miércoles, 30 de marzo de 2011

El puerto licita por algo más de 13,6 millones mejoras en la dársena de San Andrés (Málaga Hoy)

Linde destaca que se trata de la inversión más importante de las previstas para este ejercicio

El puerto de Málaga acaba de licitar la obra más importante de cuantas va a desarrollar este ejercicio, con una inversión de 13,6 millones de euros. El proyecto contempla la habilitación y mejora de la dársena exterior y del abrigo exterior de San Andrés, intervención que tendrá efectos sobre el acceso de los cruceros y sobre la futura dársena deportiva. Así lo expuso el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Linde, quien informó de que el proyecto, cuya duración es de unos 18 meses, es financiado con fondos europeos y propios. "La primera fase conlleva la demolición del contradique de Levante, que es el que encierra el muelle pesquero", explicó, al tiempo que dijo que su finalidad es "mejorar la bocana del puerto, ya que frente a este contradique están los atraques de los cruceros, que necesitan de una manga ancha y ese es un espacio estrecho".

Urbanismo tendrá que ajustar el sueldo de sus ex jefes a sus funciones actuales (Málaga Hoy)

Un juez atiende parcialmente la demanda interpuesta por el comité de empresa

S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 30.03.2011 - 01:00
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Díaz Guirado, concejal de Urbanismo, en un Pleno.

Los polémicos complementos personales que perciben antiguos jefes de la Gerencia de Urbanismo a pesar de no desempeñar en la actualidad esa función vuelven a la palestra. El juzgado de lo social número 11 de Málaga acaba de pronunciarse en relación a la demanda que en su día planteó el comité de empresa del organismo municipal, en desacuerdo con esta situación, y concluye "la obligación de adecuar" estas retribuciones "conforme a los dispuesto en el convenio colectivo según la categoría y puesto que ostenta cada uno".

Esta sentencia, que admite parcialmente la demanda de conflicto colectivo interpuesta por los trabajadores, puede interpretarse como un varapalo para la posición mantenida hasta el momento por el equipo de gobierno del PP, que ha eludido cualquier modificación de las condiciones económicas de estos altos cargos, algunos de los cuales actúan ahora "como jefes de servicio o en puestos base".

Sobre ello, fuentes consultadas por este periódico indicaron que la aplicación de esta medida supondrá, de inicio, la pérdida por ejemplo del complemento de unos 2.000 euros que perciben los jefes de servicio en compensación por sus tareas anteriores, aunque la merma económica será mayor aún en otros supuestos.

La decisión judicial, además, obliga a notificar a la representación legal de los trabajadores "de los contratos de relación laboral especial de alta dirección", otra de las reclamaciones planteada por el comité. Sin embargo, el juzgado no atiende una tercera petición realizada, la relativa a la regularización de los jefes de departamento de Planeamiento, Proyectos y Obras y de Calidad y Desarrollo Sostenible "a través de contratos de alta dirección o contrato eventual que corresponda".

En relación a la adecuación de retribuciones de los ex jefes de Urbanismo, el texto matiza que su pronunciamiento ha de entenderse como "una declaración genérica acorde con la regulación que el convenio colectivo hace del complemento personal", sin contener "pronunciamiento alguno sobre concretas personas que ostenten o hayan ostentado un determinado puesto de trabajo".

Con esta decisión judicial se da un paso más en la polémica que pesa sobre el mantenimiento de los denominados complementos personales que percibe una decena de ex altos cargos de Urbanismo. Un aspecto incluido allá por el año 1990 y que se ha mantenido en el tiempo hasta la actualidad. En el último convenio negociado, de mediados del pasado año, los responsables municipales optaron por mantener esos pluses, aunque se mostraron dispuestos a abrir "un proceso negociador específico" sobre los mismos, fijando como punto de partida que "en ningún caso" se mantendrá el sistema de percepción del 100% de las retribuciones del anterior cargo. Asimismo, indicaron que todo ello estaba condicionado a "lo que resulte de los procedimientos judiciales actualmente en curso".

