domingo, 31 de enero de 2010

MÁLAGA Málaga crece hacia el norte. (SUR)

Puerto de la Torre lidera el aumento de la población en los últimos cinco años, mientras el centro y los barrios más consolidados pierden residentes.

31.01.2010 -
M. ÁNGELES GONZÁLEZ

El desarrollo urbanístico dibuja el mapa poblacional de Málaga. Las construcciones en altura de los años 70 han dado paso a grandes urbanizaciones con zonas verdes, parques infantiles, piscinas, pistas de tenis y aparcamientos, un concepto de vivienda cada vez más demandado y que está provocando que los barrios más consolidados de la capital pierdan residentes que apuestan por el extrarradio de la ciudad o por municipios dormitorios para vivir, en los que el precio menor de los pisos también ha originado un efecto llamada.

Así, zonas en expansión como Puerto de la Torre, Churriana y Campanillas, en la capital, y los municipios de Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Rincón de la Victoria, Torremolinos y Cártama han experimentado en los últimos cinco años un importante crecimiento, en detrimento de los distritos Centro, Cruz del Humilladero, Bailén-Miraflores o Carretera de Cádiz, que registran aumentos mínimos o descensos en el número de empadronados, según se desprende de datos del organismo autónomo de Gestión Tributaria (Gestrisam) y del Instituto Nacional de Estadística.

La capital crece por el norte. El distrito de Puerto de la Torre lidera el incremento de la población en el último quinquenio -entre 2004 y 2009-, con 8.052 nuevos residentes, un aumento espectacular si se compara con el resto de barriadas. Campanillas, con 1.295 personas más, también se encuentra en los primeros puestos, a lo que hay que sumar la expansión de Teatinos. Mientras, Cruz de Humilladero pierde 329 empadronados y el Centro sólo gana 142. En total, el número de empadronados en la capital ha aumentado en 17.129 personas desde 2004. Puerto de la Torre y Campanillas, además, son, junto a Palma-Palmilla, los distritos con mayor porcentaje de personas menores de 30 años. En el caso de los niños menores de 15 años, Puerto de la Torre vuelve a encabezar la lista.

«La gente prefiere irse a zonas con más servicios, espacios verdes y recintos cerrados en los que dejar seguros a los hijos, comodidades que no se tiene en los barrios más consolidados», explica Violeta Aragón, gerente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP).

Distribución
Este trasvase residencial queda reflejado en la distribución porcentual de la población. Así, mientras en 2004 el 7,38% de los malagueños vivía en Puerto de la Torre, cinco años después ese porcentaje aumenta al 8,55%. Lo mismo ocurre con Churriana, que pasa del 3,24% al 3,53% y Campanillas, del 2,88% al 3,02%. En el lado opuesto, el Centro es el lugar elegido para vivir por el 14,70% de la población, casi un punto menos que en 2004. Entre 2008 y 2009 el número de empadronados ha caído en 410 personas. Ciudad Jardín, Bailén y Cruz de Humilladero pierden atractivo, como Carretera de Cádiz, el distrito más poblado -viven 113.424 personas-, en el que, sin embargo, sólo se registran 1.781 empadronados más que hace cinco años, es decir, un 1,59%, frente al 19,45% de Puerto de la Torre o al 12,34% de Churriana y el 8% de Campanillas. Carretera de Cádiz perdió en el último año 313 personas. En este tiempo, los únicos distritos que han crecido son Puerto de la Torre, Churriana, Campanillas y Palma-Palmilla.

Las causas de esta tendencia hay que buscarlas en la expansión urbanística. El planeamiento de la capital, que ha hecho posible el desarrollo inmobiliario de determinadas zonas, así como la diferencia de precios, han supuesto el cóctel apropiado para que numerosas familias apuesten por los nuevos barrios. Así, la proliferación de promociones en Puerto de la Torre, con barriadas como Soliva, en la que se han proyectado más de 1.500 viviendas protegidas, o en Churriana, han cambiado el paisaje de la ciudad con una distribución demográfica que seguirá la misma tendencia en los próximos años, según coinciden los expertos consultados por este periódico, que vaticinan un cambio más espectacular tras la crisis, cuando se reactive el sector de la construcción y se dé salida al 'stock' de viviendas sin vender, como explica José Antonio Pérez, director de la Cátedra Inmobiliaria en el Instituto de Práctica Empresarial (IPE).

A Soliva hay que sumar las 2.428 viviendas proyectadas en Morillas, cerca de Colonia de Santa Inés, y los 2.619 inmuebles de la Cañada de los Cardos. También en Hacienda Cabello, junto a El Atabal, el Instituto Municipal de la Vivienda tiene pendiente una promoción de 400 viviendas.

La Palmilla crece
Tras Puerto de la Torre, el distrito que más ha crecido en los últimos cinco años es Palma-Palmilla, con 2.252 personas más. Esto se explica, además de por la mayor presencia de inmigrantes, por la promoción de Las Virreinas, junto al río Guadalmedina, con 2.900 viviendas, como aclara Pérez. Le siguen Churriana, con un aumento de 2.247 residentes, y el distrito Este, con 2.172. El quinto lugar lo ocupa Campanillas, donde viven 1.295 personas más. En el otro lado de la balanza, Cruz de Humilladero pierde 329 empadronados y Ciudad Jardín 749.
El Centro casi se mantiene igual, con 142 personas, aunque en distribución porcentual pierde peso, algo sobre lo que los expertos advierten: este despoblamiento incipiente podría acrecentarse en el futuro. Con la mayor tasa de residentes de más de 65 años (el 18,26% de la población supera esa edad) y el menor porcentaje de jóvenes de menos de 30 años, el futuro se torna algo sombrío.

«Ha ocurrido en muchas ciudades. Los centros se convierten en incómodos para vivir y se quedan despoblados», explica el profesor de IPE, quien aboga por desarrollar planes integrales de rehabilitación y por un concepto de vivienda con precios asequibles para los jóvenes.

Los promotores, por su parte, exigen colaboración a las administraciones porque «económicamente no interesa construir en el Centro», según explica la gerente de ACP. «Además de las dificultades de calles estrechas, que no permiten mucha maquinaria, normalmente hay que mantener las fachadas, lo que conlleva un sobrecoste», comenta.

El Casco histórico, además, según explica Aragón, tiene una complejidad adicional: «Está regido por una ordenanza especial que prevé un procedimiento muy largo y complejo para restaurar y reparar, ya que hay que superar una comisión de patrimonio histórico de la Junta; y si encima hay restos arqueológicos, la promoción puede quedarse parada años». Todo esto hace que el Centro, ahora mismo, «sea un centro comercial, pero no de viviendas». La consecuencia: «un espacio muerto». Y, para darle vida, «hay que darle servicios». «Una pareja joven no se va a ir al Centro si no tiene cerca un colegio y otras comodidades».

