lunes, 6 de abril de 2009

Arriate proyecta duplicar sus viviendas con el nuevo PGOU. (LA OPINION)

Los ecologistas afirman que se han previsto terrenos para situar un campo de golf. El dominio público del cementerio se cataloga como suelo residencial.

BLAS GIL. ARRIATE Ecologistas en Acción ha denunciado públicamente que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Arriate, que ha sido aprobado inicialmente, contempla duplicar el número de viviendas que hay actualmente en el municipio, y además prevé el uso de terrenos para la posible ubicación un campo de golf dentro de su término municipal.
Concretamente, los ecologistas, en las alegaciones que han presentado al PGOU, afirman que en este documento se propone "casi duplicar la zona urbanizable", ya que a las más de 1.100 viviendas que hay actualmente en el pueblo se sumarían otras mil, según el planeamiento previsto.


Según informó el portavoz de los ecologistas, Alejandro Moreno, "ni siquiera se respeta el dominio público del cementerio, llegando a calificar el área donde se ubica como zona residencial". También expresó su preocupación por la creación de núcleos de viviendas aislados del casco urbano, como ´Los Picachos 2´.


Campo de golf. En cuanto a la construcción del campo de golf (extremo que ha sido rotundamente negado por el Ayuntamiento arriateño), los ecologistas señalan que "estaba en el avance y no se especifica su ubicación". Además, recuerdan que el alcalde de Arriate, Bernardino Gaona (IU), se ha manifestado en reiteradas ocasiones en contra de los complejos urbanísticos ligados a campos de golf planificados en el término de Ronda, en los parajes de Los Merinos y la Parchite.


Pese a que el propio PGOU se reconoce que en la localidad existen 240 viviendas vacías, los conservacionistas denuncian que el documento propone como aptos para la construcción un total de 570.000 metros cuadrados de terreno, superando en un 80 por ciento el suelo urbano existente. "Un proyecto inviable y fuera de toda lógica" para esta organización ecologista, que recuerda que el POTA del Gobierno autónomo no permite crecimientos superiores al 40 por ciento, teniendo en cuenta además que la población de Arriate permanece estancada en 4.000 personas.


Otro aspecto llamativo que se recoge en las alegaciones de los ecologistas se refiere a que la futura depuradora de aguas residuales se situará dentro del término municipal de Ronda.
En este sentido, destacan con ironía que existan terrenos disponibles para la urbanización masiva y sin embargo no se programe suelo dentro de Arriate para infraestructuras de interés general. Moreno apunta, por último, que pese a que el sector de la construcción destruye empleos y sufre los efectos de la crisis, "aún haya alcaldes en la Serranía que sigan apostando por el ladrillo como única solución para dinamizar la economía de los pueblos. El cemento y el ladrillo no son la solución".

Cementerio. Mientras, el primer teniente de alcalde, Salvador Cabrera, desmintió que se haya previsto construir en Arriate un campo de golf, ya que señaló que en los 9 kilómetros que tiene el término municipal es imposible situar esta instalación.
Sobre el incremento de viviendas, especificó: "Nos ajustamos a los parámetros que marca la Junta de Andalucía en este sentido", al tiempo que agregó, sobre las edificaciones que se situarán en las proximidades del cementerio: "Nos ajustaremos a las líneas que marque la Consejería de Salud".


Finalmente, sobre la futura construcción de la estación depuradora dentro del término municipal de Ronda, el primer teniente de alcalde apuntó que ha sido la Junta de Andalucía la que ha establecido los parámetros para situar la planta, que "debe estar cerca del río".

