lunes, 8 de marzo de 2010

MÁLAGA Los polideportivos de Segalerva y Huelin, en el aire dos años después de su aprobación. (SUR)

El Ayuntamiento le da un mes más de plazo a la empresa que debe realizarlos y explotarlos y que no encuentra financiación para ello.
08.03.2010 -
JESÚS HINOJOSA
MÁLAGA.
Los polideportivos de Segalerva y Huelin, en el aire dos años después de su aprobación
Aspecto que presentaba el pasado verano una de las naves del antiguo cuartel de Segalerva, que estuvo abierto a la acción de 'okupas' y chatarreros. :: SUR
El pasado sábado día 6 se cumplieron dos años desde que el Ayuntamiento aprobó la construcción de dos centros deportivos con piscinas en el antiguo cuartel de Segalerva y en una parcela situada junto al Parque Huelin. El consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo celebrado el 6 de marzo de 2008 dio luz verde a la adjudicación a la empresa formada por Construcciones y Obras Llorente y Gaia Gestión Deportiva de la construcción y explotación de ambos equipamientos por un periodo de 35 años. Entonces, se anunció que las obras empezarían ese mismo año para estar listas en 2010. Sin embargo, ambos proyectos están todavía en el aire por la falta de financiación de la compañía que, como otras muchas, se ha visto perjudicada por la crisis económica.

Según lo que se anunció a la hora de llevar a cabo la concesión para ambos proyectos, los adjudicatarios estaban obligados a pedir la licencia de obras en seis meses desde la firma de la cesión de los suelos.

Sin embargo, y pese a que tras dos años de espera no han comenzado los trabajos, desde el equipo de gobierno prefieren esperar todavía más, posiblemente con la convicción de que si tuvieran que convocar un nuevo concurso para la realización de ambas instalaciones no serían muchas las empresas interesadas a causa de la actual crisis, como ha quedado demostrado en otros concursos similares para las piscinas de Ciudad Jardín, Santa Rosalía y Churriana.

Espera
En una respuesta sobre este asunto al portavoz del grupo municipal de IU, Pedro Moreno Brenes, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, señaló que «en caso de que el tiempo transcurrido desde la adjudicación de la parcela sin que se hayan iniciado las obras se dilate en el tiempo, se plantearía la posibilidad de incoar el expediente de resolución del contrato por incumplimiento del plazo». Sin embargo, cuestionado por este periódico, Díaz señaló que lo mejor para el Ayuntamiento es dar un mes más de plazo a la empresa Gaia para que termine de buscar la financiación necesaria para acometer ambos complejos deportivos, valorados en unos 20 millones de euros.

Gaia ya entregó a las arcas municipales la mitad del canon de 4,1 millones de euros que tiene que aportar por la explotación de los dos centros. Esto puede justificar en parte el nuevo margen de espera otorgado por el Consistorio, que el pasado verano tuvo que adoptar medidas de control en el edificio de Segalerva después de que este periódico se hiciera eco de las críticas vecinales por encontrarse abierto a la acción de 'okupas' y chatarreros que campaban a sus anchas por el antiguo recinto militar.

Mientras se resuelve el asunto de la financiación de la empresa concesionaria, los vecinos se quejan de que no se han cumplido las promesas que les hicieron hace ya cuatro años desde el Ayuntamiento sobre las futuras piscinas e instalaciones deportivas a realizar. Para paliar en parte sus críticas, el Consistorio ha incluido dentro del programa de obras a financiar con el Plan Zapatero de este año la construcción de un centro ciudadano, en una parcela situada al norte del cuartel de Segalerva, que está valorado en un millón de euros.

Los casos de Segalerva y Huelin son un ejemplo más de que la crisis ha frustrado la política del Ayuntamiento para que empresas privadas realicen y gestionen los centros deportivos por concesión. En el mismo caso se encuentra el complejo que la ACB proyectó en las antiguas cocheras de la EMT, en El Palo.

MALAGA. Londres asesorará en urbanismo a sus residentes en la Costa. (SUR)

El consulado británico de Málaga contará con un funcionario experto que velará por los intereses inmobiliarios de sus ciudadanos

08.03.10 - 02:30 -

MALAGA. El arreglo del convento de San Andrés comenzará a finales de marzo. (SUR)

Vecinos del Perchel denunciaron recientemente el derrumbe parcial de uno de sus muros en estado de ruinas. La inversión municipal ronda los 90.000 euros

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El arreglo del convento de San Andrés comenzará a finales de marzo
El convento de San Andrés se ha convertido en los últimos años en uno de los principales quebraderos de cabeza para los vecinos del Perchel, quienes han reclamado en reiteradas ocasiones la restauración del mismo antes de que sus cimientos cedan del todo. Las fuertes lluvias de este invierno provocaron el derrumbe de uno de sus muros y parte del tejado.

