sábado, 28 de febrero de 2009

Detenido el alcalde de Alcaucín en el primer caso de corrupción urbanística en la Axarquía. Alcaucín (SUR)

Hay otros doce arrestados, entre ellos las dos hijas del regidor y un responsable de Arquitectura de Diputación Están acusados de recibir comisiones por obras ilegales.

Nuevo golpe a la corrupción urbanística en la provincia de Málaga. En esta ocasión el epicentro se sitúa por primera vez en la comarca de la Axarquía, en el pequeño municipio de Alcaucín. Su alcalde, el socialista José Manuel Martín Alba, y otras doce personas, entre ellas, las dos hijas del regidor, un responsable del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga y varios promotores inmobiliarios (uno de ellos de Huelva), durmieron ayer en los calabozos tras ser detenidos en el marco de la 'operación Arcos', desarrollada por la Guardia Civil y dirigida por la Fiscalía Anticorrupción.
La trama destapada ayer se dedicaba a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable, según la Benemérita.
Los empresarios implicados supuestamente pagaban cantidades de dinero y en especie a los cargos públicos, que habrían consentido y encubierto estas actuaciones. A los arrestados se les imputan presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, delito urbanístico, tráfico de influencias, falsedad documental y estafa.
La operación arrancó ayer a las ocho de la mañana. Miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Seprona de la Guardia Civil se personaron en el domicilio del alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, ubicado en la calle Alta, donde registraron la vivienda. Los agentes sacaron una caja con diversa documentación.
Sobre las doce del mediodía, el regidor fue trasladado en un coche camuflado hasta el Consistorio. Martín Alba fue conducido sin esposar a las dependencias municipales, donde permaneció durante todo el registro, que se prolongó por espacio de cuatro horas.
Once inspecciones
De forma simultánea, los agentes de la UCO y del Seprona inspeccionaron despachos en el Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga; en una asesoría fiscal, situada junto al Ayuntamiento de Alcaucín, y en una caja de seguridad en una entidad bancaria. También fueron registrados los domicilios particulares de las hijas del alcalde, que residen en la núcleo de Puente de don Manuel, a las que presuntamente, Martín Alba, habría utilizado para blanquear los beneficios obtenidos en las supuestas comisiones.
En los registros, la Guardia Civil se ha incautado de abundante documentación y de discos duros que están siendo analizados. También se han intervenido pequeñas sumas de dinero en los domicilios de algunos de los detenidos.
Además del alcalde y sus dos hijas, en la 'operación Arcos' fueron arrestados un responsable del Servicio de Arquitectura de la Diputación y su secretaria. Algunas fuentes atribuyen a este arquitecto la realización de informes favorables a proyectos de construcción de viviendas en suelo no autorizado para ello en el término municipal de Alcaucín a cambio, presuntamente, de comisiones. Las fuentes, no obstante, no pudieron confirmar si esta actividad se habría desarrollado a título particular o como funcionario del organismo supramunicipal.
Fincas y viviendas
Entra los promotores arrestados, figuran el propietario de una empresa de Alcaucín. y su hija, así como el dueño de una constructora veleña, su hija y su yerno. Estas dos entidades se dedican a la parcelación, venta y adquisición de fincas y terrenos, así como a la construcción de viviendas unifamiliares en la comarca axárquica. El tercero es un promotor inmobiliario de Rincón de la Victoria, que al parecer, según las fuentes, trabajó como aparejador en Alcaucín. El último es un constructor de Cartaya (Huelva). Está previsto que los arrestados sean puestos a disposición judicial mañana o el lunes para prestar declaración ante el juez.
Esta nueva operación contra la corrupción urbanística comenzó ocho meses atrás. El pasado verano agentes del Seprona denunciaron en un juzgado de Vélez-Málaga la supuesta actividad ilegal que se estaría produciendo en Alcaucín con la construcción de casas en terreno rústico no urbanizable.
Las investigaciones continuaron y aportaron nuevos e importantes indicios de que la actividad urbanística además de no ajustarse a la legalidad del planeamiento podría estar acompañada de supuestos pagos y comisiones a cargos públicos.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, que ya había iniciado la investigación de una construcción supuestamente ilegal en el municipio de Alcaucín, tuvo conocimiento de los resultados de las pesquisas del Seprona, por lo que se unió toda la información a la misma causa que se instruía en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, que ya tenía diligencias abiertas. Al mismo tiempo, el caso era trasladado a la Fiscalía Anticorrupción ante la posible existencia de una trama de corrupción urbanística en la que estarían implicados cargos públicos y funcionarios.

LOS TRECE IMPUTADOS
El alcalde: José Manuel Martín Alba (PSOE) y sus dos hijas.

Funcionarios: Un responsable del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga y su secretaria.

Promotores: El dueño de una constructora de Alcaucín y su hija; el propietario de una empresa veleña, su hija y su yerno; un promotor de Rincón de la Victoria que fue aparejador en Alcaucín.
Un constructor de Huelva.

Asesor fiscal: De una gestoría, situada junto al Ayuntamiento.

La investigación se centra en cuatro promociones de viviendas y decenas de casas aisladas. Alcaucín (SUR)

Los agentes de la Guardia Civil han tomado fotografías y han analizado planos y documentación de las parcelas bajo sospecha.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil encontraron un hilo del que tirar. En sus inspecciones rutinarias, observaron construcciones aparentemente ilegales en el término municipal de Alcaucín.
Esos primeros expedientes por supuestas infracciones urbanísticas se han convertido en el punto de partida de la 'operación Arcos', una investigación mucho más amplia que se ha desarrollado durante los últimos ocho meses, y en la que han participado guardias civiles de tres unidades diferentes.
En ese periodo, los agentes han recopilado documentación sobre al menos cuatro promociones de casas y decenas de viviendas aisladas que están bajo sospecha por supuestas irregularidades urbanísticas, según explicaron a este periódico fuentes cercanas al caso.
Los investigadores empezaron a trabajar sobre la base de estas urbanizaciones y viviendas. El trabajo de campo consistió en la toma de fotografías y el análisis de planos y documentos de estas propiedades. La segunda parte fue la investigación patrimonial y los pinchazos telefónicos, que dieron cuerpo a las imputaciones que actualmente pesan sobre ellos.
En dinero y en especie
Según informó ayer la Guardia Civil, los promotores implicados en la trama presuntamente pagaron compensaciones en «dinero y en especie» a los cargos públicos implicados, que habrían consentido tales irregularidades.
No en vano, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Seprona imputan varios delitos de cohecho a los acusados, entre los que se encuentra el alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, detenido ayer junto a sus dos hijas y a otras diez personas.
Fuentes cercanas al caso explicaron que se investiga el supuesto pago de cantidades de dinero y la posible entrega de viviendas o parcelas a cambio de favores urbanísticos.
Pero los investigadores han ido un poco más allá. Para ellos, los cargos públicos no sólo hacían la vista gorda, sino que además «encubrían e incluso impulsaban» los presuntos desmanes urbanísticos en Alcaucín.
Posteriormente, según la Guardia Civil, trataban de legalizar las viviendas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados. Con ello, se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas.

Así funciona el urbanismo en los pueblos con menos de 20.000 habitantes. (SUR)

La ley estipula que las diputaciones provinciales asesorarán técnica y jurídicamente a los municipios con menos de 20.000 habitantes que, por sus características, no cuentan con el suficiente personal técnico para cuestiones como la elaboración del planeamiento de la localidad o la redacción de un proyecto para una obra municipal.
En materia urbanística, la Diputación Provincial de Málaga presta ayuda a los pequeños pueblos de dos formas, según varias fuentes consultadas. Una a través de la Oficina de Planeamiento, donde los expertos de la institución supramunicipal redactan el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a aquellas localidades que lo soliciten. Otra, a través del Servicio de Arquitectura, un departamento que elabora los proyectos técnicos exclusivamente para obras municipales (una piscina municipal, un centro de salud, un equipamiento cultural o el nuevo edificio del Ayuntamiento), pero nunca para viviendas privadas.
A este último departamento pertenece el cargo de la Diputación detenido en el marco de la 'operación Arcos' por presunta corrupción urbanística para encubrir la construcción desde viviendas unifamiliares a urbanizaciones en parcelaciones supuestamente ilegales en suelo rústico.

La Junta de Andalucía impugnó 27 acuerdos municipales en Alcaucín en los últimos años. (SUR)

