miércoles, 27 de enero de 2010

Málaga cede y deja en manos de la Junta el desbloqueo del PGOU. (SUR)

El plan despeja el camino para el macrohospital y el parque en Arraijanal, pero el Ayuntamiento exige a cambio fondos europeos para obras.

Hubo acercamiento de posturas, pero no un acuerdo definitivo para desbloquear la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga, que lleva ya pendiente más de cinco años. El encuentro entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía ayer en Sevilla para negociar el Plan General dejó en manos del Gobierno andaluz su aprobación, al aportar el equipo de gobierno de la capital un documento a la medida de los intereses autonómicos, incluidas las operaciones para que la Administración regional pueda obtener sin coste alguno los suelos para el parque metropolitano en Arraijanal y el macrohospital en Los Asperones. Es más, incluso el Consistorio le ofrece cederle dinero del PGOU para pagar parte de la obra del futuro complejo sanitario. Eso sí, todo esto a cambio de que se retome la petición de fondos europeos que gestiona la Junta para proyectos de la ciudad.

En el encuentro, al que asistió el viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Justo Mañas, y no el titular de la consejería, Juan Espadas, el alcalde, Francisco de la Torre, mostró su disposición a incrementar las viviendas previstas en la vega de Campanillas y la zona de Lagar de Oliveros, al oeste del Puerto de la Torre, para poder compensar a los propietarios de Arraijanal. De este modo, la Junta obtendría más fácilmente los terrenos para el parque, sin tener que realizar un proceso expropiatorio que tardaría años.

Asimismo, el Ayuntamiento está dispuesto a reservar los suelos para el macrohospital en Los Asperones e incluso a acordar con la Junta destinar en su totalidad o en parte el dinero que en forma de derechos edificatorios obtendría el propio Consistorio por la cesión de esos suelos, de los que es propietario en su mayor parte. Se trata de unos 30 millones de euros que la ciudad aportaría al proyecto, más la parcela en sí.

De la Torre planteó al Gobierno andaluz la firma de un convenio en el que queden reflejadas todas estas aportaciones del Ayuntamiento en la elaboración del PGOU a cambio de que la Junta apruebe destinar dinero de los Fondos Feder que gestiona para proyectos que, según señaló el alcalde a este periódico, suman unos 130 millones de euros. Se trata de la adaptación del monte Gibralfaro como parque, la nueva sede de la Empresa Malagueña de Transportes, el soterramiento de la avenida de Cánovas del Castillo, la realización del Parque de la Memoria en el antiguo cementerio de San Rafael, la prolongación de la antigua carretera de Cártama, la conexión de la carretera de la Azucarera-Intelhorce con el vial distribuidor que hará la Junta al norte del aeropuerto y un nuevo acceso soterrado al Parque Tecnológico bajo la carretera de Campanillas.

«Es legítimo plantear todo esto porque le ahorramos un esfuerzo considerable a la Junta, que sólo en el caso de Arraijanal tendría que pagar unos 200 millones de euros por los suelos. Además, hay que tener en cuenta que renunciamos a los 28 millones del convenio para hacer hoteles y viviendas en la parcela y le aportamos 30 para el macrohospital», precisó De la Torre, quien añadió que todo esto beneficia a proyectos que son de interés metropolitano. Cuestionado sobre la posibilidad de que la Junta no conceda esos fondos -en los últimos dos años los ha negado reiteradamente-, el alcalde contestó que no se plantea esa posibilidad. «Creo que la Junta va a entrar en la dinámica de responder», dijo.

Por su parte, el Gobierno andaluz se limitó ayer a indicar en un comunicado que esas peticiones del alcalde «serán analizadas dentro del ámbito de colaboración entre ambas administraciones».

MALAGA. Junta y Ayuntamiento allanan el camino para la aprobación del PGOU de la capital (MALAGAHOY)

El Consistorio admite incluir Arraijanal y el 'megahospital' en el Plan General · A cambio, la Administración regional acepta "analizar" la posible financiación de una serie de obras municipales con fondos europeos.

El tira y afloja que en los últimos meses han mantenido el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía con el planeamiento urbanístico de la capital como eje parece llegar a su punto final. En una esperada reunión celebrada ayer en Sevilla, en la sede de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, que se alargó poco más de tres horas, el número dos de este organismo, Justo Mañas, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acercaron posturas en pos de allanar el avance definitivo de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), lo que podría dar lugar a la firma de un convenio entre ambas instituciones.

