lunes, 22 de junio de 2009

Aena ultima la insonorización de las viviendas afectadas por el aeropuerto (Málaga Hoy)

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) ya ha insonorizado el 80% de las viviendas afectadas por el Plan Málaga, que prevé duplicar la capacidad del aeropuerto malagueño, según destacó ayer el diputado malagueño en el Congreso Luis Tomás. En este sentido, según consta en una respuesta escrita al grupo socialista en la Cámara Baja, el número de insonorizaciones realizadas asciende a 742 sobre el total de 919, indicaron desde el PSOE.

La gran mayoría de las viviendas sobre las que se está actuando se radica en Málaga capital; mientras que las restantes, que ascienden a 90, se encuentran en el término municipal de Alhaurín de la Torre, según señalaron. Explicaron que se trata de un programa que se lleva a efecto siguiendo las directrices de la Declaración de Impacto Ambiental de las obras del aeropuerto, que obligó a establecer una huella acústica o sónica con motivo de la ampliación del campo de vuelos y del crecimiento exponencial de la actividad aeroportuaria.

Sólo el 30% de edificios con informes negativos repara los desperfectos (Málaga Hoy)

De los 481 inmuebles sometidos a examen y en los que se observaron problemas, sólo en 146 se ha pedido licencia de obras para iniciar los trabajos de mejora


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Fachada de un edificio sometido a la ITE.



A mitad de camino. Ahí es donde se ha quedado buena parte de los propietarios de edificios que decidieron cumplir con la obligación de someterlos a una exhaustiva inspección técnica y pasar la conocida ITE pero que, tras el examen, se han encontrado con la necesidad de realizar algunas mejoras en el inmueble debido a su antigüedad, de cien o más años. Los datos aportados por la Gerencia Municipal del Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga ponen de manifiesto esta realidad, puesto que hasta el momento sólo el 30% de las construcciones que cuentan con un informe desfavorable ha solicitado la pertinente licencia de obras pata acometer las mejoras necesarias.

Esta circunstancia ha sorprendido, en cierto modo, a los técnicos municipales encargados de velar por el cumplimiento de la ordenanza. El jefe del departamento de Arquitectura, Javier Pérez de la Fuente, admite que lo lógico es que "alguien que hace el esfuerzo de presentar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) sepa que tiene que pedir la licencia si se observan desperfectos y se supone que tiene la intención de hacer sus obligaciones completas".

Pero la realidad de los números habla por sí sola. En total, los propietarios obligados a realizar la inspección en esta primera fase, que afecta a los inmuebles de cien o más años y a los protegidos, han sido 2.200, de los que 1.240 han formulado el trámite. De estos últimos, 735 han pasado el examen sin problema, mientras que en 481 de los casos, los técnicos encargados de la inspección han detallado algunas intervenciones a ejecutar para evitar problemas, ya sea en las cubiertas, la cimentación o las instalaciones eléctricas, por ejemplo.

"De estas últimas, sólo hay 146, o sea, el 30%, que han dado el siguiente paso, que supone actuar sobre esas deficiencias y repararlas", comentó Pérez de la Fuente, quien advierte que en la mayor parte de los casos el plazo dado para poder demandar el permiso municipal de obras ya ha cumplido, con lo que, "están fuera de juego".

Este incumplimiento, conforme a lo que estipula la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento, conlleva la imposición de sanciones económicas, cuya tramitación, no obstante, se demorará aún algunas semanas. A este respecto, el responsable del servicio de Arquitectura admite que dados los actuales recursos humanos disponibles se quiere dar prioridad a las multas a los edificios en ruina, que son un total de 16, y protegidos, entre los que se contabilizan unos 300, para posteriormente actuar contra aquellos que se han negado a pasar la inspección técnica.

En la inmensa mayoría de los casos la cuantía que tendrán que abonar los incumplidores y aquellos que no hayan solicitado licencia será de unos 600 euros, aunque, de acuerdo con la norma municipal, las mismas pueden llegar a hasta 60.000 euros. Los informes técnicos son realizados por arquitectos o aparejadores.

