miércoles, 21 de octubre de 2009

Vecinos denunciarán a la Junta y el Consistorio por la pérdida de valor de sus casas. Marbella (Málaga Hoy)

Ya a principios de julio este periódico denunciaba la inactividad que tanto la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza del Agua, como el Ayuntamiento de Marbella, estaban mostrando en la desaparición del lago de Las Brisas, un humedal creado a principios del siglo XX en el río Benabolá y que se convirtió en refugio habitual de aves migratorias y de vegetación autóctona.

Sin embargo, y a pesar de que se adelantó que se limpiaría la zona (que se ha llenado de maleza tras dos años de nulo mantenimiento), la situación sigue prácticamente igual. Los vecinos de la zona adelantan que demandarán a la Junta y al Ayuntamiento por la pérdida de valor de sus casas: "Ya denunciamos la inactividad por parte de las administraciones, pero la Fiscalía desestimó la demanda alegando que, si bien hay delito, no se conoce quién es el propietario del lago", apunta Denis Wollner, portavoz de los vecinos afectados.

Sin embargo, el problema de la titularidad amenaza con que signifique la muerte del lago, algo que ya planteaba el Ayuntamiento de Marbella. De hecho, si bien el humedal aparecía como espacio de interés ambiental en las versiones del Plan General de Ordenación Urbana aprobadas en 2007 (inicialmente) y 2008 (primera versión provisional), en la aprobación del pasado 29 de julio se ha eliminado ya esa calificación, según advertía el ecologista y a la sazón edil socialista Javier de Luis.

La obra del hospital del Guadalhorce se acabará en el primer trimestre de 2012. Cártama (Málaga Hoy)

La Delegación de Salud pidió ayer la licencia al Ayuntamiento de Cártama para poder iniciar las obras del hospital del Guadalhorce. El paso supone que, si se cumplen los plazos de ejecución, el edificio estará acabado en el primer trimestre de 2012.

Será una construcción horizontal. La mayor parte de una planta, salvo en la zona central en la que habrá tres niveles. Se ha diseñado así para que mantenga una armonía con el entorno ya que el hospital estará rodeado de campos de naranjos.

La delegada de Salud, María Antigua Escalera, destacó que con la solicitud de la licencia presentada ayer "se cumple el compromiso de la Consejería de empezar la construcción antes de finales de 2009".

Una vez que el Consistorio conceda el permiso, los trabajos podrán iniciarse en un par de semanas. El plazo de ejecución del proyecto, adjudicado a Ferrovial, es de 28 meses. De modo que si se cumplen, la obra del centro sanitario deberá estar concluida a comienzos de la primavera de 2012.

Escalera comentó que de forma paralela a la obra, se irá trabajando en la selección de personal y el equipamiento para que el hospital pueda empezar su actividad lo antes posible. El Guadalhorce es la única comarca de la provincia que carece de un hospital. El centro sanitario debía haberse acabado a finales de 2008, pero dos concursos declarados desiertos retrasaron las previsiones iniciales y motivaron protestas vecinales en demanda de más celeridad en el proyecto.

Hace un año, tras los dos fracasos del concurso, la Consejería de Salud asumió la gestión de la iniciativa para desbloquearla y además aportó diez millones de euros a fin de afrontar el sobrecoste del proyecto. Ambas decisiones lograron reencauzar el hospital. Finalmente, en junio pasado se pudo adjudicar la obra a una de las 19 empresas que se presentaron al tercer y definitivo concurso.

El hospital dará cobertura a los 105.000 habitantes de los 13 municipios de la comarca y su entorno. Tendrá 50 habitaciones individuales susceptibles de uso doble, con lo que podría llegar a disponer de hasta un centenar de camas. El centro dispondrá de cuatro quirófanos, 37 consultas, un área de Urgencias con 10 boxes y ocho camas de observación.

Al margen de este proyecto, la delegada explicó que hacia mediados de noviembre podrá iniciarse la vacunación contra la gripe A. La campaña de la gripe común, que este año se adelantó precisamente para que no se solapara con la de la nueva patología, ya se está prácticamente acabando. Escalera resaltó que más de 20 años de experiencia de vacunación contra la gripe común servirá de rodaje para la de la gripe A, una patología que -insistió- es más benigna y tiene menos mortalidad que la estacional.

El PSOE denuncia contrataciones "a dedo" a un empresario afín al PP (Málaga Hoy)

Fuentes dice que participó como interventor de ese partido en las últimas elecciones europeas · Habla de "supuesto trato de favor" por parte del Consistorio



El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga denunció ayer públicamente que un empresario afín al Partido Popular resultó adjudicatario entre 2006 y 2008 de un total de 15 obras menores tramitadas por el Distrito de Campanillas y cuyo valor total ascendió a casi 370.000 euros. El portavoz de esta formación, Rafael Fuentes, que eludió en todo momento mencionar el nombre de la empresa beneficiada, habló de "un presunto trato de favor" por parte del equipo de gobierno del PP hacia esta firma.

Fuentes fundamentó su crítica en que el titular de la empresa fue nombrado por el PP, en un Pleno del Consistorio celebrado en 2006, como representante político de ese grupo en el distrito de Campanillas, al tiempo que señaló que, más recientemente, esta misma persona participó como "interventor del PP" en las pasadas elecciones europeas.

"Pedimos que el alcalde aclare qué está pasando con las contrataciones a dedo en este distrito", reclamó el portavoz socialista. Cuestionado por si se plantea llevar el asunto a la vía judicial, Fuentes descartó esta opción, al afirmar que antes esperará a "conocer las explicaciones que da el alcalde".

En el paquete de contratos menores recaídos sobre esta empresa (siete correspondientes a 2006; cinco a 2007, y tres a 2008) se incluye obras en acerado de Campanillas, Manceras, Castañeta, Santa Rosalía; pintura y carpintería del colegio Colmenarejo y Casamayor, o el repaso al asfaltado de la barriada Toquero, entre otros. En todos los casos, la cuantía de las adjudicaciones estaba por debajo de los 30.000 euros, circunstancia, según Fuentes, que obedece a que cualquier actuación por encima de ese dinero estaría obligado a ser sometido a una convocatoria pública.

Se da, además, la circunstancia de que la dirección de residencia de este empresario en Campanillas coincide con la de la sede del PP en esta barriada de la capital. Esta circunstancia se debe, según explicó a este periódico el concejal de este distrito en el Consistorio, José Hazañas, a que el local que ocupa la formación política fue alquilado a una hermana de este empresario.

