lunes, 16 de marzo de 2009

Los principales grupos del Congreso respaldan la Ley de Fomento del Alquiler (El Mundo)


La norma modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil
Corredor cree que impulsará el desarrollo del mercado del alquiler
El PP presentará enmiendas parciales al proyecto para flexibilizar más el contrato
La ministra defiende la necesidad de más 'seguridad jurídica' a los propietarios

La llamada 'Ley de Fomento del Alquiler' ya tiene el visto bueno de la Cámara Baja. El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó con los votos del PSOE, PP, CiU y PNV la enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Medidas de Fomento del Alquiler de Viviendas y a la Eficiencia Energética de los Edificios presentada por el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV gracias a los votos de PSOE, con lo que la norma podrá proseguir su tramitación parlamentaria ante la Comisión de Vivienda.
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, insistió en que el proyecto de ley surge por la "necesidad urgente" de aumentar la oferta de vivienda en alquiler, a través del reforzamiento de la seguridad jurídica de los arrendatarios, solucionando el "buen funcionamiento" de la administración de justicia en este sector para cobrar las rentas impagadas "en un plazo razonable de tiempo".
Corredor recordó que sólo un 11% de las familias optan por vivir en una casa alquilada, frente al 40% de la media europea, lo que implica que "hay un largo camino que recorrer" por el impulso de un mercado del alquiler que "favorezca" la movilidad laboral y la independencia de los jóvenes. En este sentido, aseguró que el "gran número" de viviendas desocupadas es "inaceptable e insolidario" desde el punto de vista social y económico.
En este sentido, recordó que el 85% de los contratos de arrendamiento se realiza entre particulares y "no siempre" es el propietario el más beneficiado, pues los "arrendatarios de mala fe" pueden prolongar "durante años" el pago de la rentas y los desahucios.
Sólo un 11% de las familias optan por alquilar alquilada, frente al 40% de media en Europa
La ministra señaló que el proyecto de ley "es coherente" con el amplio catálogo de medidas en materia de Vivienda puestas en marcha por el Gobierno, englobadas dentro del Plan E de estímulo económico, y logra un "equilibrio de intereses" tras ser avalado por las veintena de asociaciones y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El proyecto de Ley supone la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la de Enjuiciamiento Civil y la de Propiedad Horizontal, y aborda también el papel de la construcción en el debate sobre la eficiencia energética, y resulta "necesario y coherente" con la "coyuntura" que atraviesa el sector residencial, según Corredor.
Política de Vivienda en tiempos de crisis
"Sabemos que es difícil hacer política de Vivienda en épocas de crisis, pero lo estamos haciendo y cientos de miles de familias pueden dar fe de ello", remachó Corredor, agradeciendo a CiU también que presentara, antes que el propio Gobierno, una proposición de ley con el mismo objetivo.
Joan Herrera: "hay que reorientar radicalmente la ley para proteger a aquellos inquilinos que sufran un desahucio inmediato por no poder pagar sus rentas"
El diputado de ICV, Joan Herrera, defendió que su enmienda a la totalidad pone en evidencia que el equilibrio que predica Corredor "no se ha conseguido ni mucho menos" y hay que reorientar radicalmente la ley para proteger a aquellos inquilinos que sufran un desahucio inmediato por no poder pagar sus rentas.
"Miles de personas van a ser lanzadas a una situación de exclusión y pobreza por no poder pagar sus hipotecas y alquileres", lamentó Herrera, quien recordó que, pese a ala caída de los precios, "la vivienda sigue siendo un problema" al que el proyecto legislativo no puede dar respuesta en la actual coyuntura de crisis.
El PP contra la 'Yakuza' parlamentaria
El representante del PP, Pablo Matos, reprochó al Gobierno por haber cambiado "radicalmente su lenguaje" respecto a la legislatura pasada en políticas de vivienda, asumiendo incluso planteamientos 'populares', y valoró esta rectificación como "pobre y tardía".
Asimismo, avanzó que el PP presentará enmiendas parciales al proyecto para flexibilizar más el contrato y aportar "mayor seguridad" para facilitar la recuperación de la vivienda cuando los propietarios o sus familiares lo necesiten, así como agilizar la ejecución de las sentencias y laudos y "evitar las triquiñuelas" de los arrendatarios.
No obstante, Matos instó al Gobierno a retirar su proyecto en Comisión, al coincidir con la proposición de ley de CiU aprobada por el Congreso que coincide con el texto del Gobierno, y limitarse a presentar enmiendas a la misma para evitar la "yakuza parlamentaria" por parte de los socialistas.
CIU pide un 'stock' de viviendas públicas
En esta línea, el portavoz de Vivienda de CiU, Pere Macías, mostró su satisfacción por el inicio del debate de una reforma legal para el "perfeccionamiento" del contrato del régimen de alquiler, con una "legislación correcta" que no desincentive el alquiler.
Asimismo, señaló que es también hace falta que funcione el mercado y propuso a Corredor que se ponga en marcha un "parque público" de viviendas en alquiler, movilizando el "extraordinario" 'stock' de casas vacías que existe en España a través de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA).
Por último, la socialista Ana María Fuentes Pacheco, admitió que hay que luchar por los más débiles paro mostró su discrepancias con Herrero en la forma de conseguirlo. Este proyecto no es la única medida para hacer efectivo el derecho a al vivienda, incidió.

