viernes, 19 de junio de 2009

Piden que se anulen 50 expedientes de derribo de viviendas. Mijas (Málaga Hoy)

La Asociación denuncia que el Ayuntamiento no les dio el derecho a una audiencia




El presidente de la Asociación por la Regularización de las Viviendas de Mijas (ARV), Juan Antonio Blanco, acompañado por el asesor jurídico, Ricardo Santandreu, reclamó ayer al equipo de gobierno (PSOE) la anulación de los 50 expedientes de derribo por la indefensión de los afectados debido a la falta del trámite de audiencia, un error que, según la ARV, reconoció el propio Ayuntamiento. Por su parte, Blanco indicó que la decisión del Consistorio de suspender la aplicación de las multas coercitivas de los vecinos infractores para decretar directamente la demolición de las viviendas irregulares "había llegado tarde", dado que la ARV llevaba pidiendo esta medida hace más de un año.

Convocan a la huelga a 70.000 trabajadores de la construcción (La Opinión)

El paro está fijado para el 1 de julio. El motivo de la disputa radica en la falta de acuerdo entre empresarios y sindicatos acerca de la revisión salarial de los empleados del sector

M. GARCÍA. / I. A. CASTILLO. MÁLAGA Los sindicatos CCOO y UGT han convocado a la huelga el próximo 1 de julio a más de 180.000 trabajadores de la construcción en Andalucía, de los que cerca de 70.000 son de la provincia de Málaga, informaron el secretario provincial de CCOO, Antonio Herrera, y el secretario general de la Federación del Metal, Construcción y Afines de UGT-Málaga, José Rivas.
Las negociaciones entre patronal y sindicatos se han roto de momento tras no alcanzar las partes un acuerdo relativo a la revisión salarial de estos empleados para 2009. La huelga ha sido definida únicamente para ese día, en todas las provincias andaluzas salvo en Huelva, donde finalmente sí se ha aplicado el convenio estatal rubricado en 2008 y vigente para los siguientes tres años, según explicó ayer a este periódico Antonio Herrera.
Este convenio, precisó, establece la revisión salarial anual según el IPC previsto por el Gobierno más un punto y medio. Éste ha sido precisamente el elemento de discordia, el IPC a tomar. Los sindicatos proponían coger como referencia el 2%, apelando al objetivo marcado por el Banco Central Europeo, una cifra que también ha sido usada por el Gobierno en la Ley de Presupuestos Generales del Estado e incluso por el Tribunal Supremo en alguna sentencia laboral. Así, las centrales reclamarían para el presente 2009 una subida del 3,5%, es decir, un IPC del 2 más el uno y medio añadido acordado en convenio.
Pero estas cuentas no son compartidas, sin embargo, por los empresarios, que alegan que el Gobierno no ha hecho pública una previsión oficial de IPC para este año, ni creen que la inflación camine en esos parámetros, ya que a fecha de mayo se sitúa en el -0,9%.
Así las cosas, el acuerdo ha sido imposible, por lo que los sindicatos han decidido romper las negociaciones convocando esta próxima huelga para el miércoles 1 de julio. Herrera recordó ayer en este sentido que el retraso en las revisiones salariales supone un "grave perjuicio" para los trabajadores temporales, que en el momento de los pagos pueden no estar ya vinculados a la empresa en cuestión.
Por su parte, Rivas señaló que los sindicatos han denunciado ante la Inspección de Trabajo a la patronal por el conflicto laboral al que se enfrentan con los empresarios para exigir la aplicación de la subida salarial para 2009. Según consta en el escrito, los sindicatos formulan la denuncia por infracción de normas laborales y de seguridad social contra las empresas contempladas en el ámbito funcional del IV Convenio General de la Construcción en todas las provincias andaluzas, excepto Huelva (que firmó la revisión de tablas salariales el pasado jueves). Rivas agregó que los empresarios "no se pueden aprovechar de la crisis" para no firmar lo que ya tenían pactado en el convenio colectivo de la construcción.
Rivas destacó además que los sindicatos ya cuentan con dos sentencias del Tribunal Supremo que avalan que la patronal bajo sentencia número 0049/2009 tenía la obligación de firmar la subida salarial consistente en el IPC previsto (2%) más 1,5 puntos. Antonio Herrera dijo además que tras esta jornada de huelga volverán a valorar y a analizar la situación, no descartando nuevas movilizaciones.

