sábado, 11 de diciembre de 2010

MALAGA. Una amplia red de carriles bici dejaría 25.000 coches en el garaje. (MALAGAHOY)

El Plan de Movilidad Sostenible señala que la ausencia de infraestructura adecuada hace que muchos usuarios potenciales no opten por este medio para desplazarse de forma habitual por la ciudad

SEBASTIÁN SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 11.12.2010 - 01:00
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Un ciclista pasa por uno de los carriles reservados construido en la ciudad.

La bicicleta como medio alternativo de desplazamiento por la ciudad. La apuesta que el Plan de Movilidad Sostenible hace por esta máxima es contundente y subraya la necesidad de incrementar el número de viajes que se realizan en la urbe en este modo de transporte, apenas presencial. En cualquier caso, no es extraño que la empresa responsable del documento, Contorno, dé esa trascendencia al vehículo de dos ruedas, puesto que se trata de la misma firma responsable del Plan Director de Bicicletas de la ciudad, incluido como anejo en la revisión del PGOU.

Los técnicos son claros al considerar que la implantación de una red de carriles reservados para ciclistas adecuada y amplia dará resultados a medio y largo plazo, al punto de asegurar que ello supondrá que haya al menos 25.000 vehículos que se queden en el garaje cada día, dado que sus propietarios optarán por las dos ruedas para desplazarse hacia su destino. En este sentido, el informe, que realiza un amplio análisis de las condiciones de la capital de la Costa del Sol para este medio, señala que con la potenciación de la bici será factible disminuir la congestión viaria, puesto que entre un 5% y un 15% de los desplazamientos habituales se realizarían en bici.

Un factor que tiene consecuencias directas y calculadas en el medio ambiente y en el ahorro económico que ello supondría para los usuarios. A este respecto, se apunta que la utilización del vehículo de dos ruedas en detrimento del coche conllevaría un ahorro anual de cinco millones de hectolitros de combustible y de entre 10.000 y 20.000 toneladas anuales de dióxido de carbono y otras partículas nocivas.

Pero, como insisten los redactores, para que ello sea posible el Ayuntamiento tiene que dar un paso decidido y definitivo por crear las infraestructuras necesarias. En esta línea, desde principios de 2010, los responsables del Área de Movilidad vienen trabajando en la ejecución de cuatro itinerarios ciclables con una longitud próxima a los 20 kilómetros. En concreto, los trazados acordados permitirán unir el centro con la Universidad; el entorno de Ciudad Jardín y La Rosaleda; la zona de Ingeniero de la Torre Acosta y Martínez Maldonado, y Plaza de la Merced, Alcazabilla y Callejones del Perchel, entre otros. Todo ello a sumar a los carriles ya existentes pero de los que se destaca su mal estado de conservación.

Algunos de estos itinerarios se encuentran muy avanzados, mientras otros, como el proyectado entre el casco urbano y la zona de Teatinos, se topa con un escollo insalvable: el próximo inicio de la obra del Metro en la Alameda Principal, lo que afecta de lleno al recorrido. Más allá de este perjuicio, los autores del Plan de Movilidad Sostenible consideran necesario impulsar otras actuaciones en el corto plazo (4-6 años), como carriles bici que conecten el centro con la zona este de la ciudad, otro corredor por la Avenida Valle Inclán, en la zona de Churriana, desde San Andrés a Puerto de la Torre y Carretera de Cádiz, entre otros.

Además, el documento global plasma las conclusiones de un estudio realizado por Estudio 7 (Análisis de la Movilidad de la Ciudad de Málaga), entre las que destaca que la bicicleta apenas supone el 0,4% del reparto de la movilidad global de la urbe, con una generación y atracción de viajes de 6.721 viajes al día. Conforme al informe, el principal motivo de estos movimientos es el ocio, con un 54,7%,; seguido del trabajo, con el 27,7; los estudios, con el 15,7%, y las compras, con el 1,9%. No obstante, se apunta que esta proporción ha crecido de forma considerable respecto al estudio de movilidad de 2001, cuando la bici apenas suponía el 0,16%.

