viernes, 13 de marzo de 2009

Vecinos invaden el Consistorio de Manilva en protesta por unas obras (La Opinión)

Medio centenar de vecinos de la urbanización Punta Chullera de Manilva ocuparon en la mañana de ayer el Ayuntamiento en protesta porque los viales de su urbanización están sin terminar. Los afectados calificaron al equipo de gobierno de irresponsable por no haber pagado a la empresa que construye los viales de dicha urbanización. En este sentido, recordaron que la empresa ya dispone de "buena parte del dinero que ya han abonado los vecinos a través de contribuciones especiales".Según explicó el vicepresidente de la urbanización, Juan Manuel Chaparro, las calles están inacabadas desde 2007 y, desde entonces, ya han pagado al Patronato 500.000 euros del millón que tienen que abonar para el arreglo de estos viales. Según este vecino, en la zona se ha electrocutado un perro por el mal estado de las infraestructuras e incluso, él mismo, tiene una lesión en la pierna de una piedra que salió disparada por el paso de un vehículo.Ante esta situación y la falta de pago del Ayuntamiento, que tiene que correr con el 40% de los gastos de mejora de los viales, la empresa Volconsa se ha negado a continuar con las obras.Cansados de esta situación, los vecinos se presentaron ayer en el Ayuntamiento con pancartas en las que se leía: "Dónde está nuestro dinero?" y "queremos calles". Finalmente, fueron atendidos por la alcaldesa, Antonia Muñoz, que se comprometió a que el lunes se reiniciarán los trabajos para lo que el Ayuntamiento tendrá que hacer "un gran esfuerzo, dada la difícil situación económica".El Ayuntamiento ha reconocido a Volconsa 557.000 euros en certificaciones de obra, mientras que los vecinos han pagado ya casi la mitad de lo que les corresponde, unos 405.000 euros. El resto, hasta dos millones de euros está pendiente de pago.

El PSOE exige a Oña que derribe un aparcamiento declarado ilegal. Fuengirola (SUR)

El Tribunal Supremo ratificó en 2007 la nulidad de la licencia y del edificio de aparcamientos de Las Pirámides

MARÍA ALBARRAL. FUENGIROLA El edil socialista del Ayuntamiento de Fuengirola Javier García León compareció ayer ante los medios de comunicación para "exigir a la alcaldesa del municipio, Esperanza Oña, que cumpla con las resoluciones judiciales".
La solicitud responde a la decisión del Tribunal Supremo de declarar nula la licencia de un aparcamiento situado en una parcela del paseo marítimo (Las Pirámides) por "vulnerar el interés público urbanístico", por lo que el PSOE pide su demolición.
García León acusó a la regidora de "dar la espalda nuevamente a los vecinos pues cinco comunidades de propietarios emprendieron acciones legales en 1998 contra la concesión municipal".
La primera sentencia al respecto, que data del 1 de diciembre de 2005, afirma que "el Ayuntamiento emisor de la licencia no contesta a la demanda" por lo que resuelve la nulidad de dicho permiso. La empresa recurre el fallo del juzgado en 2006 y, en esta ocasión, el Consistorio comparece en contra del propietario.
Según el PSOE, "hay que tener muy claro que quien otorgó la licencia fue el Ayuntamiento aunque después quisiera rectificar al darse cuenta de la magnitud del error que había cometido. No es la primera vez que el Consistorio da una licencia y cuando los vecinos denuncian los casos se ve obligado a suspenderla", comentó el concejal, quien se preguntó "si el Ayuntamiento hubiese seguido hasta el final, si los residentes no hubieran actuado".
La última resolución judicial procedente del Tribunal Supremo, que data del 13 de septiembre de 2007, no admite a trámite el recurso de la empresa y, por tanto, reafirma la sentencia de 1 de diciembre de 2005. En este sentido, García León acusa a la alcaldesa de "no ejecutar la sentencia", pues desde hace dos años todavía no se ha derrumbado la edificación.
Por su parte, el equipo de gobierno afirma que "exigió el año pasado a la empresa la necesidad de ejecutar la demolición y adaptación de la construcción a la normativa vigente pero el propietario solicitó un aplazamiento". Se espera que en los próximos tres meses se adapte la edificación a la legalidad vigente.

