miércoles, 17 de junio de 2009

Colores y diseño moderno en los nuevos puestos del Atarazanas (La Opinión)

Los comerciantes piden algunas modificaciones en el diseño de los puntos de venta para hacerlos más funcionales. Se empezarán a montar en agosto

MIGUEL FERRARY. MÁLAGA Azul, rojo, amarillo, celeste y blanco son los colores que, de forma aleatoria, adornarán los nuevos puestos de venta en el mercado de Atarazanas. Es uno de los muchos detalles de esta obra, pero quizá uno de los más importantes por representar la base del futuro mercado.
Una representación de los comerciantes del mercado visitó ayer los tres prototipos de puestos destinados a la venta de fruta y verdura, carne y pescado. Una visita que sirvió para sacar conclusiones sobre el terreno de estos diseños y su aplicación práctica, porque, como aseguró el presidente del mercado, David Ruiz, no son perfectos.
Los nuevos puestos presentaron dos caras. Por un lado ofrecieron un diseño moderno, con materiales ligeros, aire acondicionado, iluminación artificial y natural, una imagen unificada y colorista, que pretende hacer más atractiva la compra de productos. Por otro lado, se acumulan problemas de índole práctica, como el uso de acero inoxidable en lugar de mármol en los puestos de pescadería, el uso de mostradores inclinados y no rectos para frutas y verduras o el escaso tamaño de las cámaras frigoríficas en las carnicerías.
Detalles sobre los que tomaron nota el arquitecto responsable del proyecto, José González Gallego, y los representantes de Sacyr, empresa encargada de los trabajos. Con esas aportaciones, y las que se entreguen hasta el próximo 24 de junio, se planteará el diseño definitivo de estos puntos de venta.
David Ruiz asegura que las instalaciones que vieron ayer "son de muy buena calidad, muy bonitas, modernas y del siglo XXI, pero no son funcionales para el día a día del comerciante". Sin embargo, aclaró que estos modelos "son sólo unos prototipos para adaptarlos a nuestras necesidades y tener algo sobre lo que trabajar".
La concejala de Comercio, Purificación Pineda, aclaró que la de ayer fue la primera ronda de visitas al interior del mercado. El próximo jueves por la tarde está prevista la afluencia al recinto de todos los titulares de puestos en el Atarazanas, que entrarán en pequeños grupos para conocer de primera mano los prototipos y hacer sus aportaciones.
El diseño definitivo se planteará a partir de estas indicaciones, aunque el propio presidente del mercado reconoció que hay normativas "nacionales y europeas que hay que cumplir y se adaptará lo que se pueda".
Detalles de la obra. La instalación de los nuevos puestos, una vez definido el diseño definitivo, empezará en agosto, con idea de que a finales de año o principios de 2010 se pueda inaugurar el edificio rehabilitado.
Los trabajos que todavía quedan por terminar incluyen la colocación de placas de vidrio en la cubierta de la nave central. La concejala de Comercio añadió que esas placas estarán tratadas con una lámina metálica "que dejará pasar la luz, pero no el calor". Además, este tratamiento reforzará estas placas ante posibles roturas.
Pineda adelantó que se quieren recuperar algunas de las decenas de balas de cañón de gran calibre encontradas en las catas arqueológicas para exponerlas como recuerdo del anterior uso como arsenal de ese recinto.
El arquitecto del proyecto aclaró que se ha eliminado todo el edificio central de hormigón que se construyó en los años 70 y el falso techo, ganando el edificio en luminosidad y espacio. Así, el torreón de la entrada principal tendrá un nuevo forjado y escalera para habilitar su interior como oficina y zona de servicio.

La Junta convoca una ´cumbre´ inmobiliaria el día 25 en Málaga (La Opinión)

Vivienda reunirá a constructores y promotores, entidades financieras y colegios profesionales para ´desatascar´ el mercado y dar salida al ´stock´ de 30.000 pisos

J. VICENTE RODRÍGUEZ. MÁLAGA La Junta de Andalucía celebrará el próximo jueves 25 de junio una reunión con el sector constructor y promotor malagueño y con representantes de las entidades financieras con el fin de escuchar posiciones, debatir propuestas y tratar de relanzar el alicaído mercado inmobiliario, que mes a mes refleja un inusitado desplome de ventas. Ayer mismo, el INE informó de que en abril se vendieron en Málaga 1.817 viviendas, casi un 40% menos que en el mismo mes del año anterior.
La reunión de la Junta, que ha sido convocada por la Delegación de la Consejería de Vivienda, se centrará en la búsqueda de las fórmulas necesarias para reactivar las ventas y dar salida así el importante ´stock´ de pisos acabados y sin vender que se acumulan en los distintos municipios malagueños: 21.092 viviendas, según el informe publicado la semana pasada por el Ministerio, a las que habría que añadir otras 9.000 todavía en construcción, pero igualmente sin salida comercial.
"Nuestra intención es escuchar a todas las partes. Sabemos que los constructores y promotores tienen su versión y las entidades financieras otra. El objetivo es consensuar posiciones y buscar salidas, partiendo de la difícil situación que sufre el mercado", apunta la delegada de Vivienda en Málaga, Josefa López.
Al encuentro también están invitados los decanos de los diferentes colegios profesionales relacionados con el sector de la construcción, con lo que se espera una asistencia total de unas 30 personas. "No queremos una reunión multitudinaria, porque la intención es que salgan decisiones prácticas y entre mucha gente esta intención suele diluirse", añade.

