jueves, 15 de enero de 2009

La red del alcalde de Alhaurín recibió más de 642.000 euros en sobornos (El País)

El fiscal acusa de prevaricación, cohecho y blanqueo a Martín Serón, del PP

El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, estaban "al frente" de una "trama" que supuestamente recibió 642.445 euros en sobornos de una veintena de promotores. A cambio del dinero, los responsables políticos permitían a los empresarios construir más viviendas de las que autorizaba el plan urbanístico municipal. Así lo establece el fiscal Juan Carlos López Caballero, quien considera acabada la investigación del llamado caso Troya, y pide al juzgado que convierta la causa en un procedimiento abreviado, paso procesal previo a la apertura de juicio oral. El PP, que mantiene en el cargo al regidor pese a estar imputado, salió ayer, una vez más, en su defensa.

El delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga imputa a Martín Serón los delitos de cohecho para acto delictivo, penado con dos a seis años de prisión; prevaricación urbanística (de seis meses a dos años) y blanqueo de capitales (de seis meses a seis años). El edil de Urbanismo, que, según el fiscal, "controlaba, contabilizándolos adecuadamente, los pagos efectuados y los que se debían efectuar", está imputado de prevaricación y cohecho.

Según el escrito de López Caballero, los pagos de los promotores están "acreditados indiciariamente" por las anotaciones manuscritas y por los archivos informáticos intervenidos en los registros de los domicilios de los imputados y de las dependencias municipales. El fiscal recuerda que en una vivienda de Martín Serón se hallaron 64.780 euros en efectivo y otros 7.000 en su despacho de alcalde.

La esposa del regidor, María Teresa Santos, asesora fiscal de profesión, también ha resultado salpicada en la trama: está imputada de blanqueo por "efectuar actos dirigidos a ocultar las ilícitas ganancias obtenidas" por su marido. El fiscal habla de "numerosos ingresos en efectivo" en las cuentas bancarias del matrimonio por 50.000 euros "sin que se conozca el origen del dinero". También señala que en las cuentas de la esposa se ingresaron 30.000 euros "en sólo seis operaciones".

Las licencias ilegales otorgadas presuntamente por Martín Serón y Gregorio Guerra han permitido la construcción de 182 viviendas que no estaban contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad, de 23.800 habitantes. Para otorgar los permisos irregulares, la trama contaba con la colaboración de Juan Burgos Gómez, asesor jurídico municipal. Este funcionario daba "siempre" el visto bueno a las licencias "pese a conocer que los proyectos de obras resultaban incompatibles con el planeamiento municipal y venían con informe negativo del arquitecto municipal". Otro asesor jurídico, Ildefonso Domínguez, informó favorablemente de una licencia irregular.

Al menos en tres ocasiones, Burgos Gómez asegura en su informe jurídico que el arquitecto municipal está de acuerdo con la concesión de la licencia ilegal, lo que es "radicalmente falso", según el fiscal. El arquitecto municipal, Miguel Ángel Gutiérrez Montalvo, que al principio de la instrucción fue imputado, quedó provisionalmente eximido del caso a finales de octubre de 2008 por la juez instructora, Lidia Bermúdez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coín. Desde que se destapó en enero de 2007, el caso Troya ha pasado por las manos de cuatro jueces.

Martín Serón reaccionó ayer al escrito del fiscal con la virulencia habitual: "¿Hasta dónde quieren llegar los socialistas?, ¿al estado policial? No es un movimiento del juzgado sino un movimiento político a raíz de la toma de posesión del nuevo fiscal jefe". El regidor se refería a Antonio Morales, fiscal de corte progresista que accedió a la jefatura de la Fiscalía malagueña el pasado martes. Martín Serón anunció que continuará en su puesto "se pongan como se pongan, mientras no haya sentencia judicial". En las elecciones de junio de 2007 -celebradas seis meses después de su detención en Marbella tras un mitin de Mariano Rajoy- renovó la mayoría absoluta.

El Partido Popular salió inmediatamente a defender al alcalde alhaurino. La dirección del PP malagueño considera que Martín Serón puede seguir en su cargo ya que confía "plenamente" en su inocencia. El secretario provincial popular, Francisco Salado, afirmó que la de ayer "es una opinión más del fiscal".


80 euros por metro de corrupción

El fiscal Juan Carlos López Caballero describe un sistema de tarifas que supuestamente cobraba la trama dirigida por el alcalde de Alhaurín el Grande a cambio de resoluciones urbanísticas ilegales. "Estaba tasado el precio a pagar por el incremento en los metros cuadrados de edificabilidad y del número de viviendas respecto de lo legalmente establecido. El metro cuadrado de techo edificable de más se cifraba en 80 euros, mientras que a la vivienda proyectada en exceso se aplicaba la suma de 6.000 euros".

En su escrito, el fiscal recoge el supuesto intento de extorsión al promotor José Burgos Leiva. Una grabación autorizada por el juez muestra cómo el edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, le reclamaba al constructor 122.000 euros como contrapartida a una licencia para levantar 14 viviendas y locales que le concedió el ayuntamiento y que infringía la normativa urbanística municipal.

Según Burgos Leiva, el edil le exigía esa cantidad "en billetes" y se negaba a dar ningún justificante del pago. "Cuando le pregunté para qué quería el dinero, el concejal de Urbanismo me respondió: 'Eso a ti no te importa", aseguró Burgos Leiva a este periódico en mayo de 2007.

El capital de origen ilegal se blanqueaba supuestamente a través de la empresa Conextran, propiedad de Manuel Márquez, suplente en las listas del PP a las elecciones municipales de 2003. Conextran "mantenía una relación mercantil muy fluida" con el consistorio desde 2001, cuando Martín Serón llegó al poder.

Operación Troya

- Imputados. El fiscal imputa a 25 personas en la Operación Troya, 20 de los cuales son empresarios de Alhaurín el Grande.

- El pago más cuantioso, de 168.545 euros, lo efectuó supuestamente el promotor Gumersindo Martín, que consiguió levantar 47 viviendas en una parcela que sólo admitía 22, según el Plan General de Ordenación Urbana del municipio.

- El empresario Jorge Sánchez pactó pagar 120.000 euros a los responsables políticos a cambio de aumentar en 36 viviendas la edificabilidad de una parcela. Ambos expedientes contaban con informes en contra del arquitecto municipal.

80 euros por metro cuadrado de más. Alhaurín el Grande (El País)

El fiscal Juan Carlos López Caballero describe un sistema de tarifas que supuestamente cobraba la trama dirigida por el alcalde de Alhaurín a cambio de resoluciones urbanísticas ilegales. "Estaba tasado el precio a pagar por el incremento en los metros cuadrados de edificabilidad y del número de viviendas respecto de lo legalmente establecido. El metro cuadrado de techo edificable de más se cifraba en 80 euros, mientras que a la vivienda proyectada en exceso se aplicaba la suma de 6.000 euros".

En su escrito, el fiscal recoge el supuesto intento de extorsión al promotor José Burgos Leiva. Una grabación autorizada por el juez muestra cómo el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, le reclamaba al constructor 122.000 euros como contrapartida a una licencia de obras para levantar 14 viviendas y locales que le concedió el Ayuntamiento y que infringía la normativa urbanística municipal.

Según Burgos Leiva, el edil le exigía esa cantidad "en billetes" y se negaba a dar ningún justificante del pago. "Cuando le pregunté para qué quería el dinero, el concejal de Urbanismo me respondió: 'Eso a ti no te importa", aseguró Burgos Leiva a este periódico en mayo de 2007.