La Gerencia de Urbanismo ya ha adjudicado de forma provisional actuaciones urgentes en el convento carmelita, ubicado junto a la iglesia del Carmen y las obras empezarán antes de finales de marzo "siempre que el clima lo permita", según informó a Soydemalaga.com el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz. El edil recordó que "esta actuación consolida lo que hay evitando que el deterioro vaya a más, pero confía en sacar a estudio un concurso de ideas en los próximos meses para configurar una propuesta integral de rehabilitación".

Así, las obras consistentes en la limpieza de escombros, refuerzo y delimitación de espacios del convento tendrán un coste aproximado de 90.000 euros, que se suman a los 200.000 ya invertidos el año pasado (pertenecientes a los fondos Feil) en la protección de elementos y arreglos provisionales en la bóveda del refectorio, apuntalada. También en 2005 el Consistorio tuvo que actuar sobre los restos del edifico carmelita, que fundado en 1584 es conocido porque el general José María Torrijos estuvo recluido allí antes de su fusilamiento.

Ese valor histórico le hacen ser una de las prioridades vecinales de los percheleros, que proponen una rehabilitación completa del convento. "Forma parte de la historia y la identidad de Málaga por lo que esperamos un arreglo acorde a su valor histórico", dijo el presidente del Perchel Tomás Zarza, aunque reconoció que la actuación es costosa y tendrá que esperar. Otro de los portavoces, Antonio Espejo, espera "que la rehabilitación no se demore en exceso y pronto se hagan realidad los espacios museísticos que se barajan para el convento de San Andrés", como un Centro de Interpretación de Torrijos, un Museo de Diseño y Arquitectura o una Hermandad del Carmen.

De momento, los vecinos se conforman con este "arreglo urgente" que evite un estado de ruinas total. Las obras arrancarán en quince días y tendrán un plazo de ejecución de tres meses. Manuel Díaz lamentó la negativa de la Junta de Andalucía para colaborar en el proyecto "tan costoso" argumentando que existían "otras prioridades en la provincia": "No podemos destinar más fondos de los que aportamos, ya que son actuaciones de elevado coste para una sola administración", apuntó el concejal.

Por su parte, la consejera de Cultura, Rosa Torres, resaltó que los titulares del patrimonio son los encargados de su conservación, mantenimiento y custodia -en este caso el Ayuntamiento de Málaga- y, "dada la extensión e importancia del patrimonio histórico de la provincia, la existencia de otras prioridades de actuación sobre el mismo, así como el importante volumen de intervenciones que se están desarrollando sobre bienes de titularidad autonómica, la Consejería no ha tenido la opción de programar, por el momento, alguna forma de colaboración con el Ayuntamiento para la rehabilitación de este inmueble".

El consulado británico tendrá en Málaga un asesor urbanístico. (LAOPINION)