El presidente de la Diputación, Salvador Pendón, ha afirmado hoy que el trabajador detenido tenía autorización desde 1991 para compaginar su puesto con otras actividades privadas, y que "no puede vigilar" la institución.
La Junta de Andalucía ha impugnado 27 acuerdos del Ayuntamiento de Alcaucín y ha tramitado 21 denuncias de particulares sobre el urbanismo en esta localidad malagueña, cuyo alcalde, José Manuel Martín (PSOE), permanece detenido en el marco de la operación que investiga una presunta trama de corrupción.
El consejero andaluz de Vivienda, Juan Espadas, ha defendido hoy las medidas tomadas por la Junta sobre el control urbanístico y ha precisado que los acuerdos municipales impugnados correspondían fundamentalmente a licencias "indebidas".
Entre 2002, año en que se aprueba la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 2005, cuando se crea la Dirección de Inspección, la Junta ha tramitado casi 800 denuncias en municipios la comarca de la Axarquía de Málaga, de las que 85 fueron recursos contenciosos administrativos para impugnar licencias urbanísticas.
La "operación Arcos", que dirige el Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, ha llevado al PP a criticar el "descontrol urbanístico" de la Junta de Andalucía, a la que ha acusado de "mirar para otro lado".
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha anunciado que su partido pedirá en el Parlamento andaluz la celebración de un pleno extraordinario para debatir la corrupción urbanística en la comunidad.
Según Arenas, se ha puesto de manifiesto "la gravísima responsabilidad política del Gobierno de Manuel Chaves".
Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha lamentado que la operación perjudique la imagen institucional, y ha insistido en que en la mayoría de los ayuntamientos se trabaja honradamente.
Preguntado si los casos de corrupción salpican por igual a todos los partidos, ante los últimos detectados en la provincia, el alcalde popular ha indicado que son "accidentes que afectan al proceso de solidez de la democracia", y ha apostillado: "Jamás me alegraré de una cosa de este tipo sea del partido que sea".
En el marco de la operación se practicaron ayer registros en el Ayuntamiento de Alcaucín, el servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, una asesoría jurídica y algunos domicilios.
El alcalde de Alcaucín fue trasladado anoche a la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, donde continúa junto a otros detenidos a la espera de pasar a disposición judicial, lo que se prevé que ocurra el próximo lunes.
Martín, que es alcalde de Alcaucín y secretario local del PSOE desde 1991, fue arrestado por la Guardia Civil junto a otras doce personas en una actuación que ha destapado una supuesta trama que construía viviendas sobre suelo no urbanizable en la sierra de la Axarquía malagueña.
Entre los otros doce detenidos -uno en Huelva y el resto en Málaga- hay familiares del alcalde, empresarios y un responsable del servicio de arquitectura de la Diputación malagueña.
Declaraciones de Pendón
El presidente de la Diputación, el socialista Salvador Pendón, quien ayer eludió pronunciarse sobre el caso cuando se encontraba en Blanes (Girona), ha afirmado hoy que el trabajador detenido tenía autorización desde 1991 para compaginar su puesto con otras actividades privadas, que "no puede vigilar" la institución.
Ha anunciado que se abrirá un expediente informativo al imputado, "puesto que ahora mismo no hay más que indicios", que posteriormente tendrá el alcance que se derive de las actuaciones judiciales.
El municipio de Alcaucín ha estado en los últimos años en el punto de mira de los ecologistas, que han denunciado el proceso urbanizador en el suelo rústico de esta comarca, en cuyo campo calculan que se han construido unas 20.000 viviendas.
La trama supuestamente promocionaba, construía y luego comercializaba las viviendas, principalmente a extranjeros, para lo que los empresarios supuestamente pagaban dinero o en especie a los cargos públicos, y después trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos.

Alcaucín, en el ojo del huracán. Alcaucín (SUR)

OPERACIÓN ARCOS' PLANIFICACIÓN BAJO SOSPECHA.
Al municipio le llueven las denuncias por presuntas irregularidades urbanísticas desde hace dos décadas. La mayoría son por construcciones en suelo rústico. Los ecologistas estiman que los chalés en el campo han crecido un 325%.
El vertiginoso desarrollo urbanístico que ha experimentado Alcaucín en las dos últimas décadas no ha pasado desapercibido para nadie. Basta con acercarse a este pequeño municipio de la Axarquía, de apenas 2.500 habitantes, para ver cómo sus montes están plagados de urbanizaciones y viviendas residenciales aisladas que cubren el paisaje. Por esta razón, Alcaucín ha estado desde hace años en el ojo de huracán.
Grupos ecologistas como el Gabinete de Estudios de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción), que se ha destacado por ser el colectivo que más denuncias por presentas irregularidades urbanísticas ha presentado en la comarca, señala que Alcaucín tenía en 1995 un total de 263 casas en suelo rústico, de las cuales sólo la mitad eran antiguos cortijos. Las cifras hablan por sí mismas: en 2006 ya contaba con 1.119 viviendas.
Según el portavoz de la asociación ecologista, Rafael Yus, el incremento en la construcción de chalés en el campo de este municipio ha sido del 325%. «En Alcaucín existen en la actualidad tres viviendas por cada habitante, o lo que es lo mismo más de 7.500 casas», ha asegurado Yus.
De las más de 500 denuncias puestas por GENA-Ecologistas en Acción en el ámbito comarcal, más de cien han correspondido a Alcaucín.
Para Yus, las localidades del interior han evitado durante años redactar planes generales, ya que con un simple proyecto de actuación ha sido suficiente para legitimar la construcción de complejos urbanísticos y mansiones aisladas en el campo. Desde GENA se ha llegado a pedir a la Junta de Andalucía la retirada a Alcaucín de todas las competencias urbanísticas por apostar por la adaptación de sus Normas Subsidiarias en lugar de por redactar un PGOU.
Aunque Alcaucín ha sido uno de los primeros ayuntamientos de la comarca en colaborar con la Consejería de Viviendas y Ordenación del Territorio para detectar las edificaciones ilegales existentes en suelo no urbanizable, el miembro de la ejecutiva nacional del PA, Oscar Pérez, afirmó ayer que su formación viene solicitando información sobre diferentes expedientes urbanísticos, «porque sospechabamos que no estaba todo claro, pero nunca se nos entregó la documentación».

Los constructores temen por la imagen de Málaga. (LA OPINION)

EFE La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga ha reclamado hoy una mayor "discreción" en las actuaciones contra la corrupción urbanística, como la que se desarrolla en el municipio de Alcaucín, para no dañar la imagen de la provincia, que es un importante destino turístico.

En declaraciones a Efe, el secretario de la ACP, Juan Moreno, ha lamentado el perjuicio que causa la "forma" en la que se desarrollan las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y ha asegurado que esta operación les ha "pillado de sorpresa".

Respecto a los promotores detenidos en el marco de esta operación, Moreno ha dicho que "no son profesionales", pero en cualquier caso "quien la hace, la paga", ha señalado.

En la comarca malagueña de la Axarquía existe "un problema con los diseminados", ya que hay personas que piden licencia para una obra menor y "convierten los cortijos en chalés".

En cuanto al hecho de que importantes operaciones contra la corrupción llevadas a cabo en la provincia estén vinculadas al urbanismo, Moreno ha indicado que demuestra la necesidad de que haya una reforma de la financiación de las corporaciones locales.

"Al final, los ayuntamientos acuden al urbanismo, cuando se deben financiar con otros ingresos", ha señalado el secretario de la Asociación de Constructores, quien como ejemplo del peso que tiene esta actividad ha comentado que "cada vez que hay un acuerdo para gobernar un municipio, lo primero que piden es la Concejalía de Urbanismo, que vale más que la alcaldía".

En la actuación, que desde primeras horas de la mañana desarrollan agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han sido detenidas trece personas, entre ellas el alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba (PSOE), dos arquitectos y empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas.

Los arquitectos aseguran que siempre comunican a la Junta los expedientes sobre suelo no urbanizable. Alcaucin (LA OPINION(

EUROPA PRESS El presidente del Colegio de Arquitectos de Málaga, Francisco San Martín, aseguró hoy que desde que tomó posesión la actual junta de gobierno hace menos de dos años este organismo viene comunicando "siempre" cada uno de los expedientes de construcciones sobre suelo no urbanizable a la Junta de Andalucía, en concreto a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

Aunque no quiso pronunciarse por no tener información concreta aún sobre la operación 'Arcos' contra la corrupción urbanística en Alcaucín (Málaga), en la que se ha detenido en las provincias de Málaga y Huelva a un total de 13 personas por diversos delitos de corrupción, relacionados con el urbanismo, dijo que "estamos colaborando para evitar los posibles fraudes o situaciones irregulares".

En este sentido, insistió, en declaraciones a Europa Press, en que "casi desde que llegamos vimos que era necesario comunicar todos los expedientes de este tipo a la Consejería" para que "si tienen que hacer una investigación o inspección por sus propios servicios o si tienen que dar cuenta a la Fiscalía por alguna irregularidad".

La operación desarrollada desde esta mañana por la Guardia Civil en las provincias de Huelva y Málaga con la participación de la Fiscalía especial contra la Corrupción y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo se ha saldado por el momento con 13 personas arrestadas, entre ellas el alcalde de dicha localidad, el socialista José Manuel Martín, aunque no se descartan más detenciones.

La investigación ha contado con la activa colaboración del SEPRONA de la Guardia Civil de Málaga y ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la comarca malagueña de la Axarquía.

Los empresarios dedicados a esta actividad presuntamente pagaban compensaciones de dinero y en especie a los cargos públicos que consentían, encubrían e incluso impulsaban tales irregularidades. Posteriormente, trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados, a través de los cuales se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas.

Entre los arrestados dentro de esta operación se encuentran, además del alcalde, miembros de su familia, al parecer dos de sus hijas; dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas y un intermediario. A los detenidos se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa.

Además de las detenciones, la Guardia Civil está realizando diversos registros tanto en la localidad de Alcaucín como en el servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga y en los domicilios de varios de los detenidos y un despacho profesional.

La operación esta siendo llevada a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga (Málaga), la Fiscalía Especial Anticorrupción y la de Medio Ambiente y Urbanismo. El caso está declarado bajo secreto de sumario.

Detenido el alcalde de Alcaucín por corrupción. Alcaucín (LA OPINION)

La Guardia Civil detiene a 13 personas en una operación contra la corrupción urbanística en Alcaucín, entre ellos el alcalde, el socialista José Manuel Martín Alba Otros de los detenidos son dos hijas del alcalde; José Francisco Mora, jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga; y dos promotores y varios de sus familiares Los detenidos pasarán a disposición judicial mañana El alcalde ha recibido gritos de ánimo de los vecinos.

El regidor, sus hijas, el jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación y otras nueve personas fueron arrestadas ayer. La trama se dedicaba a la venta de viviendas ilegales a extranjeros. Los empresarios sobornaban a los cargos públicos y se manipulaban informes para legalizar las casas.

J. A. SAU / F. EXTREMERA MÁLAGA Muchos funcionarios se sorprendieron al ver entrar a primera hora de la mañana en sus dependencias a la Guardia Civil. El tiempo se detuvo para ellos, mientras los vecinos de un pequeño pueblo de la Axarquía se despertaban sobresaltados al ver sus calles tomadas por los agentes. Poco después se despejó la incógnita: trece personas fueron detenidas ayer, entre ellas el alcalde de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín, por su supuesta pertenencia a una trama de corrupción urbanística.
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil, dirigidos por el fiscal Anticorrupción Valentín Bueno y el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Vélez Málaga, procedieron a efectuar los trece arrestos. Además del alcalde, fueron detenidas sus dos hijas, dos arquitectos -entre ellos el jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación-, varios promotores y constructores y hasta un intermediario inmobiliario.
Los agentes registraron a lo largo del día de ayer las dependencias del Consistorio de Alcaucín, del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, así como los domicilios de varios de los detenidos y un despacho profesional. En ellos, los investigadores se incautaron de abundante material informático y documental que les permitirá avanzar en las pesquisas. En total se hicieron once registros por la mañana, y algunos más por la tarde, entre ellos el de la casa del jefe de Arquitectura de la Diputación, ubicada en el Limonar, y el de una caja fuerte de una sucursal bancaria en la capital.
A las 18.45 horas, los agentes sacaron diez cajas de documentación del Consistorio, aunque continuaron con el registro hasta las 21.40 horas, cuando el alcalde fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga.
El golpe policial, cuya gestación comenzó hace más de un año, ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y venta de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la sierra de la Axarquía.

