lunes, 5 de octubre de 2009

Las embarazadas tendrán primas en ayudas a la vivienda (La Opinión)

Se trata de la primera vez que un gobierno autonómico incluye entre los beneficiarios de especial protección a la mujer embarazada


Las embarazadas tendrán preferencia en las ayudas para compra, alquiler o rehabilitación de viviendas incluidas en los Planes de Vivienda de la Generalitat, ha anunciado hoy el vicepresidente social y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana, Juan Cotino.

En un comunicado, Cotino ha destacado que se trata de uno de los compromisos del Consell incluidos en el "Programa+Vida" de apoyo a la maternidad, con el que se pretende poner los medios, tanto de carácter social, como económicos, educativos y sanitarios, para dar protección tanto a la madre como a la vida en formación.

"El Programa+Vida impulsado por el Consell constituye una verdadera apuesta progresista por la vida, que convierte a la Comunitat Valenciana en un referente nacional en materia de apoyo a la mujer embarazada y a la maternidad", ha dicho el vicepresidente.

Según él, se trata de la primera vez que un gobierno autonómico incluye entre los beneficiarios de especial protección a la mujer embarazada, lo cual forma parte de la política social integral que está desarrollando la Generalitat para ocuparse de las personas que más lo necesitan.

La nueva normativa considera que las mujeres gestantes tendrán derecho a protección preferente como beneficiarias de las ayudas contempladas en los planes de vivienda, siempre que cumplan los requisitos que la normativa reguladora establece.

Además, la vida en formación computará como uno o varios miembros más de la unidad familiar de la que forme parte la mujer embarazada, dependiendo del número de hijos que ésta espere, desde el momento de la fecundación.

Además de las embarazadas, otro de los colectivos con derecho a protección preferente son las personas que acceden por primera vez a una vivienda, los jóvenes de hasta 35 años, las personas mayores de 65 y las familias numerosas y monoparentales con hijos.

También lo son las personas dependientes o con discapacidad, separados y divorciados, las mujeres víctimas de la violencia de género, las víctimas del terrorismo y los afectados por situaciones catastróficas, así como personas sin hogar o procedentes de operaciones de erradicación del chabolismo.

El ‘paraíso’ de la Gerencia (Málaga Hoy)

En plena polémica por los sueldos llama la atención que un peón cobre 28.000 euros y un auxiliar administrativo, 33.000

S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 05.10.2009 - 07:16


La Gerencia de Urbanismo se ha asomado en las últimas semanas a la actualidad no por los proyectos que desarrolla o por el cada vez menor movimiento de promotores por sus pasillos, sino por el particular sistema retributivo que, casi veinte años después de que se implantase, sigue funcionando con el consentimiento de los que hoy la dirigen. Semanas atrás, el comité de empresa, que ha llevado el asunto a la vía judicial, puso sobre el tapete la existencia de una decena de ex jefes de departamento que perciben un complemento personal de unos 2.000 euros mensuales, con lo que cobran por una función que ya no desempeñan.
Pero lo ocurrido abre la espita para indagar en lo que para muchos es el paraíso de la Gerencia de Urbanismo y corroborar si los únicos beneficiados por las bondades del sistema retributivo son la decena de altos cargos en los que tantas miradas hay posadas. El análisis detallado tanto del convenio laboral vigente (que no incluye jefes de departamento y división) como de los salarios contemplados en los presupuestos para una plantilla de más de 300 trabajadores ofrece algunos datos llamativos.
Atendiendo al anexo de Personal de este ejercicio, se comprueba que un peón o un ordenanza, situados en la categoría inferior, la E, cobra unos 28.500 euros, incluyendo la productividad. En el siguiente escalón, el D, destacan los profesionales de oficio, con entre 33.000 y 34.400 euros, y, por ejemplo, un auxiliar administrativo, que cobra entre 31.500 y 33.000 euros, aunque se recoge el caso de un empleado que alcanza los 41.740 euros. En la categoría C, de técnicos auxiliares y administrativos, los salarios llegan a los 45.000 euros, en el primer supuesto, y los 39.000, en el segundo. Los dos últimos escalafones incluyen el nivel B, con técnicos de Gestión, que oscilan entre los 42.200 y los 50.000 euros, y de Grado Medio, entre 47.000 y 53.000, y el A, con los técnicos superiores. Estos trabajadores pueden cobran de media unos 60.000 euros, aunque hay un caso de 91.700. Por su parte, el coordinador gerente, José Cardador, percibe 100.460 euros, y el gerente de Urbanismo, Javier Gutiérrez Sordo, 123.197 euros.
Estas retribuciones, son, comparativamente, bastante más ventajosas que las que se cobran en el Ayuntamiento. En este sentido, cabe recordar que entre 2001 y 2003, según datos a los que ha tenido acceso este periódico, un peón o equivalente de Urbanismo percibía unos 6.400 euros más que un igual del Consistorio, distancia que se elevaba a los 11.000 euros al hablar de los técnicos superiores.

