domingo, 8 de marzo de 2009

La Junta de Andalucía otorga la calificación provisional para la edificación de 610 VPO (SUR)

La Delegación de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta ha concedido en lo que va de año la calificación provisional para 610 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la provincia de Málaga, y supone, por tanto, el visto bueno para que comiencen las obras tras el examen del proyecto. En concreto, se trata de doce promociones de viviendas protegidas: cuatro en Málaga capital, dos en Cártama, y una en Alhaurín de la Torre, Coín, Villanueva de Algaidas, Campillos, Antequera y Benalmádena. Según una nota del Gobierno andaluz, estas 610 viviendas que han recibido entre enero y febrero la calificación provisional suponen más de la mitad de las otorgadas durante 2008. /

Bajo la lupa de la Justicia (SUR)

Las detenciones en Alcaucín han destapado el primer supuesto caso de corrupción urbanística en la Axarquía, aunque en la actualidad hay abiertas más de medio centenar de diligencias que afectan a la mitad de los municipios de la comarca. La Fiscalía tiene la palabra sobre posibles actuaciones

LOS DATOS
La investigación, en cifras
Construcciones ilegales: Diez mil, según los datos de la Junta de Andalucía, que las organizaciones ecologistas elevan al doble.
Denuncias presentadas: Suman un total de 1.400 desde el año 97.
Diligencias abiertas: Más de medio centenar hasta la fecha.
Poblaciones afectadas: Las pesquisas afectan a18 de las 29 localidades que conforman la comarca oriental. Los procedimientos más avanzados se encuentran en Alcaucín (con su alcalde en prisión preventiva), así como Cómpeta y La Viñuela.
Procesos y condenas: El ex alcalde de las localidades de Cómpeta y Canillas de Albaida Leovigildo López (PP) fue condenado a siete años de inhabilitación por la concesión de una licencia en suelo no urbanizable. También por dar permisos para construir, el primer edil de La Viñuela, el socialista Juan Millán, será juzgado en los próximos meses. Si en algo han coincidido la inmensa mayoría de vecinos, asociaciones y dirigentes políticos de distinto signo durante el desarrollo de la denominada 'Operación Arcos' en Alcaucín, -primera intervención judicial por un presunto caso de corrupción urbanística en la Axarquía- es en que las supuestas irregularidades en materia de planificación y crecimiento urbano en pequeños municipios de esta zona era un secreto a voces y saltaba a la vista. Basta una mirada a la sierra y al entorno de diversas localidades para comprobar en qué grado las urbanizaciones han ido extendiéndose de manera incontrolada en la última década. Actualmente, las investigaciones abiertas en la provincia pesan sobre cerca de una veintena de los 29 municipios que conforman la comarca más oriental de Málaga. Más de medio centenar de diligencias por supuestos delitos contra la ordenación del territorio están ahora bajo la lupa de la Justicia.
Informes judiciales
Según datos en poder de la Junta de Andalucía, en los últimos años el poder judicial ha pedido informes en otros ayuntamientos de la comarca malagueña que se remontan a varias legislaturas de antigüedad. Unos siete ya obran en poder de la Fiscalía. Junto a Alcaucín, figuran otros municipios como Canillas de Aceituno, Cómpeta, Periana o Vélez-Málaga. La mayoría de los ayuntamientos investigados están actualmente gobernados por el PSOE, aunque también hay consistorios bajo sospecha gestionados por el PP, IU y PA.
Después de Alcaucín, las localidades donde presumiblemente existen más casos de construcción de viviendas en suelo rústico es en Viñuela y Cómpeta, con unas 1.500 casas que podrían encontrarse en situación irregular.
Antes de Alcaucín, ya se dio un caso de un alcalde de la comarca condenado por prevaricación. Se trata del alcalde del PP Leovigildo López, que estuvo al frente de los equipos de gobierno de Cómpeta y Canillas de Albaida. En La Viñuela, el socialista Juan Millán será juzgado en los próximos meses por conceder supuestamente licencias en suelo no urbanizable. Aunque el regidor de Alcaucín ha sobrepasado estos antecedentes y ha sido el primer alcalde de la Axarquía imputado por corrupción. Martín Alba está acusado de cobrar comisiones por recalificar terrenos y licencias de obras en los terrenos municipales.
La Axarquía, que durante los últimos años se había quedado al margen de los escándalos urbanísticos mientras que la costa occidental malagueña protagonizaba las portadas de los periódicos, se sitúa ahora en el candelero.