´Modus operandi´. Aunque el guión parezca similar al escrito en casos como ´Malaya´ o ´Astapa´, la novedad reside en que esas casas se ofertaban para los extranjeros. Ésta es una realidad habitual en los pueblos del interior de la provincia y, de hecho, Alcaucín lleva años en el punto de mira de los ecologistas, que han denunciado incansablemente a la opinión pública el proceso urbanizador del suelo rústico de la comarca, en cuyo campo se han construido 20.000 viviendas.
La investigación fue auspiciada en un inicio por la Fiscalía de Medio Ambiente, que comprobó la ilegalidad de una licencia de obra concedida por la corporación. Al tirar del hilo, se encontraron con que se habían producido diversos sobornos por parte de empresarios a determinados servidores públicos, por lo que Anticorrupción se hizo cargo del asunto.
El ´modus operandi´ sí responde a prácticas conocidas: los empresarios dedicados a esta actividad pagaban compensaciones de dinero y en especie a los cargos públicos que, tal y como explican las fuentes consultadas, "consentían, encubrían e incluso impulsaban tales irregularidades".
Tras ello, trataban de legalizar las viviendas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados -hay dos detenidos-, a través de los cuales se conseguían alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas. Los delitos que se imputan a los arrestados son: cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, estafa y contra la ordenación del territorio. Entre los empresarios detenidos se encontrarían los dueños de dos promotoras axárquicas (Crocasa y Alta Axarquía) y algunos de sus familiares.

Incredulidad. Los vecinos de Alcaucín asistieron ayer con incredulidad e indignación al registro del Ayuntamiento y de la casa del regidor. Éste estuvo presente en ambos y, a su paso, sus conciudadanos le aplaudían y defendían su inocencia. Nada nuevo. En Alhaurín el Grande ocurrió lo mismo cuando fue detenido por motivos casi idénticos su alcalde, el popular Juan Martín Serón.
Estos lodos no son nuevos y los barros que los anunciaban tienen años. Ecologistas en Acción de la Axarquía mostró en febrero de 2007 sus "sospechas" de la existencia de una vinculación "excesivamente benefactora" del Ayuntamiento con Crocasa por una recalificación de suelo.
Los registros se prolongaron hasta casi las diez de la noche ante la estupefacción de los lugareños. En ese momento, el alcalde salió del Consistorio entre los aplausos de sus vecinos. Sonriente y relajado, saludó a la concurrencia. El pueblo tan sólo tiene 2.500 habitantes censados y sus actividades principales son la agricultura y el turismo rural. Esta última es la más amenazada debido a la proliferación incontrolada de casas ilegales en suelos rústicos, muy demandados precisamente por los foráneos que deciden establecerse en la sierra de Tejeda. La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones. Sobre la causa pesa el sigilo procesal.
Los detenidos pasaron ayer la noche en la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, aunque no se conoce cuándo declararán ante el juez.

La operación destapa una trama para construir viviendas en suelo no urbanizable. Alcaucín (LA OPINION)

La operación de la Guardia Civil en la que han sido detenidas trece personas, entre ellas el alcalde de Alcaucín (Málaga), ha destapado una trama organizada que se dedicaba presuntamente a construir urbanizaciones y viviendas aisladas sobre suelo no urbanizable en la sierra malagueña de Axarquía.

La trama supuestamente promocionaba, construía y luego comercializaba las viviendas, principalmente a extranjeros.

Eso es lo que constatan las investigaciones de la Guardia Civil, que además de al alcalde de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín Alba, ha arrestado en la denominada "operación Arcos" a otras doce personas por diversos delitos de corrupción relacionados con el urbanismo, según informa el instituto armado.

Entre los arrestados se encuentran varios miembros de la familia del alcalde (fuentes de la investigación han indicado que son dos hijas), dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas y un intermediario.

Doce de las detenciones se han practicado en la provincia de Málaga y una, la de un constructor, en la de Huelva, según han informado a Efe las fuentes consultadas.

Las pesquisas de los agentes apuntan a que los empresarios dedicados a esta actividad pagaban presuntamente diversas cantidades de dinero y en especie a los cargos públicos que supuestamente consentían, encubrían e incluso impulsaban tales irregularidades.

Posteriormente, trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados, a través de los cuales se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas.

Los agentes se encuentran registrando desde primera hora de la mañana las dependencias del Ayuntamiento de Alcaucín y del servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga, así como los domicilios de varios de los detenidos y un despacho profesional.

A los detenidos se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa.

La operación esta siendo desarrollada por agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número tres de Vélez-Málaga, la Fiscalía Especial Anticorrupción y Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.

La operación, en la que también ha colaborado el SEPRONA de la Guardia Civil de Málaga, continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones o imputaciones.

La operación de Alcaucín se suma a una larga lista de casos de corrupción en Málaga. Alcaucin (LA OPINION)

La detención, hoy, de trece personas, entre ellas el alcalde de Alcaucín, en relación con posibles delitos de corrupción urbanística en la sierra de la Axarquía, se suma a las operaciones de este tipo llevadas a cabo en los últimos años en la provincia de Málaga, entre las que destacan las siguientes:

OPERACIÓN MALAYA (Marbella)

En ella se investiga una presunta trama de corrupción urbanística y municipal descubierta en el municipio de Marbella. Supuso la disolución del Ayuntamiento en abril de 2006 y la asunción de competencias, incluidas las urbanísticas, por parte de una gestora.

Cerca de un centenar de personas están procesadas -entre ellas, el ex alcalde Julián Muñoz y el cerebro de la trama y ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, el único que permanece en prisión-, más de mil cuentas fueron bloqueadas y bienes valorados en unos 3.000 millones de euros fueron intervenidos.


OPERACIÓN TROYA (Alhaurín El Grande)

El 18 de enero de 2007 fueron detenidos el alcalde de Alhaurín El Grande, Juan Martín Serón (PP) -quien sigue en el cargo- y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, y en fases posteriores otras veintidós personas, entre ellas el asesor jurídico del Ayuntamiento y el arquitecto municipal.

En la causa se indaga la presunta comisión de los delitos de cohecho y prevaricación urbanística a través de los que, mediante acuerdos de pago a autoridades del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, se habrían obtenido licencias de obras no ajustadas a la normativa urbanística.


OPERACIÓN ASTAPA (Estepona)

En el "caso Astapa", operación policial y judicial contra la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona iniciada el 17 de junio del 2008, fueron detenidos el entonces alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), varios ediles de la Corporación y empresarios.

Hasta el momento, la operación suma 63 imputados por distintos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de dinero. De ellos, cuarenta están en libertad sin fianza y veintitrés en libertad con fianza, entre estos Barrientos y seis ediles, dos de ellos del PES y cuatro concejales expulsados del PSOE y que ahora forman parte del grupo de no adscritos.


GAUCÍN

La Fiscalía denunció al alcalde Francisco Corbacho Román (PA) y cuatro concejales por la realización y desarrollo de un convenio entre junio de 2004 y febrero de 2005 contrario a la norma urbanística y pidió la paralización de la obra.

En diciembre de 2007 la Audiencia Provincial de Málaga condenó a Corbacho a veintiún meses de suspensión de empleo y cargo público y a siete años de inhabilitación por malversación de caudales públicos y prevaricación.


MANILVA

El 22 de enero de 2007 el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella sobreseyó la causa abierta contra nueve ediles que integraban el equipo de gobierno de Manilva en 2003 por un convenio que permitió aumentar el valor y la edificabilidad de unos terrenos.

En el auto el juez levantó la imputación a estos concejales al considerar que no existían "indicios suficientes de criminalidad" y que ellos no conocían la ilegalidad de su decisión al ratificar el convenio relativo a la finca "La Parrada" el 28 de noviembre de 2003, sino que siguieron "las consignas" del entonces alcalde, Pedro Tirado, máxima autoridad del Partido Democrático de Manilva (PDEM).

Tirado estuvo preso más de dos meses en la cárcel de Alhaurín de la Torre en 2005 tras su detención en el marco de la operación "Ballena Blanca" contra el blanqueo de capitales.


CÓMPETA

El ex alcalde de Cómpeta, Leovigildo López (PP), fue condenado el 23 de marzo de 2008 a siete años de inhabilitación para empleo y cargo público y a doce meses de multa por un delito de prevaricación urbanística por el Juzgado de lo Penal número 1 de Málaga.

En la sentencia se consideró probado que el acusado concedió en junio de 2001 una licencia de obras para el movimiento de tierra y carril para realizar una construcción de nueva planta en un suelo calificado como no urbanizable.


TOLOX

La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga denunció en mayo de 2006 al alcalde, Juan Vera (PA), al arquitecto municipal y a la secretaria del Ayuntamiento por permitir la construcción de 2.000 viviendas en suelo no urbanizable entre 2004 y 2006.

La denuncia fue ampliada posteriormente y el juzgado de Coín ordenó la paralización cautelar de las obras de más de 400 viviendas, cuya construcción no había empezado aún en la mayoría de los casos. La Fiscalía acusó a Vera en marzo de 2008 de veintitrés delitos urbanísticos y pidió dos años de cárcel para él en catorce procedimientos y un año de prisión en nueve.


OJÉN

El 6 de marzo de 2007, la Fiscalía pidió un año de cárcel y doce de inhabilitación para el ex alcalde de Ojén, Francisco Manuel Vázquez (PSOE), por delito urbanístico, al conceder dos licencias para sendas viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, causa por la que también fueron imputados cuatro ex concejales como autores de un delito contra la ordenación del territorio.

