lunes, 9 de marzo de 2009

La Fiscalía investiga al equipo de gobierno del municipio de Mijas (El Mundo)


La Fiscalía de Delitos contra la Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha abierto diligencias para investigar si la inactividad del Ayuntamiento de Mijas ante una denuncia sobre unas supuestas obras ilegales fuera constitutiva de un delito urbanístico, según la documentación que obra en poder de este periódico.

Así lo ha notificado el fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Juan Calvo Rubio, en un escrito fechado el 26 de febrero de 2009. La incoación de diligencias se produce a raíz de una denuncia presentada por el PP de Mijas. De esta forma, sobre la gestión urbanística del Consistorio pesa una nueva investigación fiscal y la duda sobre la excesiva permisividad ante las presuntas irregularidades de construcciones en suelo rústico de ediles y algunos vecinos del pueblo.

Para el PP el alcalde, quien tiene la competencia en el expediente sancionador, «se merece un reproche penal al haber dejado transcurrir de forma consciente los plazos para evitar la sanción administrativa a los que, de forma consciente, han llevado a cabo la edificación no autorizable, desoyendo la orden emitida de paralización».

Los 'populares' trasladaron al fiscal que el 7 de febrero de 2007 presentaron una denuncia ante el departamento de Urbanismo del Consistorio y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). En el escrito reseñaron que se estaba realizando la construcción de una plancha de hormigón y de un muro perimetral en la carretera Mijas-Coín, justo en el diseminado 18, junto al cruce de Entrerríos.

En la misma fecha, el Ayuntamiento acusó recibo de la denuncia, alegando que desconocía la situación, por lo que se dio orden a Urbanismo para que inspeccionara las obras supuestamente ilegales.

Uno de los aspectos más llamativos de la actuación del gobierno socialista se produjo cuando el PP se interesó por la titularidad de la finca en la que se ordenó la paralización de las obras que se ejecutaron ilegalmente. La respuesta del Ayuntamiento de Mijas fue que no se podía facilitar esta información, «por ser contrario a la normativa sobre protección de datos de carácter personal». Es curiosa esta respuesta teniendo en cuenta que el ente infractor es la empresa Almacenes Moreno, S.L., representada por Francisco Moreno Rodríguez, con el que mantiene una estrecha relación personal el actual concejal de Urbanismo del PSOE, Juan Cruz.

El Departamento de Valoraciones del Ayuntamiento el día 23 de abril de 2007 emitió informe por el que se estimaba el valor de las obras en 148.440,60 euros. Esta fue la base para que el expediente se resolviera en mayo de 2007 con una multas coercitivas de 24.006,30 euros al mes, así como con la orden de demolición de las obras ejecutadas.

Las obras continuaron
Sin embargo no sólo no se demolió la obra ni se pagó la multa, sino que el 14 de junio de 2007 se emitió un nuevo informe de la Policía Local que confirmó la continuación de las obras, ante la pasividad del propio Consistorio. También la arquitecta técnica municipal del Ayuntamiento, Elena Martín Andrés, emitió un informe negativo sobre un proyecto de actuación solicitado por Almacenes Moreno, S.L., considerando la parcela afectada como Suelo no Urbanizable Agrícola de Regadío.

A pesar del rechazo unánime de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mijas al proyecto de Almacenes Moreno, S.L., y de los informes de la arquitecta técnica municipal y el de la jefa del departamento de Urbanismo, María de la Peña Ortíz Alarcón, no se pararon las obras, ni se obligó a demoler la vivienda. Tampoco se gestionó el cobro de la multa. Esta inactividad del Consistorio provocó que el representante de Almacenes Moreno, S.L. presentara un escrito reclamando la suspensión del expediente. Una petición que fue refrendada por decreto de Alcaldía basándose en «la caducidad del expediente».

Los coches buscan su sitio en la calle (El País)

Cae la demanda de garajes y arrastra a la baja los alquileres incluso en el centro de Madrid

Nada parece escapar a la crisis, y las plazas de garajes no son una excepción. Particulares y empresas se aprietan el cinturón, por lo que los precios de alquiler han comenzado a descender, al tiempo que se detecta una reducción del número de plazas que arriendan tanto las compañías para sus oficinas y centros de negocio como las familias. Y es que, aunque en la capital la falta de aparcamiento ha hecho que este tipo de inmuebles se haya considerado tradicionalmente casi como un artículo de primera necesidad, lo cierto es que, en épocas de vacas flacas, la gente se plantea que el "coche duerma en la calle".

Sólo la inversión en aparcamientos robotizados resiste el embate de la crisis
Además, como explica Miguel Pinto, responsable de estudios e investigación de mercado del Grupo i, el mercado de los garajes va a remolque del de viviendas y oficinas, por lo que, en la coyuntura actual, sus precios sufren en la misma medida que los del residencial y en proporción a la menor contratación de oficinas, a lo que se une el hecho de que con la crisis hay una menor actividad económica y muchas personas utilizan el transporte público, lo que conlleva una menor densidad circulatoria.

Carlos Ferrer-Bonsons, director de suelo, urbanismo y residencial de Jones Lang LaSalle, confirma que esta caída de las rentas, de un 10% de media en la zona prime de Madrid, no se ha visto acompañada, de momento, por una caída de los precios. Los propietarios son reacios a rebajarlos, lo que supone que estos productos inmobiliarios sean ahora menos atractivos a la hora de invertir.

El representante de Jones Lang LaSalle explica que un inversor que adquiera hoy una plaza en la zona de Castellana, Chamberí o el barrio de Salamanca con la intención de arrendarla, obtiene una rentabilidad de entre el 3,5% y el 4%, ya que se están pagando entre 180-210 euros mensuales, cuando hace unos meses se podía pedir por ella entre 200 y 250 euros, con lo que por el mismo capital se lograba una rentabilidad de entre el 5% y el 6%, debido a que los dueños de los aparcamientos siguen pidiendo lo mismo que antes de la crisis, entre 54.000 y 60.000 euros. Y es que, según Luis del Corral, consejero delegado de Foros Consultores, no sólo los precios de venta no han bajado durante 2008, sino que han subido de media un 11%, con alzas que en distritos como el de Chamberí han llegado hasta el 48%, y en el de Centro, al 22%.

Recortar precios

Los expertos no creen, sin embargo, que esta situación pueda durar. Prevén que los propietarios se tendrán que bajar del burro y recortar los precios en los próximos meses entre un 10% y un 20%, ya que, aunque 2009 todavía ha registrado una sana demanda de alquiler, la previsión es que los alquileres continúen cayendo, "y no se sabe dónde está el suelo, debido a que el regateo inmobiliario se está convirtiendo en el deporte nacional". Por ello, el consejo de estos directivos a los inversores es extremar la prudencia y, en caso de decidirse a comprar, hacerlo en zonas del centro, donde la escasez de aparcamiento es endémica.

La periferia es un mundo aparte. No hay mucha demanda y los precios son baratos, por ejemplo, en Las Tablas y Sanchinarro, puesto que en las nuevas zonas residenciales las normas urbanísticas obligan a construir más de una plaza de garaje por vivienda en las promociones, con lo que la rentabilidad que obtiene el inversor es mucho menor.

Pero no sólo el negocio de garajes nuevos o de segunda mano vinculados a viviendas y oficinas ha comenzado a resentirse. Los aparcamientos colectivos también atraviesan un momento delicado. Miguel Cantos, presidente de la Asociación Madrileña de Empresarios de Garajes y Aparcamientos (AMEGA), colectivo que agrupa unos 600 garajes de la capital y más de 7.000 plazas, explica que la crisis ya se ha traducido en un recorte de las plantillas, una estabilización de los precios de 2009 respecto a 2008 y en descuentos, principalmente para flotas de empresas, rebajas que temen se vean obligados a hacer al resto de sus clientes para evitar deserciones.

La causa es que ha bajado el número de clientes, tanto los que usan estos inmuebles de forma rotativa como los que tienen plaza fija, porque han disminuido los contratos con oficinas. Además, las personas que trabajan en Madrid pero viven fuera se decantan por el transporte público y los residentes comienzan a dejar sus coches en la calle, con el fin de ahorrarse los 140 euros mensuales que cuesta una plaza, por ejemplo, en Chamartín o Chamberí. Asimismo, el responsable de AMEGA se queja de que alquilan plazas de residentes en los garajes de concesión municipal, que no se pueden arrendar, lo que se hace "bajo cuerda", ocasionándoles una "competencia desleal".