El capital obtenido de forma ilegal se blanqueaba supuestamente a través de la empresa Conextran, propiedad de Manuel Márquez, suplente en las listas del PP a las elecciones municipales de 2003. Conextran "mantenía una relación mercantil muy fluida" con el consistorio desde 2001, año en que Martín Serón llegó al poder. En el año 2004 esta relación alcanzó su "punto álgido": Conextrán facturó al Ayuntamiento por importe de 404.229 euros.

Málaga cierra 2008 con los peores datos de construcción de VPO (El País)

Espadas pide a los municipios del PP que se impliquen en el Plan de Vivienda

El primer examen al Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía ha obtenido buena nota aunque ha dejado una sombra de duda sobre la evolución futura hasta su conclusión en 2012. La ejecución del plan en 2008 fue del 135%, superándose en más de 18.000, las 51.450 actuaciones previstas. En total, la Junta calificó provisionalmente 14.202 viviendas protegidas en el pasado ejercicio, la cifra más alta desde 2001.

Asimismo, las actuaciones de rehabilitación superaron las 41.704, un 145,9% más respecto de las 28.600 previstas, y las actuaciones de fomento del alquiler superaron las 10.000 ayudas frente a una previsión inicial de 3.700, lo que supuso una ejecución del 280%. En materia de suelo, la orden que desarrollaba el plan no estuvo en vigor hasta noviembre de 2008, por lo que el balance no cubrió las previsiones, si bien se realizaron 1.787 actuaciones de carácter autonómico y se adaptaron parcialmente los planeamientos de 33 municipios para permitir la reserva de suelo con capacidad para 33.000 viviendas protegidas.

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, presentó ayer estos datos, que calificó como un "buen balance para transmitir confianza al sector", si bien mostró su preocupación por los datos registrados en la provincia de Málaga. Aunque el plan no tiene previsiones provincializadas, los datos de Málaga "están por debajo de las expectativas", dijo Espadas, quien reclamó una mayor implicación de los ayuntamientos, especialmente los gobernados por el PP. Sólo Jaén, con 1.019 VPO calificadas o Córdoba con 1.042, están por debajo de la provincia malagueña, que registró en 2008 sólo 1.053 calificaciones de VPO.

Según Espadas, estos datos no se corresponden con la población y la demanda real de la provincia en materia de VPO y, aunque subrayó el problema de precios de suelo que sufre en especial la Costa del Sol, reclamó un mayor esfuerzo municipal para la obtención de terrenos y la promoción de nuevas viviendas.

Otro dato positivo resaltado por Espadas es la inversión de la carga entre sector público y privado. En 2008, el 70% de las 14.202 VPO calificadas fueron realizadas por el sector privado, porcentaje que en 2007 sólo alcanzó el 35%. En el 30% aportado por el sector público tuvo especial contribución la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), con el 40% de las calificaciones públicas. Del total de viviendas calificadas como VPO, 2.500 fueron recalificaciones de pisos de renta libre a VPO.

Asimismo, Espadas resaltó que el tercer trimestre se cerró con un incremento de visados de VPO del 218,8%, según datos del Ministerio y del Consejo Superior del Colegio de Arquitecto, que sitúan a Andalucía como la primera comunidad autónoma en número de visados.

La trama corrupta de Alhaurín recibió 642.000 euros en sobornos (El País)

El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, estaban "al frente" de una "trama" que supuestamente recibió 642.445 euros en sobornos de una veintena de promotores. A cambio del dinero, los responsables políticos permitían a los empresarios construir más viviendas de las que autorizaba el plan urbanístico municipal. Así lo establece el fiscal Juan Carlos López Caballero, quien considera acabada la investigación del llamado caso Troya, y pide al juzgado que convierta la causa en un procedimiento abreviado, paso procesal previo a la apertura de juicio oral.

Un asesor jurídico daba luz verde a las licencias contra el arquitecto municipal
Martín Serón insistió en que el caso, por el que fue detenido en enero de 2007, no es sino un "montaje del PSOE". El PP salió ayer, una vez más, en defensa del regidor.

El delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga imputa a Martín Serón los delitos de cohecho para acto delictivo, penado con dos a seis años de prisión; prevaricación urbanística (de seis meses a dos años), y blanqueo de capitales (de seis meses aseis años). El edil de Urbanismo, que, según el fiscal, "controlaba, contabilizándolos adecuadamente, los pagos efectuados y los que se debían efectuar", está imputado de prevaricación y cohecho.

Según el escrito de López Caballero, los pagos de los promotores están "acreditados indiciariamente" por las anotaciones manuscritas y por los archivos informáticos intervenidos en los registros de los domicilios de los imputados y de las dependencias municipales. El fiscal recuerda que en una vivienda de Martín Serón se hallaron 64.780 euros en efectivo, y otros 7.000 en su despacho de alcalde.

La esposa del regidor, María Teresa Santos, asesora fiscal de profesión, también ha resultado salpicada en la trama: está imputada de blanqueo por "efectuar actos dirigidos a ocultar las ilícitas ganancias obtenidas" por su marido. El fiscal habla de "numerosos ingresos en efectivo" en las cuentas bancarias del matrimonio por 50.000 euros "sin que se conozca el origen del dinero". También señala que en las cuentas de la esposa se ingresaron 30.000 euros "en sólo seis operaciones".

Las licencias ilegales otorgadas presuntamente por Martín Serón y Gregorio Guerra han permitido la construcción de 182 viviendas que no estaban contempladas en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la localidad, de 23.800 habitantes. Para otorgar los permisos irregulares, la trama contaba con la colaboración de Juan Burgos Gómez, asesor jurídico municipal. Este funcionario daba "siempre" el visto bueno a las licencias "pese a conocer que los proyectos de obras resultaban incompatibles con el planeamiento municipal y venían con informe negativo del arquitecto municipal". Otro asesor jurídico Ildefonso Domínguez, informó favorablemente de una licencia irregular.

Al menos en tres ocasiones, Burgos Gómez asegura en su informe jurídico que el arquitecto municipal está de acuerdo con la concesión de la licencia ilegal, lo que es "radicalmente falso", según el fiscal. El arquitecto municipal, Miguel Ángel Gutiérrez Montalvo, que al principio de la instrucción fue imputado, quedó provisionalmente eximido del caso a finales de octubre de 2008 por la juez instructora, Lidia Bermúdez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coín. Desde que se destapó en enero de 2007, el caso Troya ha pasado por las manos de cuatro jueces.

Martín Serón reaccionó ayer al escrito del fiscal con la virulencia habitual: "¿Hasta dónde quieren llegar los socialistas? ¿al estado policial? No es un movimiento del juzgado, sino un movimiento político a raíz de la toma de posesión del nuevo fiscal jefe". El regidor se refería a Antonio Morales, fiscal de corte progresista que accedió a la jefatura de la Fiscalía malagueña el pasado martes. Martín Serón anunció que continuará en su puesto "se pongan como se pongan, mientras no haya sentencia judicial". En las elecciones de junio de 2007 -celebradas seis meses después de su detención en Marbella tras un mitin de Mariano Rajoy- renovó la mayoría absoluta.

El Partido Popular salió inmediatamente a defender al alcalde alhaurino. La dirección del PP malagueño considera que Martín Serón puede seguir en su cargo ya que el partido confía "plenamente" en su inocencia. El secretario provincial popular, Francisco Salado, afirmó que la de ayer "es una opinión más del fiscal" y aseguró que "un informe de la Agencia Tributaria sobre el supuesto tráfico de dinero de empresas a los imputados manifiesta que no hay ninguna relación de ese dinero con las empresas".


Los mayores pagos
- En la operación Troya, el fiscal imputa a un total de 25 personas, 20 de las cuales son empresarios. Están implicados el alcalde y el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande.

- El pago más cuantioso, 168.545 euros, lo efectuó supuestamente Gumersindo Martín, que consiguió levantar 47 viviendas en una parcela que sólo admitía 22.