El precio, la clave
Precisamente la diferencia de precios está detrás del reparto poblacional de la capital. Según el último estudio residencial de Málaga realizado por la consultora Aguirre Newman, en 2008 una vivienda de nueva construcción en el Centro costaba un promedio de 3.587 euros por metro cuadrado, frente a los 2.165 de Puerto de la Torre, por ejemplo. Esta diferencia hace que un piso medio cueste en el casco histórico más de 340.000 euros, mientras que en la zona norte el precio baja a los 242.636. En Churriana el ahorro todavía es mayor. Allí un piso costaba 1.739 euros por metro cuadrado.

En el área metropolitana, las viviendas son aún más asequibles. En el caso de las plurifamiliares, el precio en Alhaurín de la Torre alcanzaba en 2008 los 1.990 euros por metro cuadrado, siendo éste uno de los municipios que ha experimentado un mayor abaratamiento -la vivienda ha bajado un 10,3% en un año-, según destaca Aguirre Newman. Le superan Puerto de la Torre, con un descenso del 10,8%, y Cruz del Humilladero, con una bajada del 12,6%.

El menor precio y la búsqueda de un determinado concepto de vivienda han hecho que el área metropolitana haya registrado un crecimiento espectacular en los últimos cinco años. Así, mientras la capital sólo ha aumentado su población en un 3,05%, en Cártama, el incremento ha sido superior al 37%. En Alhaurín de la Torre alcanza el 31% , y el 20,6% en Alhaurín el Grande. En Rincón de la Victoria, el aumento es del 28%, tres puntos más que en Torremolinos.

MALAGA. Confusión total por el PGOU en Málaga (LAOPINION)

La reunión entre el Ayuntamiento y la Consejería desbloqueó el trámite, aunque quedan sombras sobre el acuerdo.


MIGUEL FERRARY. MÁLAGA Arraijanal. Esta zona de Málaga era prácticamente una desconocida para la mayoría de los malagueños hace una década. Ahora son muchos los que saben colocarla en el mapa con los ojos cerrados. De estos terrenos, de 54,3 hectáreas, depende mucho el futuro de la ciudad. En concreto, toda la planificación urbanística para los próximos doce años, inversiones millonarias y uno de los mayores parques para Málaga.
El acuerdo alcanzado el pasado martes, entre el Ayuntamiento de Málaga y la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, daba una salida a estos terrenos y desbloqueaba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La solución es una aceptación, en toda regla, de las tesis autonómicas. El Ayuntamiento acepta reservar el suelo para el proyecto del parque defendido por la Junta desde mediados del año pasado. A cambio, se busca una salida para los propietarios, cediéndoles más edificabilidad en otras zonas de la ciudad para compensar la pérdida del proyecto de urbanización de Arraijanal.
Cambio sobre Arraijanal. Este cambio de actitud del Ayuntamiento supone un giro de 180 grados sobre lo que venía defendiendo con virulencia en los años anteriores, ya que apostaba por el derecho a construir de los propietarios. Sin embargo, el alcalde puso un precio a este cambio: inversiones por 160 millones de euros a cargo de la Junta, de los cuales 130 millones serían con fondos europeos y otros 30 millones para reforzar las infraestructuras ante posibles lluvias torrenciales. No lo dijo claramente, pero lo dejó intuir: el acuerdo es "un todo", Arraijanal por inversiones. La razón que sostiene este argumento es que el Ayuntamiento hace un esfuerzo a costa de su patrimonio que debe ser compensado por la Junta.
Esas inversiones son el elemento que han provocado la discusión, que a tenor de las declaraciones públicas hacen tambalear el PGOU. Sin embargo, el acuerdo urbanístico sobre Arraijanal está prácticamente cerrado y a falta de pulir unos detalles para su redacción en el documento del planeamiento. Nadie discute que saldrá adelante. Ni la Junta ni el Ayuntamiento, a quien le urge aprobar el documento para impulsar inversiones.
No obstante, tanto la Junta como el Ayuntamiento insisten en que esas peticiones se verán en paralelo a la tramitación del plan de ordenación. Ahí empiezan los matices. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, insiste en que todo va junto. El consejero de Vivienda, Juan Espadas, en que se estudiarán las peticiones, pero no de forma vinculada a la aprobación del PGOU.
Acuerdo en abril. Mientras que las declaraciones políticas se suceden, los técnicos trabajan. La semana próxima se reunirán de nuevo los equipos municipales y autonómicos para seguir puliendo los últimos aspectos del documento. Todo está tan avanzado que ya se empieza a poner fecha para la aprobación provisional: abril.
Esto supone que quedan dos meses para cerrar el planeamiento y retomar los trámites, que requerirán de un nuevo proceso de exposición pública.
En realidad las diferencias que quedan son mínimas. Decidir el espacio de servidumbre de los arroyos urbanos, definir algunas infraestructuras y ajustar los requerimientos medioambientales de zonas muy concretas de la ciudad.
¿Está el PGOU realmente estancado? Las declaraciones públicas dicen que, al menos, en suspenso. Los técnicos, continúan trabajando.
La clave para que la política vaya a la par de los técnicos está en el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. A él se ha encomendado el alcalde para intentar obtener las inversiones deseadas. De hecho, cualquier compromiso está fuera de las competencias del consejero y es más propia del presidente.
La aceptación, aunque sea una parte, de las peticiones del alcalde, algunas de ellas incluso son proyectos que pueden estar en las propias agendas autonómicas, rebaja la tensión política. Mientras, el PGOU podrá avanzar sin problemas, aunque será difícil que se apruebe antes de final de año.

MALAGA. Estudian instalar una red de calor y frío por agua en Málaga. (LAOPINION)

El Instituto Andaluz de Tecnología plantea la viabilidad técnica y economícoa de este proyecto.


EFE El centro tecnológico del Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) en Málaga estudia la viabilidad técnica y económica de la implantación de una red de calor y frío (DHC -District Heating Cooling, en inglés-) en la ampliación del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

Las redes DHC satisfacen las demandas de climatización en puntos distantes a través de la distribución de un fluido, generalmente agua, que es transportado a los puntos de la demanda a través de un conjunto de tuberías.

El jefe del proyecto, Rogelio Zubizarreta, ha indicado a Efe que una central convencional que sólo genere electricidad tiene una eficiencia de un 30 por ciento, es decir, que de cada diez unidades de combustible utilizados genera tres de energía.

