El Ayuntamiento lanza una orden para paralizar las obras, que se realizan en una ladera de la parcela aún sin edificaciones
24.04.10 - 01:46 -
JESÚS HINOJOSA | MÁLAGA.
Las acciones del promotor ruso que en la zona de Pinares de San Antón ha levantado una construcción ilegal de unos seis mil metros cuadrados de techo siguen desafiando la gestión en materia de disciplina urbanística del Ayuntamiento. Según pudo conocer este periódico, la Gerencia Municipal de Urbanismo, que está haciendo un especial seguimiento a la finca, ha enviado al promotor ruso una orden de paralización de nuevos movimientos de tierra que se están realizando en la parcela. En concreto, se trata de la ejecución de una especie de caminos que han puesto en alerta a los inspectores de Urbanismo, ya que no está claro si se quedarán en eso o darán paso a más edificaciones. Se han observado en una parte de la finca en la que no hay construcciones.
Según fuentes consultadas, Urbanismo ha logrado notificar la orden de suspensión de estos trabajos al promotor, que recurrió la última orden de demolición de lo edificado ilegalmente, así como la primera multa de 78.000 euros impuesta por el Ayuntamiento por este caso. Las fuentes apuntaron que la respuesta a los recursos por la orden de demolición y por la primera multa coercitiva -que se corresponde con el valor del 10% de lo levantado de manera irregular- se está elaborando para su posterior notificación al interesado en próximos días.
Demanda judicial
No obstante, éste también ha podido recurrir la orden de demolición lanzada por Urbanismo el pasado mes de febrero ante los tribunales de Justicia, lo que dejaría en manos de la decisión de un juez la suspensión o no de la demolición dictada por el Ayuntamiento. Las fuentes comentaron que la Gerencia no sabe aún si este promotor también presentó este recurso contencioso en los juzgados por las últimas acciones emprendidas por el departamento de Disciplina Urbanística para alcanzar el reestablecimiento de la legalidad en este caso, cuya historia se remonta a más de diez años atrás.
Cuando la orden de demolición de lo realizado en suelo no urbanizable sea firme, y en caso de que el privado no demuela lo construido ilegalmente por su propia voluntad y medios, el Ayuntamiento tiene previsto solicitar a los tribunales una orden de entrada en domicilio para llevar a cabo de forma subsidiaria el derribo de las edificaciones construidas en los últimos años en la parcela. Además, mientras éstas no desaparezcan, la ley permite a Urbanismo imponer 11 multas más de 78.000 euros cada una al expedientado.
El pasado mes de febrero, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, destacó que se ha dado «un paso importante» al imponer las primeras multas coercitivas en este caso para el restablecimiento de la legalidad. La Gerencia sigue muy pendiente de lo que acontece en la finca.