La petición del fiscal se produjo después de que la Audiencia de Málaga anulara por un defecto de forma el procedimiento penal por el que Vázquez fue condenado en 2002 a dos años de cárcel y a dieciocho de inhabilitación, uno de los concejales a un año y los otros tres a seis meses.


RONDA

El 23 de marzo de 2007, la Fiscalía de Medio Ambiente, tras una denuncia de IU, comenzó a investigar un delito contra la ordenación del territorio y otro contra los recursos naturales en el macroproyecto urbanístico de los Merinos de Ronda, promovido por la empresa catalana Copisa, en el entorno de la Sierra de la Nieves. En octubre la Fiscalía trasladó la denuncia al juzgado decano de Ronda.

Este partido acusaba al alcalde, Antonio Marín Lara (PA), de cometer "un fraude de ley" al aprobar el proyecto, por realizar una transformación de suelo mayor al permitido y no contar con los requisitos medioambientales perceptivos. En enero de 2008 el proyecto fue rediseñado para

La Junta impugnó 17 licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Alcaucín en 2004. Alcaucin (MALAGAHOY)

Queda en libertad uno de los 13 detenidos del caso de corrupción en la localidad malagueña.
El consejero andaluz de Vivienda, Juan Espadas, ha defendido las medidas tomadas por la Junta sobre el control urbanístico y ha precisado que los acuerdos municipales impugnados correspondían fundamentalmente a licencias "indebidas". Este sábado se ha conocido que la Junta de Andalucía impugnó en 2004 17 licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga), cuyo alcalde, José Manuel Martín Alba (PSOE), fue detenido ayer junto a otras 12 personas en una operación contra la corrupción urbanística. Precisamente hoy ha quedado en libertad uno de los detenidos por el caso, la secretaria de uno de los responsables del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial.

La 'Operación Arcos', que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en el municipio malagueño de Alcaucín, ha llevado al PP a criticar el "descontrol urbanístico" de la Junta de Andalucía, a la que ha acusado de "mirar para otro lado". La investigación ha contado con la activa colaboración del Seprona de la Guardia Civil de Málaga y ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la comarca malagueña de la Axarquía.

La operación desarrollada desde por la Guardia Civil en las provincias de Huelva y Málaga, con la participación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la de Medio Ambiente y Urbanismo, se ha saldado por el momento con 13 personas arrestadas, aunque no se descartan más detenciones.

Uno de los 13 detenidos ha sido liberado tras ser interrogado por la Guardia Civil. Se trata de la secretaria de uno de los responsables del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial, ambos detenidos durante el día de ayer, al igual que el alcalde del municipio, José Manuel Martín, y dos de sus hijas, el dueño de una asesoría jurídico-fiscal, y una serie de promotores y constructores. El resto de detenidos en el transcurso de la investigación permanecen en la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga, a espera de pasar a disposición judicial.

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, explicó que entre 2003 y 2006 se tramitaron cerca de 800 denuncias en toda la comarca de la Axarquía y la Junta interpuso 85 recursos contencioso-administrativos para impugnar licencias concedidas irregularmente, por lo que aseguró que "es absolutamente falso que no se tramitaran denuncias". Además, apuntó que hasta 2006 no se creó la Dirección General de Inspección Urbanística, mientras que en la zona en cuestión "entre 2002 y 2005 se produce un crecimiento poblacional del 60%, ligado a la proliferación de construcciones ilegales".

El consejero mostró su "absoluto respeto y colaboración con la justicia" y señaló la conveniencia de "esperar a ver qué identificaciones de responsabilidades se hacen" en un caso que recordó que está bajo secreto de sumario. En este sentido, apuntó que cuando se levante el secreto de sumario se podrá comprobar si los delitos que se imputan tiene como base "algunas de las impugnaciones que hizo la Junta, si son los mismos casos".

No obstante, aseguró que "se ha evolucionado bastante" y que "se ha reforzado la capacidad en las impugnaciones" con la puesta en marcha de la Dirección General de Inspecciones y con la aprobación de planes de inspección municipal en algunas localidades. Recordó además que el control urbanístico le corresponde a los ayuntamientos, en primera instancia, y a la Junta en aplicación de la protección medioambiental o territorial.

En su opinión, todo esto demuestra que "lo que hace dos o tres años se discutía por parte del PP, que la Junta había endurecido demasiado las normas urbanísticas, estaba justificado", por lo que "habrá que recordárselo a los que no apoyaron un modelo de ordenación urbanística más exigente, que no se echen ahora las manos a la cabeza".

A pesar de que esta semana las cúpulas socialistas y popular celebraron una reunión para establecer un clima de diálogo y acuerdos, la 'Operación Arcos' sirvió para que los dos principales partidos de la provincia se echasen en cara la actitud que mantienen unos y otros cuando saltan casos de corrupción urbanística. El PSOE reaccionó ante lo sucedido tirando del argumentario del partido: "Tolerancia cero con los casos de corrupción urbanística", y se asegura en que se expulsará de la formación a todos aquellos militantes que estén imputados en la operación. Desde el PP, por su parte, se insistió en la tesis de que esto "se veía venir".

En este contexto el presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció que el Grupo Popular en el Parlamento andaluz solicitará la convocatoria de un Pleno extraordinario para debatir sobre la "desastrosa" ordenación urbanística ante los últimos casos de corrupción. Arenas señaló la necesidad de que el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, asuma su "responsabilidad política directa", ya que "había decenas de denuncias de ecologistas y del Colegio de Arquitectos pero, como ocurrió en Marbella y en Estepona, se ha mirado para otro lado".

Asimismo, lamentó que esto da "una imagen muy mala de Andalucía" y criticó el "gesto" del alcalde de Alcaucín (Málaga), José Manuel Martín Alba (PSOE), cuando fue detenido ayer, lo que, a juicio del líder de los populares andaluces, es muestra de "prepotencia, arrogancia e impunidad". "Me ha llamado la atención su gesto, otros no pueden hacer nada porque los llevan esposados", agregó Arenas, quien insistió en que "gravísima responsabilidad política" que se deriva de este caso.

Desde IU de Málaga se considera lamentable todo caso de corrupción y se pide a PP y PSOE que aborden cuanto antes "los problemas de corrupción que asolan a ambos partidos". "Los populares y socialistas deberían aprovechar la buena sintonía que parece haber últimamente entre sus líderes en Málaga para tratar este tipo de problemas y conseguir que en toda lo provincia no haya cabida para ningún tipo de corruptos, independientemente del partido al que pertenezcan", aseguró el coordinador provincial de Izquierda Unida en Málaga, José Antonio Castro.

Asimismo, señaló que espera que este nuevo caso de corrupción no sirva como "arma arrojadiza" entre ambos partidos, "que es a lo que nos tienen acostumbrados", y añadió que la colaboración con la Justicia debe ser "máxima" para que así se pueda llegar "al fondo de la cuestión".

viernes, 27 de febrero de 2009

CiU pide que el nuevo Plan de Vivienda vuelva a dar beneficios a las familias numerosas (El Mundo)


En el anterior plan se financiaban VPO de 120 metros cuadrados para familias numerosas
Estas familias lamentan que el Gobierno suprimiese sus 'escasos privilegios' en VPO
El grupo parlamentario de CiU ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 recupere los beneficios para las familias numerosas que contemplaba el Plan anterior.
Concretamente, el nuevo programa remite a la normativa de cada comunidad autónoma para establecer la superficie máxima de las viviendas protegidas (VPO), pero limita a un máximo de 90 metros cuadrados la superficie financiada con cargo al Plan.
Sin embargo, en el anterior plan se financiaba un tipo de VPO de 120 metros cuadrados especialmente destinada a familias numerosas. CiU denuncia que la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha tomado esta decisión "sin ninguna justificación".
Además, esta formación critica que también se ha suprimido de este nuevo plan la posibilidad de que las familias numerosas vendan sus viviendas de protección oficial sin tener que haber vivido en ella los diez años obligatorios.
Ante esta situación, CiU ha presentado una proposición no de ley en la Cámara baja, que será debatida en la Comisión de Vivienda, para recuperar estos beneficios que contemplaba el anterior programa.
Tras la decisión de Beatriz Corredor, la Federación de Familias Numerosas lamentó que el Gobierno hubiera suprimido los "escasos privilegios" de los que gozaban las familias numerosas en el régimen de vivienda protegida.

'V de Vivienda' tapiará con ladrillos la entrada del Ministerio de Vivienda (El Mundo)


Aumentan las voces críticas con la política del ministerio
Varios colectivos preparan una manifestación en Madrid para el 14 de marzo
Su principal propuesta es la expropiación de uso de las viviendas vacías
Un grupo de activistas del colectivo VdeVivienda tapiará con ladrillos la entrada del Ministerio de Vivienda el martes, 3 de marzo, a las 11.00 horas, para protestar contra las políticas del Ejecutivo de apoyo a los constructores y promotores.
En el mismo acto, se informará a los asistentes de la gran manifestación 'Por la vivienda digna', que tendrá lugar el 14 de marzo, a las 18.00 horas en la Puerta del Sol, en la que se exigirá que "los que se han beneficiado de la especulación paguen la crisis y que el derecho de todos se imponga al beneficio de unos pocos".
El colectivo asegura que no existe el Ministerio de Vivienda sino el "Ministerio de la Especulación". "A la ministra Beatriz Corredor parece que le pagaran el sueldo no los ciudadanos de este país, sino los señores del ladrillo, que son los constructores y promotores que se han enriquecido a costa del saqueo de la clase trabajadora", denunciaron.
Así, VdeVivienda plantea un nuevo modelo de política de vivienda, el "Alquiler Social Universal (ASU) que garantice el derecho al alojamiento". "Tenemos más de 25 millones para tan sólo 45 millones de personas, un ratio de viviendas por habitantes excesivo, de ahí que tengamos el mayor número de casas vacías de la Unión Europea, con más de cuatro millones, y un stock de viviendas nuevas sin vender que supera con creces el millón", criticaron.
'Tenemos más de 25 millones de casas para tan sólo 45 millones de personas'
La principal medida que propone el colectivo es la expropiación de uso de las viviendas vacías que se encuentran "en manos de los grandes acaparadores de propiedades inmobiliarias de este país: los bancos, las promotoras, las inmobiliarias y las grandes fortunas". Estas viviendas se destinarían a la constitución de un parque público de viviendas en alquiler social universal por las que habrá que pagar una renta mínima que simplemente garantice la conservación del inmueble.