Hazañas, al ser preguntado por la denuncia socialista, negó la existencia de irregularidades o de un supuesto trato de favor, aunque no desmintió que sea una persona afín a su partido. "Este señor, desde antes de que el PP llegase a gobernar, ya trabajaba con el Ayuntamiento. Es una empresa antigua en Campanillas y se ha mantenido el trabajo con ella porque lo hace bien", comentó el edil, quien, no obstante, admitió la necesidad de ser "más cuidadosos" con estos asuntos.

En concreto, dijo que entre 2006 y 2008, desde el distrito se han contratado a más de veinte firmas un total de 2,6 millones para ejecutar 276 obras y precisó que las empresas que más adjudicaciones han recibido lo han hecho por valor total de 773.421 euros, 592.182 euros y 458.002 euros, respectivamente.

En esta misma línea, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, pidió ayer al PSOE que "fundamente" su acusación o que, de lo contrario, "se calle". "Invito al PSOE a que sea más preciso y que hable con más exactitud", indicó el regidor del PP, quien precisó que se había puesto en contacto con el concejal de Campanillas, José Hazañas, que le aseguró la inexistencia de contratación alguna "a nadie que sea consejero político del PP".

Asimismo, De la Torre comentó que puede haber "una empresa que funcione muy bien y merezca la confianza y, al fin de cuentas, hay una legalidad que permite esa contratación directa en obras de menos de 30.000 euros". Sin embargo, según le dijo Hazañas, "hay un reparto proporcionado de los contratos que son de adjudicación directa".

La Junta compra suelo en Lagar de Oliveros para hacer 1.300 VPO (Málaga Hoy)

El Consejo de Gobierno andaluz autoriza invertir casi 30 millones en la adquisición de 30 hectáreas de terrenos en esta zona de la ciudad, junto a Puerto de la Torre



La Junta de Andalucía acaba de dar el primer paso en pos de levantar unas 1.300 viviendas de protección oficial (VPO) en la zona oeste de Málaga capital. Para ello, el Consejo de Gobierno andaluz autorizó ayer a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio una inversión de 29 millones de euros para la compra de 30 hectáreas de suelo en Soliva Norte-Lagar de Oliveros, parte de las cuales están en el área de oportunidad residencial dibujada en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana (Potaum) de Málaga.

La determinación adoptada supone un impulso decisivo en la puesta en marcha de una actuación con la que se pretende responder a la elevada demanda de vivienda a precio asequible que existe en la capital de la Costa del Sol y que la propia Administración autonómica eleva a unas 20.000 en el horizonte de la próxima década.

No obstante, lo que no precisa por el momento la Junta es si será la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) la que asumirá el desarrollo de estas parcelas y la construcción de los pisos sociales o si se pondrán los suelos a disposición de otros promotores. Este último supuesto, ya empleado por la Consejería de Vivienda en muchas de las operaciones puestas en marcha en los últimos meses, conllevaría que el mismo suelo ahora comprado por la Junta sería puesto a la venta para que constructores privados optasen a los mismos para edificar, exclusivamente, VPO.

Cuestionadas por la compra de 30 hectáreas y no de una superficie mayor, fuentes de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio informaron de que ese suelo ha sido el que los propietarios de los mismos han puesto a disposición de la Junta para su compra. Asimismo, señalaron que ello ocurre después de que el Ayuntamiento de la ciudad no haya cedido suelo para este mismo menester.

Desde el Gobierno regional se precisó que la adquisición de los terrenos forma parte del plan de obtención de suelo para VPO puesto en marcha en octubre del pasado año en los 39 municipios de la comunidad que presentan "una mayor demanda y una menor disponibilidad de espacios para la edificación de este tipo de promociones, como es el caso de Málaga".

Desde esa fecha, según apuntaron, el departamento encabezado por Juan Espadas ha destinado 105 millones a adquisiciones de parcelas en las ocho provincias andaluzas, suelos en los que se podrán construir 4.813 viviendas protegidas, incluidas las ahora previstas en Soliva Norte-Lagar de Oliveros.

Este espacio, localizado junto a la futura hiperronda y al paso de la línea 1 del Metro, es, además, el elegido por la Junta para localizar el megahospital anunciado para la capital y que supondrá unos 600 millones de inversión. En este sentido, el Potaum alude a la necesidad de destinar 25 hectáreas de las 180 del terreno al equipamiento sanitario.

Estos terrenos han sido objeto en los últimos años del enfrentamiento protagonizado por la Junta y el Ayuntamiento de Málaga en materia urbanística. Fue a finales de 2006 cuando el equipo de gobierno del PP impulsó una modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para acelerar la construcción de viviendas sociales en estos terrenos, medida que no coincidía con las previsiones de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

El deseo municipal chocaba con la intención del Gobierno regional de dibujar en este espacio una reserva de suelo residencial en la que al menos el 65% de los pisos fuesen a precio asequible, actuación finalmente plasmada en el Potaum, de rango superior al planeamiento local. A pesar de ello, el Consistorio siguió adelante e impulsó la aprobación el plan de sectorización. Fuentes municipales aseguraron que la aprobación definitiva de la modificación de elementos podría tener lugar a corto plazo, al tiempo que aseguraron que la acción desarrollada por el Consistorio no entra en conflicto con lo plasmado por la Junta en el Potaum, dado que respeta los criterios del mismo en cuanto a reserva de VPO.

El cerco contra el urbanismo ilegal pone ahora sus miras en Almogía (Málaga Hoy)

El Seprona investiga varios casos de licencias presuntamente ilegales para determinar si el alcalde, ediles del equipo de gobierno y técnicos municipales pudieran haber cometido delitos de prevaricación


El urbanismo vuelve a estar en el punto de mira en la provincia de Málaga. En esta ocasión le ha tocado el turno a Almogía donde la Guardia Civil registró ayer durante más de 12 horas las dependencias del Ayuntamiento en busca de información relativa a los expedientes urbanísticos tramitados en los últimos años en el municipio. Hasta ahora no se ha producido ninguna detención, aunque no se descarta que ocurra en las próximas horas.

El registro comenzó ayer a primera hora de la mañana y participaron una veintena de agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y la Policía Judicial de la Guardia Civil por orden del juzgado de instrucción número 12 de la capital malagueña, que ha decretado el secreto de sumario.

