jueves, 12 de noviembre de 2009

Una subcontrata de Teconsa cree que "alguien hizo la vista gorda" con los pagos (Málaga Hoy)

La denuncia remitida a la Fiscalía el pasado 14 de octubre en relación con certificaciones de obra remitidas y cobradas al Ayuntamiento de Málaga por la empresa Teconsa, adjudicataria original de la obra de remodelación de la carretera Azucarera-Intelhorce, empieza a concretarse. Buena parte de la documentación de la que ya dispone el Ministerio Fiscal, que ha abierto diligencias de investigación, ha sido entregada por una de las subcontratas del proyecto, Auxiliares Las Nieves, S. L., cuyo gerente, Francisco Ternero, aseguró ayer públicamente que existe una variación sustancial entre el coste de las actuaciones realizadas y lo cobrado al Consistorio, al tiempo que concluyó que "alguien, no sé quién, ha hecho la vista gorda".

"Sé lo que se ha pasado en facturas y sé lo que cobro como subcontratista. Mis facturas son 45.000 euros de base y ellos le han emitido al Ayuntamiento pagos por 383.000 euros", dijo de forma contundente, al tiempo que mostró su malestar por no haber cobrado aún nada del trabajo realizado entre mayo y primeros de agosto, que fue cuando se paralizó la actuación ante la situación de quiebra de Teconsa. Una circunstancia que, según indicó, se puso en conocimiento del Consistorio, "sin que hiciese nada".

En relación al control municipal sobre las actuaciones realizadas, explicó que más allá de documentos concretos "todo lo que se ha realizado es fácilmente verificable". En este sentido, recordó que el desarrollo de la obra cuenta con un director de obra que se pasaba por la misma dos veces a la semana, así como de un vigilante que ejercía control jornada a jornada. "Hay una partida por la que Teconsa cobra por la demolición de unos 40.000 metros de asfalto pero en realidad se hicieron 13.000. Eso es algo que se ve rápidamente. Con mandar un topógrafo y medirlo se comprueba", añadió, al tiempo que concluyó que dados los niveles de vigilancia que hay sobre esta actuación "alguien ha hecho la vista gorda".

La frase choca con el mensaje que ayer se encargó de poner sobre la mesa el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien de manera lapidaria aseguró: "Nuestros técnicos jamás certifican algo que no esté hecho. Negamos la mayor, que exista esa irregularidad". El regidor, que confirmó que la Fiscalía no se ha puesto por el momento en contacto con el Consistorio para informar de la apertura de una investigación y para reclamar información alguna, insistió en que "no hay ninguna certificación hecha que no responda a la realidad".

La entrada a Pinos de Alhaurín pasa a ser una avenida. Alhaurín de la Torre (La Opinión)

El principal acceso a la urbanización de mayor extensión de Alhaurín de la Torre se convertirá en una avenida. La calle Miguel Lacha de Pinos de Alhaurín pasará a tener dos carriles por cada sentido para entrar al núcleo residencial.
Actualmente, se están ultimando los trabajos de reforma integral de este vial de 750 metros que han costado al Ayuntamiento cerca de 400.000 euros y que estarán definitivamente acabados a principios del próximo año.
Ya han finalizado la instalación de las nuevas infraestructuras de saneamiento y alumbrado y ahora se está acometiendo el arreglo de las aceras y la plantación de palmeras en la mediana, en total 45 ejemplares. Además, el proyecto incluye la canalización de un arroyo y cinco rotondas en los cruces.

Alhaurín el Grande tendrá una nueva estación de autobuses en 2010 (La Opinión)

El municipio de Alhaurín el Grande dispondrá de una nueva estación de autobuses tras la aprobación de un convenio entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía.
El Consistorio financiará el proyecto y aportará los terrenos mientras que la Consejería de Obras Públicas y Transporte asumirá el coste total de la obra, que supone una inversión de 1.070.000 euros. "Estamos de enhorabuena ya que en toda Andalucía sólo se han concedido cinco proyectos de estas características", resaltó ayer el alcalde, Juan Martín Serón, en la presentación del proyecto.
El convenio se presentará para su aprobación en el próximo pleno municipal, con el objetivo de firmar el documento en diciembre y adjudicar la obra en febrero.
El plazo de ejecución de los trabajos será siete meses, por lo que está previsto que la nueva estación de autobuses entre en servicio a finales de 2010.
Las nuevas instalaciones se ubicarán en un terreno de 1.660 metros en la zona del parque ferial. El edificio tendrá 175 metros con cafetería, almacén, zona de prensa, aseos y porche. Aprovechando el desnivel del terreno, la zona superior se destinará a un parque urbano de 1.521 metros.
"Se trata de un proyecto atractivo y singular, con una ubicación estratégica y que tiene un doble objetivo, crear un nuevo equipamiento público y recuperar un espacio degradado en esta zona de El Bajondillo", explicó el arquitecto del proyecto, Antonio Palma.