Pero qué es lo que motiva que los ciudadanos no opten por este medio. Los redactores del informe señalan tres razones: la seguridad, la ausencia de espacios para guardar las bicicletas propias o de puntos de estacionamiento en la vía pública. El análisis de Estudio 7, además, localiza los puntos que generan más movimientos en bici, situándose en los primeros puestos el litoral oeste y la prolongación de la Alameda, con el 24,7% y el 24,9%, respectivamente. Asimismo, las zonas que presentan mayor atracción son el litoral este, con 21,1%, seguida por la prolongación de la Alameda y Teatinos, con un 15% y un 15,5%, respectivamente.

En cuanto a las demandas potenciales de usuarios de la bicicleta, el Plan de Movilidad cita las estimaciones realizadas en el marco del Plan Director de Bicicleta, que muestra "una homogeneidad de la potencialidad de Málaga entre barrios", aunque apunta a Bailén-Miraflores como el barrio de "mayor potencial", puesto que se estima que de su población total, con unos 63.000 habitantes, un 32,9% son posibles usuarios. En el caso de Málaga capital, la media de usuarios potenciales de bicicleta se estima en un 31,5%, lo que se traduce en unos 176.000 personas.

En cualquier caso, el plan subraya las dificultades de que la bicicleta se convierta en un modo de transporte "habitual" en los desplazamientos de usuarios potenciales dadas las condiciones del espacio por el que han de moverse, que coincide, en muchos casos, con la calzada del tráfico. Al tiempo, se insiste en la ausencia de una oferta adecuada de bicicleta pública.

MALAGA. El Ayuntamiento aprueba el convenio con ADIF para construir el bulevar. (ELMUNDO)

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este viernes el convenio de colaboración con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para la cesión del suelo que permita construir el bulevar sobre el corredor ferroviario soterrado que divide Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero.

El proyecto del bulevar se desbloqueó el pasado 1 de diciembre tras la reunión que mantuvieron el presidente de ADIF, Antonio González, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, consensuando el convenio de colaboración, que, tras la aprobación de este viernes, ya está listo para la firma entre ambas entidades. Un hecho que el regidor malagueño espera que se produzca en este mes de diciembre, tal y como se dijo en ese encuentro.

Al respecto, De la Torre ha señalado a los periodistas que a partir de ahora "nos ponemos en contacto con ADIF para buscar una fecha en la que pueda hacerse la firma". "Por nuestra parte, hemos quemado etapas y estamos en condiciones de firmar ya, la misma semana que viene", ha propuesto.

En el momento en que se suscriba el convenio, habrá un plazo máximo de 15 días para que ADIF dé la autorización previa al inicio de los trabajos, lo que permitirá al Ayuntamiento licitar las obras "si no en este mes, en enero", según el alcalde, e iniciarlas "en febrero o marzo".

El convenio tiene como objeto autorizar al Ayuntamiento la ocupación anticipada de los suelos situados sobre la parte soterrada del ferrocarril en el tramo comprendido entre la Ronda Oeste y la avenida Juan XXIII.

El presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2011 contemplará una partida de seis millones de euros para este proyecto, "ampliables si es necesario", como ha precisado De la Torre. No obstante, esta actuación no se acometerá en su totalidad desde un principio, sino por tramos, ya que aún no está resuelta la conexión con la Ronda Oeste ni tampoco se han iniciado las expropiaciones del polígono San Rafael.

De hecho, se prevé ejecutar primero el tramo entre las calles Sillita de la Reina y Puerto Oncala, frente a las barriadas de Nuevo San Andrés y Dos Hermanas y de unos 520 metros.