Más de 4.100 jóvenes perciben ya las ayudas al alquiler del Gobierno (La Opinión)

Un total de 6.656 malagueños han solicitado la subvención, que se eleva a 210 euros por persona. El 74,7% de los expedientes ya están resueltos

LUCAS MARTÍN. MÁLAGA Un total de 4.160 jóvenes menores de 30 años están ya en disposición de percibir las ayudas al alquiler convocadas por el Gobierno y gestionadas por la Junta de Andalucía. Según informaron ayer fuentes de la delegación provincial de Vivienda, que se encarga de evaluar a los candidatos, las subvenciones, que ascienden a 210 euros mensuales, han sido solicitadas por 6.656 personas desde su puesta en marcha, que data del 1 de enero de 2008.
Del conjunto de expedientes tramitados por la administración, han sido resueltos 4.974, lo que arroja un porcentaje del 74,7 por ciento. La mayoría, con resolución favorable para los interesados, que deben cumplir una serie de requisitos para poder beneficiarse de las ayudas, designadas oficialmente como renta básica de emancipación.
La subvención se concede en exclusiva a jóvenes arrendatarios de entre 22 y 30 años con retribuciones anuales inferiores a los 22.000 euros. Una cantidad que, en la práctica, convierte en beneficiarios potenciales al grueso de la población comprendida entre esas edades. Para obtener la beca, también se requieren otros supuestos como que el piso esté declarado en el catastro. Un problema que no compete al inquilino, pero sí a los propietarios, ya que algunos de ellos arrendan apartamentos de un mismo inmueble dividido en viviendas diferentes.
Pero al margen de la picaresca, la concesión de las ayudas no dispone de demasiadas exigencias. Su tramitación comienza en el edificio negro, donde se debe presentar la documentación para su posterior ponderación por parte de la delegación provincial de Vivienda. Una vez remitido el fallo, siempre que sea favorable, el pago se efectúa a través de los bancos, que son los encargados de reclamar a la administración central el abono de la renta.
En principio, las ayudas no tardan más de cuatro meses en hacerse efectivas, aunque en los últimos meses se han detectado retrasos. La propia ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, pidió disculpas por la demora. No obstante, los pagos acaban llegando, de acuerdo con el testimonio de diversos beneficiarios consultados por este periódico.
Según indican las mismas fuentes, la renta básica de emancipación es incompatible con la solicitud de otras subvenciones destinadas a aligerar el pago del alquiler. No existe la posibilidad de que el mismo usuario se beneficie simultáneamente de dos ayudas y disfrute de un apartamento sufragado íntegramente por las administraciones públicas. No obstante, la concesión de la beca no invalida, una vez agotada, la solicitud de otras convocatorias.
Es el caso por ejemplo de las ayudas de fomento del alquiler, otorgadas por la Junta de Andalucía, que prevén subvenciones para los menores de 35 años. Se trata de un programa por el que la administración autonómica asume el pago del 40 por ciento del alquiler. El tope máximo de la aportación pública es de 2.880 euros en dos años y su gestión corresponden a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Junta. Variantes de un alivio económico cada vez más necesario.

Comienzan las obras del Centro Multifuncional del Vino (La Opinión)

El Ayuntamiento de Ronda ha iniciado la primera fase de las obras de lo que será el Centro Multifuncional del Vino, que cuenta con una inversión de cerca de un millón de euros, según informó el delegado municipal de Agricultura, Montes y Ganadería, Antonio Aranda. Esta nueva instalación se situará en los antiguos depósitos subterráneos de agua de la ciudad, que datan del siglo XVIII.
Los primeros trabajos, con un presupuesto de más de 50.000 euros, se centran en el rebaje del terreno, para acceder a los subterráneos. También se procederá al adecentamiento de las antiguas columnas y arcos. Ya en la segunda fase se acometerá la terminación del proyecto.
Escuela. La idea, según Aranda, es que dicho centro cuente con una pequeña bodega en la que se podrán elaborar los vinos de Ronda, como el procedente de las viñas municipales, así como una escuela vitivinícola para la formación de los profesionales. De igual modo, la instalación también acogerá un centro de investigación de los caldos para experimentar con otras variedades de uvas y de levaduras, así como un museo en el que estén representadas las distintas bodegas de la zona. Este proyecto también pretende fomentar el turismo, organizando visitas para que los aficionados conozcan la elaboración de los mejores vinos rondeños. La iniciativa cuenta con el apoyo y colaboración del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Málaga y Sierras de Málaga, la Cámara de Comercio y la Asociación de Viticultores de Ronda.