El alcalde del municipio, el socialista Cristobal Torreblanca; el teniente de alcalde, José María Luque Ríos, dos concejalas, el secretario y varios trabajadores municipales estuvieron presentes en el registro del Consistorio que se prolongó hasta última hora de la tarde. Fuentes cercanas a la investigación indicaron a este periódico que a partir de hoy el juzgado de Instrucción número 12 podría comenzar a tomar declaración a los presuntos implicados por los hechos que se investigan una vez que se examine la documentación intervenida en el Consistorio. Las averiguaciones se centran actualmente en ediles, funcionarios y familiares de éstos, que podrían haber creado alguna sociedad vinculada con las resoluciones municipales adoptadas. En principio, los delitos que se investigan estarían relacionados con la prevaricación urbanística, aunque no se descartan imputaciones relativas a otros delitos como falsedad documental. El propio regidor aseguró haber colaborado en todo lo que los cuerpos de seguridad precisaron durante el registro y declaró estar "tranquilo" con la investigación judicial iniciada. Aunque sí anunció que en caso de que exista alguna irregularidad que le implique directamente como imputado pondrá su cargo a disposición del partido. El Ayuntamiento de Almogía mantiene abiertos casi 300 expedientes de disciplina urbanística por construcciones llevadas a cabo en suelo no urbanizable, según informó Torreblanca, que explicó también que la Guardia Civil se está centrando, en principio, en una quincena de ellos.

No es la primera vez que los agentes del Instituto Armado acuden al Ayuntamiento de Almogía para comprobar la legalidad de algunos expedientes urbanísticos tramitados, la mayoría relativos a viviendas y chalés edificados en suelos no urbanizables y a la conversión de casas de apero en viviendas. Desde marzo están investigando las supuestas irregularidades cometidas por la Corporación municipal de esta localidad del Guadalhorce en los últimos años. De hecho, una trabajadora municipal ya prestó declaración como implicada en abril por estos hechos. El portavoz municipal de IU, Diego Aranda, recordó que su grupo ya había advertido en pleno su disconformidad con el procedimiento seguido en relación a los mencionados expedientes, ya que el Ayuntamiento sancionaba las obras ilegales pero "no se paralizaban a pesar de que en los documentos se especificaba que debían pararse". Por su parte, el concejal del PP, José Vila, dijo que algunos de los documentos no llevan nombres y apellidos y en ellos sólo figura la sanción impuesta.

El cerco al urbanismo ilegal ha provocado que al menos el 25% de los alcaldes de los cien municipios tengan abierto algún procedimiento judicial relacionado con su gestión pública y de ellos al menos 15 están imputados en causas contra la ordenación del territorio.

El PSOE propone construir 600 aparcamientos en Miraflores. Marbella (La Opinión)

El grupo municipal socialista solicitó ayer que se estudie una nueva posibilidad para hacer frente al problema de la escasez de aparcamientos en Marbella. El concejal Javier de Luis propuso construir un parking subterráneo bajo la futura piscina de la barriada de Miraflores. Según el concejal, en esta zona conocida como Río Huelo, se puede aprovechar una parcela de mil metros cuadrados en el subsuelo donde se podrían construir cerca de 600 plazas y no existe ninguna incompatibilidad urbanística para hacerlo.
Los populares se limitaron a pedirle "seriedad" al PSOE, en respuesta a la solicitud de De Luis. Su portavoz municipal, Félix Romero, recordó que el equipo de gobierno que representa ya está impulsando la construcción de aparcamientos y les pidió que especifiquen la financiación del proyecto que plantean y no se limiten "a disparar con pólvora del rey".

Marbella cuadrará sus cuentas de 2010 congelando salarios (La Opinión)

Las perspectivas económicas de Marbella se vuelven, si cabe, más pesimistas. El presupuesto total del Ayuntamiento no superará los 216 millones de euros en 2010 frente a los más de 222 sobre los que se trabaja este año. La única esperanza del gobierno municipal del PP es la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya tramitación se prolonga desde hace dos años y está pendiente de cierre antes del próximo marzo.
Con la entrada en vigor del nuevo documento urbanístico, se "contrarrestará" el recorte en las transferencias procedentes de la caja común española que gestiona el Gobierno central. Los populares calculan que los Presupuestos Generales del Estado para 2010 disminuyen en un 24% la participación de los municipios en el capítulo de ingresos. En el caso de Marbella, supone 6 millones de euros menos en sus arcas que el Consistorio piensa recuperar mediante la reactivación de la actividad urbanística.
Esta circunstancia marca la previsión económica de la ciudad para el próximo ejercicio, que adelantó ayer su alcaldesa, Ángeles Muñoz. "La política fiscal del Gobierno central y autonómico son un auténtico mazazo para las economías familiares. Nosotros, sin embargo, hemos decidido volcarnos en la familia", argumentó.
Las tasas e impuestos municipales no subirán en 2010. Eso sí, recientemente se "actualizaron" todos sus valores. Tampoco aumentarán los sueldos de los concejales y cargos de confianza del Consistorio. Se congelarán, avanzó la regidora.
El gasto corriente del Consistorio se contendrá también. En 2008, alcanzó los 34 millones de euros. Este año, se redujo a 28. De cara al próximo ejercicio, se mantiene. Lo cual significa un gasto similar o una disminución parecida, de un 17%. La alcaldesa no dio detalles al respecto.

Deuda del GIL. Tampoco hizo mención al porcentaje del presupuesto que se destinará al pago de las numerosas nóminas a las que tiene que hacer frente un Ayuntamiento con más de 3.500 empleados. En 2008, fueron 136 millones de euros, el 71% del presupuesto. Este año, se redujo el porcentaje pero no el montante tota: 142 millones, el 64%. A ello hay que sumar el pago de una deuda heredada de la era GIL que supera los 512 millones de euros actualmente. En su mayor parte, débitos públicos a Seguridad Social y Hacienda. Muñoz destacó el esfuerzo municipal para afrontar su pago en 2010. Se saldarán otros 20 millones, casi el 10% del presupuesto total y cinco millones de euros menos que la cantidad destinada al apartado de inversiones para mejorar la vida de los vecinos.

Una expropiación impide el arreglo de un edificio en ruina en la calle Álvarez (La Opinión)

Una mujer de 83 y su hijo discapacitado viven alquilados en la casa, que sufre grietas y tiene parte del suelo hundido


Ruina. Encarnación en el pasillo que se hundió.
Ruina. Encarnación en el pasillo que se hundió. G.T.