Sindicatos y consumidores defienden el alquiler de VPO cuando no se pueda pagar (El Mundo)

La Admnistración la arrendaría al antiguo propietario que tendría opción de recuperarla
Plantean cambiar la Ley Hipotecaria para evitar la venta directa del inmueble sin arbitraje
El arrendamiento vuelve a sonar como tabla de salvación para los adjudicatarios de vivienda protegida que no pueden hacer frente a su pago. El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y CCOO y UGT han pedido que cuando el titular de una Vivienda de Protección Oficial (VPO) en situación de peligro de exclusión no pueda pagar el inmueble, sea la Administración quien se haga cargo de la casa y después la alquile al antiguo propietario.

La crisis está haciendo estragos también en los pisos públicos. Sirva como ejemplo Sevilla. En la capital hispalense hasta un 40% de agraciados se han visto obligados a rechazar una VPO que les había tocado por no poder pagarla. Muchos otros que en su día dijeron 'sí', ahora no pueden seguir haciéndose cargo de la hipoteca. Ante este latente problema, sindicatos y consumidores proponen que la Administración deberá alquilar la citada vivienda al antiguo propietario para que cuando la crisis económica termine, éste pueda recuperarla.

Las medidas están destinadas a 'aliviar' las dificultades que tienen los ciudadanos en peligro de exclusión social

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Esta es una de las nueve medidas elaboradas conjuntamente entre los sindicatos y los consumidores, que ya han sido remitidas al Gobierno. Todas están destinadas a "aliviar" las dificultades que tienen los ciudadanos en peligro de exclusión social para hacer frente al pago de su vivienda habitual.

El citado documento, que ha sido presentado ante los medios, sugiere que en caso de que los ciudadanos se encuentren en una situación de embargo, ya sea hipotecaria o crediticia, se utilice el arbitraje y la mediación para negociar la deuda con la entidad financiera y no llegar así a la vía judicial.

Además, plantean que se modifique la Ley Hipotecaria para evitar la venta directa de un inmueble sin medidas intermedias de arbitraje, y así, que se pueda paralizar la ejecución hipotecaria en los términos actuales. Con otra de las medidas se crea un servicio de asesoramiento y apoyo para aquellos ciudadanos "más vulnerables" y que se encuentren en situaciones de endeudamiento por embargo.

Por otro lado, las organizaciones sindicales y los consumidores piden la actualización de los tipos de interés a las hipotecas de una forma más rápida. Del mismo modo, piden que se establezca algún tipo de garantía ante la eventual desviación del Euribor a otros índices de referencia del tipo que marca el Banco Central Europeo (BCE).

Sobre este asunto, añadieron que este tipo de actuaciones podría hacerse a través de una línea creada específicamente por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) mediante avales, garantías o créditos para la rehabilitación de la hipoteca. Según explicó Javier Jiménez de CCOO "es importante la inversión pública, que aunque no es infinita, todavía tiene margen de acción".

Demandan un nuevo reglamento que impulse la educación financiera

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Por último, demandaron un nuevo reglamento que impulse la educación financiera y un nuevo modelo de consumo responsable.

Durante la presentación del citado documento, la presidenta del CCU, Francisca Sauquillo, aseguró que estas medidas son "claves" para ayudar a las familias a superar la crisis, una situación de la que se puede salir si "trabajamos de forma conjunta".

Por su parte, uno de los responsables que ha elaborado el documento, Manuel Pardos, explicó que las propuestas presentadas tienen como "principal protagonista a la banca". Según añadió, se prevé que durante este año se registren 80.000 embargos en los juzgados.

"Los bancos tienen que abrirse al diálogo", advirtió Pardos, quien también aseguró que estas propuestas "brindan a las entidades financieras la oportunidad de mejorar su situación". Desde UGT, José Luis Hidalgo destacó la colaboración entre las organizaciones sindicales y los consumidores, porque, según indicó, "es el momento de buscar soluciones y apoyar medidas para paliar la crisis".

Los expertos auguran que la caída del número de hipotecas continuará en 2009 (El Mundo)


Funcas: La actividad tardará 'tres o cuatro años' en reactivarse por el 'stock'
Los analistas coinciden en que la caída del número de las hipotecas en 2008 refleja la crisis inmobiliaria y económica en España y auguraron que esta situación continuará, al menos, durante este año.
El Instituto Nacional de Estadística (INE), publicó que el número de hipotecas sobre vivienda se redujo el 32,40% en 2008, hasta las 835.056, y que sobre el total de las hipotecas sobre cualquier tipo de finca rústica o urbana la cifra disminuyó un 27,4%, hasta 1.284.318.
La analista de la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) María Jesús Fernández dijo que los datos del INE reflejan también la restricción de crédito durante 2008 y pronosticó que la actividad inmobiliaria tardará unos tres o cuatro años en reactivarse porque hay muchas viviendas sin vender.
La venta de viviendas "va para largo" y no se recuperará hasta que no amaine la crisis financiera, añadió.
Salvo que el Gobierno avale a los compradores
El profesor del Instituto de Práctica Empresarial (IPE), José Antonio Pérez, consideró que en 2009 continuará la tendencia negativa de estos indicadores, salvo que el Gobierno avale directamente a los compradores de vivienda, influyendo en el mercado mediante la creación de riqueza y empleo.
A su juicio, las entidades bancarias deberían adaptar las condiciones financieras a la hora de otorgar hipotecas de forma que no se denieguen a aquellas personas que mantengan su puesto de trabajo, aunque apuntó que aún están por llegar los mayores efectos sobre el empleo.
Por su parte, el director de análisis inmobiliario de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Pep Ruiz, señaló que la caída de las hipotecas refleja las dificultades para el acceso al crédito, pero también la "mayor prudencia" de las familias españolas ante la falta de la confianza.
2009, mismo tono
Ruiz indicó que las medidas del Gobierno, por ahora, están más orientadas a garantizar la solvencia y actividad de las entidades que a forzar la actividad crediticia, por lo que en 2009 evolucionará "de un modo similar" el número de hipotecas, así como el importe medio concedido.
Con una fuerte caída de las ventas y sin posibilidad de financiación "no es posible iniciar nuevas viviendas", afirmó, por lo que espera que pueda producirse una caída similar en 2009 si no se aplican medidas de choque que puedan activar la actividad en vivienda protegida.

Aifos renegocia su deuda de 800 millones y elude el concurso (El País)

La inmobiliaria Aifos, una de las empresas más marcadas por la crisis de la construcción y por el caso Malaya, evitó ayer en el último momento caer en concurso de acreedores, lo que antes se conocía como suspensión de pagos. En una vista oral celebrada en el juzgado de lo Mercantil de Málaga, las dos empresas acreedoras, que reclamaban conjuntamente 542.000 euros, retiraron su demanda después de que Aifos presentara dos avales para hacer frente a esta cantidad. Esta decisión se tomó, según el despacho Iure Abogados, que representa a los acreedores, "en un acuerdo extrajudicial minutos antes de la celebración de la vista", a la que acudió el presidente de Aifos, Jesús Ruiz Casado.

Al término de la sesión, los representantes de la promotora afirmaron que existe un plan de refinanciación de los 800 millones de euros de deuda que Aifos mantiene con 34 entidades bancarias. En la actualidad, los 13 bancos y cajas que suman la mayor parte de esta deuda se han comprometido a no reclamar cantidad alguna hasta el próximo 30 de abril. Este "pacto de espera", como lo calificó Enrique Bujidos, representante de la consultora Pricewaterhouse Coopers, permitirá buscar una solución al margen de los juzgados para poder terminar las promociones de Aifos. La empresa tiene en marcha 4.200 viviendas de las cuales 3.200 se encuentran ya vendidas, aseguró Bujidos.

Aifos, una de las compañías más boyantes y a la vez más salpicada por los escándalos durante el boom inmobilario en Andalucía, da trabajo actualmente a 150 personas, según Bujidos.

La cifra de hipotecas se desploma un 40% en la provincia durante 2008 (Málaga Hoy)

Durante el año pasado se hipotecaron 33.000 viviendas frente a las 53.000 de 2007 · El coste medio se sitúa en algo más de 160.000 euros

El número de hipotecas firmadas durante 2008 en la provincia de Málaga ha caído en más de un tercio. Si en el año 2007 los préstamos para la compra de viviendas superaron los 53.000, el pasado año fueron 33.278 viviendas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados ayer. Un desplome que supone una caída del 38%.

La cifra similar a la del descenso generalizado en toda Andalucía, donde en 2008 se hipotecaron 155.448 viviendas frente a las casi 250.000 de 2007, lo que supone un 37,8% menos. Eso sí, mientras el importe medio de las hipotecas de viviendas andaluzas ascendió en 2008 a 130.007 euros en Málaga la media está 30.000 euros por encima, ya que la cifra ronda los 160.000 euros por hipoteca, cantidad similar a la del año anterior.

Los expertos consultados subrayan ahí tanto la dificultad de las familias para pagar esa cantidad, pero también para que una entidad financiera conceda el crédito. Además, para los analistas consultados por Efe, los datos reflejan la restricción del crédito y la situación de crisis por la que atraviesa el sector inmobiliario en España que, según sus predicciones, se mantendrá durante 2009.

Además, los expertos consideran que la caída refleja la crisis financiera actual y continuará durante el próximo año.

La caída de las hipotecas se venía reflejando ya en los datos mensuales del año pasado, pero también cuando se comprobó la disminución de la construcción de viviendas.

De hecho, los promotores y constructores de la provincia de Málaga solamente visaron 14.304 durante el año pasado, cifra que suponía más de la mitad respecto al año 2007 y que no se veían desde finales de los años noventa, según los datos del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga. El sector demostraba así tener pocas esperanzas en el futuro de la construcción. En total, en Málaga se hipotecaron casi 50.000 fincas (tanto urbanas en sus distintas tipologías como rústicas) frente a las 70.000 del pasado 2008.