Competencia. Por su parte, la gerente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), Victoria Aragón, reconoció que las ventas en Málaga siguen muy estancadas, a pesar de que los promotores están aplicando descuentos en las viviendas de hasta el 30%. Aragón afirma que sí se detecta un mayor número de personas que preguntan en las casetas de las inmobiliarias aunque el problema sigue siendo la dificultad del cliente para obtener una hipoteca.
Según la ACP, otro problema añadido que encuentra ahora el sector es que los bancos y las cajas les hacen la competencia, porque tienen sus propias viviendas procedentes de embargos a las que deben encontrar salida. Eso hace que, ahora mismo, las entidades financieras estén priorizando la concesión de hipotecas para sus propias viviendas.
"Sabemos de casos donde al cliente se le ha dicho: no te doy la hipoteca para esa vivienda que quieres, pero sí para ésta otra –en referencia a activos inmobiliarios propios–", asegura Aragón.
Con este panorama, los constructores y promotores acudirán a la reunión de la Junta abiertos a las sugerencias, aunque con escaso margen de maniobra en cuanto a precios. "Se está vendiendo ya al límite. Lo que no puede hace el promotor es vender por debajo de la hipoteca que tiene con los bancos", señala la ACP.

Los alquileres siguen inaccesibles pese al descenso de los precios (La Opinión)

Las tarifas oscilan entre 400 y 550 euros para viviendas inferiores a los cincuenta metros cuadrados. La bajada registrada en el último año fue del diez por ciento, apenas un tercio de la experimentada en compraventa

LUCAS MARTÍN. MÁLAGA A pesar del traspiés del mercado inmobiliario y de la crisis económica, el alquiler de viviendas en Málaga prosigue en raseros casi prohibitivos. Especialmente, para las economías modestas y la ingente cantidad de mileuristas que buscan un apartamento pequeño en lugares como el Centro, donde los precios rara vez bajan de los 450 euros al mes. Según los especialistas, las rentas han caído un diez por ciento en el último año, lo que no impide que su horquilla se sitúe en valores que exigen 500 euros por espacios que no rebasan los cincuenta metros cuadrados.
Ana María Narváez, directora de la Asociación de Usuarios del Mercado Inmobiliario, tiene una visión clara y contundente. El alto precio de los alquileres es la herencia de una cultura desorbitada. Los arrendamientos, dicen, han bajado, pero siguen estando por las nubes porque su precio era desmesuradamente alto.
Las tres inmobiliarias consultadas por este periódico, Lusán, Martínez y Krauel, coinciden en su análisis sobre la evolución del mercado. Por menos de cuatrocientos euros al mes resulta casi imposible procurarse un apartamento en Málaga. Eso significa que un piso de alrededor de cuarenta y cinco metros cuadrados representa poco menos que la mitad del salario de la mayoría de los trabajadores menores de cuarenta años. El cincuenta por ciento de la nómina para la casa, principio que casi disuade y ruboriza.
La situación no parece que se vaya a modificar en los próximos meses. Los emolumentos no están en su mejor momento y el precio de los alquileres desciende a un ritmo tres veces inferior al del mercado de la compraventa, que bajó un treinta por ciento durante el último año. Ninguno de los especialistas prevé grandes cambios: "Se trata de un sector muy estable, si se abaratan, que lo dudo, será casi imperceptible", puntualiza Juan de Dios Luque, administrador de Lusán.
El descenso de los alquileres, por muy tibio que resulte, es la consecuencia directa de la multiplicación de la oferta, que, en palabras de Lourdes Caro, asesora de Martínez, se ha triplicado en apenas doce meses. La razón hay que buscarla en los titubeos del mercado inmobiliario, que ha hecho que muchos propietarios se resignen a no encontrar compradores y apuesten por arrendar sus casas.
Pero que proliferen los carteles no quiere decir que haya más clientes. El precio del metro cuadrado ha subido un 1,4 por ciento en los últimos seis meses en Málaga, de acuerdo con los datos facilitados por el portal Idealista.com, que, no obstante, habla de un descenso de 7,6 puntos en el caso de los alquileres del Centro. El promedio es de alrededor de diez euros por cada metro, lo que, lógicamente, no inspira la gestación de grandes colas en las oficinas inmobiliarias. "La demanda no ha crecido demasiado, muchos optan por regresar a sus casas y vivir con sus padres", resalta Rodrigo Garret, administrador de Krauel. El panorama de los arrendamientos en Málaga no dista mucho del de otras capitales de provincia. María Elena Narváez incide en que sus tarifas prosiguen en los valores medios del país, superiores a las de capitales de menor pujanza demográfica como Jaén o Zamora pero por debajo de zonas como Madrid, Barcelona o Bilbao.
Otra cosa es la comparativa con el resto de países de la Unión Europea y de buena parte de América Latina, donde la proporción entre salario medio y alquiler es, en multitud de ocasiones, más generosa que en España. Incluso, en el apartado de los estudios o apartamentos, que lejos de revelarse en una fórmula económica, suponen un coste más elevado que otras modalidades de vivienda, sobre todo, si se ponderan los valores por metro cuadrado. Así, señala Idealista.com, la diferencia en la capital de la provincia entre este tipo de soluciones habitacionales y el resto de pisos se sitúa en más de un treinta por ciento. Lo pequeño, metro a metro, no resulta, ni mucho menos, más barato.

Suspenden la imposición de multas a las viviendas irregulares. Mijas (Málaga Hoy)

Los vecinos tendrán un amplio espacio de tiempo para llevar a cabo las demoliciones




El alcalde de Mijas (PSOE), Antonio Sánchez, mantuvo ayer una mesa de trabajo con representantes del PP y el Grupo Mixto para proponer alternativas con respecto a las viviendas irregulares del municipio. Tras la elaboración de un informe por parte del Servicio Jurídico, el Ayuntamiento ha decidido suspender la aplicación de las multas coercitivas a los vecinos infractores y decretar la demolición, para lo que se dará un margen de tiempo lo más amplio posible.