Barrientos niega que el Ayuntamiento recalificase los terrenos de su madre. Estepona (Málaga Hoy)

La defensa del ex alcalde precisa que los suelos estaban calificados como urbanizable programados desde 1994


zoom

Antonio Barrientos, a la salida de prisión, a finales de 2008.



El ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos ha negado que el Ayuntamiento recalificara unos terrenos propiedad de su madre para edificar en ellos cuando él gobernaba esta localidad, según se desprende del sumario del Caso Astapa contra la corrupción. La defensa de Barrientos aseguró que es "radicalmente falso" que dichos suelos tuvieran consideración de rústicos, como afirmaron en su día los denunciantes y como figura en un informe policial contenido en el sumario, cuyo secreto fue levantado parcialmente la pasada semana.

En este sentido, explicó que los mencionados terrenos figuran como suelo urbanizable programado desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1994, cuando era alcalde Miguel Castro Carrasco (PSOE). "Un suelo urbanizable programado no precisa de convenio alguno para edificar en él, sino de una mera tramitación administrativa a la que ningún Ayuntamiento puede negarse por estar reglado legalmente", precisó.

La documentación que acredita la clasificación del suelo es "fácilmente constatable", tanto por los ciudadanos, como concejales y Policía, ya que figura publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y se puede consultar en la Delegación Provincial de Urbanismo y Subdelegación del Gobierno en Málaga, insistió la defensa.

Barrientos, que estuvo casi seis meses encarcelado por este caso, mantiene que es "absolutamente falso" que su madre transmitiese la finca en enero de 2004 para que él, que ya era alcalde, le ayudara a formalizar un convenio que incrementase su valor. La compraventa de la finca se llevó a cabo en enero de 2003, cuando era alcaldesa de esta localidad Rosa Díaz (PP), cinco meses antes de que Barrientos fuese elegido regidor, y ocho meses antes de la firma del acuerdo que cita el sumario, agosto de 2004, mantiene su defensa.

En aquella fecha, según el letrado, la madre de Barrientos ya no era propietaria del suelo, "hecho conocido por los denunciantes (entre ellos el actual alcalde, David Valadez, que era concejal) al haberse dado cuenta del convenio en el pleno municipal". Asimismo, niega que su progenitora no declarase los pagos de la venta de los terrenos (por un importe superior a 7,5 millones), puesto que fueron "debidamente declarados en los ejercicios fiscales (tres) que se produjeron", según otro documento.

Barrientos niega que se recalificaran los terrenos de su madre. Estepona (SUR)

El ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos ha negado que el Ayuntamiento recalificara unos terrenos propiedad de su madre para edificar en ellos cuando él gobernaba esta localidad, según se desprende del sumario del 'caso Astapa' contra la corrupción. La defensa de Barrientos aseguró que es «radicalmente falso» que dichos terrenos tuvieran consideración de rústicos, como afirmaron en su día los denunciantes y figura un informe policial contenido en el sumario, cuyo secreto se ha levantado parcialmente.
La defensa de Barrientos explicó que los mencionados terrenos figuran como suelo urbanizable programado desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1994, cuando era alcalde Miguel Castro Carrasco (PSOE). «Un suelo urbanizable programado no precisa de convenio alguno para edificar en él, sino de una mera tramitación administrativa a la que ningún Ayuntamiento puede negarse por estar reglado legalmente», añadió la defensa.
Barrientos, que estuvo casi seis meses encarcelado por este caso, mantiene que es «absolutamente falso» que su madre transmitiese la finca en enero de 2004 para que él, que ya era alcalde, le ayudara a formalizar un convenio que incrementase su valor. La compraventa de la finca se llevó a cabo en enero de 2003, cuando era alcaldesa era Rosa Díaz (PP).

