domingo, 13 de marzo de 2011

A contrarreloj para llegar al Palmeral. (SUR)

13.03.11 - 01:46 -
A contrarreloj para llegar al Palmeral

50.000 viviendas quieren amnistía. (SUR)

El decreto que abrirá la vía de la legalización a las construcciones irregulares en la Axarquía ha dado alas a los propietarios del resto de la provincia

13.03.11 - 01:44 -
LAS hay aisladas en el campo y agrupadas en diseminados rurales. Igualmente, hay algunas que fueron levantadas por sus propietarios para crear una familia y otras concebidas como segunda residencia e incluso para el turismo rural; las hay con vistas al mar y mirando a la sierra; también hay finalizadas y otras que se han quedado a medio hacer; están las que se construyeron en zonas protegidas y aquéllas en la que la calificación ambiental del terreno llegó a posteriori; y por último, las que durante décadas han poblado los montes en suelo no urbanizable. El perfil de la vivienda irregular en la provincia es tan amplio y variado como complejo es el proceso para dar solución a las cerca de 50.000 casas sobre las que pesa la espada de Damocles de las impugnaciones de licencias, las multas coercitivas y la amenaza de una posible demolición desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en 2002, con la que la Junta quiso poner freno a las construcciones indiscriminadas en el campo.
La cifra no es exacta, aunque sí una estimación bastante aproximada del mapa de las viviendas en suelo rústico que han brotado por todos los rincones de la provincia y que ahora esperan una amnistía como la planteada en la Axarquía. Desde los 'campitos' de Estepona hasta el Valle del Guadalhorce, pasando por Mijas, Marbella, la Vega de Antequera y la Serranía de Ronda. Ni siquiera los ayuntamientos saben a ciencia cierta el número de edificaciones irregulares (incluidas otras construcciones como piscinas, muros o terrazas), de ahí que el primer paso para solucionar el conflicto sea la elaboración de un inventario municipio por municipio y casa por casa como herramienta para la posterior ejecución de planes locales de inspección.
Ésa es la primera condición que ha puesto sobre la mesa la Junta de Andalucía para abrir la vía de la regularización mediante un decreto (estará redactado en un plazo máximo de seis meses) que permitirá el reconocimiento de estas construcciones, dotándolas de los servicios y equipamientos básicos que ahora son en muchos casos inexistentes. Aunque no será gratuito, puesto que la actuación deberá salir del bolsillo de los propietarios en concepto de compensaciones.
«La hoja de ruta empieza por el inventario, algo fundamental porque cada casa tiene una situación diferente y requiere una solución prácticamente personalizada», apunta el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas, Enrique Benítez.
La sombra del derribo
Se podrán salvar la mayoría de las casas que se encuentran fuera de ordenación, las construidas ilegalmente pero que han prescrito después de cuatro años y aquéllas a las que no se les puede exigir la restitución de la realidad física anterior. Pero no todas. La sombra del derribo rondará a las levantadas en suelo protegido y las edificadas al margen de la ley no prescritas. «No es imposible, pero sí que la solución va a ser más complicada», reconoce Benítez. Bien distinto será el panorama de las que se realicen a partir de ahora al margen de los planes generales de ordenación urbanística (PGOU) o los planeamientos de rango superior. «Seremos tajantes y contundentes», advierte el dirigente de Obras Públicas.
La nueva normativa, anunciada para la Axarquía aunque extensible a todo el ámbito regional, ha sido recibida por los propietarios con optimismo, pero también con cautela y escepticismo por haberse hecho pública a dos meses de unas elecciones municipales. «Lo único que pedimos es que no hagan política con nosotros. Si hasta ahora no había forma de solucionar el problema, ¿por qué ahora sí se puede si la LOUA sigue siendo la misma?», se pregunta María del Mar Vázquez, presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI).
La entidad constituida el pasado mes de diciembre y que ya agrupa a 65 colectivos vecinales aboga directamente por modificar la ley, una propuesta que pretende llevar al Parlamento autonómico, si es posible, con el respaldo de los dos grandes partidos (PSOE y PP). El mensaje es claro: «Legalizar todas las casas en las que se pueda cambiar la calificación del suelo y dotar los servicios básicos a aquéllas que se queden fuera de ordenación y estén ocupadas», explica Vázquez, quien recalca que los vecinos no son los únicos responsables de esta situación. «Ha habido mucha permisividad. Durante años, los ayuntamientos se han lavado las manos, han cobrado el IBI y demás impuestos para luego abrir expedientes y ordenar derribos», subraya.
La elección de la Axarquía para dar a conocer el decreto no fue casual. La comarca ha llevado la voz cantante en los últimos años exigiendo soluciones, hasta el punto de que los 31 alcaldes axárquicos han llegado a solicitar reiteradamente la reforma y modificación de la LOUA como vía para la normalización urbanística. El plante ha sido tal que varios regidores están imputados e incluso condenados por dar licencias o haber mirado para otro lado. De momento, 11.025 viviendas son susceptibles de ser legalizadas, aunque en el horizonte aún pueden quedar otras tantas a juicio de los grupos ecologistas.
No son las únicas. En Mijas, la presión vecinal ha ido 'in crescendo' en los últimos años, hasta el punto de que el propio Ayuntamiento optó por paralizar el envío de multas coercitivas. Esta misma semana se ha dado luz verde a la revisión del PGOU en suelo no urbanizable, lo que conduciría a la regularización de la inmensa mayoría de las 3.000 casas 'ilegales' existentes, quedándose al margen las que invaden el dominio público y las zonas de especial protección. «La ley no lo permite en ningún caso», resalta el alcalde mijeño, Antonio Sánchez.
La misma solución es la que plantean en Estepona para los 'campitos', como se conocen popularmente los diseminados rurales. En los últimos años se han multiplicado hasta superar las 3.000 construcciones, de las que unas 800 están en suelo protegido por el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental.
El interior tampoco es ajeno a esta problemática, especialmente en los pueblos regados por el Guadalhorce. Uno de los puntos más calientes es Cártama, donde se han ejecutado varias órdenes de demolición y se han producido manifestaciones de afectados reclamando soluciones para las más de 3.500 edificaciones. Ni siquiera la capital se escapa, con 44 núcleos de población asentados fundamentalmente en Campanillas, Los Montes y Puerto de la Torre en los que cerca de 1.200 casas se han quedado fuera de ordenación en el nuevo PGOU. En Antequera, las estimaciones apuntan a 800, una cifra que se duplicaría si el radio de búsqueda se amplía a toda la comarca.

