jueves, 27 de enero de 2011

Hacienda 'cerca' a los embargados al reclamarles plusvalías inmobiliarias (Málaga Hoy)

Si el precio del inmueble supera el escriturado en una subasta , el desalojado deberá hacer frente al pago de entre el 19 y el 21% de la operación al generarse una ganancia

J. CINTORA / MÁLAGA | ACTUALIZADO 27.01.2011 - 01:00
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Una promoción de viviendas en la capital.

A José Antonio C. le embargaron el piso hace unos meses porque no podía hacer frente al pago de la hipoteca. Unas semanas después su inmueble salía a subasta por un precio superior al valor escriturado inicialmente. Fue en ese momento cuando Hacienda le reclamó un 20% de la operación al considerar que el embargado había obtenido una plusvalía patrimonial. Para los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha), el caso de este embargado es "sólo una más de las actuaciones fiscales disparatadas" que los colectivos más afectados por la crisis deben soportar.

"Se trata de un porcentaje muy alto y nada acorde con la situación económica que asfixia a miles de familias. ¿Cómo se le puede explicar a un ciudadano que ha perdido su casa que además debe pagar entre un 19 y un 21% de esa operación", se pregunta el secretario general de Gestha, José María Mollinero. Pero los técnicos de Hacienda advierten que este tipo de situaciones "tan disparadas" no son exclusivas de los embargados, sino que también afecta a las empresas, sobre todo a aquellas que se encuentran inmersas en un proceso concursal. En el caso de que alcance un acuerdo de quita con los acreedores, Hacienda les imputa un beneficio a distribuir en varios ejercicios "que tributará en el Impuesto de Sociedades". Para acabar con este tipo de situaciones, los técnicos de Hacienda remitieron recientemente a los grupos políticos del Congreso unas propuestas para la modificación de las leyes del IRPF y del Impuesto de Sociedades.

Para Mollinero, la solución para equilibrar las cuentas públicas pasaría por luchar de manera eficaz contra la economía sumergida y los grandes defraudadores en lugar de poner la lupa sobre los colectivos más perjudicados por la crisis o realizar drásticos recortes sociales, sobre todo cuando España, según los datos que maneja Gestha, tiene uno de las mayores bolsas de dinero negro de los países de la Unión Europea, equivalente al 23,3% del Producto Interior Bruto, lo que supone que 245.000 millones de euros escapan al control del fisco anualmente.

A este respecto, el secretario regional de Gestha subraya que durante este año la Agencia Tributaria pondrá en marcha los primeros planes de investigación para hacer frente a la estructura de las tramas del fraude financiero. "Aunque parezca mentira, dos instituciones que dependen del Gobierno como la Agencia Tributaria y la Seguridad Social podrán a partir de ahora compartir datos, algo que hasta el momento no se podía realizar". A juicio de Mollinero, se trata de tramas "muy interesantes" de investigar porque en la actualidad están aconsejadas por despachos de asesoría. "No se trata de un fraude de andar por casa por el tipo de ayuda que tienen", advierte el secretario general de Gestha.

A su juicio, en los últimos meses se ha producido un incremento del fraude de las facturas falsas a través de varias empresas que se van dando cobertura. "En esos casos es muy complicado diferenciar lo verdadero de lo falso por el entramado que montan".

El Ayuntamiento promete una ayuda inmediata para el Cementerio Inglés (La Opinión)

El alcalde se reúne con la Fundación Cementerio Inglés de Málaga y le asegura apoyo económico temporal para que el monumento no cierre


El Ayuntamiento promete una ayuda inmediata para el Cementerio Inglés
El Ayuntamiento promete una ayuda inmediata para el Cementerio Inglés

ALFONSO VÁZQUEZ MÁLAGA
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, prometió ayer fondos económicos «para el futuro inmediato» con el fin de evitar el cierre del Cementerio Inglés, que necesita 15.000 euros al año para poder pagar el sueldo del trabajador que lo mantiene y abre a diario.

Bruce McIntyre, excónsul de Gran Bretaña y presidente de la nueva Fundación Cementerio Inglés de Málaga, declaró ayer a La Opinión que esta ayuda económica, que evitaría la clausura del cementerio el próximo 1 de febrero por falta de fondos, «nos dará el respiro que necesitamos para buscar patrocinadores».

El señor McIntyre señaló que aunque De la Torre no precisó la duración de la ayuda, «me llevé la impresión de que serían tres o cuatro meses».

Durante la reunión, el presidente de la fundación, nacida en julio del año pasado, explicó a Francisco de la Torre su funcionamiento. «Le expliqué al alcalde que nunca fue nuestra intención que el Ayuntamiento nos subvencionara totalmente por un periodo indefinido», señaló.

