecho, y por tanto, debe el penado mostrarse merecedor del mismo, hasta tanto no se produzca la reparación del daño causado, que supone la restitución del suelo a su uso legalmente previsto», aclara el fiscal Calvo-Rubio en un documento de trabajo en el que desarrolla esta tesis que ha acabado imponiéndose en varias sentencias. Hasta entonces, señala, «no se puede entender al penado como acreedor del beneficio».

«La suspensión de la pena se entiende necesario realizarla condicionada a la demolición; resulta evidente que, para considerar rehabilitado socialmente a una persona, ésta debe demostrar su arrepentimiento por los hechos cometidos y fundamentalmente la reparación del bien jurídico vulnerado», indica. Tirando la casa, el penado demostraría «claramente su rehabilitación; en caso contrario, demostraría no ser merecedor de dicha suspensión».

Trabas y amnistías

El derribo de viviendas ilegales plantea numerosos problemas burocráticos y tarda bastante, porque hasta que una resolución adquiere firmeza pueden pasar años. Además, la eliminación debe ser pagada por el acusado, aunque habitualmente son las administraciones local o autonómica las que actúan de oficio pasando después la factura al interesado.

En cualquier caso, el camino es inverso en el ámbito político, porque, a finales del primer trimestre de este año, la Junta de Andalucía ya había legalizado de facto el 71% de las viviendas construidas en suelos no urbanizables –en torno a 50.000–, y en la Axarquía los regidores llevan años pidiendo una amnistía para esas casas. El PGOU de Marbella, por otro lado, consideró regulares la mayor parte de las 18.000 casas ilegales.

Una vecina deberá tirar su casa para evitar la prisión (La Opinión


El juez vincula la susoensión de la pena a que derribe la vivienda que ha construido

 




JOSÉ ANTONIO SAU El Juzgado de lo Penal número 9 de la capital ha condenado a una vecina de Málaga que, en 2006, se construyó una vivienda unifamiliar aislada de 100 metros cuadrados de superficie, llevando a cabo para ello «movimientos de escombros, instalación de dos depósitos de combustible de 5.000 y 15.000 litros, vallado metálico y dos piscinas» en un paraje denominado La Isla. Las obras se realizaron en suelo no urbanizable, en concreto «especialmente protegido», según el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.

«Dichas obras no son susceptibles de legalización, y fueron llevadas a cabo por la acusada, sin la preceptiva licencia municipal, conocedora de la obligatoriedad de la misma y aceptando las consecuencias que su acción generaría», indica el magistrado en el apartado de hechos probados de la sentencia.

La acusada ha sido condenada a un año de prisión, al pago de 2.160 euros de multa y a demoler la vivienda irregularmente construida en menos de un año. Eso sí, a la mujer se le concede la suspensión de la pena privativa de libertad por dos años siempre que «proceda a la demolición de lo construido y la reposición a su estado primitivo en la manera decretada». Si no, se revocará la suspensión.

La apertura del mercado del Carmen reorganiza el tráfico en El Perchel (SUR)


Los comerciantes inauguran hoy el nuevo edificio, cuyo perímetro cuenta con zona azul que podrá ser gratuita para los consumidores
04.10.2011 - 
NOEMI R. NAVAS NOEMI R. NAVAS nrodriguez@diariosur.es
 
MÁLAGA.

La apertura del mercado del Carmen reorganiza el tráfico en El Perchel
Un comerciante prepara su puesto en el nuevo mercado del Carmen, que abre hoy sus puertas. :: Salvador Salas
Al fin ha llegado el día más esperado por los comerciantes de El Perchel: la apertura del nuevo mercado del Carmen, que trae consigo importantes novedades viales en el entorno. Desde hoy entra en funcionamiento la nueva ordenación de tráfico y de estacionamiento de El Carmen, que favorece tanto la rotación, como el aparcamiento para los residentes ante la dificultad de estacionar en Callejones del Perchel, Cuarteles y La Serna. Así, el Ayuntamiento ha instalado zona azul en las calles Eslava y La Serna, aunque los comerciantes podrán dar a sus clientes monedas con media hora gratis de aparcamiento en el S.A.R.E. con la idea de incentivar el consumo.
Cada espacio regulado dispone un tiempo máximo de estacionamiento de hora y media, o de 30 minutos para las zonas de alta rotación situadas frente a la entrada del mercado. Además, la zona azul dispone de parquímetros de última generación que permite, entre otras ventajas, anular denuncias en el momento.
La reordenación de tráfico incluye doble sentido en Eslava, en el tramo comprendido entre Mendívil y Callejones del Perchel, calle Mendívil también pasa a doble sentido entre Eslava y Explanada de la estación, mientras Jovellanos se mantiene en único sentido desde calle Cuarteles hacia calle Mendívil. La Serna también tendrá doble sentido desde Cuarteles hasta el mercado, y posteriormente se prolongará hasta Callejones del Perchel, una vez derribado el antiguo edificio.
Respecto a la apertura del mercado, los comerciantes se mostraron optimistas después de tres años en obras. «Ha sido una etapa difícil porque el antiguo mercado estaba en pésimo estado. La ilusión es máxima en esta nueva andadura para recuperar cuanto antes el pulso comercial», declaró ayer ilusionado el presidente del zoco, Rafael Sánchez.
El portavoz destacó las virtudes de la nueva instalación, que supera los 3.000 metros cuadrados en los que se reparten 36 puestos de alimentación y un bar cafetería. «Sigue pendiente habilitar una zona de carga y descarga. Por lo demás, el edificio es fantástico y atractivo al consumidor», adelantó Sánchez. Hoy los comerciantes regalarán bolsas ecológicas a los clientes, degustaciones y celebrarán un brindis.