El Ayuntamiento de Torrox agilizará la obra de la plaza de la Constitución. Torrox (La Opinión)

La alcaldesa de Torrox, Toñi Claros, y varios integrantes de su equipo de gobierno, han mantenido en los últimos días conversaciones tanto con representantes del empresariado local, como de la dirección técnica de las obras de la céntrica plaza de la Constitución, de forma "que se puedan acortar los plazos y ajustar los detalles que han demorado ciertas fases de dichos trabajos".
La reforma integral de la plaza donde está situado el edificio principal del Ayuntamiento torroxeño está incluida en el Plan Estatal de Inversión Local para este año, con una cuantía de 934.868 euros y la contratación de hasta 15 trabajadores. Los empresarios que poseen establecimientos en la propia plaza reclaman la bonificación de varios impuestos como compensación a los retrasos que desde este verano se han registrado. El Consistorio va a analizar esa petición y también está ya aclarado el perfil topográfico de la plaza, que ha motivado esos atrasos.


El alcalde descarta que se pagaran certificaciones ´infladas´ a Teconsa (La Opinión)

La denuncia se basa en que Teconsa habría "engordado" las certificaciones entregadas al Ayuntamiento


El alcalde descarta que se pagaran certificaciones ´infladas´ a Teconsa
El alcalde descarta que se pagaran certificaciones ´infladas´ a Teconsa

J. G. RECIO El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, aseguró ayer que "los técnicos municipales jamás certifican algo que no se ha ejecutado" en relación a la denuncia que investiga la Fiscalía sobre presuntas irregularidades que habría cometido la empresa Teconsa en la remodelación de la carretera Azucarera-Intelhorce.

La denuncia se basa en que Teconsa habría "engordado" las certificaciones entregadas al Ayuntamiento con facturas diez o doce veces por encima de lo ejecutado.

De la Torre aseguró que la Fiscalía de Málaga no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para iniciar una investigación, pero recalcó que en el caso de que la haya, "estaremos a su disposición".

En todo caso, De la Torre descartó que en este caso haya "alguna irregularidad", debido a que las comprobaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento determinan que "que no hay ninguna certificación hecha que no responda a lo ejecutado", concluyó el alcalde de la ciudad.

Urbanismo prepara la unión de los barrios separados por el tren (La Opinión)

Encarga los trabajos para diseñar las calles que cruzarán el soterramiento y que permitirán el tránsito entre el Camino de San Rafael y la Carretera de Cádiz


Unión. Las calles transversales permitirán el movimiento entre el Camino de San Rafael y la Carretera de Cádiz.
Unión. Las calles transversales permitirán el movimiento entre el Camino de San Rafael y la Carretera de Cádiz. Arciniega

MIGUEL FERRARY. MÁLAGA Catorce calles ya existentes y otras dos vías proyectadas formarán la red de accesos que permitan la comunicación norte-sur de vehículos y personas sobre las vías soterradas del tren, facilitando el tránsito entre los barrios del Camino de San Rafael y la Carretera de Cádiz.
La Gerencia Municipal de Urbanismo ha sacado a concurso el diseño de estas vías, que deben adaptarse a sus nuevas funciones, ya que dejarán de ser callejones sin salida y pasarán a estar conectadas con el futuro bulevar sobre el soterramiento y continuarán al otro lado.
El contrato establece un presupuesto de 160.000 euros y 8 meses de plazo para elaborar el proyecto de ejecución para remodelar las calles transversales que hay al norte y al sur del soterramiento. El objetivo es diseñarlas para facilitar el tráfico entre las dos zonas de la ciudad que han estado históricamente separadas por las vías del tren y dar servicio al bulevar.
Las calles que se rediseñarán serán, en la parte norte, el nuevo vial de conexión con el recinto ferial, las calles Oscar Esplá, Mahler, las dos que se han abierto a cada lado de la sede de la EMT, Ceramistas, la avenida Juan XXIII hasta la esquina con La Unión y un pequeño vial entre La Unión y las Renfe, que está proyectado.
Por la parte sur, en el lado de la Carretera de Cádiz, se quieren remodelar las calles Platero Francisco Vásquez, Balazón, Puerto Oncala, Sillita de la Reina, la avenida Juan XXIII al sur del bulevar, Río Gargálica y el previsto vial al sur de la estación.
Las calzadas estarán diseñadas con medidas que frenen la velocidad de los vehículos para mejorar la calidad de vida de las zonas residenciales y reducir el número de accidentes.
Posibilidades. Además, Urbanismo exige que el rediseño de estas calles prevea la implantación de carriles bus y de carriles bici, con la reserva de espacio necesario para que esto sea posible. También se defienden las calles con medianas arboladas de dos metros de ancho en aquellas calles que tengan cuatro o más carriles de circulación. El objetivo es facilitar el cruce de los peatones por estas vías.
En aquellas calles que tengan menos carriles, al menos se prevé una banda ajardinada de un metro de ancho junto a la parte exterior de la acera, para separarla de la calzada, como ya existe en la avenida Juan Sebastián Elcano y que permite la plantación de árboles o colocación de farolas para la iluminación pública.
El aumento de las zonas verdes, que será notable con las bandas ajardinadas y medianas, obligará a estudiar la obtención de fuentes adicionales de agua para el baldeo y el riego.
Además, la reurbanización de las calles y el previsto traslado de zonas industriales en el Camino de San Rafael obliga a prever el soterramiento o desvío de los cables e instalaciones de la red de alta y media tensión eléctrica, que no son compatibles con la futura conversión de los terrenos en zonas residenciales o de paseo.
El proyecto de reforma de las 16 calles trasversales sobre las que se actuarán también incorporará los contenedores soterrados para la recogida selectiva de los residuos, así como diversas alternativas para las rotondas de conexión entre las calles.