- Jorge Sánchez pactó pagar 120.000 euros para aumentar en 36 viviendas la edificabilidad de una parcela. El arquitecto municipal informó contra el proyecto

Moody's cree que España debería depender menos de la vivienda y la construcción (El Mundo)

Cree que el Gobierno tiene margen para controlar la dinámica de la deuda a medio plazo
La agencia de calificación de riesgo Moody's ha calculado que el Gobierno español afronta una situación de desafío, con la perspectiva de un menor crecimiento y un superávit fiscal que se transformará en déficit.

El analista de Moody's para España, Alexander Kockerbeck, señaló que, dada la posición favorable de las finanzas públicas en España, que le facilita al Gobierno el tiempo suficiente para reaccionar, la agencia considera que la Administración española tiene opciones para controlar la dinámica de la deuda a medio plazo.

"No obstante, también concluimos que son necesarias más reformas para hacer que la economía dependa menos de la vivienda y la construcción", resaltó Kockerbeck.

El pasado lunes, la agencia de medición de riesgo Standard & Poor's (S&P) situó bajo vigilancia con "implicaciones negativas" la calificación "AAA" de crédito soberano de divisa local y extranjera a largo plazo del Reino de España.

En un comunicado, S&P explicó que su decisión acerca del indicador "AAA", que representa la máxima calidad crediticia, refleja los "importantes desafíos que afronta la economía española al atravesar un periodo de crecimiento muy débil".

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó el martes al respecto que "no hay razones" para que la deuda pública española pierda la máxima calificación, poco después de que el ministro de Economía, Pedro Solbes, admitiera que si existe ese riesgo.

La creación de empresas inmobiliarias se redujo casi a la mitad en 2008 (El Mundo)

El informe de Axesor destaca que el año pasado se establecieron 16.106 empresas
La creación de empresas dedicadas a actividades inmobiliarias se redujo en un 46% en 2008, con 16.106 nuevas empresas, frente a las 29.637 que vieron la luz a lo largo de 2007, según el informe 'Estudio Radas Sectorial 2008' de Axesor.

Otros de los descensos más notables se registraron en los sectores de la construcción (-39%), estrechamente ligado a la promoción inmobiliaria, y de servicios financieros y seguros (-32%), afectado por el endurecimiento de las condiciones de crédito.

Según la empresa de suministro de información empresarial, se percibe un freno en la creación de empresas en aquellos sectores más expuestos a la crisis crediticia. "Las noticias más alentadoras llegan con el descenso en el número de disoluciones que experimentan muchos sectores, consecuencia de la madurez de las empresas que logran sobrevivir en momentos de crisis", concluye.

El Santander venderá pisos baratos entre sus empleados (El Mundo)

En septiembre de 2008 asumía activos de 2.700 millones procedentes de inmobiliarias
La filial sólo venderá viviendas nuevas, no las procedentes de desahucios

El banco que preside Emilio Botín pondrá a la venta pisos baratos entre sus empleados a través de Altamira Santander Real State, una comercializadora de viviendas que pretende dar salida al 'stock' inmobiliario que acumula el principal banco español, según publica el diario Expansión.

Las entidades financieras, en general, cada vez acumulan más activos inmobiliarios procedentes de promotoras en apuros. En septiembre de 2008 el Santander asumía activos de 2.700 millones de euros procedentes del sector inmobiliario.

El canje por parte de promotoras y constructoras de suelo, promociones construidas o a medio terminar y edificios de oficinas a cambio de cancelar deudas contraídas con las entidades financieras es habitual desde hace meses, pues evita que la morosidad de los bancos, cuyo índice se ha disparado un 1,87%, según el último informe de la Asociación Española de Banca.

A principios de enero, el Banco Santander adquirió a Martinsa Fadesa 85 inmuebles y suelos tasados en 186 millones. Entonces la promotora gallega, que prepara un segundo ERE que afectará al 60% de su actual plantilla, se deshizo de activos por valor de 458 millones de euros.

La filial inmobiliaria del Santander contará con seis delegaciones regionales -Norte, Levante, Sur, Centro, Noroeste y Canarias- y contará con 40 profesionales, en su mayoría empleados del propio banco. Manuel Castillo, ex directivo de Colonial, será su responsable.

Las viviendas que venderá Altamira serán siempre de nueva construcción y producto de canjes con promotoras, nunca pisos procedentes de desahucios. Los descuentos medios para los empleados rondan el 25% sobre el precio de mercado y la oferta también se extiende a los hijos de los empleados.

El Ministerio podría constatar hoy la primera caída 'oficial' de la vivienda desde 1993 (El Mundo)

En el año 1992, con el país inmerso en otra crisis económica, los pisos bajaron un 7,4%
Los últimos datos, desde los meses de julio a septiembre, reflejaron aumento del 0,4%

El Ministerio de Vivienda, que ofrece hoy, jueves 15 de enero, los datos sobre la evolución de los precios de la vivienda en el cuarto trimestre de 2008, podría confirmar, casi con toda probabilidad, que estas cifras arrojarán el primer descenso 'oficial' del coste del metro cuadrado en términos interanuales desde el año 1993.

Según datos del Ministerio de Fomento, con cifras de tasaciones hipotecarias, entre junio y septiembre de 1992 los precios descendieron un tímido 0,4%. Si bien, finalmente, cerraron el año con una caída del 7,4%. En adelante, los precios no recuperaron la senda de crecimientos positivos hasta el tercer trimestre de 1993.

Aunque la metodología de cálculo ha cambiado desde entonces, cuando además eran 12 y no 40 entidades de tasación las que suministraban información al Gobierno a través del Ministerio de Fomento, una caída de precios reflejaría una tendencia similar, aunque su recorrido es una incógnita.

Hasta la fecha, las estadísticas del Ministerio de Vivienda se 'resisten' a reflejar una caída de precios. Así, los datos del tercer trimestre reflejaron un incremento del 0,4%. Frente a estas cifras, el sector viene proclamando descensos muchos meses atrás. Incluso el Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntaba a una caída del 0,3% en el segundo trimestre del año 2008, que se amplió hasta el 3% en septiembre.

Desde Vivienda, se alude a que los datos recopilados por el Ministerio se refieren a valores de tasación suministrados por la patronal Atasa, mientras que los datos del INE y de otras fuentes del sector responden a valores de las transacciones recogidos en los documentos notariales, de ahí las diferencias.

Sin embargo, en recientes declaraciones, Corredor ya ha apuntado que la caída de los precios de la vivienda es un hecho y que, se tome la estadística que se tome, la coincidencia en que ésta es la tendencia del valor de los inmuebles es unánime.

Ahora, el interés se centra en saber qué descenso reflejarán los nuevos datos que se encargará de hacer públicos la directora general de Arquitectura y Política de Vivienda, Anunciación Romero. Por lo pronto, los primeros datos conocidos del año 2008, aportados por entidades de tasación, apuntan a caídas superiores al 5%.

En primer lugar, Sociedad de Tasación indica que el precio medio de la vivienda nueva en las capitales de provincia bajó un 6,6% en 2008 respecto al ejercicio anterior, situándose la de tipo medio en 2.712 euros por metro cuadrado construido.

Por su parte, la sociedad de tasación Tinsa, asociada a la patronal Atasa, apunta que el precio de la vivienda cayó incluso un 8,8% durante el pasado año, con descensos destacados en la costa mediterránea (-14,3%) y en áreas metropolitanas (-10,2%).