Sin embargo, no todo son malas noticias en el sector. Hay un nicho de negocio que, aunque aún minoritario, sigue funcionando a buen ritmo y tiene unas buenas previsiones para este año: los aparcamientos robotizados. Fernando Catalán de Ocón, presidente de Integral Park Systems (IPS), que ha construido 1.150 plazas automáticas a lo largo de 2008 y tiene en proyecto poner en funcionamiento otras 1.000 este año, asegura que existe interés en este tipo de producto.

Nicho de inversión

El responsable de esta empresa explica que ahora su principal cliente no son las promotoras, "que están de capa caída, sino las comunidades de propietarios y grupos de inversores, principalmente family office s, que promueven parkings para vender o alquilar". Un ejemplo de estas operaciones sería la que se está haciendo en Gran Vía, 48, donde un grupo inversor gallego promueve 308 plazas en un solar frente al cine Capitol; o el parking que se instalará en la calle de Povedilla, al lado del Palacio de Deportes, también de la mano de inversores españoles.

Este tipo de plazas mecanizadas es más cara, ya que cuesta entre 30.000 y 36.000 euros, frente a los 15.000 euros que supone construir una tradicional, "pero si no tienes sitio, son como las lentejas...", señala Catalán de Ocón, por lo que se están vendiendo entre 90.000 y 120.000 euros.

El presidente de IPS recalca que detrás del hecho de que sigan contratando al mismo ritmo que otros años está que en el centro de Madrid es imposible vender un piso sin garaje. Pone como ejemplo los robotizados de la promoción de Baluarte en el 17 de la calle de O'Donnell. Otra posibilidad para los inmuebles que cuenten con mayor espacio, ya que requiere de rampas o montacoches, es el aparcamiento semiautomático, cuyo precio de construcción es un 15% más barato que el tradicional.

El mercado tardará tres años en absorber el millón de viviendas sin vender (El País)

Según el decano de los registradores de propiedad.- Si no se construyese más, se tardaría dos años en vender esas casas

La situación del mercado inmobiliario en España continúa sin dar buenas noticias pero sí se empeña en mostrar las consecuencias de los excesos de los últimos años. Las cifras de todo el año pasado muestran una caída constante de ventas que seguirá en 2009, situación que se refleja de manera inevitable en el stock de viviendas en el mercado. En este sentido, el decano del Colegio de Registradores de España, Eugenio Rodríguez Cepeda, ha pronosticado este miércoles un plazo de al menos tres años para que el mercado pueda absorber el millón de viviendas que hay en España sin vender.

Así se ha pronunciado Rodríguez Cepeda en una conferencia de prensa convocada en el marco de las Jornadas sobre mercado hipotecario en los países iberoamericanos, que se celebran en Madrid. Según estimaciones del sector inmobiliario alrededor de un millón de pisos construidos en los últimos años en España están sin vender.

Factores demográficos

Una cifra que, según el decano del Colegio de Registradores de España, puede ser "bastante cierta" y que el mercado tardaría en absorber dos años si no se construyese más. Pero si las obras continúan, "cuánto tardará el mercado español en digerir esa despensa", se preguntó Rodríguez Cepeda, para aventurar un plazo que abarcaría "entre tres años y cuarenta meses". En opinión del registrador, en la brusca caída del sector inmobiliario español no sólo ha influido la crisis financiera y económica, sino también la evolución demográfica de España.

Así, Rodríguez Cepeda subrayó la caída de la natalidad en España en los años ochenta en contraste con la alcanzada en la década de los sesenta y setenta, lo que, en su opinión, hace que el "mercado se agote", aún teniendo en cuenta la llegada de emigrantes a nuestro país. Para Rodríguez Cepeda la actual crisis, que definió como un "tsunami", permitirá "afilar las herramientas" financieras con las que actualmente se cuenta y salir fortalecidos.

Caída de los precios de la vivienda en toda Europa (El País)

Pasear por el mercado europeo de la vivienda requiere más que un paraguas. El derrumbe se manifiesta en caída de la demanda y de la actividad, exceso de oferta y en que los títulos respaldados por hipotecas dejan de ser atractivos para los inversores". Ni siquiera se salvaron del patinazo los países que no participaron en el boom inmobiliario", apunta Laura Lindberg en la presentación del estudio anual sobre la vivienda en Europa de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).
Alemania prosigue con su estancamiento en precios y producción y en Austria la falta de crédito debilita la demanda. En Italia, por primera vez en la década, ha caído el número de hipotecas y un 13% las ventas. No se descarta un descenso de precios al igual que en los Países Bajos. En éstos, la la nacionalización de la parte holandesa de Fortis Bank, que incluyó la parte comercial de ABN- Amro Bank, ha tenido un gran impacto en el mercado de la vivienda, que se caracteriza por un endeudamiento alto y la escasa oferta.

En el bando de los que sí tuvieron un papel estelar en el boom, Reino Unido e Irlanda están a la cabeza del descenso de precios con un 16% y un 9%, respectivamente, aunque el primer puesto es para los Países Bálticos. Estonia encabeza el ranking de descenso con la bajada del 23% en precios. También los recientes miembros de la UE de Europa central y oriental atraviesan dificultades. En Polonia, con sobreoferta de vivienda, el precio en las principales ciudades ha caído y se aventura que la restricción hipotecaria la profundizará. Los créditos en divisas aumentan el riesgo en un país del que se retiran los inversores y ponen en venta viviendas compradas sobre plano. En Hungría -que estrenará durante 2009 un impuesto inmobiliario-, las transacciones cayeron entre un 10% y un 15%, y los precios, dada la inflación, un 1% en Budapest.

Un rayo de luz

En enero, al mercado londinense parecen acercarse algunos inversores en busca de gangas, según RICS. Pero, en el país, las ventas han caído un 64%; la actividad, un 55%, y los precios, un 15%. La vecina Irlanda suma al 10% de la caída de precios en octubre pasado un 53% de descenso de producción respecto a 2006. Las medidas de reducción fiscal para estimular la demanda han tenido un impacto limitado. En Francia, los precios bajaron casi un 10%, y la compraventa de viviendas, un 30%. RICS apunta que no habrá signos de recuperación hasta 2010 como pronto y se pregunta si las medidas para estimular la demanda y reducir el número de embargo tendrán éxito.

España, cura de humildad y regañina

Chipre, cuyo parque residencial aumentó un 30% en la década, tiene la tasa de construcción por cada 1.000 habitantes más alta de la UE, pero en cuanto a boom el de España fue de los mayores. Amadeu Arderiu, consultor de RICS España, habla de "cruel cura de humildad para un sector que, a pesar de las reiteradas advertencias, no supo detener a tiempo su huida hacia adelante, con la colaboración de un crédito fácil y unas valoraciones complacientes". RICS describe un escenario de colapso en el que los particulares nadan en un mar de desempleo creciente mientras las consultoras, por un lado, desmantelan su división residencial y, por otro, se postulan como la solución para que la banca dé salida al paquete de acciones y viviendas atesorado.

Su tono crítico no desciende cuando habla de que "por ahora sólo se proclaman obviedades y ambigüedades". Y remata diciendo que "como icono visible, la principal feria inmobiliaria ha pasado del despilfarro al low-cost"

El informe anual de RICS se basa en datos oficiales, con lo que registra una caída de precios de un 3% durante 2008 en España y aventura un reajuste muy fuerte. Según otras instituciones, ya se está produciendo. Sus dos fuentes oficiales son las del INE y el Ministerio de Vivienda.


Quién es RICS
RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) es la mayor asociación profesional en el sector inmobiliario, de la construcción y medioambiente de todo el mundo. Una parte muy importante de su función es la de ayudar a establecer, mantener y asegurar estándares de profesionalidad - así como proporcionar información imparcial a los gobiernos y otras organizaciones internacionales. RICS cuenta con más de 140.000 miembros en 146 países apoyados por una extensa red de oficinas regionales en todos y cada uno de los continentes.

Una depreciación de 8.500 millones (El País)

La paralización del mercado y el ajuste de precios hace caer los activos de las inmobiliarias
YOLANDA DURÁN 06/03/2009

A las inmobiliarias les crecen los problemas. El cierre contable del pasado ejercicio ha puesto de relieve el nuevo desafío al que se van a enfrentar las inmobiliarias en futuros ejercicios: la depreciación de sus activos. La paralización del mercado de compraventa y el ajuste forzado de los precios se están traduciendo desde el pasado año en un reajuste del valor de sus suelos e inmuebles, que va a seguir minando las cuentas de las empresas en los próximos ejercicios. La factura de este año es de 8.500 millones en pérdidas, frente a los 1.717 millones de ganancias en 2007.
El valor bursátil de las empresas del sector cayó un 56% durante el ejercicio, hasta los 8.823 millones
Se trata de un ajuste que tiene una consecuencia inmediata en las cuentas: las provisiones obligadas que toda empresa debe hacer por ley y que inciden directamente en los resultados de la empresa. El volumen es importante, ya que supera los 6.200 millones de euros en el conjunto del sector, con la inmobiliaria Colonial (2.372 millones), Martinsa (2.264 millones) y Metrovacesa (335,9 millones de euros), a la cabeza.