Cabe recordar que a principios del pasado año se conoció un informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento que consideraba "cuanto menos irregular" y "caótica" la situación en la que se mantenían estos complementos, que afectan a unos 38 empleados y con cantidades que oscilan entre los 2.124 euros y los 3,68 euros. De todos ellos, sólo nueve son ex jefes de departamento y', de los mismos, tres reciben el mencionado complemento desde el convenio de 1990, fecha en la que fue establecido.

Art Natura pide una indemnización por el retraso en la apertura de Tabacalera (La Opinión)

Desiste de rescindir el contrato, pero insiste en ser resarcida por el retraso en la apertura del museo


Obras en uno de los pabellones de Tabacalera.
Obras en uno de los pabellones de Tabacalera. Arciniega

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA La entidad Royal Collections, que gestionará el museo de la Gema de Art Natura, ha vuelto a reclamar al Ayuntamiento de Málaga una indemnización y que «reconozca los daños y perjuicios causados» como consecuencia del «incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones contractuales».

Después de que el pasado 14 de diciembre de 2010 la empresa pidiera al Ayuntamiento la resolución del contrato que tienen ambas partes para abrir un museo de la gema en Tabacalera y que el equipo de gobierno la rechazara, Royal Collections volvió a remitir el pasado 3 de marzo un nuevo escrito al Ayuntamiento firmado por su máximo responsable, Fulgencia Alcaraz, en el que desiste de solicitar la recisión del contrato, pero insiste en la necesidad de que el Consistorio le compense económicamente por «el incumplimiento grave» de las obligaciones del Ayuntamiento que se concretan en el retraso en la entrega de los edificios de Tabacalera lo que, a juicio de Royal Collections, «está produciendo a la entidad cuantiosos daño», por lo que además anuncian que se reservan las acciones legales que «nos correspondan».

Exigen explicaciones

En el nuevo escrito, que fue conocido el pasado lunes en la comisión de Hacienda del Ayuntamiento, además de solicitar que se le reconozcan los daños y perjuicios causados por ese retraso, la entidad le exige al Ayuntamiento que determine «la fecha en la que se va a poner a disposición» de Royal Collections el conjunto de edificios de Tabacalera «en perfecto estado de uso museístico para las exposiciones, colecciones, actividades y servicios que se detallan en los pliegos de condiciones».

Como en el primer escrito, la entidad no cuantifica la indemnización a la que a su juicio tendría derecho sino que se limita a exigir al Ayuntamiento a que «reconozca los daños y perjuicios causados» por el «incumplimiento» en la entrega de los edificios de Tabacalera.

En su primer escrito Royal Collections señalaba que siempre ha confiado «en las garantías aportadas por el Ayuntamiento y reiteradas por parte del alcalde, Francisco de la Torre, durante el mes de septiembre, de que Art Natura Málaga se inauguraría antes de finalizar 2010», por lo que la entidad ha firmado contratos con proveedores para la selección de 140 personas y para la adquisición de equipamientos «abonando cantidades a cuenta» y ha alcanzado convenios con touroperadores «que son necesarios para la inauguración».

El pasado 4 de marzo la junta de gobierno local del Ayuntamiento desestimó la petición de Royal Collections de declarar la resolución del contrato y de recibir una indemnización «por el incumplimiento contractual con la cantidad que sea determinada como consecuencia de la operaciones de cuantificación del daño definitivo». La entidad anunció entonces que «emprenderá acciones judiciales» contra el Ayuntamiento si antes del 4 de mayo no revisa el acuerdo tomado en esa junta de gobierno local del viernes 4 de marzo que, a su juicio, «contiene manipulaciones y falsedades de gravedad».