McIntyre subrayó la intención de aprovechar estos meses de ayuda municipal para buscar patrocinadores. «El Ayuntamiento nos va a ayudar proporcionándonos contactos con varias empresas».

Al ofrecimiento de ayuda urgente de De la Torre se suma lo prometido el pasado martes por la delegada del Gobierno andaluz, María Gámez, que aseguró que la Junta iniciará los trámites para declarar el monumento, el primer cementerio protestante de toda España, Bien de Interés Cultural. Esta declaración facilitaría además la petición de fondos a los gobiernos central y autonómico para poder mantener y rehabilitar el camposanto.

Además, en el pleno de hoy IU presentará una moción de ayuda al Cementerio Inglés.

Precisamente la situación de abandono del cementerio, sin fondos del Gobierno inglés desde 1904 y con donaciones y servicios funerarios a la baja, animó hace unos años al diplomático de carrera Bruce McIntyre a crear una fundación que con el apoyo de empresas y particulares acabara con la precariedad de esta olvidada joya del XIX.

La Junta insta por segunda vez a Torrox a parar la venta de suelo para 152 VPO (SUR)

Gobernación asegura que el precio fijado de 500.000 euros no se ajusta a la ley, pero el Ayuntamiento tiene previsto aprobarlo hoy
27.01.2011 -
EUGENIO CABEZAS
TORROX.

La Junta insta por segunda vez a Torrox a parar la venta de suelo para 152 VPO
La parcela que se prevé adjudicar hoy en pleno está situada en la zona de Barranco de El Puerto.:: E C.
La Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga, ha remitido por segunda vez en los últimos ocho meses un escrito requiriendo al Ayuntamiento de Torrox la paralización inmediata del procedimiento para la enajenación de dos parcelas municipales, situadas en el sector URP10 del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en las que se ha previsto la construcción de un total de 152 Viviendas de Protección Oficial (VPO).

Los argumentos que esgrimen desde la Administración andaluza para instar a la paralización del procedimiento son idénticos a los que ya llevaron al equipo de gobierno cuatripartito (IU, PSA, PIU, PP) a parar la licitación el pasado mes de mayo, esto es, que el precio mínimo de venta no se ajusta a la normativa vigente, en concreto, al artículo 66 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

En este artículo se recoge que el precio de venta de los suelos municipales no podrá ser inferior al valor urbanístico del terreno, por lo que el precio mínimo, según la Junta de Andalucía, de estos 18.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento ha fijado en 500.000 euros, debería ser de 1.938.732,22 euros, cuatro veces más. Sin embargo, en esta ocasión el Consistorio no está dispuesto a paralizar el proceso, como ya hizo el pasado año.

«No tiene ningún fundamento jurídico, porque nuestro pliego tiene todos los informes técnicos y jurídicos favorables. Además, el escrito de la Junta se ha producido fuera de plazo», argumentó ayer a SUR el concejal de Urbanismo, José Luis Pérez Moreno, quien adelantó que hoy tienen previsto ratificar en pleno la adjudicación provisional de estos suelos a una Unión Temporal de Empresas (UTE) del municipio, por un montante de 501.000 euros.

«Una persecución partidista»
«Esto tiene toda la pinta de que es una maniobra más del PSOE, que está llevando a cabo una persecución partidista hacia este Ayuntamiento, porque no está gobernado por ellos, aquí hay una clara connivencia de los socialistas locales con sus colegas de la Junta de Andalucía», manifestó visiblemente enojado el edil torroxeño, quien arremetió contra la labor de los socialistas, tanto en Torrox como en la Junta de Andalucía. «Parece que no quieren que se hagan viviendas sociales en este pueblo», aseveró.

Pérez Moreno defendió que los técnicos municipales han argumentado que, conforme a la Ley del Suelo 2/2008, las parcelas que no estén totalmente urbanizadas, pueden venderse por su valor agrícola, como ocurre, según estos informes, en el caso de estos 18.000 metros cuadrados situados en la zona de expansión de Barranco del Puerto, frente al casco histórico. «Ya han hecho perder 344.000 euros al Ayuntamiento, porque en el anterior proceso se ofertaron 845.000 euros, y no vamos a permitir que la Junta y el PSOE, por intereses políticos, sigan perjudicando al Ayuntamiento», añadió.

