viernes, 17 de julio de 2009

Urbanismo y Trops desbloquean la situación de la cooperativa. Vélez-Málaga (La Opinión)

Representantes de la cooperativa de frutales Trops se reunieron ayer con el gerente de Urbanismo de Vélez Málaga, Domingo Poyato, para desbloquear los proyectos de eJustificar a ambos ladosxpansión de las instalaciones.
Ambas partes mostraron su disposición para que Trops continúe en Vélez tras la amenaza de la cooperativa de marcharse al no poder afrontar los 1,3 millones de euros del coste de las infraestructuras de la zona.
El gerente de Urbanismo dijo que el lunes se volverán a reunir en presencia de la alcaldesa de Vélez Málaga, María Salomé Arroyo; el edil de Urbanismo, Salvador Marín; los técnicos municipales, los propietarios del sector y la propia Trops. Poyato sí adelantó que los servicios jurídicos del Ayuntamiento consideran inviable invertir el dinero del 10% del suelo que le correspondería al Consistorio como patrimonio municipal por el desarrollo del sector en las infraestructuras que permitan el desarrollo de dicha parcela.
El gerente de Trops, Enrique Colilles, añadió que pasarán el informe a sus abogados para comprobar la legalidad.

El símbolo del GIL se legaliza a cambio de unos cuantos garajes. Marbella (La Opinión)

El Consistorio propone que el Banana Beach no se derribe a cambio de ceder sus aparcamientos como equipamiento


Construcción. El Banana Beach, justo detrás del arco de Marbella. P. S.

P. SÁNCHEZ. MARBELLA El gobierno municipal del PP ha propuesto lo que ningún arquitecto pensaría que se podría proponer, legalizar el edificio que simboliza el urbanismo más feroz de la etapa de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL).
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, adelantó ayer que la promoción Banana Beach, a la entrada de la localidad y cercana a los también conocidos arcos que señalizan Marbella, quedará incluido en el proceso de normalización.
A cambio, sus constructores deberán ceder áreas comunes del inmueble, tales como sus aparcamientos o sus jardines. Estos espacios se destinarán a equipamientos públicos y de esta forma, podrá convertirse en un conjunto de viviendas legales.
Éste era el sueño de sus más de 300 vecinos. Uno de ellos fue el encargado de promover a la conocida plataforma de afectados por el PGOU.
Actualmente, este colectivo, prácticamente extinto, no ve oportuna la necesidad de luchar por una batalla que ya parece ganada, la legalización de su inmueble. Un edificio cuya situación de irregularidad conocieron con los primeros estudios de la Junta de Andalucía sobre el terreno, según argumentaron algunos.
"Tienen licencia municipal y están habitados", justificaba ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz. La regidora no concibe que un edificio en el que "aún tienen hipoteca sus residentes" pueda echarse abajo como tal cosa.

Otra plataforma. "Tenemos que defender la buena voluntad de esos vecinos que compraron su casa y que probablemente sea el único bien que poseen", añadió.
No todos están conformes con la decisión. Hay una plataforma que tampoco concibe quedarse sin la zona de playa que, según aseguran, el Banana Beach les continúa robando de sus vistas.

El PGOU de Marbella deja sólo mil construcciones sin legalizar (La Opinión)

La mayoría son estructuras sin consolidar y que, por tanto, están deshabitadas. El gobierno municipal del PP mantiene la regularización de los 18.000 edificios que no se ajustan al Plan General vigente, de 1986. La novedad radica en la regulación de los inmuebles más polémicos





Explicación. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ayer en la rueda de prensa. La Opinión

PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA La piqueta no se cebará con Marbella. El gobierno municipal del PP prefiere que ni siquiera arranque. Para ello, ha apostado por regular la situación de la mayoría de las construcciones ilegales, especialmente las viviendas, ejecutadas durante el mandato del Grupo Independiente Liberal (GIL).
En total, los populares proponen salvar de la demolición a 18.000 viviendas irregulares a través del Plan General de Ordenación Urbana que se aprobará provisionalmente por segunda vez el 29 de julio. Son la totalidad de las casas que no se ajustaban al Plan vigente, de 1986.
Inicialmente, quedaban fuera de ordenación 752. Esta cifra se redujo a 500 con la primera aprobación provisional. El PP planteó la normalización de las promociones deshabitadas de Jardines del Príncipe, en plena milla de oro, y Jardines de la Costa, en San Pedro Alcántara. Actualmente, este medio millar prácticamente se anula, al regularizar los inmuebles más polémicos de la ciudad, como el Banana Beach.
En torno a un millar de construcciones, la mayor parte estructuras por consolidar, se incluyen en el nuevo documento urbanístico bajo la etiqueta conocida como ´fuera de ordenación´. Su significado es muy sencillo, no se ajustan al planeamiento, no se normalizan y, por tanto, su futuro queda pendiente de un dictamen judicial. Su denominador es común: lógicamente, ninguna está habitada. Una característica que ayer resaltó especialmente la alcaldesa, Ángeles Muñoz.
"Nuestro compromiso siempre ha sido proteger a los compradores de buena fe de las edificaciones que quedaban fuera de ordenación", recordó. Esta última versión del Plan General lo materializa. Todas las viviendas habitadas quedan incluidas en el proceso de normalización. Sin excepción. Incluso, aquellas cuya legalización parecía imposible.
Los principales puntos negros del proceso de normalización eran las promociones conocidas como Banana Beach, con más de 300 residentes, y las construcciones situadas en las zonas de La Víbora y Río Real, con 30 cada una. Todas ellas tienen informes técnicos y jurídicos que contradicen su legalización. Sin embargo, ahora se incluyen dentro del proceso de normalización.
La corporación municipal, reunida en pleno, deberá refrendar esta importante modificación incluida en el documento urbanístico. La última palabra queda en boca de la Junta de Andalucía, que deberá estudiar si las medidas propuestas por el Ayuntamiento se ajustan a las leyes y normativas vigentes.
Por el momento, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio no quiere hacer ninguna valoración al respecto. El grupo municipal socialista, sí, pero con cautela. "Tendremos que ver cómo se sustenta esa regularización. No es algo tan sencillo como borrar y dibujar de nuevo. En cualquier caso, si se ha logrado conseguir un encaje legal que defienda el patrimonio de los ciudadanos, estamos de acuerdo", avanzó la portavoz del PSOE en el Consistorio, Susana Radío.
La protección de los llamados compradores de buena fe llega más lejos. Un artículo introducido en la memoria jurídica del PGOU pretende librar a los adquirientes de las cargas urbanísticas que deben compensar para regularizar sus propiedades y que, en algunos casos, superaban los 12.000 euros por vecino.
Este texto, añadido por el Ejecutivo local, se fundamenta en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), pero "no solucionaba nada", de acuerdo con los juristas consultados por este diario.
"Las cargas de un suelo están íntimamente ligadas a su dueño", indicaron. Por lo que, en la práctica y de acuerdo con las fuentes consultadas, no tiene mucho sentido esta añadidura introducida por los populares en el Plan elaborado inicialmente. Un trabajo que le correspondió al equipo redactor elegido por la Junta de Andalucía cuando tenía las competencias urbanísticas, el gabinete del arquitecto Manuel González Fustegueras.
Por aquel entonces, en 2006, la Oficina de Planeamiento, radicada en la ciudad, cuantificaba las construcciones irregulares. La Opinión de Málaga tuvo acceso a este informe, hecho público hace tan sólo unos días, que cifraba en 38.194 el total de las obras irregulares consolidadas. Esta cantidad no sólo se refiere a las viviendas. Incluye hoteles, colegios, naves industriales, centros comerciales y hasta un helipuerto y una capilla que no se ajustaban al planeamiento vigente.
Un millar son las que quedan pendientes de la piqueta. "No es un punto final a Marbella. No es un borrón y cuenta nueva", sentenció la alcaldesa. Sin embargo, no todos los vecinos están conformes. La plataforma 29-M, en la que se integran los dueños de viviendas legales, considera que estas últimas determinaciones son más graves de lo que aparentan. "Antes era una amnistía encubierta. Ahora, lo sigue siendo, pero descarada", afirmaron ayer. El futuro inmediato de la localidad vuelve a quedar pendiente de un pacto político y por supuesto de una voluntad judicial.