El exregidor de La Viñuela pacta 27 meses de cárcel por varios delitos urbanísticos (SUR)


Juan Millán se convierte en el primer regidor de un pueblo pequeño que ingresará en prisión por dar licencias ilegales
04.10.2011 - 
AGUSTÍN PELÁEZ apelaez@diariosur.es
 
VÉLEZ-MÁLAGA.

El exregidor de La Viñuela pacta 27 meses de cárcel por varios delitos urbanísticos
El exalcalde de La Viñuela, Juan Millán, ingresará en prisión . :: SUR
El exalcalde del municipio de La Viñuela, en la comarca de la Axarquía, Juan Millán Jabalera (PSOE), será el primer exmandatario de un pueblo pequeño de la provincia en ingresar en prisión para cumplir una condena por delito urbanístico. El exregidor socialista ha pactado con la Fiscalía una condena de 27 meses de cárcel en cumplimiento de más de una docena de causas que todavía tiene pendientes por prevaricación urbanística.
Millán, que se vio obligado a renunciar a la alcaldía en febrero pasado para cumplir una condena de 15 años y medio de inhabilitación para empleo y cargo público y a pagar una multa de 13.515 euros por conceder tres licencias ilegales en 2001 y 2003, deberá ingresar el jueves 6 en la prisión provincial de Alhaurín de la Torre.
El acuerdo alcanzado con la Fiscalía es similar al suscrito con anterioridad por los exconcejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el Ayuntamiento de Marbella, entre ellos el exalcalde marbellí Julián Muñoz, para no celebrar varios juicios en los que están imputados por asuntos urbanísticos.
El objetivo del exalcalde y su abogado ha sido beneficiarse del artículo 76 del Código Penal que establece que el máximo de cumplimiento de la pena no excederá del triple de la condena más grave, siempre y cuando los delitos se consideren conexos.
En el caso de Juan Millán, las causas urbanísticas que recoge el pacto y sobre las que se deberá firmar conformidad son aquellas que están en fase de investigación e instrucción o se encuentran a falta de algún trámite.
Condena
El pacto entre la Fiscalía y el exalcalde establece una sentencia de nueve meses de cárcel y diez años de inhabilitación por cada procedimiento, con la limitación establecida por la ley de que los condenados cumplirán a lo sumo el triple de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga conexidad, por lo que en este caso la pena máxima sería de 27 meses.
Fuentes del Ayuntamiento de La Viñuela, donde el exregidor gobernó durante 16 años con mayoría absoluta, han señalado que Millán tiene todavía en los juzgados unas 40 licencias de obras.
En la mayoría de las querellas presentadas por el fiscal contra el exalcalde ha mantenido que la concesión de las citadas licencias se realizó «por la sola y exclusiva voluntad del querellado» y, que debido a ello, tales resoluciones son «arbitrarias e injustas». Supuestamente el exregidor concedió licencias de segregación, de obras y de primera ocupación a unas solicitudes urbanísticas para segregación de 5.000 metros cuadrados y simultáneamente para la construcción de viviendas unifamiliares en diversas parcelas.
El pacto evita que el exmandatario socialista sea juzgado de los juicios que todavía tiene pendientes por delitos urbanísticos, aunque a cambio Millán debe ingresar en la cárcel y reconocer su culpa.
En los escritos de conformidad la Fiscalía expone la petición de cárcel para el imputado -así como su solicitud de inhabilitación- y el interesado y su defensa muestran su acuerdo con objeto de que el juez dicte sentencia sin necesidad de celebrar juicio, según informó ayer Efe.
Evitar la ruina
Aunque el acuerdo con la Fiscalía no trascendió públicamente hasta ayer, el exalcalde informó hace semanas a su entorno más cercano de su intención de alcanzar un pacto con el fin de «no quedarse en la más absoluta ruina» después de los 13.505 euros de multa que le impuso en abril de 2010 el Juzgado de los Penal número 8 de Málaga por conceder tres licencias ilegales, la misma sentencia que acabó con su inhabilitación.
Una vez que ingrese en la cárcel Millán pedirá a Instituciones Penitencias que se le conceda el tercer grado, como en su día también hicieron los exediles del GIL.