VÉLEZ-MÁLAGA Proyectan un complejo hotelero y de ocio en el delta del río Vélez. (SUR)

La actuación, que incluye una marina y un campo de golf de 18 hoyos, supondrá una inversión de 750 millones en diez años

13.03.11 - 01:48 -
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El municipio de Vélez-Málaga se ha puesto de moda. Al interés mostrado por un grupo de empresarios para construir en el entorno de la autovía un parque comercial al estilo de Málaga Nostrum o Bahía Azul se une ahora otra propuesta no menos llamativa que parte de una agrupación de propietarios de suelo de la zona contemplada en el Plan de Ordenación Territorial de la Axarquía (POTAX) como área de dinamización turística del Delta del Río Vélez, que ha presentado ya ante el Ayuntamiento un estudio previo y una propuesta de convenio urbanístico para construir el complejo hotelero, deportivo y ocio 'Fenicia'.
La iniciativa supondrá una inversión total de unos 750 millones de euros y contempla, entre otras actuaciones, la ejecución de una marina o puerto deportivo con 1.050 puntos de atraque, un campo de golf de 18 hoyos, 2.446 viviendas, 8.561 plazas hoteleras, un paseo marítimo de casi siete kilómetros de longitud y un bulevar en la travesía de la antigua N-340.
El estudio, que ha comenzado a ser analizado por la Gerencia Municipal de Urbanismo, prevé asimismo la ejecución de un carril bici de 7.342 metros de largo y una red de caminos verdes de 13.806 metros de longitud, así como unos 10 kilómetros de viales.
La propuesta, a la que ha tenido acceso SUR, contempla asimismo la realización de un parque fluvial a ambos lados del cauce del río Vélez, a la vez que permitirá al Ayuntamiento la obtención tanto del Peñón del Toro, también conocido como Peñón de Almayate, como de los yacimientos arqueológicos fenicios de Cerro Alarcón, El Jardín, Toscanos y Cerro del Mar, donde el Consistorio proyecta la ejecución de un centro de interpretación dedicado al mundo fenicio.
El uso hotelero se concentrará en el ámbito de la marina o puerto deportivo, que tendrá una superficie de 57,76 hectáreas.
El objetivo de los promotores es centrar la oferta en el turismo de ocio ligado al mar. Según la agrupación de propietarios que ha planteado la iniciativa, la ejecución del puerto deportivo permitirá extraer una gran cantidad de arena que servirá para mejorar las playas del municipio ampliando la anchura entre 50 y 100 metros.
Superficie
El complejo ocupará una superficie total de 4.076.437 metros cuadrados, de los que la agrupación de propietarios que promueve el proyecto poseen 2.113.107, aunque sólo 689.449 serán edificables y el resto, 3.191.938, quedaran libres de edificaciones.
Según consta en el estudio previo, los suelos residenciales y hoteleros tendrán una superficie de 514.449 metros cuadrados, 837.0000 se destinarán a suelo deportivo (campo de golf y puerto deportivo), 638.000 a parque fluvial, 890.000 a conjunto arqueológico, 650.000 a zonas verdes públicas, 180.000 a paseo marítimo, 175.000 a equipamientos públicos y 190.000 a viales.
Los promotores del proyecto, entre los que se encuentra Level como empresa más importante, estiman que para la ejecución total del complejo se necesitarán unos 12 años (dos en la tramitación del planeamiento, otros dos en la ejecución de las obras de urbanización y ocho en los trabajos de edificación), lo que significa que no será una realidad, siempre que sea aprobado y aceptado por la corporación, hasta 2023.
La idea es ejecutar el complejo por etapas, de manera que se comenzaría con el bulevar de la N-340 y el corredor verde y se continuaría con el parque fluvial, el paseo marítimo, el vial de acceso al litoral y el carril bici; la marina deportiva y un vial anexo a la autovía; y por último las zonas verdes y jardines, los equipamientos, los viales intermedios y el campo de golf.
Según el estudio previo, la ejecución del complejo permitirá la creación de 5.000 puestos de trabajo, además de unos 6.000 durante su ejecución (entre 550 y 600 por año).