MIGUEL FERRARY. MÁLAGA Encarnación Fernández tiene 83 años y vive con su hijo Alberto de 54 años, que está postrado en una cama desde que le tuvieron que cortar una pierna por una enfermedad y tener medio cuerpo paralizado. Sin embargo, su casa tiene de todo menos un ambiente hogareño. Residen como inquilinos, desde hace 35 años, en el número 18 de la calle Álvarez, un edificio en completa ruina y con unas condiciones impropias de una ciudad como Málaga.
Las gruesas grietas y el muro desplazado en la pared maestra de la fachada amenazan con echar abajo el salón. El pasillo se hundió hace unos días y un familiar de Encarnación tuvo que taparlo con un poco de cemento porque salían ratas. Uno de los pilares se encuentra casi sin apoyo y el patio interior junto a la cocina recibe las aguas residuales del piso de arriba. La falta de canalizaciones de desagüe provocan que se acumulen allí, con el consiguiente mal olor y problema de salubridad. Pero quizá lo peor es cómo se encuentra el baño. El techo de escayola se cayó hace algunas semanas y han dejado al aire las vigas de madera afectadas por la humedad y que sostienen el suelo del piso de arriba, por donde se filtra agua.
Toda descripción se queda corta con lo que tiene que vivir esta familia, que lleva varios meses pidiendo una solución a la Gerencia de Urbanismo. El 13 de enero hubo una resolución en la que se exigía a la propietaria del inmueble a que hiciera las reparaciones pertinentes, en el plazo de un mes. Sin embargo, a principios de marzo, Urbanismo se desdecía y advertía que no se podía actuar porque estaba en proceso de expropiación para que la Junta de Andalucía construya VPO.
No obstante, este informe reconocía de forma demoledora lo siguiente: "Se trata de una situación de urgencia que se está prorrogando y cuya situación no puede seguir aplazándose sin el riesgo que supone para la seguridad de las personas". De hecho, el propio Departamento de Conservación de Urbanismo insistía en marzo que "la inactividad pone al inmueble fuera de control del servicio e implica el incumplimiento de la legalidad vigente".
Desde entonces, Encarnación y su hijo aguantan como pueden en una casa que se deshace poco a poco, sin que nadie asuma la responsabilidad ante una posible solución, que sólo puede ser el realojo, ya que el edificio es imposible de rehabilitar. La espera continuará, por lo menos, hasta diciembre, cuando se termine la expropiación del edificio y pase a la Junta de Andalucía, que podrá hacerse cargo del realojo o indemnización de esta familia. Pero el tiempo pasa lento y la ruina avanza rápido.

El alcalde, Cristóbal Torreblanca, dice que está ´tranquilo´ y anuncia que renunciará a su cargo si resulta imputado (La Opinión)

El regidor cree que la operación "no tiene nada que ver con lo que está pasando en otros ayuntamientos"

[21/10/2009]

LOM El alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca, ha informado esta mañana a la dirección del PSOE malagueño de que si de las actuaciones judiciales iniciadas hoy en relación con el ayuntamiento que preside resultara imputado por algún delito, registrará la renuncia a su cargo y al acta de concejal, y del mismo modo, presentará su baja automática ante la organización socialista.

Torreblanca ha manifestado que "si fuera imputado formalmente, me defenderé sin implicaciones para el pueblo de Almogía y para el Partido Socialista, por lo cual renunciaré a mi cargo".

La dirección provincial ha anunciado que acepta la iniciativa del alcalde y valora su actitud porque demuestra "respeto por la acción de la Justicia, respeto a los vecinos y vecinas de su pueblo y respeto a la organización política por la que ha trabajado durante décadas".

El PSOE malagueño respalda la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el trabajo de la justicia como garantes de nuestro estado de Derecho.

"No tiene nada que ver con otros casos de corrupción"

Torreblanca, ha declarado que está "tranquilo" en relación a la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil, que afecta a quince expedientes de disciplina urbanística en terreno rústico. Ha manifestado a los periodistas que cree que la operación, que desarrolla la Guardia Civil por orden del Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, "no tiene nada que ver con lo que está pasando en otros ayuntamientos".

El también diputado provincial del área de Organización y Gobierno Interior ha añadido que se ha puesto en contacto con el presidente de la Diputación malagueña, el socialista Salvador Pendón, para informarle de los acontecimientos.


Los agentes requisan varios documentos en el registro de Almogía (La Opinión)

Marbella, Estepona, Alhaurín el Grande y Alcaucín. No son los municipios malagueños que componen una nueva ruta turística, sino aquellos en los que las Fuerzas de Seguridad han acabado con tramas relacionadas con el urbanismo. Ayer se sumó a este club Almogía, un pequeño pueblo ubicado en el Valle del Guadalhorce que tiene apenas 4.000 habitantes. Miembros del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) y de la Policía Judicial de la Guardia Civil tomaron a las 8.00 de la mañana el Ayuntamiento. El objetivo: investigar supuestos delitos urbanísticos cometidos por determinados ediles, funcionarios y algunos de sus familiares.

El mapa urbanístico es el mismo que existe en otros pueblos de la comarca: un casco urbano rodeado por numerosas parcelas de suelo rústico en las que los vecinos han levantado su propia vivienda (Cártama, Alozaina, etcétera...). Este fenómeno, según Ecologistas en Acción, no es exclusivo de La Axarquía, sino que también se da en Almogía. La Guardia Civil investiga desde principios de año a varios concejales, funcionarios y a algunos familiares de los mismos por supuestas irregularidades. Estos últimos habrían constituido, informa Efe, alguna sociedad relacionada con las resoluciones municipales.

Lo cierto es que ayer los investigadores tomaron el Consistorio a primera hora de la mañana y se marcharon con cuatro cajas de documentos al final de la noche. Después, se desplazaron a la Casa de la Cultura para analizar carpetillas anteriores a 2006. Todo terminó cerca de las 22.00 horas. Al poco de llegar, requirieron la presencia del alcalde, Cristóbal Torreblanca (PSOE) –que se hallaba en la Diputación–, del arquitecto y del secretario, así como de diversos concejales. Junto al regidor se hallaban dos tenientes de alcalde. La formación socialista gobierna en el pueblo con ocho ediles; la oposición está formada por dos concejales de IU y uno del PP. El análisis del material intervenido determinará las futuras imputaciones.

En las próximas horas, podrían producirse, como mínimo, tres imputaciones. El caso es dirigido por el juzgado de Instrucción número 12 de Málaga y la investigación está siendo impulsada por la Fiscalía de Medio Ambiente. Entre los delitos que se barajan se encuentran la prevaricación, en el grado de omisión, y supuestas falsedades. El juez ha declarado el secreto de sumario para las partes.

El propio alcalde informó, poco antes del mediodía, de que el Ayuntamiento ha abierto alrededor de 300 expedientes de disciplina urbanística por construcciones efectuadas en suelo no urbanizable (fundamentalmente rústico). Los registros de ayer se centran en 15 de esos expedientes, aunque los investigadores llevan meses solicitando información al Consistorio sobre las diversas carpetas.

En este caso no puede hablarse de corrupción, ya que, en principio, no se ha acreditado la existencia de sobornos. De ahí que no haya salido a la luz, por ahora, ninguna detención.