Con la instalación de una red DHC, la central puede emplear el calor resultante de la generación de la electricidad para abastecer la red, aumentando así la eficiencia de la central hasta un 60 por ciento, ha apuntado Zubizarreta.

Por su parte, la directora del centro, Olga Aguilera, ha explicado que se trataría de la segunda red de este tipo en Andalucía, y de la primera que distribuiría la energía a un conjunto de edificios, y no a una sola construcción.

"Pretendemos ser la primera experiencia española en la climatización por frío mediante esta tecnología", ha dicho Aguilera, quien ha destacado que las características climáticas de Andalucía constituyen un entorno ideal para avanzar en la refrigeración basada en la técnica DHC.

Los expertos del instituto analizarán las diferentes tecnologías que podrían abastecer a esta red para decidir cuál de ellas se adecúa mejor a la demanda del PTA, con el propósito de introducir una fuente de energía limpia y de aumentar la eficiencia de los recursos disponibles.

El proyecto cuenta con la colaboración del grupo de Energética de la Universidad de Málaga, la Corporación Altra aportará su conocimiento en sistemas de monitorización de consumo y la Fundación Habitec se encargará de elaborar un estudio de las distintas tecnologías de generación energética disponibles.

Axarquía Los arquitectos piden planes estratégicos en el campo axárquico. (LAOPINION)

Solicitan una reconversión industrial del suelo rústico para hacer frente a los problemas urbanísticos de la comarca.


EUROPA PRESS Los arquitectos subrayan la necesidad de que los municipios malagueños, especialmente los de la Axarquía, para empezar a hacer frente a los problemas urbanísticos que presentan, cuenten con una especie de "plan de reconversión industrial", de manera que se ponga en valor el suelo rústico, que, en la actualidad, "no tiene más aprovechamiento económico que vendérselo a un extranjero para que construya el chalé que no puede hacer en su país".

Ese plan estratégico de desarrollo económico, como destacó el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, Antonio Vargas, debería incluir medidas basadas en la economía sostenible, estableciendo métodos de producción que "vayan más allá de la construcción de la casa de aperos en mitad del campo", ya que mientras eso no se haga, "el suelo rústico no sirve para nada y la gente lo quiere vender".

En este sentido, indicó a Europa Press que cada municipio tiene unas características propias para poner en valor, por lo que son los ayuntamientos los que deben detectarlas para ir a "una fuente de ingresos más sostenible y respetuosa con el medio ambiente". Precisó, sin embargo, que han de tener la ayuda de la Diputación y de la Junta de Andalucía, ya que suelen ser "consistorios muy pequeños, que no tienen capacidad, ni técnica ni humana, para poner en marcha este proceso".

"En la actualidad, el propietario del campo no sabe cómo obtener beneficios de esa tierra, de la que había vivido su padre, pero él ya no --afirmó--; es un espacio del territorio que ha servido históricamente para cultivarlo, pero cuando ha dejado de ser rentable, se ha optado por venderlo y hacer casas, especialmente por parte de población extranjera, desvinculada del pueblo". Por ello, insistió en la necesidad de llevar a cabo "una especie de 'reconversión industrial' del campo, que le dé valor y que genere riqueza en toda la zona".

Vargas señaló que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece que "el aprovechamiento natural del campo es el aprovechamiento de los recursos propios, agrícolas, ganaderos y forestales, pero el problema radica en que no existen o no se saben explotar", por lo que, a su juicio, "los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) deberían establecer planificaciones estratégicas de desarrollo, con las que el campo adquiriese un valor de explotación que ha perdido, recuperando así la Axarquía parte de la tranquilidad perdida".

Al respecto, el representante de los arquitectos malagueños hizo hincapié en que "un PGOU es en parte la ordenación territorial de una estrategia económica" y, como resaltó, "el problema de esos municipios de la Axarquía es que esa estrategia se ha limitado a poner casas en el territorio".

Se demanda, por tanto, "una amplitud de miras para entender que la ordenación territorial de esos pueblos tiene que venir de la mano de un plan estratégico de desarrollo económico, donde el campo tenga un valor". Consideró, en este sentido, que el plan estratégico provincial que desarrolla la Diputación "podría ser una primera herramienta, pero debería concretarse".

Precisamente, expuso que el problema de la LOUA radica en que "no está lo suficientemente desarrollada desde el punto de vista reglamentario y no se han desarrollado los PGOU, que deberían haberlo hecho a su amparo". Ante esta situación, añadió, "los criterios de interpretación, que no están desarrollados reglamentariamente, hacen que sea difícil aprobar un proyecto de actuaciones en suelo rústico".

Colaboración
Por otra parte, Vargas valoró el compromiso del Gobierno andaluz de intentar agilizar el proceso de redacción de los PGOU en las localidades de la Axarquía, donde hay miles de viviendas construidas en suelo no urbanizable, de manera que cuenten con planeamientos como muy tarde a finales de este año.

"La iniciativa de la Junta de colaborar en el desarrollo de esos planes, y siempre con el respeto a la autonomía municipal y el consenso con los distintos ayuntamientos, es bienvenida y muy necesaria", manifestó, aunque opinó que "quizá ese clima de colaboración tendría que haberse dado antes".

Los Ayuntamientos deben 100 millones a las constructoras. (LAOPINION)

En los últimos diez años, los municipios de la provincia han visto multiplicada su deuda


EUROPA PRESS Los constructores de Málaga instaron a los ayuntamientos a que no liciten obras si no disponen del dinero necesario para pagar a las empresas, ya que ello sólo contribuye a aumentar el endeudamiento con los proveedores y a empeorar la situación económica de éstos últimos. Así, la asociación provincial que representa al sector señaló que la deuda de los consistorios con sus asociados --unos 250-- se eleva a unos 100 millones de euros, acumulados a lo largo de los últimos 10 años.


Al respecto, la gerente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, Violeta Aragón, advirtió de que al dinero adeudado por la ejecución de una obra hay que sumarle los intereses de demora, aspecto éste último que en el primer semestre de 2010 supondrá aplicar un ocho por ciento más, según establece la Ley de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

De hecho, expuso que si, al finalizar 2010, los 100 millones adeudados se mantuvieran tal cual, generarían unos intereses de unos ocho millones. Precisamente, Aragón señaló a Europa Press que, por regla general, en el momento en que transcurren 10 años y aplicando un interés de demora medio de en torno al 10 por ciento, una deuda se duplica.