La Junta de Andalucía no afrontará la regulación de los chiringuitos hasta 2012 (La Opinión)

Cuatro consejerías gestionarán el litoral andaluz. Medio Ambiente asume el grueso de las competencias


Un chiringuito en una playa de la capital malagueña.
Un chiringuito en una playa de la capital malagueña. Gregorio Torres

JOSÉ TORRES. MÁLAGA El traspaso de las competencias que giran en torno a los chiringuitos ya es real. La concesión se hizo efectiva ayer dentro del paquete aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con un decreto que asigna a las consejerías de Obras Públicas; Agricultura y Pesca; Turismo, Comercio y Deporte, y Medio Ambiente las funciones, medios, servicios y personal transferidos por el Estado para gestión y ordenación del litoral andaluz. Desde ahora, las concesiones y las autorizaciones de los chiringuitos sólo serán tramitadas por Medio Ambiente y Turismo, aunque, con la temporada ya iniciada, habrá una moratoria hasta el 2012.

La primera gran batalla de este sector ha tenido un final satisfactorio después de casi dos años de polémicas. Concretamente, la decisión responde a los contenidos del Estatuto de Autonomía y a la petición formulada por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en junio de 2009, fecha en la que se alcanzó el mayor nivel de controversia. Se acabó la «incertidumbre» y comienza el «diálogo» con una administración que será mucho más «sensible» con el sector de los chiringuitos.

Con estos términos celebró ayer el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, Norberto del Castillo, que ya conocía los detalles del decreto tras una reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno de Málaga entre todas las partes indicadas. Tal y como explicó, allí se habló de crear cuanto antes una «mesa de planificación» para definir las líneas a seguir en esta nueva etapa. «La predisposición es muy buena. El diálogo está garantizado e incluso nos han pedido ayuda durante estos primeros pasos. Es el momento de retomar la ilusión, de recuperar el tiempo perdido para todas esas playas y empresarios que están pendientes de decisiones», abundó Del Castillo, quien insistió en que en la federación comparte los criterios de «no abusar ni masificar las playas» y de crear instalaciones «lógicas, operativas y razonables».

El primer paso será ordenar toda la documentación de la que se hará cargo la administración andaluza y trabajar sobre ella con vistas ya al año que viene. Según Norberto del Castillo, pocas son las modificaciones que se pueden hacer para una temporada que ya está en marcha.

Según anunció la Junta de Andalucía, el traspaso se hará efectivo el próximo viernes con un coste anual efectivo de 2,11 millones de euros, haciéndose cargo de 62 puestos de trabajo y 21 vehículos. Asimismo, recibe un inmueble de 2.348 metros cuadrados ubicado en el número 12 del Paseo de la Farola. Según las fuentes, el uso de estas instalaciones será compartido por las administraciones central y autonómica hasta que se libere por parte de la Junta el edificio ubicado en el número 7 de esta misma vía, donde se ubicarán los servicios estatales.

El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, señaló tras el Consejo de Gobierno que el traspaso permitirá reforzar la «excelencia natural y turística» del litoral andaluz y consolidar su papel como un «espacio de oportunidades» que recibe al año seis millones de turistas y acoge tres millones de residentes al año.

El decreto recoge como una de sus principales novedades, según Díaz Trillo, la creación de una comisión de seguimiento y evaluación, adscrita a la Consejería de la Presidencia, como instrumento de participación de los agentes económicos y sociales en la ordenación y gestión del litoral. De igual modo, en las seis provincias con dominio público marítimo-terrestre, la administración andaluza creará comisiones interdepartamentales sobre la materia.

Competencias
El traspaso, previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, fue formalizado el pasado 12 de enero, y las funciones transferidas incluyen las autorizaciones y concesiones de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre relativas a playas, acantilados, dunas, marismas o humedales, entre otros espacios.
Entre otros permisos figuran los relativos a la realización de vertidos, las explotaciones de acuicultura y recursos mineros o energéticos, las actividades que requieren instalaciones desmontables durante más de un año, la ejecución de obras fijas en el mar y las infraestructuras menores como embarcaderos, pantalanes o varaderos.