«La conexión a través de la plaza de la Marina sigue pendiente», (LAOPINION)

Entrevista a Jerónimo Junquera, el arquitecto que ha diseñado el palmeral del muelle 2.


El arquitecto Jerónimo Junquera.
El arquitecto Jerónimo Junquera. L.O.

A pocos días de que se inaugure el palmeral del muelle 2, Jerónimo Junquera muestra su satisfacción por el resultado de la obra, aunque lamenta que no se haya podido mejorar la conexión peatonal con la plaza de la Marina y defiende la verja paralela al paseo de los Curas.


¿Qué encontrará el malagueño cuando vaya al palmeral?
Un jardín amueblado en donde pasear, estar, leer y los niños jugar. Un jardín muy cuidado en todos sus mínimos detalles. Un jardín que hay que mimar, lo cual sólo se conseguirá si los malagueños lo hacen suyo y para hacerlo suyo se deben sentir cómodos. Ese es el reto para comprobar el acierto en el diseño de los espacios públicos.

¿Espera que sea asumido este parque por los malagueños rápidamente?
Es verdad que el palmeral necesita tiempo para poder disfrutarlo plenamente. Por un lado porque un jardín tarda en formalizarse muchos años, entre 15 y 20 años, y por otra parte el palmeral es una pieza más de un gran espacio que se inicia en la plaza de la Constitución, continúa por calle Larios, atraviesa la plaza de la Marina, discurre por el palmeral y termina en la Farola después de recorrer el muelle 2. Para que esté terminado aún falta tiempo.

¿Qué cambios ha sufrido el proyecto desde su concepción a su ejecución?
Contemplando la maqueta del proyecto no se aprecian diferencias, la construcción ha sido compleja pero no se ha cambiado nada sustancial.

¿Cómo valora el resultado de la obra? ¿Está satisfecho por cómo se ha plasmado?
La obra ha sido difícil, pero ha cumplido las expectativas con creces. Y esto es el resultado del compromiso de todos los intervinientes. El puerto y la Junta, porque han creído en el proyecto y lo han apoyado sin reservas, y la constructora Heliopol no ha regateado esfuerzos poniendo a pie de obra a un magnífico equipo técnico y unos subcontratista entregados.

¿Echa de menos la pasarela elevada para unir peatonalmente el palmeral y la plaza de la Marina, como estaba previsto originalmente?
La conexión a través de la plaza de la Marina es un tema pendiente de resolver. Es complejo, pero habrá que enfrentarse a ello cuando se terminen las obras del muelle 1 y los ciudadanos ratifiquen el uso de estos espacios. La alfombra que propusimos es un opción, que seguimos defendiendo, pero puede haber otras. Hace falta tiempo y sosiego para reflexionar sobre este tema con rigor.

¿Cree que tiene un buen acceso peatonal con la obra que se está realizando en la entrada por la plaza de la Marina?
La modificación de la puerta del puerto representa más que el acceso al palmeral. A mi modo de ver, el presidente de la Autoridad Portuaria –Enrique Linde– ha tomado una decisión histórica, ya que lo que ha hecho es más que un acceso, es fundir la ciudad con el puerto. El edificio de la sede de la Autoridad Portuaria ha pasado de ser un edifico del puerto a ser un edificio de la ciudad, como ocurrió en su día con el edificio de la Aduana. Otra cuestión es la conexión con la ciudad que, como he dicho, sigue pendiente.

¿Por qué está elevado el palmeral respecto al paseo de los Curas?
Por varias razones, primero por que continúa la topografía del Parque. Segundo, por que se protege del tráfico del paseo de los Curas. Tercero, porque se mejora la visión de la lamina de agua. Cuarto, por que refuerza la separación de la actividad de los muelles –se destinará a atraque de cruceros–, que deben ser inaccesibles por requerimiento de las medidas de seguridad internacionales.

¿Qué opina de la polémica que se ha creado sobre la permanencia de la verja paralela al paseo de los Curas?
Otro tema que reclama sosiego y rigor. El palmeral, desde el concurso, ha tenido cierre a lo largo del paseo de los Curas y tres puertas o accesos: por la plaza de la Marina, por la esquina y uno central que conecta con la calle Alcazabilla. La diferencia con el concurso y el proyecto es su diseño, ya que decidimos mantener una pieza histórica en lugar de la verja que teníamos diseñada en el proyecto. Hoy día la tendencia en los parques y jardines, grandes y pequeños, es acotarlos con cierre y puertas, otra cosa es cómo gestionarlos, hay que cuidarlos hay que vigilarlos y todo ello necesita recursos sostenibles.

La ampliación de un tercer carril de circulación en dirección Este en el paseo de los Curas, ¿dificultará el acceso peatonal futuro al palmeral?
El problema de las ciudades portuarias es que generan un vial paralela a la costa que conecta la ciudad longitudinalmente. Es un tema difícil que tiene que resolver la ciudad y Málaga no es una excepción. Prioridad al vehículo o al peatón, velocidad o capacidad, ese es el verdadero debate.