Aunque aún "queda por afinar" dicho periodo, Sánchez adelantó que "dependerá del tipo de construcción", poniendo como ejemplo que si se trata de una casa ocupada, el derribo podría llevarse a cabo en cuestión de un año.

Muñoz legalizará el Banana Beach, el gran atropello de la era GIL. Marbella (Málaga Hoy)

Modificará el PGOU entregado por el equipo redactor para normalizar tres urbanizaciones con 500 viviendas ilegales




El Ayuntamiento de Marbella tiene previsto modificar el texto del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que le remitió el pasado viernes el equipo redactor para legalizar la situación de cerca de medio millar de viviendas que se mantienen fuera del legalización y entre las que se incluyen los 300 apartamentos del complejo Banana Beach, uno de los mayores atropellos urbanísticos de la era GIL. De hecho, esta promoción, levantada en los tiempos de Jesús Gil como alcalde, convirtió a Marbella en el primer ayuntamiento de España con una comisión de gobierno al completo condenada en firme por un presunto delito contra la ordenación del territorio.

Así lo anunció ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien informó de que el equipo de gobierno estudiará las medidas necesarias para aprobar de forma provisional el planeamiento con la inclusión de las tres urbanizaciones habitadas que han quedado fuera del documento: la mencionada Banana Beach, las viviendas que se asientan sobre un yacimiento arqueológico en Río Real y una treintena de casas en El Alicate, en La Víbora.

El Consistorio analizará en las próximas semanas "todas las vías posibles" para incluir estas tres urbanizaciones y sumarlas a las 18.000 casas que serán normalizadas por el nuevo plan, que será sometido por segunda vez a aprobación provisional a mediados de julio para, posteriormente, remitirlo a la Junta de Andalucía antes de agosto. La Administración regional dispondrá de cinco meses para darle el visto bueno definitivo.

Según los cálculos del Consistorio marbellí, el PGOU podría estar aprobado a finales de 2009. La alcaldesa mostró su deseo de reunirse con la Consejería de Vivienda y Ordenación antes de la aprobación definitiva para trasladar sus razones para incluir estas tres urbanizaciones. "Este texto no pretende ser una amnistía ni un punto final. Hay muchas viviendas, más de mil, que no se regularizan, pero son inmuebles que no están habitados. Cuando hay propietarios detrás, hay que ser mucho más flexibles", añadió.

Muñoz expresó su confianza de alcanzar un acuerdo con la Junta, ya que "hablamos de tres promociones muy concretas. En el caso de Banana Beach se puede dejar para un posterior desarrollo al incluirlo dentro del área del polígono y en cuanto a las otras dos promociones, se estudiarán las posibles compensaciones al Ayuntamiento". No obstante, dados los antecedentes, no parece que este acuerdo sea sencillo, puesto que ya en marzo de 2005 la entonces consejera de Obras Públicas Concepción Gutiérrez solicitó la demolición de Banana Beach.

La regidora subrayó que el derribo de estos edificios habitados crearía alarma social y pérdida de confianza en las administraciones. "Entendemos que hay que hacer un esfuerzo" e incluir estas edificaciones en el sistema de compensaciones del PGOU. "Espero que podamos presentar los argumentos suficientes para que se apruebe esta modificación y la Junta esté de acuerdo", añadió, al tiempo que dijo entender los criterios del equipo redactor y del Gobierno regional, pero abogó por alcanzar un punto de entendimiento.

Además, destacó la importancia de las zonas verdes y de esparcimiento, así como la intención de la Administración autonómica de recuperar el frente litoral, pero "también hay que tener en cuenta que detrás hay personas. Aunque el urbanismo se pinta en plano, detrás hay muchos afectados y tenemos que defender sus intereses". En cuanto a las sentencias pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para demoler varios inmuebles, Muñoz aseguró que cuando el PGOU se apruebe definitivamente, el Ayuntamiento instará a los promotores "para que lleven a cabo todas aquellas peticiones de ejecución de sentencia".

Se venden en abril casi 1.200 pisos menos que un año atrás (Málaga Hoy)

La compraventa de inmuebles cae un 39,2% en la provincia, retrasando el despertar del sector


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Dos jóvenes señalan el cartel de venta de su piso.



Dicen los promotores que en las últimas semanas se está empezando a notar un mayor interés por parte de los compradores a la hora de adquirir viviendas e incluso ya hablan de la manida frase brotes verdes. Sin embargo, en abril esos supuestos brotes seguían bastante hundidos en la tierra a tenor de los datos que hizo públicos ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). En ese mes se realizaron 1.817 operaciones de compraventa de viviendas en la provincia, lo que supone 1.171 transacciones menos que en el mismo mes del año anterior. Si se compara en porcentajes, la caída es del 39,1%, un dato más que preocupante.

La mayoría de las operaciones de compraventa correspondían a viviendas de renta libre (1.743) y nuevas (1.174), por lo que se deduce que la venta de viviendas de protección oficial o de segunda mano no pasan por su mejor momento. En el primer caso porque hay escasa oferta y porque sus propietarios prefieren pagar las tasas correspondientes y venderla como renta libre para sacar más dinero y, en el segundo, porque la bajada de precios ha sido más considerable en las nuevas promociones que en las viviendas usadas.

Pese a todo, Málaga continúa liderando la compraventa de pisos en Andalucía a bastante distancia de Sevilla, que se coloca segunda con 1.090 transacciones en abril. La tercera, Almería, con 823, está a años luz. En el conjunto nacional, Málaga está, por ejemplo, al mismo nivel que una gran ciudad como Barcelona (1.827 compraventas) y supera a otros destinos vacacionales como Alicante, Valencia o Murcia.

