El PSOE de Torrox denunció ayer que el equipo de gobierno cuatripartito (IU, PSA, PIU, PP), va a «regalar» 75.000 euros a los cinco maestros propietarios de viviendas en la zona de Colina del Sol para conseguir que entreguen sus inmuebles, sin recurrir al contencioso. El portavoz socialista, Francisco Muñoz, criticó esta decisión porque «se podía haber hecho sin ningún coste para el Ayuntamiento, si se hubiera ejecutado la orden de desalojo dictada por un tribunal», manifestó. «¿Que hay detrás de todo esto para que el gobierno de Toñi Claros haya optado por regalar 75.000 euros a cinco maestros en lugar de desalojar las viviendas cuando pudo hacerlo sin coste alguno?», se preguntó. Por su parte, el concejal de Turismo, José Pérez (PSA), explicó que el desalojo no impedía continuar el contencioso, por lo que han optado por un acuerdo que pone fin al procedimiento judicial. En estos terrenos se ha proyectado la construcción de un hotel.
Un promotor, un constructor y dos arquitectos se enfrentan a un total de quince años de cárcel por parcelación de fincas agrícolas en las que se construyeron viviendas unifamiliares, algunas con piscina, en el término municipal de Álora. El fiscal les imputa delitos contra la ordenación del territorio, falsificación de documento oficial y uso de documento oficial falso. El juicio se celebrará a finales de este mes en la Audiencia Provincial.
Los hechos por los que han sido acusados por la Fiscalía de Málaga se remontan a los años noventa. Entre 1996 y 1997 el promotor adquirió siete fincas en el paraje conocido como Arroyo Bujía, en Álora, con una superficie total de 90.000 metros cuadrados. Posteriormente, en 1999, agrupó y segregó en nueve lotes de 10.000 metros cada uno que son a efectos agrarios, unidades mínimas de cultivo por lo que al no ser formalmente una parcelación urbanística, el Ayuntamiento de Álora expidió certificados en los que se establecía que no era necesaria licencia, «pese a que en realidad se había realizado una clara parcelación urbanística», asegura el Ministerio Público, dividiendo la finca en otras nueve, en las que entre 2003 y 2004 se edificaron por parte del constructor y el arquitecto también acusados ocho viviendas unifamiliares, cinco de ellas con piscina, que fueron vendidas a terceros. El suelo sobre el que fueron construidas estaba calificado como no urbanizable en 1993 y en las certificaciones catastrales se hizo constar por otro técnico imputado, que ya ha fallecido, una fecha falsa. Según la acusación pública, estos documentos fueron utilizados por el promotor para dar apariencia de legalidad a las viviendas y, así, poder venderlas.
Posteriormente, en 2004, el promotor procesado adquirió otra finca, esta vez en el paraje Cuesta del Algarrobo, también en Álora, de 44.500 metros cuadrados de superficie, y repitió la operación de parcelación, aunque solicitó una licencia urbanística para naves de aperos, pero en realidad edificó cuatro viviendas unifamiliares con el mismo constructor y arquitecto que intervinieron en la anterior promoción.