Marbella no cuenta con los libros de control urbanístico exigidos por ley (La Opinión)

El juez Óscar Pérez pidió al Consistorio el libro de inspección y el de actas, pero la respuesta fue que estos manuales no se usan todavía, a pesar de que la LOUA así lo manda desde 2003

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA El titular del juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Óscar Pérez, pidió, a instancias del abogado del ex jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, al Ayuntamiento de la localidad el pasado 14 de abril testimonio del libro de visitas de inspecciones y del libro de registro de las actas realizadas por parte del departamento de Disciplina Urbanística, manuales obligatorios según recoge la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en su artículo 180.3.
El 11 de mayo, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, envió al magistrado una copia del informe emitido por un letrado adscrito al área de Disciplina Urbanística, documento efectuado el 6 de mayo de 2009. En él, el letrado reconoce que, a pesar de ser obligatoria la llevanza de esos libros desde el 20 de enero de 2003, el departamento no dispone de ellos.
"Tanto antes como después del establecimiento legal de dicha obligación, en la dependencia municipal encargada de Disciplina Urbanística, se ha venido llevando un control, aunque no en forma de libro y registro, de las inspecciones y de las actas extendidas con motivo de ellas", explica el abogado.
En el siguiente párrafo, el letrado del Consistorio añade que "debido a la falta de medios personales y materiales que padecemos, que impone la atención a otras necesidades más perentorias, los expresados libro y registro no han sido aún implementados". Incluso, envía el jurista de Disciplina Urbanística varios oficios dirigidos a las autoridades responsables "en los que queda suficientemente acreditada la falta de medios denunciada".
Eso sí, recuerda que la inexistencia de esos libros "no impide que haya constancia de las actuaciones, dado que las inspecciones realizadas, una vez documentadas, y las actas extendidas a consecuencia de ellas, son inmediatamente incorporadas a los expedientes a los que corresponden, pudiéndose expedir testimonio de las mismas en cualquier momento".
Constan en la documentación enviada al juez tres escritos más en los que el mismo abogado solicita más medios personales para tramitar la gran cantidad de expedientes generados, muchos de ellos en periodo de caducidad. Los tres documentos están dirigidos a la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe. "Es humanamente imposible la adecuada tramitación de los mismos", recalca el 14 de marzo de 2006. Incluso, amenaza con renunciar al nombramiento de instructor de esas carpetas.
En otro, fechado el 26 de enero de 2006, relata que la Consejería de Obras Públicas visitó su dependencia, solicitando gran cantidad de expedientes, y recuerda que en la anterior inspección, realizada en otoño de 2005, "el funcionario que suscribe resultó presunto responsable de la caducidad de expedientes, situación que no está dispuesto a seguir tolerando".
El juez incorporó la contestación municipal a la instrucción –una pieza separada de ´Malaya´– el 5 de junio de 2009.

Explicación. Fuentes municipales aseguraron ayer que esta situación viene desde la época de Yagüe: "Tarde o temprano, evidentemente vamos a dotarnos de todos esos instrumentos, pero es mucho trabajo el que hay que hacer".
Eso sí, recuerdan las fuentes consultadas que el Ayuntamiento tiene un registro informático en el que hay constancia de todos los datos relativos al urbanismo de la localidad y que al último pleno se llevó la elaboración de un libro de registro de convenios.
"Lo principal es que tenemos la voluntad de arreglar todo esto, pero hay que recordar la herencia que recibimos, en la que no había ningún control sobre nada. Estamos trabajando por que todo eso cambie", concluyen.

Los vecinos con viviendas irregulares critican la tardanza en parar las multas. Mijas (La Opinión)

El presidente de la Asociación para la Regularización de las Viviendas de Mijas, Juan Antonio Blanco, y el asesor jurídico de la entidad, Ricardo Santandreu, valoraron ayer el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP por el cual se van a adoptar las medidas administrativas que permitan suspender las multas coercitivas a los propietarios de las viviendas ilegales.
No obstante, la directiva de la asociación lamenta la tardanza en la adopción de esta medida ya que se había planteado en julio del año pasado y el pasado mes de marzo, sin resultado alguno, por lo que se han seguido poniendo multas hasta ahora.
Asimismo, los miembros de la asociación se cuestionan qué va a pasar con las multas que se han impuesto antes de tomar esta decisión y afirman que lo más preocupante es qué va a pasar con las quince familias que ya han demolido sus viviendas y no pueden beneficiarse de esta nueva medida.
De la misma manera, piden la anulación de los 50 expedientes que ha sido denunciados en el juzgado por la omisión del trámite de audiencia, error reconocido por el propio Ayuntamiento, para reiniciarlos y ganar así el tiempo necesario para que las viviendas se puedan regularizar a través del Plan General de Ordenación Urbana.
En este sentido, el asesor jurídico de la asociación, Ricardo Santandreu, insta al Ayuntamiento a agilizar los trámites del documento urbanístico.

