jueves, 23 de junio de 2011

"Queremos hacer jardines en las zonas que ahora están llenas de coches en el distrito" (Málaga Hoy)

El concejal se opone a los planes de la Junta de hacer un centro administrativo en el Convento de la Trinidad y destaca que el alto índice de paro obligará a incidir en actuaciones de política social

RAQUEL GARRIDO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 23.06.2011 - 01:00
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El concejal Mario Cortés tras la entrevista.

-Sigue al frente del distrito Bailén-Miraflores, por lo que imagino que el nuevo mandato lo afronta con más tranquilidad...

-Pues sí, continuidad máxima hasta al punto de que tuve citas con los vecinos el viernes antes de la toma de posesión y volví a tenerlas el lunes. La verdad es que me siento cómodo en este distrito porque me siento querido por los colectivos y los ciudadanos, ya que a lo largo de dos años como concejal de allí he tenido la oportunidad de trabajar no sólo con los colectivos oficiales sino con las peñas, las cofradías y hasta con las comunidades de propietarios. Además, ya tenía en marcha una serie de proyectos que eran necesarios y los tengo enfocados, y de alguna manera también es satisfactorio que ya que has puesto algo en marcha puedas terminarlo. -Es un distrito poco conocido, ¿cuáles serán sus propuestas para hacerlo más visible para el resto de la ciudad? -Creo que tampoco tengo por qué trabajar para que el distrito sea el más importante o conocido de la ciudad. Un concejal de distrito tiene que trabajar para que los ciudadanos tengan los niveles máximos de calidad de vida y la gente quiera ir a vivir allí porque tenga los suficientes servicios por encima de otras zonas. La potencialidad que tiene el distrito por su cercanía al centro histórico y a la ronda hacen que sea un sitio bastante cómodo para vivir y trabajar. -¿Cuál es la particularidad del distrito? -Es un distrito con una media de edad alta porque algunas de las barriadas son de los años 50 ó 60 y estamos trabajando mucho precisamente para hacer placentera la vida a esas personas con muchos centros sociales y de mayores. Nos queda la asignatura pendiente del famoso centro de mayores de Miraflores y que es una demanda de esos colectivos. Estamos trabajando con imaginación puesto que no tenemos recursos mediante permutas con propietarios de locales, es decir, he encontrado unos antiguos locales donde había una zona comercial y estoy en conversaciones con los propietarios para permutar esos locales por otros municipales en otra zona, por lo que ya dispondríamos de unos 2.000 metros cuadrados para hacer un centro social para los mayores de allí incluso se plantea una guardería. Eso implica que la inversión necesaria es la décima parte de lo que haría falta para construir uno nuevo. También faltan zonas de esparcimiento para los mayores y estamos trabajando para hacer una operación urbanística similar. Lo suyo sería expropiar pero eso supondría un coste demasiado alto para el Ayuntamiento. -¿Qué piensa que le falta al distrito y qué ve más prioritario? -Zonas verdes porque el urbanismo salvaje de las décadas anteriores donde no se estilaba dejar espacios verdes. Una de las medidas que se ha puesto en marcha pero que tendrá su efecto a medio o largo plazo son los aparcamientos subterráneos porque si conseguimos quitar los coches de la superficie nos quedará espacio para poder