«Vemos cómo nuestras casas corren peligro». Vélez-Málaga (SUR)

Phillip Smally preside desde 2008 la asociación 'Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía', colectivo que agrupa a residentes extranjeros, mayoritariamente ingleses jubilados, que se han visto afectados por la anulación, por decisión judicial, de las licencias de obras concedidas en su día por los ayuntamientos y que les permitieron construir sus viviendas. Como afectado insiste en que todos construyeron y compraron sus viviendas de «buena fe y con todos los papeles en regla».
Según Smally, los residentes se sienten «furiosos, molestos y muy preocupados. Somos jubilados que hemos venido a vivir a esta comarca y esta situación nos ha originado un grave trastorno. Nos preocupa la posible demolición de nuestras casas».
'Salvemos Nuestras Casas enla Axarquía' se ha marcado como objetivos actuar jurídicamente en la defensa de sus intereses, coordinar y asesorar a los afectados, y trasladar la problemática a la Unión Europea, en un intento de evitar la posible demolición de sus propiedades.

Territorio anárquico (SUR)

El caso de Alcaucín destapa los desmanes urbanísticos de la comarca de la Axarquía, con cerca de veinte mil viviendas ilegales. La mayoría de los municipios concede las licencias por decreto

Basta con darse un paseo por los pueblos del interior de la Axarquía para ver las miles de viviendas y edificaciones que siembran de manera desordenada y anárquica la práctica totalidad del territorio. Poco más de 15 años han bastado para esta transformación. El accidentado paisaje sólo salpicado por casas de apero y antiguos cortijos, ahora se presenta invadido por millares de puntos blancos de cemento y ladrillo. Lo ocurrido en el municipio de Alcaucín, con un alcalde en prisión preventiva, ha destapado los desmanes urbanísticos de esta comarca.
Según la estimación realizada por la Junta de Andalucía en la propuesta de Plan de Ordenación Territorial, en la zona oriental malagueña existen unas 10.000 viviendas ilegales en el medio rural. Los ecologistas de GENA contabilizan sin embargo más del doble, unas 22.000 construidas entre los años 1995 y 2007.
En el sustrato de este urbanismo descontrolado está la existencia de multitud de pequeños propietarios de terrenos. El uso de estas miniparcelas ha sido tradicionalmente agrícola aunque de escaso rendimiento. Si bien, en los últimos años, han sido testigos de cómo sus humildes propiedades pasaban a multiplicar su valor. Detrás de este fenómeno estaba una creciente demanda por parte de residentes extranjeros deseosos de encontrar terrenos alejados de las ciudades para establecerse y construir las casas en las que disfrutar de una tranquila jubilación. El problema principal radica en que estos suelos tienen un uso rústico y por tanto no urbanizable. La Ley de Ordenación urbanística de Andalucía (LOUA) indica claramente que en estos terrenos sólo puede edificarse construcciones vinculadas al uso cinegético, forestal, agrícola o ganadero. Esto en teoría, porque en la práctica la falta de un reglamento urbanístico en todos los pueblos ha permitido una anarquía de construcciones. Muy pocos alcaldes de la Axarquía quieren hablar abiertamente del tema, sobre todo en estos días. «Yo de urbanismo no hablo», aseguraba a este periódico José Luis Navas, primer edil de Sayalonga.
Las multiples denuncias realizadas por los ecologistas no han servido de mucho. Según Rafael Yus, coordinador de GENA, numerosas viviendas han terminado siendo legalizadas o con multas que no han logrado paralizar la escalada de construcciones, un proceso imitado en la mayoría de los municipios de la comarca que carecen de planeamiento.
Actualmente, sólo cinco municipios tienen planes generales (Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Torrox, Nerja y Riogordo). De los 26 restantes, sólo nueve están dotados de normas subsidiarias (reglas de planeamiento sin gran desarrollo, que dejan más libertad a los ayuntamientos); otros cinco sólo cuentan con delimitaciones de suelo urbano, es decir, sólo pueden decidir lo que ocurre en el casco urbano, fuera de él todo es terreno no urbanizable.