Vía libre a la adquisición definitiva del Teatro Torcal. Antequera (SUR)

El Pleno aprobará hoy la venta de los antiguos juzgados a la empresa Invemul, único requisito aún pendiente
12.11.2009 -
ANTONIO FUENTES
ANTEQUERA

Parece que el 'culebrón' toca a su fin. La compleja operación burocrática mediante la cual el Ayuntamiento de Antequera adquiere la titularidad del Teatro Torcal vivirá esta tarde unos de sus últimos capítulos. Y es que el Pleno Municipal va a aprobar la venta definitiva del edificio que albergaba los antiguos juzgados, el único requisito que aún estaba pendiente para que el Consistorio pudiera asumir la compra del teatro.
Se trata de una operación que viene fraguándose desde que hace cinco años la familia Molina, propietaria de los antiguos cines, y el Ayuntamiento acordaran la transacción. Así, en el pleno del pasado mes de julio, el Consistorio aprobó por urgencia el pliego de condiciones para vender los antiguos juzgados, el solar anexo y el patio trasero de San Juan de Dios con el objetivo de poder pagar a los Molina, accionista de Invemul, el cine Torcal, convertido ya en teatro municipal. En la sesión plenaria del mes de septiembre se adjudicó de forma provisional la venta del inmueble y los otros terrenos a la empresa Invemul S. L, paradójicamente la que fuese propietaria del cine, ya que fue la única empresa que optó a la compra después de que se abrieran las distintas ofertas en el Ayuntamiento.
Una vez que el inmueble sea de titularidad municipal podrán cerrarse los flecos pendientes para su rehabilitación por parte de la Consejería de Cultura. El proyecto básico de las obras, realizado por el arquitecto Ignacio Molina, cifró la actuación en 4,2 millones de euros. El edificio será reformado íntegramente, salvo la parte posterior del escenario que será demolida para ampliarlo y construir ahí un edificio de dos plantas en el que se ubicarán salas de danza, teatro y música.
Reforma interior
Con esta demolición, el escenario ganará en profundidad y altura. Además tendrá la peculiaridad de ser móvil, ya que podrá subir y bajar para estar a tres alturas distintas: la del foso de orquesta, la del patio de butacas y otra más alta. De esta manera el aforo, actualmente para 426 personas, oscilará entre las 550 y las 650 butacas, según la altura del escenario.
Según los planes de la Consejería de Cultura, la reforma del edificio podría comenzar el próximo año, ya que en estos momentos se está procediendo a la supervisión del proyecto y se prevé la firma del convenio para los próximos meses.
Este teatro, de principios del siglo XX, es uno de los pocos referentes del estilo Art Decó que se conservan en Andalucía.