plantearnos zonas deportivas y zonas verdes. Se hizo una apuesta muy importante y ambiciosa al crear un aparcamiento con 900 plazas en Gamarra y en Miraflores porque había una demanda real, pero en ese momento llegó la crisis y aún quedan muchas plazas sin vender. Tenemos un horizonte a corto plazo para que en cuanto la situación económica mejore los vecinos que en su momento demandaron una plaza vuelvan a comprarla. Eso permitirá que todas las zonas que ahora mismo están llenas de coches en breve puedan convertirse en parques y zonas verdes cambiando por completo la fisonomía de los barrios. -También ha dicho que hará zonas deportivas, pero ¿dónde? -La zona del parque del norte es una posibilidad por ser el centro neurálgico del distrito, aunque requerirá una inversión que tratamos de buscar en una empresa que esté interesada en su construcción y explotación. -¿Qué logro destacaría de los dos años anteriores en el distrito? -Por ejemplo, el número de espacios culturales del distrito se ha multiplicado por cinco. Ahora tenemos centros culturales y salones de actos en prácticamente todas las barriadas. En estos dos años también se ha puesto en marcha la idea de hacer actividades por barriadas para recuperar la identidad de barrio que es lo que siempre me he planteado como concejal y que existe en otras barriadas. Y eso se recupera con espacios culturales donde los colectivos puedan reunirse para hacer sus actuaciones. -¿Considera buena la idea de que los concejales de distrito tengan más protagonismo? -El hecho de darnos a los concejales de distrito más capacidad para resolver los problemas de los vecinos es muy importante. No queremos más competencias ni hacer más cosas, sino resolver los problemas que tienen los vecinos en su día a día con mayor rapidez. El concepto 24-28 horas es muy valorado por los vecinos y es la apuesta que debemos plantearnos los concejales de distrito en este mandato para ser capaces de recortar el tiempo de solución porque eso genera una imagen de solvencia y efectividad. -Además en distritos como éste donde el paro ha hecho tanto daño, la política social también deberá ser muy activa, ¿no? -Es cierto que es un distrito muy poblado con barriadas con necesidades importantes debido a los elevados índices de paro. Y en este contexto la apuesta del alcalde de la ciudad por no recortar ni un solo euro en política social ni en formación me parece muy acertada porque vivimos de la construcción y no podemos pretender reconvertir todo el sector de un día para otro. Por fin, la aprobación del PGOU va a ser una oportunidad de oro para retomar la actividad constructora en la ciudad porque es necesario que vuelvan a trabajar nuestros obreros que están ahora mismo en paro sin renunciar a que poco a poco vayamos reconvirtiendo al sector en otros sectores mediante la formación. -¿Qué solución le daría al convento de la Trinidad? -La Junta tiene intención de ubicar allí la sede del Instituto del Patrimonio Histórico pero creo que para conseguir un revulsivo de la barriada Miraflores en ese enclave debería situarse el Museo Arqueológico. Eso supondría realmente un salto de calidad y un conocimiento de la barriada en la ciudad. Pero si estamos condenados a albergar allí una zona de oficinas no va a haber visitas turísticas y no se va a producir ese despegue de la zona. Málaga perdería una oportunidad de oro si dejamos escapar otra vez el convento de la Trinidad.