Así, el valor de los activos de Colonial se situó en 9.225 millones de euros al cierre de 2008, lo que supone un descenso del 30% en relación con el ejercicio precedente y unas provisiones que han causado una pérdida neta de 3.980,6 millones. El mayor descenso de valor lo registraron los activos del negocio de promoción de viviendas y suelo, que descendió un 39,6%, hasta los 1.365 millones, pero la cartera de edificios que tiene en España para su explotación en régimen de alquiler se depreció un 25%.

Para Metrovacesa, la primera de las inmobiliarias por capitalización, la evaluación de la cartera se ha traducido en un descenso del 21% con respecto al valor que presentaba en 2007.

La situación de Martinsa Fadesa, en concurso de acreedores desde julio de 2008, va más allá, con un patrimonio contable negativo de 671 millones.

Pero no todo son malas noticias. Renta Corporación, a pesar de los números rojos, ha conseguido refinanciar su deuda, aunque ya ha anunciado desinversiones de activos que incluyen su sede social, y Parquesol (Grupo San José) ultima la suya para dentro de un mes, a falta de algunos flecos legales, según fuentes financieras.

¿Continuará el negocio?

Testa mantuvo las ganancias -aunque fueron un 34% inferiores a las de 2007- gracias a la subida de casi el 5% del negocio del alquiler. También le fue bien este negocio a Realia, pero no fue suficiente para contrarrestar la caída de otros ingresos, lo que unido a las provisiones de 126 millones se tradujo en unas pérdidas cercanas a 46 millones.

Las auditorías tampoco están lanzando mensajes tranquilizadores, ya que ahora emiten dudas sobre la viabilidad de algunas de las compañías. En casos como el de Colonial, la auditoría de Deloitte pone en duda incluso la continuidad del negocio, "debido a que la capacidad de la sociedad para liquidar los pasivos y recuperar íntegramente el valor de los activos, en particular el fondo de comercio y los créditos fiscales activados, por los importes y según la clasificación con la que figuran en las cuentas anuales, dependerá del éxito de sus operaciones futuras, de las gestiones de ventas de los activos, así como de las negociaciones con los bancos acreedores".

Con Metrovacesa, Deloitte va más allá y, "tras analizar los métodos de valoración de los activos y considerando las pérdidas por ventas de inmovilizado incurridas en 2008 y en enero de 2009, en la evolución general de las valoraciones en los últimos tres meses y la situación financiera del grupo podrían existir minusvalías adicionales en el valor de mercado de los activos inmobiliarios no registradas en las cuentas". Los auditores también mencionan la valoración que Metrovacesa hace de su 27% de la francesa Gecina. En su opinión, "la cotización de las acciones de Gecina es significativamente inferior a su valor real en libros y, además, la transmisión de los activos está pendiente de la aprobación del regulador francés".

Nuevo mapa accionarial

Y eso a pesar de la estabilidad que ha proporcionado el desembarco de la banca. En el caso de Colonial, el reajuste accionarial a manos de los bancos se ha traducido en una disminución de la deuda, que se cerró con 7.349 millones de euros, importe equivalente al 66,8% del valor de los activos, frente a la tasa del 79,7% con que contaba a la conclusión de 2007. El núcleo bancario encabezado por La Caixa ha prohibido a la inmobiliaria distribuir dividendos y ha procedido a hipotecar activos en renta por importe de 1.500 millones.

Metrovacesa ha reducido 900 millones de euros la deuda cifra da a 31 de diciembre de 2008, gracias a la vuelta atrás en la venta de la torre de oficinas de HSBC, en cuya transacción la compañía perdió 600 millones. El control de algo más del 65% de la empresa por parte del pool bancario en sustitución de los Sanahuja garantiza de momento un control financiero del negocio.

La última sorpresa ha venido por parte de Realia, cuyos accionistas mayoritarios, FCC y Cajamadrid, han acordado modificar la estructura societaria, un holding, para detentar directamente la titularidad de las acciones, lo que les permitirá diluir el impacto negativo en las cuentas de sus grupos respectivos. El acuerdo deja además abierta la vía a la entrada de un tercer accionista, por la vía de una ampliación de capital o mediante una alianza empresarial, ya que tanto FCC como Cajamadrid se comprometieron a no vender su participación a raíz del acuerdo para la salida a Bolsa, asegura su presidente, Ignacio Bayón.

El valor bursátil del sector tampoco anima. A finales de 2007, su capitalización conjunta alcanzaba los 20.069 millones de euros y al término del pasado año sólo llegaba a 8.823 millones, lo que supone una caída del 56%, es decir, una reducción de su valor en más de la mitad.

Descalabro bursátil

Uno de los mayores descalabros ha sido el de Colonial, cuya capitalización bursátil ha caído un 91% en el año. Pero el resto tampoco se queda atrás; la valoración de Renta Corporación se ha reducido un 88% y la de Realia, un 76,1%. Más significativo es el caso de Metrovacesa, la primera inmobiliaria por capitalización, que en los últimos quince días ha acelerado su caída al perder más de un 40% en los días cercanos a la presentación de resultados, aunque en el conjunto de 2008 perdió un 54%. La semana pasada apenas se habían negociado 1.303 acciones durante una sesión, equivalentes a 292.000 euros.

Un dato relevante para una empresa con solera en las primas pagadas por sus sucesivos dueños en la toma de control de la empresa: cuando Joaquín Rivero, a través de Bami, anunció la compra en 2003 del 23,9% de Metrovacesa a BBVA -con una prima del 59% a 36,55 euros- la acción valía 23 euros; esta semana ya se mueve en el entorno de los 16 euros. La decisión de los Sanahuja de presentar una OPA para ampliar su participación desde el 24,3% hasta el 44% en 2006 estimaba en 78,10 euros el precio de la acción.

En el comportamiento de muchas de estas compañías presentes en la Bolsa tiene además mucho que ver el escaso free float (capital que cotiza en el mercado) con que cuentan, y que ha propiciado un sostenimiento artificial de la cotización.

Y es que el asalto de empresarios tradicionales al parqué mediante opas a las cotizadas se saldó con un control accionarial férreo por parte del nuevo accionista mayoritario, a la manera de la empresa familiar de la que provenían (Martinsa en el caso de Fernando Martín, Reyal de Rafael Santamaría, Sacresa en el caso de la familia Sanahuja o San José, propiedad de Jacinto Rey). Ello supuso dejar el volumen a cotizar rozando el mínimo fijado para admisión a cotización del 25% del capital, e incluso por debajo de ello incumpliendo la normativa, como es el caso de Reyal Urbis (12% oficial), Martinsa Fadesa o Metrovacesa (12,8% oficial).

Tanto Reyal Urbis como Metrovacesa fueron objeto de atención por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que les conminó a solucionar estos incumplimientos cuanto antes, aunque el problema se ha resuelto de momento, al parecer, alargando los plazos de cumplimiento.

La voracidad inmobiliaria amenaza La Axarquia (El País)

La fuerte demanda de casas de campo de extranjeros desborda los tímidos intentos por ordenar mínimamente el territorio

Empieza a ser frecuente que cuando se destapa un caso de corrupción urbanística no provoque reacciones de sorpresa. "Esto se veía venir" fue una expresión muy repetida el pasado viernes tras conocerse la detención del alcalde de Alcaucín (Málaga), José Manuel Martín Alba (PSOE), y otras 12 personas imputadas de varios delitos relacionados con la concesión de licencias de obras contrarias a la norma y las recalificaciones de suelo a cambio del cobro de comisiones. 160.000 euros encontró la Guardia Civil ocultos bajo un colchón en la casa de Martín Alba, que desde la madrugada del miércoles 4 de marzo se encuentra en la prisión de Alhaurín de la Torre de orden de la juez instructora del caso, Irene Urbión.

Una depreciación de 8.500 millones

La Junta de Andalucía estima 10.000 casas ilegales en la comarca, y los ecologistas calculan que el doble

La crisis inmobiliaria y las imputaciones contra los alcaldes han motivado un frenazo en la construcción
También ha sido encarcelado José Francisco Mora, jefe del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga que firmó informes favorables a algunas promociones inmobiliarias de empresarios imputados en la trama de la conocida como operación Arcos y para algunos de los cuales también trabajó a título particular como autor de proyectos de construcción.