Estepona plantea terminar de adaptar en un mes el PGOU a las normas de la Junta (SUR)

El Ayuntamiento recibe una subvención por más de 132.000 euros para sufragar los trabajos
05.10.2009 -
MERCEDES PERIÁÑEZ / YEDALAMO
ESTEPONA

Estepona plantea terminar de adaptar en un mes el PGOU a las normas de la Junta
La adaptación permitirá aumentar las reservas de suelo para construir VPO. / M. P.
Nuevo plazo. El Ayuntamiento de Estepona espera tener terminada para el próximo noviembre la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a las normas urbanísticas de la Junta, incluidas en el LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía). El texto urbanístico supondrá el aumento de posibilidades de reserva de suelo para vivienda protegida. Al mismo tiempo que permitirá desbloquear proyectos como la ejecución del futuro centro comercial. «La realidad de Estepona exige que respondamos a las necesidades de viviendas protegidas de los vecinos y de equipamiento y suelo productivo», señaló el alcalde de la localidad, David Valadez.
Otro de los aspectos que se solventarán gracias a este trámite está relacionado con la concesión de licencias dentro del casco antiguo. Cuando se disponga de este documento, se evitará el cobro de los aprovechamientos urbanísticos que se venían exigiendo a los vecinos que habían solicitado una licencia de obra en esta zona. Estas cuantías llegaban incluso a los 60.000 euros.
Subvención
La Junta de Andalucía ya ha concedido la subvención por valor de 132.578 euros para la realización de estos trabajos, que están siendo ejecutados por personal municipal, en colaboración con la administración andaluza.
De hecho, la financiación de las adaptaciones parciales de los planeamientos a la LOUA era una de las medidas previstas por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para poder agilizar los trámites y posibilitar el compromiso recogido en el pacto andaluz por la Vivienda, firmado en diciembre de 2007 entre la Junta, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y los agentes económicos y sociales.
Un ritmo de trabajo más lento arrastra la revisión del planeamiento urbanístico de la localidad, que aún no ha sido sometido a su aprobación inicial, pese a que el Consistorio recepcionó el documento elaborado por el arquitecto redactor Enrique Bardají en enero de 2007. Estos trabajos se suspendieron mientras se realiza la adaptación del texto a las normas urbanísticas de la Junta de Andalucía.

Marbella acelera los trámites de las nuevas piscinas ante el aumento de la demanda. Marbella (SUR)

El Ayuntamiento licita el contrato de obras de las instalaciones de Miraflores y Fuentenueva y confía en arrancar los trabajos en enero
05.10.2009 -
M. J. CRUZADO
MARBELLA