¿Es planteable unir el parque y el muelle 2 en el futuro?
Primero la ciudad debe posicionarse sobre lo que le acabo de comentar y en función del camino que elija el tipo de unión será diferente. Hoy creo que con esas tres conexiones sería más que suficiente disminuyendo la densidad y velocidad, la coexistencia es recomendable.

¿Cómo valora que la esquina con el muelle 1 se mantenga al mismo nivel que el paseo de la Farola?
El Plan Especial que redactamos así lo contemplaba, la continuidad es una buena noticia.

El puerto, 22 años después. (LAOPINION)

La inauguración del palmeral en la semana del 21 de marzo es el primer paso para la apertura efectiva del puerto a la ciudad.


Cronología


Marzo 2004
Cambio en el Plan Especial del Puerto
Las reuniones mantenidas entre el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Linde, terminan dando sus frutos y acuerdan cambiar el plan original de 1989 y reimpulsar el proyecto.

Abril 2006
Derribo del silo
El silo y los dos almacenes auxiliares situados a cada lado caen de forma definitiva, eliminando la postal de la entrada de Málaga de los últimos 50 años y abriendo una nueva perspectiva de la ciudad desde el mar.

Abril 2008
Obras en el muelle 2
La construcción del palmeral no ha estado exenta de problemas. La empresa que inició las obras –Tiferca– abandonó las obras a mediados de 2009 al entrar en quiebra y fue la constructora Heliopol quien las retomó a finales de ese año.

Diciembre 2010
La retirada de la verja
Comienzan los trabajos para quitar la verja que impedía el acceso de los peatones desde la plaza de la Marina, que es la entrada natural al muelle 2. Además, se ha peatonalizado toda esta entrada y eliminado el paso de vehículos.

MIGUEL FERRARY. MÁLAGA
Hay proyectos que son como una receta de mermelada. Necesitan de una cocción lenta y cualquier despiste provoca que se eche a perder. La unión del puerto y la ciudad es uno de esos proyectos, que ha requerido de 22 años de cambios, avances, retrocesos y varios impulsos, que presumían de ser definitivos, para que se materialice. En poco más de una semana se inaugurará el palmeral del muelle 2. Una zona de uso público que invita a pasear por una parte del puerto como si fuera una extensión de la ciudad al borde del mar. El resultado se podrá comprobar en pocos días, pero sí que se aprecia ya un cambio sustancial respecto al año 1989, cuando se firmó el Plan Especial del Puerto y que prometía que la ciudad empezaría a mirar al mar también en la zona portuaria.

Hacer un repaso por estos 22 años supone revisar siete propuestas diferentes para reorganizar los muelles 1 y 2 hasta encontrar la definitiva, que luego se ha cambiado en, al menos, dos ocasiones y todavía no se conoce la configuración definitiva de la esquina, la clave de todo este nuevo eje ciudadano.

Los momentos clave de la unión del puerto y de la ciudad se pueden resumir en tres, a falta de que se inaugure el palmeral. El primero es el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Málaga y la Autoridad Portuaria un Martes Santo de 2004 para cambiar el Plan Especial original. Quince años después de cerrar el primer documento de reordenación del espacio, Francisco de la Torre firmó con Enrique Linde un convenio que desbloqueó el diseño de los muelles pegados a la vida ciudadana. Acordaron primar el uso público en el muelle 2 que daría lugar al palmeral y concentrar los establecimientos hosteleros y comerciales en el muelle 1 (paralelo al paseo de la Farola), con una limitación de uso a 14.000 metros cuadrados y de altura.
El siguiente hito fue el derribo del silo y los almacenes situados a los lados. Comenzó a principios de 2006 y marcó el final del uso de ese muelle para los tráficos portuarios. Era el fin de una época y el inicio de un destino ciudadano que se ha concretado con el palmeral diseñado por Jerónimo Junquera y elegido en un concurso de ideas internacional.

El tercer gran hito de este proceso fue el derribo de más de un centenar de metros de la verja que bloqueaba la normal entrada al puerto desde la plaza de la Marina. En estos días se está completando dicha obra, que ha supuesto dar prioridad al peatón y trasladar el acceso de los coches a otra puerta.
Es una obra aparentemente sencilla, pero de gran calado psicológico, puesto que la verja ha dejado de ser una barrera a quedar como elemento decorativo entre las columnas situadas en la entrada. O de protección para el usuario del palmeral a lo largo del paseo de los Curas.

Retos

La inauguración del muelle 2 no supone el final del proceso. Simplemente abre una serie de interrogantes que ya estaban planteados y en los que el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria tienen la última palabra.
El aspecto más inmediato es definir la esquina entre el muelle 1 y 2. El rechazo del alcalde de Málaga al edificio cultural que inicialmente había apoyado el Ayuntamiento, dejó en el aire el futuro del espacio cultural que se ha previsto en esa zona. La limitación de no superar la altura del Paseo de la Farola coarta el futuro de este espacio cultural de cara a atraer exposiciones. Pero eso es adelantar mucho todavía, cuando no hay una idea clara de cómo va a ser. Ni de quién lo va a gestionar.