LA OPINIÓN. MÁLAGA Los consulados británicos de Málaga y Alicante contarán a partir de abril con sendos funcionarios expertos en legislación que proporcionarán información sobre urbanismo, educación, sanidad o servicios sociales a los residentes en España, con lo que se pretende prevenir problemas legales.
Con esta medida, fruto de un acuerdo alcanzado por los gobiernos británico y español con la Junta de Andalucía y la Generalitat Valenciana, se pretende evitar, asimismo, que se repitan casos como el de Albox (Almería), donde existen órdenes de demolición de ocho viviendas construidas sobre suelo no urbanizable. Así lo explicaron ayer el secretario de Estado para Europa en el Ministerio británico de Asuntos Exteriores, Chris Bryant; el secretario de Estado de Cooperación Territorial español, Gaspar Zarrías, y el consejero andaluz de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, tras una reunión en la sede del Consulado británico en Málaga.
Bryant, que animó a los expatriados británicos a que se empadronen en España y ejerzan su derecho al voto, indicó que casi todos los países europeos han sufrido la crisis financiera mundial, y en España ha habido un "problema con el mercado inmobiliario".
Aludió al descenso en la afluencia de turistas británicos a España, al pasar de recibir 17 millones en 2008 a 11 millones en 2009, tras lo que ha añadido: "Espero de que seamos capaces de que los problemas o no existan o sean mínimos".
Tras definirse como "un británico que ama a España", Bryant expresó su voluntad de que los turistas "regresen", y apostilló: "Si las casas se caen por razones legales en España, eso no ayuda".
Por ello, abogó por "buscar una solución" antes de que los problemas lleguen al juzgado. El embajador del Reino Unido en España, Giles Paxman, se congratuló del acuerdo: "Nos va a ayudar mucho".
Zarrías explicó que el acuerdo posibilitará hacer una "labor informativa de carácter preventivo" para evitar problemas que "una vez que se introducen en la maquinaria judicial" son más difíciles de solucionar. El Gobierno andaluz dotará al Consulado de Málaga de un funcionario que bien responderá las materias directamente o canalizará las cuestiones hacia otros departamentos de la Junta, mientras que la Embajada se hará cargo de los gastos materiales.
Respecto a Cártama, Espadas informó de que se está trabajando para "identificar las situaciones donde haya sentencias" y, en las que no las hay serán el Consistorio y el Gobierno andaluz los que trabajen para ver cómo regularlas en el PGOU, precisó.
En España residen cerca de un millón de británicos, fundamentalmente en Andalucía y la Comunidad Valenciana. Zarrias insistió en que existe seguridad jurídica.

BENALMADENA. Benalmádena Pueblo contará con el nuevo parque de ´Los Limones´. (LAOPINION)

CARMEN FERNÁNDEZ. BENALMÁDENA La finca de ´Los Limones´ pasará a ser un gran pulmón verde en Benalmádena Pueblo, según confirmó el Concejal de Urbanismo, Jesús Fortes, que comunicó a este periódico que en unos días se pretende licitar ya el proyecto que restaurará el espacio actual de esta finca y la convertirá en un precioso parque tan demandado por los vecinos del pueblo.
Fortes explicó que para el proyecto se cuenta con una cantidad de casi un millón de euros, y que la ejecución del mismo supondrá la restauración además de un antiguo molino.
"Es muy importante conservar aquello que es de engranaje histórico para los benalmadenses", explicó el edil de Urbanismo.
El concejal detalló que además en este espacio, de más de 1.500 metros cuadrados, irá situado un parque infantil para disfrute del espacio de los más pequeños y se estudia la posibilidad de instalar elementos para un gimnasio al aire libre, para que también lo usen mayores que acudan también a diario hasta el cercano ´Centro de Día San Silvestre´.
El nuevo parque se unirán a la mejora sustancial que ha sufrido el pueblo en estos últimos meses, en los cuales se han restaurado la solería de las calles antiguas en el pueblo y ubicado nuevas plazas como la de ´Las Tres Culturas´.

RINCON. El varapalo de la Junta al PGOU deja al Ayuntamiento en serios apuros. (MALAGAHOY)

El mayor número de viviendas pendientes del plan están localizadas en Parque Victoria

MAYTE CORTÉS / RINCÓN DE LA VICTORIA | ACTUALIZADO 08.03.2010 - 01:00
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria se ve en serias dificultades para poder desarrollar los suelos previstos en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Los parámetros establecidos por la Ley de Suelo para que el crecimiento del municipio no supere el 30% de la población actual y el 40% del territorio urbanizado se dan de bruces cuando se pone sobre la mesa el PGOU de 1992. De éste, quedan actualmente pendientes 6.000 viviendas que con un ratio de 2,4 habitantes por cada una supone un incremento de 14.400 residentes. Esta cifra representa el 38,7% respecto a los 37.145 actuales, no ajustándose a los parámetros establecidos en la vigente legislación.

"Con lo que todavía queda por desarrollar, no podríamos sacar nada. No salen las cuentas. Con las construcciones que todavía tenemos pendientes por ejecutar ya superamos el número de habitantes establecidos por ley", dijo el edil de Urbanismo, Salvador Domínguez (PSIRV), quien subrayó que según los planes de la Junta de Andalucía, Rincón de la Victoria no podría incorporar ningún suelo más.

