viernes, 4 de diciembre de 2009

Álora logra el dinero para retomar la obra de la piscina (SUR)

Diputación aportará 230.000 euros para volver a licitar los trabajos, que llevan más de dos años paralizados

04.12.09 - 02:13 -

El alcalde, José Sánchez Moreno, se mostró confiado en que a principios del año que viene se saque a concurso la obra, de forma que la piscina entraría en servicio en la primavera de 2010. Cabe recordar que el proyecto fue adjudicado en su día a la UTE formada por Climocubierta y Gadicón, que solamente llegó a ejecutar un 20 por ciento de la estructura debido a los problemas económicos de ambas empresas. La situación ha llevado al Ayuntamiento a rescindir el contrato que mantenía con estas constructoras, a pesar de que en un primer momento se intentó evitar este extremo para no retrasar todavía más las tareas.
Los problemas con el terreno también han encarecido el precio y han obligado a modificar el proyecto inicial, aunque se mantendrán las características principales. Así, la piscina ocupará 1.881 metros cuadrados construidos y dispondrá de seis calles y unas dimensiones de 25 metros de largo por 12 de ancho, además de un gran techo laminado en madera y una cristalera con vistas al Guadalhorce.

El alcalde de Ronda decreta 17 demoliciones de edificaciones en suelo protegido y sin licencia. Ronda (SUR)

El alcalde de Ronda, Antonio Marín Lara, ha decretado 17 demoliciones de edificaciones realizadas en suelo protegido y sin amparo de licencia, cinco de ellas ubicadas en el paraje conocido como Hoya del Tajo, lugar con protección máxima.
Precisamente, el proceso de construcción de algunas de estas edificaciones está siendo objeto de investigación judicial en estos momentos. En concreto, dos de estos casos se encontrarían entre los cinco expedientes relacionados con la Hoya del Tajo.
En cuanto al resto de derribos, hacen referencia a casas que se han construido en "suelo de protección integral", ubicados en los parajes conocidos como Sijuela, Rosalejo, Navares y Tejares, Cerro Pastora, Hoyo Tabares y La Sanguijuela.
El regidor rondeño señaló que "con independencia de llevar a cabo el cumplimiento de la legislación vigente, no se permitirán este tipo de actuaciones" para lo que anunció que los servicios de inspección "se reforzarán a los efectos de cubrir un término tan grande como el que tiene Ronda con cerca de 500 kilómetros cuadrados".
Además, se espera que algunos de los derribos sean "inmediatos", en un periodo de tiempo de varios meses, para lo que se ha tenido que prever la inclusión de una partida especial en el presupuesto de 2010 para hacer frente a los gastos que ello supondrá.
Todas las demoliciones han pasado por expedientes disciplinarios previos con la sanción económica correspondiente, según precisaron en un comunicado. Los 17 casos están en diferente estado de ejecución y algunos llevan casi un año con un expediente sancionador abierto, con multas impuestas que oscilan entre los 30.000 y 300.000 euros.
Marín Lara indicó que los ciudadanos "deben saber que tarde o temprano localizaremos a los infractores". Así, señalaron que los servicios de inspección han adquirido un helicóptero transmisor, conectado vía satélite, para detectar "con mayor inmediatez" las infracciones.

Vélez estudia destinar un millón de euros a ayudas a la rehabilitación. Vélez-Málaga (SUR)

El objetivo es favorecer la creación de empleo, a la vez que promover la rehabilitación de viviendas en el municipio. Con esta finalidad el grupo municipal de Izquierda Unida ha propuesto al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, formado por PSOE, IU y GIPMTM, consignar un fondo de un millón de euros, bien en el presupuesto del Ayuntamiento del 2010 o en el de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
La iniciativa, aunque no ha sido debatida aún por la Junta Local de Gobierno, cuenta por lo pronto con el respaldo del edil de Hacienda, Fermín Domínguez, que ve con buenos ojos la moción al considerar que puede a ayudar a reactivar la economía local, ya que exige que las empresas que realicen los trabajos de rehabilitación sean del municipio.
Según la propuesta de IU, las ayudas ascenderán al 20 % del presupuesto de la obra de rehabilitación de cada vivienda, con un máximo de 15.000 euros por proyecto.
Los beneficiarios deberán adjudicar los trabajos a empresas del municipio. Asimismo se exige como requisito que las empresas se comprometan a contratar a trabajadores residentes en el término municipal veleño. Para cobrar las subvenciones, los beneficiarios tendrán que justificar ante el consistorio que los trabajadores son el municipio entregando copia de los TC2 cada mes.
Fachadas
A estas ayudas podrán acceder también, en el supuesto de que el gobierno tripartito del Ayuntamiento apoyé la propuesta de IU, los propietarios de inmuebles que quieran retirar de sus fachadas los azulejos que tan de moda se pusieron hace algunos años en barrios tan típicos de la ciudad como La Villa. «Lo que queremos es ir recuperando poco a poco la imagen original de las fachadas en la zona antigua y eliminando el alicatado exterior de las casas», ha señalado el edil de Urbanismo e Infraestructura, Salvador Marín (IU).
También se podrá ser solicitada para retirar las chapas metálicas que cubren buena parte de las terrazas de las viviendas de la zona antigua
Según Marín, las subvenciones municipales serán incompatibles con cualquier otra ayuda, sea municipal o de cualquier otra Administración.