El PP, contra el derribo del arco del paseo. Vélez-Málaga (La Opinión)

El PP inició ayer la recogida de firmas junto al arco del paseo Andalucía de Vélez Málaga para evitar que el gobierno (PSOE, IU, GIPMTM) derribe la arcada por la que se entra al ´parque de los patos´. "No a la demolición, sí a la rehabilitación", reivindicaba en las pancartas que colgó en el lugar. El gobierno ha iniciado la remodelación del paseo de Andalucía y el proyecto no contempla el arco de entrada, carente de relevancia arquitectónica, para poner en valor los dos ficus centenarios que yacen al inicio del parque. El edil de Urbanismo, Salvador Marín, declaró que el PP impulsó el derribo del arco. El portavoz del PP, Delgado Bonilla, lo niega.

Urbanismo propone trasladar los ´pubs´ de Vélez Málaga a los polígonos industriales (La Opinión)

El consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo tratará el próximo martes la propuesta municipal para aprobarla en el pleno del 29 de junio

I. GUERRERO. VÉLEZ MÁLAGA El gobierno de Vélez Málaga pone por primera vez sobre la mesa el traslado de las discotecas fuera del casco urbano. La idea se debatirá en el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo del próximo martes con el objeto de someterlo a votación de todos los partidos de la corporación municipal en el pleno ordinario del 29 de junio.
El tripartito (PSOE, IU, GIPMTM) no ha pasado por alto la sentencia de Ipanema, por la que el Ayuntamiento deberá pagar 2,8 millones de euros a los vecinos por los ruidos padecidos durante años en la zona de marcha de El Copo en Torre del Mar. Ahora se busca una salida a la conciliación del descanso y la música a altas horas de la madrugada.
Modificación del PGOU. En este conflicto de intereses entre quienes dormir y divertirse a partir de la medianoche, el concejal de Urbanismo de Vélez Málaga, Salvador Marín (IU), ha informado de que estudian iniciar un expediente de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una vez que se adapte a la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOUA), para no conceder licencias de aperturas de discotecas y ´pubs´ junto a los barrios residenciales o principales avenidas de los cascos urbanos.
El edil asegura que otorgarán licencias para la explotación de los locales de ocio en suelos comerciales e industriales. "Pese a que las discotecas estén insonorizadas, el flujo de grupos de hasta 50 personas caminando por las calles de madrugada es lo que molesta a las vecindades", explica Marín.
Para esta iniciativa del tripartido, el concejal de Urbanismo ha pedido el apoyo de todas las formaciones políticas del Ayuntamiento veleño puesto que asegura que mejorará la oferta turística de Vélez Málaga, Torre del Mar y las distintas pedanías del municipio.
El Copo. De momento, El Copo no se cierra. Marín asevera que los locales que siguen funcionando están adaptados a la normativa municipal de ruidos. Una vez que se apruebe el inicio del expediente para limitar las licencias de apertura a locales en suelos comerciales, "las licencias que se tramiten en los bajos de El Copo tendrán que responder a actividades distintos a discotecas". El resto de ´pubs´ tendrán que adaptarse a la nueva normativa.
A punto de entrar en la temporada estival, el control de las actividades en los locales del municipio se intensificarán. Salvador Marín están convencido de que el cambio de ubicación de las discotecas no perjudicará al turismo ni a la oferta de servicios en el litoral veleño.
"La gente que vaya a las discotecas puede tardar unos minutos más o menos en llegar desde Torre del Mar o Vélez. La zona de marcha se concentrará en un punto donde se garantice que no se molestará a nadie y contará con vigilancia policial para asegurar más la convivencia pacífica de los jóvenes cuando se divierten".

El nuevo PGOU ´libera´ a Olivo de desarrollar el recinto ferial. Marbella (La Opinión)

Protegido. El alcornocal queda protegido en el nuevo Plan General de Marbella. P. S.

El Plan General legaliza la ampliación de La Cañada a cambio de que el empresario ceda suelo para crear el recinto ferial, sin pagar su construcción

PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA La ampliación del centro comercial La Cañada, propiedad del empresario imputado en la ´operación Malaya´ Tomás Olivo, se mantiene en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. Lo que varían son las compensaciones que le corresponden por legalizar las naves que construyó en un suelo que tiene la calificación de rústico en el PGOU vigente, de 1986.
Olivo es propietario de 485.152 metros cuadrados en esta zona. Para desarrollarlos, deberá ceder al Ayuntamiento 71.346 metros cuadrados para equipamientos, 22.249 para la construcción de viarios, 87.327 para áreas libres y otros 97.030 para infraestructuras locales.
Parte del área de equipamiento se destinará a la construcción del recinto ferial definitivo de Marbella, tal y como estaba previsto. La diferencia es que ya sólo deberá ceder el terreno y no tendrá que pagar su ejecución, una obligación que si se le exigía en el documento urbanístico aprobado provisionalmente el pasado mes de octubre.
El nuevo texto, listo para una nueva aprobación provisional programada para antes de agosto y al que ha tenido acceso este diario, cambia también la ubicación de la tercera fase de La Cañada.
Los terrenos con la calificación de sistema terciario, y por tanto compatibles con el uso comercial, pasan de la parte inmediatamente superior al centro comercial, donde inicialmente se dibujaba el recinto ferial, a la zona norte, junto al área de alcornocal conocida como La Serranía. De esta forma, la situación del recinto ferial vuelve a su lugar originario: al norte de La Cañada, según confirmaron fuentes municipales.
La construcción del nuevo polígono industrial de Marbella, que también afecta a esta zona, se mantiene en el lugar que solicitaban sus empresarios, en el área donde se sitúa el alcornocal. En esta zona, los empresarios cuentan con más de 849.005 metros cuadrados para trasladar sus naves, que actualmente se ubican a la entrada de la ciudad.
Eso sí, deberán respetar el alcornocal. El nuevo documento urbanístico elaborado por el arquitecto Manuel González Fustegueras, bajo las directrices del gobierno municipal del PP, les obliga a conservar el arbolado existente en la zona y que delimita como zonas verdes dentro del recinto industrial.
Las naves del polígono deberán integrarse con alrededor del millar de árboles que hay en esta parcela y que han quedado protegidos por la Consejería de Medio Ambiente como zona verde, de acuerdo con las demandas de Ecologistas en Acción.

Marbella propone a Costas sacar cinco chiringuitos del dominio público (La Opinión)

El Ayuntamiento de Marbella propondrá a la Demarcación de Costas el traslado de cinco de los treinta chiringuitos que están en dominio público marítimo-terrestre para que pasen a suelo municipal "sin que tengan que abandonar la arena".
El responsable de Playas marbellí, Antonio Espada, explicó que solicitarán el cambio de ubicación de otros diez chiringuitos que están en dominio público, aunque sólo se trata de moverlos "cinco, diez o cincuenta metros" sin salir de la zona en la que se ubican. Espada ha explicado que el propósito de ese cambio es que esos chiringuitos cumplan la Ley de Costas, continuando su actividad en dominio público marítimo terrestre "sin sacarlos de la arena".
El Ayuntamiento ya ha elaborado la propuesta, que trasladará a la Demarcación de Costas para que finalmente sea Dirección General de Costas la que la autorice.
Espada confía en que dicha autorización esté lista para llevarla al pleno del Ayuntamiento de julio.
Marbella tiene 62 chiringuitos, de los que treinta están en dominio público marítimo-terrestre, 15 en suelo municipal, y 17 en ´transitoria´ (suelo municipal que con el nuevo deslinde han pasado a dominio público).
De ellos, sólo tres tienen actualmente la concesión otorgada, uno hasta 2010, otro hasta 2012 y el tercero hasta 2016, porque "las del resto están caducadas desde hace cinco o seis años".
En el caso de los locales en suelo municipal, el Ayuntamiento "se las ha ido prorrogando de año en año", por lo que el Consistorio va a solicitar a Costas que otorgue "una concesión de 15 años prorrogables de cinco en cinco hasta los 30", tanto para los de dominio público marítimo terrestre, como para los que están en ´transitoria´.
En cuanto se concedan, el Ayuntamiento licitará la explotación de "todos los chiringuitos a la vez, para que todos tengan el mismo tiempo y estén en las mismas condiciones".

El PP apuesta por la creación de nuevos servicios en sus alegaciones al Plan General. Rincón de la Victoria (SUR)

Los populares consideran fundamental la creación de una línea de metro subterránea y la implantación de nuevos hoteles
El PP apuesta por la creación de nuevos servicios en sus alegaciones al Plan General
Critican que se permita la construcción al Norte de la autovía./ E. G.
El PP considera fundamental la creación de nuevos servicios de ciudad para Rincón de la Victoria, en lugar de fomentar la construcción de nuevas viviendas. Así lo ha afirmado el presidente del PP, Francisco Salado, en sus alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Salado ha criticado que la Junta de Andalucía haya dado luz verde a la ampliación de Parque Victoria, ubicada al Norte de la autovía A-7.
Entre sus alegaciones, los populares defienden la implantación de nuevos establecimientos hoteleros en todas sus variantes, con las correspondientes limitaciones para evitar fraudes y no permitir desarrollos residenciales enmascarados en operaciones hoteleras, según ha indicado Salado.
Asimismo, vuelven a insistir en la necesidad de una línea de Metro para la localidad con un trazado subterráneo. «Consideramos que es muy importante que la revisión del PGOU prevea también las ubicaciones de las líneas e intercambiadores, y que defina las reservas de suelo para que exista la posibilidad de transporte de corto, medio y largo alcance (AVE) en un futuro», ha explicado Salado.
Mercado de abastos
Otro de los servicios que los populares proponen es un mercado municipal en el centro del núcleo rinconero. Consideran que el lugar más adecuado para su ubicación sería el entorno de la Plaza del Señorío. «Apostamos por un concepto de ciudad con servicios consolidados», ha indicado. En este sentido, Salado ha criticado al actual equipo de Gobierno por no generar proyectos que doten de nuevos equipamientos y servicios a la localidad».
En esta línea también consideran fundamental crear una zona donde se concentren juzgados de primera instancia e instrucción. Asimismo, el PP de Rincón de la Victoria defiende la limitación de los suelos industriales. Además, defienden la limitación de los suelos industriales para evitar la instalación de grandes superficies.