La Administración andaluza también pasa a regular los usos de temporada en las playas (zonas de baño y ocio) y en el mar territorial (áreas de fondeo o pantalanes flotantes, entre otros). El decreto establece la participación de la comunidad autónoma en la planificación y programación de las obras de interés general, así como en la gestión de las adscripciones al dominio público marítimo-terrestre para construcción, ampliación o modificación de puertos y vías de transporte de titularidad autonómica. Díaz Trillo subrayó, entre otras ventajas, la simplificación de trámites relacionados con el litoral a través de una ventanilla única en las distintas provincias o la elaboración de planes de playa, en colaboración con los ayuntamientos.

Una nueva etapa para un pilar del turismo
La aprobación de este decreto supone un paso agigantado para los chiringuitos, uno de los santo y seña de la Costa del Sol y de buena parte del litoral andaluz. Atrás quedan años de, sobre todo, «incertidumbre». Así lo explicó ayer el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, Norberto del Castillo, quien recordó estos últimos años como «de mucha calma pero sin seguridad», quien aseguró que las funciones, medios, servicios y personal transferidos por el Estado para gestión y ordenación del litoral andaluz deben ser un punto y aparte para buena parte de la marca turística.

«Es el momento de avanzar innovando y no copiando modelos. Con las nuevas competencias debemos crear zonas de esparcimiento de refuercen un destino líder coma la Costa del Sol», aseguró.

IMA+S denuncia que peligra la estación intermodal prevista en el PGOU. Marbella (SUR)

El candidato de IMA+S a la Alcaldía de Marbella, Antonio Martín, denunció ayer que la ampliación de la concesión administrativa sobre la estación central de autobuses de Portillo por un periodo de 15 a 20 años supone la renuncia publica del PP a cumplir lo previsto en el PGOU dentro del capitulo de movilidad. Martín explica que el Plan General no contempla la ampliación de la actual estación porque propone una estación intermodal.
Sin embargo, recordó que el nuevo pliego de condiciones anunciado por la alcaldesa, incluye la reforma de la actual estación con un montante de 400.000 euros y el pago del canon que desde 2006 no fue abonado por Portillo.
Martín reprochó a la regidora que se jacte de llevar «trabajando mucho tiempo» sobre cómo solucionar el mal servicio que presta la empresa. «Lo que indica la elaboración de un nuevo pliego de condiciones a poco de la cita con la urnas es que la alcaldesa ni ha trabajado mucho ni ha trabajado adecuadamente», manifestó.
Subida en un autobús
Según el líder del partido fundado también por el exsocialista Javier de Luis, «el servicio que presta no ha podido ser más calamitoso en estos años». Así, achacó a la empresa múltiples deficiencias: vehículos en malas condiciones técnicas, precios muy caros, retrasos, etc. «Este ha sido el pésimo aval que ha ofrecido Portillo con la complacencia del equipo de gobierno», censuró el líder político.
El candidato de IMA+S recordó asimismo que la alcaldesa se subió en la campaña electoral de 2007 a un autobús para denunciar el servicio que prestaba la empresa. «Sin embargo, hoy en plena precampaña para las municipales de 2011, la regidora vuelve a prometer mejorar las condiciones que ha sido incapaz de enmendar en cuatro años de gobierno», zanjó.

Alumnos de Arquitectura ganan un concurso de ideas para el puerto de Barbate (SUR)

Los alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga (UMA) Marina Díaz García, Daniel Natoli Rojo y Marina Díaz Gallego han ganado el primer premio del concurso de ideas denominado 'The Limit' para el cerramiento del Puerto de Barbate, convocado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA).
Los estudiantes han recibido ya el premio, dotado con 6.000 euros. Según el jurado, el proyecto, denominado 'La Almadraba', recoge un planteamiento en el que se incluye «un cerramiento transparente que genera un espacio urbano de grandes posibilidades entre el pueblo y la ciudad». Además de la dotación económica con la que está galardonado este primer premio, el galardón permitirá a los autores constituir el pliego técnico de un posterior concurso de proyecto y obra para la construcción de este nuevo cerramiento del Puerto de Barbate. Para el concurso, se recibieron 8 propuestas de la ETS de Málaga, 16 propuestas de Granada y 47 propuestas de Sevilla

El traspaso a la Junta abre un nuevo escenario para regularizar los chiringuitos (SUR)

La Junta asumirá a partir del viernes las competencias para autorizar este tipo de establecimientos sobre la arena
30.03.2011 -
IGNACIO LILLO ilillo@diariosur.es
MÁLAGA.