Ejecutan el primer derribo de un edificio ilegal en Marbella (La Opinión)


Se trata de un inmueble deshabitado que se ubica en zona verde y que es propiedad del empresario imputado en el ´caso Malaya´ José Ávila Rojas
PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA La piqueta ya está en marcha. La constructora Naviro Inmobiliaria comenzó a demoler ayer el primer inmueble irregular que se convertirá en escombros en Marbella. Una actuación que acomete para cumplir la orden de derribo dictada por el gobierno municipal del PP el pasado 9 de septiembre, en junta local.El edificio se ubica en la urbanización Golf Río Real, en el distrito marbellí de Las Chapas, y consta de una treintena de dependencias repartidas en tres plantas, que estaban en fase de revestimiento. Su destrucción supondrá un coste de 47.500 euros que deberá pagar la promotora, propiedad del empresario granadino imputado en la operación ´Malaya´ José Ávila Rojas.Paralizadas. La comisión gestora que gobernó el Ayuntamiento de Marbella paralizó en 2006 las obras de este inmueble, que habían comenzado dos años antes y carecían de licencia municipal. Este es uno de los tres requisitos que deben cumplir los inmuebles irregulares que se vayan a demoler, de acuerdo con las indicaciones establecidas en el acuerdo pactado entre el Ayuntamiento de la localidad y la Junta de Andalucía para otorgar licencias de ocupación provisionales antes de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Los otros dos requisitos son que las viviendas estén deshabitadas y que su regularización no sea posible en el nuevo PGOU que actualmente está en trámite.En este caso, el edificio se ubica sobre una zona calificada como verde en el PGOU vigente, de 1986. En el actual documento urbanístico, este suelo se destina a crear un equipamiento público. Una razón que sentenciaba su final. No será el único.En la misma junta de gobierno local del pasado 9 de septiembre, el PP acordó la demolición de otra estructura, que al igual que ésta, ni siquiera merece recibir la calificación de inmueble. Se trata de una promoción situada en la urbanización Lindavista Alta, en el núcleo poblacional de San Pedro Alcántara.La inmobiliaria Prosavi es la propietaria de estos proyectos urbanísticos, que apenas estaban en proceso de cimentación y que están sentenciados a caer a golpes de piqueta. Su destrucción supondrá un pago de unos 6.000 euros que también deberán correr a cuenta de la constructora, en función con la orden municipal.La demolición de esta promoción aún no ha comenzado, pero no tardará, según adelantaron fuentes municipales, ya que tanto Naviro Inmobiliaria como Prosavi tienen como plazo hasta finales de abril para que estos edificios estén definitivamente destruidos. Con esta medida, se recuperarán los espacios ocupados por dos de las 18.000 viviendas ilegales que el nuevo PGOU legaliza en su mayoría.

Comienzan los arreglos del entorno del Thyssen (La Opinión)

El Ayuntamiento inicia las obras de remodelación de la torre y la medianera de la iglesia del Santo Cristo