Juzgada hoy por hacerse una casa ilegal en Ronda (La Opinión)

El fiscal pide un año de prisión para la acusada, el pago de una multa y el derribo de la vivienda


JOSÉ ANTONIO SAU La Fiscalía de Medio Ambiente se queja de que casi ninguna casa ilegal se derriba, entre otras cosas porque el procedimiento es tan garantista que el encausado puede retrasar la ejecución recurso tras recurso. Eso sí, los fiscales lo piden una y otra vez en sus escritos, como ocurre en la acusación contra una vecina de Ronda que levantó una vivienda ilegal en suelo no urbanizable.


Además del derribo de la vivienda, la Fiscalía de Málaga reclama que la vecina sea condenada a un año de prisión y al pago de una multa de cinco meses a razón del abono diario de 12 euros (5.400 euros) por un supuesto delito contra la ordenación del territorio. La mujer, cuyas iniciales son A. C. V., será juzgada hoy en el juzgado de lo Penal número 10 de Málaga.Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Ronda, la encausada realizó, en una fecha que no consta pero posterior a marzo de 2006, en una parcela conocida como finca «El Naranjo» de la ciudad del Tajo, «las obras de construcción de una primera planta sobre una edificación ya existente, de unos 42,25 metros cuadrados».Pese a ello, carecía de la «preceptiva» licencia municipal de obras y el suelo, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital de la Serranía, está calificado como no urbanizable común.La procesada, siempre según las tesis acusatorias, se amparó en una licencia municipal de obras concedida por decreto de alcaldía el 10 de marzo de 2006 que le habilitaba para «reformar una caseta de aperos, arreglar el tejado y la pared». No le facultaba, por tanto, «para llevar a cabo la construcción definitivamente realizada».El Ayuntamiento de Ronda tuvo conocimiento de la obra y procedió a incoar un expediente sancionador, también en 2007, que concluyó con una resolución el 12 de julio de 2007 en la que se imponía a la acusada una sanción pecuniaria de 5.999 euros, relata la Fiscalía, suma que la encausada satisfizo sin problemas.Los hechos han sido calificados como un supuesto delito contra la ordenación del territorio de los apartados dos y tres del artículo 319 del Código Penal.Además, la Fiscalía reclama el pago de las costas procesales, y que el derribo de la construcción corra a cargo de la acusada, «con plena reposición del terreno a su estado primitivo y el restablecimiento de la legalidad urbanística infringida», indica el representante de la acusación pública.El fiscal interesa, además, la apertura de una pieza de responsabilidad civil y la adopción de medidas que permitan asegurar el derribo de la construcción y el perjuicio a terceros de buena fe. Reclama además que se inscriba el escrito de acusación en el Registro de la Propiedad.Las clavesFISCALÍAUsó una licencia que no le habilitaba para hacerse una casaPidió una licencia de obras para reformar una caseta de aperos y arreglar el tejado, pero ella se construyó una primera planta sobre una edificación ya existente, de unos 42,25 metros cuadrados. El fiscal le pide un año de cárcel.

El proyecto del metro, bajo la lupa de los académicos (La Opinión)

La Oficina del Metro ofreció ayer una sesión informativa con los detalles del tramo del Guadalmedina a La Malagueta


Los responsables del proyecto del metro de Málaga, en la Academia Malagueña de Ciencias.
Los responsables del proyecto del metro de Málaga, en la Academia Malagueña de Ciencias. Carlos Criado

MIGUEL FERRARY Los ficus de la Alameda conservarán entre el 63 y el 70% de sus raíces durante las obras del metro, lo que asegurará que se mantengan en buen estado de conservación una vez que termine la construcción del túnel entre el río Guadalmedina y La Malagueta.

Este es uno de los argumentos planteados ayer en la sesión informativa organizada por la Academia Malagueña de Ciencias para conocer el proyecto del metro para su último tramo –del Guadalmedina a La Malagueta– y que contó con los técnicos de la Oficina del Metro para detallar las medidas que se adoptarán para asegurar la pervivencia de los 21 ficus de la Alameda Principal.

El estudio realizado por la Oficina del Metro sobre los ficus ha puesto de relieve que ya han superado su mayor grado de madurez y que han iniciado su declive de forma irreversible. Cinco de ellos cuentan con una vitalidad muy baja, mientras otros once mantienen un nivel medio y otros cinco, bueno.

De cara al inicio de las obras de este tramo en agosto de 2012, la Oficina del Metro defiende que la elección de la acera norte de la Alameda se debe a que se asegura una menor incidencia sobre los ejemplares. De hecho, no perderán más del 37% de las raíces, en aquellos casos en mejor estado, una cifra que asegura la recuperación de los ficus si se adoptan una serie de medidas de vigilancia y protección.
Entre ellas, la Oficina del Metro contempla que el túnel vaya por debajo del nivel freático, para facilitar el paso del agua, y se rellene el terreno tras la obra con material adecuado para la recuperación de los ejemplares.

El gerente del proyecto, Miguel Ángel García Cañizares, explicó que el proyecto del último tramo que está pendiente de comenzar se ha adaptado a las peculiaridades del trazado, con la elección de máquinas pantalladoras pequeñas para asegurar que no dañen a las ramas más bajas de los árboles.