La resolución de los conflictos pendientes favorece especialmente a la Administración autonómica, que ha logrado el visto bueno del equipo de gobierno del PP a sus dos grandes pretensiones: el parque metropolitano de Arraijanal y la reserva de suelo para elmegahospital. Ambos espacios aparecerán recogidos como sistemas generales de espacios libres adscritos a suelo urbanizable sectorizado. Este hecho permitirá que los dueños de Arraijanal sean compensados con aprovechamientos urbanísticos en diversos puntos de la ciudad.

En contraprestación, el Gobierno andaluz se comprometió a analizar un listado de proyectos que el regidor del PP ha presentado para que sean financiados con fondos Feder, a modo de compensación por el esfuerzo que, a su entender, va a hacer la ciudad al dar cabida a estas dos intervenciones urbanísticas. El planteamiento realizado por De la Torre, que fuentes municipales indicaron no es una condición sine qua non para aceptar las demandas autonómicas, incluye obras como el soterramiento de Cánovas del Castillo, el Plan Especial de Gibralfaro y el funicular, las nuevas instalaciones de la EMT y la construcción del parque de la memoria en el antiguo cementerio de San Rafael, entre otras.

Más allá de la aspiración del alcalde de recibir fondos para alguna de estas actuaciones, lo que sí logró ayer el Ayuntamiento fue el cambio de parecer de la Junta respecto a algunas de las propuestas sobre las que hasta la fecha había apostado. Especial trascendencia tiene la supresión del puerto seco impulsado por la Administración regional en la zona de Campanillas y que había despertado el rechazo de los vecinos. De este modo, el equipo de gobierno podrá mantener el uso productivo contemplado en la aprobación inicial de su Plan General, parte del cual estarían vinculado al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

A ello se suma el que la Junta permita uso empresarial en parte de los suelos localizados entre el polígono Guadalhorce y el río, que el POTAUM dibujaba como zona verde. Asimismo, en el caso de las construcciones ilegales levantadas en la sierra de Churriana, fuentes próximas al encuentro indicaron que la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio admite la posibilidad de que, mediante un plan de urbanización, puedan tratar de regularizarse.

Todas estas variaciones van a permitir parcialmente a los técnicos municipales cuadrar el desajuste que la inclusión de Arraijanal supone en el aprovechamiento medio del PGOU. A ello hay que agregar la disposición de la Administración autonómica a que las zonas inundables en los arroyos figuren como suelo urbanizable pero bajo la consideración de zona verde. Desde el Consistorio, además, se reclama a la Junta que vuelva a permitir la construcción de viviendas en algunos de los sectores residenciales que eliminó del planeamiento tomando como base la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Técnicos de ambas administraciones tiene previsto retomar los encuentros en los próximos días, en especial en lo relativo a la Agencia Andaluza del Agua, Obras Públicas y Medio Ambiente.

MALAGA. El Consistorio valora que la Junta legitime el avance del nuevo PGOU (MALAGAHOY)

El plan reserva un 30% del suelo para construir viviendas de protección oficial.

La delegada municipal Urbanismo y Ordenación Territorial, María José Martín de Haro, calificó ayer como una de las "mejores noticias" del mandato el que la Junta de Andalucía haya legitimado el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Además, Martín de Haro adelantó que en el nuevo PGOU se va a reserva un 30% del suelo previsto como urbanizable para la construcción de viviendas de protección oficial en la zona conocida como Cruz de San Jorge.

Tras conocer la noticia, el Ayuntamiento se prepara para poder someter el documento al dictamen del pleno municipal, algo que se espera que se haga en los próximos meses antes de recibir la aprobación definitiva.

Mientras tanto, el equipo de gobierno también ha pedido a los grupos de la oposición que se posicionen sobre el proyecto presentado para la construcción de un parque comercial en los Llanos de Aguaya.

MALAGA. El alcalde admite que Arraijanal sea un parque para aprobar el PGOU. (LAOPINION)

El Ayuntamiento calificará los terrenos como espacio libre y compensará a los propietarios en otras zonas.


MIGUEL FERRARY. MÁLAGA Arraijanal será un gran parque. El Ayuntamiento de Málaga aceptó ayer incluir los suelos como espacio libre en el proyecto del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que está intentando aprobar. De esta forma, asume la petición de la Junta de Andalucía, quien propuso el proyecto del parque en uno de los pocos suelos libres que quedan del litoral malagueño y donde estaba prevista la construcción de más de 600 viviendas de lujo.