El Banana Beach se legalizará mediante su inclusión en el plan del polígono. Marbella (SUR)

Las promociones de Río Real y La Víbora también se normalizan en el PGOU modificado por el equipo de Gobierno
El Banana Beach se legalizará mediante su inclusión en el plan del polígono
La alcaldesa se dirige a los empresarios durante el almuerzo organizado ayer por el Centro de Iniciativas Turísticas. /JOSELE-LANZA
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella que se aprobará de forma provisional el 29 de julio introducirá tres modificaciones sustanciales por parte del equipo de Gobierno que constituirán un alivio para cerca de medio millar de familias cuyas viviendas permanecían hasta ahora fuera del proceso de regularización de inmuebles ilegales que contempla el texto urbanístico. El edificio Banana Beach y las promociones en Río Real y La Víbora se incluirán, a través de distintas fórmulas, en el nuevo documento entre las cerca de 18.000 viviendas fuera de ordenación que serán normalizadas por el PGOU.
La legalización del Banana Beach, que acoge cerca de 300 apartamentos, pasa por su integración en el plan especial de desarrollo del polígono de 'La Ermita'. La actuación, enmarcada en un proyecto integral junto con la ampliación del puerto pesquero-deportivo de 'La Bajadilla', contemplaba la construcción de dos torres que han sido eliminadas en el documento y cuya edificabilidad y altura serán compensadas con la existente en el Banana Beach. El gobierno municipal considera que no tendría sentido dar vía libre al derribo de los polémicos bloques para levantar posteriormente otros al lado. El sistema de cargas establecido en el Plan para la normalización de inmuebles irregulares comprende además la cesión de aparcamientos y zonas comunes del edificio que pasarán al patrimonio municipal.
Esta es la propuesta incorporada al documento que se llevará a pleno para su aprobación provisional y que será trasladada a la Junta de Andalucía para su visto bueno definitivo. El equipo de gobierno no comparte los criterios de los redactores del PGOU sobre que el suelo en el que se asienta el Banana Beach es irremplazable. El Ejecutivo local considera inviable la construcción de otro inmueble donde trasladar a los propietarios del edificio en virtud de esta premisa establecida por el equipo que coordina el arquitecto jerezano Manuel González Fustegueras. «No es un argumento de peso», aseguró ayer la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.
Asimismo, la regularización de la treintena de viviendas ubicadas en El Alicate, en la zona de La Víbora, que hasta la última revisión del documento también quedaban fuera del proceso de normalización, se fundamenta en la cesión de espacios comunes de la promoción inmobiliaria para convertirse en equipamiento público.
Río Real
En el caso de un grupo de casas en Río Real, el Gobierno municipal propone la adopción de medidas para proteger la zona de posibles inundaciones, dado que este riesgo supone, según la regidora, el principal escollo fijado por el equipo redactor para la legalización de estos inmuebles.
El Ejecutivo local confía en que la Junta respalde las modificaciones respecto a las tres promociones y comparta su anunciado criterio de regularizar las viviendas ocupadas. El Gobierno municipal sostiene que en el nuevo PGOU no vale todo, por lo que mantiene fuera del proceso de normalización más de un millar de inmuebles. Eso sí, todos sin habitar. La alcaldesa subrayó ayer que multitud de convenios y licencias suscritos por anteriores corporaciones no tienen cabida en el documento y apuntó que el Ayuntamiento de Marbella deberá enfrentarse por ello a reclamaciones patrimoniales una vez aprobado de forma definitiva el Plan.