El PSOE se personará en la causa judicial contra Teconsa (SUR)

El equipo de gobierno del PP estudia formar parte también como acusación particular e IU pide que intervenga la Inspección de Trabajo

04.12.09 - 02:13 -


Una vez que el pleno municipal rechazó el pasado jueves la apertura de una comisión de investigación, el grupo socialista en el Ayuntamiento anunció ayer que se va a personar como acusación particular en la causa judicial abierta por el juzgado de instrucción número 3 de Málaga contra la empresa Teconsa al detectar que, presuntamente, infló facturas en las obras realizadas en la carretera Azucarera-Intelhorce.
«Vamos a personarnos para velar por los intereses de Málaga y el dinero de los malagueños para que no pierdan ni un euro», afirmó el portavoz del PSOE en el Consistorio, Rafael Fuentes, quien volvió a denunciar que el equipo de gobierno del PP ha pagado partidas que no existen, ha negado las realidad, ha actuado tarde y no quiso esclarecer lo ocurrido en una comisión de investigación.
Fuentes indicó que después de que el miércoles los doce ediles socialistas decidiesen personarse en la causa judicial, inmediatamente lo notificaron a sus servicios jurídicos que en los próximos días harán efectiva esa personación en el caso. En ese momento, será el juzgado el que deberá admitir o no esta petición del PSOE.
Por su parte, el PP también se pronunció sobre este asunto. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, afirmó, en un comunicado, que «hasta el momento» el Ayuntamiento no tiene ninguna comunicación formal de los tribunales de que tengan un procedimiento judicial abierto a esta empresa. «Lo único que se conoce es a través de las informaciones que salen en los medios de comunicación», aseguró.
Díaz anunció que una vez que tengan conocimiento del caso se personarán en el proceso judicial como acusación particular ya que el Ayuntamiento «se siente perjudicado». En este sentido, recordó que el Consistorio se ha incautado de la fianza de 188.000 euros que entregó Teconsa cuando se iniciaron los trabajos «en defensa y garantía e los intereses generales de los malagueños».
Carta
Por su parte, la tercera fuerza con representación en la Casona del Parque, IU, a través de su portavoz, Pedro Moreno Brenes, ha enviado una carta a la jefa de la Inspección de Trabajo de Málaga, Mercedes Muñoz, en la que pide que este servicio intervenga, investigue e inicie un expediente a la empresa Teconsa por no haber cumplido con la obligación legal de comunicar al Ayuntamiento que iba a subcontratar parte de los trabajos que le habían sido contratados en dicha carretera con cargo a los fondos del Plan Zapatero.
Moreno Brenes dijo que existe una posible vulneración de la ley de subcontratación en la construcción.

El campus tendrá hoteles y centros comerciales (SUR)