En este sentido, detalló que el mayor número de viviendas pendientes del plan todavía en vigor, están localizadas en Parque Victoria. En este sector, ubicado al norte de la autovía, sólo se han levantado 1.000 de las 3.000 previstas. También quedan viviendas pendientes en la zona de Garcés cerca de la carretera de Benagalbón. Otros de los suelos donde todavía se puede urbanizar es en Alique en Torre de Benagalbón y en dos parcelas de Huerta Julián en el centro de Rincón de la Victoria. "Estamos manteniendo reuniones con la delegación, analizando y tratando de resolverlos con los técnicos. Insisto en que estamos en el momento preciso para incluir las correcciones. Hay que tener tranquilidad", añadió Domínguez, quien apuntó que espera tener listo el documento para que pueda ser aprobado de forma provisional en verano.

El PGOU de Rincón de la Victoria, según aparece en su fase inicial, pretendía construir 15.459 nuevas viviendas (8.696 en suelo urbano no consolidado, 1.800 en suelo urbanizable ordenado y 4.963 en suelo urbanizable sectorizado). Esta propuesta en relación a las 8.393 existentes representan un aumento del 184,19%. La mayoría de los nuevos desarrollos previstos estaban al norte de la autovía. De hecho en la anterior legislatura (PP-PSOE) se firmaron seis convenios urbanísticos para esta zona. Uno de ellos, Cala Norte, al límite con Málaga capital establecía la construcción de entre 600 y 800 viviendas de semilujo.

Otro de los convenios está al norte de Añoreta, aunque finalmente no fue ratificado por el Pleno, y otros dos en Benagalbón que han sido considerados como Área de Oportunidad Turística y Área de Oportunidad Industrial. "Desde 2003 en Rincón de la Victoria se han firmado 50 convenios con concejales de Urbanismo del PP, el PSOE y PSIRV que han ido al alimón por un urbanismo especulativo en contra del Pota y del Potaum. IU se opone al desarrollo no sostenible. Defendemos un urbanismo con grandes zonas verdes, con un parque periurbano, transportes públicos y equipamientos públicos", manifestó el portavoz de IU, Pedro Fernández.

El consulado británico tendrá un funcionario para el urbanismo. (MALAGAHOY)

Los agentes prevendrán que no se repitan casos como el de las demoliciones de Albox.

El consulado británico de Málaga y Alicante contará a partir de abril con un funcionario que se dedicará a informar y prevenir a los ciudadanos del Reino Unido sobre las diversas cuestiones que puedan afectarles, fundamentalmente en asuntos urbanísticos, según anunció ayer el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías. Zarrías, junto al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, se reunió en el Consulado Británico de Málaga con el ministro británico para Europa, Chris Bryant, y el embajador del Reino Unido en España, Giles Paxman. El secretario de Estado informó de que hace unos meses mantuvo varias reuniones con representantes británicos con el objetivo de poner en marcha procedimientos de colaboración y cooperación entre ambos países, ya que un millón de ciudadanos del Reino Unido viven en España.

El acuerdo será efectivo, según dijo, en el plazo de un mes, y permitirá que un funcionario esté presente en el Consulado de Málaga y otro en el de Alicante para que los ciudadanos británicos puedan conocer y tener información acerca de cuestiones urbanísticas, sanitarias o de bienestar social, entre otras.

"Pretendemos hacer una labor informativa con carácter preventivo para que no se produzcan problemas puesto que una vez esté la maquinaria judicial es más complicado buscar soluciones", manifestó, refiriéndose a la situación de ocho familias británicas que viven en el municipio almeriense de Albox y que están afectadas por órdenes judiciales de derribo de sus viviendas.

El ministro británico para Europa, cuestionado por la seguridad jurídica de España, apuntó que si las viviendas "caen por cuestiones legales eso no ayuda", de ahí, continuó, la importancia de esta medida. "Es mejor buscar una solución antes de que llegue al juez y a pesar de que, en el caso de Albox utilizaron abogados, todavía están amenazados (por las sentencias de demolición) y eso a muchos ingleses les parece injusto", declaró.

Respecto a las viviendas irregulares de Cártama, Espadas informó de que se está trabajando con el Ayuntamiento para "identificar las situaciones donde haya sentencias" y, en las que no las hay serán el Consistorio y el Gobierno andaluz los que trabajen para ver cómo regularlas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), dijo.