Adjudican en 458.803 euros el edificio para las asociaciones vecinales de Vélez (SUR)

El Ayuntamiento ha adjudicado en 458.803 euros el proyecto de construcción del edificio para las asociaciones vecinales que se levantará en la avenida de las Naciones. Las obras serán ejecutadas por la empresa Interbuild, que dispondrá de un plazo para su realización de 4,8 meses. La empresa se compromete a contratar a un total de 25 personas desempleadas del municipio para acometer el proyecto.
Además, Interbuild ofrece mejoras valoradas en 49.155,05 euros, relativas a los espacios libres, acondicionamiento de interiores, acondicionamiento de la sala de usos múltiples para aula de informática e incorporación de mobiliario.
Un total de once empresas presentaron ofertas para este proyecto. Se trata de un centro educativo para uso de las distintas asociaciones vecinales de Vélez-Málaga. El edificio se instalará sobre una parcela municipal de uso educativo. El inmueble contará con conserjería, administración, dos despachos, tres salas de reuniones, tres salas de usos múltiples, aseos y zonas comunes.
El solar cuenta con una superficie de 1.304 metros cuadrados, aunque el proyecto se desarrollará en una sola planta con 429,50 metros cuadrados.
Ciudad de la música
Por otro lado, ayer finalizó el plazo para la presentación de ofertas para hacerse con las obras de construcción del proyecto del complejo cultural y educativo 'Ciudad de la Música y las Artes Escénicas' en la finca de Las Golondrinas. En total se han presentado trece empresas al concurso público. El precio de licitación es de 851.045,84 euros y el plazo de ejecución es de seis meses.
El complejo además albergar la actual escuela municipal de Música y Danza, servirá como sede de los diferentes colectivos que trabajan estas artes en el municipio. Se edificará por fases en una parcela de 10.350 metros cuadrados situada en el barrio de la Cruz del Cordero. La primera fase, que asciende a 900.000 euros, será financiada con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local.
El proyecto contempla la construcción de cinco edificios diferentes, que no ocuparán más de 2.500 metros. El inmueble principal será de uso compartido y servirá tanto para albergar las clases de la escuela municipal de música y danza. Los cuatro restantes serán un pabellón de danza, un auditorio, una biblioteca y una audioteca, y una cafetería y la zona de espera.

Los empresarios de Mijas se amparan en el Defensor del Pueblo para impulsar la Tecnópolis. Mijas (SUR)

Dar un nuevo impulso a un proyecto como el del Parque Empresarial de Mijas, cuyos avances escasean es el objetivo que se ha marcado la asociación de comuneros de la localidad al solicitar su ayuda al defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, quien ya les ha anunciado que realizará todas las gestiones pertinentes para conocer la situación real de la iniciativa.
Así lo anunciaban los miembros del colectivo que enmarca a 232 emprendedores, interesados en fomentar un nuevo área industrial en Mijas. Ya se ha abierto el expediente en el que esperan «encontrar una justificación real del retraso que vive el Parque Empresarial», apuntó Cristóbal González. Uno de sus propósitos es conocer de primera mano el informe medioambiental que cataloga el área adquirida por los empresarios en La Atalaya como Zona de Protección Ambiental, y que impide edificar en la parcela. Y es que, aunque en 2003 adquirieron estos terrenos, con el beneplácito de Ayuntamiento y Junta, la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio (POT) frenó su desarrollo.
Además, no descartan recurrir a los tribunales, aunque «de momento, la idea queda descartada para no entorpecer o paralizar la labor del Defensor del Pueblo».

Las nuevas valoraciones del catastro se harán en 2012. Estepona (SUR)

El Consistorio y la gerencia territorial del Catastro establecen un plan de actuación para realizar esta nueva actualización
27.01.2011 -
MERCEDES PERIÁÑEZ
ESTEPONA.