Remodelación integral de la entrada principal de Cártama (La Opinión)

El parque del Santo Cristo de Cártama que es la entrada principal del pueblo experimentará una reforma integral. Ya han comenzado los primeros trabajos para remodelar este espacio público. El presupuesto de las obras es de 202.000 euros procedentes del Plan de Estímulo de la Economía y el Empleo.
Los trabajos consisten en la renovación de la zona de juegos infantiles, incluyendo el pavimento de caucho y los aparatos de juego; la eliminación de las barreras arquitectónicas, el alzado de un muro perimetral en la zona de juegos y la construcción de una pista de tráfico infantil. Además, se instalará nuevo alumbrado y mobiliario urbano.
El proyecto tiene un plazo de ejecución de tres meses y medio y darán empleo a seis trabajadores. "Estamos trabajando por mejorar las instalaciones de nuestro municipio y confío en que pronto nuestros vecinos puedan tener un parque totalmente renovado donde disfrutar de sus momentos de ocio", ha declarado el alcalde, José Garrido.
El Ayuntamiento de Cártama tiene previsto invertir de los fondos estatales más de 3,3 millones de euros para financiar once proyectos que generarán más de un centenar de puestos de trabajo. "De estos proyectos tres están prácticamente terminados y ocho ya se encuentran en ejecución", dijo el regidor.

El Consistorio invertirá cinco millones en la urbanización El Lagar (La Opinión)

Tras haber recepcionado la urbanización El Lagar, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre invertirá 5 millones de euros durante los próximos cuatro años en la mejora de los servicios e infraestructuras de la zona residencial. Ya han comenzado los trabajos de pintura, ajardinado, acerado, hormigonado de varias zonas comunes y la construcción de un nuevo pasaje a la piscina, que también ha adquirido carácter público.
Además se construirá un parque biosaludable, un jardín japonés y un parque infantil en el arroyo Bienquerido y un parque mirador y pista polivalente en la cuarta fase de El Lagar. El Ayuntamiento tiene en proyecto un plan plurianual de inversiones para la reurbanización integral y modernización de redes y servicios, que estará incluido durante cuatro años en el presupuesto municipal y que suma cinco millones de euros.
También se han adoptado algunas medidas de tráfico para mejorar el sentido de la circulación por varias calles y se establecerá el sistema de aparcamientos en un sólo lateral, con carácter rotatorio cada tres meses, al igual que en el casco urbano. El Ayuntamiento ha asegurado que con la recepción de la urbanización se garantiza el funcionamiento de la recogida de basuras, el bastecimiento de aguas y el alumbrado público. "Lo primero es garantizar la prestación de servicios públicos eficaces y el interés general de los vecinos", según el alcalde, Joaquín Villanova.

El Consistorio ordena demoler un muro y un garaje que cortan el acceso a una playa. Estepona (SUR)

El Ayuntamiento avanza en su propósito de que los accesos públicos a las playas estén libres para el paso de los bañistas. El alcalde de Estepona, David Valadez, firmó un decreto para que se proceda a la demolición de un muro, un garaje y unos aparcamientos cerrados, situados en la urbanización Victoria Beach, que invaden el vial de acceso a este área pública. El regidor califica esta actuación como una infracción urbanística muy grave.
El Consistorio esteponero ha recuperado casi todos los 19 accesos a las playas que permanecían cerrados u ocupados por parte de particulares y urbanizaciones situadas en primera línea de playa. Entre los accesos que se han recuperado se encuentran los ubicados en la urbanización de El Saladillo, playa Bella, Alcazaba Beach, María Luisa Garden, Victoria Beach y playa Azul, entre otros. El que también está pendiente es el situado junto al complejo residencial Riviera Andaluza.
En este caso, según explicó la concejala de Playas, Carmen Ocaña, los servicios jurídicos municipales están estudiando las alegaciones presentadas por la comunidad de propietarios del complejo residencial. Precisamente, este es uno de los casos más complicados, ya que para acceder a la playa hay que pasar por el jardín que bordea la piscina particular de la urbanización.
Además, en este complejo se ha construido una garita de vigilancia con una valla. Según Ocaña, este acceso fue denunciado con anterioridad por el departamento de Disciplina Urbanística. La mayoría de los pasos públicos llevaban años cerrados por vecinos o construcciones. Muchos de ellos estaban bloqueados con cadenas, vallas y hasta con muros. En el municipio existen un total de 46 vías públicas para acceder a la playa.