Por ello, hay ayuntamientos que tras 10 años manteniendo una misma deuda, ya la han duplicado y puso como ejemplo Estepona, que tiene un pago pendiente desde 1995; Alozaina y Mijas, desde 1997, o Fuengirola, desde 1998.

Más de un millón de deuda
En cuanto a lo adeudado, la gerente de la ACP indicó que hay de todas las cuantías. No obstante, algunos de los ayuntamientos que superan el millón de euros son Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Mijas, Nerja o Rincón de la Victoria.

Como dijo Aragón, "la ley es muy clara y dice que, una vez certificada la obra, se tiene que abonar en un máximo de 60 días, por lo que si no tienen para pagar, que no se metan en acometer proyectos; es peor el remedio que la enfermedad". "No es una cuestión de que las empresas constructoras tengan que pedir favores para que les abonen lo adeudado, sino simplemente es cuestión de cumplir lo que dice la norma", afirmó, aunque precisó, en este sentido, que el único consistorio malagueño que se aproxima al plazo establecido por la norma es el de Málaga capital.

"No intentemos hacer que nuestro ayuntamiento esté sacando mucha obra pública y dar la imagen de que está dando trabajo a muchas empresas porque si no paga, lo que realmente hace es contribuir a que quiebren empresas", aseveró, añadiendo que "se trata de una cadena, si no se paga a la constructora, ésta no puede pagar a sus subcontratas y éstas no pagan a los trabajadores".

Esta situación ha provocado que algunas empresas tengan, incluso, que cerrar y mencionó el caso de una constructora que trabajaba fundamentalmente para el Ayuntamiento de Estepona y que se vio obligada a presentar un concurso de acreedores, en tanto que "la deuda era tan elevada, de unos 10 millones, que no podía seguir adelante".

Tendencia de la administración.
Aragón manifestó que esa demora en el pago a las empresas por parte de los ayuntamientos es, en general, "una tendencia de la administración", pero reconoció que en el último año, debido a la situación de crisis económica, "lo último que hacen los consistorios es pagar a sus proveedores, ya que dedican el dinero antes a abonar las nóminas".

A su juicio, "quizá las corporaciones tendrían que plantearse hacer un reajuste en las plantillas municipales porque están sobredimensionadas, pensadas para unos momentos en los que tuvieron mucho trabajo, pero ahora no necesitan ese personal".

Alhaurín de la Torre El Ayuntamiento paraliza las inversiones en la urbanización ´El Lagar´. (LAOPINION)

A. G. ALH. DE LA TORRE El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha paralizado las inversiones previstas para la urbanización ´El Lagar´ hasta que no se resuelva el proceso judicial en el que se encuentra el trámite de recepción de esta urbanización por parte del Consistorio.
El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha manifestado su intención de seguir prestando todos los servicios públicos en ´El Lagar´ e invertir próximamente en mejoras en la barriada, tal y como acordó el Ayuntamiento con los vecinos con motivo de la recepción de este núcleo urbano el año pasado, "pero no se llevarán a cabo hasta que exista una resolución judicial firme sobre la municipalización de ´El Lagar´, que fue recurrida por un grupo de residentes". Por esta razón, un juzgado dictó unas medidas cautelares que mantienen paralizado el proceso.
Asimismo, no se ha podido llevar a cabo el plan plurianual de inversiones que estaba previsto ejecutar y que incluía la reurbanización integral y modernización de redes y servicios en la zona.
A pesar de ello, el Consistorio ha acometido varias mejoras generales de pintura, ajardinado, acerado, hormigonado de calles, la creación de un nuevo pasaje a la piscina o la construcción de varios parques públicos y pistas deportivas. Además, el Ayuntamiento se ha hecho cargo de todos los servicios públicos, incluyendo agua, alumbrado, limpieza y jardinería.
Villanova ha explicado que la recepción de estos servicios públicos permitirá garantizar el funcionamiento de la recogida de basuras, la limpieza o el abastecimiento de agua a través de Aqualauro. "La municipalización de ´El Lagar´ es lo que más conviene a todos".

MALAGA. La Junta estudia elevar la fachada que da al río para encajar el hotel de Moneo. (MALAGAHOY)

Las nueve plantas del edificio se convertirían en referencia para el resto de la zona · La medida requiere de la modificación del Pepri Centro, que ahora solo autoriza entre cinco y seis niveles.

SEBASTIÁN SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 31.01.2010 - 01:00

El hotel de lujo diseñado por el afamado arquitecto Rafael Moneo en Hoyo de Esparteros, justo en la fachada al río Guadalmedina, vuelve a ser objeto de debate. Según pudo saber este periódico de fuentes próximas a la iniciativa, la Junta de Andalucía ha reabierto el análisis técnico de esta operación urbanística, sobre la que ha informado negativamente en dos ocasiones, en un último intento por darle encaje. De este modo, la Administración autonómica reabre la puerta a la actuación impulsada por Promociones Braser, que plantea duplicar la altura del inmueble respecto a los parámetros permitidos para esa zona por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del centro histórico, que autoriza planta baja, más 3, más ático, frente a las nueve que del nuevo edificio.

Por ello, aunque son varias las alternativas en estudio, la Junta parece decantarse por plantear una modificación del Pepri que traiga consigo el aumento de la altura permitida en toda la parte del casco antiguo que da al Guadalmedina y no sólo en la parcela sobre la que se ubicará el edificio de Moneo. De este modo se evitaría que fuese un caso excepcional. Con ello, las nueve plantas del inmueble hotelero se convertirían en la referencia con la que homogeneizar esta fachada urbana.

Para impulsar esta medida se pretenden poner como ejemplo los inmuebles levantados antes de la aprobación y entrada en vigor del Pepri, que data de 1997, varios de los cuales superan con creces la altura autorizada. La opción planteada por los técnicos de la Consejería de Cultura evitaría, además, que el resto de propietarios de la zona afectada pudiera alegar un trato discriminatorio respecto a Promociones Braser.

Esta alternativa, en cualquier caso, se hará llegar al Ayuntamiento de Málaga, administración responsable de proponer y desarrollar la modificación del Pepri. La solución podría conocerse esta misma semana, cuando hay previsto un encuentro entre el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, y el delegado de Cultura de la Administración autonómica, Manuel García. Cuestionado por la opción ahora barajada, el edil popular se mostró dispuesto a colaborar "para que el proyecto salga adelante", aunque insistió en la necesidad de que cualquier modificación que se plantee "tiene que ser lo más ágil posible".