Cayo Lara pide al Gobierno que 'rescate' un millón de casas a precio de coste (El Mundo)

IU propondrá a Zapatero un plan de rescate para el ingente 'stock' de casas vacías

Izquierda Unida presentará la próxima semana un plan de rescate "desde el Estado" de un millón de viviendas vacías que existe en España, según ha informado en Cáceres su coordinador general, Cayo Lara.

Lara ha ofrecido una rueda de prensa junto al coordinador de la coalición en Extremadura, Pedro Escobar. Lara ha indicado que esas vivienda se encuentran en la actualidad en poder de los bancos y los promotores inmobiliarios, por lo que propondrá al Gobierno central comprar estos inmuebles, "pero a precio de coste real de esas viviendas".

"Lógicamente -ha argumentado-, esas viviendas serán puestas posteriormente a disposición de la ciudadanía, bien en régimen de alquiler, o de alquiler con derecho a compra, sobre todo para familias que no tienen posibilidad de adquirir una, o incluso para las que se encuentran en situación de desahucio", ha indicado.

Fracaso del modelo de desarrollo
"Lógicamente esas viviendas serían puestas posteriormente a disposición de la ciudadanía, bien en régimen de alquiler, o de alquiler con derecho a compra", señala

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En relación a la crisis económica, ha incidido en que se trata de una "profunda demostración de las inconveniencias del sistema capitalista, con el agravante del elemento añadido del fracaso del falso modelo de desarrollo sostenible de los últimos 15 años".

En este sentido, ha manifestado que la crisis "se ceba más todavía si cabe en Extremadura, con una tasa de paro del 18%, 108.000 parados, derivada en gran medida del crecimiento ficticio del sector del ladrillo, sin que haya habido regulación ni intervención pública".

En muchos casos, ha subrayado, los precios abusivos de las viviendas llegaban al 200 ó 250%, "precios escandalosos controlados por la empresa privada que han dejado hipotecada a una gran parte de la sociedad, sobre todo a la juventud".

Beneficios desmesurados en la vivienda
El líder de IU también ha afirmado que los beneficios "desmesurados" obtenidos con la venta de esas viviendas "encima luego no repercutían en la economía del país, porque eran llevados a paraísos fiscales".

Cayo Lara se ha mostrado además convencido de que es posible crear 1.900.000 puestos de trabajo en tres años, "destinando 61.000 millones de euros, 6 puntos del Producto Interior Bruto de España".

Los beneficios "desmesurados" obtenidos con la venta de esas viviendas "encima luego no repercutían en la economía del país"

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Ha subrayado que "nadie debe alarmarse por esta propuesta de 61.000 millones de euros" porque el Gobierno ha destinado 25 puntos del PIB, que son 50.000 millones de euros, para rescatar la crisis financiera de los bancos, que se suman a los 200.000 millones que tiene firmados en avales.

A este respecto, ha denunciado que mientras el Ejecutivo apoya a la banca privada, "las pequeñas y medianas empresas se encuentran desatendidas, más de un millón de personas no cobran ni el subsidio de desempleo y en 820.000 familias no trabaja ningún miembro".

Por este motivo, ha anunciado que IU planteará una propuesta para invertir en los dos próximos años 36.000 millones de euros y crear 120.000 puestos de trabajo en sectores como la educación infantil de 0 a 3 años, la Ley de Dependencia, la medicina, la Justicia o la propia Agencia Tributaria.