El nuevo edificio de televisión local, para final de año. Fuengirola (SUR)

El nuevo edificio que albergará la televisión y la radio municipales va cobrando forma en la calle Feria de Jerez. El proyecto, presupuestado en 1,2 millones de euros con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, permitirá adaptar las instalaciones a las tecnologías digitales con vista a la licencia de TDT local y a la nueva radio municipal. La alcaldesa, Esperanza Oña, visitó ayer las obras, que estarán listas a final de año.

La plataforma de Regularización de Viviendas agradece el fin de las multas aunque critica su retraso. Mijas (SUR)

Aseguran que la medida era una de las propuestas del plenoExtraordinario de julio del año pasado
La plataforma de Regularización de Viviendas agradece el fin de las multas aunque critica su retraso
Piden que se escuche sus propuestas. /M.J.'
La propuesta anunciada por el Ayuntamiento de Mijas para la retirada de las multas coercitivas está siendo alabada por muchos, aunque criticada también por su retraso. En este caso, le ha tocado dar su valoración a los afectados. La Asociación para la Regularización de Viviendas (ARV) reconoció que la supresión de esta medida supone «un alivio para los afectados», apuntó el presidente del colectivo Juan Antonio Blanco, aunque criticó el retraso que han tenido desde la administración para su puesta en marcha. De esta manera, recordaron que esta medida estaba contemplada dentro de las registradas por el colectivo en el pleno Extraordinario celebrado a instancias del PP en julio del año pasado.
Por otro lado, se quiso poner en conocimiento que esta tardanza en la implantación de la medida ha motivado «el inicio de centenares de expedientes que han tenido que sufragar los afectado». Aún así, aclararon que los afectados están dispuestos a pagar las cargas que les correspondan para regularizar sus viviendas.
Como la medida a aprobar por el Ayuntamiento no supone la solución definitiva del problema en la localidad, los afectados proponen la anulación de todos los expedientes abiertos alegando a que no se ha realizado el trámite de audiencia, hecho que produce indefensión, «con lo que se ganaría el tiempo suficiente para la normalización urbanística con el desarrollo de la revisión del Plan General» apuntó el asesor jurídico de la plataforma, Ricardo Santandreu. Otra de las medidas que según Blanco deberían acatarse es «una colaboración directa entre la asesoría jurídica del ayuntamiento con la de la plataforma».
Colaboración
En cuanto al anuncio del alcalde, Antonio Sánchez, de acordar un acuerdo una vez completado el catálogo de construcciones irregulares, los afectados aluden a que es necesario un encuentro «antes para buscar soluciones juntos».

El PGOU da vía libre al nuevo polígono pero protege el alcornocal. Marbella (SUR)

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella remitido por el equipo redactor al Ayuntamiento para su segunda aprobación provisional otorga vía libre para acometer el traslado del polígono industrial La Ermita al norte del centro comercial La Cañada, pero protege el alcornocal de los Llanos de La Mina, asentado en la zona. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, incluye la superficie forestal dentro de una unidad de actuación de casi 850.000 metros cuadrados en la que se declara incompatible el uso residencial, y, aunque reduce su extensión, garantiza la preservación del alcornocal.
Antes de atender las alegaciones presentadas tras la primera aprobación provisional, el texto urbanístico calificaba la parcela sobre la que se asienta la arboleda como suelo no urbanizable con la categoría de protección ambiental, lo que hacía peligrar la reubicación del polígono industrial en la zona. El nuevo docuemnto hace compatible el uso industrial con la protección ecológica de los ejemplares.