De aceptarse finalmente esta vía, la solución al embrollo administrativo en el que ha estado inmerso uno de los más importantes proyectos urbanísticos del casco antiguo estará próxima. Cabe recordar que Promociones Braser, que prevé una inversión cercana a los 60 millones de euros, impulsó esta actuación hace seis años, periodo en que se han sucedido los escollos, especialmente por parte de la Consejería de Cultura, que ha rechazado hasta en dos ocasiones la propuesta de cambiar el Pepri para permitir una mayor altura al inmueble. Y ello a pesar de los esfuerzos realizados por la empresa privada, que incluso entregó una amplia documentación en planos donde se observaba como las dimensiones del bloque se asemejaban a otros edificios del entorno. Tras numerosos vaivenes, los responsables de Promociones Braser mostraron su intención de continuar la tramitación del proyecto, al disponer de informes jurídicos que insisten en que la determinación sobre la altura del inmueble no corresponde a la Junta, sino al Consistorio.

CARRATRACA "Estoy dispuesto a aplicar la LOUA". (MALAGAHOY)

El regidor asegura que los expedientes que no se puedan solucionar "se tramitarán" · Esta semana mantendrá una reunión con la Junta para "buscar una salida a los problemas urbanísticos"

MANUELA HERREROS / CARRATRACA | ACTUALIZADO 31.01.2010 - 01:00
El nuevo alcalde de Carratraca, Francisco Duque, de 54 años, y natural de esta localidad, ejerce como concejal del Ayuntamiento desde hace ocho años, después de toda una vida trabajando en el sector de la hostelería y la construcción. El pasado miércoles día 27 asumió la Alcaldía con una complicada situación urbanística, por la cual dimitió el anterior regidor, Oscar Román (IU).

-Cuando Román anunció su dimisión, no quiso asumir la Alcaldía al igual que su compañera de agrupación, ¿a qué se debe ese cambio?

-Me ha costado mucho tomar la decisión por los problemas que presenta el municipio, incluso mi mujer estaba en contra de que fuera alcalde. Pero lo primero que pensé fue que tenía un compromiso con Carratraca que asumí cuando entré en el gobierno y no podía dejar abandonados a los vecinos. La gente me ha apoyado mucho y yo no quería que el Ayuntamiento estuviera regido por una gestora. Así que estos dos motivos fueron casi definitivos para presentarme como candidato y el mismo día que iba a decidirme pude ver en los medios de comunicación las declaraciones de la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía, María Gámez, tendiendo la mano a este Ayuntamiento. Estas palabras tan esperanzadoras fueron el último empujón que me faltaba.

-Después de las intensas reuniones que han mantenido estos últimos días y analizar los problemas urbanísticos, ¿cuantas irregularidades se han contabilizado?

-Dentro del casco urbano podríamos estar hablando de entre 40 y 45 edificaciones que podrían ser objeto de expediente, la misma cantidad aproximadamente contabilizamos en el campo. Sin embargo, las irregularidades en el suelo rústico hacen referencia a construcciones en cortijos antiguos o reformas en los mismos, por lo que podría ser que no les afecte la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía.

-Tras el ofrecimiento de ayuda de la Junta, ¿se ha producido algún contacto con esta institución?

-El jueves me llamó por teléfono la delegada María Gámez y el martes o como muy tarde el miércoles tendré con ella una reunión para ver qué solución se le va a dar a los problemas urbanísticos. Aunque no se puedan solventar todos los casos, yo me sentiría muy contento si la Junta de Andalucía retomara la catalogación como Bien de Interés Cultural que tiene Carratraca y en lugar de afectar a todo el casco urbano fuera más flexible. Hay lugares como el balneario que tiene que seguir protegido como patrimonio, también el Ayuntamiento, la plaza de toros o la iglesia. Son cuatro o cinco edificios que son los que estaban protegidos en un principio, pero de ahí a afectar a todo el pueblo hay mucha diferencia.

-¿Está dispuesto a aplicar la LOUA que conllevaría la apertura de expedientes sancionadores?

-Estoy dispuesto a aplicar la LOUA, pero ahora mismo estamos trabajando en el Plan General de Ordenación Urbana [PGOU] y vamos a ver cómo podemos solucionar los diferentes problemas urbanísticos. Yo no voy a ir en contra de la ley y no creo que Román estuviera en contra de ella. Los expedientes que no se puedan solucionar se tramitarán, pero la delegada del gobierno me ha comunicado que enviarán técnicos para que revisen las irregularidades y podrían ser menos. Creo que deben modificar la LOUA porque no se trata de un problema que tenga solamente un pueblo sino que lo tienen todos los de la provincia.

-¿Cómo han sido sus primeros días como alcalde?

-El jueves celebré mi primer Pleno y lo convocamos para poder aprobar las actuaciones que serán subvencionadas a través del Fondo Estatal del Gobierno. Estas obras son muy importantes para el pueblo ya que las ejecutamos en el propio Ayuntamiento y los trabajadores provienen de una bolsa de trabajo que tenemos, por lo que los vecinos que están desempleados pueden ir rotando.

-¿Cuál es el principal proyecto que le gustaría llevar a cabo en su mandato como regidor?

-Uno de los proyectos que me gustaría realizar y en el que ya hemos trabajado es la construcción de un hotel, con unas 40 habitaciones y un precio asequible para la mayoría de los visitantes. También quiero impulsar el sector turístico con nuestro principal reclamo que es el balneario. Carratraca pertenece a una sociedad de termalismo a través de la cual se tramitan diferentes subvenciones y queremos seguir en esa línea.

MARBELLA. El PGOU de Marbella deja la decisión sobre las demoliciones a los jueces (ELPAIS)

El plan de legalización del municipio provocará un aluvión de impugnaciones

DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 31/01/2010


El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella está llamado a restaurar el orden, la legalidad y la seguridad jurídica en una ciudad donde los gobiernos municipales que se sucedieron desde la llegada a la alcaldía de Jesús Gil, en 1991, hasta la disolución de la corporación en 2006 por los escándalos de corrupción, vulneraron sistemáticamente el planeamiento vigente. Tanto desmán, simbolizado en la concesión de licencias para más de 18.000 viviendas contrarias a la normativa, y todos los trapicheos con operaciones de suelo y convenios urbanísticos han sido materia de numerosos litigios judiciales en las vías contenciosa, civil y penal.

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      El derribo de 500 viviendas depende de una decisión de los magistrados

      El PGOU aprobado definitivamente por la Comisión de Ordenación del Territorio de Andalucía (Cotua) el pasado viernes no va a dar carpetazo como por arte de magia a todo este embrollo judicial. Sienta las bases de la restauración urbanística, pero los tribunales aún tienen mucho que decir y los jueces están llamados a tener un papel determinante en la ejecución del nuevo plan.