La ex ministra Trujillo dice que el nuevo Plan se queda corto y pide 'medidas de choque' (El Mundo)


Cree que el documento se elaboró pensado que había una situación normal en España
Dar una salida al 'stock' y fomentar el alquiler y la eficiencia energética, sus apuestas

La ex ministra de Vivienda María Antonia Trujillo ha pedido al Gobierno central un plan especial de vivienda que complemente al ordinario 2009-2012. Trujillo, que fue responsable de este área desde 2004 hasta 2007, se ha mostrado a favor de incluir medidas fiscales dirigidas a "resolver el 'stock' de casas en España", fomentar el alquiler y la eficiencia energética.
En una entrevista con Efe tras pronunciar una conferencia en Logroño sobre 'El futuro de la vivienda', Trujillo ha subrayado que el Plan de Vivienda 2009-2012 se ha aprobado en un momento en el que España atraviesa una situación "excepcional" de crisis internacional y nacional, que afecta a todos los sectores.
Ha defendido el plan ordinario de vivienda, como parte de una política estructural de vivienda pública, pero ha opinado que, en la actual coyuntura "se hubiera necesitado un plan especial, con medidas de choque" y que cree que el Gobierno todavía está a tiempo de aprobarlo.
Trujillo ha opinado que "no se puede seguir pensando que hay una situación normal en España", como cree que se ha hecho al aprobar el nuevo Plan. Ha recordado que cuando accedió al Ministerio de Vivienda, en 2004, se aprobó un plan de choque y, después, el plan ordinario de vivienda, que es lo que entiende que debe hacer el Gobierno central.
'Se están adoptando muchas medidas que, probablemente, bien ajustadas entre sí y no de forma aislada'
Trujillo ha apoyado "las medidas de moratoria hipotecaria, pero siempre nos topamos con las entidades financieras". "Se están adoptando muchas medidas que, probablemente, bien ajustadas entre sí y no de forma aislada", como cree que se está haciendo, "podrían conformar un plan especial".
Ha defendido también la necesaria apuesta por las medidas fiscales, que considera que "faltan" actualmente y que cree que el Gobierno central debiera aprobar e incluir en ese plan especial. Ha abogado por que se adopten "medidas aún más eficaces en el mercado de vivienda libre y en la protegida" y ha enfatizado que "es impensable en España que exista vivienda protegida en propiedad".
Trujillo ha defendido el alquiler para la vivienda protegida y ha recalcado que en su etapa de ministra se dio "un giro" al respecto, que cree que el nuevo plan estatal debe impulsar.
También se ha referido a los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de España, quienes la han invitado a pronunciar la conferencia dentro del V Congreso Nacional de este colectivo, que se ha celebrado en Logroño. Ha asegurado que los API son "los asesores inmobiliarios por excelencia en España, que confieren seguridad y confianza a los ciudadanos, que necesitan comprar o alquilar una vivienda y para quienes el mercado ofrece múltiples oportunidades".

La compra de pisos por extranjeros desciende un 60% (El Mundo)


Alicante es la provincia preferida por los extranjeros para su segunda residencia
Los extranjeros no residentes adquirieron un total de 3.691 viviendas en España durante el pasado 2008, lo que supone un descenso del 60% respecto a 2007, cuando la cifra alcanzó las 9.106 unidades.
Según datos del Ministerio de Vivienda, Andalucía desbancó a la Comunidad Valenciana como la región preferida por los extranjeros para una segunda residencia con 1.415 viviendas adquiridas, un 52% menos.
En la Comunidad Valenciana se registró un brusco descenso en la compra de pisos por parte de extranjeros, al caer un 73,5%, hasta las 778 unidades. A continuación se encuentra Canarias, con 475 viviendas, un 39,4% menos.
Por provincias, la preferida por los extranjeros para tener una segunda residencia es Alicante, donde el año pasado compraron 702 pisos. Por detrás se encuentran Málaga, con 627 viviendas, y Almería, con 602.

José Carlos Aguilera: «Hay que investigar con rigor el papel de la Junta en Alcaucín» (La Opinión)

José Carlos Aguilera, defensor de varios imputados en los casos de corrupción de la Costa, se queja de las condiciones de los calabozos y de la dureza de los juicios paralelos

JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA José Carlos Aguilera defiende a algunos de los imputados clave en las últimas operaciones contra la corrupción desatadas en la Costa del Sol. La ex portavoz del PSOE en Marbella Isabel García Marcos (´Malaya´), el ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos (´Astapa´) y el jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación, José Mora (´Arcos´) -también lleva a uno de los notarios de ´Ballena Blanca´- le han encomendado que les represente procesalmente. El letrado acaba de denunciar públicamente la situación de los calabozos, y se queja del trato que reciben estos imputados tanto de los poderes establecidos como de sus conciudadanos. El juicio paralelo, la detención como forma de arrancar confesiones y el papel de las administraciones en la desarrollo de la corrupción son algunas de sus preocupaciones.