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA A la espera de iniciar en las próximas semanas las obras de construcción del futuro museo Thyssen Bornemisza, el Ayuntamiento aborda también la tarea de renovar y mejorar todo su entorno exterior.
En este menester se enmarca el proyecto de reparación de la torre y la pared medianera de la iglesia del Santo Cristo de la Salud, una de las más antiguas de la capital, que data del siglo XVI.
Se trata de uno de los proyectos aprobados por el Ayuntamiento dentro del Fondo Estatal de Inversión Local, conocido como ´Plan Zapatero´, que el Instituto Municipal de la Vivienda, como promotor, acaba de adjudicar a la empresa Contrat Ingeniería y Obras, con un presupuesto de 99.500 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.
Las obras tienen como objetivo devolver el edificio de la iglesia a su estado primitivo con la adecuación y revalorización de sus elementos de protección, ya que al estar adyacente al edificio que acogerá el futuro museo Thyssen, se ha visto modificado y deteriorado como consecuencia del derribo de un inmueble situado justo en medio. Las obras tiene que tener en consideración que se trata de un edificio histórico que tiene incoado expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).
Las obras, por tanto, consistirán básicamente en el arreglo de la torre de la iglesia y de la cubierta del presbiterio, así como del acceso al mismo desde la calle Compañía.
La actuación deberá corregir los desperfectos actuales como la cornisa de la torre, que presenta erosiones y fallas que provocan la aparición de goteras. También el tejado que cubre el acceso actual a la iglesia por la primitiva sacristía se encuentra en malas condiciones, con las tejas en muy mal estado o rotas; el presbiterio se cubre con una terraza transitable con una añadido para lavadero que altera los huecos de las campanas, que han quedado tapiados para introducir un cuarto de baño.

Cártama saca a concurso las obras del pabellón de deportes (SUR)

El edificio se ubicará junto al futuro estadio y podría estar acabado a final de año La inversión asciende a 1,8 millones

La tantas veces prometida ciudad deportiva de Cártama va tomando forma poco a poco. Si hace unas semanas se iniciaban las obras de construcción del estadio de fútbol y de atletismo, ahora el Ayuntamiento acaba de sacar a concurso el contrato para la edificación del pabellón cubierto. Se trata de un proyecto que supondrá una inversión cercana a los 1,8 millones de euros y que será financiado con el Fondo Estatal de Inversión Local impulsado por el Gobierno.
El anuncio de la licitación se publicaba esta misma semana en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y las empresas tienen hasta final de mes para presentar sus ofertas. Así, si se cumplen los plazos, los trabajos se podrían adjudicar y comenzar en el mes de abril para concluir a finales de año (el periodo de ejecución estimado en el pliego de condiciones es de ocho meses). Según el proyecto del Ayuntamiento, el futuro pabellón de deportes se emplazará junto al estadio ahora en construcción y tendrá un diseño moderno, dos plantas y amplias cristaleras para dotar al interior de mayor luminosidad. El acceso se situará en el nivel superior, mientras que en el inferior estarán las pistas de juego (con espacio suficiente para tres pistas de baloncesto o una grande de fútbol sala).
Otras instalaciones
Además de las competiciones deportivas, el Consistorio pretende utilizar el recinto para acoger otro tipo de actos públicos donde esté previsto un aforo importante de personas. Esta sería la segunda instalación que echa a andar de la ciudad deportiva prevista entre Cártama pueblo y Estación de Cártama. Queda pendiente el inicio del complejo de piscinas, que el Ayuntamiento plantea que sea construido y explotado por una empresa privada.

Imputan al ex alcalde de Fuente de Piedra por un supuesto delito medioambiental (SUR)

La Fiscalía de Málaga cree que el Consistorio no impidió a una empresa realizar presuntos vertidos en la zona de la Laguna El actual regidor y otros ediles también están imputados