      Los jueces deberán decidir por ejemplo si de demuelen o no las más de 500 viviendas habitadas que el plan deja fuera de ordenación porque ocupan suelo de espacios libres en la franja litoral (297 casas en Banana Beach, 50 en Golf Río Real, 30 en Torrevigía y otras 50 en las promociones que la Cotua ha instado a excluir de la normalización). Todas tienen licencia anulada por los tribunales y deberán ser los jueces quienes determinen cómo se ejecutan las sentencias una vez que conozcan el nuevo PGOU y consideren los intereses de todas las partes implicadas.

      Otra incógnita es saber si los tribunales revisarán las órdenes de demolición que ya habían emitido sobre algunas promociones que el plan normaliza, además de qué va a ocurrir con aquellos procedimientos abiertos por denuncias de situaciones ilegales que el plan considera legalizables, muchas de ellas formuladas por la Junta, la administración que da el visto bueno definitivo al PGOU.

      Presumiblemente, el propio PGOU va a ser objeto por si mismo de conflicto, especialmente por el sistema de normalización de construcciones ilegales diseñado por el equipo redactor, dirigido por Manuel González Fustegueras. Varios colectivos vecinales han anunciado ya que recurrirán el plan en la vía de lo contencioso administrativo y la comunidad de propietarios de Banana Beach, el complejo de 297 viviendas que queda fuera de ordenación y que, de acuerdo a las consideraciones del plan, debe desaparecer porque el suelo que ocupa es sistema general de espacios libres, ha anunciado la presentación de una querella criminal por prevaricación contra los concejales de PP y PSOE que votaron provisionalmente el documento en el pleno del pasado 29 de julio y contra el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas. Los propietarios de Banana Beach se consideran víctimas de un agravio porque entienden que hay construcciones en la misma situación urbanística que el plan sí normaliza.

      En la historia del urbanismo español no hay precedentes de una situación tan compleja como la de Marbella, donde la planificación urbanística requería dar respuesta a tantas situaciones de vulneración de la legalidad. González Fustegueras buscó respuestas con "una dosis de flexibilidad necesaria para afrontar la diversidad de situaciones de transformación ilegal". La gama de incumplimientos era muy variada: construcciones en suelo no urbanizable, actuaciones en el suelo urbanizable o urbano no consolidado sin los preceptivos planes de desarrollo o edificaciones autorizadas en el suelo consolidado que infringían determinaciones de densidad o edificabilidad contempladas en el plan de 1986. Es la clasificación que González Fustegueras estableció entre pecados mortales y veniales, y de la que se ha derivado un sistema de normalización que, como principio general, excluye la posibilidad de legalizar cualquier construcción en suelo no urbanizable con usos contrarios a los permitidos por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y regularizar las que no vulneren este principio pero siempre con la formulación de los instrumentos de planeamiento que prevé la legislación (planes parciales, de desarrollo, parcelaciones; y procurando que los repartos de ocupación y edificabilidad en las distintas áreas no excedan lo programado y que se recuperen los suelos de equipamientos y espacios libres). El plan además ha considerado a todos los efectos inexistentes las licencias ilegales concedidas para construcciones que no llegaron a iniciarse (unas 5.800 de las 18.000 para las que se expidieron licencia, mientras que más de 4.500 permanecen paralizadas).

      De ahí el establecimiento de un sistema de compensaciones económicas o en suelo que contempla el sistema de normalización y que es el centro de la controversia.

      María Gámez: 'El PGOU de Málaga puede estar aprobado en dos o tres meses'. (ELMUNDO)

      Las negociaciones sobre el PGOU de Málaga, la aprobación definitiva del Plan General de Marbella y el control del urbanismo en los pequeños municipios han mantenido más que ocupada estos días a la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez. Aún así, no se cansa de hablar de proyectos e inversiones;al fin y al cabo «es nuestra obligación», y no entiende cómo se puede decir que no a una inversión.

      Pregunta.– ¿Por qué el empeño de la Junta en el parque de Arraijanal y el megahospital?

      Respuesta.– Lo difícil es justificar no hacerlo. El potencial de Málaga justifica que aspire a esa infraestructura y los instrumentos de ordenamiento deben facilitarlo. En cualquier municipio esto se vería como una gran oportunidad, por eso nos cuesta tanto entender cómo hemos tardado un año en conseguir dibujar el hospital en el planeamiento. Y si ahora se puede, ¿por qué no antes? En cuanto a Arraijanal, es una aspiración de parque metropolitano recogida en el Potaum, y más que un empeño es una gran oportunidad. Es la única zona costera libre de Málaga capital y no se puede desperdiciar para hacer más de lo mismo, más viviendas. En los tiempos que corren no aprovechar ese espacio para ocio y disfrute de los ciudadanos sería un error. Además, es una infraestructura que paga y desarrolla la Junta y no es congruente con lo que dice el alcalde de que no se quiere invertir en Málaga.

      P.– En otros tiempos nadie planteó un parque y el proyecto de urbanización estaba ya muy avanzado...

      R.–En anteriores modelos de desarrollismo no se contemplaba la idea del parque, pero ahora no compartimos eso. Ni el PSOE ni la Junta quieren edificar allí, queremos oportunidades y no significa restarle nada a la ciudad, todo lo contrario.

      «Se compensa cuando se causa un daño, no cuando se hacen inversiones positivas»

      P.–¿Por qué el Gobierno andaluz no cree que deba compensar al Ayuntamiento?

      R.–Las compensaciones se entienden sólo cuando uno causa un daño, pero las inversiones previstas son positivas, no se entiende que haya que compensar. Un Ayuntamiento debe brindarse a eso. De hecho, para hacer un proyecto parecido en Cádiz, del PP, éste se brindó. Y no es que no puedan pedir otras cosas, pero no se puede obstruir el PGOU a cuenta de otras inversiones.

      P.–El alcalde de Málaga insiste en que el Consistorio hace un gran esfuerzo, pues deja de percibir ingresos y tiene que equilibrar de nuevo el Plan.

      R.–En absoluto creemos que haya sido complicado para el Ayuntamiento. Cuando solicitamos darle cabida en el Plan ya propusimos la compensación a los propietarios en otros aprovechamientos de la ciudad, y así nadie pierde, pues no hay coste económico para el gobierno municipal, a los propietarios los deja medianamente satisfechos y la Junta no se ve obligada a iniciar un largo y tedioso proceso de expropiación que retrasaría mucho más el uso y disfrute de ese parque.

