martes, 2 de junio de 2009

El Consejo Consultivo aprecia un retorno a la legalidad urbanística en el litoral (Málaga Hoy)

ano Bueso ensalza la apuesta "clara y decidida" del Gobierno municipal de Marbella por revisar actos ilegales · Las "buenas prácticas administrativas" es un mensaje que está calando en los ayuntamientos


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El clima de lucha contra la corrupción urbanística generalizado, desde la Unión Europea a la Junta, pasando por las decisiones judiciales y las actuaciones policiales, han servido para poner coto a la actitud de muchos ayuntamientos costeros y para que estos emprendan un camino de "retorno a la legalidad". Al menos, así se recoge en la Memoria de 2008 del Consejo Consultivo de Andalucía, que ayer fue entregada por el presidente de este órgano, Juan Cano Bueso, al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán .

Este cambio, según Cano Bueso, está siendo apreciable sobre todo en algunos municipios muy castigados por el urbanismo salvaje, donde se está procediendo a "una reorganización y reordenación de la legalidad de una manera clara y contundente", siendo el mejor ejemplo el Ayuntamiento de Marbella.

El motor de este proceso Cano Bueso lo situó en un mayor conocimiento por parte de los ayuntamientos de la normativa, ya que ahora se están preocupando por disponer de unidades administrativas mínimas para informarse acerca de cómo se resuelven los procedimientos en materia de legalidad urbanística. Tampoco pasó por alto el esfuerzo del mundo jurídico por establecer un poco más de rigor en el cumplimiento de la legalidad. "Todo ese mundo de controles y de actos jurídicos y jurisdiccionales ha creado una mentalidad en torno a estar mucho más pendiente de la buena tramitación de un planeamiento urbanístico o de una licencia", indicó. 

La presión institucional, tanto de la administración más cercana, como puede ser la Junta, a la UE, consideró que hacen "mella e impactan sobre la mentalidad de quienes tienen que resolver los temas urbanísticos y, por tanto, se exigen un cumplimiento de la legalidad mucho más alto que en el pasado". 

No obvió el esfuerzo de divulgación de la doctrina del Consejo Consultivo y de las "buenas prácticas administrativas que están calando particularmente en los ayuntamientos, que son los que están más castigados y en peores circunstancias porque tienen una debilidad mayor desde el punto de vista burocrático", afirmó Cano Bueso. 

Liderando esa recuperación de la legalidad se encuentra Marbella, ciudad en la que apreció "que tiene en este momento una actividad de revisión de actos ilegales muy clara y decidida por parte de su alcaldesa -Ángeles Muñoz (PP)- y, en ese sentido, en el Consejo Consultivo encuentra el apoyo constante y el asesoramiento que precise para esta tarea encomiable". 

Las consultas más habituales que se han hecho desde la administración andaluza se han referido, según explicó el presidente del Consejo Consultivo, a la revisión de actividad urbanística concebida contra la legislación vigente, que se ha ido produciendo, en los últimos 15 ó 20 años, en determinadas zonas muy específicas, cuyos ayuntamientos en este momento, sean Marbella o Estepona o cualquier otro de las llamadas "zonas calientes", están haciendo un gran esfuerzo por regresar al mundo de la legalidad urbanística, para lo que necesitan revisar todas las licencias que fueron concedidas hace tiempo y que iban en contra de la ley.

Las cuestiones urbanísticas, sin embargo, no son la única conclusión de esta Memoria del Consejo Consultivo. El documento también tiene una lectura numérica, ya que durante el pasado ejercicio tramitó 808 solicitudes de dictámenes, de los cuales se han emitido 771, lo que supone un 10% más respecto a 2007. El 67% fueron a instancias del Gobierno y la Junta; el 32% por las administraciones locales y el 1% por entes de Derecho Público. La Administración autonómica siguió los dictámenes del Consultivo en el 93% de las ocasiones con lo que el grado de cumplimiento es "superior" al de las sentencias judiciales, apuntó Cano Bueso. De los 771 dictámenes emitidos, 634 lo han sido en sentido favorable a la resolución de la administración, 84 fueron desfavorables y 53 devueltos. Sólo dos de los dictámenes emitidos fueron objeto de votos particulares, el resto por unanimidad.