Marbella acelera los trámites de las nuevas piscinas ante el aumento de la demanda
La piscina cubierta municipal se ubicaría en el edificio del antiguo mercado, frente al centro cultural Cortijo Miraflores. / JOSELE-LANZA
La única piscina municipal cubierta de Marbella también tiene lista de espera. Unas 800 personas se han quedado fuera este año sin poder practicar natación en las instalaciones climatizadas del complejo polideportivo Antonio Serrano Lima. Por su piscina pasan diariamente unos 3.000 usuarios, 1.800 de ellos de las escuelas y cursos municipales y el resto, miembros de asociaciones y clubes deportivos, según datos facilitados por la concejalía de Deportes.
El horario ya no se puede estirar más. Las instalaciones están abiertas de 6.30 horas hasta bien entrada la noche. La demanda se ha disparado este año, en parte por la crisis económica que ha provocado que muchos usuarios dejen de pagar la cuota del gimnasio y se apunten a actividades deportivas gratuitas subvencionadas por el Consistorio. El proyecto de las dos futuras piscinas cubiertas en Miraflores y Fuentenueva (San Pedro Alcántara) es ahora más urgente que nunca.
El Ayuntamiento de Marbella ha dado un paso definitivo para acelerar los trámites con la aprobación de la licitación del contrato de obras de los dos proyectos básicos por un total de seis millones de euros cofinanciados a partes iguales con la Junta de Andalucía. Con ese dinero el Consistorio prevé la construcción de dos piscinas cubiertas de 25 metros (la mitad que una olímpica) así como salas de musculación y otras actividades deportivas. En Miraflores, además, el objetivo es aprovechar las obras para construir un parking subterráneo. La actuación sería más compleja y algo más costosa que en San Pedro porque habría que demoler el antiguo edificio del mercado e incluso desviar la tubería de embovedado de Río Huelo, bajo el inmueble, aunque todo dependerá del proyecto definitivo que salga elegido.
Para acelerar los trámites, el Consistorio asumirá la obra y la gestión de la nuevas piscinas cubiertas tras desistir de la concesión privada ante los problemas de financiación de las empresas para acceder a este tipo de concursos públicos.
Plazos
Las empresas interesadas en acometer ambas infraestructuras tienen 13 días naturales para presentar sus ofertas, a contar desde la publicación el pasado miércoles del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El objetivo del equipo de gobierno es comenzar a la vez las obras de ambas instalaciones, en principio para enero del año que viene, con un plazo de ejecución que rondará en ambos casos los 18 meses.
El retraso en la aprobación del PGOU, sin embargo, puede dar al traste con las previsiones. En San Pedro no habría problemas para cumplir con los plazos fijados, pero parte del suelo donde se construirá el complejo deportivo de Miraflores está catalogado como parques y jardines en el anterior planeamiento urbanístico; lo que significa que las obras deberán esperar a que la Junta de Andalucía dé luz verde al nuevo Plan. El tiempo corre en su contra. El expediente del PGOU está sin cerrar a falta de cuatro informes sectoriales que deben aportar las consejerías de Medio Ambiente y Cultura y las direcciones generales de Costas y Carreteras. Una vez completada la documentación, la Junta se ha comprometido a acortar los plazos casi a la mitad, es decir, dos meses y medio.
«En el peor de los casos, iniciaríamos las obras en San Pedro y esperaríamos a la aprobación definitiva del PGOU para empezar en Marbella», apuntó el edil de Deportes, Ángel Mora.

Ruta guiada por las pinturas murales (SUR)

El Ayuntamiento, a través de la Sección de Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha organizado una ruta sobre pinturas murales con motivo de la celebración de la I Semana de la Arquitectura 'Ciudad de Málaga'. Se celebrará el próximo jueves, a las 12.00 horas, desde la plaza de la Higuera.

Las empresas tardan un año en cobrar facturas de las administraciones públicas (SUR)

La Confederación de Empresarios pide a los ayuntamientos que reduzcan la morosidad para asegurar la viabilidad de las pymes Los constructores cifran la deuda en 100 millones de euros

Las empresas tardan un año en cobrar facturas de las administraciones públicas
Reparación de la acera de una barriada. / J. J. BUIZA
La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha alertado sobre la situación en la que se encuentran las empresas por las demoras en los pagos por parte de las administraciones, que en algunos casos alcanzan un año, y ha reclamado a los ayuntamientos que reduzcan la morosidad para asegurar la viabilidad de las pymes.
En la actualidad, una docena de ayuntamientos malagueños tiene problemas «serios» para pagar a las empresas. Algunos de ellos «han dejado» de pagar sus deudas y otros tardan alrededor de doce meses, aseguró a Efe el vicepresidente ejecutivo de la patronal, Javier González de Lara. Detrás de los problemas que tienen las administraciones públicas, en particular los ayuntamientos, para pagar a las empresas subyace la necesidad de modificar el modelo de financiación municipal, según sostiene el directivo de la CEM.
Las dificultades para la obtención de créditos, situaciones «heredadas» de corporaciones anteriores -caso de varios ayuntamientos de la Costa Occidental-, y la paralización del desarrollo inmobiliario, con la consiguiente reducción de ingresos para las arcas municipales, son algunas de las causas de esta falta de liquidez.
Sustento económico
La construcción ha sustentado en los últimos años la economía de los ayuntamientos y «como consecuencia de ello falta un modelo de financiación definido», que se agrava con la población de hecho a la que deben prestar servicio en verano. Todo ello, «lo sufren las empresas, que están ahogadas», afirmó González de Lara, quien calificó de «disparatado» el modelo actual de financiación local, porque «no permite la continuidad» de las corporaciones.
Javier González de Lara recordó que la CEM ya alertó antes del verano de que «la crisis no había tocado fondo», y ha confiado en que las empresas no sean «víctimas» de esta situación y puedan «resistir», si bien se mostró pesimista por las consecuencias que puede tener el aumento de la presión fiscal.
Los ayuntamientos tienen una capacidad de obtención de recursos «limitada», y en los últimos años «han vivido de la bonanza de la economía y la construcción», insistió. En este sentido también se pronunció el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, José Prado, quien manifestó a Efe que si los ayuntamientos no saldan la deuda con las empresas de este sector, muchas tendrán que acudir a la Ley Concursal a final de año.
Según sus cálculos, las administraciones públicas de Málaga, sobre todo ayuntamientos, adeudan a las constructoras unos 100 millones de euros. Por ello, Prado ha hecho un llamamiento a las administraciones para que «hagan un esfuerzo y liquiden gran parte de la deuda que mantienen», pues los retrasos en los pagos alcanzan un año.