Tras este nuevo caso de corrupción, sea un episodio aislado o no, se esconde un cúmulo de irregularidades urbanísticas en la comarca de La Axarquía, una zona de tradición agraria al este de la provincia de Málaga, que si permaneció ajena al desarrollo inmobiliario y turístico de la franja occidental, la conocida Costa del Sol, ha soportado una fuerte presión en los últimos años. Frente a la saturación del litoral al otro lado de Málaga, La Axarquía era un territorio casi virgen en sus playas y con un territorio en montaña con interesantes valores ambientales y paisajísticos. Los municipios costeros más conocidos, como Rincón de la Victoria, Vélez Málaga, Torrox y Nerja, están rodeados por el último parque natural que ha adquirido esta categoría en Andalucía, el se la Sierra Tejera y Almijara, y coronado por el pico más alto de la provincia, La Maroma (2.065 metros).

Por estas pendientes se esparcen una treintena de pueblos pintorescos con evidentes reminiscencias moriscas. La actividad agrícola tradicional de esta comarca, principalmente relacionada con el viñedo (producción de vino y pasas), entró en declive en la segunda mitad del siglo XX, cuando la comarca sufrió un significativo proceso de despoblamiento.

Desde los años 70, el desarrollo turístico del litoral oriental de Málaga y la incorporación de los cultivos tropicales iniciaron un proceso de transformación que ha tenido entre sus características un urbanismo desordenado y muy voraz con los recursos naturales.

La población de La Axarquía, con sus alcaldes a la cabeza, fueran del color que fueran, vieron en la demanda de casas de campo, sobre todo de extranjeros, una excelente oportunidad de desarrollo. Las viejas casas de aperos e incluso los paseros, comenzaron a despertar interés de pronto para transformarlos en chalés o mansiones, el valor de las tierras creció, aunque sin perder su consideración de rústica, y empezaron a proliferar nuevas construcciones, diseminadas que cada vez lo son menos, pese a tratarse de suelo no urbanizable.

Todo ello sin criterio ni ordenación, las construcciones han proliferado aun sin disponer de servicios básicos de abastecimiento de agua o saneamiento. La inmensa mayoría de los municipios de La Axarquía carece de plan general de ordenación urbana y los que si tenían algún instrumento de planeamiento eran normas subsidiarias que resultaban muy débiles para hacer frente a la presión.

La Junta de Andalucía estimó hace cuatro años que se han podido construir unas 10.000 viviendas en suelo no urbanizable en la comarca, aunque el Grupo de Estudios de la Naturaleza de La Axarquía (Gena) eleva la estimación a más del doble.

La Axarquía se ha convertido en un puzzle muy complicado de resolver, pero al que se ha llegado con la permisividad de los alcaldes de distinto color político, y sin que ni la administración autonómica ni la Justicia hayan sido capaces de evitarlo, aunque la Junta de Andalucía haya tramitado unas 800 denuncias por irregularidades en la comarca.

Parcelas mínimas

Sólo en Alcaucín, Gena estima que en los últimos 16 años se han construido al menos 1.064 viviendas ilegales -Martín Alba es alcalde desde hace 20 años-. Según los datos de la Dirección General del Catastro, este municipio de apenas 2.200 habitantes tenía 1.538 parcelas edificadas en 2007, un 51% más que nueve años antes. Sólo en Alcaucín, la Junta ha impugnado 27 licencias de obras otorgadas por el Ayuntamiento, y las 18 sentencias ya emitidas le han sido favorables. Otra cuestión es que en la mayoría de las ocasiones se construye sin licencia, pero los ayuntamientos no hacen nada por impedirlo ni toman medidas sancionadoras.

Las tensiones además han sido constantes entre los distintos poderes, incluso estando en manos del mismo partido. Así, los alcaldes del PSOE, partido mayoritario en la zona, fueron siempre reacios al Plan de Ordenación Territorial (POT) de La Axarquía impulsado por la Junta para fijar unos criterios comunes en el ordenamiento de la zona y poner límites al desenfreno urbanístico. Los alcaldes siempre entendieron que el documento era poner un obstáculo a su única posibilidad de desarrollo e incluso llegaron a reclamar alguna fórmula especial para la zona que la eximiera del precepto introducido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en vigor desde enero de 2003, que estipula que para construir una vivienda en suelo no urbanizable debe disponer de una parcela mínima de 25.000 metros cuadrados y estar necesariamente vinculada a tareas agrícolas. Los alcaldes alegaban que en La Axarquía, caracterizada por producciones agrarias muy atomizadas, ha habido tradicionalmente una división del terreno inferior.

Con el apoyo de 16 alcaldes del PSOE y el rechazo de siete del PP y dos andalucistas, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó en julio de 2006 el POT de La Axarquía. Para lograrlo se pactaron fórmulas para la posible legalización de viviendas en suelo rústico con condicionantes de plantas, metros cuadrados, la incorporación de plantas y cultivos tradicionales en la zona, la dotación de servicios básicos costeados por los propietarios, o que en ningún caso pueda levantarse una construcción en un suelo con una pendiente de más del 50% y con determinadas condiciones entre 35% y 50%, entre otras exigencias.

El plan planteaba unas inversiones públicas de más de 500 millones de euros en infraestructuras en la zona. Se planteó entonces la constitución de un consorcio entre la Junta, la Diputación Provincial de Málaga, y los ayuntamientos para revisar los casos y determinar las situaciones susceptibles de legalizar y las que no, que quedarían abocadas a la demolición.

Pero esa es una palabra maldita de la que los alcaldes no quieren ni oír hablar, ni los propietarios, que en eso sus mejores aliados. En dos años no se dio un sólo paso, aunque ha crecido el desconcierto. Los alcaldes, muchos de los cuales se han visto ahora imputados en procedimientos judiciales por prevaricación urbanística al conceder licencias o permitir construir en suelo no urbanizable, parecen haber echado el freno, en un momento además de frenazo de la actividad inmobiliario.

Uno de ellos es el alcalde de La Viñuela, Juan Millán (PSOE), para quien la Fiscalía pide 18 meses de prisión por dar tres licencias de obras para construir en suelo no urbanizable en un procedimiento que se juzgará próximamente. La Viñuela, junto a Alcaucín, son dos de los municipios donde más evidente es la expansión urbanística, porque en su territorio no se limita a la transformación de casas de aperos en viviendas diseminadas, sino que han proliferado urbanizaciones y edificios de apartamentos, una tipología muy impropia de la zona. Son los dos pueblos más próximos al pantano de La Viñuela, el mayor de la provincia de Málaga, en el eje de la carretera interior que une Vélez Málaga con Alhama de Granada.

La solución debe venir vía colaboración. Como reconoce el director general de Inspección Urbanística de la Junta, José Ortiz, a la administración autonómica de poco le importa ganar la inmensa mayoría de los contenciosos en los que se embarca, y entiende que no habrá solución mientras los ayuntamientos no se impliquen en el control de la legalidad y en el ordenamiento.

La Junta ha propuesto a los municipios un plan concertado sin apriorismos. Los inspectores de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio patearán el terreno para elaborar un censo de construcciones y conocer con detalle todas las características legales, físicas, constructivas, registrales, de las viviendas; y, en el marco de la elaboración de los planes de ordenación, definir las que pueden ser legalizables y no. Los ayuntamientos entretanto no deben dar una licencia más. Siete municipios ya han solicitado acogerse a este plan: Alcaucín, Canillas de Aceituno, Comares, Cómpeta, Salares, Sayalonga y Viñuela.

Las constructoras reclaman 10.000 millones al Gobierno (El País)

El sector exige que la Administración pague sus deudas y propone un fondo para invertir en infraestructuras

La Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) ha reclamado al Gobierno la creación de un fondo extraordinario de 10.000 millones de euros para inversión en infraestructuras, así como la puesta en marcha de mecanismos que garanticen los pagos por parte de las administraciones públicas.

Los promotores acusan al Gobierno de "inactividad absoluta" para dar salida al stock de pisos sin vender
Estas son las principales propuestas acordadas en el pleno de presidentes de las 23 empresas integradas en ANCI, que en 2008 facturaron más de 10.000 millones de euros y que cuentan con una plantilla superior a 30.000 empleados, ha informado hoy la asociación.

En lo que respecta al fondo para infraestructuras, los constructores solicitan que las obras se hagan prioritariamente en aquellas zonas más afectadas por el desempleo y eligiendo proyectos que favorezcan la competiividad a largo plazo, como los relacionadas con la red de carreteras y la ferroviaria.

Por otra parte, ANCI manifiesta su preocupación por la creciente morosidad de las administraciones públicas, sobre todo ayuntamientos, así como por la desconfianza de muchas entidades financieras, que ya no confirman los pagarés entregados a subcontratistas y proveedores por el temor a que la administración no pague en un plazo razonable.