Urbanismo expropia otras once fincas para rehabilitar el Centro (La Opinión)

Los suelos se destinarán a la construcción de viviendas para jóvenes llamadas ´tecnocasas´. La lentitud del proceso enfrenta a la Junta con el Ayuntamiento

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA La Gerencia de Urbanismo dará otro pasito adelante en la puesta a disposición de la Junta de Andalucía de los suelos necesarios para que ésta lleve a cabo el plan de rehabilitación de las zonas degradadas del centro histórico que engloba el entorno de Carretería, Madre de Dios y Victoria. 
En concreto, en la reunión del consejo de administración del próximo jueves, Urbanismo llevará a aprobación los proyectos de expropiación de 11 fincas situadas en las calles Alta, Grama, Cobertizo del Conde, Dos Aceras y Álvarez. Todas ellas pertenecen al ámbito de rehabilitación concertada del Centro Histórico. 
De esta forma, el Ayuntamiento da cumplimiento al convenio suscrito en agosto de 2005 entre la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para el desarrollo de actuaciones públicas en el área de rehabilitación del Centro Histórico a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). 
El objetivo de este acuerdo era la obtención de suelos con destinos a la promoción de viviendas de protección, dotaciones y equipamientos necesarios en dicho ámbito así como el desarrollo de las "viviendas incubadoras" incardinadas en el "barrio del conocimiento". 
El proyecto, en todo caso, mantiene enfrentados a Junta y ayuntamiento. La administración autonómica acusa al Consistorio de llevar las expropiaciones a cuentagotas ya que desde que se firmó el convenio de actuación entre ambas instituciones en 2005, apenas ha llevado a cabo la expropiación de la mitad de las fincas que había que adquirir por este procedimiento. 
El Ayuntamiento, por contra, señala que no inició las expropiaciones hasta que no tuvo el compromiso por escrito de la Junta de hacerse cargo de su coste económico, lo que no ocurrió hasta hace un año, y aun así, aseguran desde el Ayuntamiento, la Junta aún no ha hecho efectivo ni un euros de las expropiaciones realizadas.

La ampliación del Parque del Norte estará lista para septiembre de este año (La Opinión)

Técnicos de la Junta y el Ayuntamiento trabajan en un proyecto de mejora después de que el Consistorio no lo recepcionara por la mala terminación

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA El antiguo cauce del arroyo del Cuarto, que tantos malos ratos dio a la ciudad con sus desbordamientos, es hoy un parque cuya segunda fase, la de ampliación, será ´encauzada´ gracias al acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía. 
Gracias a este acuerdo, se rectificarán los numerosos fallos que quedaron tras la terminación ´oficial´ el pasado verano, cuando la entonces Cuenca Mediterránea Andaluza –hoy Distrito Hidrográfico Mediterráneo– dio por finalizadas las obras en la parte alta del Parque del Norte, encargadas a la empresa Guamar. 
El concejal del distrito de Bailén-Miraflores, Manuel Marmolejo, informó a La Opinión de que técnicos de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento trabajan ya en la "reurbanización" de la segunda fase. "Estamos avanzando bastante y en cuanto esté terminado le meteremos mano", señaló Manuel Marmolejo, que explicó que con la actual delegada de Medio Ambiente de la Junta, Remedios Martel, "los problemas se han superado". 
El concejal del distrito Bailén Miraflores precisó que los trabajos deberían estar listos "en septiembre". El proyecto de mejora o reurbanización consistirá, señaló Marmolejo, en arreglar algunas deficiencias, "como meter más arboleda, barandillas y montar el parque infantil". 
Por su parte, Martel, explicó a este diario que había "una serie de problemillas" y añadió: "Estamos en contacto con técnicos del Ayuntamiento para que los vecinos puedan disfrutar de este parque lo antes posible, una vez que las deficiencias se subsanen completamente". La delegada espera que las obras estén listas para septiembre, "en principio la fecha que nos hemos marcado".
Este trabajo conjunto entre las dos administraciones cierra un periodo de casi un año en el que el Ayuntamiento se negó a ´recepcionar´ la ampliación del Parque por considerar las obras "una chapuza", según explicó a este periódico el pasado mes de marzo el concejal Marmolejo.
Por su parte la delegada de Medio Ambiente señaló entonces:?"No podemos tener una obra que no esté terminada y con los vecinos disconformes". 
Al concluir las obras, el Ayuntamiento envió un informe a Parques y Jardines expresando las "discrepancias municipales". Tras el acuerdo adoptado en 2004, la antigua Cuenca Mediterránea Andaluza costeaba con un 75 por ciento las obras de la segunda fase mientras el Consistorio, que aportaba 45.000 metros cuadrados, se encargaba de pagar el resto. 
Entre la lista de quejas que señaló el Ayuntamiento se encontraban la falta de ajardinamiento con césped, la ausencia del parque infantil proyectado, bancos colocados a muy baja altura, casi tocando el suelo, así como farolas en mitad de los caminos, lo que impide el acceso de las sillas de ruedas. 
Otras de las quejas ha sido la extensa explanada de chinos, "un suelo de arenilla distinto al proyectado", explicaba el concejal, que se ha convertido en un campo para que los perros hagan sus necesidades. También mencionó la mala terminación de la pérgola. 
Ante esta situación, el Ayuntamiento realizó una modificación del proyecto con un coste de 249.000 euros para enmendar los errores. El Parque del Norte encuentra el ídem.