Aena insonoriza el 80% de las casas afectadas por el ruido del aeropuerto (SUR)

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) ya ha insonorizado el 80% de las viviendas afectadas por el Plan Málaga, que prevé duplicar la capacidad del aeropuerto malagueño, según informó el diputado socialista malagueño Luis Tomás.
En este sentido, según consta en una respuesta escrita al grupo socialista en la Cámara Baja, el número de insonorizaciones realizadas asciende a 742 sobre el total de 919, indicaron desde el PSOE a través de un comunicado. La gran mayoría de las viviendas sobre las que se está actuando se radica en Málaga capital; mientras que las restantes, que ascienden a 90, se encuentran en el término municipal de Alhaurín de la Torre.
Explicaron que se trata de un programa que se lleva a efecto siguiendo las directrices de la Declaración de Impacto Ambiental de las obras del aeródromo que obligó a establecer una huella acústica con motivo de la ampliación del campo de vuelos y del crecimiento exponencial de la actividad aeroportuaria.

La crisis impulsa las donaciones de viviendas de padres a hijos (SUR)

Aumentan los progenitores malagueños que regalan sus pisos para facilitar la emancipación de los jóvenes, pese a los altos costes de esta operación
La crisis económica, que ha aumentado las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda, está llevando cada vez a más padres malagueños a regalar sus pisos a sus hijos. La donación de viviendas, figura jurídica casi en desuso y desconocida para muchos, ha experimentado un ligero impulso en la provincia, que entre marzo y abril registró medio centenar de operaciones, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), una cifra pequeña, pero que supone casi el doble de las realizadas el mismo periodo de 2008 (29), dato que constata la tendencia al alza de esta forma de transmisión de inmuebles.
El escaso número de operaciones se explica por la fiscalidad que conlleva la donación, mucho más alta que en la herencia, según explica Pedro Sicilia, oficial de notaría. Sin embargo, algunos progenitores encuentran en esta figura la única forma de ayudar a sus hijos a poder emanciparse, a pesar de que la donación de una vivienda valorada en 160.000 euros tiene un coste aparejado de más de 23.000 euros.
Parón inmobiliario
José Antonio Pérez, director de la Cátedra Inmobiliaria en el Instituto de Práctica Empresarial (IPE), cree que el constante aumento de las donaciones se explica por el parón inmobiliario: «Muchos padres ven imposible vender su piso para repartir el dinero entre los hijos, así que optan por regalárselo», explica este experto en análisis inmobiliario, que aboga por eliminar el impuesto que grava las donaciones, como ocurre en otras comunidades autónomas, para fomentar estas transmisiones familiares, ya que «sería una forma de reactivar el mercado generar empleo».
Eugenio Gómez, asociado del departamento fiscal del despacho de abogados Garrigues, encuentra en la actual coyuntura económica la única explicación del aumento de estas operaciones porque «en Andalucía se premia la donación de dinero para adquirir viviendas, y no la donación del inmueble en sí».
El coste de la donación depende del valor real de la vivienda, que establece la Junta de Andalucía en función de su situación y características. El impuesto es progresivo, es decir, cuanto mayor es el importe, más alto es el tipo impositivo.

Un seguro que sale muy caro (SUR)

Más de 15.000 malagueños vincularon a sus hipotecas contratos antisubida de tipos que les obligan a pagar si los intereses caen por debajo del tope fijado
Los afectados, que denuncian que no les informaron del riesgo ni de los gastos de cancelación, se están agrupando para presentar demandas conjuntas