La asociación solicita, entre otras cosas, la firma de convenios con bancos y cajas para que éstas adelanten a los subcontratistas el pago de las obras o que se permita que los pagarés emitidos por una entidad pública puedan ser canjeados por el pago de impuestos u otras deudas con la administración.

Las cajas se unen para vender sus pisos y reducir el riesgo (El País)

Las cajas de ahorros no saben gestionar pisos ni el suelo. Tampoco son expertas en venderlos y, en una crisis como ésta, pueden acabar como verdaderas inmobiliarias. Para evitar esta situación tan agobiante, que ya se produjo en la crisis de 1993, las cajas se han organizado.

Ayer presentaron una sociedad a la que aportarán activos inmobiliarios con el fin de reducir parte de los riesgos del balance. Los activos serán promociones terminadas, sin acabar, suelo urbano, rústico, viviendas de particulares, hoteles y oficinas.

La sociedad, que se denomina Ahorro Corporación Soluciones Inmobiliarias (ACSI), cuenta ya con activos procedentes de 23 cajas por un valor global de 3.000 millones. Están invitadas a participar todas las cajas menos La Caixa y Caja Madrid. En Ahorro Corporación se estima que podrían venderse, a través de las oficinas de las cajas, "con descuentos del 25% sobre mercado".

Según Ahorro Corporación esta sociedad es "todo lo contrario a un banco malo. Los activos que entren en ACSI serán tasados por Tinsa, y vueltos a analizar por expertos propios. Sólo entrará lo que tenga buena calidad porque las cajas accionistas tienen que admitirlos. No dejarán que entre basura", afirma Luis Sánchez Guerra, subdirector general de Ahorro Corporación Financiera. Los compradores serán inversores institucionales, españoles y extranjeros.

El procedimiento es el siguiente: una caja cede una promoción, valorada en 10 millones, y recibirá capital (en forma de acciones de ACSI) por dos y deuda por ocho. La entidad, en lugar de activo inmobiliario, tiene acciones y deuda. Aunque seguirá figurando en su balance como una participación inmobiliaria, consumirá menos capital. Es decir, se liberan parte de los recursos propios con los que podrá dar más créditos.

En el caso de activos morosos, la entidad que los ceda recibirá menos dinero de lo que vale su crédito, por lo que deberá asumir parte como fallido.

Los viticultores piden que el PGOU ofrezca uso turístico a las bodegas. Ronda (La Opinión)

La Asociación de Viticultores de Ronda ha mantenido un encuentro con la delegada municipal de Ordenación del Territorio, María José Martín de Haro, los portavoces de los distintos grupos políticos y los redactores del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con el objeto se solicitar que en el nuevo documento de planeamiento se contemple una normativa que regule la construcción y posibles ampliaciones con fines turísticos de las bodegas de la zona.
Según explicó el presidente de este colectivo, Francisco Retamero, el actual PGOU no recoge ninguna normativa en este sentido, por lo que los productores se están encontrando problemas a la hora de presentar proyectos para construir nuevas dependencias, como pueden ser alojamientos turísticos de carácter temático y pequeños centros museísticos del mundo del vino.
Y es que uno de los objetivos de los viticultores de Ronda es el de fomentar el enoturismo, ya que actualmente existen en Europa más de 6 millones de aficionados al mundo del vino "que quieren conocer de primera mano cómo se elaboran los caldos y toda su cultura milenaria, precisó Retamero, quien igualmente matizó que puede ser una importante fuente de ingresos para la ciudad, con la llegada de reuniones y congresos.
Para ello, los redactores del PGOU y los ediles han visitado algunas bodegas que cuentan ya con algunas de estas instalaciones turísticas.

Las inmobiliarias del G-14 acumulan dos meses sin iniciar ni una sola vivienda (La Opinión)


El desplome de la compraventa y el ´stock´ de pisos sin vender, junto a los problemas de financiación, marcan el parón constructor en el sector
EUROPA PRESS. MADRID Las grandes inmobiliarias que conforman el G-14 acumulan dos meses consecutivos (diciembre de 2008 y enero de 2009) sin iniciar la construcción de una sola vivienda, algo que no había pasado nunca antes en estas compañías, según informaron a Europa Press fuentes del sector.En cuanto al mes de febrero, pese a que las compañías aún no han realizado el recuento, las mismas fuentes indican que no existe ningún elemento que indique que la situación haya cambiado de forma significativa.El desplome de la compraventa de viviendas (con un descenso del 32,6% hasta las 564.464 unidades en 2008, según el Ministerio de Vivienda) y el ´stock´ de pisos sin vender (entre 700.000 y un millón de unidades), junto a los problemas de financiación, están marcando el parón constructor en el sector.Las distintas patronales inmobiliarias coinciden en señalar que en 2009 la construcción de nuevas viviendas no logrará alcanzar siquiera la cota de las 150.000 unidades, un mínimo histórico lejos de los récords registrados en años anteriores (con un máximo de casi un millón en 2006, según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos), con el consiguiente efecto en el empleo.Repetición. El descenso supondrá repetir el desplome que ya se registró en 2008, cuando se empezaron a construir 252.916 nuevos pisos, un 58% menos en relación a 2007, y la menor cifra desde 1993.El parón en la construcción de nuevas viviendas en las grandes inmobiliarias se registra tras la caída que estas firmas registraron en sus preventas en 2008, según las cuentas del pasado año que las empresas del G-14 cotizadas han remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, Vallehermoso cerró la preventa de 281 pisos en 2008, un 78% menos en relación al ejercicio precedente; Parquesol comercializó 54 pisos, un 77% menos; y Metrovacesa, 137 (-84,9%).De igual forma, Colonial firmó la preventa de 51 viviendas, un 73% menos que un año antes, Realia vendió 326 (-29%) y Martinsa Fadesa, pese a estar en concurso de acreedores, prevendió 2.073 unidades (un 57% menos).Además, Metrovacesa reveló que de las 2.463 viviendas que construye, sólo 657 (contando con las 137 vendidas en 2008) están prevendidas, con lo que la empresa tiene un ´stock´ de viviendas en construcción sin venta comprometida de 1.806 pisos, a los que espera poder dar salida entre 2009-2010. En la misma línea, Afirma informó de que del ´stock´ de 1.728 viviendas con que contaba a fin del pasado año sólo tenía comprometida la venta de una tercera parte (579 pisos).

Las obras llenarán 42 barrios de la ciudad a partir de abril (La Opinión)

Las inversiones del ´Plan Zapatero´ tendrán una especial incidencia en la mejora de las calles con 32,3 millones de euros para pavimentación y eliminar barreras

MIGUEL FERRARY. MÁLAGA Una verdadera avalancha de obras empezará a llenar las calles de la ciudad en apenas un mes. Las inversiones del llamado ´Plan Zapatero´ tendrán una especial incidencia en los barrios de la ciudad. Nada menos que 42 barrios recibirán actuaciones directas para la mejora del pavimento y eliminación de barreras arquitectónicas. Y además todas las actuaciones serán a la vez, ya que deben estar en marcha antes del 16 de abril.
El Ayuntamiento está actualmente tramitando más de 130 concursos de obras, de los que un importante porcentaje tendrá una incidencia fundamental en la mejora de las calles de la ciudad, con 32,3 millones de euros que se reparten de distinta forma.
Estos proyectos incluyen 38 actuaciones reservadas de forma exclusiva para la mejora de 42 barrios. Sin embargo, estas actuaciones traerán algunos problemas de logística. Primero para contratar todas las obras en los plazos exigidos, pero también para convivir con unos trabajos que coincidirán en el tiempo.
Los operarios trabajarán en toda la ciudad levantando calles y mejorando el mantenimiento de la ciudad. Cerrado de Calderón, Miraflores del Palo, La Palma, Las Flores, Granja Suárez, La Malagueta, La Barriguilla, Portada Alta, Nuevo San Andrés, Virgen de Belén, La Luz, Parque Mediterráneo y Cortijo Alto son sólo algunos de los barrios donde se apreciarán una mejora evidente a finales de este año, cuando estén terminados los trabajos.
Las inversiones que están consignadas para la mejora específica de los barrios ascienden a 17,7 millones de euros, a las que habría que unir aquellas actuaciones que se centrarán en la mejora de calles concretas.
El ramillete de actuaciones previstas por el Ayuntamiento de Málaga para aprovechar esta inversión estatal prevé además la mejora en 83 calles con sus nombres y apellidos, repartidas por toda la ciudad y que incluyen desde viales de polígonos hasta otras emblemáticas del Centro Histórico, todo por 14,6 millones de euros. En la mayor parte de los casos se centran en renovar las infraestructuras y pavimentos, aunque hay otras actuaciones de más calado, como ocurre en los polígonos de la ciudad.
Las actuaciones en las zonas industriales mejorarán 42 vías que se encuentran en un pésimo estado de conservación. El resto de las calles, hasta alcanzar las 83 con proyecto propio, se reparten por distintas zonas de la ciudad. Entre las beneficiadas se encuentra la urbanización de la calle Corregidor Antonio de Bobadilla o la pavimentación de las calles Rafaela, Velarde, el Camino de Colmenar, Campos Elíseos, Canalillo, Benahavís, Ricardo López Barroso, Martín Fierro y Pizarra, entre otras.
No obstante, quizás las obras más emblemáticas sean las previstas en el Centro Histórico, con la reforma de la calle Alcazabilla por un millón de euros y la actuación conjunta en Nicasio Calle, Moreno Monroy y Fresca, por 635.000 euros.
Como primer paso, ya están adjudicados los siete primeros contratos, a falta de que se aprueben las propuestas. Son contratos por un millón de euros que se empezarán a ejecutar en las próximas semanas. Estas primeras actuaciones incluyen el acondicionamiento de carriles de acceso a varios núcleos en Campanillas, mejorar las zonas verdes en Santa Águeda, renovar el pavimento en las barriadas de La Luz y Santa Cristina, la construcción de rampas y escaleras en la calle San Nicolás, un carril exclusivo para la EMT en El Palo y la reforma de varios centros de adultos.