El urbanismo actual en Marbella y Estepona, ´ejemplos de legalidad´ (La Opinión)

El mejor conocimiento de la Ley y el efecto disuasorio de las operaciones policiales favorecen "el retorno a lo legal"

PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA Las administraciones públicas andaluzas son eficientes y eficaces pero, sobre todo, legales. Entre ellas se incluyen los ayuntamientos de la Costa, especialmente Marbella y Estepona. Ya han dejado de ser las ´ovejas negras´ que no hace mucho protagonizaran los más escandalosos casos de corrupción urbanística del país y, sin duda, del continente europeo. Todos ellos, pendientes de juicio.
El máximo órgano de consulta para las entidades públicas autonómicas, el Consejo Consultivo de Andalucía, llega a esta conclusión en su último balance, correspondiente a 2008. Ayer mismo, su titular, Juan Cano Bueso, se felicitaba por el "gran esfuerzo" que están haciendo las administraciones marbellí y esteponera para retornar a la legalidad.

Vigilancia. Para ello, hacía hincapié en la necesidad de revisar las licencias concedidas en etapas anteriores que permanecen bajo sospecha. "Si van contra la Ley, son nulas de pleno derecho", insistía. No obstante, el Consejo se ocupó en 2008 de reclamaciones ciudadanas en su mayoría ligadas al funcionamiento de los servicios públicos y a la vigilancia de la legalidad urbanística.
Esta observación contrasta con el hecho de que Ecologistas en Acción denuncia concretamente al Ayuntamiento marbellí por dejar de revisar 800 expedientes de obras ilegales acordados durante el gobierno del GIL –mencionados en la memoria del Plan General de Ordenación Urbana en trámite– y por lo que consideran una manifiesta amnistía en este nuevo PGOU. Se regularizan mas de 30.000 viviendas mientras que tan sólo se derriban unas cuantas estructuras deshabitadas.
A pesar de ello, Cano Bueso se mostró ayer convencido de que el mayor conocimiento sobre legalidad urbanística y el efecto disuasorio de las operaciones policiales y judiciales han influido en la "vuelta a la legalidad". No en vano, opina que el mal funcionamiento de las administraciones públicas suele ser un problema mas bien relacionado con el desconocimiento de las leyes que con la mala fe de sus dirigentes.

Empleados del hotel Cruiser exigen el pago de sus nóminas (La Opinión)

Catorce trabajadores del establecimiento cortaron ayer la N-340, preparan nuevas movilizaciones y amenazan con llevar a la empresa ante los tribunales