La Diputación, Marbella y Mijas plantean legalizar 40.000 casas (La Opinión)

Pendón defiende que las viviendas irregulares de la Axarquía pueden ser legalizadas. Mijas frenará las multas mientras revisa el PGOU. Ángeles Muñoz promete que no habrá derribos

M. ALBARRAL. / P. SÁNCHEZ. MÁLAGA La Axarquía, Marbella y Mijas. Interior y litoral. Partidos de diferentes signo político. Todos se unen bajo un mismo objetivo: regularizar las viviendas ilegales que sea posible y no castigar así al comprador de buena fe.
El presidente de la Diputación Provincial, Salvador Pendón, aseveró ayer que la situación de las viviendas ilegales de la Axarquía se puede solucionar con su regularización y dijo no entender cómo en Marbella se habla de normalizar 30.000 casas y en dicha comarca de "imputar a los alcaldes".
Pendón informó de que la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio "está implicada en una solución favorable", ya que se observan "ciertas posibilidades de poderlo hacer" y añadió que no "es descabellado" pensar en un plan de regularización a semejanza del que se está llevando a cabo en otras municipios andaluces.
El presidente de la Diputación y secretario de Vivienda y Ordenación del Territorio del PSOE-A dijo además que la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la Axarquía está "muy avanzada", por lo que "tampoco es descabellado" cambiar algunos aspectos que "haría posible incluir una nueva remesa de esas edificaciones hasta ahora irregulares".
Pendón indicó que "sólo en casos muy concretos" dichas construcciones tienen determinadas limitaciones en relación con el territorio en el que está ubicadas, ya que la mayor parte de las edificaciones "no están en suelo que soporte algún tipo de protección", por lo cual, cualquier tipo de regularización es "posible". Para el mandatario del ente supramunicipal la imputación de los alcaldes debería ser "el último paso". "Lo que procede es no demonizar una situación que comporta signos de irregularidad pero que no excede de la que se da en otros lugares de la comunidad autónoma", declaró.
Mijas. El alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, anunció ayer por su parte "la suspensión de las multas coercitivas a los propietarios de las viviendas irregulares del municipio". La asesoría jurídica del Ayuntamiento ha estado trabajando en este asunto hasta que ha logrado encontrar una fórmula para que no se siga produciendo esta situación.
Así pues, el Consistorio decretará orden de demolición en las construcciones, lo que supone lograr "un amplio margen de tiempo" hasta hacerla efectiva. De esta manera, el procedimiento se alargaría, aproximadamente, un año y medio. "Con esta medida no sólo dejarán de pagar multas los afectados, sino que el margen de tiempo es mayor por lo que nos da tiempo desde el Ayuntamiento a realizar la revisión del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) y a legalizar las que se puedan", aseguró el regidor.
Sánchez convocó ayer la mesa de trabajo de la comisión de seguimiento de esta problemática para anunciarles la decisión del equipo de gobierno. Tanto el PP como el concejal no adscrito apoyaron la iniciativa que se presentará en el pleno corporativo de julio como una moción institucional. Según la ley las actuaciones no se pueden aplicar con carácter retroactivo, pero a quienes se les haya notificado ya alguna multa sí dejarán de recibir las sucesivas. Por otra parte, el alcalde adelantó que "el catálogo de construcciones en suelo no urbanizable que elabora el Ayuntamiento tiene ya unas 400 referencias registradas". En Mijas se estima que existen más de 3.000 viviendas en situación irregular.

Marbella. También se expresó sobre este asunto la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que dijo querer ser fiel a su compromiso electoral. Prometió que no se derribaría ni una sola vivienda habitada de las 18.000 que están en la lista de las irregulares.
Ayer, lo recordó. "Cambiaremos el documento para que lleve la impronta de nuestro compromiso político", afirmó tras reconocer que el equipo de gobierno mantiene importantes discrepancias con el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana. El último PGOU, remitido esta misma semana al Consistorio para su segunda aprobación provisional prevista para julio, no incluye en el proceso de normalización a alrededor de 1.000 inmuebles, según explicó ayer Muñoz. De ellos, en torno a 400 son especialmente sensibles para la regidora por estar habitados por familias desde hace años. Son los complejos Banana Beach, de alrededor de 300 apartamentos, y dos promociones ubicadas en la urbanización de El Alicate y Río Real.

Pendón pide que no se "demonice" la situación urbanística de la Axarquía (Málaga Hoy)

El presidente de la Diputación apoya a los alcaldes que demandan que las ilegalidades sean tratadas por la vía administrativa y no penal · Reclama un plan de regularización


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Salvador Pendón, presidente de la Diputación.



El presidente de la Diputación provincial de Málaga, Salvador Pendón, volvió a ponerse ayer del lado de los alcaldes de municipios de la Axarquía sobre los que pesan desde hace años numerosas denuncias por irregularidades urbanísticas al permitir la construcción de edificaciones sobre suelo no urbanizable. El dirigente provincial insistió en que no se puede "demonizar" la situación que se vive en esta zona de la provincia y en defender que las actuaciones sean tramitadas por la vía administrativa y no penal, como reclaman los regidores.

Pendón, que dijo ignorar el número de construcciones al margen de la ley que se levantan en este territorio, que los ecologistas sitúan en 20.000, reclamó dar pasos en pos de regularizar buena parte de las mismas mediante tres vías "no descabelladas": los planes generales de ordenación urbanística (PGOU) que se ultiman en los municipios; ciertas modificaciones en el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Axarquía, impulsado por la Junta de Andalucía, y un plan de regularización "a semejanza" de los que se han puesto en marcha en otros puntos de la región.