La Fiscalía de Málaga ha imputado al ex alcalde de Fuente de Piedra y actual gerente provincial de la Empresa Pública del Suelo en Andalucía, Cristóbal Fernández (PSOE); al actual primer edil y anterior concejal de Medio Ambiente, el socialista Francisco Hidalgo, a otros miembros del equipo de gobierno (PSOE) y a la empresa Hutesa Agroalimentaria por un supuesto delito medioambiental.
La Fiscalía de Málaga denunció que desde el año 1998 y hasta 2005 dicha empresa productora de aceituna de mesa, ubicada en la localidad villafontense, habría realizado presuntamente vertidos residuales sobre el espacio protegido de la Laguna de Fuente de Piedra, sin que el Ayuntamiento impidiera dichos vertidos. Por estos motivos, el próximo lunes día 16 de marzo los imputados acudirán al Juzgado de Instancia e Instrucción número 2 de Antequera donde se les trasladará los cargos.
El ex alcalde aseguró al respecto que es un asunto que se encontró cuando llegó a la Alcaldía, «pero que afortunadamente está resuelto desde hace varios años» y señaló que «las depuradoras del municipio se estaban deteriorando como consecuencia de este vertido», pero que «se arreglaron, con una gestión importante junto a la Consejería de Medio Ambiente, y están funcionando perfectamente, mantenidas correctamente desde el 1 de agosto de 2005».
Vertido clausurado
Según el ex regidor, desde finales de 2005, la empresa «clausuró el vertido» que llegaba a las depuradoras. Además, Fernández declaró que el Ayuntamiento junto con la empresa y Medio Ambiente trataron de buscar unos terrenos adecuados para el traslado de esta empresa a otros terrenos.
Para Fernández es un «problema antiguo que existía y ya no existe y que el Ayuntamiento en la medida de sus posibilidades ha sido diligente y ha trabajado para intentar solucionar de la manera más satisfactoria el problema». Fernández aseguró que están dispuestos a colaborar con la justicia en todo momento porque, según destacó con rotundidad, «el Ayuntamiento jamás ha contaminado ni hemos sido permisivos en esta situación».
Por su parte, la empresa Hutesa declinó realizar declaración alguna al respecto a Europa Press y este periódico intentó sin éxito contactar con Francisco Hidalgo.
El secretario general del PP de Málaga, Francisco Salado, exigió ayer a Miguel Ángel Heredia, secretario general de los socialistas malagueños, que cese de «inmediato» y «por coherencia» al alcalde y al resto de miembros del equipo de gobierno imputados. Del mismo modo, Salado solicitó al consejero de Vivienda que pida la dimisión del gerente provincial de Epsa.

Nuevo choque entre PP y PSOE, ahora por la demolición de una obra. Fuengirola (SUR)

La sentencia de demolición y adaptación de un aparcamiento privado construido en una parcela del paseo marítimo a la altura de la calle Europa ha sido la causante de un nuevo cruce de declaraciones entre el PP y el PSOE. Por una parte, los socialistas calificaron de «irresponsable» la actitud tomada ante el fallo, ya que aseguran que «hasta tres tribunales diferentes han dicho que hay que tirar lo ilegal, que la licencia la dieron indebidamente, y en cambio, el gobierno de Oña se dedica a mirar para otro lado».
Mientras, en el equipo de gobierno indicaron en una respuesta municipal dada a los socialistas hace unos días «se les advertía de que la sentencia estaba siendo ejecutada». Incluso, la edil de Obras, Ana Mula recordó que ha sido el Ayuntamiento el que ha actuado en este asunto y que «tras varios escritos presentados a los propietarios del aparcamiento privado, el pasado 10 de marzo se emitía la nueva licencia de obras para llevar a cabo la demolición y modificación de la construcción». Además,Mula advirtió de que «se estudiará emprender las acciones legales que sean oportunas ante el sistemático engaño de los socialistas». Y es que, el edil de la oposición Javier García León aseguró que fueron los vecinos quienes denunciaron el caso cuando Mula aclaró que el propio Ayuntamiento fue el que inició el expediente sancionador.

Un laberinto urbanístico que empieza a aclararse. Marbella (SUR)

El paisaje marbellí sigue salpicado por más de 18.000 viviendas irregulares construidas durante el gilismo. El Plan General dará respuesta a la inmensa mayoría