El resquicio más usado
Sin planeamiento y con una Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en vigor desde 2002, pero que está «sin desarrollar», según los alcaldes, la construcción de viviendas en el suelo no urbanizable ha tenido como instrumento clave los proyectos de actuación, una figura que tiene como finalidad demostrar la vinculación de las construcciones a los usos permitidos (caza, ganadería, agricultura...).
Estos proyectos, acompañados de informes de peritos agrónomos justificando la vinculación, se publican en el BOP, se someten a exposición pública y se remiten a la Junta de Andalucía. La Delegación de Obras Públicas (ahora de Vivienda y Ordenación del Territorio) ha venido emitiendo informes negativos, que al no ser vinculantes, han llevado a los alcaldes a conceder licencias por decreto, previo acuerdo del pleno, por entender que sí existía una vinculación demostrada.
La Junta de Andalucía, sin embargo, ha ido recurriendo parte de estas licencias por decreto ante el Contencioso Administrativo. Según la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, en los últimos once años han sido impugnados por la vía judicial un total de 272 actos urbanísticos de los ayuntamientos de la Axarquía, la mayoría concesiones de licencias que la Administración autonómica entiende que son ilegales. El resultado ha sido la anulación por decisión judicial de un número de licencias, no cuantificado por la Junta.
Si bien, detrás de las decisiones de los pueblos de la Axarquía hay un matiz importante que no debe pasarse por alto: la presión vecinal sobre los alcaldes por parte de propietarios de terrenos que asisten atónitos a cómo en el pueblo de al lado sí se permite construir y en su municipio no.
«Los vecinos nos han presionando mucho y se ha especulado más, pero hay pueblos y pueblos. La Junta de Andalucía no ha querido estar al corriente de lo que estaba pasando. La mayoría somos pueblos pequeños, sin medios, sin policías, con secretarios compartidos y sin servicios de inspección urbanística, y hay que entender que los alcaldes no podemos estar recorriendo el campo todo el día», señala José Antonio Ponce, alcalde de El Borge, que asegura que su Ayuntamiento lleva diez años intentando que la Junta le apruebe el PGOU. En La Viñuela, por ejemplo, el Consistorio ha aprobado el suyo sirviéndose del silencio administrativo de la Administración, que tiene recurrida la aprobación.
Un POT con polémica
El intento del Gobierno andaluz de poner fin a la vorágine urbanística a través de un Plan de Ordenación para la comarca (POT), cuando el caos era ya más que evidente «es papel mojado», según GENA. Este plan definía los usos del suelo, limitaba la capacidad de crecimiento de los muncipios y hacía hincapié en el respeto al paisaje de la zona. El documento puso en pie de guerra a los regidores y sigue provocando todavía hoy las criticas de los alcaldes, que se quejan de que se ha realizado sin el consenso de los municipios.
Las escasas modificaciones introducidas siguen sin satisfacer a los regidores, entre otras razones porque no resuelven la legalización de las viviendas irregulares. La última acción de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio sobre las viviendas ilegales en la comarca ha consistido en la elaboración de un inventario, en colaboración con los ayuntamientos (siete en una primera fase), para estudiar cada caso de manera individual y decidir su futuro. La Consejería ya ha advertido de que seguro que habrá demoliciones.
«Prohibiendo no se arregla nada, hay que regular. De la agricultura no se puede vivir. La construcción crea movimiento y puestos de trabajo. Soy el primero en ser ecologista, pero los pueblos necesitamos una alternativa, un futuro para los vecinos», declara el regidor de Canillas de Aceituno, cuyo Ayuntamiento, asegura, no concede una sola licencia fuera del casco urbano desde hace dos años. Eso sí, todos aseguran que ya no lo hacen.