El trabajo de campo para actualizar y determinar los nuevos valores de los inmuebles de Estepona se realizará durante 2012 y parte de 2013. El Ayuntamiento de Estepona y la gerencia territorial del Catastro en Málaga han fijado ya la hoja de ruta para la aprobación de una nueva ponencia de valores. La primera reunión entre técnicos de ambos organismos se realizará en noviembre de este año, según aseguró a este periódico la concejala de Hacienda, Carmen Ocaña.
Las nuevas muestras para fijar el valor patrimonial de las viviendas se prolongará hasta mediados de junio de 2013. Para entonces, se prevé tener aprobado el nuevo documento, para que entre en vigor en 2014. Estos trabajos no supondrán coste para las arcas municipales, según explicó la edil de Hacienda. «Se trabajará para establecer de nuevo los valores de las viviendas, ajustándolo al precio de mercado», dijo Ocaña.
La legislación establece que tienen que pasar cinco años desde la última revisión catastral para actualizar los valores. La que está vigente en el municipio se aprobó en 2007 y entró en vigor en 2008. Sin embargo, poco después, el Ayuntamiento intentó anularla mediante la interposición de un contencioso-administrativo con el que se pretendía dejarla sin efecto. Pero no dio resultado
El Ayuntamiento formuló, a finales del año pasado, a la Dirección General del Catastro la «necesidad imperativa» de que los valores catastrales se modificaran a la baja para suavizar el impacto originado en la economía local por la aplicación de la misma durante estos años. Para ello, esgrimieron con informes municipales que la actual ponencia de valores «no es válida» y que «nació fallida» porque no se tomaron las «suficientes» muestras para determinar el valor de los inmuebles de todo el municipio.
Propuesta al pleno
Sobre el asunto, la Plataforma de Vecinos de Estepona tiene previsto presentar en el pleno ordinario de este mes una propuesta para que se acuerde la dotación de personal y medios técnicos (que corresponda al Ayuntamiento) para los trabajos de la revisión; se incluya en los presupuestos una partida económica para financiar los mismos y se analice la interpretación de la ley para que la entrada en vigor del nuevo catastro se haga efectiva el 1 de enero de 2013.
Así, el colectivo esgrime que la ley establece el plazo mínimo de cinco años de vigencia de una ponencia de valores para que se inicie un nuevo procedimiento, pero no excluye, a su entender, que los trámites de preparación y aprobación no se realicen con la necesaria antelación para que la entrada en vigor de la ponencia revisada «no sea efectiva desde el día uno del sexto año».

Cultura prohíbe al Ayuntamiento contenedores soterrados en la calle Cister (SUR)

La Gerencia de Urbanismo asegura que la Junta aprobó documentación adicional y planos de la ubicación
27.01.2011 -
ANTONIO ROCHE
MÁLAGA.

Cultura prohíbe al Ayuntamiento contenedores soterrados en la calle Cister
El lugar está acotado por vallas para el inicio de las obras. :: SUR
El delegado provincial de Cultura, Manuel Jesús García, ha notificado a la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga que no podrá instalar un contenedor soterrado en la calle Cister, frente al edificio del antiguo Palacio de la Aduana, que acogerá en breve el Museo Provincial de Bellas Artes.

«Se trata de una intervención que carece de la previa y preceptiva autorización prevista en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía e informada desfavorablemente con anterioridad por ser un proyecto previsto en el entorno de varios inmuebles protegidos», recoge una nota de prensa difundida ayer por la Junta de Andalucía.

Manuel Jesús García comentó a SUR que esta notificación de Cultura se produce tras un requerimiento de un grupo de vecinos de la zona advirtiendo de una serie de obras en la calle Cister, esquina con plaza de la Aduana, en pleno centro histórico de la ciudad y junto a varios enclaves considerados como Bien de Interés Cultural (BIC).

«Personados en el lugar técnicos de la delegación provincial, han podido constatar cómo allí se encuentra prevista la instalación de un contenedor de residuos sólidos urbanos, lo que ha motivado la redacción del citado escrito», apuntó.

Este contenedor soterrado se ubicaría concretamente en los entornos de los edificios del Palacio de la Aduana y Villalcázar, además del correspondiente al conjunto histórico de la Alcazaba, todos ellos declarados BIC. En su escrito, el delegado provincial de Cultura recuerda a la Gerencia de Urbanismo que, ya en 2009, la instalación de dicho contenedor contó con un informe desfavorable por parte de la delegación.

Versión municipal
El Ayuntamiento no comparte esta aseveración. La Gerencia Municipal de Urbanismo aseguró que la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Provincial de Cultura, aprobó tanto el proyecto de intervención arqueológica en la calle Cister como una adenda al mismo para el emplazamiento de contenedores soterrados en esta vía.

«En concreto, fue a mediados de 2010 cuando la Delegación de Cultura aprobó el proyecto de intervención arqueológica en Cister, enmarcado en el proyecto de renovación urbana que también abarca las calles San Agustín, Duque de la Victoria y Molina Lario, que se desarrolla dentro de las actuaciones del plan turístico cofinanciado entre Ayuntamiento y Gobierno autonómico», informó el gabinete de prensa municipal.

Asimismo, Urbanismo recuerda que fue incluso la Delegación de Cultura de la Junta la que requirió al Ayuntamiento una adenda, al proyecto de intervención arqueológica, referida a la ubicación del espacio para implantar contenedores soterrados.

Esta adenda para la instalación de dichos contenedores, que contempló documentación con la definición de la obra y planos de situación del espacio para acoger dicha infraestructura, «fue aprobada también por la Delegación de Cultura, contando por tanto con el visto bueno y autorización de la Junta de Andalucía», subrayó el Consistorio.