Alhaurín el Grande proyecta una estación de autobuses (SUR)

El Ayuntamiento presenta el proyecto del edificio, que podría abrir en 2010 La inversión supera el millón de euros
12.11.2009 -
MANUEL FERRÁNDEZ
ALHAURÍN EL GRANDE

Alhaurín el Grande proyecta una estación de autobuses
Guerra, Martín Serón y Palma. / SUR
La futura estación de autobuses de Alhaurín el Grande podría entrar en funcionamiento a finales del próximo año, según adelantó el alcalde, Juan Martín Serón, tras comparecer junto con el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra y el arquitecto redactor, Antonio Palma, para presentar el proyecto técnico del edificio.
Según comunicó, el recinto se levantará sobre un solar municipal de 1.660 metros cuadrados situado junto a la casa cuartel de la Guardia Civil y frente a la rotonda y el teatro que se está construyendo ahora. La estación tendrá 175 metros cuadrados y dispondrá de sala de espera, cafetería, almacén, aseos, establecimiento para la venta de prensa y porche.
En la parte superior, aprovechando el desnivel del terreno, se construirá, apuntó Martín Serón, un jardín urbano de 1.521 metros cuadrados con árboles, palmeras, un estanque y un lucernario que aportará luz natural al recinto inferior. Con el proyecto se pretende además «recuperar un espacio residual en esa zona del Bajondillo», agregó el primer edil.
Convenio con la Junta
La actuación es fruto del convenio suscrito entre el Consistorio alhaurino y la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, según el cual el Ayuntamiento aporta el coste del proyecto técnico y el solar, mientras que la Junta sufragará las obras, para las que se prevé un presupuesto de 1.070.000 euros.
El citado acuerdo podría firmarse en diciembre entre Martín Serón y Rosa Aguilar, consejera de Obras Públicas. De esta forma, la adjudicación de la obra tendría lugar con toda probabilidad en febrero de 2010 y, como el plazo de ejecución es de siete meses, se estima que la estación estará lista a finales del año que viene.

La alcaldesa dice que el embargo es la mejor forma de pagar la sentencia de El Copo. Vélez-Málaga (SUR)

El gobierno tripartito estudia las parcelas que se ofrecerán para ejecutar el fallo a favor de los vecinos de Ipanema
12.11.2009 -
AGUSTÍN PELÁEZ
VÉLEZ-MÁLAGA

La alcaldesa dice que el embargo es la mejor forma de pagar la sentencia de El Copo
Fermín Domínguez, en rueda de prensa /E. G.
«Sabíamos que podía pasar y dentro de todo el embargo de bienes es lo mejor que nos podía pasar para ejecutar la sentencia por ruidos causados por El Copo». Así valoraba ayer la alcaldesa, Salomé Arroyo (PSOE), el auto dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenando el embargo de bienes del Ayuntamiento para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que le obliga a indemnizar con 2,8 millones de euros a 18 vecinos de los edificios Ipanema por contaminación acústica.
Arroyo reconoció incluso que desde el equipo de gobierno lo ocurrido se esperaba en parte. «Nada más acceder a la Alcaldía nos encontramos con un escrito del Tribunal exigiéndonos el pago de la sentencia. Entonces no se hizo porque no teníamos consignación», explicó la alcaldesa.
Según Arroyo, los servicios jurídicos municipales y equipo de gobierno están estudiando las parcela embargables que se ofrecerán al juzgado para ejecutar la sentencia. La edil aseguró que, sean cuales sean los suelos, de ninguna manera se verán afectados los proyectos de construcción de VPO y de aparcamientos que tiene el tripartito. «Esos suelos no se verán afectados por el embargo», dijo.
El edil de Hacienda, Fermín Domínguez (PSOE), confirmó por su parte en rueda de prensa que el Consistorio continuará, a pesar del auto judicial, con sus trámites presupuestarios para hacer frente al pago de la indemnización de 156.000 euros que deben recibir cada uno de los demandantes por los ruidos soportados de los locales nocturnos de El Copo entre 1990 y 2003.
En este sentido, recordó que el presupuesto municipal para 2009 establece que se abonará la sentencia con los 14 millones de euros que se el Ayuntamiento reclaman a la anterior concesionaria del servicio de limpieza, Urbaser, por daños y perjuicios.
Los 18 vecinos a los que se refiere la sentencia impugnaron el presupuesto de 2009, aunque el equipo de gobierno, formado por PSOE, IU y GIPMTM, rechazó las alegaciones.
Responsabilidad
El PP en la oposición señaló sobre el auto del TSJA embargando parte de los bienes del Ayuntamiento que su postura siempre ha sido la de proponer la creación de una Comisión Informativa de Investigación para determinar quienes han sido los responsables del daño causado a las arcas municipales por la condena del caso Ipanema con la finalidad de depurar la responsabilidad patrimonial de los mismos.
Según el grupo popular, la propuesta no ha sido incluida en ningún orden del día para ser debatida por la corporación.