Ávila Rojas irá a la cárcel por fraude fiscal en una operación con fincas en Marbella (SUR)

El Tribunal Supremo desestima el recurso presentado por el promotor contra una condena de ocho años de prisión
El constructor granadino José Ávila Rojas deberá ingresar en prisión. El Tribunal Supremo ha desetimado el recurso presentado por el promotor contra la sentencia dictada por la Audiencia de Granada que le condenó a ocho años de cárcel y al pago de cerca de 10 millones de euros por cuatro delitos de fraude a la Hacienda Pública en relación con operaciones de compraventa en Marbella.
La resolución del Supremo agota la vía judicial, por lo que el empresario, procesado por el 'caso Malaya', no podrá eludir verse privado de libertad durante un máximo de seis años, puesto que, aunque las penas suman ocho años de cárcel, al tratarse de cuatro delitos conexos la ley establece que el cumplimiento límite es el triple de la pena mayor. El fraude cometido por Ávila Rojas, que siempre ha defendido su inocencia, tuvo lugar en las operaciones de compraventa llevadas a cabo en 2001 y 2002 sobre dos fincas de Marbella, en relación con las cuales el constructor no asumió los pagos del IVA y del IRPF.
El Tribunal Supremo rechazó todos los argumentos esgrimidos en su recurso por el empresario, entre ellos que la venta de las fincas Huerta de las Monjas y Coto de los Dolores no estaba sujeta al IVA, sino al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, cuyo pago corresponde al comprador, porque no efectuó esas operaciones como promotor sino a título particular.
Devolución
En el caso del primer solar, la sentencia afirma que Ávila Rojas defraudó a Hacienda eludiendo el pago de una cantidad muy superior a la de 120.000 euros en concepto de IVA y al no reflejar en la declaración de la renta de ese año la ganancia de 4,2 millones que consiguió con la venta. Según el fallo, esa ganancia patrimonial supuso un incremento de 1,9 millones en la cuota del impuesto de IRPF que el recurrente no reflejó en la declaración del ejercicio de 2001, en el que, además, «manifestó tener derecho a una devolución de 21.719 euros».
En cuanto a las operaciones con la finca Coto de los Dolores, que Ávila Rojas compró junto a una sociedad en 2001 por 1,8 millones y vendió en 2002 por 10,2 millones, la Sala de lo Penal indica que el traspaso también estaba sujeto al IVA, algo que sólo quiso rectificar el promotor «cuando Hacienda lo citó para investigar las operaciones de 2001». Dado que esa venta le supuso un beneficio de 4,2 millones que no reflejó en su declaración del IRPF, el Supremo considera que causó «con conocimiento y ánimo defraudatorio» un perjuicio a Hacienda de 1,6 millones.

La cubierta de la Casa de la Cultura se empezará a restaurar en este mes. Estepona (SUR)

Los trabajos, que se prolongarán siete meses, pretenden devolver la habitabilidad a este inmueble del siglo XVIII Justificar a ambos lados
Es uno de los edificios más emblemáticos del casco antiguo de Estepona. Su construcción se encuadra en el siglo XVIII, aunque su origen puede ser anterior. El edificio de la antigua Casa de la Cultura (en la actualidad, denominada Casa de la Juventud) es un símbolo de la historia de la localidad. Pero el tiempo no ha pasado en balde para este inmueble. El edificio, donde se celebran actos culturales de gran concurrencia, ha sufrido un importante deterioro. La obra de remodelación pondrá fin a este desgaste. Los trabajos comenzarán antes de que termine el mes y tendrán un plazo de ejecución de siete meses.
«Las obras se realizarán con la máxima sensibilidad y respeto a la fisonomía y características constructivas, consiguiendo así mantener y conservar el patrimonio histórico», señaló ayer el alcalde de Estepona, David Valadez, en una visita al inmueble.
Filtraciones de agua
Una parte de las obras se centrará en el arreglo de la cubierta. Así, la única solución viable debido al estado ruinoso de ésta y al progresivo deterioro del edificio es la demolición de esta zona para su posterior reconstrucción. Además, se pretende solventar el problema de la filtración de agua que existe en la cubierta para devolver la funcionalidad y habitabilidad perdida en esta planta del edificio.
Según explicó la concejala de Juventud, Rosa Díaz, también se llevarán a cabo trabajos de renovación de los revestimientos e instalaciones deterioradas; así como la sustitución de instalaciones de fontanería debido a su mal estado. Esta actuación supondrá un desembolso de 157.000 euros, que serán sufragados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. La empresa local Construcciones Diego Soto se encargará de los trabajos y contratará a un total de seis personas.
El edificio fue propiedad de las hermanas Carmen y Francisca Tejerina, dos gaditanas conocidas por las fiestas que celebraban en su casa. Tras su fallecimiento se convirtió en hospital, atendido por las hermanas Carmelitas, hasta que en 1956 el Ayuntamiento se hizo cargo de él. En un primer lugar lo destinó a un centro de formación profesional. años después, tras varias reformas se convirtió en la Casa de la Cultura.