-Usted ha denunciado públicamente la situación de los calabozos de la provincia...
-Lo denuncié públicamente porque creo que es una forma de llamar la atención. Parece una exageración, pero realmente no lo es. Cuando hablamos de violación de los derechos humanos parece algo ajeno a nuestro tiempo, o algo que pasa en otro lugar, pero lo grave es que pasa justo a nuestro lado. Supongo que la vida cotidiana no nos hace reparar en hechos de esta naturaleza que, siendo graves, o se ignoran o se desconocen. Por el contrario, cuando fueron detenidas las azafatas de una compañía aérea en el Chad, pues creo que los españoles nos conmovimos por las condiciones de ese arresto. No reparamos o no queremos saber que esa realidad es muy cercana, que las condiciones de los centros de detención en España, concretamente en Málaga, no difieren mucho de los del Chad. Y cuando digo eso quiero decir que están en condiciones infrahumanas, y cuando una persona es detenida y se recluye en una celda en esas condiciones eso es una violación clara de derechos humanos. Es un trato degradante, de una crueldad manifiesta. Y a eso hay que añadirle las condiciones en las que se produce la detención. Mencionaba por ejemplo el caso de uno de los defendidos en el ´caso Arcos´ y hablaba del detalle de mantenerlo en una celda sin luz durante 48 horas. Yo me hice la reflexión. Y para que cualquiera comprendiera la situación que pensara que va a estar 48 horas en una celda de 1,80 por 1,80 metros sin luz. ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo le afectaría psicológicamente? Bueno, pues así dos días.
-Califica usted el trato de degradante...
-La situación de los calabozos de los centros de detención en comisarías de la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen unas condiciones que por sí mismas constituyen un trato degradante e inhumano y eso se llama violar derechos humanos. Y esto hay que atajarlo. Es una realidad cercana. Está pasando aquí en la avenida de Andalucía, en el Arroyo de los Ángeles, en Benagalbón... Y esa misma experiencia me la relataron personas que tuve ocasión de defender en ´Malaya´ o ´Astapa´, es decir, se repite la historia. He hecho la denuncia pública y voy a iniciar todas las acciones legales que pueda, incluida la penal, para que esto se corrija de inmediato. Hay que clausurar esos calabozos y hacer unos dignos.
-¿No se utiliza con demasiada alegría la detención en este tipo de casos?
-La detención debe ser proporcionada, y en estos casos no lo es, es algo innecesario. Porque la causa penal ya está en marcha, no son personas a las que se cite y no acudan. La detención obedece a otras razones. El arresto forma parte de un guión ya escrito, estas operaciones se planifican y tienen una finalidad ajena al proceso. Tratan de darle una publicidad que sirve a determinados fines que no son judiciales sino políticos. La detención se ha convertido en un espectáculo que, desde su arranque, no es una medida proporcionada. ¿Cómo se desarrolla? Se hace a instancias de una resolución judicial a petición del fiscal o de la policía judicial. En ´Arcos´ es la Guardia Civil. Se utiliza, al igual que la prisión provisional, con fines que no tienen amparo constitucional y a mi modo de ver es una medida de presión, de castigo anticipado. Obedece a una estrategia muy estudiada cuya finalidad última es arrancar confesiones. Quien permanece 72 horas en unas celdas en esas condiciones psicológicamente tiene sentimientos de culpabilidad y confesará cualquier cosa con tal de salir de allí. Todas las personas que he tenido la suerte de defender en este tipo de casos como ´Malaya´, la pionera, ´Astapa´ o ´Ballena Blanca´, recuerdan con especial horror el paso por los calabozos de la Comisaría Provincial. Es el episodio más traumático que han vivido. Si a eso le añades que los arrestos se prolongan más allá de las 72 horas que prevé la propia Constitución... Deben durar el tiempo imprescindible para investigar hechos, pero éstas se producen en el marco de un proceso penal y las averiguaciones ya están hechas.
-En algunos casos se prolongan hasta cinco días...
-¿Por qué se prolongan hasta cinco días? Porque la finalidad es inconstitucional: se trata de hacer saber al detenido que mejor es que me declare la verdad policial, que no es la real, y sin ir más lejos ´Malaya´ es un ejemplo lamentable de cómo utilizar la detención o la prisión provisional como mecanismo de arrancar confesiones y eso es muy grave. Y lo digo tal y como está en estas operaciones. Porque así se quiere que sea. Se trata de que en la forma en la que se planifica la operación policial existe un protocolo, que deciden quienes quieren darle a la operación esa proyección ante la opinión pública y se busca favorecer un juicio paralelo, que ha de ser mediático y el arresto es una forma de castigo.
-¿Sufren graves daños psicológicos?
-Los efectos colaterales son gravísimos. Son apestados. Su círculo de amigos se reduce. La condena social es dura. Te señalan por la calle. Si eres empresario estás en la ruina porque las entidades financieras con un cinismo bochornoso les privan de financiación, no les permiten abrir cuentas sólo por estar imputados. Eso es el producto de lo que representa en la práctica una condena anticipada. O lo que es una falta de respeto a la presunción de inocencia. El TC dice que el detenido o imputado ha de ser considerado no culpable y no se le puede castigar por medio de la detención o la prisión preventiva.
-También se queja del juicio paralelo...