Condenan al alcalde de Sayalonga a un año de prisión y a nueve de inhabilitación por delito urbanístico. Sayalonga (SUR)

El Juzgado de lo Penal número siete de Málaga capital considera probado que concedió una licencia ilegal y archivó el expediente La dirección provincial del PSOE esperará a que el regidor se pronuncie hoy para hacer una valoración oficial sobre el fallo
12.11.2009 -
E. CABEZAS / AGENCIAS
SAYALONGA / MÁLAGA

Condenan al alcalde de Sayalonga a un año de prisión y a nueve de inhabilitación por delito urbanístico
El alcalde socialista, José Luis Navas. / SUR
Primera condena a un alcalde socialista de Axarquía por prevaricación urbanística. El Juzgado de lo Penal número siete de Málaga ha impuesto una pena de un año de prisión y nueve de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público al actual regidor municipal de Sayalonga, José Luis Navas (PSOE), por conceder una licencia ilegal y posteriormente archivar el expediente de reestablecimiento de la legalidad urbanística alterada.
En la sentencia, que no es firme y contra la que se puede presentar recurso ante la Audiencia Provincial, se condena a Navas por un delito contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, mientras que se absuelve al constructor que había sido acusado por el Fiscal por este mismo delito. Además, se declara la nulidad de la licencia concedida al promotor.
La resolución considera probado que el Ayuntamiento aprobó la concesión de una licencia de obra para la construcción de una vivienda unifamiliar en una parcela de la zona de Pago Batahiz, mediante decreto de marzo de 2000, en el que se condicionaba el inicio de las obras a la presentación del correspondiente proyecto de ejecución.
Informes desfavorables
En ese expediente, el técnico municipal emitió un informe desfavorable al ser terreno no urbanizable. En octubre de 2006, se acordó suspender la ejecución de las obras e incoar expediente sancionador y de restablecimiento de la legalidad, aunque en febrero de 2007, el alcalde dictó otro decreto en el que se acordaba el archivo del de disciplina, que se emitió con la disconformidad del secretario.
Para el juzgado, el alcalde «prescinde del criterio del técnico municipal en el expediente de concesión de licencia y del asesoramiento del secretario del Ayuntamiento en el de restablecimiento de la legalidad», por lo que considera que ambos decretos se emiten contraviniendo de forma «palmaria» las normas urbanísticas vigentes.
En este caso, la sentencia indica que se infringió el ordenamiento jurídico «puesto que se otorgó una licencia al margen de cualquier planeamiento». Así, se apunta a que, conforme a la Ley del Suelo vigente en ese momento, «no se cumplen los parámetros urbanísticos ni la obra es susceptible de legalización al no encontrarse afecta a un destino agrícola».
Constructor absuelto
Por otro lado, señala que «no queda constancia» de un informe jurídico externo en el que se apoya el archivo del expediente de disciplina urbanística. El juez considera adecuada la petición de pena hecha por el fiscal, al indicar que «no sólo se concedió una licencia ilegal sino que, posteriormente, se archivó sin justificación alguna el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística».
Respecto al constructor, queda absuelto, y el juez se muestra contrario al criterio del Fiscal, que entendía que cuando se iniciaron las obras en el año 2005 la licencia ya había caducado. En este sentido, sostiene el juzgado que el permiso existía y la caducidad de la misma «ha de ser declarada por la administración concedente». Además, determina que en la licencia no aparecen los parámetros.
Por su parte, fuentes de la dirección provincial del PSOE declinaron hacer valoraciones al respecto de esta sentencia hasta que el regidor municipal de Sayalonga emita hoy un comunicao fijando su postura al respecto. En cualquier caso, Navas avanzó ayer a SUR que recurrirá el fallo.
Precedente en Cómpeta
Antes de esta sentencia, en marzo de 2008, el Juzgado de lo Penal número 1 de Málaga ya condenó al ex alcalde Cómpeta, Leovigildo, del PP, a una multa de 2.160 euros y a siete años de inhabilitación por un delito urbanístico. Los hechos, que se declararon probados de conformidad de las partes, tuvieron lugar en junio de 2001, cuando el entonces regidor concedió una licencia de obras para movimientos de tierra y carril para realizar una construcción de nueva planta en una parcela del paraje conocido como El Pulido.
Dicho suelo, según la sentencia, estaba calificado como no urbanizable, «incumpliéndose el planeamiento urbanístico con pleno conocimiento de estos extremos», ya que en el informe elaborado por el arquitecto municipal se pedía la denegación de la licencia.