Según explicó Diego Aranda, portavoz de IU en el Consistorio, entre 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y mayo de 2009, se abrieron 283 expedientes, la mayoría de ellos relativos a construcciones irregulares sobre suelo rústico. En algunos casos, la vivienda se había levantado sin licencia municipal, lo que motivó que se abriera el preceptivo expediente. Sin embargo, explica este edil, al cabo de varios años se imponía una multa que oscila entre 3.000 y 15.000 euros y se legalizaba la casa.

En otros casos, la licencia solicitada permitía la construcción de una caseta o pequeña nave agrícola, pero el resultado final no se ajustaba al permiso concedido y el vecino había levantado o una casa o una nave mucho más grande.

Los ediles socialistas José María Luque y Manuel Aranda negaron que se hayan edificado viviendas en suelo no urbanizable. Afirmaron a este periódico que el equipo de gobierno incoaba los expedientes de disciplina, pero, finalmente, lo construido no se ajustaba al permiso dado. Aseveraron que la mayor parte de los expedientes están relacionados con este caso.

Durante el registro, varios ediles socialistas estuvieron en el despacho del alcalde, de forma que, a requerimiento de la Guardia Civil, acompañaban a los investigadores a los despachos en los que se iba a intervenir.

El portavoz de IU aseguró que en varios plenos solicitó que esos expedientes se llevaran a la Fiscalía, y afirmó que lo ocurrido está relacionado con "la omisión de la obligación de hacer cumplir la ley".

El municipio aprobó inicialmente su nuevo plan general de ordenación en marzo, una vez que revisó las normas urbanísticas subsidiarias que databan de 1997. Actualmente, el proyecto está de nuevo en estudio, ya que debe ajustarse al Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM). "La nueva normativa prevé la construcción de entre 3.000 y 4.000 viviendas", dijo Diego Aranda, lo que es "inasumible" si se compara con el documento autonómico.

Respuesta del PSOE. El alcalde, por su parte, se mostró "muy tranquilo". "Esto no tiene nada que ver con lo que está pasando en otros ayuntamientos", aseguró. El PSOE informó ayer de que, si resulta imputado, el regidor renunciará a su cargo y entregará su acta, amén de presentar su baja del partido. "Si fuera imputado formalmente, me defenderé sin implicaciones para el pueblo y para el PSOE, por lo que renunciaré a mi cargo", dijo.

Sensaciones dispares en una tensa jornada que Almogía nunca olvidará (La Opinión)

Numerosos vecinos respaldan la labor del alcalde y resaltan su honradez y la buena gestión realizada. El registro concluyó pasadas las nueve y media de la noche





LOLA SÁNCHEZ. ALMOGÍA "Ni Cristóbal Torreblanca (PSOE) es Julián Muñoz ni el pueblo de Almogía tiene nada que ver con Marbella". Los corrillos de vecinos se agolpaban a las puertas del Ayuntamiento de la localidad tras conocer la noticia: el Consistorio almogiense había sido tomado por miembros del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) y de la Policía Judicial de la Guardia Civil para investigar expedientes relacionados con supuestas irregularidades urbanísticas. Sensaciones dispares recorrían ayer el pueblo de norte a sur y de este a oeste. Esta jornada, con seguridad, tardará décadas en olvidarse.
El comentario era generalizado entre los curiosos que desde primera hora de la mañana se mantuvieron expectantes en la plaza de la Constitución de Almogía, enclave en el que se alza la administración local.
"Hombre, algo se sabía... Desde el verano la Guardia Civil se ha acercado en varias ocasiones hasta el Ayuntamiento para pedir, según nos comentaban, documentación de licencias de obras. Pero Cristóbal es un hombre muy honrado, y todo lo que ha hecho ha sido buscando siempre el bien del pueblo", comentaba ayer María del Carmen, vecina de la localidad, junto a una amiga, Toñi. Ambas estaban sentadas en la escalera de una casa ubicada frente a las puertas del Ayuntamiento con la idea de "conocer" si todo lo que se comentaba en las noticias de las cadenas de televisión "era tan llamativo".
"Hablan de imputados, de prevaricación, de cohecho. No entendemos muy bien lo que puede significar, pero este alcalde nuestro es un hombre al que no se le conocen cosas extrañas. Tiene muy buena reputación en la Diputación y en el pueblo gobierna con mayoría absoluta. Aquí tontos no somos, buscamos a gente honrada", continuaba otra vecina que se había animado a acercarse al corrillo creado justo al lado de las puertas del Ayuntamiento.
Mientras tanto, dos miembros de la Guardia Civil custodiaban la entrada consistorial. A las cuatro de la tarde, uno de los agentes encargados de la investigación salió del Ayuntamiento con una caja con documentación, y, casi una hora después, volvió a salir con otra. En total, cuatro cajas con "documentación diversa" han sido las requisadas.
"Aquí hay mucha tela que cortar. Esto tiene pinta de serio. Hay que pensar antes de conceder licencias y saber decir que no". José se mostraba crítico mientras permanecía sentado con un grupo de amigos en las mesas de un bar ubicado también delante del Consistorio. Entre cigarro y cigarro –ayer para muchos no había nada mejor que hacer–, las miradas se mantenían pendientes de todos los movimientos que se sucedían en la puerta principal del Ayuntamiento.
"Cristóbal ha conseguido los votos en Almogía concediendo licencias. No hace falta más que pasearse por el pueblo... Donde debería haber simples casas de campo o naves hay magníficos chalés", continuó José.
Muy crítica con esta opinión se mostraba Ana. "¿Ha concedido más de 2.000 licencias para tener mayoría absoluta? ¡Venga hombre! Aquí en la plaza no hay nadie increpándole y todos sabemos que el alcalde es un hombre muy honesto. Ni lujos ni nada tiene. ¿Para qué se iba a meter en este tipo de fregados? Su casa es una casa muy normal, no tiene un gran coche, su mujer trabaja recogiendo almendras... ¿Un hombre que puede aprovecharse de esto viviría de forma tan modesta?", enfatizaba la vecina con cierta indignación.
La tarde se convirtió en noche y los corrillos se fueron haciendo más numerosos. Muchos aprovecharon después de salir de trabajar para conocer qué se "cocía" en la plaza central. Una pequeña lluvia perturbó la estancia. Alcalde y concejales se fueron a sus casas pasadas las nueve y media de la noche.