      P.–El hecho de no vincular el convenio presentado por el alcalde para invertir fondos Feder en la ciudad a la tramitación del PGOU, ¿significa que no se van a hacer esas inversiones en Málaga?

      R.–La Junta siempre está invirtiendo en Málaga y seguimos firmando convenios: estamos en el metro, el Palmeral del puerto, nos hemos comprometido para colaborar en el bulevar, invertimos con el Ayuntamiento en el auditorio, el plan turístico de la ciudad, etcétera. El discurso del agravio y de que no se vaya a invertir en Málaga es ridículo. Lo que hay que hacer es favorecer todas las inversiones. Además, en la reunión del martes pasado, en un principio se aceptó todo, después lo anudaron a la firma de un convenio para otras inversiones que, por otro lado, y por citar una de ellas, a mí me cuesta trabajo pensar que a cuenta de un funicular a Gibralfaro se bloquee todo un Plan General.

      P.–Pero, ¿el acuerdo alcanzado peligra? El alcalde tampoco ha dicho que vaya a romper las negociaciones sobre el Plan General.

      R.–Espero que el alcalde continúe en esa línea y no condene a la ciudad a otro debate de usos partidistas con el PGOU. Además, siempre hay tiempo de hablar de otras posibles inversiones; lo hacemos todos los días y es nuestra obligación.

      P.–¿Qué plazos le augura a partir de ahora al PGOU de Málaga?

      R.–A partir de que tengamos el documento la Junta se compromete a aprobarlo en menos de la mitad del tiempo legalmente establecido, a menos que falte documentación. Si viene bien preparado todo, la aprobación irá muy rápido, en dos o tres meses.

      Arquitectos piden planes estratégicos que pongan en valor el campo de la Axarquía. (ELMUNDO)

      Los arquitectos subrayan la necesidad de que los municipios malagueños, especialmente los de la Axarquía, para empezar a hacer frente a los problemas urbanísticos que presentan, cuenten con una especie de "plan de reconversión industrial", de manera que se ponga en valor el suelo rústico, que, en la actualidad, "no tiene más aprovechamiento económico que vendérselo a un extranjero para que construya el chalé que no puede hacer en su país".

      Ese plan estratégico de desarrollo económico, como destacó el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, Antonio Vargas, debería incluir medidas basadas en la economía sostenible, estableciendo métodos de producción que "vayan más allá de la construcción de la casa de aperos en mitad del campo", ya que mientras eso no se haga, "el suelo rústico no sirve para nada y la gente lo quiere vender".

      En este sentido, indicó a Europa Press que cada municipio tiene unas características propias para poner en valor, por lo que son los ayuntamientos los que deben detectarlas para ir a "una fuente de ingresos más sostenible y respetuosa con el medio ambiente". Precisó, sin embargo, que han de tener la ayuda de la Diputación y de la Junta, ya que suelen ser "consistorios muy pequeños, que no tienen capacidad, ni técnica ni humana, para poner en marcha este proceso".

      "En la actualidad, el propietario del campo no sabe cómo obtener beneficios de esa tierra, de la que había vivido su padre, pero él ya no; es un espacio del territorio que ha servido históricamente para cultivarlo, pero cuando ha dejado de ser rentable, se ha optado por venderlo y hacer casas, especialmente por parte de población extranjera, desvinculada del pueblo", señaló.

      Vargas señaló que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece que "el aprovechamiento natural del campo es el aprovechamiento de los recursos propios, agrícolas, ganaderos y forestales, pero el problema radica en que no existen o no se saben explotar", por lo que, a su juicio, "los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) deberían establecer planificaciones estratégicas de desarrollo, con las que el campo adquiriese un valor de explotación que ha perdido, recuperando así la Axarquía parte de la tranquilidad perdida".

      Al respecto, el representante de los arquitectos malagueños hizo hincapié en que "un PGOU es en parte la ordenación territorial de una estrategia económica" y, como resaltó, "el problema de esos municipios de la Axarquía es que esa estrategia se ha limitado a poner casas en el territorio". Consideró, en este sentido, que el plan estratégico provincial que desarrolla la Diputación "podría ser una primera herramienta, pero debería concretarse".

      Precisamente, expuso que el problema de la LOUA radica en que "no está lo suficientemente desarrollada desde el punto de vista reglamentario y no se han desarrollado los PGOU, que deberían haberlo hecho a su amparo". Ante esta situación, añadió, "los criterios de interpretación, que no están desarrollados reglamentariamente, hacen que sea difícil aprobar un proyecto de actuaciones en suelo rústico".

      Los ayuntamientos deben más de 100 millones a las constructoras. (ELMUNDO)

      Los constructores de Málaga instaron a los ayuntamientos a que no liciten obras si no disponen del dinero necesario para pagar a las empresas, ya que ello sólo contribuye a aumentar el endeudamiento con los proveedores y a empeorar la situación económica de éstos últimos.

      Así, la asociación provincial de constructores y promotores señaló que la deuda de los consistorios con sus asociados -unos 250- se eleva a unos 100 millones de euros, acumulados a lo largo de los últimos 10 años.

      Al respecto, la gerente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, Violeta Aragón, advirtió de que al dinero adeudado por la ejecución de una obra hay que sumarle los intereses de demora, aspecto éste último que en el primer semestre de 2010 supondrá aplicar un ocho por ciento más, según establece la Ley de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

      Precisamente, Aragón señaló a Europa Press que, por regla general, en el momento en que transcurren 10 años y aplicando un interés de demora medio de en torno al 10 por ciento, una deuda se duplica y puso como ejemplo Estepona, que tiene un pago pendiente desde 1995; Alozaina y Mijas, desde 1997, o Fuengirola, desde 1998.

      En cuanto a lo adeudado, la gerente de la ACP indicó que hay de todas las cuantías. No obstante, algunos de los ayuntamientos que superan el millón de euros son Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Mijas, Nerja o Rincón de la Victoria.

      Como dijo Aragón, "la ley es muy clara y dice que, una vez certificada la obra, se tiene que abonar en un máximo de 60 días, por lo que si no tienen para pagar, que no se metan en acometer proyectos; es peor el remedio que la enfermedad". "No es una cuestión de que las empresas constructoras tengan que pedir favores para que les abonen lo adeudado, sino simplemente es cuestión de cumplir lo que dice la norma", afirmó, aunque precisó, en este sentido, que el único consistorio malagueño que se aproxima al plazo establecido por la norma es el de Málaga capital.