Marbella propone a Costas trasladar diez chiringuitos para ajustarse a la ley. (SUR)

El Ayuntamiento ya ha informado de la medida a los propietarios y espera el visto buen del Gobierno central para llevarla a pleno
Solicitará concesiones de 15 años para dar seguridad a los negocios

Marbella propone a Costas trasladar diez chiringuitos para ajustarse a la ley
Uno de los establecimientos, ubicado en San Pedro Alcántara, que tendría que retranquearse algunos metros. /JOSELE-LANZA
El culebrón de los chiringuitos no decae. Primero fue el acuerdo con la Demarcación de Costas para que el sector pase el verano sólo pendiente de los sobresaltos que puede traerle la crisis económica. Después, el anuncio del traspaso de las competencias sobre el uso de las playas del Gobierno central a la Junta. Ahora, el Ayuntamiento toma el relevo y sigue en el tajo para regularizar la situación de estos establecimientos, santo y seña del sector turístico en la Costa del Sol. El concejal de Medio Ambiente, Antonio Espada, adelantó ayer que ya ha trasladado a los responsables de Costas el borrador con la propuesta para dar una salida a los negocios que salpican los 27 kilómetros del litoral de Marbella. Con la ley en una mano y la flexibilidad para su aplicación en la otra. En suma, el planteamiento municipal, que se basa en las múltiples reuniones mantenidas con el organismo y que en última instancia debe recibir las bendiciones del Gobierno central, pasaría por mover de su ubicación actual un total de diez de los 30 chiringuitos que están en dominio público en aquellos sitios donde hay margen de maniobra. Cinco de ellos quedarían totalmente fuera de la franja protegida por ley y los restantes sólo se trasladarían algunos metros, lo que permite la zona.
Los negocios -tres de San Pedro Alcántara, uno en Puerto Banús y el resto en Marbella- se desplazarían algunos metros o se retranquearían, adosándose dado el caso al futuro paseo marítimo en los nuevos tramos que están en proyecto. Una medida, pactada con los empresarios de playas, que permitiría adaptar a la normativa muchos de los negocios para que la sombra del desmantelamiento deje de pender sobre ellos la espada de Damocles.
Concesiones caducadas
«Se trata de que no se pierda ninguno porque son totalmente legales aunque la mayoría tienen caducadas unas concesiones que se han venido prorrogando año tras año», abundó el edil de Medio Ambiente. La propia normativa, continuó, deja una puerta abierta a que los negocios que no puedan reubicarse por falta de espacio se queden en su emplazamiento habitual. «De la arena no pueden salir porque es su hábitat natural y además porque están dando un servicio público», apuntó el concejal.
La propuesta del Ayuntamiento para cerrar un acuerdo con Costas incluye además otra petición fundamental para dar seguridad jurídica a los empresarios: que se les otorguen concesiones por quince años prorrogables de cinco en cinco hasta alcanzar las tres décadas. Este periodo sería por tanto similar al que autoriza la propia Ley de Costas para aquellas edificaciones que antes estaba fuera del deslinde pero que han quedado afectadas por los nuevos límites y donde la medida sí está regulada.
«En el momento en que Costas nos dé el visto bueno a la propuesta llevaremos la solicitud formal de las concesiones al pleno, esperamos que al de julio», explicó Espada, al tiempo que confió en que Marbella sea la alumna aventajada en ponerse al día y zanjar la polémica sobre los chiringuitos, que colea desde hace meses.
No todos los establecimientos que dan servicio a pie de playa están afectados por la nueva regulación. De los 62 que jalonan la costa, 30 están en dominio público o servidumbre, 15 se levantan sobre suelo municipal y no presentan ningún problema y 17 se han quedado en un limbo jurídico tras la aprobación de los nuevos límites que marcan la zona de dominio público. Esto es, antes estaban fuera de este espacio vetado a las construcciones y ahora dentro.
Sin respuesta
En estos casos, la fórmula pasa por acogerse a unas concesiones de uso por un periodo de treinta años prorrogable a otros treinta, una solicitud que el Ayuntamiento llevó a pleno el pasado febrero y sobre la que aún no han obtenido respuesta del Gobierno central. En el mismo pleno se dio curso también al Plan de Aprovechamiento Temporales y Fijos de Playas de Marbella para este ejercicio. Bajo su paraguas se engloba la actividad tanto de chiringuitos como de hamacas y de zonas de actividades náuticas para que trabajen este verano.
De todos los negocios ubicados en el frente litoral de Marbella, tres cuentan actualmente con una concesión en vigor con plazos que vencen entre 2010 y 2016. Caso aparte son los dos chiringuitos que no cuentan con ningún tipo de permiso, ni siquiera municipales, y que tendrán que ser desmantelados, según anunció Espada.

Vivienda remitió un centenar de informes a la Fiscalía de Medio Ambiente el año pasado (SUR)

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio envió el año pasado 99 informes a la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en material de control y disciplina urbanística en Málaga. En lo que va de año ya se han remitido 80 informes. Por otro lado, Vivienda tramitó el pasado año 171 denuncias sobre posibles infracciones urbanísticas en la provincia.