El convento de San Andrés tendrá un plan de protección (La Opinión)

Urbanismo invertirá 200.000 euros del ´Plan Zapatero´ en limpiar, consolidar y proteger el castigado monumento, declarado Bien de Interés Cultural en 2001

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA El Fondo Estatal de Inversión Local, conocido como ´Plan Zapatero´, ha destinado 200.000 euros para la rehabilitación parcial del convento de San Andrés, un proyecto que la Gerencia Municipal de Urbanismo ya tiene listo y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses.
El plan tiene en cuenta las obras que en estos momentos se realizan en el solar contiguo del nuevo Mercado del Carmen y un aparcamiento municipal de cinco plantas. Al no haber separación entre el solar y el convento, y ante la posibilidad de que las obras pudieran afectar a la estabilidad del monumento, el proyecto prevé actuar en cuatro frentes: limpieza y desbroce general; un inventario de las ´patologías´ del convento, actuaciones preventivas de apeos, consolidación y protección de elementos y por último un control de acceso, con la idea de crear una entrada única a la zona.
Estas cuatro grandes actuaciones se centrarán en primer lugar en la bóveda de lo que queda de refectorio, en la que Urbanismo realizó dos actuaciones de emergencia tras el derribo parcial de 2005.
El proyecto prevé colocar cimbras a los arcos y ´cruces de San Andrés´ en los huecos adintelados para evitar deformaciones por las vibraciones de las obras. También se apuntalarán las cabezas de los muros de la bóveda, que se cerrará con una reja.
En segundo lugar se actuará en las dependencias adyacentes al refectorio, donde se encontraba una higuera que fue talada por Urbanismo en 2008.
Evitar la erosión. Sin embargo, las ramas superiores y las raíces aéreas han ido cruzando de una habitación a otra, apoyándose en los muros e incluso atravesándolos, de ahí que se prevea limpiar las cabezas de los muros y colocar una capa de mortero de cal, para evita la erosión del muro y sobre ella, una lámina de geotextil y otra de PVC.
También se limpiarán y protegerán con una lámina de geotextil y grava los suelos de piedra de estas salas, retirando los escombros. Las obras servirán también para ampliar el listado de ´patologías´ o distintos tipos de daños que ya tiene el convento como pueden ser el desprendimiento de molduras, acumulación de escombros, grietas, desplome de muros o canalones destruidos.
Además, en todo el perímetro a dos metros del refectorio y las salas adyacentes, se limpiará la capa vegetal y se colocarán una malla contra las raíces y una capa de grava de protección.
Esteban Alcántara, de la asociación histórico cultural Torrijos 1831, ha señalado que la noticia es "estupenda, porque es la primera vez que se tiene un gesto de este tipo y algo de inversión económica en el convento de San Andrés ya nos parece bien". Se trata del primer paso para la recuperación de un Bien de Interés Cultural olvidado durante demasiado tiempo.

Unos bloques a la espera del albañil (La Opinión)

Los vecinos de 20 bloques de las 720 viviendas, en La Palma-Palmilla, piden a la Junta de Andalucía la prometida tercera fase de rehabilitación

ALFONSO VÁZQUEZ "Los políticos tienen que dar la cara porque el sueldo se lo pagamos todos nosotros", explica Francisco García Vigo, presidente de la asociación de vecinos ´Palma-Palmilla. Un nuevo futuro´. El responsable vecinal se muestra crítico con la Junta de Andalucía porque considera inexplicable el retraso para poner en marcha la tercera fase de rehabilitación de las 720 viviendas, que se corresponden con unos veinte bloques, de espaldas a la avenida de La Palmilla.
"Esta fase está tardando más de la cuenta, hay cinco en total, la última de ellas la remodelación de la barriada", señala. El retraso, dice, está haciendo que los problemas se acumulen "porque los vecinos no quieren arreglar nada, a la espera de la rehabilitación de la Junta".
Uno de los bloques en peor estado es en número 8 de la calle Jándula. "Es un desastre", resume Francisco García Vigo. Para empezar, no tiene puerta de entrada, así que la seguridad es mínima. "Aquí pueden violar o matar a cualquiera", se lamenta Isabel Salvaña, que vive en este edificio de cinco pisos sin ascensor. Tampoco tiene buzones, tan sólo permanece uno para todo el bloque. "Esto es fruto del vandalismo, en fin de año destrozaron el portal", cuenta García Vigo.
Isabel entra en el sótano, también con la puerta rota, para mostrar que se encuentra encharcado, mientras recuerda las grietas y problemas que tiene el interior de muchas viviendas. "¿Cuándo va a arreglar la Junta de Andalucía los bloques?, en este hace mucha falta. Tenemos que vivir como personas, no como animales", comenta, mientras el responsable vecinal pide que cuando la esperada rehabilitación llegue, "den trabajo a la gente del barrio".
En el número 1 de la calle Alcalde Rafael de la Torre Pier los problemas son parecidos. Juan Mayor, que vive en el bloque desde que se hizo, en el año 1973, muestra el sótano inundado y numerosas grietas, las mismas que se encuentran en muchas casas, sobre todo las de los pisos más bajos, que también tienen serios problemas de humedades. "En el sótano los bajantes están goteando cada dos por tres y hay que poner tablas en el suelo. Esto está hecho todo misto", dice.
Juan Mayor también muestra, en el exterior del bloque, un registro roto, tapado con unas tablas "porque de aquí salen muchas ratas". En los descansillos puede verse también la pintura de los techos ´cuarteada´ por el deterioro.
El responsable vecinal no es optimista y señala que la rehabilitación no ha salido anunciada todavía en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), "así que como mínimo la rehabilitación tardará seis meses en llegar", calcula.

"Una cosa inmediata". La delegada provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Málaga ha señalado a ´Línea Directa´ que el proyecto "se ha tenido que supervisar" y que será "una cosa inmediata", pendiente de licitación.

Los comerciantes solicitan información sobre Atarazanas (La Opinión)

El mercado provisional de la calle Camas causa descensos en las ventas. Piden reunirse con el Ministerio de Fomento para conocer el desarrollo de las obras