El cuidado del nivel freático es uno de los puntos sobre los que se ha tenido una especial atención, pasando por debajo en la Alameda, donde se localiza el mayor caudal por ser una zona de influencia de la desembocadura del Guadalmedina. Así, se prevén entre 30 y 40 litros de agua por segundo, por lo que se liberará toda la parte alta del túnel para facilitar el paso del agua. En la parte del Parque, hasta los jardines de Pedro Luis Alonso, se habilitarán unos puntos de paso cada 100 metros, ya que el caudal es de apenas 4 litros por segundo, siendo inexistente en el entorno del Gibralfaro.

Esta sesión informativa es previa a que la Academia Malagueña de Ciencias emita su informe sobre el paso del metro bajo la Alameda Principal y el Parque. Este estudio se dará a conocer a lo largo del verano, con idea de fijar la postura de esta entidad sobre el proyecto defendido por la Consejería de Obras Públicas.

El PGOU se retrasará por reparos de última hora (La Opinión)

La Consejería exigió ayer en una reunión en Sevilla que vuelvan a aprobarse nuevas subsanaciones


El alcalde con los responsables de la elaboración del PGOU.
El alcalde con los responsables de la elaboración del PGOU. Carlos Criado
JAVIER GARCÍA RECIO Cuando la ciudad, los distintos sectores afectados, el Ayuntamiento esperaban que en unos días el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga (PGOU) entrase en vigor, después de siete años de tramitación, la Junta de Andalucía volvió a poner ayer encima de la mesa nuevas objeciones y a exigir nuevas correcciones que harán «difícil» que el plan general esté en vigor antes de agosto, con lo que habría que esperar a septiembre u octubre, según señaló el edil de Urbanismo, Diego Maldonado, tras la reunión que responsables técnicos de la Gerencia de Urbanismo de Málaga y de la Consejería de Obras Públicas mantuvieron ayer durante más de cuatro horas en Sevilla.


Texto consensuadoDe dicha reunión se desprende que el Ayuntamiento deberá celebrar un nuevo pleno para aprobar una decena de subsanaciones que la Junta considera que no quedaron corregidas con el documento anterior. La historia es como sigue. Tras la aprobación provisional del PGOU por parte de la Junta en enero pasado quedaban pendientes una serie de correcciones que el Ayuntamiento debía abordar para que el plan fuese publicado por el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) y entrase en vigor. A finales de abril, el Ayuntamiento aprobó un documento de subsanación de deficiencias en el que se corregían unas 140 de ellas. El texto había sido consensuado con los técnicos de la Consejería, según afirmaron entonces ambas partes. Junta y Ayuntamiento aseguraron entonces que éste era el último documento necesario y que con él se cumplían todos los requisitos para que el PGOU entrase en vigor.No ha sido así. Cuando la ciudad estaba a la espera de poner ya en marcha el PGOU, con la esperanza de que ayudase a la recuperación de la economía de la capital, en la reunión de ayer la Junta señaló que algunas de las subsanaciones no están claras y conminó al Ayuntamiento a volver a corregirlas, según señaló Maldonado.En concreto, de las 140 subsanaciones que se aprobaron, los técnicos de la Junta entienden que hay unas 40 sobre las que existen dudas. La mayoría de ellas fueron corregidas ayer en la misma reunión por los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, pero han quedado «en torno a una decena» que la Junta reclama que sean subsanadas nuevamente. Se trata de temas menores como sectores de suelo no urbanizable que necesitan mayor protección; establecer mayor concreción sobre algunos sistemas generales u otras especificaciones sobre suelos urbanos no consolidados. Exigencia de todos los sectoresEl Ayuntamiento, según explicó el concejal, quiere trabajar ahora contrarreloj para tener el nuevo documento con las subsanaciones que exige la Junta –para lo que hay que cambiar algunas fichas y normativas– en un plazo de unos 15 o 20 días «de manera que podamos llevarlo a un pleno extraordinario los primeros días de julio y enviarlo a continuación a la Junta para que ellos tengan tiempo de revisarlo y publicarlo antes de agosto, pues de lo contrario habrá que esperar a septiembre, con el consiguiente retraso». Para que no haya nuevos obstáculos, se enviará el documento a Sevilla antes de aprobarlo para que allí le den el visto bueno y se pueda corroborar en pleno con todas las garantías. Este posible retraso en la entrada en vigor del plan se produciría cuando se han intensificado las pronunciamientos para que el documento urbanístico entre en vigor de inmediato y se constituya en un elemento de impulso o motor de la recuperación económica. Así el PSOE, por boca del portavoz adjunto del grupo municipal, Carlos Hernández, anunció la pasada semana que habían urgido a los responsables de la Consejería y a la propia consejera, Josefina Cruz, a dar luz verde al plan con la mayor prontitud. En el mismo sentido se ha pronunciado en los últimos días el responsable de la Asociación de Promotores y Constructores, José Prado. El último en reclamar el PGOU ha sido el recién elegido decano del Colegio de Arquitectos, Antonio Vargas. Nuevo atasco siete años despuésEl 30 de julio de 2004 la junta de gobierno del Ayuntamiento de Málaga aprobó poner en marcha la revisión del PGOU. Han pasado casi siete años y el plan sigue sin entrar en vigor. Es verdad que el 21 de enero pasado la Consejería de Obras Públicas acordó aprobar «definitivamente» pero «de manera parcial» el PGOU, pero su entrada en vigor no será posible hasta que no se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).La Junta pidió al Ayuntamiento la aprobación de un documento de subsanaciones de deficiencias del plan para culminar todo el proceso y dar la luz verde definitiva. El Ayuntamiento aprobó dicho documento a finales de abril, un texto que, para evitar nuevos problemas, fue consensuado con los responsables técnicos de la Consejería de Obras Públicas. Ya sólo quedaba que los responsables de la Consejería revisase este último documento y se acordarse el registro y publicación en el BOJA del plan. Se estaba esperando para estos días. Hace una semana se filtró que habría que esperar hasta un poco antes de agosto para sacar la fumata blanca del PGOU. El Ayuntamiento no protestó, pues quien espera lo mucho espera lo poco. Pero ayer, bien por deficiencia municipal o por errores de la Junta, el PGOU se volvió a atascar.