Éste es el principal acuerdo alcanzado ayer en Sevilla durante la reunión que mantuvo el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, con el viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Justo Mañas, ambos acompañados de sus respectivos equipos técnicos. El encuentro sirvió para desbloquear algunos de los principales obstáculos para aprobar el PGOU, que lleva en discusión con la Administración autonómica desde julio y que tenía en este parque litoral uno de sus grandes escollos.
Pero la reserva de Arraijanal como terreno libre no va a salir gratis. La ciudad tendrá que asumir el coste de compensar a los propietarios de este suelo en otras zonas del municipio. Así se recogerá en el proyecto del PGOU y ello supondrá una merma del patrimonio, como asegura el propio regidor malagueño.
Queda abierto, tras la reunión de ayer, que el Consistorio reciba las inversiones que reclama el alcalde para compensar el esfuerzo que asume la ciudad. Al menos no hay una negativa de la Junta a los 23 proyectos, valorados en 270 millones de euros, que pide el Ayuntamiento a financiar a cargo de los fondos europeos que gestiona la Administración autonómica. Entre estas obras estarían las nuevas instalaciones de la EMT, el soterramiento de la avenida de Cánovas, la reforma del antiguo cementerio de San Rafael, la prolongación de la carretera de Cártama, el acceso soterrado al PTA y la mejora del monte Gibralfaro.

Otro de los acuerdos que servirán para aprobar el PGOU, y que el alcalde vincula a conseguir las inversiones, es la reserva de una parcela para el macrohospital en el entorno de Los Asperones, aunque este punto estaba prácticamente cerrado.

La reunión celebrada ayer fue todo un bálsamo para las relaciones entre estas dos administraciones. No sólo se desbloqueó Arraijanal y el macrohospital, ambos proyectos de la Junta de Andalucía; también se acordaron otros aspectos que estaban por cerrar. Así, se ha pactado una salida para las casas de El Palo, que se incluirán como suelo urbano en el PGOU, con idea de apoyar el proceso de deslinde que el Gobierno se comprometió a impulsar para conservar este núcleo de viviendas.

El puerto seco, las edificaciones en la Sierra de Churriana y el parque fluvial en la desembocadura del Guadalhorce también encontraron una solución.

MARBELLA Querella contra los concejales que votaron el PGOU. (SUR)

Los vecinos de Banana Beach denunciarán por prevaricación a los ediles y estudian querellarse contra el consejero si da el visto bueno al Plan.

Las primeras medidas legales que emprenderán los vecinos del complejo residencial Banana Beach irán dirigidas a los concejales del Ayuntamiento de Marbella que aprobaron de manera provisional el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La comunidad de propietarios del edificio, que queda fuera del proceso de compensación contemplado en el documento para regularizar viviendas ilegales, anunció ayer que presentará una querella por prevaricación contra los ediles que votaron en pleno a favor del nuevo planeamiento.

Los vecinos estudian además denunciar por el mismo delito al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, en el caso de que apruebe de forma definitiva el PGOU. Los propietarios, que adoptaron esta decisión en una junta general extraordinaria, mantienen que no les queda más alternativa que acudir a los tribunales dado que si el texto urbanístico no recoge la normalización de sus viviendas, «tampoco puede incluir otras edificaciones de la localidad que se encuentran en las mismas circunstancias». En este sentido, aseguran que quienes respaldaron con sus votos el Plan -los concejales del equipo de Gobierno del PP y la mayor parte de los ediles del PSOE- «incurren en ilicitud».

Impugnación
La comunidad ya anunció su intención de impugnar el PGOU en virtud de un informe encargado por los vecinos y elaborado por un equipo de especialistas dirigido por el presidente de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas (Aetu) que establecía la «discriminación sufrida» por Banana Beach respecto a otras edificaciones ilegales que sí serán aprobadas en el nuevo planeamiento. Los propietarios han solicitado además que se les permita intervenir ante la Comisión de Ordenación del Territorio y urbanismo de Andalucía (Cotua), órgano consultivo que se reunirá este viernes para estudiar si el futuro Plan cumple la legalidad.

Por su parte, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, indicó que cualquier vecino que no comparta los criterios del equipo redactor, del Ayuntamiento o de la Junta «está en su pleno derecho de actuar legalmente», aunque recordó que en el caso de Banana Beach «se ha hecho un gran esfuerzo para intentar dar una solución» a sus propietarios.

MARBELLA. Vecinos de Banana Beach se querellarán contra los ediles que aprobaron el PGOU (MALAGAHOY)

Entienden que han podido incurrir en un presunto delito de prevaricación · También demandarán al consejero de Vivienda.

La aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella (PGOU), que previsiblemente tendrá lugar el próximo viernes en la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (COTUA) en Sevilla, se topa con una amenaza en ciernes. Los vecinos del complejo Banana Beach anunciaron su intención de querellarse en los tribunales contra los concejales que aprobaron el PGOU el pasado 29 de julio, al entender que han podido incurrir en un presunto delito de prevaricación.