CARMEN FERNÁNDEZ. TORREMOLINOS Un total de catorce trabajadores de la empresa ArcoSur se manifestaron ayer en las inmediaciones de las obras de construcción del que será el primer hotel de cinco estrellas gran lujo de Torremolinos, el Cruiser Tres Carabelas. En la mano, el acuerdo y firma del contrato en su día con la empresa; en la boca, un grito: "Queremos cobrar". 
Los trabajadores se manifestaron desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde a lo largo y ancho de la N-340, vía que cortaron de manera pacífica por el paso de peatones, en varias ocasiones. 
La razón de la manifestación era alta y clara: el retraso del pago de las dos últimas nóminas de catorce trabajadores de ArcoSur por el trabajo de mantenimiento en unas obras de las que denuncian que permanecen paralizadas desde mayo de 2008, según informó ayer el comité de empresa del Hotel Meliá Torremolinos, en cuyo solar se construye ahora el Cruiser. Se trata de 14 trabajadores que en 2006 decidieron trabajar para ArcoSur ante el anuncio de la construcción del nuevo hotel y firmaron un convenio por el cual aquellos que desempeñaban tareas de mantenimiento y hostelería en el hotel Meliá Tres Carabelas –que luego sería el Meliá Torremolinos–, tendrían trabajo hasta la apertura del nuevo gran Cruiser prevista para final de año.
La realidad, según Javier Rodríguez, presidente del comité de empresa del Hotel Meliá Torremolinos, es que desde abril, la empresa ArcoSur ha dejado de hacer frente al pago de las nóminas de los trabajadores que forman el comité de empresa. "El 21 de diciembre de 2005 llegamos a un acuerdo con la empresa ArcoSur de que nos ocuparían nueve meses al año hasta que estuviese construido el nuevo hotel; hasta ahora, la empresa nos ha empleado; en abril nos citaron y firmamos la renovación de temporada, nos dieron de alta en la Seguridad Social, en la que continuamos, pero no hemos visto ni un sólo céntimo", explica Rodríguez.
"La dirección de la empresa, que representa José Manuel Cruz se reunió con nosotros el pasado viernes y nos informó que de momento no hay dinero ni solución", explica Rodríguez, que confirma que ArcoSur aumentó en marzo su capital social en 1,2 millones. 
"Estamos informados que somos los únicos de la plantilla de ArcoSur, de 33 trabajadores, que no hemos cobrado y consideramos esto como ´moobing laboral´ a todos los efectos, y en caso de prolongarse vamos a llevar a ArcoSur hasta los tribunales", señala Antonio Ramallo, uno de los trabajadores afectados. Fuentes de la empresa consultadas por este diario declinaron ayer hacer cualquier tipo de declaración sobre este asunto.

Dos retrasos en el pago del alquiler justifican el desahucio (La Opinión)

El Supremo concreta: el contrato debe especificar el plazo de abono y debe haber una demanda anterior

EFE. MADRID Un segundo retraso en el pago del alquiler después de que el inquilino ya haya sido demandado justifica el desahucio, siempre que el contrato de arrendamiento estipule el plazo máximo de pago, según una sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Así lo ha decidido el Alto Tribunal, tras desestimar un recurso de casación en el que se planteaba si procedía o no el desahucio en un caso de falta de pago de rentas cuando el demandado haya abonado la cuenta debida con unos días de retraso y antes de haber sido citado para la vista del juicio.
El Tribunal Supremo establece que, en los casos de demanda previa por impago, el inquilino ya no podrá gozar de la posibilidad de "enervar la acción de desahucio", porque el mero retraso en el pago se entenderá como "incumplimiento pleno de sus obligaciones" y no podrá evitar el desahucio.

Denuncia. El despacho de abogados Affirma interpuso una demanda contra una mujer que se había retrasado en el pago de una mensualidad y el juez de primera instancia la desestimó por considerar que no estaba acreditada la falta de pago sino que se había producido un "mero retraso" de quince días en el abono del alquiler de una vivienda.
La sentencia de apelación, en cambio, estimó esa demanda y falló a favor de la formalización del desahucio, basándose en que el contrato entre el propietario de la vivienda y la demandada exigía el pago anticipado de las rentas mensuales, y fijaba un plazo máximo de ocho días de retraso para llevar a cabo el desalojo.
De este modo, al haberse producido una demora de dos semanas en la renta correspondiente al mes de marzo de 2002, y al ser este retraso posterior a una acción de desahucio precedente, no suponía una demora sino un incumplimiento de la obligación de pago de la renta, por lo que no había abuso de derecho en el ejercicio de la acción del demandante.