Inicialmente será de titularidad municipal. El alcalde intentó que Unicaja asumiera este espacio cultural, pero la entidad financiera ya dejó claro que tiene otros planes. El Ayuntamiento, con unos recursos limitados, tiene que dar ahora respuesta a la gestión de este espacio y a definirlo arquitectónicamente.
El acceso peatonal al muelle 2 es la otra gran incógnita. Tras eliminar la verja de donde puede resultar un obstáculo real, ha aparecido una barrera más compleja de quitar: el tráfico. El Ayuntamiento incluye la reducción del tráfico un 40% en el Paseo de los Curas, según su Plan de Movilidad Sostenible. Sin embargo, a la vez pide que esta vía pase de cinco a seis carriles de circulación. La falta de un criterio claro del Ayuntamiento de Málaga y la presencia de un intenso tráfico sigue dejando en manos de los semáforos el paso del peatón hacia el puerto. Aquí empieza a pasar factura la decisión de Francisco de la Torre de negarse a que se construyera una pasarela peatonal desde la plaza de la Marina hasta el puerto, como proponía Jerónimo Junquera.

También se abren algunas duda sobre el uso ciudadano que tendrá el palmeral. Por un lado el Aula del Mar sigue a la espera de firmar el convenio que le permita trasladarse a dos de los tres edificios construidos en el muelle 2, lo que asegurará un mínimo de actividad ciudadana en este entorno. Por otra parte, queda por aclarar quién asumirá el mantenimiento del palmeral, cuál será su coste y qué actividades se organizarán para atraer a los ciudadanos, como ya planteaban los arquitectos Jerónimo Junquera y Liliana Obal en su proyecto original del Palmeral de las Sorpresas.

La Aduana para Málaga en 2013. (LAOPINION)

La ministra de Cultura destacó que este proyecto no se verá afectado por los recortes de presupuesto.

Vista de la cubierta desde el patio interior del Palacio de la Aduana. Una de las salas de exposición del futuro museo.
Vista de la cubierta desde el patio interior del Palacio de la Aduana. Una de las salas de exposición del futuro museo. Gregorio Torres

MIGUEL FERRARY. MÁLAGA El grito que marcó la ciudad durante la pasada década fue el de «La Aduana para Málaga». Un lema que se está convirtiendo en toda una realidad y se podrá comprobar en 2013, cuando abra sus puertas al público convertido en el Museo Arqueológico y de Bellas Artes de la ciudad.

El interior del antiguo palacio muestra un edificio en transformación para recuperar su porte aristocrático original. Los tabiques han desaparecido, los arcos han ganado altura, la piedra y el mármol han recuperado su sitio y el tejado a dos aguas vuelve a coronar el conjunto, tal y como era desde su construcción hasta el incendio de 1922.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que visitó ayer la Aduana junto a representantes de los movimientos sociales que promovieron el uso cultural del palacio, destacó la buena marcha de las obras de remodelación y que espera que se adelante la entrega del edificio a enero de 2012, pese a que la fecha de entrega es para mayo de ese año. En este sentido, recordó la apuesta del Ministerio por este proyecto -con un presupuesto de 25 millones de euros– lo convierte en «el más importante que tiene en marcha y que no se ha visto afectado por los recortes de presupuesto y reprogramación de obras».

González-Sinde estuvo acompañada por el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Paulino Plata, quien recordó que la administración andaluza asume el proyecto museográfico para adaptar las dependencias para uso expositivo. Para ello invertirá unos 7 millones de euros desde el momento en que reciban las obras del edificio. Plata recalcó que, una vez concluida la rehabilitación del palacio, se necesitarán «más de 10 meses de trabajo» para habilitar el inmueble antes de su apertura.

Las obras siguen un proyecto de Fernando Pardo, Bernardo García-Tapia y Ángel Pérez Mora, cuyo objetivo es recuperar la estructura original del palacio.

La arteria y el caudal. (MALAGAHOY)

Entre la calle Hilera y el Arroyo de los Ángeles, la ciudad se prolonga en un largo compás donde puede comprobarse buena parte de su historia y en el que todas las Málagas posibles parecen citarse

PABLO BUJALANCE / MÁLAGA | ACTUALIZADO 13.03.2011 - 01:00
Es una mañana lluviosa y en este enclave de casa blancas, entre las calles Hilera y Eugenio Gross, a lo largo de la calle Santa Elena, se percibe un cierta noción de supervivencia, de ciudad intacta. Realmente, poco o nada ha cambiado en este núcleo en los últimos veinte años. Los gatos siguen campando a sus anchas entre los coches, las matas y plantas trepadoras siguen creciendo en las fachadas y las vecinas siguen acudiendo a misa cada domingo en la iglesia de la Amargura. Ahora, sin embargo, el tráfico se desplaza a paso de babosa a punto de dejar sus huevos, los charcos anidan en los límites de cualquier bordillo y sólo algunos peatones se dejan ver en las aceras, con sus paraguas e impermeables. Desde aquí hasta el Arroyo de los Ángeles se extiende una Málaga múltiple, diversa como los dones divinos, de muro encalado y de altura arquitectónica, de maceta en el balcón y de masificación eterna. En tiempo inmemorial, las calles Eugenio Gross y Blas de Lezo abrieron una vía decisiva en la ciudad para su articulación casi definitiva, para la conexión de dos zonas que hasta entonces parecían extremos de dos mundos contrapuestos. Hoy, este recorrido juega su papel de urbe dentro de la urbe, a modo de una arteria llena de tiendas, bares y sobre todo gente, construida hacia arriba pero también con discreción mediterránea, confidente del asfalto y de la teja. Completando este recorrido a pie, uno tiene la sensación de que asiste a todas las etapas que la ciudad ha recorrido en el último siglo, como en una especie de parque temático. Pero son las personas, de nuevo, las que configuran el espacio, no los ladrillos ni los coches.