Estos instrumentos permitiría dar visos de legalidad a lo que hoy es irregular. Aunque no a todas. "Algunas quedarían fuera de ordenación y a esas habría que aplicar aspectos disciplinarios", comentó, al tiempo que recordó que la mayoría de las construcciones irregulares de la comarca "no están en suelos protegidos", lo que puede allanar el camino de la regularización.

"Ahora lo que procede es no demonizar una situación que comporta signos de irregularidad pero que no excede a los que se dan en otros territorios de la comunidad. No entiendo por qué en la misma provincia se habla con absoluta tranquilidad de legalizar 30.000 viviendas ilegales en Marbella y pretendemos que la única solución en la Axarquía sea imputar a los alcaldes", sentenció.

Por ello, insistió en reclamar que antes de cualquier otra intervención se den los pasos "administrativos, técnicos y políticos" necesarios para normalizar la situación. "No pensemos que todos los alcaldes de la Axarquía han actuado con mala fe, con la idea de saltarse la ley y pensemos que se han encontrado con una situación que les empujaba hacia una determinada acción", apostilló.

El presidente de la institución supramunicipal incluso aludió a la "angustia" que, consideró, deben tener determinados regidores en este escenario, a la que se sumó la de vecinos que "no saben qué va a pasar con las viviendas que tienen". Todo ello, opinó, "puede crear un clima enrarecido". Según datos de la Junta de Andalucía, los jueces y fiscales investigan más de 60 causas urbanísticas en la zona de Axarquía, al tiempo que se han tramitado entre 1997 y 2009 un total de 1.400 denuncias urbanísticas.

La Junta estudia construir otra presa en lugar de recrecer La Concepción (Málaga Hoy)

La propuesta que estudian los técnicos permitirá aumentar la capacidad de almacenamiento de la Costa occidental en unos 40 hectómetros cúbicos sin tener que vaciar el embalse del río Verde


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Presa de La Concepción que abastece a la Costa del Sol occidental.





Casi diez años después de que se planteara la necesidad de recrecer el embalse de La Concepción, los técnicos de la Agencia Andaluza del Agua proponen ahora otra alternativa que costará más pero que no obligará a vaciarlo para hacer la obra. La idea que, ya se está estudiando, es construir otra presa complementaria entre la actual y el viaducto de la autovía de la Costa del Sol occidental y que permitirá almacenar unos 40 hectómetros cúbicos más los 56 que tiene la actual.

La Junta de Andalucía está a punto de sacar el pliego de bases para encargar el estudio que determinará su viabilidad y el coste que podría acarrear. Pero a priori, los técnicos creen que está opción conlleva más ventajas que el proyecto inicial de recrecimiento del pantano que la extinta Aguas de la Cuenca del Sur (Acusur) incluyó dentro del llamado Plan Málaga en 1999 y que suponía una inversión en ese momento de caso 38,5 millones de euros.

El único inconveniente que habrá que estudiar con detenimiento es que al tener que ser una presa de materiales sueltos y no de hormigón, como ocurre en el caso del pantano del Limonero o del Guadalhorce, el la zona de resguardo que debe permanecer vacía por razones de seguridad ante posibles avenidas tiene que ser mayor y "eso hará que la capacidad final de almacenamiento pueda variar sustancialmente", explicaron a este periódico fuentes de la Agencia Andaluza del Agua.

Pero lo que más convence a los técnicos es que con la construcción de esta segunda presa, no habría que vaciar la actual por debajo del 40% como estaba previsto en un principio y dejar a la Costa del Sol occidental desabastecido durante el tiempo que duren las obras.

Si finalmente se opta por esta alternativa, tampoco haría falta que entrase en funcionamiento la desaladora de Mijas para poder iniciar los trabajos, ya que la presa de La Concepción podría seguir abasteciendo a toda la zona costera sin ninguno problema.

Ese fue el requisito indispensable que fijaron en 2006 los anteriores directivos de la Agencia Andaluza del Agua para retomar el proyecto que diseñó el Gobierno del PP hace diez años y que había rechazado de plano un año antes cuando asumió las competencias en materia de agua. Pero la desaladora aún no ha empezado a construirse, a pesar de que el compromiso era que estaría lista el verano pasado. El retraso supera los dos años y no fue hasta octubre del año pasado cuando se adjudicaron las obras.

La Agencia Andaluza del Agua llegó incluso a encargar un estudio, valorado en más de dos millones de euros, para revisar el proyecto de recrecimiento original y que obligaba a vaciarla por completo.

El estudio para analizar esta segunda alternativa no estará terminado hasta dentro de un año cuando el Gobierno andaluz tendrá que decidir por cuál de ellas opta.

Archivada la querella de los promotores de Los Llanos contra el alcalde de Coín (SUR)