La Junta aprueba 610 VPO en Málaga durante 2009 (La Opinión)

La Delegación de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía ha concedido en lo que va de año la calificación provisional para 610 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la provincia de Málaga, y supone, por tanto, el visto bueno para que comiencen las obras tras el examen del proyecto. En concreto, se trata de doce promociones de viviendas protegidas: cuatro en Málaga capital, dos en Cártama, y una en Alhaurín de la Torre, Coín, Villanueva de Algaidas, Campillos, Antequera y Benalmádena.
Según una nota del Gobierno andaluz, estas 610 viviendas que han recibido entre enero y febrero la calificación provisional suponen más de la mitad de las otorgadas durante 2008 en la provincia.
La mayor parte de las calificaciones aprobadas en lo que va de este ejercicio suman 332 viviendas en total aglutinadas en cinco promociones.
Hay cuatro en la capital, a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) que suponen 314 VPO, y una en Antequera, con 18 viviendas destinadas a la venta, a través de SPERACSA, la empresa pública de esta localidad.

Promotores privados. Las 278 restantes (un 45%) empezarán a construirse tras el visto bueno de Vivienda y corresponden a promotores privados. Se encuentran en los municipios de Cártama, Alhaurín de la Torre, Coín, Cártama, Villanueva de Algaidas, Campillos y Benalmádena.
En cuanto al régimen de estos inmuebles, en Málaga capital se han concedido calificaciones para 175 viviendas protegidas para la venta especial, dirigidas a personas con ingresos inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y para otras 139 de alquiler de renta básica.
En Cártama, hay previstas veinte viviendas para la venta en régimen general (hasta 3,5 veces el IPREM) y otras 54 para el alquiler con opción a compra, que se puede ejercer a 10 o a 25 años, con un aval de seis meses.
En Alhaurín de la Torre se proyectan 25 viviendas de alquiler de renta básica, mientras que en Coín, Campillos, Antequera y Benalmádena, con 57, 22, 18 y 68 unidades, respectivamente, son viviendas para la venta a precio general.
Recientemente, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, y el presidente de la Federación Andaluza de Cajas de Ahorros (FACA), Braulio Medel, acordaron la creación de una comisión de trabajo que se encargará de analizar la situación de los créditos para la financiación de la vivienda protegida y establecer las medidas necesaria para solventar los problemas que dificultan la construcción de estas promociones.

Las casas cuartel de 14 municipios reciben 480.000 euros para su rehabilitación (Málaga Hoy)

Las actuaciones estarán financiadas al 50% entre la Guardia Civil y la Diputación

Las casas cuartel de la Guardia Civil en catorce municipios de la provincia recibirán este año una inversión total para su rehabilitación de 480.000 euros, que será aportada al 50% por el Ministerio del Interior y por la Diputación de Málaga. En concreto, la Diputación actuará directamente en ocho de esos catorce municipios con una partida total que asciende a 240.400 euros, según informó ayer la institución provincial en un comunicado.

Las casas cuartel beneficiarias son las situadas en Estepona, con 55.000 euros para la sustitución de ventanas en pabellones; Nerja, con 54.000 euros para reparar cocinas y cuartos de baño; Periana, con 36.000 euros para la reforma integral de dos pabellones, y Casarabonela, con 35.000 euros para el saneamiento e instalación eléctrica.

También recibirán partidas de la Diputación las casas cuartel Fuengirola-Mijas, con 32.000 euros para pintar las fachadas exteriores; Colmenar, con 14.000 euros para nuevas ventanas; Montejaque, con 10.000 euros para un acceso de discapacitados, y Álora, con 4.400 euros para el acondicionamiento de aseos.