El Supremo admite el recurso sobre la independencia de San Pedro y remite el caso a la Junta. Marbella. (SUR)

La Sala de lo Contencioso-Administrativo mantiene que no puede ser ella la que resuelva directamente el fondo del asunto pero remite las actuaciones administrativas "al momento anterior a que se dictó el acto de declaración de caducidad"
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por los independentistas de San Pedro Alcántara contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que ratificaba la caducidad y el archivo de la petición de constituirse en municipio segregándose así de Marbella.
En una sentencia hecha pública hoy, el Supremo también admite parcialmente el recurso contencioso administrativo y retrotrae las actuaciones administrativas a la Junta de Andalucía, a la Dirección General de Administración Local y Justicia, de la Consejería de Gobernación, que declaró la caducidad del procedimiento de segregación, para que el expediente continúe por los trámites legalmente previstos.
Los independentistas sanpedreños presentaron en 1992 el expediente de segregación de San Pedro Alcántara de Marbella pero dos años más tarde, la Dirección General de la Administración Autonómica dio por zanjado el mismo al considerar que había caducado. Sin embargo, el alto tribunal da ahora la razón a los primeros al considerar que esa resolución declaró "indebidamente la caducidad del expediente".
Considera que lo hizo examinando la concurrencia de requisitos de fondo sobre la procedencia o no de la independencia, amparándose sin embargo, en la supuesta falta de aportación de documentos por parte de quienes la solicitaban.
El Supremo cree que la caducidad del expediente que se acordó era materialmente una denegación de segregación por incumplimiento de requisitos, por lo que se aplicó de forma equivocada dos artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo. El Alto Tribunal cree así que el TSJA debió admitir la ampliación del recuso contra la resolución administrativa que demandaban los independentistas.
Además, mantiene que el tribunal andaluz no entró en el fondo del asunto planteado en el recurso contencioso administrativo contra la denegación de la solicitud de segregación. Según reza en el fallo del alto tribunal, "no es sólo" que la Administración no se pronunció de manera plena sobre la cuestión sino que "ni siquiera" el expediente de independencia se completó de forma regular al "acordarse indebida".
Así las cosas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo mantiene que no puede ser ella la que resuelva directamente el fondo del asunto tal y como solicitan los independentistas pero sí acuerda la estimación parcial del recurso y remite las actuaciones administrativas "al momento anterior a que se dictó el acto de declaración de caducidad" para que la Dirección General continúe con la tramitación del expediente "en la forma legal prevista" y la resolución sobre la solicitud de segregación.
El expediente de independencia de San Pedro de Alcántara comenzó a gestarse a finales de los ochenta basándose en la Ley de Demarcación Territorial de 1985 y en que, según sus promotores, el núcleo de población tenía el número de habitantes necesario y la solvencia económica requerida.
El proyecto fue presentado al Ayuntamiento de Marbella a principio de la década de los 90 pero cuando Jesús Gil llegó a la alcaldía no lo remitió a la Junta de Andalucía, como era su obligación, sino que fueron los independentistas los que lo hicieron, en 1992.
Ante la falta de respuesta de la Administración Autonómica, éstos formularon una demanda ante el TSJA y éste consideró que no cumplía con la nueva ley de Demarcación Territorial que había entrado en vigor en 1993.

Costas insiste en que no habrá imposiciones en la negociación sobre los chiringuitos. Provincia (SUR)

El jefe de la Demarcación de Costas de Málaga, Francisco Javier Hermoso, reconoció que la solución a la situación de los chiringuitos en la provincia malagueña es «compleja», pero aseguró que no será una imposición por parte del Ministerio de Medio Ambiente, sino fruto de la negociación que se está llevando a cabo actualmente tanto con los ayuntamientos del litoral como con los propios empresarios de playas.
Así, precisó en una entrevista concedida a Europa Press que en el ánimo de su departamento está dar una solución «estable» a una situación que actualmente «no lo es». Precisó que puede que se haya acelerado la búsqueda de una salida tanto por el interés de Costas como del propio sector «que ha demandado estar dentro de una situación jurídica reglada».
«Hemos dicho que hay que dar una solución y consensuar una foto final de cómo queremos el litoral, pero no la que nosotros impongamos sino la que creemos que puede hacerse dentro del marco de la ley, del que no nos podemos salir, y de acuerdo con los ayuntamientos y empresarios», expuso Hermoso.