Medio Ambiente avanza en la recuperación de la zona marítima del litoral mijeño. Mijas (SUR)

La delimitación del domino público entre Marbella y el arroyo Lucera afecta a una veintena de urbanizaciones
12.11.2009 -
FRANCISCO JIMÉNEZ
MIJAS

Medio Ambiente avanza en la recuperación de la zona marítima del litoral mijeño
Costas pretende recuperar el dominio público marítimo-terrestre. /SUR
El Ministerio de Medio Ambiente sigue avanzando en la delimitación del dominio público marítimo-terrestre de 132,7 kilómetros previstos para el litoral malagueño, aunque a un ritmo menor del previsto. Pese a que la intención del Gobierno era completar el deslinde en 2008, lo cierto es que aún queda mucho trabajo por delante. Un ejemplo de ello se sitúa en Mijas, donde la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo pretende recuperar un total de 6,6 kilómetros, mayoritariamente ocupados por urbanizaciones.
La actuación en favor de la recuperación del dominio público está dividida en tres fases que, prácticamente, caminan a la par. La primera, entre el límite con Fuengirola y El Chaparral, es la más extensa con algo más de cuatro kilómetros de terreno afectado y sólo está pendiente del deslinde definitivo; la segunda, comprende desde el hotel Océano Beach hasta 150 metros al oeste del arroyo de La Palma; y la tercera, afectará al tramo existente entre el arroyo Lucera y el término municipal de Marbella.
Alegaciones
En este último tramo, el deslinde provisional se encuentra a exposición pública para que los afectados puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas ya que, una vez fijada la línea del dominio público, la mayoría de las parcelas urbanizadas pasarán a tener la calificación de 'zona de protección', de forma que sus propietarios no podrán realizar ninguna modificación sobre lo ya construido; mientras que en el caso de que los terrenos estén sin desarrollar, estos deberán mantener su estado original.
En el tramo que une el término municipal de Marbella con arroyo Lucera se verán afectadas en torno a una veintena de urbanizaciones, entre las cuales, destacan la de Calahonda, Doña Lola, Calypso, Algaidas, Villapinos, Playa Lucera, Leyla Playa, Royal Beach, junto a franjas de suelo público que son propiedad del Ayuntamiento.
En cualquier caso, los propietarios afectados por el trámite perderán la titularidad de los terrenos, aunque al menos podrán seguir haciendo uso de ellos a través de una fórmula legal similar a una especie de concesión.

Un juez investiga si dos hijos de Gil se lucraron de forma irregular en una operación urbanística. Marbella (SUR)

Jesús Gil Marín y su hermana Miriam declaran como imputados por un caso en el que también están implicados Julián Muñoz y Roca
12.11.2009 -
HUGO SIMÓN
MARBELLA

Un juez investiga si dos hijos de Gil se lucraron de forma irregular en una operación urbanística
Jesús Gil Marin, seguido de su hermana (al fondo), a su llegada. / JOSELE-LANZA
La familia Gil regresó ayer a los Juzgados de Marbella. Concretamente dos de sus miembros: Jesús y Miriam Gil Marín, hijos del fallecido ex alcalde de la ciudad Jesús Gil y Gil. Ambos comparecieron ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Ricardo Puyol, para declarar como imputados en un caso en el que se investigan presuntas irregularidades en una operación urbanística sobre la enajenación y posterior venta de varias parcelas pertenecientes a la finca El Pinillo.
En este procedimiento, uno de los casi treinta derivados de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2006 en relación con convenios y permutas urbanísticas, se encuentran imputados más de una veintena de personas, entre las que se encuentran el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, media docena de ex concejales, el abogado Manuel Sánchez Martín o el que fuera secretario municipal Leopoldo Barrantes. El juez investiga la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, contra la ordenación del territorio, prevaricación y blanqueo de capitales.
Ni el ex alcalde de Estepona Jesús Gil Marín ni su hermana Miriam estaban inicialmente encausados en estas diligencias. El instructor del caso acordó su imputación y la de otras seis personas más a finales de octubre, fecha en la que fijó las comparecencias durante esta semana de los nuevos encausados, varios testigos y el denunciante que, junto al Ayuntamiento de Marbella, actúa como acusación particular en este proceso. A los dos hijos de Jesús Gil y Gil les tocó el turno ayer. El ex regidor esteponero lo hizo en primer lugar y, según fuentes judiciales, ninguna de las dos declaraciones fue muy extensa.
La decisión del juez atiende al informe elaborado por la Udyco Costa del Sol en relación con la operación urbanística en la que el Ayuntamiento de Marbella expropió los terrenos de la finca El Pinillo la posterior adjudicación y venta de los mismos.
Supuesta testaferro
Los investigadores establecen que Miriam Gil Marín supuestamente ejerció a lo largo de las distintas actuaciones como testaferro de Jesús Gil y Gil en una empresa utilizada como velo societario en el que compartía con Roca el 50 por ciento de las acciones. En el informe, al que ha tenido acceso SUR, la Udyco concluye que todos los actos llevados a cabo en la operación urbanística tenían como único fin el enriquecimiento de las personas cercanas al Ayuntamiento y de empresarios que participaron en los mismos, lo que supuso un perjuicio para el patrimonio municipal.
Según el informe de fiscalización realizado por el Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio marbellí en los ejercicios 2000 y 2001, origen de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, dicho perjuicio a las arcas municipales alcanzaría el millón de euros el mismo día de la adjudicación de los suelos, cifra que podría multiplicarse por diez al contemplar las posteriores operaciones de compraventa de los terrenos.
El Tribunal de Cuentas señalaba en su informe que la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Marbella ratificó en junio de 2000 la venta de tres parcelas pertenecientes a la finca El Pinillo que había realizado anteriormente el entonces alcalde Jesús Gil de manera directa y sin ajustarse a ningún procedimiento legalmente establecido. Los terrenos fueron enajenados mediante expropiación por parte del Consistorio en 1991 para su integración en el patrimonio municipal bajo el argumento del interés social de los suelos con el fin de construir un palacio de congresos y exposiciones.
Sin embargo, las parcelas fueron vendidas en julio de 1999 mediante decreto del alcalde por más de 3 millones de euros. Tres meses antes, el Ayuntamiento había declarado desierta una subasta por los terrenos. El informe de fiscalización indica que, el mismo día que se realizó la operación, la empresa vendió las fincas por más de 4 millones de euros, obteniendo una plusvalía inmediata del 25 por ciento. Un hecho que refleja, según el Tribunal de Cuentas, un perjuicio inicial de al menos un millón de euros para el patrimonio municipal.
Además, ocho meses después tuvo lugar una nueva operación en la que las tres fincas se vendieron, junto a una cuarta, por casi 17,5 millones de euros. En junio de 2003, los terrenos fueron objeto de otra operación de compraventa en la que se pagaron por ellos cerca de 29,5 millones de euros, casi diez veces más del precio por las que las vendió el Consistorio marbellí cuatro años antes.