-Es durísimo. Se busca expresamente. Y además de paralelo es sumarísimo y se traslada al gran jurado, la opinión pública, los hechos que incriminan, no los que van en su descargo. Además con un agravante, en un proceso con la restricción del derecho de defensa. Primero el juicio paralelo que se fomenta deliberadamente, en un proceso con secreto de sumario, limitando la defensa. Y no se conocen las conductas que motivan una acusación grave. A uno de mis defendidos en ´Arcos´ se le imputa cohecho, pero yo no he conseguido saber cuáles son los hechos, a pesar de que en la vista que se celebró antes de la adopción de medidas cautelares pregunté al fiscal por ellos y no pude saberlos. Los desconozco. A un detenido se le ha de informar de las razones de su detención y eso se puede hacer sin violar el secreto de sumario. No se facilita que la defensa pueda explicarse.
-¿Cómo se cambia todo esto?
-Se debe cambiar porque la Constitución, que ya tiene 30 años, ha desarrollado sus títulos I y II, pero no hay ley sobre la presunción de inocencia. El ministerio fiscal tiene la obligación de evitar que se vulnere el secreto del sumario o de que se publiquen noticias estrictamente incriminatorias. Cuando esto ocurre, el fiscal debe hacer pública otra que favorezca. Es el desarrollo legislativo urgente, como ocurre en Italia, Alemania o Austria, porque este derecho se vulnera sistemáticamente cuando desde instancias políticas se filtran noticias. Cuando la policía filtra, o el fiscal filtra, no lo hacen ellos, sino instancias superiores de la Policía Judicial o del propio ministerio fiscal que planifican las operaciones. En este contexto también me preocupa sobremanera cómo queda la independencia judicial. Lo que relato es una forma de injerencia del poder político en el judicial. No todos los jueces son indemnes a estos fenómenos.
-¿No están apareciendo demasiados jueces estrella?
-No es tolerable que en este tipo de operaciones, llámense ´Malaya´, ´Astapa´ o ´Arcos´, esté todo planificado. Cuando van a detener al alcalde de Alcaucín los medios están allí y cuando el guardia llama a la puerta las cámaras empiezan a filmar. La detención es un espectáculo buscado ex profeso. Están antes los medios. Ése es el resumen. Y está pasando en Málaga y ´Malaya´ fue pionera. Nadie repara en los daños que sufren los municipios en los que se desarrollan estos casos. A veces esos daños son tan graves o más que los perjuicios que hayan podido causar los responsables de los delitos. Fundamentalmente en su imagen y su reputación. Por ejemplo en Marbella. El daño que le ha hecho ´Malaya´ es irreparable.
-¿Son casos que podrían haberse llevado de otra forma?
-Sí, por lo menos con más discreción. Los medios a veces son desproporcionados. Por ejemplo, la detención de algunos notarios. Llegaron a la notaría con un cuerpo de intervención y con armas. Impidieron, por ejemplo en ´Hidalgo´, a los clientes del Marbella Club salir del hotel durante horas. La experiencia vivida es para no olvidarla nunca. Yo creo que se pueden hacer las cosas con más prudencia y más respeto a los derechos particulares. Hay que luchar contra la corrupción, pero hay que hacerlo a tiempo. Esa lucha se ha puesto en marcha tardíamente, con mucho retraso, cuando ya había indicios bastantes como para percibir que existía el fenómeno. Cuando no se ataja a tiempo, la consecuencia es que crece, se expande. Eso favorece que crezca en la medida en que alguien pensará que todo el monte es orégano. Y eso ocurre cuando los poderes públicos se muestran pasivos o permisivos con estos fenómenos.
-¿Deben hacer autocrítica las administraciones públicas?
-Hay una corresponsabilidad. El alcance y la gravedad de ese fenómeno es corresponsabilidad del ministerio fiscal, de los partidos políticos, las instituciones financieras y las instituciones públicas. El ministerio fiscal no ha cumplido con su deber, los partidos políticos no han tomado conciencia de la gravedad del problema, es más lo utilizan como arma arrojadiza, y a veces las instituciones financieras, hablando del fenómeno urbanístico, han favorecido el desarrollo de esa actividad a sabiendas de que financiaban casas ilegales. Y el ejemplo paradigmático es lo de Marbella.
-¿Hay que investigar el papel de la Junta?
Yo creo que hay que investigar el papel de la Junta. Hay que hacerlo con el máximo rigor y respeto a la institución, es decir, no hay que hacer acusaciones gratuitas sobre su papel, pero hay que hacer esa investigación porque tiene importancia en cuanto al desarrollo del fenómeno de la corrupción urbanística si la ha habido. Tiene importancia cuando hay una dejación de funciones en competencias que son propias como la inspección o el control de la legalidad, sobre todo en municipios pequeños sin servicios técnicos y que dependen de la administración. En el urbanismo hay competencias compartidas entre el consistorio y la Junta, y cuando ocurre eso también hay responsabilidades compartidas. Partiendo de esa reflexión tengo que decir que hay sentencias de juzgados de lo Penal de Sevilla y Córdoba en las que estas circunstancias, es decir, el papel de la Junta, ha sido tenido en cuenta para absolver a acusados en delitos urbanísticos cuando ha existido una pasividad frente a un fenómeno extendido durante años y cuando ha quedado constatado que no ha habido reacción de la administración.
-¿Ha existido pasividad?
-No se puede condenar a una persona por construir una vivienda en un sector del municipio en el que hay 500 construcciones ilegales desarrolladas a lo largo de los últimos doce años. Eso es un fenómeno consentido, se le puede reprochar pasividad, inactividad, tolerancia, y después no se puede ir con el hacha y cortar la cuerda por el lado más fino. Esas sentencias me llevan a la conclusión de que en el ´caso Arcos´ es necesario investigar con rigor el papel de la Junta. No ahora, sino lo ocurrido hace cuatro o cinco años.