La Junta propone compensar a los dueños de Arraijanal con otros suelos (SUR)

La medida obligaría al Ayuntamiento a reformar una gran parte del nuevo PGOU para que el Gobierno andaluz no tenga que pagar por la finca
Los propietarios valoran los terrenos en unos 300 millones de euros

Arraijanal se ha convertido en uno de los asuntos más controvertidos del debate urbanístico de la ciudad en los últimos años. A finales del mes pasado, la Junta de Andalucía lanzó la idea de promover la realización de un parque marítimo en la zona, para la que el Ayuntamiento había previsto la construcción de hoteles y viviendas. Acto seguido, los propietarios de los terrenos lanzaron el mensaje de que no estaban dispuestos a reducir su valor, calculado inicialmente en un mínimo de unos 180 millones de euros. Y ahora, es el Gobierno andaluz el que mueve ficha en un intento de no tener que abonar tan elevada cantidad de dinero por el suelo para realizar el parque.
Según fuentes municipales, responsables de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio se han puesto en contacto con el equipo de gobierno para solicitarle que modifique el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y califique Arraijanal como sistema general. Esto supone que la parcela se obtendría para la Administración pública mediante la compensación a sus dueños con derechos edificatorios en otros puntos de la ciudad. Sin embargo, al tratarse de un terreno de medio millón de metros cuadrados para el que sus dueños calculan un considerable valor, apoyándose en los proyectos que han estado planificados para su desarrollo como una zona de uso turístico, la compensación implicaría una considerable reestructuración del PGOU.
Miles de viviendas
Según las fuentes consultadas, la compensación del valor de los suelos de Arraijanal conllevaría aumentar la edificabilidad en numerosos puntos de la ciudad para obtener techo para unas cinco mil viviendas o incluso más. Esto obligaría a revisar todos los números del nuevo Plan General, a lo que el Consistorio no parece dispuesto, sobre todo porque tiene firmado un convenio con los dueños de los terrenos para su urbanización por el que percibiría 28 millones de euros.
Se abre por lo tanto un nuevo frente de conflicto entre la Junta y el Ayuntamiento por el modo de obtención de unos suelos cuyos propietarios cifran en unos 300 millones, un valor que están dispuestos a defender, incluso llegando a ejercer acciones ante los tribunales.
Entre tanto, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio difunde las bondades de su propuesta en el menú principal su página web, en un apartado bajo el título 'Propuesta nuevo parque metropolitano Arraijanal'.
MÁS INFORMACIÓN: Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.www.juntadeandalucia.es/viviendayordenaciondelterritorio.

El Ayuntamiento restringirá el tráfico en el eje de Parras, Montaño y Madre de Dios (SUR)

Urbanismo saca a concurso las obras para renovar el pavimento de las calles y crear un carril bici
El Ayuntamiento restringirá el tráfico en el eje de Parras, Montaño y Madre de Dios
Los aparcamientos en superficie serán suprimidos. / SUR
El eje que conforman las calles Parras, Guerrero, Montaño, la plaza de Montaño y Madre de Dios tendrá un carácter más peatonal y quedará restringuido al tráfico con el objetivo de potenciar su función de plataforma para albergar el carril exclusivo para bicicletas que se construirá entre el puente de Armiñán y la plaza de la Merced. Así se desprende del proyecto que ayer sacó a concurso la Gerencia Municipal de Urbanismo y que consiste en la renovación del pavimento de las calles Madre de Dios y Montaño y de la plaza de Montaño.
Esta actuación, que supondrá una inversión de un millón de euros, tiene un plazo de ejecución de seis meses y será financiada en gran parte con fondos europeos, dentro del programa de Iniciativa Urbana para renovar varios enclaves degradados del entorno de la calle Carretería hasta el año 2015.
Pivote
Las obras incluyen la instalación de un pivote hidráulico en la entrada hacia las calles Guerrero y Parras desde Dos Aceras y la plaza de Montaño. De este modo, el Ayuntamiento pretende que el sector dominado por la iglesia de San Felipe Neri, donde recientemente han finalizado las obras del museo del vidrio y promociones de viviendas públicas, quede limitado al tráfico de los residentes en la zona. Además, según se apunta en el proyecto, se facilita el tránsito de las bicicletas que circulen por el futuro carril entre el Molinillo y la Merced.
La transformación de las calles Madre de Dios y Montaño consistirá en la supresión de los actuales aparcamientos en superficie para dejar aceras y calzada al mismo nivel, aunque diferenciadas por el pavimento (la calzada, de 2,4 metros de anchura, será de granito gris y las aceras, de un metro, de piedra natural Sierra Elvira). Además, en uno de los márgenes del eje se realiza un carril para bicicletas en granito de color rojo, con un ancho de un metro.
La transformación de esta zona, cercana al Teatro Cervantes, se completa con la renovación de la plaza de Montaño, en la que se colocarán tres nuevos bancos y cuatro palmeras de unos siete metros de altura que se sumarán a la que ya existen en este punto. Además, está previsto habilitar un espacio en esta plaza para un aparcamiento de bicicletas. No obstante, estas actuaciones no suprimirán el tráfico en el eje de la calle Dos Aceras, que se mantiene hacia Álamos.