El juez entiende que es «desproporcionado» y «prematuro» imputar un delito a Clavijo hasta que no se resuelvan los recursos contenciosos
Archivada la querella de los promotores de Los Llanos contra el alcalde de Coín
Gabriel Clavijo./ J. J. B.
Nuevo capítulo en el culebrón de la urbanización paralizada por el Ayuntamiento de Coín en el paraje de Los Llanos. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 del municipio ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la querella que presentaron los promotores (Frai, Comarex y Caja Rural de Granada) contra el alcalde, Gabriel Clavijo, al que acusaban de haber incurrido en un posible delito de prevaricación administrativa por bloquear el inicio del proyecto aprobado en su día por el anterior regidor, Juan José Rodríguez Osorio, y que planteaba la construcción de unas mil de viviendas, un hotel y campos de golf.
Según la resolución judicial, contra la que cabe recurso y a la que ha tenido acceso este periódico, la imputación de un delito contra Clavijo por este asunto sería «prematura» y «desproporcionada» teniendo en cuenta que todavía no hay un fallo firme de los recursos contencioso-administrativos que se han venido presentando en este tiempo. No obstante, en el auto, con fecha del 10 de junio, se señala que el procedimiento podría reabrirse en caso de que aparezcan nuevos datos o nuevas resoluciones judiciales.
El regidor, satisfecho
El propio Clavijo se mostró ayer contento por la decisión del juez porque, según aseguró, demostraba que tanto él como el Ayuntamiento han actuado siempre de acuerdo con la legalidad en la paralización del proyecto por los posibles daños medioambientales que causaría. «Nosotros nos sentimos muy satisfechos y no vamos a torcer nuestro posicionamiento por muchas presiones que recibamos», declaró el primer edil.
El alcalde destacó que el Consistorio mantiene tendidos los «puentes del diálogo» con los promotores de la actuación, si bien aclaró que cualquier acuerdo pasaría por que «no se haga absolutamente nada en Los Llanos de Matagallar». Además, mostró su agradecimiento a las personas y colectivos que le habían expresado su apoyo en este asunto e hizo un llamamiento para seguir defendiendo el patrimonio de Coín.

Urbanismo comprará casas en ruina para facilitar la recuperación del casco antiguo. Vélez-Málaga (SUR)

El objetivo es promover la rehabilitación del centro histórico de la ciudad, evitando el deterioro paulatino de las viviendas y la despoblación del casco antiguo. Con esta finalidad, la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Vélez va a convocar un concurso dirigido a comprar casas y edificaciones en ruina con la idea de proceder a su rehabilitación, en el supuesto de que tengan algún tipo de protección, o en caso contrario para promover la ejecución de nuevas viviendas públicas.
«La realidad actual es que cada vez se incrementan más las viviendas en ruina que son abandonadas por sus dueños. Esta situación está provocando un aumento también de los sectores del casco antiguo que se están despoblando», ha señalado el edil de Urbanismo, Salvador Marín, para quien el Ayuntamiento está obligado a intervenir sin quiere evitar que el casco antiguo de Vélez «termine convertido en una auténtica ruina».
Acuerdos
Según Marín, mediante esta iniciativa de compra de solares y viviendas lo que pretende el equipo de gobierno (PSOE, IU y GIPMTM) es alcanzar acuerdos con los propietarios de las edificaciones en ruina en un intento facilitar la recuperación y repoblación del casco antiguo.
Para el edil, esta acción municipal en el centro de la ciudad incitará a los propietarios a recuperar sus casas y con ello se volverá a dar vida al casco antiguo, cuya población se ha ido trasladando con el paso de los años a la ciudad más moderna.
Marín ha señalado que hay determinadas zonas donde se aprecia más el estado ruinoso de las viviendas, aunque la realidad es que es un hecho generalizado en todo el casco histórico antiguo veleño.
Recientemente, Urbanismo convocaba otro concurso público para la adquisición de suelos no urbanizables al objeto de ser incorporados al patrimonio municipal, con la idea de utilizar estos terrenos para la creación de parques públicos o cualquier otro tipo de actividad.

Dos oficinas asesorarán a 24 ayuntamientos en materia urbanística. SUR

La comarca de la Axarquía contará a partir de ahora con dos oficinas territoriales para asistir a veinticuatro localidades en materia de urbanismo y ordenación territorial. Una iniciativa que se pondrá en marcha gracias al convenio suscrito ayer por el presidente de la Diputación Provincial, Salvador Pendón, y el máximo responsable de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, José Jesús Domínguez Palma.
Las oficinas, que contarán con arquitecto, abogado y aparejador, se ubicarán en el núcleo poblacional de Torre del Mar -dependiente de Vélez-Málaga- y en Periana y asistirán a Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Almáchar, Árchez, Arenas, Benamargosa, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cútar, El Borge, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo, la propia Periana, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Totalán y La Viñuela.
La emisión de informes técnicos, de la gestión urbanística, el planeamiento y la inspección y disciplina urbanística son las tareas de las que se encargarán estas oficinas, cuyos equipamientos sufragará la Diputación, así como el 50% de los gastos del personal técnico.
Legalización
Al ser un acto sobre urbanismo, Pendón se refirió a la situación de las viviendas ilegales existentes en la comarca y cuya regularización reclamó. Para ello puso el ejemplo de que en Marbella se está postulando la posibilidad de normalizar 30.000 pisos, mientras que en la Axarquía se hablar de «imputar a los alcaldes».
«No es descabellado pensar en un plan de regularización. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio está implicada en la solución favorable del mismo», apuntó Pendón, quien recordó que sólo en casos muy concretos esas viviendas están en suelos protegidos frente a la mayoría que no lo está.