Estrictamente, al hablar de Eugenio Gross no nos referimos a un barrio. Según la delimitación municipal oficial, esta zona pertenece al distrito Bailén-Miraflores y el nombre del barrio es el de Los Castillejos, pero la aclamación popular va desde luego por otro lado. En realidad, tampoco la calle presenta una estructura decisiva de barrio, salvo en algunas zonas, especialmente donde se encuentran las casas más antiguas. En los altos edificios, los vecinos, como es natural, se relacionan en el marco de sus bloques, o en el de sus plantas. Tras el cruce con Martínez Maldonado, Eugenio Gross ya es, por fin, una realidad. En esta dirección se puede ver a la izquierda el emblemático edificio de la Teléfonica, que fuera joya arquitectónica de Málaga y hoy testimonio en pie de los esfuerzos, a menudo titánicos, con los que se quiso implantar cierto paradigma moderno, más soñado que real. Justo al lado se extiende la promoción franquista de las antiguas viviendas de militares, con su coqueta disposición de patios. A partir de aquí, Eugenio Gross va a dar cuenta sin reparos de su propia esquizofrenia: en su acera más próxima a la Trinidad se sucederán bloques anodinos de viviendas en cuyos bajos pueden encontrarse talleres mecánicos, una de las pocas tiendas de la ciudad en las que puede comprarse una Harley Davidson, cafeterías habitualmente pobladas por hombres que discuten sobre fútbol, algunos comercios de moda y otros agentes clave para el abastecimiento de los vecinos. En la orilla más próxima a Gamarra, el barrio se reparte entre casas de fachadas blancas de coqueta mampostería, con plazas en cuyas tardes juegan niños a su aire y algunos jardines, y los altos edificios de la zona de Echevarría, más próxima ya a Nueva Málaga, con su monumental edificio de quince plantas como baluarte central y sus consabidos problemas de aparcamiento: hay coches estacionados encima de las aceras, en doble fila, en reservas para minusválidos, de cualquier manera. Con esta lluvia, la inclinación a dejar el automóvil en la puerta del objetivo sí o sí multiplica sus presupuestos. En realidad, tanto en un segmento como el otro se puede encontrar casi de todo: hay herboristerías, peluquerías, mercerías, boutiques en los que se pueden encontrar modelos propios de los primeros 80, mesones, bazares donde aún pueden encontrarse cassettes TDK de 90 minutos y otros servicios indispensables. En las casas blancas, las más antiguas, la lluvia revela imperfecciones en las fachadas, y no resulta difícil imaginar que se colará la humedad. Esta sensación se multiplica conforme subimos (la cuesta no parece muy acentuada, pero lo es de modo suficiente para desear un reposo, más por su longitud) el cruce con Martínez de la Rosa, mientras dejamos a la derecha algunas calles que conducen a la zona de Bailén: Cataluña, Andalucía y Rafaela. En este entramado, casi una judería espontánea, se asoman algunas pequeñas mansiones que revelan coquetos mimos que lindan con otras en ruinas. La limpieza deja aquí bastante que desear.

Más casas de este corte se siguen viendo en Eugenio Gross cuando al fin se conquista la cima y se alcanza el citado cruce. Hacia la Trinidad se adivinan el Archivo Histórico Provincial y el convento que será, si Dios no lo remedia, el Parque de los Cuentos. En dirección contraria, el Camino de Suárez. En este punto, esas casas presentan fachadas rosas y azules, con una cierta saudade portuguesa, y uno recuerda entonces que, antaño, Málaga fue una ciudad de colores. Un grupo de vecinas discute con visible sofoco algún asunto importante bajo los paraguas. Parece que discuten sobre política. También esta intersección se percibe un mestizaje mucho más evidente, con gentes de orígenes muy distintos, mediterráneos y atlánticos, que caminan casi siempre en solitario y sin paraguas, con las manos metidas en los bolsillos y algunas prisas. Huele a comida. Alguien tiene la sartén a tope muy cerca.

Blas de Lezo es, si se sigue la misma dirección, una suave pendiente cuesta abajo hasta el Hospital Materno Infantil. Hay algunos negocios de venerable veteranía, como el gimnasio, la legendaria ferretería de Antonio Banderas (no confundir con el actor), un blockbuster del Cretácico y una cafetería famosa en media Málaga por sus churros. Nada parece haber cambiado aquí en mucho tiempo. El contraste se suaviza, la uniformidad se acomoda en los portales antiguos. Una señora mayor acaba de llegar a su casa empapada y cargada de bolsas. Éste es el mundo real.

Los alcaldes empiezan a promover la legalización de 10.000 casas más. (MALAGAHOY)

EL URBANISMO IRREGULAR EL ANUNCIO DE LA JUNTA DE UN DECRETO ABRE LAS PUERTAS A LA NORMALIZACIÓN MASIVA

Se trata de viviendas enclavadas en la Costa del Sol y el Guadalhorce que se suman a las 11.000 de la Axarquía y las 16.500 de Marbella · La Fiscalía advierte que el decreto de regularización bendice la impunidad

REDACCIÓN / MÁLAGA | ACTUALIZADO 13.03.2011 - 01:00
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Vista de viviendas diseminadas en la comarca de la Axarquía.