Los alcaldes de la Axarquía quieren tener manos libres sobre el urbanismo. Vélez-Málaga (SUR)

La Mancomunidad oriental exige la modificación de la LOUA para acabar con la inquietud sobre el futuro de miles de viviendas. La Junta sostiene que resolver así las infracciones es una aberración
Los alcaldes de la Axarquía quieren tener manos libres sobre el urbanismo
Los alcaldes de la comarca buscan en la modificación de la LOUA una reactivación del sector la construcción en la Axarquía. / EVA GUZMÁN
Los alcaldes de la Axarquía no quieren renunciar al urbanismo. Ni ponerle un coto tan definido como el que propone la Junta en su normativa sobre la ordenación del territorio. La totalidad de los responsables municipales de la comarca, independientemente de su color político, siguen viendo la construcción como una vía de desarrollo para sus municipios, de ahí que de manera unánime y sin apenas debate previo hayan decidido plantar cara a la Junta de Andalucía y exigir a través de la Mancomunidad oriental la reforma y modificación inmediata de la Ley de Ordenación Urbanística andaluza (LOUA). De este modo, aspiran a reimpulsar el sector de la construcción y desbloquear el urbanismo, ahora totalmente paralizado, según los propios alcaldes, como consecuencia de los numerosos procedimientos judiciales abiertos por supuestas irregularidades en materia de planeamiento, que afectan a la mayor parte de los pueblos de la comarca.
Al presidente de la Mancomunidad, José Jesús Domínguez Palma (PSOE), no le preocupa en absoluto que la iniciativa de la entidad, respaldada por todos los partidos políticos con representación en el organismo (PSOE, PP, IU y PA), se pueda interpretar como una revuelta o un frente contra la Junta de Andalucía y la legislación aprobada por el Parlamento para regular el desarrollo urbanístico en Andalucía. «Queremos aportar soluciones. No es una reflexión para salvar el pellejo a nadie», asegura.
No obstante, a nadie se le escapa que el acuerdo se produce a remolque de la iniciativa de los alcaldes socialistas de exigir que las presuntas irregularidades cometidas se resuelvan por la vía del derecho administrativo y no la penal. En este sentido, los regidores hacen constar en el acuerdo de la Mancomunidad que el problema judicial al que se enfrentan algunos ediles «es fruto de la aplicación de las diversas normas urbanísticas».
Domínguez afirma sin complejos que «la normativa andaluza en la comarca está causando una grave problema, porque hay cientos de ciudadanos que ejecutaron sus viviendas de buena fe y con todos los permisos que están siendo citados a los juzgados y tratados casi como delincuentes».
Desde esta perspectiva, defiende que pedir la reforma de la normativa andaluza, tanto la LOUA como el Plan de Ordenación Territorial de la Axarquía (POTAX), es un derecho que asiste a los regidores. «Hay algo que está fallando y las leyes deben estar hechas no para ponerse en contra de los ciudadanos», declara.
El responsable de la Mancomunidad insiste en que el desencanto con la normativa andaluza en materia urbanística, aprobada en 2002, es generalizado en la comarca, hasta tal punto que los alcaldes no tienen el más mínimo pudor en culpar en parte de todo lo ocurrido a la existencia de un marco normativo disperso y cambiante, cuya interpretación ha sido «difícil, confusa e incomprensible».
Para la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, que no interpreta el requerimiento de la Axarquía como un pulso a la Junta, lo que realmente ha empujado a la Mancomunidad a pedir la modificación de la LOUA es la vía judicial, a veces incluso penal, abierta contra las infracciones urbanísticas.
Aberración