Álora crea una empresa pública de vivienda y suelo (SUR)

Justificar a ambos ladosLa sociedad municipal se encargará de promover la construcción de VPO
La medida no costará nada al Consistorio

Agilizar la tramitación y la construcción de VPO es el objetivo de la denominada Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Álora, que ya ha sido creada oficialmente tras ser aprobada en el pleno de la corporación la semana pasada. La iniciativa salió adelante con los votos del equipo de gobierno del PSOE y del grupo municipal de IU, mientras que el PP la rechazó.
El alcalde, José Sánchez Moreno, explicó a este periódico que, una vez aprobada, se espera que de aquí a un mes pueda empezar a funcionar esta sociedad pública, que se encargará de impulsar los diferentes proyectos de vivienda protegida que hay en el municipio. El más inmediato, de iniciativa privada, es el conjunto de 86 VPO junto al campo de fútbol, actuación que el Consistorio aprobó el pasado mes de octubre y que supondrá la primera promoción de estas características en la historia de Álora.
El portavoz del PSOE, Jesús Mora, avanzó durante el pleno que, además de esta actuación, están en marcha los trámites de otras 16 VPO en la barriada de El Puente y otras 15 en la zona de Poca Agua, cerca de la guardería municipal. Por su parte, el portavoz de IU, Juan Moreno, defendió la propuesta, aunque criticó que el equipo de gobierno no tendría que haber creado esta empresa municipal de no haberse disuelto la sociedad que funcionaba anteriormente. Pilar Jurado, representante del Partido Popular, justificó el voto en contra de su grupo en los costes que podría suponer esta nueva sociedad y sugirió que para ello ya existe Emprovima, dependiente de la Diputación. Con todo, Jurado dejó claro que su formación apoya la construcción de VPO.
A este respecto, el alcalde aseguró que la creación del ente público no supondrá ningún coste para las arcas municipales, como así figura en un coste de viabilidad encargado por el Ayuntamiento a una consultora. Preguntado sobre la posibilidad de tener que contratar a más personal, Sánchez Moreno reseñó que los estatutos prevén la figura de un gerente, si bien aclaró que se está estudiando la fórmula para que sea la citada consultora la que se haga cargo de las primeras gestiones.
Viviendas para mayores
«La creación de la empresa pública era necesaria para agilizar los proyectos y porque uno de ellos se prevé sobre suelo calificado como de equipamiento, por lo que no puede ser desarrollado por una empresa privada», subrayó el regidor. Este proyecto en cuestión pasa por desarrollar un conjunto de 36 apartamentos tutelados para mayores frente a las 15 VPO que se plantean en Poca Agua.
El primer edil añadió que la sede de la empresa municipal estará en el mismo ayuntamiento, aunque los trabajadores se trasladarán a casetas de información una vez en marcha las obras.

Urbanismo descarta retomar el 'parking' de Le Corbusier y apuesta por una plaza o un parque. Benalmádena (SUR)

El cierre del agujero permitirá usar el solar como aparcamiento provisional
El Ayuntamiento limpiará el entorno y el cauce del arroyo a petición vecinal

Urbanismo descarta retomar el 'parking' de Le Corbusier y apuesta por una plaza o un parque
El enorme agujero ha quedado cubierto de tierra. / SUR
El 'parking' de Le Corbusier quedará enterrado definitivamente para dar lugar a una plaza pública. Así se pondrá punto final al proyecto iniciado por Enrique Bolín y que quedó en punto muerto hace un año cuando la empresa adjudicataria renunció a su construcción ante la incapacidad del Ayuntamiento de sufragar la inversión, que rondaba los 6,8 millones de euros. Ante la imposibilidad de encontrar a otra empresa que se hiciera cargo, el anterior equipo de gobierno optó el pasado mes de marzo por abandonar el proyecto y cubrir de tierra el enorme agujero resultante de unas obras inconclusas para que vecinos y turistas puedan usar el solar para estacionar sus vehículos durante el verano. Una actuación que el nuevo gobierno municipal pretende ahora complementar con unos trabajos de desbroce y limpieza del entorno de esta parcela, ubicada entre las calles Le Corbusier, Torrealmádena, Transversal y Pasaje del Águila.
Así se lo hicieron saber ayer a los vecinos de la zona el concejal de Urbanismo, Jesús Fortes, y la edil de Barriadas y Urbanizaciones, Concha Cifrián. «Se va a seguir trabajando en el cierre del agujero y se va a echar gravilla para que pueda servir como aparcamiento provisional; además, se va a limpiar el terreno y a desbrozar el cauce del arroyo colindante para evitar problemas con las aguas», afirmó Fortes, quien abogó por esperar a la realización de unos estudios técnicos antes de avanzar cuál será la «solución definitiva». En términos similares se expresó Cifrián, si bien quiso dejar claro que lo único que se contempla es un espacio de uso público, ya sea un parque o una plaza «similar a la que había antes».
Entrada al garaje privado
Más inmediatas son otras actuaciones que se realizar, como el vallado del arroyo para evitar posibles accidentes, el soterramiento de las canalizaciones eléctricas y la reapertura de la entrada alternativa al garaje de la urbanización Residencial Alminar, donde los residentes llevan dos años con un único acceso para la entrada y salida de sus vehículos.