Critican al Consistorio por trato desigual en una obra pública. Ronda (SUR)

Los empresarios también lamentan que no se apueste por trabajadores de la localidad

Los representantes de 15 empresas de excavaciones y transportes de Ronda han presentado en el Ayuntamiento un escrito dirigido al alcalde de la ciudad, Antonio Marín, en el que le transmiten su "malestar" por lo que consideran un trato "desigual y discriminatorio" en el proceso de adjudicación de los trabajos de movimientos de tierra para la construcción del nuevo hospital comarcal, que se han iniciado esta semana. Los firmantes basan esta acusación en que a ellos no se les habría autorizado el descargar sus camiones en un paraje cercano a la obra, lo que les habría permitido rebajar el precio de la oferta presentada, mientras a la expresa adjudicataria sí que se le está permitiendo esta acción.

Además, han acusado al Ayuntamiento de no haberse preocupado de que al menos parte de los trabajos fuesen realizados por empresas rondeñas, con objeto de reducir el paro generado en el sector por la crisis, aunque se había anunciado en varias ocasiones que buena parte de las empresas contratadas serían locales. "Yo no veo ni una máquina de Ronda trabajando en la obra", afirmó Miguel López Domínguez, portavoz de las empresas firmantes. Los empresarios acusan al Consistorio rondeño de facilitar a la empresa adjudicataria la competencia con las empresas de Ronda "facilitándole un vacíe a pie de obra por vía de urgencia".

Junta y Ayuntamiento buscarán una solución al edificio de la calle Cabriel (Málaga Hoy)

Las administraciones competentes estudian una expropiación del inmueble, mientras que los técnicos ya han visitado el edificio y trabajan en el primer diagnóstico

El edificio de Cabriel 27 continúa inundado de aguas fecales tras la rotura de un bajante el pasado mes de diciembre, pero ya hay fecha para una reunión entre las administraciones competentes (Junta de Andalucía y Ayuntamiento), que tratarán de buscar solución al conflicto. Llevan años pasándose la patata caliente, pero la situación ya es insostenible. Así, la reunión será mañana y se estudia la expropiación del inmueble, aunque los técnicos de la Junta han visitado el inmueble y trabajan en el primer diagnóstico.

Desde la Junta critican al Consistorio por "dejadez municipal". Pero desde la Casona del Parque alegan numerosas actuaciones, que han topado con un inmueble, propiedad del Gobierno autonómico, sin comunidad de propietarios (sólo siete de los 53 vecinos del edificio lo ocupan de forma legítima, según el alcalde) y víctima de numerosos actos vandálicos.

La confrontación parte de un convenio firmado entra ambas administraciones, por el cual la Junta debía rehabilitar unas viviendas de las Flores, y el Consistorio la cornisa norte de Palma-Palmilla, donde ha intervenido en 61 de los 88 bloques que comprende. Con los vecinos de Cabriel 27, según aseguran desde el Ayuntamiento, se han celebrado 45 reuniones desde noviembre de 2001.

La solución definitiva no ha llegado, pero inversiones sí se han realizado. Así, el Ayuntamiento invirtió 126.000 euros en reparar la instalación eléctrica del cuadro de contadores y otras zonas comunes. Hoy está todo destrozado. Posteriormente, el edificio padeció un incendio en marzo de 2007, donde el Consistorio volvió a intervenir. Entonces, los vecinos debían aportar 367 euros, pero sólo ingresaron esta partida 11 de los habitantes del inmueble.

Desde el Proyecto Hogar, en la mesa de trabajo de La Palma (julio de 2007), todas las administraciones afectadas junto con los vecinos se comprometieron a buscar la forma de regularizar las viviendas de la barriada. Pero nunca llegó. Desde diciembre de 2007, se ha intentado dotar de electricidad legal al bloque, pero sin comunidad de propietarios ha sido un imposible. Este mismo mes, el Consistorio ha constatado que la mayoría del cableado del bloque ha sido sustraído al igual que el pladur que cubría dichas líneas en cada planta.

El diseño del bulevar sobre el AVE queda supeditado a la obra de Carretera de Cádiz (Málaga Hoy)

La reducción de tráfico de la Avenida Velázquez condiciona cómo será el nuevo eje

Los proyectos de reurbanización de Carretera de Cádiz y de construcción de un bulevar de acceso a la ciudad sobre el soterramiento de las vías del AVE irán de la mano. Los responsables del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga han optado ahora por poner en común los estudios de tráfico que se elaboran para definir el diseño de estas dos macroactuaciones urbanas y precisar la ambición con la que se intervendrá en cada uno de estos espacios.

En concreto, según explicó a este periódico el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, el elemento subordinado en esta ecuación será la nueva entrada planteada sobre el ferrocarril, cuya forma, número de carriles, espacios verdes y peatonales no se concretarán hasta que se sepa qué tráfico podrá circular por las avenidas Velázquez y Héroe Sostoa, vías que serán objeto de renovación aprovechando la construcción de la línea 2 del Metro (La Malagueta-Martín Carpena).

Esta determinación invalida las primeras previsiones municipales respecto a cómo iba a ser el bulevar que se va a ejecutar sobre el soterramiento. De acuerdo con éstas, la intención era la de cubrir las vías del ferrocarril en su entrada a la ciudad con una calzada en cada dirección, cada una compuesta por dos carriles destinados al tráfico privado y uno al paso exclusivo de autobuses.

A esta primera sección se agregarían viales laterales a través de los cuales garantizar una adecuada conexión con las barriadas existentes en la zona y que durante décadas han estado separadas por el paso del tren. Asimismo, la actuación, con un presupuesto estimado en 28 millones de euros, preveía unos 40.000 metros cuadrados de espacios peatonales y zonas verdes.

Todo ello, sin embargo, queda ahora condicionado a la intervención que finalmente acuerde el equipo de gobierno para Carretera de Cádiz, puesto que, según admitió el concejal del PP, todo el tráfico que se elimine en el eje compuesto por Avenida Velázquez y Héroe Sostoa deberá ser trasladado a la nueva vía de entrada a la ciudad. La posición actual del Ayuntamiento respecto a la reurbanización de la zona afectada por las zanjas de la línea 2 del ferrocarril urbano, no obstante, insiste en mantener abiertos al tráfico al menos dos carriles por sentido, de los cuales uno podría quedar reservado al transporte público.

En cualquier caso, desde el mismo momento en que se planteó la posibilidad de adecuar este espacio de la ciudad, en el que habitan unas 100.000 personas, el Ayuntamiento subrayó que no se daría paso alguno en esta obra hasta que se dispusiese de un eje alternativo que permitirse minimizar el efecto que el cierre de parte de Carretera de Cádiz tendría sobre la circulación de la ciudad.

Una multinacional busca suelo en Málaga para una factoría de coches (Málaga Hoy)

Zahav Motor, firma de capital chino-iraní, contacta con el Ayuntamiento para ver la disponibilidad de terrenos · Prevé 50 millones de inversión y crear 540 empleos
La multinacional Zahav Motor, con capital chino-iraní y especializada en la construcción de todoterrenos, ha puesto sus miras en Málaga capital como posible espacio en el que implantar una factoría de montaje de vehículos que daría servicio a Europa, norte de África y medio oriente. Así lo confirmaron ayer varias fuentes consultadas por este periódico, después de que se supiese que la firma estaba reconsiderando su primera idea de asentarse en el entorno de la Bahía de Cádiz, como inicialmente se había informado.

Tras constatar la escasez de suelos en la provincia vecina, representantes de Zahav Motor mantuvieron recientemente un encuentro con responsables del Ayuntamiento de Málaga, a los que demandaron información y colaboración en la búsqueda de una parcela de terreno industrial en la ciudad que se adecuase a sus intereses.