EUROPA PRESS. MÁLAGA Los comerciantes del mercado de Atarazanas instaron al Ministerio de Fomento a que convoque una reunión con la constructora encargada de la rehabilitación del inmueble, de manera que les informen del desarrollo de las obras, las cuales temen que se estén retrasando sobre los plazos dados inicialmente. Así, advirtieron de que, a través del Ayuntamiento, llevan solicitando un encuentro desde el pasado mes de octubre.
El objetivo, según indicó a Europa Press el presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Atarazanas, Antonio Barrabino, es que Fomento, el Ayuntamiento, la constructora Sacyr y los vendedores se reúnan para hacer un seguimiento de las obras.
"El tiempo está pasando y, aunque cada mes recordamos que hace falta una reunión, no se convoca", criticó el representante de los comerciantes, que incidió en la necesidad de que "se cumplan los plazos", ya que el nuevo emplazamiento en el mercado provisional de calle Camas, junto con la situación de crisis económica, están provocando descensos en las ventas de hasta un 50%; "y la situación va a peor", apostilló.
Barrabino señaló que "más de un año después" del traslado a las instalaciones provisionales de calle Camas, "la gente todavía no tiene los puestos localizados, ya que la distribución es más complicada que en Atarazanas".
"En Atarazanas los puestos estaban muy localizados y había algunos que contaban con una clientela fija y otros que tenían importantes ventas porque eran puestos de paso, algo que ahora no les ocurre", declaró el responsable de los comerciantes.
Puestos mezclados. Según afirmó, "en el mercado de calle Camas los puestos están mezclados y la gente no los localiza bien". "Antes estábamos en tres naves diferenciadas: frutas y verduras; pescado, y carne y ultramarinos; sin embargo, ahora el pescado está en el centro y el resto de los comercios se mezclan para poder ajustarse", lamentó, lo que "hace que a la gente todavía le cueste encontrarlos". Además, apuntó que "hay algunos puestos que se quedan aislados en las esquinas".
El mercado de Atarazanas cuenta con 267 puestos y 165 comerciantes. La finalización de las obras, adjudicadas por el Ministerio de Fomento a la empresa Sacyr, está prevista para el próximo mes de agosto. Los trabajos consisten en la demolición de la entreplanta añadida, la rehabilitación de la estructura y la recuperación de las cubiertas, entre otras obras.
"Sabemos que es necesario este sacrificio porque un mercado de abastos como Atarazanas tenía que estar en unas condiciones adecuadas", manifestó Barrabino, aunque dejó claro que "lo estamos pasando mal y es necesario agilizar los trabajos de rehabilitación porque de esta actividad dependen muchas familias".

Los comerciantes de Atarazanas piden una reunión sobre el estado de las obras (Málaga Hoy)

El presidente de los vendedores insta a cumplir los plazos de la rehabilitación

Los comerciantes del mercado de Atarazanas de Málaga capital han instado al Ministerio de Fomento a que convoque una reunión con la constructora encargada de la rehabilitación del inmueble para tener información del desarrollo de las obras, ya que temen un retraso de los plazos dados inicialmente. Han advertido que llevan solicitando un encuentro a través del Ayuntamiento desde octubre.

El objetivo, según el presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Atarazanas, Antonio Barrabino, es que Fomento, el Ayuntamiento, la constructora Sacyr y los vendedores se reúnan para hacer un seguimiento de las obras y para que "sean conscientes de la necesidad de que se cumplan los plazos". "El tiempo está pasando y, aunque cada mes recordamos que hace falta una reunión, no se convoca", criticó, e incidió en la necesidad de que "se cumplan los plazos", ya que el nuevo emplazamiento en el mercado provisional de calle Camas, unido a la crisis económica, están provocando descensos en las ventas de hasta un 50%. "Y la situación va a peor", apostilló.

Barrabino se lamentó de que "más de un año después" del traslado a las instalaciones provisionales, "la gente todavía no tiene los puestos localizados, ya que la distribución es más complicada que en Atarazanas".

Vecinos de Palma-Palmilla "deciden" su barrio (Málaga Hoy)

Casi dos millares de personas participan en un proyecto pionero de participación en la gestión del distrito

El Ayuntamiento de Málaga puso en marcha hace dos años un proyecto pionero en Palma-Palmilla para integrar a sus vecinos en la toma de decisiones del distrito. En este tiempo, un total de 1.846 personas distintas han participado de la iniciativa, que coordina el Área de Participación Ciudadana a través del Centro de Servicios Sociales Comunitario del propio distrito. Desde el Consistorio valoran este Plan Comunitario, pues consideran que mejora de la calidad de vida de la comunidad y potencia la red social y solidaria del barrio, porque da respuesta compartida a las necesidades e inquietudes de quienes viven en él.

Entre sus objetivos, trata de trasformar la realidad desde la participación ciudadana como un modelo de organización distinto de planificar y de hacer el desarrollo. Es decir, los vecinos son quienes plantean las necesidades. Con ello se pretende hacer posible la creación de verdaderos espacios de participación y corresponsabilidad entre todos los agentes sociales implicados, así como proponer la articulación de los recursos públicos destinados al territorio desde la implicación y la participación del distrito.

Respecto al perfil de los participantes, destaca el rol de las mujeres, que representan un 62% del total. Por edades, el grupo que refleja una mayor participación se encuentra de los 41 a 64 años con un 45%, le sigue con un 37% el grupo comprendido de 26 a 40 años. Apareciendo un 11% de participantes hasta 20 años y un 7% mayor de 64 años. En relación a la nacionalidad de los participantes esta refleja la heterogeneidad de nacionalidades presente en el territorio. Es significativo como la puesta en marcha de este proceso ha llevado la implicación de la población inmigrante que vive en Palma Palmilla, destacando: ecuatorianos, rumanos, marroquíes, nigerianos, senegaleses, italianos, argelinos, argentinos, saharianos, colombianos, peruanos, guineanos, aunque también de españoles.

En la actualidad, desde el Plan Comunitario se ha elaborado un documento avance del PAI (Plan de Acción Integral), en el que también se recogen todas las actividades realizadas. Una guía de acción para Palma-Palmilla.

Pendientes de un camino (Málaga Hoy)

Las Barrancas del Ciprés es un pequeño diseminado del distrito de Campanillas cuyo principal problema son los accesos, todos terrizos, que gracias a la ayuda del Consistorio dicen que se mantienen transitables

Tienen el privilegio de vivir en el campo prácticamente dentro de la ciudad. Son los vecinos del diseminado de las Barrancas del Ciprés, en el distrito de Campanillas, formado por varios centenares de vecinos. Sin embargo, disfrutar de la naturaleza cada mañana, pese a la cercanía con el centro de la capital, tiene un coste, en este caso en forma de incomodidades. La principal necesidad de estos vecinos son mejoras en sus accesos, pues todos son terrizos, aunque son conscientes de su realidad y conviven de la mejor forma con ello.

Las Barrancas del Ciprés se encuentra muy próximo al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), apenas a tres kilómetros. Su historia es anterior a la llegada de la urbe empresarial. Carmen Suárez Solana, presidenta de la asociación de vecinos de la zona, dice que la llegada del PTA ha traído cosas positivas al barrio pero las mejores están por llegar. "Algún día el diseminado será urbanizable y se podrán mejorar los caminos pero hasta la presente tenemos que estar muy agradecidos al Ayuntamiento porque se preocupa por conservarlos de la mejor forma", afirma. También valora la llegada del Metro al PTA en el futuro, al que considera marcará un punto de inflexión es el distrito, uno de los más periféricos de la capital.

Más allá de sus accesos, que cuando llueve son un problema, Suárez confía que pronto llegue al diseminado alumbrado público. Pero sabe que es algo que también pasa por una recepción de los terrenos por parte del Consistorio. Pese a todo, los vecinos disfrutan desde hace dos años de la comodidad de tener agua corriente, una inversión que pudieron acometer gracias a una ayuda económica municipal. Puede considerarse un privilegio dado que no todos los diseminados del entorno cuentan con este servicio.

Sobre la vida en las Barrancas del Ciprés, la mayoría de familias residentes tienen allí su primera residencia, aunque hay quien busca en el diseminado su lugar de retiro. Como sea, Suárez dice que la mayoría son malagueños que trabajan en la capital. También analiza el cambio de la zona. "Hace años sólo se escuchaban los pájaros, pero los coches ya hacen acto de presencia también", subraya.

La Junta da luz verde a la aprobación del plan especial del casco histórico. Estepona (SUR)

La Administración andaluza emite el último informe que permitirá someter el documento al pleno