Ferrovial solicita la licencia para construir el hospital de Cártama (SUR)

La Junta insiste en que las obras comenzarán antes de que acabe el año

El proyecto básico ya está terminado


Las obras del hospital comarcal del Guadalhorce comenzarán antes de que acabe el año. Así lo aseguró ayer de nuevo la delegada provincial de Salud de la Junta de Andalucía, María Antigua Escalera, quien dio a conocer en una rueda de prensa que la empresa adjudicataria del contrato, Ferrovial, ya ha presentado ante el Ayuntamiento de Cártama la solicitud de la licencia de obras para iniciar los trabajos.
El gerente del Hospital Costa del Sol (la empresa pública que ha tramitado todo el concurso), José Antonio García, compareció junto a Escalera y afirmó que, una vez obtenida la licencia de obras, se abrirá un plazo de unos 15 días para que la empresa realice tareas de acopio de materiales y desbroce del terreno en el que se levantará el centro sanitario, en el término municipal de Cártama.
«El proyecto básico ya está elaborado y supervisado por los técnicos de Salud y el comienzo de las obras es inminente», declaró María Antigua Escalera, quien recordó que los plazos incluso se habían acortado desde que la Junta de Andalucía asumió este año la tramitación de todo el proceso. De hecho, Ferrovial tenía hasta diciembre para terminar el proyecto técnico, dado que según el contrato, que se firmó el 2 de julio, el periodo de ejecución era de seis meses para la redacción de dicho proyecto y de 28 meses para la ejecución de las obras. La delegada de Salud reseñó que la previsión es que el hospital entre en funcionamiento en el primer trimestre de 2012.
Atrás quedan dos concursos que en su día quedaron desiertos, razón por la cual la Consejería se comprometió a destinar más dinero a principios de este año. La construcción del centro cuenta con un presupuesto de 21,6 millones de euros, a los que habrá que sumar seis millones más por el equipamiento. La mayor parte de la financiación correrá a cargo de la Junta, aunque la Diputación de Málaga aportará otros siete millones y el Consistorio de Cártama entregará el terreno ya urbanizada, según el convenio firmado entre las tres instituciones.
Urbanización del solar
A este respecto, Escalera señaló ayer a preguntas de los periodistas que los trabajos de acondicionamiento del suelo no tienen por qué suponer más atrasos. «Tenemos el compromiso del Ayuntamiento de que tendremos la parcela perfectamente urbanizada, con las infraestructuras de luz y agua», comentó la delegada.
En este sentido, cabe recordar que la Plataforma Pro Hospital del Guadalhorce puso en duda hace ya algunos meses que el solar pudiera estar listo para el inicio de las obras, dado que estos trabajos requerirán de una inversión aproximada de tres millones de euros sin que todavía se haya previsto una fórmula de financiación.
El futuro centro hospitalario atenderá a una población de más de 120.000 vecinos y 13 municipios. El proyecto prevé un edificio de más de 10.000 metros cuadrados construidos que albergarán 50 habitaciones individuales susceptibles de uso doble, cuatro quirófanos y 23 consultas de especialistas, entre otras dependencias.

Eliminarán la fuente central de la plaza del Ayuntamiento para hacerla más funcional. Rincón de la Victoria (SUR)


El área de Infraestructuras está ultimando la redacción del proyecto de las obras de reforma de la plaza Al-Ándalus, ubicada frente al Ayuntamiento. Entre las novedades más importantes destaca la eliminación de la gran fuente central.
«La idea es que la zona se convierta en un lugar diáfano y funcional donde se puedan llevar a cabo actividades y eventos como la feria de día», ha explicado el edil del área, José Rodríguez (PSIRV). De esta forma, la escultura de la diosa Noctiluca se instalará en una nueva fuente en el oasis ubicado a la entrada de la plaza.
Asimismo, se sustituirá toda la solería, actualmente muy deteriorada, «aunque conservaremos el escudo que se instalará en el lugar de la fuente central, junto con la estrella de David», ha indicado el edil, quien ha asegurado que se respetarán las zonas verdes existentes y se instalará nuevo mobiliario urbano de forma que se pueda retirar para la celebración de eventos. Los trabajos de reforma sólo afectarán al gran pino de la entrada que se trasplantará en la misma plaza.
La obra cuenta con una inversión de 400.000 euros que serán financiados a través de la Línea de Mediación ICO-Turismo 2008 del Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT).
Semipeatonalización
A través de esta línea de financiación también se va a llevar a cabo la reforma de varias calles aledañas al aparcamiento subterráneo de la plaza de la Constitución y la renovación de los servicios urbanos. El presupuesto asciende a 1,8 millones de euros. De esta forma, se convertirán en semipeatonales calle Córdoba y Jaén. «La obra será similar a la ejecutada en calle Ronda con una línea para el tráfico rodado y la ampliación de las aceras», ha explicado Rodríguez.
Además, el Consistorio trabaja en los proyectos para la implantación de una rotonda en el cruce de la avenida de Málaga con la de Gran Canarias, la calle Salvador Rueda y calle Las Palmeras, también en La Cala del Moral, con una inversión de 260.000 euros. Por otro lado, está prevista la renovación del pavimento y servicios urbanos de varios tramos del Camino Viejo de Vélez, vía que atraviesa la localidad de Rincón de la Victoria y Torre de Benagalbón, y del Carril del Cortijo Blanco por 1,2 millones de euros.
Esculturas
Otra de las novedades estéticas que van a tener lugar en el municipio de Rincón de la Victoria son las dos esculturas que se van a instalar en breve. Una de ellas representará a la diosa del Agua y la está realizando Jaime Pimentel. Tendrá más de dos metros de altura y se ubicará en el paseo marítimo de Rincón, junto a la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR).
La segunda escultura la está realizando José Casamayor y representará la quilla de un barco. La obra será de mármol y medirá tres metros de largo y más de dos de ancho. «Irá ubicada en el nuevo bulevar de La Cala del Moral», ha indicado Rodríguez, quien ha confirmado que espera inaugurar el paseo el próximo mes de noviembre.

Vélez ingresa por licencias urbanísticas la mitad de lo previsto para todo el año. Vélez-Málaga (SUR)