Como una madeja espesa a la que había que encontrarle un hilo para empezar a desenredar. Así ha estado en los últimos años el mapa del ladrillo, en algunos casos con un cemento que sigue casi fresco, en Marbella. El laberinto urbanístico que dejó el gilismo, con más de 18.000 viviendas ilegales salpicando el horizonte de la ciudad, empieza a aclararse. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en tramitación, dará respuesta a la inmensa mayoría de las construcciones irregulares que se levantaron en la ciudad. Aunque tanto la Junta como el Ayuntamiento sostienen que no se tratará, en ningún caso, de una amnistía. Estas son algunas de sus claves.
18.000 VIVIENDAS
Las que se regularizan en el futuro PGOU
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana, al que se le dio el primer visto bueno provisional en octubre del año pasado y que está pendiente de otra aprobación provisional prevista para mayo, regulariza 18.000 viviendas ilegales construidas durante la 'era GIL' al amparo de licencias que violaban el planeamiento entonces vigente. No será una medida de gracia. El Ayuntamiento reclamará a los promotores compensaciones a cambio de la legalización, esto es, que compren suelo y lo den a la ciudad. Sobre muchas de ellas pesan sentencias de anulación de licencias que obligarían al derribo. Sin embargo, los tribunales concedieron aplazamientos a la espera de ver cómo quedan en el PGOU.
500 CASAS
Las que se quedan, por ahora, fuera del Plan
Inicialmente, en el Plan General que elaboró la Junta cuando retiró las competencias urbanísticas a Marbella en junio de 2006, eran 752 pero el equipo de gobierno retocó el documento y las redujo a 500. Son las viviendas que a priori no tendrían cabida en el futuro planeamiento, al menos por ahora. Es el caso del edificio Banana Beach, de varios pisos de Río Real y de una treintena de viviendas de La Víbora, La alcaldesa, Ángeles Muñoz, quiere que también se acojan a las compensaciones pero la aprobación definitiva está en manos de la Junta.
OCHO EDIFICIOS
Los que la Junta quiere que se derriben
En el listado de edificaciones desocupadas que había que demoler la Junta incluyó el verano pasado ocho inmuebles, entre ellos la estructura para un hotel junto al hospital Costa del Sol o dos bloques de 61 viviendas en la avenida del Mediterráneo, en San Pedro Alcántara. Reúnen los requisitos: desocupadas, ilegales y no regularizadas en el PGOU, al menos en el que diseñó la Junta.
DOS EDIFICIOS
Los únicos que el Consistorio demolerá
Las 34 viviendas de la zona de Las Chapas que ayer comenzaron a demolerse y los cinco chalés de San Pedro Alcántara, en Linda Vista. La alcaldesa de la ciudad quiere que las demoliciones se queden únicamente en estas dos estructuras, también deshabitadas, y que además no tienen licencia, ni tan siquiera de las que han ido anulando los tribunales.

Cae la primera obra ilegal en Marbella (SUR)

Comienza el derribo de 34 viviendas construidas sin licencia por el promotor granadino Ávila Rojas El Ayuntamiento sólo prevé una segunda demolición, pero la Junta reclama que haya más