Freno a las multas a viviendas irregulares y más tiempo para evitar los derribos. Mijas (SUR)

La propuesta, que contará con el respaldo de la oposición, pretende aliviar los gastos de las familias y extender el proceso mientras se encuentran soluciones a las viviendas
Freno a las multas a viviendas irregulares y más tiempo para evitar los derribos
Sánchez comentó que se pretende ganar tiempo. /M.J.
Los meses de trabajo en favor de solucionar el problema de las construcciones irregulares en el municipio parece que pronto comenzarán a dar sus frutos. El alcalde, Antonio Sánchez anunció ayer, tras mantener una reunión con miembros de la oposición, la puesta en marcha de una medida que afectará muy de cerca a los propietarios de edificaciones ilegales. Se trata de la sustitución del mecanismo de imposición de las multas coercitivas por otros medios de ejecución forzosa que tienen como objetivo alargar el proceso de demolición de dichas propiedades.
Según esta nueva fórmula, que se llevará a pleno el próximo mes de julio, el Ayuntamiento no enviará las correspondientes sanciones acumulables -doce hasta ahora, antes poner en marcha el expediente de demolición- a los infractores y decretará directamente la demolición, aunque para ello dará un margen de tiempo lo más amplio posible para hacerla efectiva. Ese plazo está pendiente de fijarse, y se hará de forma conjunta con la oposición, «siempre dentro de la legalidad», apuntó el primer edil. De esta manera, se aplicará un parámetro diferente dependiendo del tipo de construcción a la que se inicie el expediente, siendo, de manera lógica, el periodo más largo para las viviendas habitadas que incumplan la normativa.
A través de este nuevo trámite municipal se ganará un amplio margen de maniobra hasta que se puedan aplicar regularizaciones vía revisión del Plan General, evitando así que se demuelan construcciones que pudieran ser legalizadas en el futuro. Y es que, según el documento preparado por la asesoría Jurídica del Ayuntamiento, tras ese proceso el infractor aún cuenta con la posibilidad de pedir la suspensión de demolición de su expediente, cuya puesta en marcha debe haberse ratificado anteriormente en sesión plenaria.
En cuanto a las infracciones ya iniciadas, Sánchez apuntó que «pese a que no se puede aplicar la medida con carácter retroactivo, a quienes se haya notificado ya alguna multa, dejarán de recibir las sucesivas». En este sentido, apuntó que una de las ventajas de esta medida pasar por «dar un respiro a los afectados».
El mandatario señaló por otra parte que también se consigue tiempo para que instancias superiores, que son las que tienen las competencias sobre legislación urbanística, pongan en marcha cambios que abran nuevas posibilidades de normalización, «al tratarse de un problema social que afecta prácticamente a toda España» destacó. En este sentido, el edil popular Manuel Navarro expresó públicamente el deseo de que «la Junta de Andalucía trabaje con la mayor diligencia posible en una medida que permita solucionar este problema que afecta a la mayor parte de los municipios de la comunidad autónoma».
Moción institucional
El documento que recoge la nueva medida urbanística fue trasladado ayer por el alcalde y el concejal de Urbanismo, Juan Cruz, a la oposición en una reunión mantenida dentro de la mesa de trabajo en favor de la solución del problema de las construcciones irregulares. Al término de esta, Navarro consideró la medida, «muy positiva y similar a la que el PP ha solicitado en numerosas ocasiones que se pusiese en marcha». Por su parte, el edil no adscrito José Antonio Sánchez aseguró que se trata de «un buen comienzo, pero al que habrá que sumarle un catálogo individualizado y otras medidas para la solución definitiva del problema».
Al respecto, desde la administración local se anunció que el catálogo de construcciones en suelo no urbanizable que tiene ya unas 400 referencias registradas, será una herramienta primordial para determinar qué construcciones tienen posibilidades de regularización. En este sentido y según datos facilitados por el PP, «las imágenes aéreas cifran las viviendas irregulares en 3.750». La intención municipal es finalizar el estudio de las edificaciones y posteriormente reunirse con los colectivos afectados.

La alcaldesa legalizará las tres promociones habitadas y niega que el PGOU sea una amnistía. Marbella (SUR)