Marbella creará una oficina para informar a los inversores ante el interés levantado por el PGOU. Marbella (SUR)

La ciudad recibe ofertas de empresas interesadas en abrir hoteles, centros educativos y un museo Varios promotores se han acercado ya a Urbanismo dispuestos a regularizar viviendas
12.11.2009 -
CRISTINA GONZÁLEZ
MARBELLA

Marbella creará una oficina para informar a los inversores ante el interés levantado por el PGOU
El Ayuntamiento ya ha incluido ingresos derivados de la gestión del Plan General en los presupuestos para el próximo ejercicio. /JOSELE-LANZA
Con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella en la recta final de su tramitación, tan sólo pendiente de tres informes sectoriales y de que la Junta le dé el visto bueno definitivo, el Ayuntamiento empieza a mirar al futuro, al momento en que el planeamiento sea una realidad y los esfuerzos se centralicen en que los proyectos salten del papel a la ciudad. A pocos meses de que llegue ese esperado día 'D', el equipo de gobierno empieza a componer un escenario que permita canalizar las inversiones públicas y privadas y arreglar el mapa de irregularidades que dejó la 'era Gil'.
Como primera medida, el delegado municipal de Urbanismo, Pablo Moro, avanzó ayer que se va a habilitar una oficina de atención a los inversores donde los técnicos municipales que han participado activamente en el diseño del Plan informarán «con todas las garantías» de las oportunidades que se abren. «Queremos disponer todos los mecanismos para, una vez tenga el visto bueno definitivo, comenzar a aprovechar inmediatamente las oportunidades que ofrece», señaló. El interés es notable, pese a que aún está inmerso en la burocracia. «Marbella despierta mucho entusiasmo porque es una marca segura», recordó Juan Carlos Fernández Rañada, director general de Urbanismo.
Empresarios holandeses
Algunos grupos inversores ya se han acercado a las oficinas de Urbanismo con ganas de poner en marcha proyectos en la ciudad. En concreto, pretenden abrir hoteles, centros universitarios, colegios concertados y hasta un museo, promovido por empresarios holandeses. «Será el Ayuntamiento quien lidere esas inversiones y oriente sobre la forma de materializarlas tras la aprobación del Plan General», apuntó el responsable de Urbanismo, al tiempo que indicó que también hay promotores que quieren seguir invirtiendo en la construcción de viviendas. «El PGOU supondrá un revulsivo para la recuperación de equipamientos y espacios públicos que han sido negados durante muchos años por la ciudad», agregó.
También será un revulsivo para las esquilmadas arcas municipales. El equipo de gobierno prevé que alrededor del diez por ciento de los ingresos municipales de 2010 estén vinculados al desarrollo del primer planeamiento que tendrá la ciudad en 24 años. La recaudación vendrá tanto por las tasas e impuestos municipales por licencias de obra, como por los mecanismos de compensación, los permisos de primera ocupación o las propias inversiones que se deriven de la reactivación de distintos sectores, caso el inmobiliario.
Salir de la crisis
Las compensaciones para normalizar las promociones irregulares que dejó el gilismo serán otro caballo de batalla. Por las oficinas de Urbanismo ya han pasado los primeros promotores, al menos seis o siete, dispuestos a hacer frente a estas cargas en cuanto se apruebe el Plan General, ya sea en forma de suelo para equipamientos o de aprovechamientos urbanísticos. «Estamos convencidos de que la ciudad, que fue la primera en entrar en la crisis, será la primera en salir de ella gracias al PGOU», afirmó con optimismo el concejal delegado de Urbanismo.