La tríada de la red de Alcaucín (Málaga Hoy)

Los investigadores señalan al ex regidor José Manuel Martín, al arquitecto José Mora y al empresario Francisco Llamas como los principales pilares de la trama de corrupción urbanística en la Axarquía

"¿Cómo es el nombre, que se me ha olvidado? Yo siempre lo he conocido como Pepe Calayo". Se refería este político malagueño al que ha sido alcalde de Alcaucín durante más de 17 años y a su nombre artístico. La carrera política de José Manuel Martín Alba, aficionado al flamenco y experto en fandangos, se ha truncado con la operación Arcos, que ha destapado una presunta trama de corrupción urbanística en el pueblo que él gobernaba con las siglas del PSOE desde 1991, y desde el martes se encuentra en prisión preventiva como supuesto líder de una red dedicada a la promoción, construcción y venta de viviendas en suelo no urbanizable. Los destinatarios, principalmente, eran extranjeros ansiosos por tener una casa en la soleada Málaga, los mismos que han sostenido y engordado el padrón de Alcaucín (2.469 habitantes) desde principios de la década de los 90.

Martín Alba no actuaba solo y la operación desarrollada por la Guardia Civil, que dirige el juzgado número 3 de Vélez-Málaga con la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción y de Medio Ambiente, se ha saldado de momento con una docena de imputados. Los investigadores estudian ahora la documentación requisada y las escuchas telefónicas y no descartan nuevas detenciones. Según fuentes cercanas al caso, además del ex alcalde, los elementos principales de esta trama eran el arquitecto José Mora Lampérez, jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial, conocido como Chiqui, y el empresario Francisco Llamas, un promotor afincado hace dos décadas en Benalmádena conocido como el Mexicano por una estancia prolongada en este país, al que emigró durante una etapa de problemas económicos en la costa.

Compañeros de Chiqui Mora no dan crédito a lo que ha pasado. La instructora del caso, Irene Urbón, ordenó el martes su ingreso en prisión preventiva por los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental y prevaricación urbanística. Supuestamente, las construcciones sobre suelo rústico se legalizaban mediante informes y certificados falsos expedidos, que alteraban las inscripciones catastrales y registrales de las fincas, según la Guardia Civil.

Mora trabaja para la Diputación, que ha abierto un expediente informativo, desde hace más de dos décadas, y durante los primeros años estuvo destinado en la Axarquía antes de ser trasladado a Ronda a mediados de los 90. Ahora estaba asignado a la zona del Guadalhorce, según ha informado el organismo supramunicipal. Tenía autorizada la compatibilidad para ejercer en el ámbito privado desde 1991 y su chalé está en una de las zonas más privilegiadas de Málaga, en El Morlaco.

En la operación hay cuatro empresarios imputados y en libertad bajo fianza. Se trata de Manuel Tejada, José Manuel Rico (empresario onubense) y Francisco Llamas, a los que se les ha puesto un aval de 120.000 euros para eludir la prisión. Eduardo Crooke, yerno de Llamas, está en libertad bajo fianza de 30.000 euros. ¿Cuál era su papel? Presuntamente, pagaban comisiones, en metálico o en especie, a cambio de resoluciones que les beneficiaban. Uno de los delitos que se les imputa es cohecho. También están imputados el aparejador Francisco Lorca y el asesor fiscal Pedro José Grandfils.

Entre todos ellos, los investigadores resaltan la figura de Llamas. Su hija Virginia, también imputada, es administradora de la empresa Crocasa, promotora de varias viviendas en Alcaucín. Llamas, antes de trasladarse a la zona oriental de la provincia, estuvo asentado en Benalmádena. Algunas personas que lo conocieron lo consideran "muy amable, educado y muy inteligente". Es padre de la concejal de Urbanismo de Torremolinos, Isabel Llamas.

La empresa Alta Axarquía, vinculada a Manuel Tejada y a su hija Ana Rosa, también imputada, se benefició en mayo de 2002 de una recalificación de 143.000 metros de suelo rústico acordada por el Ayuntamiento de Alcaucín, que en octubre de ese año dio luz verde a un plan parcial para edificar 60 viviendas en esa finca.

Martín Alba está en prisión acusado de cohecho, blanqueo, prevaricación, falsedad documental y delito urbanístico y firmó su renuncia al cargo y a su acta de concejal antes de ser conducido a la prisión de Alhaurín de la Torre. Una de sus hijas, ama de casa, también está imputada en el caso, que de momento ha cerrado su primer capítulo y ha revolucionado la Axarquía, centro ahora del Urbanismo salvaje.