Muñoz advierte de que un millar de viviendas sin ocupar sí se quedarán fuera de ordenación
La alcaldesa legalizará las tres promociones habitadas y niega que el PGOU sea una amnistía
La alcaldesa avanzó que éste será uno de los edificios que se echarán abajo al no quedar dentro del PGOU. /JOSELE-LANZA
«Aunque el urbanismo se dibuja y se pinta en plano detrás hay muchos afectados y tenemos que defender sus intereses». Con esta declaración de intenciones de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ayer quedaron pocas dudas de cuál será el futuro de las tres promociones habitadas que el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha dejado sin legalizar en el documento que entregó el pasado viernes al Ayuntamiento. Sin medias tintas, la regidora confirmó que ante esta nueva disyuntiva urbanística modificará el Plan antes de llevarlo a pleno con el fin de regularizar este medio millar de inmuebles: el edificio Banana Beach, los bloques de Río Real que se levantan sobre yacimiento arqueológico y una treintena de casas de la zona de El Alicate. «La demolición de estos edificios ocupados crearía una alarma social y una pérdida de confianza en las administraciones», justificó.
De momento, se desconoce cuál será la fórmula para rescatar este grupo de viviendas con inquilinos, aunque dio algunas pistas. En el caso del Banana Beach, convertido en emblema del desaguisado urbanístico del GIL, dejó entrever la posibilidad de que se vincule con el futuro desarrollo del polígono industrial de La Ermita una vez se haga efectivo su traslado. Para las otras dos promociones, apostó por vincular su legalización al pago de compensaciones que se cargarían a los promotores.
«Puerta abierta»
«Analizaremos todas las vías posibles para que tengan una puerta abierta dentro de la legalidad», avanzó Muñoz. Una decisión en la que confía contar con el respaldo de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, con la que prevé reunirse antes de la aprobación provisional, prevista para julio. «El documento que llevemos a pleno debe tener la impronta de nuestros compromisos políticos», añadió en tono conciliador. De hecho, dijo entender los criterios tanto de la Junta como del equipo redactor pero apostó por hacer «un esfuerzo».
Lo que también quiso dejar claro es que no se tratará en ningún caso de una amnistía ni de un punto y final ante el rosario de viviendas ilegales que dejó el gilismo gracias a licencias que se sustentaron en un PGOU que nunca fue legal. Por contra, explicó que un millar de inmuebles sin vecinos por medio sí se quedarán fuera del nuevo planeamiento. Esto es, serán pasto de la piqueta o se reutilizarán como equipamientos públicos. Entre ellos, se encuentra el edifico destinado a hotel que se levantó junto al hospital Costa del Sol en suelo calificado como parques y jardines, una de los ocho construcciones deshabitadas que el Gobierno andaluz había pedido que se derribaran. Igualmente se quedan fuera del Plan una estructura inconclusa frente a La Reserva de Noelia y otras en Aloha o El Picadero.
«No es fácil el periodo que se abre y entendemos que habrá reclamaciones al Ayuntamiento pero no podía ser un punto y final», sentenció la primera edil en alusión al escenario que se producirá cuando se apruebe el PGOU, ya que el grueso de las edificaciones que tendrán que demolerse contaron en su día con una licencia, aunque fuera anulada, e incluso protagonizaron convenios con el Consistorio. Será el momento entonces de instar a los promotores a que ejecuten las sentencias de derribo en este millar de viviendas sin habitar y además se comenzarán a revisar las licencias ilegales. Dicho de otra forma, se seguirá el Plan a pies juntillas.
A rajatabla
«El Ayuntamiento quiere dar un marco legal y no habrá ninguna medida que no siga a rajatabla lo que marque este documento, será como una biblia dentro del ámbito urbanístico en los próximos años», apuntó la alcaldesa. Sobre los plazos, confió en llevarlo a pleno para su aprobación provisional el próximo mes de julio. Por delante quedan unos días intensos en los que mirarán con lupa si el equipo redactor ha atendido todos los criterios municipales en el último retoque que se le ha dado el PGOU tras su primera aprobación provisional, algo que no ha hecho en el caso de las tres promociones habitadas que no se legalizan.
Una vez se apruebe en pleno, el resto de la tramitación quedará ya en manos de la Junta, que pese a las afirmaciones del equipo de gobierno de que el planeamiento se estaba negociando con el Gobierno andaluz se ha resistido a pronunciarse hasta que el Plan supere la próxima aprobación. El Ayuntamiento espera que pueda entrar en vigor a final de año. Todo dependerá de que la Junta no le ponga ninguna pega.

Derriban los antiguos prostíbulos del Muro de San Julián para dar paso a VPO (SUR)

Urbanismo iniciará en breve las excavaciones arqueológicas para determinar las dimensiones que tendrá el aparcamiento
La construcción y gestión de las casas, vinculadas a un centro de emprendedores, correrá a cargo de una empresa privada

Derriban los antiguos prostíbulos del Muro de San Julián para dar paso a VPO
El Ayuntamiento ha iniciado ya las demoliciones en la calle Muro de las Catalinas. / EDUARDO NIETO
La transformación de la zona entre las calles Nosquera y Andrés Pérez, junto a la calle Carretería, empieza a pasar de los planos a la realidad. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha iniciado la demolición de las casas que quedaban en pie en la calle Muro de las Catalinas, prolongación del Muro de San Julián, y que albergaban uno de los últimos focos de prostitución en el Centro. Tras el desalojo de las prostitutas, la actuación del Ayuntamiento ha sido inmediata para evitar su retorno y poder iniciar cuanto antes las excavaciones arqueológicas previas al proyecto de viviendas de protección oficial para jóvenes que se hará en este lugar.
Las grúas se afanaban ayer en dejar el sitio expedito para dar paso a la labor de los arqueólogos. Algunos de los edificios a derribar mostraban síntomas de haber sido incendiados por dentro en los últimos días, tras su desalojo.
Con esta intervención se da el pistoletazo de salida a una actuación que lleva pendiente desde hace cinco años y que consistirá en la construcción de medio centenar de VPO en alquiler con opción a compra para jóvenes menores de 35 años, así como de un centro de emprendedores y una calle o zoco de artesanos.
El proyecto, promovido por la Gerencia de Urbanismo en coordinación con el Servicio de Programas del Ayuntamiento, forma parte del plan de Iniciativa Urbana para regenerar algunos de los enclaves más deprimidos del casco antiguo gracias a la inyección de fondos europeos. En concreto, incluye un centro de emprendedores que estará vinculado a una parte de las viviendas y que se dedicará a la incubación de empresas de base tecnológica o que se dediquen al sector servicios, y que necesiten despachos, archivos, salas de usos múltiples o almacenes.
La proximidad de las parcelas al trazado de la antigua muralla musulmana de la ciudad hace obligada una meticulosa labor de investigación arqueológica que determinará la viabilidad técnica del proyecto de las viviendas, así como las dimensiones del aparcamiento subterráneo sobre el que se asentarán. En principio, se ha calculado que posea unas doscientas plazas con el fin de prestar servicio no sólo a los residentes en la promoción de VPO sino a vecinos del entorno. No obstante, ese número puede verse reducido en función de los sondeos que se practiquen en el solar.
Plazos
Tanto el aparcamiento como las viviendas serán construidos y gestionados por una empresa privada que el Ayuntamiento escogerá mediante un concurso. El inicio de este procedimiento depende de los resultados del estudio arqueológico, que tiene un plazo de realización de tres meses. No obstante, el inicio de las obras puede demorarse todavía un año o más, hasta que se convoque y se resuelva el citado concurso.
Las viviendas se ubicarán en dos edificios que estarán separados por una especie de calle o plaza de nueva creación con árboles que se generará con la prolongación de dos callejones sin salida. En este lugar está previsto un zoco de artesanos, que se implantará en las plantas bajas de los edificios de VPO.