Según López, desde la Dirección General de Inspección se está colaborando con algunos ayuntamientos para elaborar un inventario de viviendas en suelo no urbanizable, porque es necesario conocer la realidad antes de poder establecer una solución. «Sin conocer la opinión de la Consejería ni lo que realmente proponen los alcaldes, lo que no se puede es querer resolver todas las infracciones cometidas con anterioridad con una modificación de la LOUA, ni se puede convertir en urbanizable todo un término municipal porque eso sería una aberración. Nunca una modificación va a ser para permitir construcciones indiscriminadas en todas partes», asegura la delegada, que en cambio si se muestra más receptiva con la posibilidad de elaborar un reglamento para regular las construcciones en el campo.
Aunque Domínguez asegura que lo único que mueve a la Mancomunidad es la inquietud que existe entre los propietarios de estas viviendas sobre el futuro de las mismas, el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción), ve detrás del acuerdo una estrategia para conseguir la derogación de la figura del «no urbanizable» para el suelo rústico, y dejar este territorio como «urbanizable» a todos los efectos, salvo los parajes protegidos.
Las propuestas de modificación se elevarán a través de una mesa de trabajo que la entidad supramunicipal quiere que esté integrada por representantes de la Junta, Diputación, los ayuntamientos, los colegios oficiales de Arquitectos y Abogados, la asociación de promotores y constructores, los sindicatos y otros agentes sociales, aunque no así los ecologistas, que son los que más críticos se han mostrado con el construcción incontrolada en el suelo no urbanizable de la Axarquía.
Esta no es la primera vez que los alcaldes de la comarca, con los ediles socialistas a la cabeza, se colocan frente a frente al Gobierno de la Junta. Ya lo hicieron por primera vez en 2006 con motivo de la aprobación del Plan de Ordenación Territorial de la comarca, documento al que dieron un «respaldo condicionado», para forzar cambios que no han llegado. Para los alcaldes, el POTAX ni regulariza las viviendas irregulares ni atiende las peculiaridades de la Axarquía, a la vez que condena a los pueblos del interior a tener que vivir sólo de la agricultura.
Algunos regidores, que prefieren mantenerse en el anonimato, afirman que lo que la Junta está recurriendo en la comarca de la Axarquía se permite en otras provincias. «En Granada no se está recurriendo un sólo proyecto de actuación», aseguran.
Los proyectos de actuación tienen la finalidad demostrar la vinculación de las construcciones en el suelo no urbanizable a los usos permitidos (caza, ganadería, agricultura...). La Delegación de Vivienda y Ordenación del Territorio ha venido emitiendo informes negativos para tales proyectos.
Pese a todo, los alcaldes han estado concediendo licencias por decreto, previo acuerdo del pleno. La Junta, sin embargo, ha recurrido parte de estas licencias ante el Contencioso Administrativo. El resultado ha sido la anulación por vía judicial de un número de licencias, no cuantificado. Según las estimaciones de la Junta, en la comarca existen unas diez mil viviendas ilegales, mientras que los ecologistas hablan de más de 22.000.
Reacciones
El secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Heredia, valora del acuerdo de la Mancomunidad la creación de la mesa de trabajo, al señalar que los socialistas defienden un pacto social para resolver el urbanismo en la provincia. El dirigente socialista no se pronuncia sin embargo sobre la modificación de la Ley de Suelo de Andalucía exigida por los alcaldes. «No vamos a sacar conclusiones antes de comenzar», apunta.
Son muchos los municipios de la Axarquía donde la Fiscalía de Medio Ambiente ha denunciado construcciones irregulares, casi siempre con informaciones proporcionadas por el Seprona y colectivos ecologistas.
En su memoria correspondiente al año 2008, el responsable de la sección, Juan Calvo-Rubio, insistió en la falta de coloboración de las corporaciones locales para frenar los delitos urbanísticos.