domingo, 1 de marzo de 2009

La Junta llevó a los tribunales 48 acuerdos de Alcaucín. (MALAGAHOY)

El consejero Espadas defiende el control del Gobierno andaluz en la Axarquía y dice que ha tramitado 21 denuncias e impugnado 27 acuerdos en este municipio.
El consejero andaluz de Vivienda, Juan Espadas, dijo ayer que el Gobierno andaluz ha llevado a los tribunales un total de 48 actuaciones del Ayuntamiento de Alcaucín, afectado por la operación Arcos contra una presunta trama de corrupción urbanística. En concreto, precisó que la Junta ha tramitado 21 denuncias de particulares sobre el urbanismo en este municipio y ha impugnado 27 acuerdos del Consistorio, cuyo alcalde, el socialista José Manuel Martín Alba, fue detenido el viernes por la Guardia Civil.

En declaraciones a los periodistas, Espadas defendió las medidas tomadas por el Gobierno andaluz sobre el control urbanístico y precisó que los acuerdos municipales impugnados correspondían fundamentalmente a licencias "indebidas". Espadas apuntó que entre 2002, año en que se aprueba la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, a 2005, cuando se crea la Dirección de Inspección, la Junta ha tramitado casi 800 denuncias en municipios la comarca de la Axarquía de Málaga.

"Es falso que no se hayan tramitado denuncias", recalcó Espadas, que añadió que de las 800 tramitadas, 85 fueron recursos contenciosos administrativos para impugnar licencias urbanísticas. Agregó que sólo en el año 2004 la Junta impugnó en Alcaucín 11 licencias del Ayuntamiento.

Las declaraciones del consejero se producen después de las acusaciones a la Junta de falta de control en la zona oriental de Málaga. El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción) informó el viernes de que este colectivo ha presentado 500 denuncias por infracciones urbanísticas en la comarca desde finales de los 90, de las que más de 100 han estado vinculadas a Alcaucín.

El presidente del grupo ecologista, Rafael Yus, explicó que al principio se optó por la vía administrativa ante la Delegación provincial de Obras Públicas. "Sin embargo, veíamos que las cosas no se arreglaban, sino que, en todo caso, se apañaban, ya que nuestras denuncias se archivaban, y por esa razón acudimos a la Fiscalía", dijo.

"Las actuaciones son comprobables y se pueden facilitar cuando se requieran", explicó, por su parte, el consejero, que recordó que recientemente se reunió con los alcaldes de la Axarquía para decirles que "no cabía ley de punto final y que los instrumentos de la administración permiten inspecciones más potentes".

Juan Espadas insistió en que los controles urbanísticos "funcionan mejor que hace unos años" por las leyes aprobadas por el Gobierno andaluz, y recordó que una cosa son las irregularidades urbanísticas y otra las responsabilidades penales. "Cuando el secreto de sumario se abra, podremos comprobar si los presuntos delitos están o no relacionados con las impugnaciones que presentó la Junta", manifestó.

El alcalde de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín Alba, fue detenido el viernes en una operación contra la corrupción urbanística que ha destapado una supuesta trama que construía viviendas sobre suelo no urbanizable en la Axarquía que tenían como destino final la venta, sobre todo a extranjeros. La operación Arcos ha estado coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y la de Medio Ambiente.

La Diputación abre una investigación tras la detención de uno de sus arquitectos. Alcaucín. (MALAGAHOY)

El arrestado por su supuesta implicación en la trama de corrupción de Alcaucín tenía la compatibilidad para ejercer la actividad privada desde 1991 · Pendón desvinculó ayer del caso a la institución provincial.
La reacción de la Diputación tras la detención el viernes de uno de sus arquitectos dentro de la operación Arcos por una supuesta trama de corrupción urbanística en Alcaucín ha sido inmediata. La institución provincial ha abierto una investigación para aclarar la actuación del adjunto al jefe de Arquitectura, José Francisco Mora Lampérez Chiqui, arrestado junto a otras 12 personas por supuestamente levantar viviendas en suelo rústico que luego vendían a extranjeros.

El presidente de la Diputación, Salvador Pendón, dejó bien claro que se trata de un expediente informativo: "Ahora mismo no hay más que indicios. Vamos a actuar con inmediatez y a abrir un expediente informativo que posteriormente tendrá el alcance que se derive tanto de ese expediente como de las actuaciones que siga desarrollando la Justicia". Pendón también desvinculó a la entidad de la supuesta trama. "La Diputación no tiene competencias urbanísticas. Por lo tanto, difícilmente puede estar implicada en un caso que afecta al desarrollo urbanístico de un municipio".

El arquitecto detenido tenía autorizada la compatibilidad con la actividad privada desde 1991, año en el que -junto a un grupo de profesionales- solicitó y obtuvo ese permiso. "Esta situación no es nueva, era algo desde hacía 18 años. Si está legalmente autorizado por la institución para la que trabaja, no hay inconveniente alguno en que desarrolle su actividad privada", apuntó Pendón, quien precisó que el arrestado estaba asignado a la zona del Guadalhorce.