La actividad del sector de la construcción en el municipio continúa bajo mínimos. El parón inmobiliario ha conllevado una importante reducción de los ingresos municipales por licencias de obras. En lo que va de año el Ayuntamiento apenas ha recaudado 605.495 euros en concepto de licencias de obras, una cantidad que apenas representa el 51% de la los ingresos totales consignados para el ejercicio por este concepto, según el presupuesto municipal. Las previsiones de ingresos para 2009 por licencias urbanística se elevan a 1.175.000 euros.
No obstante, el concejal de Urbanismo, Salvador Marín (IU), se ha mostrado confiado en alcanzar antes de que finalice el año las previsiones de ingresos recogidas en el documento económico.
El edil ha manifestado que si se resuelven temas con las nuevas instalaciones de TROPS y Coviran en el municipio «si se cumplirán las previsiones de ingresos, lo cual sería todo un logro».
En ese caso los ingresos serán muy similares a los registrados en el ejercicio anterior, aunque con la diferencia de que en 2008 la previsiones ascendían a 2,5 millones de euros.
Según los datos facilitados por la Gerencia de Urbanismo, en los primeros nueve meses del año han sido concedidas un total de 27 licencias para la construcción de 202 nuevas viviendas en el municipio, de las que 138 corresponden a una sola urbanización y el resto a viviendas unifamiliares.
Esta cantidad es sensiblemente superior a la actividad registrada en 2008. En el mismo periodo del pasado año se tramitaron sólo dos licencias para construir nueve viviendas, ocho en un edificio y una para una casa unifamiliar adosada. En el año 2007, en cambio se concedieron 230 licencias para 2.199 viviendas y en 2006 el total se elevó a 259 licencias para 3.142 viviendas. En este último ejercicio los ingresos por licencias de obras alcanzaron los 4.064.913 euros.
Suelo industrial
Por lo que respecta a obras mayores, se han concedido 52 licencias, perteneciendo la mayoría a almacenes y casa de apero, y 87 a obras menores. Marín ha señalado que dado el parón por el que atraviesa el sector inmobiliario, desde la Gerencia de Urbanismo se está trabajando en el desarrollo de suelos industriales para ampliar el polígono de Cajiz, las nuevas instalaciones de TROPS, la ordenación del polígono ganadero y del sector de los tejares, entre otros.

El PSOE propone construir un parking de 600 plazas en Río Huelo. Marbella (SUR)

El Grupo Municipal Socialista llevará a pleno la propuesta de construir un parking subterráneo con capacidad para 600 vehículos en la zona de Río Huelo, en la barriada de Miraflores. El aparcamiento estaría ubicado en una parcela de 9.500 metros cuadrados que incluye las instalaciones del antiguo mercado -donde se levantará la piscina municipal de Miraflores-, la zona de estacionamiento anexa y el parque situado al norte, según explicó ayer el concejal socialista Javier De Luis.
El edil señaló que el pequeño parking tiene actualmente una capacidad para 60 vehículos, por lo que la iniciativa permitiría multiplicar por diez las plazas de estacionamiento en una barriada con un importante déficit en materia de aparcamiento. Afirmó que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella permite la actuación y destacó que el proyecto constituye una de las promesas llevadas a cabo por el PP durante la campaña electoral.
En este sentido, el concejal socialista calificó de «fracaso» el plan de aparcamientos acometido por el equipo de Gobierno, puesto que sólo se ha iniciado la construcción de uno de los nueve parkings proyectados, el de la Plaza de Istán de San Pedro Alcántara, y está actualmente elaborando el estudio técnico de un segundo, que estará ubicado en Magallanes.
De Luis recordó que todavía no ha tenido lugar ninguna actuación respecto a los aparcamientos de Torres Murciano, Huerta de los Cristales, Santa Marta, Las Albarizas y la Plaza del Mercado de San Pedro. Lo mismo ocurre con el proyectado en el Francisco Norte, que «duerme el sueño de los justos», según el edil, que aseveró que el plan municipal «es una quimera» y que el PSOE «tiene que hacerle los deberes» a los populares.
Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero, criticó que los socialistas «presenten proyectos por presentar, sin la más mínima seriedad y consistencia» para desarrollar infraestructuras que, según el edil, «sí está impulsando» el Ejecutivo local. Romero destacó además que el Ayuntamiento de Marbella y el resto de consistorios cuentan con menos recursos debido a la «nefasta» gestión desarrollada por el PSOE a nivel nacional.

Los ingresos del PGOU compensarán la rebaja en las transferencias estatales. Marbella (SUR)

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, cuya aprobación definitiva está prevista para antes de que termine el año, compensará de cara a los presupuestos municipales del ejercicio 2010 el recorte que sufrirá la ciudad respecto a las transferencias del Gobierno central. Así lo aseguró ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que destacó que la entrada en vigor del nuevo planeamiento urbanístico «impulsará la recuperación económica» del municipio.
El equipo de Gobierno cifra en seis millones de euros la inversión que el Ayuntamiento de Marbella dejará de percibir en el caso de cumplirse las previsiones sobre la reducción en un 24 por ciento de la participación de la ciudad en los ingresos del Estado. El desarrollo del PGOU «logrará contrarrestar estos efectos», según afirmó la regidora, que apuntó que por este motivo el Ejecutivo local ha decidido elaborar unos presupuestos municipales para el 2010 en el que se maneja una cifra similar a la del actual ejercicio.
Muñoz destacó que el nuevo Plan «permitirá generar confianza y, por lo tanto, actividad económica», aunque lamentó que «desgraciadamente no se verá reflejada en un incremento en las partidas presupuestarias» debido a la disminución de las transferencias por parte del Estado.

Citesa, convertida en un enorme solar (SUR)

Ya sólo quedan algunos árboles y chatarra en la parcela que hasta hace pocas semanas albergaba las antiguas instalaciones de Citesa. Las máquinas excavadoras han dejado la zona totalmente libre de edificación para que en ella puedan levantarse en el futuro una promoción de 200 viviendas de protección oficial, equipamientos y un parque que aprovechará la permanencia de los árboles que se han mantenido. Pese a estar catalogado como un singular ejemplo de la arquitectura industrial del país, Citesa ha pasado definitivamente a la historia para dejar paso a un proyecto que tardará aún varios años en materializarse.

El PSOE denuncia trato de favor en Campanillas a un «constructor del PP» (SUR)

Fuentes asegura que se le han concedido quince contrataciones en los últimos tres años por un importe de 370.00 euros

El equipo de gobierno reta a que demuestre cualquier irregularidad y aclara que trabaja con el Ayuntamiento desde hace 25 años