El traspaso a la Junta abre un nuevo escenario para regularizar los chiringuitos
Los empresarios de playas tendrán que negociar con el Gobierno andaluz los permisos para ocupar las playas. :: SUR
El próximo viernes comienza una nueva etapa en las playas de la Costa del Sol, una oportunidad para acabar definitivamente con dos décadas de conflictividad en torno a los chiringuitos y su ubicación sobre la arena. La ambigüedad con que la Ley de Costas de 1988 aborda la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, unido a la escasa sensibilidad que desde el Ministerio de Medio Ambiente en Madrid se ha demostrado en reiteradas ocasiones hacia unos negocios que son seña de identidad del destino turístico malagueño eran motivo habitual de confrontación entre los responsables de este departamento y los empresarios de hostelería, que reclamaban seguridad jurídica para poder trabajar y adecentar sus negocios. El último brote, en 2009, llevó, tras semanas de protestas de los empresarios, a que José Antonio Griñán, presidente del Ejecutivo autonómico, solicitara a su homólogo nacional, José Luis Rodríguez Zapatero, que el Estado le cediera las competencias sobre las playas andaluzas, tal y como estipula el artículo 56 del Estatuto de Autonomía. En Cataluña ya se aplica.
Sede en el paseo de la Farola
Tras un año y medio de trámites y negociaciones, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el decreto por el que se asignan a cuatro consejerías (Turismo, Medio Ambiente, Obras Públicas y Agricultura y Pesca) las funciones y el personal transferidos por la Administración central en materia de ordenación y gestión del litoral.
El traspaso se hará efectivo el próximo 1 de abril y tendrá un coste anual de 2,11 millones. La Administración andaluza asume un total de 62 puestos de trabajo (18 funcionarios y 44 laborales) y 21 vehículos; a lo que se añade la transmisión de un inmueble de 2.348 metros cuadrados en el número 12 del paseo de la Farola, en la capital. Su uso será compartido por las administraciones central y autonómica hasta que se libere por parte de la Junta el edificio ubicado en el número 7 de esta misma vía, donde se ubicarán los servicios estatales.
Las funciones transferidas que ahora se asignan a las cuatro consejerías incluyen las autorizaciones y concesiones de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en playas, acantilados, dunas, marismas y humedales, entre otros espacios costeros. Entre estos permisos destacan los relativos a los chiringuitos. En este punto, el sector mantuvo el pasado viernes una reunión con representantes del Gobierno y la Junta para iniciar contactos de cara a resolver asuntos tales como las dimensiones máximas de los locales, que han sido fijadas en un máximo de 150 metros cuadrados, según fuentes autonómicas. En próximas reuniones se seguirán concretando todos los flecos pendientes.
También serán potestad de la Junta la realización de vertidos; las explotaciones de acuicultura y recursos energéticos; las instalaciones desmontables; la ejecución de obras fijas en el mar e infraestructuras tales como embarcaderos, pantalanes y varaderos; así como los usos lúdicos y comerciales en la temporada de verano.
El traspaso de las competencias en gestión y ordenación del litoral, previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, fue formalizado el pasado 12 de enero en una reunión presidida por el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, y la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno de la Junta, Mar Moreno. Su regulación se recoge en el Real Decreto aprobado el 21 de enero.
El traspaso de las competencias es una reivindicación de los empresarios de playas, que muestran su esperanza en que la mayor «sensibilidad y cercanía» del Gobierno andaluz, en especial por parte de la Consejería de Turismo, ayude a generar seguridad jurídica y estabilidad para desarrollar sus negocios con garantías de que no serán sancionados.
La Junta tiene ante sí una oportunidad histórica de traer la paz a uno de los conflictos laborales más enquistados de la historia reciente de la provincia.