El Gobierno central continua por Las Bóvedas con el plan de rehabilitación de torres vigía. San Pedro de Alcántara (SUR)

Primero fue la atalaya de Río Real, lista a falta de la iluminación exterior, y ahora le toca el turno a la torre de Las Bóvedas en San Pedro Alcántara, donde los trabajos comenzaron la semana pasada y finalizarán en dos meses. El Gobierno central, a través de la Demarcación de Costas, sigue adelante con su plan para rehabilitar siete torres vigía que dominan la provincia, tres de ellas en el término municipal de Marbella. Así lo explicó ayer el diputado nacional del PSOE, Luis Tomás, acompañado de la portavoz del grupo municipal socialista, Susana Radío.
El coste total de los trabajos asciende a unos 400.000 euros. La partida mayor se destinará a la torre del Lance de Las Cañas, en Las Chapas, donde ya se está colocando el andamiaje. «Se encontraban en un estado total de abandono que hacía temer por su desaparición», indicó Tomás. Aprovechó asimismo para reclamar al Ayuntamiento mayor implicación en los proyectos de Las Dunas de Artola y El Pinillo.

Las rosas tomarán los jardines de Pedro Luis Alonso (SUR)

El Ayuntamiento convertirá este espacio verde de 6.500 metros cuadrados, situado entre Puerta Oscura y el Parque, en una rosaleda con más de un centenar de especies distintas para garantizar una floración prolongada de primavera a invierno
Las rosas tomarán los jardines de Pedro Luis Alonso
Fueron diseñados en 1945 por el arquitecto Guerrero Strachan. / ANTONIO SALAS
El Ayuntamiento de Málaga tiene en proyecto convertir los jardines de Pedro Luis Alonso en una rosaleda donde se cultiven un centenar de especies distintas, según ha podido saber SUR de fuentes municipales. Esta reconversión floral se hará en el próximo otoño y los técnicos estudian el tipo de rosal que mejor se puede adaptar al terreno.
Los jardines de Pedro Luis Alonso están situados al lado de la Casona y se concibió como una ingeniosa transición entre el Parque y Puerta Oscura. Es diseño es obra del célebre arquitecto Guerrero Strachan, autor de la mayoría de las recreaciones de jardines historiocistas de la ciudad, y es el ejemplo de jardín mediterráneo o formalista en Málaga, y clara muestra del binomio arquitectónico-botánico.
El jardín, de 6.500 metros cuadrados de superfricie y circundado por cipreses recortados, lleva el nombre del que fue primer alcalde de la posguerra. Guerrero Strachan lo ideó en 1945 siguiendo los cánones del jardín latino. Así, en él aparecen características tanto de jardines hispanomusulmanes como afrancesados: setos de ciprés para tapiar arquitectónicamente la periferia, arriates con setos bajos para proporcionar color y simetría, y naranjos y mandarinos que dan sombra, color y aroma. Los estanques contrastan con la superficie vegetal, dando sensación de frescor en el entorno. El Ayuntamiento retiró la gran pajarera central y situó en su lugar la estatua al biznaguero, obra del escultor Jaime Fernández Pimentel, que se encontraba bastante deteriorida en el Parque.
Gran variedad
Según la época del año, los arriates siempre están cubiertos de flores de colores, creando una hermosa postal de Málaga con la Alcazaba y La Coracha al fondo. Ahora, esa variedad de plantas y flores dará paso a las rosas, de gran importancia tanto como cosecha para el uso de los floristas como para la elaboración de perfumes.
Los rosales florecen continuamente durante todo el año desde primavera hasta principios de invierno, con una floración más prolongada en los climas cálidos. Los cultivadores de rosas del siglo XX favorecieron el tamaño y el color, produciendo híbridos de flores más grandes y atractivas, pero menos fragantes o carentes de aroma. Muchas rosas silvestres y pasadas de moda, por el contrario, tienen un olor dulce e intenso.