Mijas tendrá una oficina para asesorar sobre viviendas irregulares (SUR)

El departamento creará un marco jurídico para la revisión del PGOU y en dos años se podrían empezar a tramitar los casos individualizados
23.06.2011 -
MARI CARMEN JAIME
MIJAS.
La administración local de Mijas ha iniciado el proceso para la regularización de viviendas fuera de planeamiento urbanístico; para ello anunció ayer la puesta en marcha de una oficina, dotada con personal técnico y jurídico y ubicada en Mijas Pueblo, aunque fuera del edificio consistorial; cuya función será tramitar los cambios legales pertinentes, así como tramitar la documentación de los afectados que requieran la legalización de sus hogares.
Según lo anunciado por el edil de Urbanismo, Manuel Navarro, las dependencias tendrán dos años para crear el marco jurídico y proponer la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relativo al suelo no urbanizable. Una vez solventada la tramitación, «podría comenzar a tramitarse la legalización de los casos individualizados», destacó.
Así, la intención del equipo de gobierno para porque aquellos propietarios que quieran regularizar su vivienda hagan frente a sus obligaciones tributarias, «como lo han hecho los vecinos que adquirieron un piso en Las Lagunas, porque en el precio está incluido parte del coste de urbanización o los permisos».
Además, el Ayuntamiento tiene previsto mantener sendas reuniones durante el mes de julio con los delegados provinciales de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, para acercar posturas y llegar a soluciones de consenso con la Junta, de manera que se pueda acelerar este proceso. Al respecto, se espera contar con el apoyo del gobierno andaluz «porque no se busca un beneficio directo, sino la solución de un problema». Por otro lado, se está planteando una moción para llevar a pleno antes de agosto en la que se propondrá la paralización de todos los expedientes sancionadores abiertos contra propietarios de las viviendas irregulares.