      "No intentemos hacer que nuestro ayuntamiento esté sacando mucha obra pública y dar la imagen de que está dando trabajo a muchas empresas porque si no paga, lo que realmente hace es contribuir a que quiebren empresas", aseveró, añadiendo que "se trata de una cadena, si no se paga a la constructora, ésta no puede pagar a sus subcontratas y éstas no pagan a los trabajadores".

      Esta situación ha provocado que algunas empresas tengan, incluso, que cerrar y mencionó el caso de una constructora que trabajaba fundamentalmente para el Ayuntamiento de Estepona y que se vio obligada a presentar un concurso de acreedores, en tanto que "la deuda era tan elevada, de unos 10 millones, que no podía seguir adelante".

      Aragón manifestó que esa demora en el pago a las empresas por parte de los ayuntamientos es, en general, "una tendencia de la administración", pero reconoció que en el último año, debido a la situación de crisis económica, "lo último que hacen los consistorios es pagar a sus proveedores, ya que dedican el dinero antes a abonar las nóminas".

      A su juicio, "quizá las corporaciones tendrían que plantearse hacer un reajuste en las plantillas municipales porque están sobredimensionadas, pensadas para unos momentos en los que tuvieron mucho trabajo, pero ahora no necesitan ese personal".

      MARBELLA | Aprobación del PGOU Del modelo depredador a la seguridad jurídica. (ELMUNDO)

      La alcaldesa Ángeles Muñoz ante el mapa de su nuevo PGOU. | ELMUNDO.es

      La alcaldesa Ángeles Muñoz ante el mapa de su nuevo PGOU. | ELMUNDO.es

      • El GIL llevó a cabo un urbanismo a la carta, al son de una serie de promotores

      «En Marbella se ha hecho un urbanismo a la carta para los promotores». Esta frase, pronunciada por el fiscal delegado de Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, refrendada en sentencias firmes por delitos urbanísticos, resume a la perfección lo que ocurrió en la ciudad costasoleña desde el desembarco de Jesús Gil, en 1991.

      El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya aprobación definitiva se produjo el pasado viernes, nace después de una oscura etapa, la de los gobiernos del Grupo Independiente Liberal(GIL) y sus sucesores hasta abril de 2006. Fueron 15 años plagados de escándalos urbanísticos, corrupción, juicios, condenas de cárcel y la disolución de un Consistorio como el de Marbella, algo sin precedentes en la historia democrática de España.

      Nada más llegar a la Alcaldía Jesús Gil, en junio de 1991, anunció su intención de revisar el PGOU vigente de 1986, aprobado bajo mandato del PSOE. Dicho Plan no sería publicado hasta el año 2000 en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Tal circunstancia fue utilizada por los gobiernos gilistas , como coartada, para dar licencias en base a su propia revisión.

      Uno de los episodios más surrealistas de la era gilista tuvo lugar el 7 de agosto de 1998. A las doce de la noche de ese día Jesús Gil, que se encontraba en una cena de gala benéfica, se marchaba del sarao para presidir un Pleno extraordinario nocturno que aprobaría, con la mayoría absoluta del GIL, la revisión del PGOU. Se invocó el silencio administrativo para actuar de tal forma frente a la Junta de Andalucía.

      El nuevo plan nace tras una oscura etapa, 15 años plagados de escándalos

      Días antes de la sesión plenaria nocturna, en julio del 98, la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga había rechazado el Plan de Gil, si bien aprobaba el 50% del documento condicionado a la elaboración de un texto refundido. El entonces alcalde rechazó aceptar tal condición.

      Hasta en tres ocasiones, entre 1998 y 2003, la Junta rechazó de plano el modelo urbanístico salvaje y depredador que Jesús Gil, junto a su lugarteniente y brazo derecho, el ex gerente de Urbanismo Juan Antonio Roca, pretendió siempre imponer a machamartillo.

      Confusión

      Marbella vivió entre 1991 y 2006 de espaldas al resto de administraciones públicas, sin ninguna seguridad jurídica que ofrecer a los constructores y promotores que quisieran ser fieles a la legislación vigente, sin saltársela a la torera, como hicieron otros muchos que se lucraron del modelo gilista con el llamado «urbanismo a la carta».

      Jesús Gil nadó siempre a gusto entre la confusión generada por él mismo a la hora de saber qué Plan aplicar, si el de 1968, el del 86, o su propio modelo de 1998. En base a éste último, otorgaría cientos de licencias que acabaron impugnadas por la Junta, en vía contencioso-administrativa. El Gobierno andaluz nunca optó por la vía penal.

      La primera paralización de obra ilegal decretada en Marbella, por orden judicial en la vía penal, no se produjo hasta octubre de 1998. El entonces titular del Juzgado de Instrucción 7, Santiago Torres, uno de los que más luchó contra la corrupción municipal, fue quien dictó la medida sobre el polémico edificio Belmonsa. Doce plantas en zona verde y en línea marítima, donde sólo se contemplaban planta baja más dos alturas.

      Gil nadó a gusto entre la confusión generada por él mismo sobre qué plan aplicar

      A pesar de dos sentencias firmes, tanto del TSJA como de la Audiencia de Málaga, el caso Belmonsa es un ejemplo de las muchas legalizaciones posteriores. De 18.000 viviendas ilegales se han salvado finalmente en torno a 16.500, en base a un complejo sistema de compensaciones para los promotores.

      La confusión generada sobre cuál era el PGOU que debía aplicarse en Marbella motivó que en octubre de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), desestimara la primera de las 105 impugnaciones de la Junta contra licencias otorgadas hasta entonces por el Consistorio gilista. Dicha sentencia esgrimía que el PGOU de 1986 no tenía «eficacia» cuando, en abril de 1995, el GIL otorgó una licencia para la construcción de un camping en las dunas de Artola, paraje que era catalogado como sistema general de áreas libres.

      El alto tribunal andaluz, sorprendentemente, falló que al no estar publicado el Plan del 86 cuando el GIL otorgó la licencia la norma a seguir era el PGOU de 1968. Bajo tal normativa el camping sí podía construirse, porque sí se contemplaba su construcción en dicho documento.

      La llamada «doctrina del PGOU del 68» ha sido también aplicada frecuentemente por la Fiscalía de Málaga. De hecho, a la hora de acusar a ex concejales del GIL por delitos urbanísticos, tanto el ex fiscal jefe, Manuel Villén, como el antiguo fiscal de Medio Ambiente, Juan Carlos López Caballero, se rigieron en sus escritos por dicho Plan, frente al criterio de las acusaciones particulares como PSOE, IU y Los Verdes, quienes mantuvieron como vigente el PGOU del 86 para incriminar a los ex ediles.