El 35% de las viviendas de la Axarquía fueron construidas en los últimos 6 años (Málaga Hoy)

Entre 2002 y 2008, según el Colegio de Arquitectos, las casas ejecutadas aumentaron un 52%, frente al 31% de crecimiento de la población · En este tiempo se levantaron en Alcaucín más pisos que en toda su historia
La presunta trama de corrupción urbanística destapada en Alcaucín, con la detención del ya ex alcalde del municipio José María Martín Alba, así como de otras doce personas, ha vuelvo a sembrar las sospechas sobre el urbanismo que viene sufriendo la comarca de la Axarquía en los últimos años. La imagen de los montes salpicados de viviendas diseminadas, levantadas sobre suelo no urbanizable, es fiel exponente de la deriva de buena parte de los pueblos de este entorno, que han encontrado en el sector residencial un foco de desarrollo económico.

Esta estampa de construcciones desordenadas, impulsadas sin las infraestructuras necesarias, es un exponente más del modelo que impera en este territorio desde hace algunos años. Una realidad que es confirmada, además, por los datos y los informes oficiales elaborados por el Colegio de Arquitectos de la provincia. Éstos revelan que en los últimos seis años se han construido en los 31 municipios que forman parte de esta comarca casi 30.000 viviendas nuevas, una cifra de especial envergadura si se tiene en cuenta que hasta 2001 las casas registradas en este entorno eran 54.723.

La comparación, pues, permite extraer dos conclusiones: una, que entre 2002 y 2008 el crecimiento del ladrillo en la zona axárquica ha sido del 52%, y dos, que en este mismo lapso de tiempo se ha levantado el 35% de las viviendas de la comarca en toda su historia.

Un fiel exponente del brutal desarrollismo urbanístico que ha tenido lugar en esta parte de la provincia es que el impulso del parque inmobiliario es muy superior a la tasa de incremento de la población que ha pasado a asentarse sobre este mismo territorio. Mientras la ejecución de nuevas viviendas ascendió un 52%, los nuevos residentes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), sólo han subido un 31%.

En números redondos, entre 2001 y 2008 la Axarquía acoge a más de 47.000 nuevos vecinos. Tomando como referencia este último dígito, y enlazándolo con el de los pisos desarrollados en este mismo periodo de tiempo, el resultado es que por cada piso levantado hay 1,6 habitantes, una proporción muy alejada del parámetro que se suele utilizar en estos casos, de 3 o 4 habitantes por casa.

Otro ejemplo de la metamorfosis que ha sufrido el paisaje de esta comarca, ahora caracterizado por las construcciones en mitad del monte, lo pone el hecho de que haya varios municipios en los que en los últimos seis años se han edificado más o casi tantas viviendas como en toda su historia anterior. Alcaucín, pueblo que ha pasado a ser protagonista de la actualidad por los supuestos desmanes de su ex alcalde, tenía contabilizadas 753 casas hasta 2001, cifra que se ha disparado hasta las alrededor de 1.600 actuales.