Urbanismo renovará parte de La Marina un año antes de que la afecte el Metro (Málaga Hoy)

La intervención municipal supondrá el cambio parcial del pavimento en este espacio · Esta acción, junto a la supresión de barreras en calles aledañas, tiene una inversión prevista de 388.000 euros

Las obras de renovación del pavimento de la Plaza de la Marina y calles aledañas, que acaba de sacar a concurso hace unos días el Ayuntamiento de Málaga por un montante económico de 338.000 euros, pueden encontrarse en poco más de año y medio con un escollo insalvable, la obra del Metro. La apertura de las zanjas en esta zona del centro de la capital podría hacer que estos trabajos de regeneración urbana queden inservibles en ese periodo de tiempo, justo el plazo en el que está previsto pueda comenzar la ejecución del suburbano en el tramo Gualdamedina-Malagueta, que atraviesa la Alameda Principal y el Paseo del Parque.

Si bien de momento el Metro no tiene definido con exactitud el trazado del túnel por la zona, no se puede descartar que los trabajos, dada su envergadura, puedan incidir sobre la actuación municipal, aunque sea de manera parcial. La iniciativa impulsada por la Gerencia de Urbanismo, como ya publicó este periódico el pasado 21 de febrero, contempla la reconstrucción de parte del pavimento de este enclave, que presenta "numerosos deterioros" como consecuencia de las acciones vandálicas y la renovación del mobiliario urbano. Asimismo, se prevé la reposición de la solería de color blanco, que será demolida, y la restauración de las zonas de ladrillos de barro que estén dañadas.

Preguntado por la colisión del plan municipal y el futuro desarrollo de la obra del suburbano en esta zona, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, señaló que lo que tiene entendido es que la actuación, que se enmarca en la ayuda económica prevista en los Fondos de Inversión Local, incidirá en la eliminación de barreras arquitectónicas en esa zona y no tanto en el pavimento. No obstante, restó importancia a este hecho y estimó que sea por el periodo que sea, seguro que las personas con problemas de movilidad agradecerán la intervención. La obra tiene un plazo de seis meses, a iniciar previsiblemente a partir del próximo mes de abril. Es decir, que posiblemente estará culminada para el mes de octubre.

En este mismo entorno, el área de Accesibilidad Universal trabaja también en la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes en la glorieta de Marqués de Larios, lo que pasará por la supresión de los escalones que hay de acceso a la misma. En cualquier caso, según apuntó el concejal de este departamento, Raúl López, el proyecto definitivo está a la "expectativa" de conocer el desarrollo de las catas previas a la obra del Metro y el desarrollo de la misma. "No tiene sentido hacer dos veces ese trabajo", apuntó.

El calendario que manejan en estos momentos los responsables del Metro apunta a que el comienzo de los desvíos de los servicios afectados por la construcción del túnel tuviese lugar a mediados de abril del próximo año, justo después de Semana Santa, con lo que es previsible, si los plazos se respetan, que las máquinas hagan su entrada en esta parte del recorrido en septiembre u octubre, aproximadamente. A ello se suma el hecho de que el equipo de gobierno sigue sin descartar la posible construcción bajo La Marina de un intercambiador modal de transportes que daría cabida a los autobuses de la Alameda y al Metro.

El episodio que se puede dar en la Plaza de la Marina no sería el primero ya ocurrido en la ciudad. Un ejemplo de la escasa previsión con la que se han acometido ciertas obras se pudo observar hace unas semanas en la zona de Fuente Olletas, donde una empresa contratada por el área de Movilidad levantó, para unas instalaciones semafóricas, parte de las aceras que un año antes había reurbanizado la Gerencia de Urbanismo.

A ello se suma ahora la necesidad de que alguno de los dispositivos que forman parte del plan de restricción del tráfico en la denominada almendra del centro histórico tengan que ser retirados para evitar problemas con el paso de las procesiones en la próxima Semana Santa.

Las viviendas hipotecadas en Málaga caen un 33% en un año (La Opinión)

La provincia cerró 2008 con 33.280 fincas financiadas por 5.300 millones de euros, cuando en 2007 fueron casi 50.000 y por un importe de 8.300 millones

J. MARÍN D. / AGENCIAS. MÁLAGA La crisis económica tiene en el parón de la actividad inmobiliaria uno de sus principales exponentes. En la provincia de Málaga, donde la construcción ha sido el motor de la bonanza vivida en los últimos años, se nota mucho esta circunstancia, y sólo hace falta mirar los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) para comprobar hasta qué punto llega la virulencia de la caída del sector. Así, en 2008 cayó el número de viviendas hipotecadas un 33% en relación a 2007, mientras que el capital prestado por los bancos y las cajas de ahorro descendió un 36%. Estos dígitos concuerdan a la perfección con la gravedad de la crisis, y está por ver que este año no empeoren aún más. Que parece que sí.
En números absolutos, Málaga hipotecó el año pasado 33.278 viviendas por un importe global de 5.300 millones de euros. A lo largo del ejercicio anterior había financiado 50.000, por valor de 8.300 millones de euros. En sólo un año, la diferencia de dinero asciende a la nada desdeñable cifra de 3.000 millones de euros, circunstancia que se debe a la dificultad para obtener créditos y también a la práctica desaparición de la construcción. En el total de Andalucía, no obstante, Málaga continúa a la cabeza de capital hipotecado, incluso por delante de Sevilla (4.213 millones), aunque la provincia vecina sí tramitó más viviendas: 34.148.
El descenso registrado en Málaga en el número de viviendas hipotecadas es ligeramente inferior que el del global autonómico, que se sitúa en un -37%, y la provincia también presenta mejores datos en lo relativo al total del capital prestado por las entidades financieras, pues en el conjunto de la región la bajada llega al 40,8%.
En el resto de provincias, Cádiz hipotecó 22.643 viviendas en 2008 por 2.917 millones de euros; Almería, 18.490 viviendas (2.354 millones); Granada, 14.997 viviendas (1.824 millones); Huelva, 12.935 viviendas (1.633 millones); Córdoba, 10.572 (1.134 millones), y Jaén, 8.385 viviendas (830 millones).

España. A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas ascendió a 835.056 en el conjunto de 2008, lo que supone una caída del 32,4% respecto a 2007, año en el que las viviendas hipotecadas superaron la cifra de 1.200.000.
De acuerdo con los datos que publicó el INE, el importe medio de las hipotecas sobre viviendas bajó un 6,2% en 2008 con respecto al año anterior, hasta situarse en 139.780 euros por finca.
En 2008, el capital prestado para este tipo de hipotecas superó los 116.724 millones de euros, con un descenso del 36,6% sobre el ejercicio de 2007.
Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid fueron las comunidades autónomas donde se constituyeron más hipotecas sobre viviendas el año pasado, con 155.448, 116.303, 105.998 y 102.299 préstamos, respectivamente.

El pleno aprueba reclamar de nuevo al Gobierno el Benítez (La Opinión)

Dos mociones, de PP y de IU, insisten en que el recinto sea devuelto a la ciudad. El PSOE vota en contra por considerar que entorpece el Museo del Transporte

JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA El pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó ayer instar al Gobierno central a que proceda a la cesión gratuita a la ciudad de los terrenos del antiguo Campamento Benítez, lo que, como dejó claro el alcalde, Francisco de la Torre, no sería incompatible con el Museo del Transporte que tiene previsto construir en la parcela el Ministerio de Fomento.
El equipo de gobierno del Partido Popular e Izquierda Unida presentaron sendas mociones en el pleno, que no contaron, sin embargo, con el apoyo del PSOE, para que estos terrenos reviertan en la ciudad una vez que ya dejaron de tener uso militar.
En la proposición urgente del PP se contempla que en caso de que persista la negativa del Ministerio de Fomento se realizarán todas aquellas acciones, en la jurisdicción que corresponda, necesarias para que la ciudad de Málaga recupere la titularidad demanial de los terrenos del Campamento Benítez.
Según De la Torre, esta reclamación "no entorpece" los proyectos del Ministerio de Fomento en cuanto al Museo del Transporte, proyecto que el regidor no consideró negativo "si se hace bien y con calidad", aunque siguió defendiendo el centro de la naturaleza y el mar propuesto por el equipo de gobierno. Al respecto, recordó que ya se planteó a Fomento ampliar las 28 hectáreas con una parcela que adquiriría el Ayuntamiento al este del Campamento Benítez y que serviría de complemento.
Asimismo, De la Torre se mostró confiado en que el Tribunal Supremo se pronunciará a favor del Ayuntamiento después de que éste haya recurrido la decisión de la Audiencia Nacional de desestimar el recurso contencioso-administrativo que interpuso para que los terrenos del Campamento Benítez fueran devueltos a la ciudad, utilizando como argumento el silencio administrativo positivo.
De la Torre indicó, no obstante, que, aparte del silencio administrativo, también estaría el tema de fondo de que la donación al Ramo de la Guerra -actual Ministerio de Defensa- fue modal -se imponía un destino concreto a los terrenos objetos de la donación-, ya que, aunque ese aspecto fue cambiado, "el espíritu ahí", reiterando que el Ayuntamiento eliminó la cláusula de reversión una vez concluido el uso militar por "la presión directísima" de la dictadura de Primo de Rivera, "que nombraba y cambiaba alcaldes".
Por ello, el regidor consideró que el Gobierno central debe de hacer "un análisis histórico" en este asunto, sobre el que, además, lamentó no haber encontrado "comprensión" hasta ahora por parte del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
En opinión de De la Torre, "la no mención de la necesidad de reversión es porque se ve que están haciendo las obras, pero la voluntad del Ayuntamiento -subrayó- es claramente que se había comprado para ese objetivo y con la condición de ese objetivo, no para que pudiera quedarse la finca el Gobierno sin dejar de tener esa utilización". Por ello, defendió que el Ayuntamiento tiene "legítimo derecho" a pedir la titularidad de esos terrenos.