Si bien en la cita no se precisaron numerosos detalles sobre el proyecto empresarial que pretende desarrollar la firma automovilística, las fuentes precisaron que la necesidad de suelo expuesta por los privados fue de unos 200.000 metros cuadrados, extensión de difícil localización dada la escasez de espacios con esta calificación que hay en la capital. Este extremo fue confirmado por el propio concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, quien dijo desconocer el supuesto interés de la multinacional al ser preguntado por ello.

En esta primera toma de contacto, los representantes del equipo de gobierno del PP optaron por derivar el asunto a un nuevo encuentro con los responsables de la Gerencia de Urbanismo, al objeto de precisar las posibles opciones de ubicación.

La disposición de Zahav Motor a impulsar una iniciativa de este tipo en el actual escenario de crisis pilló por sorpresa tanto a las fuentes municipales como empresariales consultadas por este periódico, que, no obstante, saludaron el posible asentamiento en Málaga de una planta de estas características. Según precisaron, la idea que pretende desarrollar la multinacional no apunta a la construcción de vehículos, sino al montaje de piezas ejecutadas en China.

Málaga parece convertirse de este modo en alternativa al planteamiento original de Zahav Motor, que había mostrado su interés por localizar sus nuevas instalaciones en la provincia de Cádiz, una decisión que llegó a anunciar a mediados del pasado año el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo. El responsable autonómico aseguró la instalación de esta firma en la Bahía de Cádiz, con una inversión prevista de 50,7 millones de euros y la creación de 540 empleos. Vallejo, que llegó a afirmar que la instalación se haría de forma "inmediata", precisó que la multinacional cuenta con centros de producción en China, Irán y Rusia.

A finales de año, la propia Administración autonómica rectificaba la contundencia del anuncio y precisaba que debido a la actual crisis económica la instalación de la empresa en Cádiz quedaba en suspenso, extremo que fue desmentido por la parte privada.

Desde la Consejería de Innovación se insiste en que, de acuerdo con la información de la que dispone, no hay novedad en la apuesta por la provincia de Cádiz, extremo que queda rebatido con la reciente reunión de Zahav con responsables del Ayuntamiento de Málaga.

No obstante, Málaga no es el único Ayuntamiento a cuyas puertas han tocado desde Zahav. Ayer, Diario de Jerez constataba los contactos mantenidos por miembros del Consistorio jerezano con la compañía de automóviles, al objeto de que se asiente en el municipio, donde hay una bolsa de unos cinco millones de metros cuadrados disponible. En el caso de la capital malagueña, el número de suelos susceptibles de ajustarse a las necesidades de Zahav es casi nulo, a la espera de que sea tramitado de manera definitiva el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad, a lo que le quedan aún algunos meses.

El fiscal pide juzgar al alcalde de Alhaurín el Grande por corrupción urbanística. (Málaga Hoy)

La acusación pública solicita inculpar a Juan Martín Serón por cohecho, blanqueo y delito urbanístico · También reclama enjuiciar por el caso Troya a su esposa, al edil de Urbanismo y a una veintena de empresarios
La Fiscalía de Málaga considera que existen indicios de delito en la actuación de Juan Martín Serón (PP) al frente del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, investigada en la operación Troya contra una trama de corrupción urbanística, y ha pedido al instructor del caso que mantenga la imputación contra el regidor y otras 24 personas, es decir, que transforme las diligencias de investigación en un procedimiento abreviado. Además de Martín Serón, el Ministerio Público solicita la inculpación de su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra; de su esposa, María Teresa Santos; de dos técnicos municipales; y de una veintena de promotores y empresarios de la construcción.

En un escrito presentado en el juzgado número 2 de Coín, la Fiscalía sostiene que en el Consistorio de Alhaurín el Grande "funcionaba una trama" liderada por el alcalde y el concejal que tenía como objetivo "un enriquecimiento personal ilícito". Lo que hacían, presuntamente, era ofrecer más edificabilidad en las construcciones a cambio de la "oportuna" retribución económica.

Esos pagos están "indiciariamente" acreditados en anotaciones manuscritas y en los archivos informáticos que fueron intervenidos en los registros practicados cuando estalló el caso, en enero de 2007. Según la Fiscalía, la ilegalidad estaba "tasada": el metro cuadrado extra de edificabilidad se pagaba a 80 euros y cada vivienda adicional, a 6.000 euros.

Los dos cargos públicos dirigían la presunta trama de corrupción urbanística y el concejal de Urbanismo era quien "controlaba" tanto los pagos efectuados como los que debían ejecutar los empresarios a cambio de obtener licencias ilegales. Dos asesores jurídicos del Ayuntamiento están imputados en el caso por emitir informes favorables pese a saber que las obras proyectadas "no se ajustaban a la normativa urbanística".

El Ministerio Público solicita imputar al alcalde de Alhaurín el Grande por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y delito urbanístico y al concejal de Urbanismo, por cohecho y prevaricación urbanística, los mismos cargos que reclama para los empresarios que supuestamente pagaron para lograr favores del gobierno local. La Fiscalía enumera una docena de presuntos sobornos, realizados o pactados, que superan los 660.000 euros a cambio de licencias ilegales otorgadas, casi siempre, a través de decretos firmados por el concejal de Urbanismo. Los pagos varían y oscilan, según el caso, entre los 6.000 y los 168.545 euros.

Esta cantidad, por ejemplo, habría sido abonada por un promotor a cambio de una licencia de obras que le permitía construir 47 viviendas en una parcela en la que, según el PGOU de Alhaurín el Grande, sólo se pueden levantar 21,95. Es decir -sostiene la Fiscalía-, se produjo un incremento de edificabilidad de casi el 200% respecto al planeamiento vigente.

En todos los casos, en el expediente administrativo obraba un informe favorable de alguno de los asesores jurídicos imputados, a pesar de que el arquitecto municipal -estuvo imputado en el caso, pero los cargos se archivaron hace unos meses- había emitido una opinión desfavorable.

Presuntamente, los pagos de los empresarios a los cargos públicos se habrían "ocultado" a través de la empresa Conextran S. L., una sociedad con una relación "muy fluida" con el Ayuntamiento y que en 2004 facturó al Consistorio algo más de 404.000 euros. La Fiscalía pide que el administrador único de esta sociedad se imputado por blanqueo.

Otro caso que se relata es el de un empresario al que se le exigió "sin éxito" el pago de 122.000 euros como contrapartida a una licencia de obras ilegal. Estos hechos estarían acreditados por la declaración del propio afectado y por las grabaciones telefónicas que habían sido autorizadas por el juzgado.

Comienza la segunda fase de la restauración de las canteras de Alhaurín. Alhaurín de la Torre (La Opinión)

Las canteras de Pinos y Taralpe de Alhaurín de la Torre actualmente en proceso de restauración han comenzado la segunda fase del plan de reforestación correspondiente a la segunda anualidad.
En la cantera de Pinos las actuaciones se desarrollarán en una superficie de 41.861 metros distribuida en 18 bancos, donde se plantarán 3.910 árboles y arbustos y se esparcirán 189 kilos de semillas de distintas especies vegetales, bajando la cota de altura de la restauración a 340 metros sobre el nivel del mar.
Por otro lado, la restauración de la cantera de Taralpe continuará por debajo de la zona ya restaurada y se bajará la cota a 490 metros. Aquí se crearan cinco nuevos bancos en una superficie de 39.674 metros cuadrados, donde se plantarán 10.359 árboles de diferentes especies y se esparcirán 38,6 metros cúbicos de semillas, además de tierra vegetal y abono, al igual que en la cantera de Pinos.
Está previsto que la próxima primavera la sierra de Alhaurín de la Torre comience a recobrar el color verde que perdió hace años y que sea visible desde el pueblo.
Las abundantes lluvias de otoño e invierno están ayudando a la restauración de las canteras. En la primera fase, se han plantado 1.680 ejemplares de árboles y arbustos en la zona de Pinos y otros 2.503 en la zona de Taralpe.
El plan de restauración de la sierra de Alhaurín de la Torre abarcará siete años prorrogables a diez y aún queda pendiente el inicio de la restauración otras dos canteras.