La Universidad de Málaga plasma su vocación ciudadana y urbana en su II Plan Estratégico, que se inicia este año y que tendrá su fecha de culminación en 2012. En este periodo, la UMA aspira a convertirse en una auténtica ciudad universitaria al uso de las universidades británicas o americanas. Para ello, y como bien explicó ayer la rectora, Adelaida de la Calle, durante la presentación del plan, el campus ofrecerá los servicios que presta una ciudad. «Tendrá residencias, centros comerciales, hoteles, zonas ajardinadas, deportivas, exposiciones y actividades culturales y de ocio», según manifestó ayer De la Calle indicando que todos estos proyectos ya iban incluidos en la propuesta que hizo la UMA para ser Campus de Excelencia Internacional (la convocatoria que realizaron los ministerios de Educación e Innovación para situar un ramillete de universidades españolas entre las mejores del mundo).
La ampliación del campus, que cuenta con 1, 2 millones de metros cuadrados de superficie, está dividida en cuatro fases, de las cuales dos están perfectamente definidas y acabadas como es el caso de la primera, y muy avanzada si se trata de la segunda. Serían las fases tercera y cuarta, principalmente, las que darían cabida a toda la zona comercial y de ocio, que prevé la rectora, así como a los colegios mayores ya anunciados, las residencias para profesores, guarderías y donde se incluirán las titulaciones que todavía están en el Ejido como Arquitectura y Bellas Artes así como los nuevos grados del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más conocido como plan Bolonia, algo que se irá haciendo conforme se aprueben los nuevos grados y se tenga la financiación para los mismos.
El vicerrector de Infraestructuras de la UMA, Rafael Morales, abundó más sobre la realización de centros comerciales y hoteles, «que son una necesidad básica para acoger a profesores que vienen a realizar proyectos, personal investigador, que podrían alojarse en hoteles en el propio campus y además tener una serie de servicios cerca a través de centros comerciales», según puntualizó. Así, según añadió a SUR, sería factible la inclusión de comercios tales como agencias de viajes (ya que la Universidad es una gran demandante de este servicio para sus profesores que van a congresos, jornadas, proyectos de investigación, etc), así como ópticas, supermercados, librerías «y otros comercios que necesita toda persona que vaya a vivir en el campus, y que no tendrá que desplazarse fuera», reseñó.
Así el campus universitario pasará a ser una ciudad universitaria, en donde habrá edificios para la docencia y la investigación, pero también un enorme rango de servicios para hacer la vida más fácil a todos aquellos que vivan en este espacio: estudiantes y profesores, que harán uso de colegios mayores, residencias, viviendas de alquiler (en colaboración con el Ministerio de la Vivienda y la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio).
A la primera y la segunda fase, que ya cuenta con los edificios de Industriales y el complejo Económico y Social ya en funcionamiento, habrá que sumarles el edificio de Ciencias de la Salud, la Facultad de Psicología, el Parque Científico-Empresarial (con el PTA), y los colegios mayores, residencias y viviendas así como el pabellón de gobierno.

La Junta insta al Ayuntamiento a decir el dinero que pondrá para la integración del Guadalmedina (SUR)

La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, instó hoy al Ayuntamiento de Málaga a que diga "qué compromiso económico está dispuesto a poner" para la integración urbana del cauce del río Guadalmedina, ya que "no hay proyecto posible si no sabemos de qué contribución estamos hablando".
Al respecto, indicó a los periodistas que hay un compromiso por parte de la Agencia Andaluza del Agua, entidad dependiente del Ejecutivo autonómico, en el presupuesto de 2010, motivo por el cual apuntó que "lo que hay que pedir es el apoyo de las otras instituciones".
"El Ayuntamiento tiene que decir cuánto está dispuesto a poner", incidió la consejera, al tiempo que hizo hincapié en que el Consistorio "está obligado" a participar en este proyecto, por lo que "más que la voluntad del alcalde, Francisco de la Torre, lo que necesitamos saber es hasta dónde llega ese compromiso, que es una obligación".
Castillo manifestó, en este sentido, que la Junta "ha venido cumpliendo todo a lo que se ha comprometido", por lo que, una vez que se cuenta con el dictamen del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), dependiente del Ministerio de Fomento, sobre la integración urbana del cauce del río, "para saber cómo desarrollar el proyecto, queda por determinar cuál es el compromiso del Ayuntamiento".
La Junta encargó al Cedex los primeros estudios sobre las posibles opciones para integrar el Guadalmedina en la ciudad tras un acuerdo adoptado en el seno de la Fundación Ciedes, en la que se encuentran las principales instituciones y agentes sociales de la ciudad.


Cuenca Mediterránea Andaluza

Preguntada por el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ayuntamiento de Málaga ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el cambio de modelo en la gestión que supuso la desaparición de la Cuenca Mediterránea Andaluza, con sede en la capital malagueña, Castillo afirmó que "la participación de todos en la Agencia Andaluza del Agua y en el Consejo Andaluz del Agua es una garantía".
La titular andaluza de Medio Ambiente expuso, incluso, que "hay un planteamiento, que sale del Acuerdo Andaluz por el Agua, para aumentar aún más la presencia de la sociedad andaluza en los órganos de gobierno y la decisión en las políticas del agua".
"El compromiso del Gobierno andaluz no es sólo que esa participación se mantenga, sino que aumente por parte de todos", destacó, y añadió, además, que "la presencia de todos se verá reforzada cuando la Ley de Aguas vea la luz en la primavera de 2010".
El Ayuntamiento malagueño decidió interponer este recurso "contra la omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido la petición dirigida al presidente autonómico", José Antonio Griñán, después de que el pasado mes de junio el Pleno aprobara una moción pidiendo al responsable del Gobierno andaluz que dejara sin efecto el decreto por el que se aprobaron los estatutos de la Agencia Andaluza del Agua y no haber obtenido, sin embargo, respuesta hasta el momento.