Queda pendiente, de todos modos, el tema de la titularidad de los terrenos del soterramiento, ya que ADIF reclama dinero o aprovechamiento urbanístico por la cesión del suelo, mientras que el Consistorio se niega a ello. Ante esta situación, una comisión técnica ya constituida seguirá trabajando para dilucidar esta cuestión, habiéndose fijado un plazo de seis meses para que aporte conclusiones.

RONDA. Obras Públicas y Medio Ambiente ya dijeron al juez que Los Merinos era inviable. (ELMUNDO)

Las consejerías de Obras Públicas y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ya manifestaron en 2008 a la juez que instruye el caso Los Merinos que el proyecto urbanístico era inviable. La propia dirección general de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, que ahora reclama por vía judicial dos nuevos informes de Medio Ambiente para dilucidar sobre la legalidad de la urbanización, advirtió en mayo de 2008 a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ronda de que el proyecto no se ajustaba a lo establecido por la ley.

El pasado 30 de junio la juez, a instancias de la dirección general de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda emitió un auto para solicitar a la Agencia Andaluza del Agua un «informe acreditativo de la insuficiencia actual de las redes municipales para el suministro del caudal requerido para la actuación proyectada indicando las posibilidades de abastecimiento de esta promoción por parte del Ayuntamiento de Ronda y haciendo una valoración de las repercusiones que ello provocaría».

En un segundo oficio, solicitó a la Delegación de Medio Ambiente que «emita un segundo informe sobre el porcentaje de transformación operada sobre la superficie del sector».

Se da la circunstancia de que Ordenación del Territorio ya disponía, al igual que el juzgado, de sendos informes de los dos citados departamentos sobre estos asuntos y en base a ellos el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, José Ortiz Mallol, apuntó a la juez que el proyecto era inviable.

En concreto, el citado documento, que obra en poder de EL MUNDO, dice que de la información facilitada tanto por la delegación provincial de Obras Públicas y Transportes y por la de Medio Ambiente «se desprende que el proyecto de urbanización resulta contrario al ordenamiento urbanístico, ya que no se ajusta a las previsiones de la declaración de impacto ambiental y, en consecuencia, al plan parcial, con incumplimiento del artículo 98 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía».

El Ayuntamiento de Ronda, por decreto de Alcaldía, dio luz verde en mayo de 2006 al convenio suscrito con Promociones Club de Campo y Golf de Ronda SL, cuya viabilidad comenzó a tramitarse en 1996, y que incluye la construcción de dos campos de golf de 18 hoyos, 785 villas de lujo –que conformarían dos nuevos núcleos de población– y tres hoteles de cinco estrellas, todo repartido en unas 1.000 hectáreas de terreno y que reportaría 15 millones de euros a las arcas municipales.

Sobre esta actuación, el informe que suscribe el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda precisa que el apartado 2.2 de la declaración de impacto ambiental requiere que, en todo caso, la superficie del suelo transformado por las actuaciones correspondientes a viarios, edificaciones, campos de golf y otras infraestructuras será inferior al 25% de la superficie total y «el proyecto de urbanización prevé una ocupación del suelo que alcanzaría el 69% de la superficie total del sector».

Esta aseveración vendría a responder a lo requerido ahora por la juez a instancias de este departamento a Medio Ambiente para que emita un segundo informe sobre el porcentaje de transformación operada sobre la superficie del sector.

El citado documento señala también que «el proyecto de urbanización incumpliría la declaración de impacto ambiental en lo referente a que no se garantiza la no afección por sustancias contaminantes,productos fertilizantes y fitosanitarios utilizados en la explotación y mantenimiento de los campos de golf al acuífero sobre el que habrán de asentarse».

Asimismo, el escrito advierte de que «según informa la oficina de Planificación Hidrográfica de la Cuenca Mediterránea Andaluza en la actualidad no existe disponibilidad de recursos hídricos». Esta afirmación contestaría también al requerimiento de la juez a la Agencia Andaluza del Agua, como le pide la dirección general de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, para que este departamento acredite la insuficiencia de las redes municipales para el suministro de caudal requerido para la actuación proyectada.