PSOE e IU insisten en los riesgos que supone construir por encima de la Ronda Este (SUR)

Los grupos municipales de la oposición insistieron ayer en los riesgos medioambientales que supone la construcción de viviendas por encima de la Ronda Este, como defiende el equipo de gobierno con un proyecto de 500 chalés en el nuevo Plan General. El concejal socialista Sergio Brenes recalcó que el plan metropolitano de la Junta de Andalucía no permite la construcción inmediata de cuatro mil viviendas al norte de la autovía en Rincón de la Victoria, sino que quedan supeditadas a una serie de condicionantes. «El empecinamiento en la defensa de sectores difícilmente sostenibles no benefician a la ciudad y pueden acarrear situaciones de futuro de riesgo medioambiental como se recoge en los informes de la Junta», destacó Brenes.
Por su parte, el portavoz de IU, Pedro Moreno, mostró el rechazo de su grupo a urbanizar por encima de la ronda «sea donde sea» por su impacto ambiental.

Vías muertas en el bulevar (SUR)

Los trenes ya no circulan sobre el túnel del soterramiento. Las traviesas que quedaban en superficie se desmantelan. Sólo queda ya un solar para el que todavía no existe proyecto ni financiación ni acuerdo sobre la propiedad del suelo
Vías muertas en el bulevar
Ya ha comenzado el desmontaje de la última vía por la que circulaban los trenes en superficie hasta la semana pasada. / ANTONIO SALAS
Llegó el momento esperado durante años. Desde el pasado fin de semana, la velocidad de los vagones no ejerce de frontera ruidosa entre San Rafael y Dos Hermanas, ni entre El Copo y Nuevo San Andrés. Los trenes han dejado de circular sobre el túnel del soterramiento del AVE, dejando la superficie convertida en un solar de dos kilómetros sobre el que todavía se cierne un futuro con demasiadas incógnitas. Lo que debería ser motivo de gozo para los casi cien mil vecinos que han vivido durante décadas separados por las vías ferroviarias se convierte en causa de preocupación ante las dudas que presenta el proyecto de bulevar para cerrar una gran herida urbana.
Los cinco años transcurridos justo en este mes de junio desde que el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento acordaran que el AVE entraría en Málaga soterrado no ha sido tiempo suficiente para que los responsables de estas administraciones logren sentar las bases de una actuación que supondrá un notable beneficio no sólo para los vecinos de los barrios más cercanos, sino para toda la ciudad, ya que implicará crear una nueva vía de entrada desde la ronda oeste.
Fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) aseguraron que ya han dejado de pasar para siempre los trenes por la superficie del pasillo ferroviario y detallaron que ha comenzado el desmontaje de la última de las vías que quedaba sobre el túnel, lo que facilitará su culminación.
Desde ya, el soterramiento queda convertido en un enorme solar que hasta transformarse en bulevar tiene que superar todavía la falta de acuerdo entre el Adif y el Ayuntamiento por la titularidad de los suelos, la redacción de un proyecto definitivo para la avenida por parte del Consistorio -se espera que esté finalizado para septiembre- y el establecimiento de una financiación entre las administraciones, para lo que el equipo de gobierno ha solicitado la inyección de fondos europeos de la Junta.
Impaciencia
Entre tanto, los vecinos siguen sin ocultar su decepción y su impaciencia por ver 'cosida' la cicatriz urbana. La inquietud es especialmente patente entre los vecinos que más han padecido las obras del soterramiento. «Hemos estado tres años aguantando esta obra y no vamos a permitir que esto se quede convertido en un solar», apunta Teresa Retamero, presidenta de la asociación de vecinos de Nuevo San Andrés. «Vamos a seguir reivindicando que hagan el bulevar con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, iremos hasta donde haga falta», insiste esta representante vecinal.
Además, Teresa Retamero advierte de que pueden producirse problemas cuando llegue la época de lluvias. En ese sentido, considera que el solar en que queda convertido por el momento el soterramiento puede transformarse en una gran balsa de barro en caso de fuertes precipitaciones. «No quiero ni pensar que pasa si todo ese barro vuelca hacia nuestra barriada», afirma. «Hemos aguantado tanto con el soterramiento que nos merecemos que la obra del bulevar empiece cuanto antes y lo haga por nuestra zona», agrega Teresa.
En el mismo sentido se expresa Adolfo Cervantes, presidente de la asociación de vecinos Galería de Dos Hermanas, quien está dispuesto a emprender movilizaciones con tal de hacer ver a los responsables políticos la necesidad de desbloquear la puesta en marcha del proyecto del bulevar cuanto antes. «Cortaremos las carreteras que haga falta, pero no vamos a permitir que esto quede convertido en un solar cuatro años o más», afirma.