De ello informó ayer el portavoz de los vecinos, Sebastián García. En junta general extraordinaria de la comunidad de propietarios celebrada con carácter de urgencia los vecinos tomaron esta decisión, al considerar que "si el PGOU no incluye nuestras viviendas por no ser legalizables, tampoco puede incluir otras edificaciones de la localidad que se encuentran en las mismas circunstancias, y por lo tanto, quienes lo votaron incurren en ilicitud".

Pero no se quedarán exclusivamente en los 24 concejales que dieron su voto a favor (los 16 del PP y ocho del PSOE), sino que incluirán en su demanda al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, "si como responsable último" aprueba el nuevo planeamiento. Los propietarios ya mostraron el pasado viernes su voluntad de impugnar el planeamiento, basándose en esta "ilegalidad generalizada", detectada en un informe de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas (AETU).

La impugnación también se basa en un defecto de forma, al no abrirse un plazo de exposición pública tras las modificaciones sustanciales realizadas por el Consistorio. Los 300 vecinos afectados entienden que no les queda más alternativa que acudir a los tribunales, ya que tanto el Gobierno autonómico como el Ayuntamiento no han propuesto soluciones para el complejo urbanístico desde 2005.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, quiso expresar que "cualquier vecino de Marbella que no comparta el criterio del equipo redactor, del Ayuntamiento o de la Junta está en su derecho de interponer acciones legales".

Marbella tendrá una nueva gran superficie en Las Chapas y otro hotel en el centro. (LAOPINION)

P. SÁNCHEZ. MARBELLA. URBANISMO El gobierno municipal del PP, reunido en junta local, aprobó ayer la concesión de tres licencias de obra. Dos de ellas autorizan la construcción de un nuevo hotel en el casco histórico de la ciudad y otro centro comercial en las afueras, concretamente en el distrito de Las Chapas.

La empresa Prosander Obras y Construcciones reformará la antigua posada de la calle Caridad para convertirla en un "hotel con encanto", según señaló ayer la alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz. Este nuevo recinto hotelero contará con 17 habitaciones distribuidas en dos plantas que apenas ocuparán 900 metros cuadrados. La inversión del proyecto supera los 900.000 euros.

La compañía Artola Shopping Center construirá la nueva gran superficie de Las Chapas. Se edificarán 1.268 metros cuadrados sobre una parcela de 2.800, de acuerdo con el proyecto presentado y aprobado por el Consistorio. Su presupuesto supera los 1,2 millones de euros.

Guardería. El órgano municipal también cerró ayer el concurso público para la construcción de una guardería municipal en el área de Fuente Nueva, en San Pedro Alcántara. "Será una guardería 100% municipal", según destacó Muñoz.

El proyecto se adjudicará en febrero. A partir de entonces, comenzará a contar un plazo de ejecución que ronda los 12 meses. La construcción de la nueva guardería costará un millón de euros. Una vez finalizada, ofertará 99 plazas.

CARRATRACA. La Junta rechaza asumir el urbanismo en Carratraca. (LAOPINION)

El Gobierno andaluz ve "incoherente" la medida con las leyes de autonomía local planteadas recientemente.


EFE La propuesta lanzada por el PP de que la Junta de Andalucía asuma las competencias de disciplina urbanística en municipios como el de Carratraca (Málaga) ha sido rechazada hoy por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, que la ve incoherente con una mayor autonomía local.

Según el consejero, "no tiene ningún sentido ni coherencia" que el Gobierno andaluz asuma la disciplina urbanística en un momento en el que se han planteado las leyes de autonomía local que "intentan quitar tutelas que no se justifican".

En este sentido, ha cuestionado que sean los ayuntamientos del PP, que reclaman tener competencias definitivas para la aprobación del planeamiento urbanístico municipal, los "mismos" que reivindiquen no hacerse cargo de la disciplina urbanística.

"El paquete es completo", ha aseverado Espadas, quien considera que la disciplina urbanística es "consustancial" al planeamiento, ya que "si cada uno hace lo que quiere en el territorio ¿para qué lo ordenamos?".

El PP planteó hace unos días la posibilidad de que la Junta asumiera provisionalmente las competencias de sanción e inspección urbanística en Carratraca a raíz de la dimisión de su entonces alcalde, Óscar Román (IU), por discrepancias con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

En cuanto a la redacción de los planes urbanísticos para municipios pequeños de Málaga, Espadas ha explicado en rueda de prensa que los ocho gobernados por el PSOE recibieron un diagnóstico de la situación y han mostrado sus disponibilidad a avanzar en el proceso.

Mañana está previsto que el consejero se reúna con alcaldes de los ocho municipios restantes -cuatro gobernados por el PP, tres por IU y uno por el PA-, y pese a las críticas mostradas por la dirección provincial de los populares, Espadas confía en que se imponga "el sentido común" de los regidores.