Situación similar, aunque en un contexto diferente, dada su cercanía con Málaga capital, se da en Rincón de la Victoria, donde la bolsa residencial está compuesta en estos momentos por más de 15.800 casas, de las que unas 8.000 han sido edificadas a partir de 2001. Igualmente reseñable es el caso de Torrox, donde se han construido en seis años más de 5.000 casas (antes de ese periodo contaba con 5.448), cifra por encima de los poco más de 4.100 habitantes nuevos registrados en el censo de esta localidad en este mismo periodo de tiempo.

Pero la tendencia es aún más espectacular si se atiende, no ya a las viviendas terminadas, sino a las proyectadas. Los informes anuales del Colegio de Arquitectos elevan a 41.000 las casas visadas entre 2002 y 2008 en este territorio de la provincia, existiendo hasta cinco localidades (Alcaucín, Almáchar, Rincón de la Victoria, Torrox y Vélez) en los que las previsiones residenciales superaban el total de viviendas que tenían en 2001.

Inauguran el nuevo hotel de cinco estrellas Finca Cortesín. Casares (La Opinión)

La provincia de Málaga cuenta con un nuevo hotel de cinco estrellas en el municipio de Casares que aumenta la planta hotelera de lujo existente y que está dirigido a clientes con un alto poder adquisitivo. Boutique Hotel Finca Cortesín, que así se denomina el establecimiento, abrió sus puertas a finales de octubre del pasado año 2008 aunque antes de la inauguración oficial, que se realizará esta semana, han querido "estar rodados", según indicó la supervisora del equipo de Ventas, Anne Charriere.
Este gran hotel cuenta con 67 suites, un campo de golf de 18 hoyos que está considerado uno de los más largos de Europa con 7.000 metros; dos restaurantes, un spa, con una pionera y exclusiva en España cabina de nieve; y rodeado de un entorno "maravilloso" en 214 hectáreas.
En él trabajan 106 personas, una cifra que, según Charriere, demuestra que el cliente "estará muy bien atendido". Además, está prevista la creación en sus instalaciones de un centro comercial con tiendas de productos ´delicatessen´.

Alcaldes con causa pendiente (SUR)

Una decena de regidores de la provincia están imputados o tienen asuntos abiertos con la Justicia por la comisión de presuntos delitos de corrupción urbanística, contra el medio ambiente e incluso por violación