La Junta pide más implicación de los consistorios de la Costa para la construcción de VPO (La Opinión)

El consejero de Vivienda solicita una mayor colaboración en la disposición de suelo z En Málaga se han ejecutado 8.577 actuaciones, el 12,3% del total

EUROPA PRESS. SEVILLA Los Ayuntamientos de la Costa de Sol deben colaborar más con la Junta de Andalucía a la hora de aumentar las actuaciones de disposición de suelo y promoción de VPO. Lo demandó ayer el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, quien explicó que el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 se ha ejecutado en su primer año de vigencia un 135 por ciento hasta alcanzar las 69.500 actuaciones, de ellas 14.200 calificaciones provisionales de VPO.
El consejero precisó en rueda de prensa que en total, el Plan de Vivienda ha logrado ejecutar 69.500 actuaciones en materia de vivienda protegida, rehabilitación, fomento del alquiler y suelo, lo que supone un grado de ejecución del 135 por ciento sobre el objetivo fijado de 51.450 actuaciones para este año.
Por provincias, de las 69.500 actuaciones llevadas a cabo, 11.358 tuvieron lugar en Almería, 11.315 en Sevilla, 9.243 en Cádiz, 9.399 en Córdoba, 8.577 en Málaga, 7.192 en Jaén, 6.553 en Granada y 5.863 en Huelva.

Déficit en Málaga. En ese sentido, Espadas mostró su preocupación respecto a la situación de la provincia malagueña. "Hay un déficit de oferta frente a una gran demanda", de manera que "de los 15 ayuntamientos andaluces con más demanda de vivienda protegida, nueve se ubican en la Costa del Sol", en concreto Benalmádena, Estepona, Marbella, Rincón de la Victoria, Fuengirola, Málaga capital, Mijas, Torremolinos y Alhaurín de la Torre. Por ello, el consejero solicitó a los ayuntamientos de estos municipios una mayor colaboración a la hora de aumentar las actuaciones de disposición de suelo y promoción de viviendas de protección oficial.
"Esta petición no se hace por razones políticas sino por la insuficiente oferta de VPO y por la gran demanda que existe en estas zonas", aseveró Espadas.

Cifra histórica. El consejero mostró la necesidad de "transmitir confianza a un sector que lo está pasando mal" y recordó que para 2009 el Plan prevé 24.000 calificaciones, lo que supondría "la cifra más alta de calificación de VPO de toda la historia de Andalucía".
No obstante, Espadas no quiso lanzar un mensaje "excesivamente optimista" y apuntó que "no se puede bajar la guardia", de forma que "hay que trasladar al sector que seremos capaces de conseguir los objetivos y es más necesaria que nunca la colaboración de todos".
En materia de financiación del Plan, el consejero aseguró que las entidades financieras siguen analizando las solicitudes de crédito y apuntó la existencia de "demoras" de carácter puntual que se han conocido en algunas delegaciones provinciales, ante las que la Junta está mediando para analizar cada caso, aunque "no tenemos quejas de los promotores por falta de crédito ni negativas a sus peticiones".
Agregó en ese sentido que está previsto que las delegaciones provinciales celebren comisiones de seguimiento en cada provincia con las entidades financieras para analizar cada proyecto en cada zona y ver si hay o no dificultades en la obtención del crédito.
En cuanto al grado de cumplimento del plan, Espadas destacó que las 14.202 calificaciones provisionales suponen "la cifra de VPO más alta registrada en Andalucía desde 2001", tras lo que resaltó la evolución ascendente de las calificaciones a partir de la aprobación del Plan de Vivienda en junio.

El IMV rehabilitará las 140 viviendas de Los Limoneros (La Opinión)

Este edificio es el más antiguo de la propiedad municipal y tiene sus casas en régimen de alquiler z Prevén vender los pisos a los inquilinos tras el arreglo

MIGUEL FERRARY. MÁLAGA El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) ha iniciado los trámites para rehabilitar el edificio de viviendas sociales ´Los Limoneros´, situado justo en la salida de Málaga por la avenida de Jacinto Benavente. Este proyecto está dotado con una inversión de unos 355.000 euros y permitirá la mejora de las zonas comunes de un inmueble con 24 años de antigüedad.
Las obras tendrán una duración de cuatro meses y medio y se centrarán en la mejora de las zonas y servicios comunes. Así, los trabajos permitirán el arreglo de la cubierta, así como la modernización del sistema eléctrico, la red de canalizaciones del saneamiento, bajantes y los ascensores, que se encuentran en mal estado de conservación. Fuentes del IMV señalaron que las escaleras y pasillos comunes también serán objeto de los trabajos de mejora.
No obstante, el gerente del IMV, José María López Cerezo, reconoció que en estos trabajos de rehabilitación "se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan". En este sentido, apuntó que durante las obras suelen detectarse problemas nuevos que también se deben resolver, por lo que no descartó que el plazo de ejecución y el presupuesto aumenten conforme avancen los trabajos de arreglo.
Este inmueble es el más antiguo de los edificios que son propiedad del Instituto de la Vivienda, con 140 viviendas en régimen de alquiler para familias con escasos recursos. Los trabajos de arreglo permitirán la mejora de la calidad de vida en este edificio, que cuenta con numerosos problemas de mantenimiento en las zonas comunes.
El IMV prevé iniciar los trámites para la venta de estas viviendas a sus inquilinos una vez que se termine su rehabilitación, ya que han pasado veinte años desde que se adjudicaron. Las obras que se van a acometer dejarán el edificio en óptimas condiciones para que el cambio de propiedad y los vecinos se hagan cargo de su mantenimiento futuro.
La convocatoria del concurso para la adjudicación de las obras está pendiente de su publicación oficial. A partir de ese momento se abrirá un plazo de 26 días para presentar las ofertas y se iniciará el proceso de selección de la mejor oferta. Eso permitirá que las obras puedan comenzar para el mes de mayo, como muy tarde, y que se terminen antes de final de año.
Esta promoción es una de las primeras que construyó el IMV y que están todavía dentro del parque de viviendas de su propiedad. Los problemas que tiene este edificio están relacionados con el propio mantenimiento del inmueble y su antigüedad, que obligan a renovar sus instalaciones eléctricas, saneamientos y ascensores como principales elementos.

Los vecinos de la calle Calvo, realojados en pisos de alquiler (La Opinión)

Cinco de las siete familias ya han ocupado las viviendas gracias a las gestiones del IMV z Los pisos en alquiler serán costeados por la Junta

ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA Fue una auténtica ´pesadilla antes de Navidad´ la que vivieron los 21 vecinos de la calle Calvo, desalojados el 18 de diciembre de su vivienda, luego demolida, en la que algunos llevaban viviendo de alquiler más de 30 años.
El pasado fin de semana, cinco de las siete familias afectadas volvieron a respirar aliviadas después de que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) les realojara en pisos de alquiler en Huelin, La Luz, Armengual de la Mota, La Goleta y la plaza de Bailén.
La sexta familia está a la espera de la documentación para ocupar el piso, y compartirá espacio con la séptima familia, por problemas de salud, según explica Miguel Ángel Molina, portavoz vecinal.
La familia Molina durmió la noche del pasado martes, por primera vez, en su nuevo piso, situado en la calle Armengual de la Mota.
"Ahora por lo menos podemos reir", cuenta Miguel Ángel Molina, mientras su mujer, Charo Gutiérrez, explica que la nueva casa "es mucho más soleada". El matrimonio ha elegido el piso de Armengual de la Mota por la proximidad del colegio para sus hijos, una joven de 18 años y un niño de 11.
"Los niños están encantados, los tenía repartidos algunos días en casa de mis hermanas porque hemos tenido que dormir, tras el desalojo, los cuatro en dos camas".
La familia ha estado, desde el día en que su casa fue derribada por Urbanismo, en casa de los padres de Charo. "Se estaba bien pero el problema, para nosotros y para mis suegros, era la falta de intimidad", explica Miguel Ángel Molina, que trabaja en una empresa de transportes en el polígono El Viso. Su mujer, Charo, que trabaja de limpiadora en el Hospital Clínico, cuenta la buena impresión que le ha causado el alcalde. "Llegó a pedirnos disculpas porque hubo una confusión y eso me impresionó mucho".
Por su parte, Miguel Ángel Molina explica que también se llevó "una sorpresa", al tratar en persona con Francisco de la Torre, después de un pleno en el que Miguel Ángel intervino y estuvo lleno de tensión: "Me ha demostrado que es una persona en condiciones".
El matrimonio Molina pide que el compromiso verbal de que los vecinos, tras el realojo, accedan a viviendas ´definitivas´ de alquiler, "nos lo pongan por escrito".

Ayuntamiento. El concejal de la Vivienda, Diego Maldonado, se congratula de que los vecinos estén satisfechos. "Hemos intentado estar al lado de ellos y buscarles una solución". Maldonado destaca que tras el realojo, el IMV se sentará con la Junta "a la que le corresponde el abono de los gastos del realojo". El concejal ha asegurado que "el final de la historia" será la salida de los vecinos pero con destino a "viviendas definitivas, que serán de la Junta o del IMV, en régimen de alquiler y en la mayoría de las ocasiones con opción a compra".
Mientras, el concejal de IU Antonio Serrano ha señalado que "se está haciendo justicia", aunque ha lamentado que los vecinos hayan pasado las Navidades "durmiendo en un sofá" y no realojados por el Ayuntamiento.

Promotores prevén un gran centro comercial a la entrada de Cártama (SUR)

El complejo ocuparía 40.000 metros cuadrados en el solar de Coinsuca Será necesario recalificar los terrenos
El solar donde antes se ubicaba la conocida como fábrica del peste de Cártama (Coinsuca) podría dejar paso a un gran centro comercial de 40.000 metros cuadrados. Es lo que tiene en mente un grupo de promotores que han plasmado su idea en un proyecto que ya han presentado al Ayuntamiento.
El concejal de Urbanismo, Jorge Gallardo, indicó que el futuro centro pertenecería a una gran firma de grandes almacenes, aunque recalcó que todavía se está en negociaciones. Para autorizar esta actuación, el Ayuntamiento tendrá que aprobar una innovación de las normas urbanísticas para que los terrenos pasen a ser calificados como de uso comercial.
En este sentido, Gallardo adelantó que ya se ha realizado el trámite más complicado: la adaptación de las normas subsidiarias de Cártama a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Se trata de un proceso que están impulsando muchos ayuntamientos de la provincia debido al retraso de los planes generales, ya que es necesario adaptar la normativa municipal de urbanismo a la nueva ley para poder realizar modificaciones de elementos y recalificar suelo.
El edil indicó que dicha adaptación ya se encuentra en exposición pública desde el 30 de diciembre y ahora habrá que esperar para ver si se presentan alegaciones y, posteriormente, llevar a cabo la aprobación definitiva. Sólo entonces el Ayuntamiento podrá realizar innovaciones del suelo, tal y como exige este proyecto.
Parque agroalimentario
Gallardo no quiso adelantar más detalles sobre esta actuación, aunque destacó que dicha zona comercial se emplazaría en un sector importante, a la entrada del pueblo y donde ya se están construyendo varias urbanizaciones y las primeras instalaciones de la ciudad deportiva. «Si se completan todos los trámites a finales de marzo podríamos hacer la modificación de elementos necesaria», agregó.
Además de esta zona comercial, el Consistorio cartameño pretende clasificar como industrial el sector donde está previsto el futuro parque agroalimentario una vez que se complete la adaptación de las normas subsidiarias. Gallardo se mostró confiado en que las alegaciones que se presenten sean mínimas

El gobierno tripartito aprobará hoy en pleno el nuevo PGOU de Torrox, que prevé 12.800 casas (SUR)

El documento contempla dos polígonos industriales y 15 kilómetros de carril-bici

Viviendas: Prevé 2.200 nuevas casas, que se sumarían a las 10.600 del plan actualmente en vigor.
Zonas industriales: Contempla dos grandes polígones, entre el Pueblo y la Costa, con 500.000 metros.
Zonas deportivas: Tres nuevos complejos, en El Morche, Los Llanos y La Granja.
Áreas verdes: Un total de 400.000 metros cuadrados.
Proceso: El pleno debatirá hoy la aprobación inicial del nuevo PGOU.El salón de plenos del Ayuntamiento de Torrox acogerá hoy una sesión de carácter extraordinario en la que se debatirá la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad, que contempla la ejecución de un máximo de 12.800 nuevas viviendas, de las que 10.600 pertenecen al documento actualmente en vigor y que aún están por desarrollar. De esta forma, el nuevo documento urbanístico será previsiblemente aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno de gobierno tripartito (IU, PSA, PIU).
En la comisión informativa celebrada el pasado 30 de diciembre, el PSOE votó en contra y el único edil del PP se abstuvo. El concejal popular, Manuel Martín, avanzó ayer que hoy tiene previsto preguntar al gobierno sobre una serie de aspectos del nuevo PGOU, es especial el capítulo económico y las inversiones necesarias para su desarrollo. «En líneas generales estamos de acuerdo con la propuesta, pero queremos saber cómo se pueden plantear las mismas infraestructuras, o incluso más, de las que ya planteó el PSOE en 2007», dijo.
Este nuevo PGOU se aprobará hoy de manera inicial después de que, tras la entrada en el Ayuntamiento del tripartito, se revocara la aprobación inicial llevada a cabo en 2007 por la anterior corporación municipal, liderada por el socialista Francisco Muñoz. El nuevo texto cumple «escrupulosamente» con lo recogido en las normativas superiores de ámbito andaluz, como la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y el Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca de la Axarquía (POTA), según destacó el concejal de Urbanismo, José Luis Pérez Moreno (IU).
La alcaldesa, Toñi Claros (IU), resaltó la «apuesta por el respeto al medio ambiente», con la creación de dos nuevas zonas verdes, que suman 400.000 metros cuadrados. Además, se prevé la creación de una red de 15 kilómetros de carriles bici, que conectarían todo el término municipal. Habrá además un vial intermedio de este a oeste y dos grandes zonas industriales. Se prevén tres complejos deportivos, un polo de dinamización turística, tres estaciones de autobuses y la posibilidad de construir aperos de hasta 40 metros cuadrados.

IU pide la rehabilitación del convento de San Andrés para evitar su ruina (SUR)


El portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Málaga, Pedro Moreno Brenes, acusó ayer al PP de ser el «responsable del abandono» del convento de San Andrés, ya que -a su juicio- «permite su deterioro y no hace nada para evitar su ruina». Por ello, exigió al equipo de gobierno «una rehabilitación integral de lo que queda del convento para que no se caiga».
Moreno Brenes recordó que este edificio histórico es de propiedad municipal, por lo que el Consistorio «debe velar por su conservación y mantenimiento» y, sin embargo, este inmueble «continúa en estado ruinoso ocho años después de que se incluyera en el catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz con la categoría de monumento».
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, aclaró que el Consistorio es el único que está apostandopor la rehabilitación de este equipamiento y lamentó el desinterés de la Junta de Andalucía en apoyar y colaborar en este proyecto.

