miércoles, 28 de abril de 2010

Los delitos urbanísticos se cobran otros dos alcaldes en la Axarquía. (MALAGAHOY)

El juez impone 15 meses de multa y siete años de inhabilitación al regidor de Canillas de Albaida · El ex alcalde de Salares, ahora edil en la oposición, penado a un año de cárcel y ocho de incapacitación para cargo público

ENCARNA MALDONADO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 28.04.2010 - 01:00
El alcalde de Canillas de Albaida, Antonio Gregorio Díaz, y el ex regidor de Salares, Jorge Luis Fernández, ambos del Partido Popular, han sido condenados por delitos contra la ordenación del territorio después de que autorizaran o permitieran la construcción de viviendas unifamiliares y aisladas en suelo rústico.

El titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha impuesto al alcalde de Canillas 15 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros y siete años de inhabilitación para cargos públicos porque en 2006 dio una licencia de obras a un ciudadano británico sabiendo que pretendía edificar una casa en un suelo rústico y sin contar con los informes técnicos preceptivos.

El propio alcalde reconoció durante el juicio que permitió la construcción de la vivienda sin proyecto técnico ni de actuación porque el solicitante "era muy pesado" y le insistía constantemente.

Esta sentencia, conocida ayer, tiene fecha de 14 de abril. Sólo cinco días después el magistrado del Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga condenó también por delito contra la ordenación del territorio al ex alcalde de Salares y actual y único concejal del Partido Popular en este Ayuntamiento de la Axarquía. El magistrado le ha impuesto un año de prisión y ocho de inhabilitación.

En este último caso, el vecino del municipio Inocencio Ocaña, pidió en 1999 licencia para levantar una casa dentro de la reserva nacional de caza sierras Tejeda y Almijara, aunque fuera del parque natural de esta zona. El promotor nunca consiguió el permiso de obras porque carecía de proyecto técnico y la secretaria municipal informó en contra, sin embargo levantó la vivienda entre 2001 y 2007, coincidiendo con el periodo en que Jorge Luis Fernández fue alcalde del municipio.

Además, en 2006 obtuvo autorización para colocar una alambrada perimetral, aunque, "con pleno conocimiento de su ilicitud", levantó un muro de hormigón "que tenía por objeto servir a la edificación principal".

La sentencia detalla que el entonces alcalde y ahora concejal del PP de Salares "tenía pleno conocimiento de las obras" que se estaban realizando en suelo rústico porque le informaba la secretaria y porque el vecino de la parcela colindante denunció los hechos en 2005 y "ante el silencio de la Corporación municipal" "reiteró" en 19 ocasiones esta denuncia contra la edificación del chalé, sin que el alcalde llegara a responderle nunca. Ni siquiera atendió el requerimiento de la Junta de Andalucía para que informara sobre estos hechos. Es más, cuando el denunciante pidió en 2007 un permiso para construir una nave destinada a actividad apícola, el Ayuntamiento se lo denegó alegando que la explotación quedaría demasiado próxima de la casa ilegal.

Según detalla la sentencia, Jorge Luis Fernández no sólo no ordenó "actuaciones para el restablecimiento de la legalidad urbanística infringida", sino que para darle "apariencia de legalidad" expidió en 2006 a petición del promotor un "certificado" afirmando que la vivienda estaba "totalmente terminada" y que reunía "las condiciones necesarias de habitabilidad para concederle la calificación de apta para primera ocupación". A partir de ese momento, el magistrado entiende que la prevaricación fue "activa" y no omisiva.

En esta causa también ha sido condenado el promotor, Inocencio Ocaña, a un año de prisión, una multa de 15 meses a 12 euros diarios e inhabilitación para la actividad inmobiliaria durante un año.

El titular del Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga, Julián Javier Cruz, advierte en la sentencia que el delito contra la ordenación del territorio no sucede por que el bien jurídico sea las propias normas urbanísticas infringidas, lo que entroncaría con la tesis de los alcaldes de la Axarquía de que una ilicitud administrativa tiene que ser corregida en la vía contencioso administrativa, sino que el bien jurídico protegido es "la utilización racional del suelo orientado a los intereses generales".

En el caso de Salares el juez ordena la demolición del chalé levantado en la reserva de caza de las sierras Almijara y Tejeda. En cambio, en la sentencia que condena al alcalde de Canillas de Albaida, el titular del Juzgado de lo Penal número 5 indica que no se pronuncia sobre el derribo porque no lo ha reclamado la Fiscalía, pero declara nula la licencia de obras que el alcalde otorgó en 2004.

En el mes de abril se han sucedido tres sentencias que condenan por delitos contra la ordenación del territorio alcaldes de la Axarquía. El pasado 8 de abril se conoció que el regidor de La Viñuela, Juan Millán, había sido inhabilitado 15 años por dar dos licencias de obras para construir tres casas en suelo rústico. Con anterioridad fue penado el ex alcalde de Sayalonga, José Luis Navas, aunque la Audiencia de Málaga anuló la sentencia.

MARBELLA. Desmontan uno de los arcos símbolos del GILpor la obra de soterramiento de la A-7. (MALAGAHOY)

La decisión ha sido tomada por el Ayuntamiento tras el aviso de peligro para los conductores

EFE | ACTUALIZADO 28.04.2010 - 09:33
El Ministerio de Fomento está desmontando uno de los dos arcos de entrada a Marbella, construidos hace 18 años por el entonces alcalde de la ciudad, Jesús Gil, y considerados símbolos de su etapa, por las obras de soterramiento de la A-7 a su paso por el núcleo de San Pedro Alcántara.
La retirada del arco, que no será repuesto, responde al peligro que su deterioro puede suponer para los conductores, por lo que el equipo de gobierno del municipio, tras recibir la notificación del Ministerio sobre las dificultades técnicas que encontraban para continuar las obras, ha asumido que debe ser retirado.
El portavoz del gobierno municipal, Félix Romero (PP), insistió en que es primordial que las obras del soterramiento finalicen cuanto antes y apuntó que la finalidad “es facilitar las obras y colaborar en la medida de nuestras posibilidades”.
También anunció que el Consistorio ha pedido a Fomento que se le compense por la retirada del arco, ya que en sus bajos albergaba oficinas municipales. El portavoz municipal manifestó que “es fundamental que se devuelva ese patrimonio porque hay que ubicar esas oficinas en otro lugar”.
Los dos arcos de Marbella están situados uno en la entrada occidental y otro en la oriental y supusieron una inversión de algo más de 700.000 euros. Sobre el otro arco, Romero destacó que aún no se ha decidido nada y aclaró que en estos momentos se están planteando los correspondientes estudios para ver “cuál podría ser la solución adecuada”.
Resaltó, además, que desde el equipo de gobierno del PP “no miramos hacia atrás y no entendemos ningún elemento arquitectónico como símbolo de nada”, en referencia a los que achacan estas construcciones a la era gilista, y añadió que “el problema no es la simbología, sino buscar el mejor servicio para los ciudadanos”.