MALAGA. La Junta destinará su parte del bulevar a la regeneración de Carretera de Cádiz. (MALAGAHOY)

Libera al Ayuntamiento de su aportación al Metro para que acometa la nueva avenida sobre el AVE · Obras Públicas da prioridad a asumir en solitario la reurbanización de las avenidas Héroe Sostoa y Velázquez

SEBASTIÁN SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 08.03.2010 - 01:00
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Imagen de los terrenos donde se construirá el bulevar sobre el soterramiento de las vías del tren.

La Consejería de Obras Públicas va a aceptar finalmente la petición del Ayuntamiento de Málaga de que se le libere de aportar dinero a la obra del Metro de Málaga, reclamación expuesta hace varios meses y con la que el equipo de gobierno del PP exigía el mismo trato que en su momento se le dio a Sevilla. Pero la bondad de la Administración autonómica tiene su letra pequeña, puesto que lo que pretendería es que el Consistorio malagueño destine la cuantía que se ahorrará con su no participación en la ejecución del suburbano al proyecto del bulevar sobre el soterramiento de las vías del tren, en cuya financiación inicialmente se comprometió a participar la Junta. A cambio, ésta destinará la partida que tenía prevista para la nueva avenida a la regeneración y reurbanización de Carretera de Cádiz, liberando con ello al Consistorio de aportar dinero alguno a la misma.

Poco más o menos el movimiento del departamento encabezado por Rosa Aguilar supone un cambio de piezas y de prioridades en materia de inversión, centrando su esfuerzo en el eje integrado por las avenidas Velázquez y Héroe Sostoa. Es precisamente este escenario el que a lo largo de los últimos cuatro años se ha visto afectado por los trabajos de construcción de la línea 2 del suburbano (Martín Carpena-Héroe Sostoa), obra impulsada por la propia Junta.

Otro elemento que anima al Gobierno andaluz a adoptar esta medida es el hecho de que la mejora de este entorno urbano beneficiará a una población superior a los 100.000 habitantes, vecinos durante décadas de un escenario carente de espacios públicos y de esparcimiento.

El efecto inmediato que traerá consigo este paso es que el Consistorio malagueño tendrá que afrontar en solitario el pago del bulevar sobre el ferrocarril, cuyo presupuesto ronda los 30 millones de euros. Ello, a priori, es un importante revés para el alcalde, Francisco de la Torre, para el que esta intervención se ha convertido con el paso de los meses en una de sus grandes propuestas estrella de cara al final de su mandato.

Y lo es porque en las cuentas que había hecho el equipo de gobierno del PP para sacar adelante la iniciativa se contaba con que la Administración autonómica aportarse al menos el 50% de la inversión, así como que la parte municipal incluiría justamente el dinero que podría ahorrarse de la obra del Metro, que se contabiliza en unos 19 millones de euros (de los que diez se destinaron a la ampliación del capital social de Emasa, a los que hay que sumar otros tres millones que De la Torre ha incluido para la licitación de la obra del bulevar).

El escenario imaginado por De la Torre, dada la posición actual de Obras Públicas, varía sustancialmente. El alcalde se encuentra ahora no sólo con una dificultad añadida en cuanto a la financiación, sino también sin una salida todavía despejada respecto a la disposición de los suelos necesarios para llevar a cabo la intervención. En este sentido, está a la espera de que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Fomento, remita el borrador de convenio para desbloquear la cuestión.

Precisamente, lo que quiere la Junta para detallar y definir el nuevo escenario es plantear la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Málaga, documento en el que asumiría la desvinculación del Consistorio de la financiación del Metro, pero con los condicionantes antes señalados.

TORREMOLINOS. Un juez considera nulo el PGOU aplicado en Torremolinos desde 1996 (ELPAIS)

El fallo invoca que nunca fue publicado en un Boletín, como pasó en Marbella.

El plan aplicable sería el de Málaga de 1983, aunque ya no rige en la capital

Otro PGOU en el limbo jurídico. El contencioso particular y teóricamente menor entre el propietario de un edificio de apartamentos que en su momento fueron alquilados como alojamientos turísticos y el Ayuntamiento de Torremolinos, que le ha sancionado por supuesto cambio de uso indebido, ha deparado una resolución judicial con un alcance tan inesperado como trascendente, puesto que pone en cuestión el ordenamiento urbanístico aplicado en el municipio en los últimos 13 años.