Archivado el concurso de Aifos mientras la compañía trata de refinanciar su elevada deuda (La Opinión)

La promotora presentó dos avales de pago que fueron aceptados por las empresas acreedoras. La mercantil malagueña debe 800 millones de euros a 34 sociedades

J. A. SAU. MÁLAGA El juez Enrique Sanjuán decidió ayer archivar la solicitud de concurso necesario de acreedores contra la promotora Aifos. Éste había sido pedido por dos de las empresas a las que la constructora debe importantes cantidades, pero ambas desistieron en la vista celebrada en el juzgado número 1 de lo Mercantil de Málaga tras haber percibido parte de lo que se les adeudaba.
A una de ellas, Aifos le debe alrededor de 400.000 euros, mientras que la cantidad a pagar a la otra es de 41.000. Así, la promotora consignó dos avales por un valor total de 311.000 euros, cuantía que está siendo discutida en otros tantos procesos que se siguen en juzgados de Primera Instancia. Cuando haya una sentencia, se hará efectivo el cobro de estas sumas por parte de las mercantiles.
Iure Abogados, que representa a las demandantes, se felicitó por el acuerdo extrajudicial alcanzado antes de la vista entre las partes personadas en este proceso judicial.

Plan de refinanciación. Durante la vista, uno de los letrados de Aifos explicó que la compañía se encuentra "inmersa en un plan de refinanciación de la deuda para garantizar la continuidad del negocio y los puestos de trabajo".
De esta forma, tal y como señaló el abogado Enrique Bujidos, la mercantil está tratando de llegar a acuerdo con 13 de las 34 entidades a las que Aifos debe hasta 800 millones de euros para pagar más cómodamente esa cantidad. Lo que hay por ahora es un principio de pacto para sentarse a negociar antes del 30 de abril, aunque el proyecto tiene posibilidades de prosperar.
Las cuentas de Aifos están claras: actualmente está construyendo más de 4.000 viviendas, de las que ya ha vendido 3.200 a otras tantas familias, lo que en sí mismo supone una auténtica garantía de pago. Las 13 entidades que han aceptado negociar el montante del débito son, en su mayoría, entidades financieras a las que no les interesa que Aifos declare un concurso de acreedores, ya que aún hay capacidad maniobra para salvar la compañía. Una suspensión de pagos provocaría precisamente el efecto contrario.
Por ahora, "ese pacto de espera", según Bujidos, permite que los bancos sigan abonando el crédito para que la empresa adquiera liquidez con la que acabar las promociones en curso, algo vital para su salvación.
"Lo mejor es buscar una solución fuera del concurso", aclararon los representantes procesales de la constructora malagueña. De ella dependen 150 empleos directos y alrededor de 10.000 puestos de trabajo indirectos. El juzgado de lo Mercantil admitió a trámite el pasado mes de enero la solicitud de concurso necesario de acreedores realizada por proveedores impagados, después de rechazar previamente otra.

La Junta otorga 16,4 millones a 98 ayuntamientos para la rehabilitación de viviendas (La Opinión)

Las ayudas cubrirán hasta el 50% del importe de las reformas. Se centrarán en la mejora de las canalizaciones, cubiertas, humedades y eliminar barreras

MIGUEL FERRARY. MÁLAGA Algo más de 1.600 inmuebles de la provincia se podrán beneficiar de las ayudas contempladas por la Consejería de Vivienda de la Junta para la rehabilitación, que asciende a 16,4 millones de euros y que se entregarán a lo largo de este año.
Estas subvenciones están destinadas a incentivar los proyectos particulares de arreglo de edificios, aunque se gestionarán a través de 98 municipios de la provincia, que ayer firmaron el preceptivo convenio de colaboración con la Junta. Sólo quedarán fuera Casares y Málaga, donde la Administración autonómica tiene en marcha unos planes específicos de rehabilitación en sus cascos históricos.
Las ayudas llegarán a sufragar hasta el 50% del coste del arreglo de los edificios, con un máximo de 12.000 euros por proyecto, aunque podrán ascender a 18.000 euros si hay que garantizar la estabilidad de la estructura. La Junta también asumirá el coste de la redacción de los proyectos de obra, la dirección de ésta y los planes de salud y seguridad obligatorios para cualquier actuación.
La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, María Gámez, resaltó la importancia de estas ayudas en tiempos de crisis. En este sentido, recalcó que supondrá un respiro para las empresas del castigado sector de la construcción que ejecutarán los trabajos y calculó que se podrán crear unos 800 empleos para incentiva la rehabilitación de viviendas.
Para aspirar a esta financiación, los proyectos deberán actuar sobre edificios que tengan más de 10 años de antigüedad y que tengan problemas de estructura o de mantenimiento. Entre las actuaciones que cubrirán estas ayudas, se encuentran obras para eliminar humedades, mejora de las cubiertas, eliminación de barreras arquitectónicas, modernización del saneamiento y de las instalaciones eléctricas o de gas.
Límite de ingresos. Las familias que aspiran a lograr una ayuda por el 50% del coste de la rehabilitación de su vivienda no podrán superar los 18.000 euros al año en ingresos (unas 2,5 veces el salario mínimo). No obstante, en esta convocatoria, la Consejería de Vivienda ha ampliado las subvenciones a aquellas con ingresos de hasta 39.000 euros anuales, aunque recibirán una cantidad sensiblemente inferior y que no podrá superar el 25% del coste total. La única excepción es con los mayores de 65 años con ingresos anuales entre los 18.000 y los 39.000 euros, que podrán sufragar el 40% del total de la obra.
La delegada de Vivienda, Josefa López, apuntó que este programa también quiere animar a los malagueños a que pongan las viviendas vacías en alquiler. Así, se incentivará a los propietarios de casas sin ocupar para que las arreglen con ayudas de hasta el 40% del coste total si asumen el compromiso de ponerla en alquiler durante un mínimo de cinco años.
El colectivo más beneficiado por esta financiación autonómica será el de usuarios de la ´Tarjeta 65´, cuyas obras de arreglo podrán recibir hasta el 70% del presupuesto de ejecución.
La colaboración con los ayuntamientos malagueños es fundamental para el buen funcionamiento de estas ayudas. Así, serán los municipios quienes certifiquen el comienzo de las obras, momento en el que el solicitante recibirá la mitad del presupuesto concedido. El resto lo recibirá en el momento en que la autoridad municipal certifique que se ha ejecutado la mitad de los trabajos.
La Consejería de Vivienda ha puesto también unos plazos muy estrictos para asegurar el comienzo de los trabajos a corto plazo. Así, entre que se presenta el proyecto hasta el comienzo de la obra no pueden pasar más de ocho meses.
La delegada de Vivienda insistió en que los 16,4 millones de euros se distribuirán de forma que 13,3 millones de euros sean para apoyar las obras y unos 3,1 millones de euros para redactar los proyectos.

El entorno del Thyssen, en ruinas (La Opinión)

Los vecinos denuncian el estado en el que se encuentran varios edificios situados en la plaza de los Mártires

ROCÍO P. LLAMAS. MÁLAGA La céntrica zona donde próximamente se ubicará el Museo Thyssen no presenta el mejor aspecto de la capital. Concretamente, en la plaza de los Mártires aún existen varios edificios que se podrían declarar como "en completa ruina", como destaca María del Carmen Narvaez, de la tienda ´Época´, localizada en esta misma zona.
"Mi tienda está pared con pared a un edificio de tres plantas completamente en ruinas, deshabitado desde hace muchísimos años y sin protección alguna", afirma María del Carmen. El edificio, que ocupa toda la esquina, posee una reja que deja ver parte del interior de la construcción: mantas, cartones y todo tipo de escombros. Además, se aprecia que el edificio está completamente destrozado por dentro y algunos puntales intentan sujetar trozos de techos inestables y el suelo está cubierto en su totalidad de escombros.
"Cada día escuchamos como se caen trozos del edificio por dentro y la verja es un foco muy peligroso, si alguien tira una colilla todo lo que hay ahí dentro arde rápidamente", denuncia María del Carmen.
Esta vecina de la plaza de los Mártires ya denunció hace cuatro años como consecuencia de la presencia de ´okupas´ en el edificio en ruinas, pero a su parecer "el Ayuntamiento no ha hecho nada por mejorar esta zona donde se ubica en Museo Thyssen. Estamos abandonados y deberían de hacer algo como derrumbar el edificio para evitar que pase algo", sentencia María del Carmen.
Discoteca. Este no es el único edificio en malas condiciones. La gran mayoría de las estructuras de esta calle están en mal estado. "Por ejemplo, la parte de arriba de la discoteca de la plaza de los Mártires, que son dos plantas, está completamente destruida porque se cayó el techó de la primera planta y deberían rehabilitar ese edificio", confirma esta vecina.
María del Carmen Narvaez lleva con su tiempo en la misma zona desde el año 96 y destaca que antes esta céntrica calle era una zona muy comercial, como lo puede ser calle Granada. "Sin embargo ahora se ha convertido en un ´meadero´ lleno de suciedad y que da miedo pasar por las noches", concluye.
María del Carmen Narvaez insta al Ayuntamiento a que lleve a cabo alguna medida que garantice la seguridad de los vecinos de la zona, no sólo de este edificio en concreto sino del resto que componen la plaza de Los Mártires, ya que sólo una vivienda se encuentra rehabilitada de las más de cuatro construcciones que existen en la zona.