El PSOE anunció ayer un presunto trato de favor en el Ayuntamiento de Málaga por parte del equipo de gobierno. El beneficiario sería un pequeño constructor, especializado en obras menores, «consejero político del PP», que en los últimos tres años ha facturado 369.093,31 euros por quince actuaciones en el distrito de Campanillas.
El portavoz socialista, Rafael Fuentes, reveló ayer los quince contratos «a dedo» concedido a la empresa de Miguel Ángel Pérez Barba entre 2006 y 2008. Siete de esas quince actuaciones adjudicadas se realizaron por un importe que «sólo por céntimos es menor a 30.000 euros», evitando así tener que hacer un concurso público.
Las obras se refieren a acerados en Campanillas, Manceras, Castañeta, Santa Rosalía, Maqueda y El Tarajal, arreglos de mantenimiento -carpintería, pintura, instalación de rejas y persianas- en colegios públicos del distrito y otras reparaciones menores.
Fuentes aportó documentos que demuestran que, en el pleno de octubre de 2006, Miguel Ángel Pérez Barba fue nombrado representante del PP en el distrito de Campanillas a propuesta de la entonces portavoz popular, Mariví Romero. El PSOE facilitó fotocopia de un acta electoral que demuestra la participación de Pérez Barba como interventor del PP en los comicios europeos de este mismo año.
No obstante, el edil socialista descartó de momento la vía penal para denunciar ese presunto trato de favor y dijo estar a la espera de que el alcalde, Francisco de la Torre, dé explicaciones sobre este hecho y de «cuántas adjudicaciones más se han dado a dedo a esta empresa. Escucharemos primero su justificación y su visión de los hechos».
El alcalde respondió dos horas después a los periodistas sobre esta denuncia del PSOE. «No hay ninguna contratación a ningún consejero del PP en el distrito de Campanillas», aseguró, y añadió que hay «un reparto bastante proporcionado de los contratos de adjudicación directa». De la Torre pidió a Fuentes que sea «más preciso» y que hable «con más exactitud».
Por su parte, el concejal del distrito de Campanillas, José Eugenio Hazañas, desmintió que exista un trato de favor hacia este contratista. «Se trata de una pequeña empresa familiar de Campanillas, que lleva más de 25 años trabajando para el Ayuntamiento», comentó Hazaña. Así, la empresa ha realizado trabajos en los gobiernos del PSOE de Pedro Aparicio y del PP de Celia Villalobos y de Francisco de la Torre.
El edil popular ni siquiera cree que Miguel Ángel Pérez Barba sea militante del partido. «Un año fue como suplente de consejero de distrito y estuvo cinco meses ejerciendo», puntualizó. Al mismo tiempo, defendió las contrataciones efectuadas de acuerdo a la ley. En esos tres años, el distrito ha adjudicado a más de veinte empresas un total de 2,6 millones para la ejecución de 276 obras. Hazaña facilitó la relación de adjudicatarios y luego instó al PSOE a que diga cuál de ellos es el favorecido por el equipo de gobierno. La empresa de Pérez Barba no está entre las tres primeras.

La Junta construirá la mitad de las tres mil VPO previstas al norte de El Cónsul (SUR)

El Gobierno andaluz paga 29 millones de euros por una superficie de treinta hectáreas de terreno en la zona de Lagar de Oliveros para hacer 1.300 viviendas

La realización de los pisos está pendiente de varios trámites urbanísticos


21.10.09 -

En este suelo, la Junta prevé levantar unas 1.300 casas de protección oficial, lo que supone casi la mitad de las 3.148 previstas por el Ayuntamiento tanto en Lagar de Oliveros como en el sector de Soliva Oeste (la prolongación hacia el norte de la nueva barriada de Soliva). Fuentes de la Consejería de Vivienda señalaron que la operación de adquisición de los terrenos está cerrada ya con los propietarios y que la construcción de los pisos dependerá de varios trámites urbanísticos que están pendientes para la zona y que pueden demorarse aún varios años.
Para avanzar en la planificación de Lagar de Oliveros, el Consistorio aprobó una modificación del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que todavía está pendiente de culminarse. No obstante, esta ordenación también está recogida en el nuevo PGOU, por lo que si la aprobación de éste se produce antes que la modificación, un trámite suplirá al otro.
Superada este fase, la Junta «podrá abordar directamente los proyectos de construcción o bien poner los suelos a disposición de otros promotores para su desarrollo», apuntaron desde la Consejería de Vivienda. Asimismo, resaltaron que «con ello se contribuirá a paliar la carencia de terrenos para usos residenciales protegidos en la capital malagueña, donde existe una demanda de aproximadamente 20.000 VPO a diez años vista».
La compra de estos suelos forma parte del plan de obtención de suelo para vivienda protegida que la Junta inició el año pasado en los 39 municipios andaluces que presentan una mayor demanda. Al margen de esta nueva operación de suelo para 1.300 casas protegidas, el Gobierno andaluz tiene previsto promover otras 700 en la nueva barriada de Sánchez Blanca, junto a la avenida de Ortega y Gasset (antigua carretera de Cártama). No obstante, en este caso, su construcción también está pendiente de la culminación de trámites urbanísticos para, por un lado, efectuar una permuta con otros suelos en Rincón de la Victoria y, por otro, aprobar la ordenación del sector.
Cesiones
Desde la Consejería de Vivienda indicaron que la labor de la Junta en la promoción de VPO en Málaga capital sería mayor si el Ayuntamiento le facilitara suelos para poder construir las viviendas.
Por otro lado, el Consistorio ha dado los primeros pasos para la realización de 192 viviendas protegidas en el sector conocido como Camino de Olías, en la zona este de la ciudad. Se trata de unos terrenos que abarcan una superficie de 81.780 metros cuadrados. El Ayuntamiento va a contratar por 44.561 euros el diseño de la ordenación del ámbito, que incluye un centro comercial de 10.090 metros cuadrados construidos.

Los alcaldes de la Axarquía exigen cambios legales para reactivar el ladrillo. Vélez-Málaga (SUR)

El ladrillo vuelve a estar en el punto de mira. Y mientras que Almogía se encuentra en plena investigación, los alcaldes de la Axarquía acaban de crear una Mesa de Trabajo por el Urbanismo en la comarca. No quieren renunciar a la construcción, a la que ven como una fuente de desarrollo de los municipios. Por eso, gobiernos de todos los signos políticos han plantado cara a la Junta de Andalucía, a la que exigen que flexibilice las normas para reimpulsar el sector urbanístico, ahora totalmente paralizado, debido a los constantes procedimientos judiciales abiertos por supuestas irregularidades en materia de planeamiento, que afectan a la mayor parte de los pueblos de la comarca.
La Mesa de Trabajo por el Urbanismo de la Axarquía, creada en el seno de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental, se encargará de debatir y elevar a la Junta de Andalucía las modificaciones que habrá que realizar en la Ley de Ordenación Urbanística andaluza (LOUA) para reimpulsar el ladrillo.
La mesa está formada por 20 de los 31 municipios de la comarca, la propia Mancomunidad, la Diputación de Málaga y la Asociación de Provincial Constructores, que deberán encontrar una solución a las más de 10.000 viviendas ilegales (22.000, según los ecologistas) construidas en suelo no urbanizable, situación que ha llevado incluso a algunos colectivos de propietarios a pedir incluso la amnistía para las casas fuera de ordenación. A nadie se le escapa que la mesa nace a remolque de la iniciativa de los alcaldes socialistas de exigir que las presuntas irregularidades cometidas se resuelvan por la vía del derecho administrativo y no la penal. La Consejería rehusó la invitación de la Mancomunidad de formar parte de la Mesa de Trabajo por el Urbanismo.