Una sentencia dictada el pasado 19 de febrero por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Málaga considera que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torremolinos aprobado en 1996 no tiene vigencia puesto que no fue nunca publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

No se trata de una sentencia anulatoria del PGOU, porque su vigencia no era el objeto del contencioso, sino que en los fundamentos jurídicos da por hecho que no es de aplicación. "Los planes urbanísticos, además de ser válidos han de estar vigentes, sin que tengan vigencia hasta su íntegra publicación en el Boletín correspondiente", argumenta el juez, que invoca una jurisprudencia al respecto "ampliamente consolidada".

El fallo anula un decreto del alcalde, Pedro Fernández Montes (PP), por el que en junio de 2008 multó a Torrehermosa Propertires por haber cambiado el uso del edificio del apartotel Las Palomas a viviendas particulares. El alcalde invocó que las normas del PGOU de 1996, el teóricamente vigente, lo impedían porque la parcela tiene uso hotelero y no residencial.

Pero el juez considera no conforme a derecho el decreto porque el PGOU de aplicación debe ser el último publicado, el de Málaga de 1983, en el que el suelo es residencial. Entonces Torremolinos aún no se había segregado de la capital. El asunto adquiere más singularidad por cuanto, según la sentencia, el plan aplicable en Torremolinos debe ser el antiguo de Málaga que ya no rige en Málaga, que tiene uno de 1998, después de la segregación.

El alcance de la resolución está en teoría limitado al no tratarse de una sentencia anulatoria del plan, aunque sí puede servir de reclamo para nuevos litigios que pidieran la anulación de actuaciones basadas en el PGOU.

El Ayuntamiento de Torremolinos ha informado de que los servicios jurídicos tienen en estudio la sentencia para determinar si es preceptiva alguna medida de garantías. Torremolinos tiene ya aprobado provisionalmente su nuevo PGOU, pendiente sólo del visto bueno definitivo de la Junta, que será en todo caso la solución definitiva.

Se trata del mismo caso de Marbella, cuando Jesús Gil no reconoció el PGOU de 1986 por no haber estado publicado para dar licencias de obras contrarias a él. Los tribunales lo admitieron y de hecho para evitar más confusión, la Junta publicó el plan de 1986 de Marbella en agosto de 2000.

El consulado vigilará los intereses urbanísticos de los británicos en Andalucía. (ELMUNDO)

Las comunidades autónomas de Andalucía y Valencia contarán con un funcionario en los consulados británicos de Málaga y Alicante que se dedicará a informar y prevenir a los ciudadanos de Reino Unido sobre las diversas cuestiones que puedan afectarles, fundamentalmente en asuntos urbanísticos, según ha anunciado el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías.

Zarrías, junto al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, se ha reunido este domingo en el Consulado Británico de Málaga con el ministro británico para Europa, Chris Bryant, y el embajador del Reino Unido en España, Giles Paxman.

El secretario de Estado informó de que hace unos meses mantuvo varias reuniones con representantes británicos con el objetivo de poner en marcha procedimientos de colaboración y cooperación entre ambos países ya que un millón de ciudadanos del Reino Unido viven en España.

El acuerdo será efectivo, según dijo, en el plazo de un mes, y permitirá que un funcionario esté presente en el Consulado de Málaga y otro en el de Alicante para que los ciudadanos británicos puedan conocer y tener información acerca de cuestiones urbanísticas, sanitarias o de bienestar social, entre otras.

"Pretendemos hacer una labor informativa con carácter preventivopara que no se produzcan problemas puesto que una vez esté la maquinaria judicial es más complicado buscar soluciones", manifestó, refiriéndose a la situación de ocho familias británicas que viven en el municipio almeriense de Albox y que están afectadas por órdenes judiciales de derribo de sus viviendas.

En este punto, el ministro británico para Europa, cuestionado por la seguridad jurídica de España, apuntó que si las viviendas "caen por cuestiones legales eso no ayuda", de ahí, continuó, la importancia de esta medida.

"Es mejor buscar una solución antes de que llegue al juez y a pesar de que, en el caso de Albox, utilizaron abogados todavía están amenazados -por las sentencias de demolición- y eso a muchos ingleses les parece injusto", declaró.

Tanto Zarrías como Espadas subrayaron que la seguridad jurídica en España es "total y absoluta". "Los británicos saben que aquí funciona el Estado de Derecho y que hay leyes, todo se hace conforme a derecho", sentenció el secretario de Estado de Cooperación Territorial, quien reiteró que la puesta en marcha de este servicio es, precisamente, para dar información "antes de que se lleven a cabo actuaciones que conlleven problemas".