El presidente del gobierno provincial, que hasta ayer no había hecho declaraciones porque se encontraba fuera de Málaga, insistió en que la detención de uno de sus arquitectos no debía sembrar ninguna sospecha sobre la institución: "La Diputación ha actuado de manera intachable con respecto al tratamiento del desarrollo urbanístico de los municipios. No somos competentes ni podemos determinar el resultado final del planeamiento que es competencia exclusiva de la administración local".

Al igual que otros dirigentes socialistas habían hecho el día anterior nada más conocerse la detención del alcalde de Alcaucín (PSOE) por su supuesta participación en la trama, Pendón también destacó la "tolerancia cero" de su partido que con "inmediatez y contundencia" había decidido ya la expulsión de los implicados. El presidente de la Diputación contrapuso esa actuación, a la del Partido Popular: "Hoy el PP sigue manteniendo a un alcalde que está en libertad bajo fianza, acusado por la Fiscalía y con un juicio oral abierto. El PP tendrá que ser responsable del tratamiento que da a sus alcaldes que están bajo sospecha". Pendón se refería a Juan Martín Serón, regidor de Alhaurín el Grande, imputado en la operación Troya por supuestos delitos urbanísticos.

Además, justificó que la Diputación no vigilara la actividad del arquitecto fuera de esta entidad: "Como institución pública no tenemos que hacer seguimiento de las personas que, teniendo reconocida su compatibilidad, ejercen su labor profesional puramente privada".

Una edil de Torremolinos, con familia detenida, fue abogada de Alcaucín. (MALAGAHOY)

La concejal de Urbanismo, Isabel Llamas (PP), fue asesora jurídica de este Consistorio de la Axarquía antes de 2007 · Su hermana y su padre están detenidos por este caso.

Dos de los detenidos en la operación Arcos contra una presunta trama de corrupción, que ha llevado a la detención del alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba (PSOE), son familiares directos de la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Torremolinos, Isabel Llamas (PP), que trabajó como asesora jurídica en el Ayuntamiento del municipio de la Axarquía afectado por este caso antes de 2007, han informado varias fuentes consultadas. Llamas ocupó el número 10 de la candidatura encabezada por Pedro Fernández Montes en las últimas elecciones municipales.

Los arrestados vinculados a la edil son su hermana y su padre. Este periódico intentó ayer contactar con la edil, aunque declinó hacer declaraciones sobre este asunto. No ha trascendido el periodo de tiempo que la edil ejerció de asesora jurídica en Alcaucín, aunque fue antes de mayo 2007, fecha en que se celebraron los comicios.

Virginia Llamas Castañeda, hermana de la concejal y detenida en la operación Arcos, es administradora única de la empresa Crocasa SL, creada en febrero de 2000 y dedicada a la compraventa de bienes inmobiliarios y a la promoción y construcción inmobiliaria, según el Registro Mercantil. Su domicilio social está en el Cruce Don Manuel de Alcaucín.

El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción) denunció ante la Fiscalía de Medio Ambiente en noviembre de 2006 una operación presuntamente irregular promovida por Crocasa: la construcción de un bloque con 45 viviendas en cuatro fincas en las que el plan parcial permitía edificar sólo cuatro. La denuncia de los ecologistas aludía también al trabajo de abogada de Isabel Llamas en el Consistorio y afirmaba que asesoraba en temas de urbanismo.

El secretario del PP de Málaga, Francisco Salado, pidió ayer "prudencia" y recordó que la edil del equipo de gobierno de Torremolinos no ha sido implicada en el caso.

La secretaria del técnico detenido queda en libertad sin cargos. Alcaucin (MALAGAHOY)

Está previsto que los arrestados en la operación Arcos pasen mañana a disposición judicial.

La secretaria del arquitecto de la Diputación detenido en el marco de la operación Arcos contra una presunta trama de corrupción, también arrestada el viernes, quedó ayer en libertad sin cargos tras prestar declaración ante la Guardia Civil, informaron fuentes cercanas al caso. Esta empleada, administrativo de la Diputación, trabaja en el Servicio de Arquitectura del organismo supramunicipal. El adjunto al jefe de este departamento, José Francisco Mora Lampérez, es uno de los dos arquitectos detenidos por esta presunta red dedicada a la construcción de viviendas sobre suelo no urbanizable, que luego era recalificado.

Los 12 arrestados, entre los que está el alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, permanecen en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga a la espera de pasar a disposición judicial, algo que está previsto para mañana, cuando se cumplen 72 horas de los arrestos.

El juzgado número 3 de Vélez-Málaga es el encargado de instruir las diligencias y ha decretado el secreto de sumario. La actuación ha sido coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y la de Medio Ambiente y ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil. Los investigadores imputan a la trama siete presuntos delitos: cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, estafa y contra la ordenación del territorio.

Además del alcalde de Alcaucín, han sido arrestadas sus dos hijas, dos arquitectos, empresarios de la construcción y un intermediario. Según algunas fuentes consultadas, éste último podría ser un aparejador con varios negocios en la Axarquía. Los empresarios implicados, presuntamente, pagaban comisiones, bien en metálico o en especie, a cambio de resoluciones administrativas que les eran favorables.