El plan especial de protección del casco histórico de Estepona supera la última prueba pendiente. La Junta de Andalucía ha entregado al Consistorio el informe en el que se da luz verde para la aprobación definitiva de este documento por el pleno de la Corporación. El plan especial de protección del casco histórico permitirá volver a conceder licencias de obra para la reforma en viviendas y la construcción de nuevas edificaciones en esta zona del núcleo urbano. Según explicó el alcalde de Estepona, David Valadez, el Consistorio podrá comenzar a dar estos permisos en este mes. «Va a generar muchos puestos de trabajo en el sector de la construcción; así como un embellecimiento y adecentamiento de esta zona urbana», señaló el primer edil.
Los vecinos esperan como agua de mayo la entrada en vigor de esta norma. En total, el Consistorio acumula más de medio centenar de solicitudes para poder realizar reformas. De hecho, la restricción en la concesión de estos permisos ha ido acompañada de incumplimientos de la normativa y en los últimos años se han abierto más de una decena de expedientes sancionadores por acometer construcciones sin permiso.
El plan del casco histórico pondrá además en valor el núcleo urbano y sus edificaciones tradicionales. El municipio ha sido tradicionalmente un núcleo de edificaciones populares con un tipismo propio de los cascos urbanos andaluces. El documento de protección contempla una zona arqueológica, ubicada sobre todo en las proximidades del Ayuntamiento, que integrará los vestigios de valor del patrimonio histórico.
Las ruinas de la muralla del castillo, la torre del Reloj y la iglesia de los Remedios son los monumentos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) que forman parte del catálogo de edificios que están protegidos dentro del plan. Los dos primeros elementos datan del siglo XVI, mientras que el inicio de la construcción del templo religioso se fija en los primeros años del siglo XVIII.
Conservar viviendas
El texto se completa además con un listado de inmuebles que estarán dentro de esta conservación. Así, tendrán una protección ambiental a la fachada y el entorno de unas 40 viviendas (la mayoría de ellas se encuentran deshabitadas), representativas del pasado histórico esteponero. Estos inmuebles se edificaron en la década de los cuarenta y se encuentran situados en los alrededores de la Casa Consistorial.
Estas edificaciones antiguas seguirán conviviendo con los proyectos futuros de urbanización. De hecho, la protección que establece este documento obligará a realizar catas arqueológicas cuando se efectúen movimientos de tierra para iniciar proyectos urbanos en esta zona.
La elaboración del plan especial de protección del casco antiguo de Estepona se puso en funcionamiento en 2002 y su aprobación provisional por parte del Consistorio se realizó en 2006. Durante este periodo y hasta el inicio del último mandato, las administraciones regional y local han mantenido discrepancias sobre la protección que había que otorgar.

Viaje virtual por el nuevo aeropuerto (SUR)

La característica cubierta de casetones, los grandes ventanales para iluminar el interior y las zonas de tiendas ya son visibles en la recreación de la segunda terminal que ha hecho Aena

El atrio.Será una realidad dentro de unos meses, pero los más impacientes pueden viajar al futuro y ver cómo quedará la segunda terminal del aeropuerto de Málaga cuando esté concluida la obra. Aena ha realizado un recorrido virtual, con el objetivo de mostrar sus nuevas instalaciones a los empresarios interesados en ocupar los aproximadamente 18.000 metros cuadrados de zonas comerciales que contendrá.
Pero, junto a las 24 tiendas y los 21 puntos de restauración, salas VIP y servicios de atención al pasajero, las imágenes muestran un edificio imponente de hormigón, metal y vidrio, de 250.000 metros cuadrados, que desde el exterior casi no se imagina.
La terminal de salidas está formada por una sucesión de columnas de proporciones faraónicas, que se abren en brazos en su extremo superior y sostienen la característica cubierta, compuesta por 117 casetones. Es el atrio, el foro público de la nueva ciudad aeroportuaria, con negocios, áreas de estar y servicios para los viajeros.
También se aprecian -gracias a la tecnología- los grandes ventanales, con vistas a las aeronaves, que permitirán la iluminación con luz natural de parte del espacio interior.
En otro punto, la estructura se abre en dos alturas, a modo de terraza con vistas sobre el vestíbulo principal, donde los pasajeros y sus acompañantes podrán tomar un refresco mientras esperan para embarcar.
Intercambiador
Un entramado de pasarelas y escaleras mecánicas comunica, a modo de intercambiador de transportes, el edificio terminal con el nivel inferior, donde se ubicarán la estación del tren y la de los autobuses. Desde allí, el viajero podrá ir a cualquier punto del aeropuerto: a la zona de salidas y llegadas, a los transportes públicos y a los aparcamientos.
Los corredores que comunican los distintos espacios entre sí estarán equipados con cintas transportadoras para facilitar los trayectos peatonales.
El nuevo edificio duplicará la capacidad actual del aeródromo, al pasar de 4.500 pasajeros por hora a 9.000, y contará con un nuevo vestíbulo de facturación, con tres líneas de mostradores: el existente en la terminal Pablo Ruiz Picasso, un nuevo frente con 60 mostradores, y otro -perpendicular a los anteriores- con otros 24 mostradores y uno para equipajes especiales. De hecho, estará unido a la terminal T2, de forma que ambas constituirán en su conjunto una estructura única.
Siguiendo el recorrido se llega a la terminal de llegadas, donde se distribuyen las cintas para el reparto de las maletas. El sistema de tratamiento de equipajes se gestiona desde el nivel inferior y está equipado con la última tecnología en control informatizado. Podrá facturar 7.500 equipajes por hora.
Las obras de la nueva terminal están ejecutadas en un 90% y se prevé que finalicen este año, por lo que podría entrar en servicio a finales de este ejercicio.
El dique contará con 20 puertas de embarque, por lo que se podrá atender hasta 12 aeronaves en conexión y otras ocho en remoto. Además, habrá 86 mostradores de facturación.
Este proyecto, junto a la segunda pista, que también se encuentra en ejecución, está encaminado a garantizar el servicio del aeropuerto de Málaga en un futuro a largo plazo, puesto que de los trece millones de pasajeros que pueden acoger ahora sus instalaciones se pasará a una capacidad de nada menos que 30 millones. Una verdadera seña de identidad de la Málaga del siglo XXI.
Vea la recreación de la futura terminal en www.sur.es

Los propietarios de viviendas en alquiler se blindan ante los inquilinos morosos (SUR)

Uno de cada tres nuevos contratos se someten al arbitraje para evitar demoras en caso de juicio Este sistema permite reducir el plazo para ejecutar un desahucio de un año a sólo un mes

El mercado de alquiler vive un momento dulce. Tradicionalmente ha sido una forma de vida casi residual en Málaga, donde el Instituto Nacional de Estadística (Ine) estima que menos del 10% de los hogares no son propiedad de sus moradores (unos 37.000 en toda la provincia). Pero las circunstancias imponen un cambio de tendencia.
La caída generalizada de las ventas ha obligado a particulares, inmobiliarias y empresas promotoras a optar por este mercado para dar salida al stock de pisos vacíos, mediante opciones como el arrendamiento de larga duración, vacacional o la creciente fórmula del alquiler con opción a compra. El Ine estima que la oferta ha repuntado un 30% en los dos últimos años.
Pero no a cualquier precio. Los propietarios exigen más garantías para evitar impagos y posibles destrozos, problemas que son caros y, sobre todo, lentos si se resuelven a través de la justicia ordinaria.
Al tiempo, los inquilinos se encuentran con una oferta creciente de pisos, lo que les permite jugar con mayor ventaja a la hora de negociar exigencias que antes eran casi irrenunciables, como la presentación de un aval por el valor de los tres primeros meses de cuota.
En este contexto entra en juego la Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad, que está viviendo un importante aumento de adhesiones desde su puesta en marcha, al amparo del plan de fomento de alquiler del Gobierno.
Resolución extrajudicial
Esta institución, que está avalada por el Ministerio de Interior, ofrece una fórmula de resolución extrajudicial de los conflictos entre propietarios e inquilinos. Se trata de un documento que se adjunta al contrato y que permite obtener un laudo (sentencia arbitral) en el plazo máximo de 30 días. Por la vía ordinaria se tarda entre seis meses y un año para llegar al mismo sitio.
El coste también varía. El impreso de adhesión tiene un precio único de 58 euros y da derecho a acudir a la Corte en caso de discrepancia, mientras que un juicio supondría un desembolso de unos dos mil euros (para el pago de abogados y procuradores), explicaron fuentes de la entidad. «Con esta mejora se elimina definitivamente la percepción de inseguridad jurídica en el mercado de alquiler, que se debía a la sensación de lentitud de la justicia».
Desde 2004, se han firmado en Málaga 14.596 alquileres garantizados, lo que representa el 30% del total, según los datos aportados a SUR por este servicio. Sin embargo, el mayor incremento se produjo el pasado año, con 5.616 arrendamientos blindados, un 22% más que en 2007. La conflictividad de la provincia es baja, y el pasado año sólo se produjeron 308 sentencias arbitrales. Sin embargo, esta cifra supone un incremento de un 10,79% respecto al año precedente.
Baja conflictividad
La falta de pago es la principal causa, por encima del 96% de los casos. Le siguen los daños en el inmueble, las cesiones o subarriendo inconsentidos, el impago de facturas (de la luz, el agua o el gas) y las obras no consentidas.
En Málaga existen 209 inmobiliarias habilitadas para contratar la garantía de alquiler, que se suscribe no sólo en los casos de larga estancia, sino también por periodos vacacionales.
Junto a esta, se están extendiendo otras fórmulas para blindar los alquileres y evitar así la sensación de inseguridad jurídica. Se trata de los seguros de crédito y caución, que garantizan el pago de las cuotas en caso de morosidad del inquilino hasta que se produce el desahucio. Otra opción es tramitarlo a través del plan de fomento de la Junta, que contempla ayudas para los jóvenes. En este caso, la necesidad de presentar los recibos pagados para obtener la subvención actúa como garantía.