Un seguro que sale muy caro
Margarita Hidalgo ha presentado una reclamación en el Banco de España./ F. GONZÁLEZ
Hipotecados, pero deseosos de que suba el euríbor. Cada vez que este indicador baja, su cuenta corriente sufre un nuevo varapalo. Es la paradoja que están viviendo miles de malagueños que, con un crédito a sus espaldas, no sólo no pueden beneficiarse de la caída de los tipos de interés, sino que este descenso les supone un perjuicio desde el día que firmaron con su banco una especie de seguro anti subida de tipos que les prometía grandes beneficios pero que hoy se convierte en su peor pesadilla.
El producto en cuestión, conocido como 'swap', 'clip' o 'contrato de permuta financiera', entre otros términos, fue comercializado por bancos y cajas en los meses en los que el euríbor se encontraba en máximos históricos. Según denuncian las asociaciones de usuarios de bancos y cajas Adicae y Ausbanc, los responsables de las entidades, conscientes de que el indicador iba a comenzar una senda descendiente, apelaron al sentido del ahorro de sus clientes para venderles «con falta de transparencia» estos contratos, que establecen un tipo de interés máximo durante un periodo de tiempo de entre uno y cinco años aunque el euríbor esté por encima.
Para empresas
Cuando el indicador supera el tipo de referencia pactado, la entidad abona la diferencia al cliente. Sin embargo, en el caso de bajadas de tipos, el usuario deberá compensar la variación. Es decir, si un contrato establece un tipo máximo del 4,95 y el euríbor está en el 5%, el cliente paga su mensualidad conforme al tipo de interés contratado y el banco le abona en la liquidación correspondiente al producto la diferencia, es decir, el 0,05%. Por el contrario, si un mes el euríbor cae al 1,6%, el cliente sigue pagando su cuota al 4,95% y además deberá abonar la variación, que sería un 3,35%, explica Felisa Ramírez, portavoz de Adicae en Málaga.
A efectos prácticos, se establece un 'techo' y un 'suelo', pero mediante opciones financieras, al tratarse de un producto derivado. Esto, según Adicae, conlleva un problema, ya que «los consumidores minoristas desconocen los riesgos». Y es que los 'swaps' tradicionalmente han estado dirigidos a empresas y profesionales para proteger sus costes financieros ante la variabilidad de tipos, explican en Adicae.
Los afectados -más de 15.000 en Málaga, según Ausbanc- entre los que también se encuentran autónomos, denuncian que los responsables de los bancos no les informaron de los altos gastos de cancelación de este contrato que, según Alfredo Martínez, delegado de Ausbanc en Málaga, rondan el 15% del importe del 'swap' contratado. «Es un auténtico fraude, una estafa», afirma Martínez, que anima a todos los afectados a reclamar.
Margarita Hidalgo es una de ellos. Asegura que en septiembre de 2008 la directora de su banco le ofreció «un producto novedoso que me iba a beneficiar». «Me planteó fijar un tipo un poco más alto del que tenía en esos momentos pero, según ella, por debajo del que alcanzaría a primeros de año, cuando me revisaban la hipoteca», explica esta mujer, de 40 años, que acabó firmando un 'clip' por un importe de 76.000 euros.
La sorpresa llegó en enero. La alegría de Margarita al ver que los intereses habían bajado se transformó en indignación cuando vio que en su cuenta corriente había un cargo de la cuota hipotecaria de 500 euros -frente a los 581 que pagaba anteriormente- y otro de la liquidación del 'clip' de 80 euros. En febrero, la cosa empeoró. La mensualidad del préstamo era la misma, pero el 'clip' aumentó a 90 euros, debido a la bajada del euríbor.
Y así hasta hoy, que este concepto ha aumentado a 100 euros. «Estoy pagando más que el año pasado», denuncia Margarita, que se ve obligada a mantener el producto porque la cancelación le cuesta 5.400 euros. «Cuanto más leo el contrato, menos lo entiendo», señala, mientras espera contestación del servicio de reclamaciones del Banco de España.
María Jesús López es otra de las afectadas, pero en su caso las liquidaciones trimestrales del 'swap' que firmó por cinco años ascienden a 2.000 euros, ya que su importe es de 240.000 euros, correspondiente a tres créditos para vivienda, negocio y coche. Cancelar este producto le costaría 18.000 euros. «Firmé el contrato porque me lo ofreció un empleado de la sucursal que era amigo mío, y ni siquiera lo leí», se lamenta esta malagueña.
Atada de pies y manos
A Luciana Wallach, cancelar su 'clip' le cuesta unos 8.000 euros, y ni se lo plantea. «Todos los meses tengo que pagar 1.432 euros y ya se me hace cuesta arriba», dice. «Estoy atada de pies y manos», apunta esta joven de Benalmádena.
El alto número de personas que firmaron estos productos ha llevado a Adicae a crear una plataforma, a la que se han unido más de 700 malagueños, para estudiar posibles medidas legales. También se han creado diferentes blogs y redes sociales en Internet para agrupar a los afectados. En este sentido, Ausbanc señala que en Málaga han presentado una treintena de reclamaciones extrajudiciales que han sido atendidas y ocho que han terminado ante los tribunales y están pendientes de resolución.
En el conjunto de España se han emitido al menos dos sentencias condenatorias por falta de información en la comercialización de 'clips', una en Jaén y otra en Álava, según señala Adicae.
MÁS INFORMACIÓN l Ausbanc. 952 060 120 l Adicae. 952 088 955.