Cuenta atrás para volver a Atarazanas (SUR)

Los comerciantes del mercado central iniciarán en marzo de 2010 el traslado a sus antiguos puestos tras dos años de obras para recuperar el emblemático edificio
05.10.2009 -
IGNACIO LILLO
MÁLAGA

Cuenta atrás para volver a Atarazanas
Los puestos, de vivos colores, destacan sobre la estructura de hierro, tejas y vidrio./ CARLOS MORET
Las de este año serán las últimas navidades que comerciantes y clientes pasarán en el mercado provisional de la calle Camas. Si las obras se desarrollan tal y como está previsto, a finales de febrero o principios de marzo del próximo año comenzará el traslado a un mercado de Atarazanas totalmente remozado. Es la fecha que maneja el presidente de la asociación de vendedores de este recinto, David Ruiz. La dirección de la obra, por su parte, prefiere no dar plazos, aunque sí reconoce que se está trabajando a destajo para que esté concluido cuanto antes.
Las obras de reforma del histórico centro comercial ya se encuentran a un nivel muy avanzado y previsiblemente concluirán el próximo mes de diciembre. Sin embargo, aún quedan varios flecos para poder reabrir el edificio, según explica el arquitecto responsable del diseño, José González Gallegos. «La obra está muy avanzada: se ha terminado la vidriera, el torreón está restaurado y la cubierta de las naves laterales y de la central, que es de vidrio, también está ejecutada, pendiente sólo de los acabados. El cascarón no nos preocupa, pero los plazos los marca la construcción de los puestos», comenta.
Permisos
Por lo tanto, falta concluir los puestos y su instalación, que comenzará en el plazo de un mes, así como las acometidas eléctricas, con un nuevo centro de transformación integrado en el edificio, instalar la compactadora de basura y, por último, la recepción por parte del Gobierno central y los permisos de Sevillana-Endesa, Emasa y de los Bomberos, con sus correspondientes plazos.
«Se va a acelerar todo al máximo; tenemos la voluntad de llegar cuanto antes, por la demanda de los comerciantes, que nos piden trasladarse lo antes posible», reconoce González Gallegos.
Un aspecto que corrobora Manuel Villamuela, vocal del mercado y buen conocedor del desarrollo de las obras. «El ritmo de trabajo es frenético, a doble turno, se están montando las estructuras de los puestos, los paneles de acero y la maquinaria industrial, pero aún tienen que terminar los mostradores y no da tiempo a que estén listos antes de la campaña de Navidad», explica.
Para los comerciantes, volver a su antigua casa es la esperanza a la que se aferran para remontar los malos resultados que han cosechado desde que se mudaron al inmueble provisional de Camas. «No se puede hacer una idea, ha bajado mucho la venta, hasta un 80%. Un puesto que vendía mil euros, ahora está en 250. Incluso se han cerrado algunos y se ha destruido empleo», recalca David Ruiz. A su juicio, «este mercado no le ha gustado al pueblo de Málaga, la gente quiere la distribución de antes, aquí los puestos están liados, no se ve la competencia cerca», argumenta.
Pero lo cortés no quita lo valiente y el presidente de los empresarios destaca la ilusión con que el colectivo afronta la reforma. «Va a ser un bombazo, se está haciendo muy bien, con materiales de calidad», concluye.