LOS CASOS
Rafael Sánchez
Sierra de Yeguas: PP.
Presuntos delitos: Violación, acoso y coacciones, entre otros.
Juan Vera
Tolox: Convergencia Andaluza.
Presuntos delitos: Concesión de licencias para viviendas presuntamente irregulares.
Juan Martín Serón
Alhaurín el Grande: PP.
Presuntos delitos: Cohecho, prevaricación urbanística y blanqueo de capitales.
Joaquín Villanova
Alhaurín de la Torre: PP.
Presuntos delitos: Contra el medio ambiente y por prevaricación en unas oposiciones.
Francisco Hidalgo
Fuente de Piedra: PSOE.
Presunto delito: Contra el medio ambiente.
Antonio Sánchez
Mijas: PSOE.
Presunto delito: De prevaricación, por no negar el ingreso en la Policía Local de un opositor.
Antonio Benítez
Alfarnatejo: PSOE.
Presunto delito: Malversación de caudales públicos. Ha sido llamado a declarar en un juzgado de Málaga.
José Luis Navas
Sayalonga: PSOE.
Presuntos delitos: Contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho. Se le acusa de permitir viviendas en suelo agrícola.
José Manuel Aranda
Canillas de Aceituno: PSOE.
Presunto delito: Concesión de licencias ilegales para construir viviendas.
Juan Millán
La Viñuela: PSOE.
Presunto delito: La concesión de licencias de obras para viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable.El ya ex alcalde socialista de Alcaucín José Manuel Martín Alba es el último protagonista de una historia y unas imágenes que se han hecho, desgraciadamente, demasiado habituales y repetidas en la provincia: la de regidores entrando en prisión o la de ayuntamientos e instituciones públicas tomados por la Policía Nacional o la Guardia Civil. Su nombre se une a una extensa lista en la que se encuentran, entre otros, Jesús Gil, Marisol Yagüe o Antonio Barrientos. Actualmente, una radiografía al mapa de esta tierra revela que diez alcaldes tienen alguna causa abierta en los tribunales de justicia. Una situación que afecta a todos los partidos, a los municipios grandes y pequeños, del interior o del litoral.
Seis de esos alcaldes son socialistas, tres del Partido Popular y uno de Convergencia Andaluza. Las causas relacionadas con el urbanismo se encuentran detrás de la mayoría de estos casos, junto a los delitos medioambientales, aunque también hay un presunto caso de acoso a una concejala y uno de malversación de caudales públicos, según la información recabada por este periódico de fuentes políticas y judiciales.
Trapos sucios
Las causas judiciales abiertas son usadas por los dirigentes de los principales partidos de Málaga como arma arrojadiza en la lucha política, sustituyendo, en ocasiones, a las confrontaciones ideológicas, hoy de capa caída. En los últimos meses hemos visto como debates sobre otros asuntos han ido derivando en una guerra en la que se han sacado los trapos sucios en una estrategia, estéril a todas luces, del 'y tú más'. Además, tanto populares como socialistas se han reprochado las actuaciones que unos y otros mantienen cuando se producen, fundamentalmente, los casos de corrupción.
Quien siempre suele estar en ese ojo del huracán político es el alcalde popular de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón. Éste, junto a su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, se encuentra en libertad bajo fianza tras ser detenidos en el marco del 'caso Troya'. Al regidor alhaurino se le imputan los presuntos delitos de cohecho, prevaricación urbanística y blanqueo de capitales. Desde la dirección del PP se defiende su inocencia y se achaca su caso a «una persecución política», mientras que desde las filas socialistas se pide, un día sí y otro también, que los populares le expulsen del partido y dimita como alcalde y diputado provincial.
Sobre su vecino y compañero de partido, el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, pesa una imputación por un presunto delito medioambiental en el caso de las canteras de la localidad, además de tener diligencias abiertas a instancias de la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación a raíz de unas oposiciones para funcionarios y personal laboral supuestamente fraudulentas. Expulsado de las filas populares está el regidor de Sierra de Yeguas, Rafael Sánchez Lavado, quien fue denunciado por su compañera del PP y de corporación Josefa Torres por siete presuntos delitos, entre ellos el de violación consumada y acoso sexual. Ya ha declarado ante el juez.
El último en saltar
El 60% de esos alcaldes pertenecen al PSOE (el partido con más alcaldías en la provincia). El último caso en saltar en sus filas ha sido en Fuente de Piedra, donde la Fiscalía ha imputado al ex alcalde de Fuente de Piedra y actual gerente provincial de la Empresa Pública del Suelo en Andalucía, Cristóbal Fernández, y al actual regidor y anterior concejal de Medio Ambiente, Francisco Hidalgo, por un supuesto delito medioambiental al no impedir, presuntamente, el vertido en la laguna de la localidad de vertidos residuales por una empresa ubicada en el pueblo.
El municipio de mayor envergadura gobernado por los socialistas y afectado por algún caso es Mijas, donde Antonio Sánchez tiene abierto un procedimiento -en el que también está su concejal de Seguridad, José Francisco Roca-, por un presunto delito de prevaricación al negar la entrada en la Policía Local de un opositor.
En la comarca de la Axarquía es donde se detectan un mayor número de casos en el PSOE, cuatro: Uno está relacionado con malversación de caudales públicos y los otros tres con el urbanismo.
A Antonio Benítez, de Alfarnatejo, se le imputa un presunto delito de malversación malversación de caudales públicos en un procedimiento en el que también está imputado el que fuera ex primer teniente alcalde de la localidad Rafael Gallardo, por recibir dinero de facturas emitidas por empresarios. Ambos están acusados de un presunto desvío de fondos a través de una transferencia de la que se dieron las órdenes de pago a las cuentas corrientes del regidor, su padre, y el ex primer teniente de alcalde.
A los alcaldes de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda, y Sayalonga, José Luis Navas, les une el hecho de que se les imputa un presunto delito por permitir construir viviendas en suelo agrícola. Mientras que para el regidor de La Viñuela, Juan Millán, la Fiscalía ha pedido cárcel e inhabilitación por conceder presuntamente tres licencias de obras para viviendas unifamiliares en suelo calificado como no urbanizable y sin realizar los trámites necesarios en los expedientes.
El único alcalde con una causa pendiente que no pertenece a ninguno de los dos grandes partidos es el de la localidad de Tolox, Juan Vera (Convergencia Andaluza), a quien la Fiscalía malagueña ha acusado de un total de veintitrés delitos urbanísticos por licencias de obras que concedió entre 2004 y 2006 para la construcción de más de 2.000 viviendas presuntamente ilegales, al ubicarse en terreno no urbanizable. Un aso por el que se enfrenta a una solicitud de pena de prisión.

Busca inmuebles para ahorrar (SUR)

El subdelegado del Gobierno central en Málaga, Hilario López Luna, explicó ayer que el Estado quiere comprar edificios en Málaga para ahorrarse los alquileres de los servicios públicos que están ubicados en inmuebles que no son de su propiedad, y hacer inversiones a largo plazo.