Los alcaldes de la provincia confían en que otras 10.000 viviendas ilegales enclavadas en la Costa del Sol y el valle del Guadalhorce puedan acogerse al decreto prometido por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para legalizar 11.000 de las 12.760 casas levantadas en suelo rústico en la comarca de la Axarquía. El parque de viviendas ilegales de la provincia se acerca a las 45.000 edificaciones. Es decir, si en cada una de estas casas vivieran tres personas se obtendría una población superior a la de Cádiz capital. Sin embargo, las medidas adoptadas primero por el Ayuntamiento de Marbella para incluir en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, por tanto, legalizar 16.500 de sus 18.000 viviendas fuera de planeamiento y el anuncio de la Junta de aprobar con carácter inminente un decreto amnistiador que sólo dejará en la ilegalidad aquellas edificaciones construidas en suelo expresamente protegido deja claro que el camino de la legalización masiva está abierto.

El Ayuntamiento de Mijas ya ha remitido a la Consejería que dirige Josefina Cruz los datos de 3.000 de sus 3.700 viviendas, al tiempo que en el Pleno extraordinario celebrado el miércoles se dio a conocer que el equipo de gobierno que preside Antonio Sánchez (PSOE) trata de revisar el suelo no urbanizable del municipio para regularizar todas las casas, salvo las que estén en dominio público o áreas de especial protección. En Estepona se localizan 3.000 chalés fuera de planeamiento construidos con licencias para aperos de labranza que también se quieren introducir en el PGOU. Y, por si acaso el PP le toma el relevo al socialista David Valadez en las próximas municipales, ya ha hecho saber que está dispuesto a negociar la regularización.

El Ayuntamiento de Coín que gobierna Gabriel Clavijo (PSOE) también realiza un censo de viviendas irregulares para ver cuántas de ellas son susceptibles de normalizar y en Cártama, donde se contabilizan otras 3.000 viviendas en suelo no urbanizable, el alcalde, José Garrido (PSOE), ya ha indicado que el 80% podrán incluirse en el PGOU. Las únicas salvedades serán las que estén en zonas inundables y las de protección especial.

En la Serranía de Ronda se comienzan a oír las primeras voces que piden que se aplique en algunos puntos del término municipal de Ronda el mismo decreto que ha posibilitado la regularización de casas en la Axarquía. En concreto, el primer teniente de alcalde, Francisco Cañestro, solicitó esta misma vara de medir para las viviendas ubicadas en el paraje conocido como Los Navares y Tejares, donde hace años que se construyeron varias docenas de casas, la mayoría de ellas ubicadas en las proximidades del cauce del río Guadalevín. De hecho, para acceder a las mismas existen sendos caminos asfaltados y hasta existe un cruce sobre la circunvalación de Ronda con señalización incluida.

El decreto de legalización se ha anunciado para la Axarquía, aunque en realidad, como dice el abogado José Carlos Aguilera "no puede ser un traje a medida" para nadie, porque las normas, por naturaleza, son de aplicación general a todo el territorio. Todas estas viviendas son ilegales porque contravienen lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que entró en vigor en enero de 2003, precisamente cuando la consejera Josefina Cruz era directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Esta ley acotó en términos generales la construcción en zonas rústicas a las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales mientras que el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, de 2006, reforzaba el carácter proteccionista. Sin embargo, gran parte del urbanismo ilegal ha emergido precisamente en la última década, o sea, cuando existían más normas dirigidas a preservar y ordenar el territorio.

Miguel Ángel Torres, de Ecologistas en Acción de la Axarquía, alude a "una dejación grave de responsabilidades" en los ayuntamiento que, "expresamente" han desistido de "ejercer la disciplina urbanística y perseguir las ilegalidades", con el amparo "de la propia Junta y la Diputación, más aún cuando muchos de estos alcaldes son también diputados provinciales". En la misma línea interpreta que estos ayuntamientos y estos alcaldes han sido tan reticentes a la elaboración de planes de ordenación urbana "porque lo que quieren es que no haya ordenación".

Desde Ecologistas en Acción se subraya que el panorama ocasionado por ese abandono de responsabilidades "se quiere vender como un problema social de pequeños agricultores que han construido una casita porque no tenían dinero para comprar una vivienda. Esto no es así. Aquí lo que funciona es una trama de intereses, un lobby de ladrilleros que no sólo presionan para que se legalice lo ilegal, sino para que todo siga igual. Si no, ¿tiene sentido acaso que en un pueblo del tamaño de Cómpeta haya decenas de inmobiliarias y que todavía hoy se siga construyendo en las mismas condiciones?".

El letrado José Carlos Aguilera, que ha defendido a varios alcaldes imputados en delitos contra la ordenación del territorio, apunta, sin embargo, que "cuando una persona ha comprado o construido una vivienda, ha obtenido una licencia, ha acudido a un notario que autoriza la correspondiente escritura y la inscribe en el Registro de la Propiedad no puede verse sorprendido por un proceso penal o un expediente administrativo". En su opinión, cuando esto ocurre sólo hay un "diagnóstico": "el ordenamiento jurídico estás mal configurado y tiene fallos que comprometen la seguridad jurídica".