La Guardia Civil peina la provincia pueblo a pueblo en busca de construcciones ilegales (SUR)

La investigación se hace por riguroso orden alfabético de los municipios y actualmente está revisando todos los de la letra 'B'. Desde 2003 hasta la fecha ha levantado 2.000 actas de infracción, que se envían a la Fiscalía de Medio Ambiente y a la Junta
La Guardia Civil peina la provincia pueblo a pueblo en busca de construcciones ilegales
Las construcciones ilegales siguen creciendo en la provincia de Málaga de forma descontrolada. Y lejos de disminuir como consecuencia de sonados casos en la Costa (Marbella, y en municipios del interior como Tolox -con un caso pendiente de 2.000 viviendas presuntamente ilegales) y el reciente caso de Alcaucín, que sigue en investigación, el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil constata que, pese a todo, la construcción ilegal no se ha frenado en la provincia. Con todos sus efectivos, más de 40 agentes distribuidos por todas las comarcas, ha iniciado un nuevo barrido por el interior y la Costa, que prevé culminar cuando acabe el verano. La inspección se realiza pueblo a pueblo por riguroso orden alfabético, según subraya su máximo responsable, Alonso Gómez Ocón.
Por ahora, sus patrullas ya han revisado todos los municipios que empiezan por la letra 'A' (Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín El Grande, Almáchar, Almargen, Almogía, Álora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Árchez, Archidona, Ardales, Arenas, Arriate y Atajate), lo que supone una quinta parte de la provincia. Y la realidad, según demuestra la estadística que poseen, es que han levantado al menos 50 actas de infracción, que a su vez han enviado a la Delegación de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta, así como a la Fiscalía de Medio Ambiente. En el primer caso, cuando hay infracciones administrativas, y en el segundo, cuando son penales.
En la actualidad están revisando todos los de la letra 'B' y ahora le toca el turno a Benahavís. Un buen número de expedientes se abren por denuncias de vecinos, otro grueso importante proviene de denuncias realizadas a través de la Fiscalía de Medio Ambiente, ya que hay personas que se dirigen directamente al juzgado para dar curso a denuncias sobre construcciones ilegales, pero el 50% aproximadamente de los expedientes se abren de oficio, según manifiesta su máximo responsable en Málaga.
«Los agentes conocen muy bien las nuevas tecnologías de ortofotos disponibles de los distintos organismos» como son las da Diputación Provincial, las de la Consejería de Medio Ambiente y las del Ministerio de Agricultura. Es más, Alonso anima a los ciudadanos a hacer uso de este servicio de la Red que es gratuito cuando quieran comprobar si la vivienda que se está construyendo está en un terreno urbanizable. «Cuando se comparan las ortofotos de hace cuatro años y las de ahora se ve muchas zonas desocupadas y plantadas porque son terrenos agrícolas y ahora, de repente hay una nueva construcción, y desde hay es muy fácil indagar», subraya Gómez.
De hecho, lo primero que hacen los agentes cuando constatan que hay una vivienda nueva en un sitio que, en principio, no es urbanizable, mandan una carta al municipio para darle cuenta de la nueva construcción y preguntar si cuenta con las preceptivas licencias, aunque también transmiten esta información a otras instancias como son la Delegación de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta así como a la Fiscalía de Medio Ambiente.
De hecho, la jefa de Inspección de la Delegación de Ordenación del Territorio alabó la colaboración intensa que mantienen con el Seprona, que es esencial para conocer la realidad de la construcción ilegal en Málaga. En cuanto a la Fiscalía de Medio Ambiente que la semana pasada presentó su informe anual del año 2008 también valoró muy positivamente el trabajo de este cuerpo de la Guardia Civil, e incidió en que sus principales fuentes de información en el caso de edificaciones ilegales son el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y los particulares.
Prevaricación
No obstante, este nuevo plan para hacer un barrido por todos los pueblos de la provincia de Málaga se suma a una larga investigación, que se inició en 2003 y por la cual la Guardia Civil ha levantado más de 2.000 denuncias por edificaciones irregulares, de las cuales algunas corresponden a ayuntamientos por supuesta prevaricación por comisión u omisión en la autorización de viviendas irregulares y otras a afectan a técnicos, arquitectos, registradores de la propiedad y notarios por certificaciones irregulares de viviendas; y parcelaciones ilegales.
En cuanto a las irregularidades las más comunes son no tener licencia de obra ni proyecto técnico, por tener una fosa séptica (con posibles perjuicios a los acuíferos, lo cual se pone en conocimiento al Distrito Hidrográfico del Mediterráneo, antigua Cuenca Mediterránea Andaluza); y por tener unas conexiones eléctricas irregulares a Endesa y de agua, a la red municipal.