La concesión de hipotecas se hunde un 32,4% en 2008 (La Opinión)


El pasado año se financiaron 835.056 viviendas por un total de 116.724 millones de euros. Las cajas concedieron el 55,8 por ciento de los préstamos

J. MARÍN D. / AGENCIAS. MÁLAGA La crisis económica tiene en el parón de la actividad inmobiliaria uno de sus principales exponentes. En España, donde la construcción ha sido el motor de la bonanza vivida en los últimos años, se nota mucho esta circunstancia, y sólo hace falta mirar los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) para comprobar hasta qué punto llega la virulencia de la caída del sector. Así, en 2008 cayó el número de viviendas hipotecadas un 32,4% en relación a 2007, mientras que el capital prestado por los bancos y las cajas de ahorro descendió un 36,58%. Estos dígitos concuerdan a la perfección con la gravedad de la crisis, y está por ver que este año no empeoren aún más. Que parece que sí.
En Málaga, las cifras son parecidas a la media nacional, ya que el número de hipotecas cayó un 33 por ciento y el capital destinado a ellas, un 36%. En números absolutos, Málaga hipotecó el año pasado 33.278 viviendas por un importe global de 5.300 millones de euros. A lo largo del ejercicio anterior había financiado 50.000, por valor de 8.300 millones de euros.
A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas ascendió a 835.056, frente a las más de 1.200.000 del año anterior. De acuerdo con los datos del INE, el importe medio de las hipotecas sobre viviendas bajó un 6,2% en 2008 con respecto al año anterior, hasta situarse en 139.780 euros por finca. En 2008, el capital prestado para este tipo de hipotecas superó los 116.724 millones de euros.
CCAA. Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid fueron las comunidades autónomas donde se constituyeron más hipotecas sobre viviendas el año pasado, con 155.448, 116.303, 105.998 y 102.299 préstamos, respectivamente.
Además, los promotores inmobiliarios, ante la caída de las ventas y sus problemas financieros, redujeron el número de viviendas iniciadas casi un 60% en 2008, según los datos de los Colegios de Arquitectos Técnicos que, en ese periodo, concedieron un total de 264.795 visados para viviendas de obra nueva. Este número de visados supone la cifra más baja desde el año 2000, el primero reflejado en la estadística que elabora el Ministerio de Fomento.
Las cajas de ahorro concedieron el 55,8% de las hipotecas en 2008; los bancos, el 34,3%, y otras entidades financieras, el 9,9%. También las cajas prestaron la mayor cantidad para hipotecas, el 50,9%, seguidas de los bancos, con el 39,2% y las otras entidades, el 9,9%.
El tipo de interés medio para el total de las hipotecas constituidas en 2008 fue del 5,29%, por encima del 4,71% de 2007.
En cuanto al plazo de amortización, se redujo hasta 24 años, dos menos que en 2007, (25 en las cajas y 24 en los bancos).

Chaves rechaza gravar los pisos vacíos como propone IU (La Opinión)

Dice que esta medida es ineficaz y defiende la Ley de Vivienda, que empezará a tramitarse en breve. Valderas ve un "lujo" que haya inmuebles desocupados

LA OPINIÓN. SEVILLA El presidente de la Junta, Manuel Chaves, rechazó ayer gravar las viviendas vacías que existen en Andalucía porque es una medida "ineficaz" y "no resuelve nada", mientras que el líder andaluz de IU, Diego Valderas, aseguró que Andalucía no puede permitirse el "lujo" de que haya viviendas desocupadas. Este fue uno de los debates de la sesión de control de ayer, en la que Chaves también se enzarzó en una discusión sobre el paro con el líder del PP, Javier Arenas.
El presidente señaló que imponer un canon sobre las viviendas deshabitadas para favorecer su puesta en el mercado es ineficaz porque la oferta de vivienda en el mercado libre ha aumentado y su precio ha bajado. De hecho, recordó que esta medida ya fue planteada por el Gobierno vasco, que finalmente la retiró.
De este modo, rechazó adoptar cualquier medida en esta dirección y defendió las iniciativas impulsadas por la Junta, entre las que destacó la Ley de derecho a la vivienda, que comenzará su trámite parlamentario en cuestión de semanas, según avanzó.
Valderas le exigió un plan de "rescate" para las familias afectadas por desahucios y consideró que la Junta "tiene mucha cara" al aprobar planes para la banca y no para las familias. "Andalucía no puede permitirse el lujo de tener viviendas vacías mientras desahucian a personas que necesitan vivir en alguna parte", dijo.
Por otro lado, Chaves rechazó la acusación de "mal gobernante" lanzada por Arenas y defendió sus medidas contra el paro y la crisis económica, además de asegurar que los andaluces le votan en las elecciones porque, junto al PSOE, ha "transformado" Andalucía.
Lamentó que Arenas le responsabilice a él de la crisis y no a los presidentes de otras comunidades, entre ellos los de las que gobierna el PP, algo que, en su opinión, prueba que "solo quiere utilizar el paro con la intención de arañar votos". El popular le respondió que al igual que no tiene ninguna duda de que Chaves ha ganado las elecciones tampoco la tiene de que "ha doblado el paro en 25 años".
El pleno también debatió y rechazo, con los votos de PSOE e IU, una iniciativa del PP que instaba a promover un Pacto Andaluz por el Empleo.

La apertura de la segunda cárcel se retrasa hasta 2012. Archidona (SUR)

El subdelegado del Gobierno afirma que las obras, que costarán 120 millones, no arrancarán hasta principios de 2010

Las obras para construir la segunda cárcel de la provincia en Archidona tardarán en comenzar más de lo previsto inicialmente. No en vano, en agosto del año pasado anunciaron el inicio de los trabajos para la primavera de 2009. Sin embargo, la falta de acuerdo con algunos de los propietarios de los terrenos en los que se construirá ha provocado que se inicie un expediente de expropiación, según afirmó ayer el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, quien fijó finalmente la inauguración de la prisión para principios de 2012. El alcalde de Archidona, Manuel Sánchez (IU), ya avanzó el pasado mes de enero un retraso en las obras debido a los expedientes de expropiación, aunque no concretó una fecha para la puesta en servicio de la nueva instalación penitenciaria.
López Luna, que compareció ayer en rueda de prensa junto al secretario general del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia, apuntó que el proceso de expropiación estará finalizado para octubre de ese año y que para esa fecha también estará concluido el anteproyecto de la cárcel. «De ahí hasta final de año se procederá a licitar y adjudicar las obras, de manera que estas empezarán en los primeros meses de 2010», matizó.
Las obras cuentan con un plazo de ejecución de dos años por lo que la inauguración y puesta en marcha de la prisión no se producirá hasta los primeros meses de 2012, según López Luna.
La segunda cárcel de Málaga ocupará entre 35.000 y 50.000 metros cuadrados, aunque son necesarios 350.000 metros cuadrados de terreno para establecer un perímetro de seguridad en torno al recinto penitenciario, que se ubicará en La Saucedilla, cerca de la A-92.
La prisión costará 120 millones y tendrá 1.008 celdas, con capacidad para más de 2.000 reclusos. La llamada 'Málaga II' generará entre 600 y 700 empleos directos durante su construcción y una vez que esté en funcionamiento, 800, de los que entre 80 y 100 serán para guardias civiles y 620 para funcionarios.

La inauguración oficial del 'parking' de La Almedina conllevará el cierre de la zona de El Cerrillo. Torrox (SUR)

El 'parking' de La Almedina, en Torrox Pueblo, abrió sus puertas de forma definitiva el pasado 9 de diciembre, aunque hasta la fecha no se había producido ningún acto oficial de inauguración. Éste tendrá lugar mañana sábado coincidiendo con el Día de Andalucía. Al mismo tiempo, este acto implicará que el Ayuntamiento procederá a prohibir el estacionamiento de vehículos en la zona de El Cerrillo, situada muy próxima, y que hasta ahora se ha usado como área de aparcamientos al aire libre y sin ningún tipo de coste.
Estas parcelas son de propiedad privada, por lo que el Consistorio lo que ha estado haciendo durante los meses que han durado las obras del nuevo recinto -que cuenta con un total de 385 plazas- y hasta la fecha, ha sido pagar un alquiler a sus propietarios. Sólo se mantendrá una pequeña parcela, que es de propiedad municipal, que se destinará al aparcamiento de vehículos para carga y descarga. El área de El Cerrillo es, además, urbanizable y está previsto la ejecución de un vial en esta zona.

Comienza el plazo de solicitud de ayudas para la rehabilitación de viviendas. Benalmádena (SUR)

Los vecinos de la localidad que necesiten de hacer reparaciones por importantes deterioros en viviendas antiguas podrán solicitar, desde el lunes 2 de mazo, las ayudas que la Junta de Andalucía ofrece para la rehabilitación de los hogares.
Entre los requisitos que deben cumplir las viviendas para poder acogerse al plan destacan, el contar con una superficie útil mínima de 24 metros cuadrados, o tener una antigüedad superior a los diez años. El plazo para solicitar los informes pertinentes estará abierto durante un mes.
Se trata de una subvención que por primera vez se concede a ciudadanos benalmadenses, gracias a un convenio firmado con delegada del Gobierno Andaluz, María Gámez.

Entre las actuaciones destacan la construcción de un carril bici y la remodelación de casi una veintena de calles del casco antiguo. Fuengirola (SUR)

Durante el pasado año se crearon 163 rampas para facilitar el paso a personas con problemas de movilidad


Acera rebajadaAún queda mucho trabajo por delante para hacer de Fuengirola una ciudad libre de barreras arquitectónicas. Durante el pasado año, se crearon 163 rampas de acceso y rebajes de aceras en pasos de peatones, la mayoría (106) aprovechando las remodelaciones de calles, mientras que el resto fueron ejecutados por los Servicios Operativos a petición vecinal o en respuesta a informes previos del propio departamento municipal o de la Policía Local. Pese a estas cifras, todavía existen puntos en la ciudad que son intransitables para personas con problemas de movilidad (mayores y discapacitados) o simplemente para alguien que lleve un carrito de bebé. Aceras estrechas, postes de la luz o de telefonía que entorpecen el paso, bordillos infranqueables,... Para detectar todos estos obstáculos, el Área Municipal de Urbanismo tiene previsto elaborar un estudio que permita acometer la eliminación de estas barreras arquitectónicas de forma progresiva.
Mientras se realiza este informe, en el Ayuntamiento confían en «triplicar o cuadruplicar» este año las actuaciones de 2008, puesto que todas las obras viarias proyectadas en la ciudad para los próximos meses contemplan la supresión de estas barreras. «En el momento que se plantea cualquier obra de remodelación para el municipio, el primer punto que se analiza es la eliminación de las posibles barreras arquitectónicas que existan en ese entorno, calle o edificio en el que se va a actuar», afirmó la edil de Infraestructuras y Obras, Ana Mula, quien destacó también la importancia de intervenir en los pasos de peatones para acondicionar los accesos, rebajándolos a cota cero.