DEMOLICIONES PREVISTAS
Las Chapas
Urbanización: Golf Río Real.
Promotora: Naviro Inmobiliaria, del granadino Ávila Rojas, imputado en el 'caso Malaya'.
Infracción: Ocupa zona verde y no tiene licencia.
Situación en el nuevo PGOU: El suelo pasa a considerarse equipamiento público.
Estado de las obras: El bloque, de planta baja más tres alturas y 34 viviendas, está ejecutado al 60 por ciento. La demolición empezó ayer.
Coste de la demolición: 47.500 euros. Lo asume la promotora, con la que se llegó a un acuerdo.
San Pedro
Urbanización: Calle Boreal, en la urbanización Linda Vista Alta. Seis viviendas adosadas.
Promotor: Prosavi.
Infracción: Ocupa zona verde.
Situación en el nuevo PGOU: Se mantiene la calificación de zona verde.
Estado de las obras: En fase de cimentación y con parte de los muros de contención ejecutados. La demolición aún no ha comenzado. La licencia caduca en abril.
Coste de la demolición: El importe del proyecto presentado por Prosavi asciende a seis mil euros. Sin hacer mucho ruido. Sólo el de una solitaria máquina que a última hora de la tarde se afanaba en hacer añicos las paredes. Marbella dio ayer así un paso más hacia la legalidad con el inicio de la primera demolición de una obra sin licencia construida en la llamada 'era GIL'. Casi dos décadas después de que el desaparecido Jesús Gil se hiciera con la Alcaldía de la ciudad e impusiera su voraz gestión urbanística, la esperada piqueta apareció por la mañana en el horizonte para derribar 34 viviendas en la zona de Golf Río Real, en Las Chapas, levantadas en zona verde. Detrás de esta construcción está además el nombre del promotor granadino José Ávila Rojas, imputado en el 'caso Malaya', y de una de sus empresas: Naviro Inmobiliaria.
Siete meses han pasado desde que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, firmara la orden de derribo de ésta y otra promoción de viviendas en cumplimiento de un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para la ejecución anticipada del Plan General de Aprobación Urbana (PGOU) de la ciudad. Será el primer planeamiento en 23 años, actualmente pendiente de una segunda aprobación provisional prevista para mayo.
Las términos de este singular pacto aprobado en julio del año pasado para desatascar el urbanismo estaban claros: el Consistorio podía empezar a conceder licencias en precario en base al futuro PGOU -que no entrará en vigor hasta fin de año- para no paralizar la ciudad pero a cambio debía ejecutar demoliciones de estructuras construidas ilegalmente y desocupadas -la Junta llegó a darle por escrito un listado ocho edificios que debían desaparecer al no haber terceros de buena fe afectados ni ser regularizables en el Plan General-. También la revisión de las licencias irregulares, a lo que el equipo de gobierno se resiste.
Pero el Ayuntamiento añadió unilateralmente otro requisito que restringió aún más el escenario de las posibles demoliciones: que la obra no tuviera licencia, ni siquiera una de las que los alcaldes del GIL concedían contra la ordenación y posteriormente eran anuladas por los tribunales. Con estas credenciales, en Marbella sólo habría dos promociones: la que comenzó a derribarse ayer y una segunda de seis viviendas adosadas en San Pedro Alcántara, en la urbanización Linda Vista y a cargo de la promotora Prosavi, pendiente también de que comience su reducción a escombros.
Zonas verdes
Ambas, además de ocupar zonas verdes según el PGOU vigente, no cuentan con licencia municipal, no se regularizan en el futuro planeamiento y están deshabitadas. La lista, por ahora, se quedará aquí. La alcaldesa, responsable en última instancia de aplicar la disciplina urbanística, ya ha advertido de que no habrá más demoliciones al margen de la de Las Chapas y la de San Pedro, que además fueron acordadas con los promotores, a los que se le dio licencia el pasado enero.
Defiende esta postura en evitar reclamaciones patrimoniales al Ayuntamiento. Alerta de que podría darse este caso en viviendas edificadas con licencia, aunque los tribunales las hubiesen anulado posteriormente. Mientras, la delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, aunque valoró positivamente que se ejecute el derribo de una obra ilegal, la consideró «insuficiente y tardía». Recordó que dentro del acuerdo entre ambas administraciones la Junta informó de al menos ocho construcciones ilegales, desocupadas y cuya regularización no contempla el nuevo planeamiento urbanístico «que se ajustarían a los criterios consensuados para su demolición».
No se anduvo con rodeos e instó a la regidora en un comunicado a que promueva los derribos de estructuras ilegales, sin terceros afectados ni regularizables en el futuro planeamiento, que fueron señalados por el Gobierno andaluz. De paso, le reclamó que revise las licencias irregulares, otro de los puntos del acuerdo bilateral y que la alcaldesa prefiere dejar para cuando el Plan General entre en vigor, algo que el equipo de gobierno espera para finales de año una vez la Junta le dé el visto bueno.
En esta aprobación final jugará un papel crucial el entendimiento entre ambas administraciones, el Ayuntamiento y el Ejecutivo andaluz, que deben ponerse de acuerdo sobre las compensaciones para la regularización de las 18.000 viviendas ilegales que dejó el gilismo o sobre el medio millar que tras la primera aprobación no tienen visos de legalizarse.