El fiscal cree que Martín Serón y su mujer ingresaron 151.000 euros sin justificar. Alhaurín el Grande (SUR)


El Ministerio Público pide enjuiciar al alcalde de Alhaurín el Grande por blanqueo, cohecho y delito urbanístico Imputa también al edil de Urbanismo y a otras 23 personas

El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y su esposa,Teresa Santos, ingresaron presuntamente en diferentes cuentas un total de 151.000 euros en efectivo de «origen desconocido» y compraron tres fincas por las que desembolsaron más de 16.000 euros, «sin recurrir a financiación externa». Así lo afirma el fiscal, que considera que el regidor y el edil de Urbanismo, Gregorio Guerra- ambos del Partido Popular- dirigían, presuntamente, la trama de corrupción urbanística destapada en el Ayuntamiento conocida como 'caso Troya', con la que se «enriquecieron de forma ilícita». Por ello, el Ministerio Público ha pedido al juez instructor el enjuiciamiento de Martín Serón por delitos de cohecho, blanqueo de capitales y prevaricación urbanística.
En el escrito dirigido al juzgado, la Fiscalía inculpa formalmente también al concejal de Urbanismo por prevaricación urbanística y cohecho y a la mujer de Martín Serón, por blanqueo de capitales. En el 'caso Troya' se imputa además a otras 22 personas, entre las que figuran dos asesores jurídicos municipales y veinte empresarios y promotores que pagaron distintas sumas de dinero con el fin de obtener licencias para sus construcciones, que excedían la edificabilidad fijada de planeamiento municipal.
Según figura en el escrito de la Fiscalía, «los pagos están acreditados» por las anotaciones manuscritas y la información obtenida de los archivos informáticos que fueron intervenidos en los registros policiales.
La trama estaba dirigida por el alcalde y el concejal de Urbanismo, según la Fiscalía. Éste último era quien «controlaba y contabilizaba, tanto los pagos efectuados como los que debían efectuar los promotores y empresarios a cambio de licencias ilegales», que oscilaron entre los 120.000 y los 6.000 euros, añade el escrito.
La empresa Conextran y su administrador único, que es un militante del PP imputado por blanqueo de capitales, se habría utilizado, según afirma el Ministerio Público, para «ocultar los sobornos pagados» por los empresarios a las autoridades. Así esta entidad experimentó «un notable incremento» en la contratación con el Consistorio en 2004, cuando Martín Serón consigue la mayoría absoluta, año que factura más de 400.000 euros.
Entre 2003 y 2006, el alcalde y su esposa, Teresa Santos, ingresaron en distintas cuentas un total de 151.000 euros en efectivo de «origen desconocido», asegura la Fiscalía, y adquirieron tres fincas urbanas por importe de 16.000 euros «sin recurrir a sus cuentas bancarias ni a la financiación externa».
En el registro practicado en enero de 2007 en el domicilio de Juan Martín Serón, la policía intervino 64.780 euros en efectivo, mientras que en su despacho en el Ayuntamiento se hallaron 7.000 más.
El primer edil de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, mostró ayer su rechazo al escrito del fiscal e insistió en que el 'caso Troya' era un movimiento político impulsado por el PSOE para desacreditarle y desalojarle de la Alcaldía. En declaraciones citadas por Efe, Martín Serón afirmó que no piensa dimitir y que seguirá en su puesto «se pongan como se pongan, mientras no haya sentencia judicial» y «contra viento y marea».
«Es un escrito (el del fiscal) bastante lamentable y que no obedece a ningún paso judicial. Dudo mucho del estado de derecho y de la independencia de la Fiscalía cuando veo estas cosas», manifestó a este periódico el primer edil, quien pidió celeridad en el proceso, dado que ahora se cumplen dos años desde las detenciones. El Ayuntamiento de Alhaurín emitió un comunicado en el que se acusaba al nuevo fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, de estrenarse en el cargo «con un movimiento reprobable desde el punto de vista democrático, con una maniobra sobre un asunto de persecución política sin precedentes».
Petición de archivo
Además, se pedía el archivo de «todo este montaje que se inicia con una conspiración política por parte del PSOE de Alhaurín el Grande y un delincuente que actualmente cumple condena». «La Fiscalía debería haber tenido en cuenta los dos últimos informes que se han incorporado a este caso: el sobreseimiento de la imputación del arquitecto municipal y otro de la Agencia Estatal Tributaria que concluye que no hay ninguna relación entre la empresa que supuestamente blanqueaba capitales y ninguna de las personas imputadas», añade la nota.
Por otro lado, el PSOE exigió la dimisión de Martín Serón y recordó que así lo hizo el alcalde socialista de Estepona tras su imputación en el 'caso Astapa'. El secretario provincial del partido, Miguel Ángel Heredia, pidió al presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, que expulsara al regidor de sus filas. Por su parte, el secretario provincial del PP, Francisco Salado, se mostró confiado «plenamente» en la inocencia del primer edil «porque todos los pasos de la instrucción habían apuntado al archivo de la causa».

Los vándalos se ceban con la solería de cristal del puente de la Esperanza (SUR)

Existen varios puntos en los que faltan las losetas y se observa el cauce del río El Ayuntamiento anuncia su arreglo

El puente de la Esperanza, uno de los más utilizados por peatones y vehículos en el Centro de la ciudad, ofrece una imagen lamentable debido a la acción de los vándalos y a la falta de arreglo del Ayuntamiento. Numerosos malagueños han mostrado a este periódico las quejas por el deterioro que ha experimentado en los últimos meses el pavimento del puente, sobre todo en lo relativo a unas baldosas de cristal que separan los carriles para coches y viandantes.
Según las denuncias vecinales, los gamberros aprovechan las horas nocturnas para romper las citadas losetas de cristal, provistos con palos o barras de metal, ya que su grosor dificulta el que puedan ser perforadas fácilmente.
Julia, propietaria desde hace 14 años del comercio de ropa Edelweiss, junto al puente, manifestó que la zona ha sufrido un sensible deterioro en los últimos años, sobre todo desde que derribaron los edificios de la calle Pasillo de Atocha, en la que está previsto un proyecto hotelero que, por el momento, ha sido rechazado por la Junta de Andalucía. «Algunos vecinos han visto cómo los vándalos rompían las losetas por la noche. Eso es hacer daño por hacerlo simplemente», afirmó Julia.
Según esta comerciante, no deberían haber colocado baldosas de cristal en el puente ya que, a su juicio, no aportan nada y sólo sirven para ser objeto de la acción indiscriminada de los gamberros.
Medida provisional
Este periódico pudo comprobar en la mañana de ayer cómo faltaban media decena de estas losetas, y cómo el Ayuntamiento ha tapado provisionalmente algunas partes del puente con una chapa y un tablero de madera para evitar que se produzcan accidentes.
No obstante, algunos de los huecos que dejan los cristales -en los que puede entrar el pie de una persona- no están cubiertos y permiten ver el fondo del cauce del río.
Fuentes municipales consultadas indicaron que el personal del Ayuntamiento está pendiente de tapar aquellos huecos que queden abiertos por la acción de los vándalos, y anunciaron que -en el plazo de un mes- se acometerá una reparación integral del puente, que también incluirá otras mejoras.
Por otro lado, la propietaria de la tienda de ropa junto al puente agregó que el Consistorio debería dar también una solución a la acera sur por la que, en principio, no estuvo permitido el paso de peatones al tener una anchura de apenas treinta centímetros. «Para impedir el paso pusieron unos bolardos, que luego retiraron, por lo que todo el mundo pasa por esa acera a escasos centímetros de los coches que circulan por el puente. Deberían ampliar la acera porque cualquier día puede ocurrir un accidente», apostilló.