Pedirán al juzgado que investigue la denuncia contra Teconsa por presunta estafa y falsedad (SUR)

La Fiscalía ve indicios de delito en las certificaciones de obras al Ayuntamiento
12.11.2009 -
M. M. /AGENCIAS
MÁLAGA
La Fiscalía de Málaga va a trasladar al juzgado la denuncia presentada contra Teconsa para que investigue las supuestas irregularidades en las certificaciones de obras realizadas al Ayuntamiento de Málaga por las obras de remodelación de la carretera Azucarera-Intelhorce. Fuentes de la Fiscalía indicaron ayer a este periódico que «en un primer análisis de la documentación presentada por una empresa subcontratada, podrían existir indicios de presuntos delitos de falsedad y estafa en la operación, aunque no se descartan otras irregularidades».
Según la denuncia presentada por la empresa Servicios Auxiliares Las Nieves, que había sido subcontratada para realizar las tareas de movimiento de tierra, demoliciones y excavaciones, Teconsa habría inflado las certificaciones presentadas al Ayuntamiento para su cobro con facturas con un valor superior al realmente ejecutado. Así, mientras la subcontratista afirma que facturó a Teconsa trabajos por valor de 80.000 euros, ésta, en realidad, presentó al cobro certificaciones que ascendieron a 300.000 euros.
En los datos aportados por la subcontratista a la Fiscalía el pasado 14 de octubre se recoge que Servicios Auxiliares Las Nieves certificó un movimiento de 5.800 metros cúbicos de tierra, mientras que la factura que Teconsa presentó al Ayuntamiento de Málaga establece que fueron 67.000 metros cúbicos. Servicios Auxiliares Las Nieves se refiere también a trabajos de demolición por los que certificó a Teconsa 13.500 metros cúbicos, mientras que ésta presentó trabajos por 41.000 metros al Consistorio. Además, señala que certificó 4.700 metros cúbicos por aportes de arena y la denunciada presentó 54.000.
Teconsa, empresa presuntamente vinculada en el 'caso Gürtel' y actualmente en suspensión de pagos, fue la adjudicataria de las obras de remodelación de un tramo de la carretera Azucarera-Intelhorce. Se trataba de un proyecto financiado con cargo al Plan de Estímulo para el Empleo y la Economía ('Plan E') con un coste de 4,3 millones de euros y un plazo de ejecución de siete meses.
Sin embargo, las obras quedaron paralizadas al poco tiempo de comenzar los trabajos, según denunció el grupo municipal socialista. El Ayuntamiento reconoció la paralización debido a la quiebra de Teconsa y anunció que los trabajos serían concedidos a la empresa que quedó en segundo lugar en el concurso.
En relación a la denuncia por las presuntas irregularidades de Teconsa, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, aseguró ayer que ningún técnico municipal certificaría «jamás» algo de una obra que no esté hecho.
El regidor dijo que la Fiscalía de Málaga no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para iniciar una investigación, pero subrayó que en el caso de que la haya, «estaremos a su disposición».
Asumir responsabilidades
Sobre el hecho de que Teconsa pudiera haber cobrado más de lo que realmente ejecutó en la remodelación de la carretera, De la Torre negó que pudiera existir tal irregularidad, «porque nuestros técnicos están para evitar eso» y porque, según el regidor, le da «más confianza» la información que maneja el Consistorio que «una denuncia que no sabemos qué motivos puede tener».
Por su parte, los portavoces del PSOE, Rafael Fuentes, e IU, Pedro Moreno Brenes, coincidieron en señalar que en el caso de confirmarse las presuntas irregularidades se deben asumir responsabilidades políticas y pidieron al regidor malagueño que «no se escude en el personal técnico de la Gerencia Municipal de Urbanismo y asuma responsabilidades».