El abogado Diego Martín Reyes que conoció de primera mano el desmadre del urbanismo durante su etapa como presidente de la gestora de Marbella agrega otro ingrediente: la responsabilidad de las administraciones que por acción u omisión permitieron el desbarajuste y que, por tanto, ante una eventual demolición de lo ilegal se verían obligadas a indemnizar a los compradores de buena fe. "El mensaje que transmite una legalización masiva es que aquí no pasa nada", coinciden en señalar el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, el abogado Diego Martín Reyes y el ecologista Miguel Ángel Torres.

"El Derecho Penal tiene el doble objetivo de castigar las conductas delictivas y de prevenir que se repitan. En el caso del urbanismo la sanción más eficaz es la demolición. Si se elimina, te cargas esa misión. Además, son delitos que tienen consecuencias muy perniciosas. Sus efectos son para siempre, por lo que hay que restablecer ese atropello al medio ambiente, al paisaje, a la propia ordenación territorial y a los recursos naturales. Debe primar el interés general sobre el individual", concluye Antonio Morales. El fiscal jefe, además, recurre a criterios económicos para defender la preservación del medio ambiente "porque si una zona tiene valor turístico gracias a sus cualidades naturales habrá que cuidarla, ¿no?".

Ecologistas en Acción entiende que el decreto creará un "precedente insoslayable: cualquier persona podrá hacerse una vivienda con o sin licencia porque al final será legalizada. No habrá razón jurídica para que la norma sea diferente para unos y para otros". El anuncio de la consejera ha sido ampliamente interpretado en clave electoral para contrarrestar los vaticinios adversos que las encuestas dan al PSOE. No obstante, los responsables de Ecologistas en Acción reconocen que "no tenemos compañeros de camino" en alusión a la unánime actitud la parrilla política en este asunto, y Diego Martín Reyes observa que se ha producido "un cambio de visión política en la comunidad autónoma en los últimos siete u ocho años", desde que la propia Josefina Cruz impulsó la LOUA hasta ahora, cuando plantea una vía para acomodar las actuaciones que la infringieron. Sin embargo, desde su punto de vista el interés electoral que pueda haber no responde tanto al potencial de votos que pueda cosechar el PSOE "como al riesgo de que haya una rebelión de los candidatos a las alcaldías de esos municipios, pueblos de apenas 2.000 ó 3.000 habitantes en los que la construcción ilegal es un problema gravísimo".

El que la LOUA esté en vías de modificación a través de un decreto es otro elemento de inquietud. La consejera, en su comparecencia de la semana pasada, no fue más allá, pero lo cierto es que un decreto no tiene capacidad para modificar una norma de rango superior como es una Ley, según coinciden en apreciar tanto el abogado José Carlos Aguilera como el ecologista Miguel Ángel Torres. La única fórmula jurídica sería un decreto legislativo, pero Josefina Cruz no precisó ese extremo.

José Carlos Aguilera cree que un anuncio en estas condiciones "crea unas expectativas que pueden verse defraudadas". Defiende sencillamente cambiar la LOUA "porque el problema es la ley". Desde su punto de vista, lo oportuno es abrir la mano y no limitar las construcciones a su vinculación con actividades agrícolas, ganaderas o forestales. Además, advierte que muchas edificaciones irregulares en el campo "pueden y deben regularizarse a través de los PGOU, porque los ayuntamientos son los responsables del problema y los que, en virtud del principio de autonomía municipal, tienen la obligación y potestad de resolverlo". Para Martín Reyes lo correcto hubiera sido cerrar el capítulo de la edificación ilegal en rústico en 2003 a través de la propia LOUA. "Se pudo y se debieron contemplar esas construcciones fuera del ordenamiento, pero no se hizo. Ahora buscar otras vías, como un decreto, para cambiar la ley no es una buena solución".

Mientras se resuelve la fórmula que bendecirá las construcciones ilegales en suelo rústico, 11 alcaldes y ex alcaldes han sido condenados por autorizar viviendas en suelos no urbanizables, decenas de promotores han sido penados, numerosas causas judiciales se apilan en lo juzgados y el Código Penal, que entró en vigor hace apenas unas semanas, ha agravado las condenas para quienes permiten por acción u omisión los atropellos contra el territorio y la ordenación urbanística.

¿Un decreto de legalización les afectaría? Este es otro de los puntos oscuros que está por resolver. El Código Penal, ante los delitos urbanísticos, es un libro en blanco. Establece penas por construir en suelo no urbanizable pero es la norma administrativa la que determina qué es y qué no es urbanizable. Parte de los expertos consultados coinciden en que las causas penales se verán afectadas hasta el punto de que la amnistía administrativa también implicaría una amnistía penal porque no se puede condenar a nadie si el atropello urbanístico cometido es legalizable.

Sin embargo, Diego Martín Reyes tiene dudas. A falta de conocer el contenido de la norma legalizadora aclara que "un decreto no cambiaría la calificación del suelo. Una cosa es que una construcción se legalice o tolere desde el punto de vista urbanístico y que no le afecte una orden de demolición, pero la esencia del delito se va a mantener, por tanto, no tendría consecuencias penales".