viernes, 5 de diciembre de 2008

El juez aprueba el concurso de Habitat y desestima el recurso de Ferrovial (El Mundo)

La inmobiliaria afirma no poder hacer frente al pago de un crédito sindicado
La Caixa, nombrada administrador concursal en nombre de los acreedores

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona ha aprobado el concurso de acreedores voluntario de la inmobiliaria Habitat, por considerar acreditada la "situación de insolvencia inminente" de la compañía. En un auto paralelo, el juez ha desestimado la solicitud de impugnación presentada por Ferrovial.

El grupo de Rafael del Pino, accionista del 20% de Habitat, argumentaba la impugnación en que era preciso que esa decisión, de solicitar un concurso, se discutiera en una junta extraordinaria.

Habitat presentó el concurso tras no poder hacer frente al pago de las obligaciones de un crédito sindicado, del que estaba previsto el "inmediato compromiso de pago de los intereses y de parte del principal", según consta en el auto.

Además, una "parte importante" de su activo está comprometido, dado que figura como garantía de este crédito sindicado, según dice el juez a partir de la documentación aportada por Habitat.

El juez ha nombrado como administradores concursales a Enric Faura, en su condición de auditor de cuentas, al abogado Joan Antoni Borràs y a La Caixa, en representación de los acreedores. Los antiguos administradores preservarán sus facultades, aunque bajo la supervisión de la administración concursal.

Promociones Habitat, presidida por Bruno Figueras, asumió una deuda de más de 2.200 millones de euros hace dos años, cuando compró a Ferrovial su división Ferrovial Inmobiliaria para convertirse en uno de los grandes del sector y quedó atrapada en el cambio de ciclo que ha vivido la promoción residencial en España.

Credit Suisse asegura que los precios de las casas en España seguirán cayendo (El Mundo)

La creencia de que los precios se mantendrán está basada en un 'error'
'Estimamos que haya entre 1,5 y dos millones de excedentes'

El banco helvético Credit Suisse considera én un informe que en el sector inmobiliario de España "en nuestra opinión los precios de los pisos no sólo están ya cayendo, sino que estimamos que haya una significativa reducción en los próximos años de un 30% en términos reales".

El banco señala que, a pesar de que las estadísticas oficiales del Banco de España y el ministerio de Vivienda apuntan a un aumento del precio del 0,4% con respecto al año anterior, la realidad es otra. "Los precios a nivel nacional no han decrecido aún, al menos oficialmente, porque, entre otras cosas, algunos vendedores potenciales han decidido mantener los precios y el bajo número de ventas no refleja la disminución del precio".

Credit Suisse toma como referencia en su informe el declive, de un 40%, de las ventas de viviendas de segunda mano y la caída anual, del 27%, que han sufrido en términos generales, además del incremento del tiempo de venta. Asimismo, la entidad señala que los precios de estas casas han caído en Madrid y Barcelona un 4% y un 8%, respectivamente. "Algo que muchos pensaban que nunca ocurriría".

"Las estadísticas se basan en los precios ofrecidos, no en las ofertas concretas. En nuestra opinión las transacciones se cierran a un precio mucho más bajo", según Credit Suisse, que cree, además, que los precios seguirán cayendo a causa de la actual "sobrevaloración del mercado, del aumento del desempleo, y de las condiciones financieras más duras".


La entidad Credit Suisse en Zurich. (Foto: AFP)
Los economistas del banco consideran que la extendida creencia de que los precios se mantengan debido a que los propietarios preferirán no vender antes de bajar el precio, está basada en un "error histórico sobre la creación del valor". Una equivocación cuyos orígenes se encuentran en "la ilusión del dinero, el monopolio de la ostentación del terreno, los costes de alquiler frente a los de adquisición, los bajos intereses y la estabilización de los precios en un ambiente de baja inflación".

El informe pone de manifiesto que, mientras se han construido cinco millones de casas en los últimos ocho años, el número de propietarios se ha incrementado en 3,7 millones, "por lo que 20 de las casas están vacías y existen 1,6 casas por cada propietario".

"Según nuestras estimaciones, entre el 25% y el 30% de las nuevas casas que se han construido en los últimos tres años han sido adquiridas con objetivos especulativos, por lo que estimamos que haya entre 1,5 y dos millones de excedentes que tardarán entre tres y cuatro años a ser absorbidas".

'The Economist' advierte que lo peor está por venir en el sector inmobiliario español (El Mundo)

'El mercado terminará con la gran queja los españoles: los precios desorbitados'
La publicación critica que cientos de personas durmieran al raso en Fuenlabrada

Nefastas previsiones. La revista 'The Economist' advierte en su próximo número de que "lo peor está por venir" en la crisis del sector inmobiliario español. Además, apunta que el mercado se va a encargar de terminar con una queja constante de los españoles durante los últimos años: los precios desorbitados de la vivienda.

Bajo el título de 'La pesadilla de las constructoras', esta publicación analiza la situación de las constructoras españolas y el mercado inmobiliario en general y constata que los españoles no están acostumbrados a que la vivienda se deprecie.

Como el ladrillo ha sido la apuesta segura durante mucho tiempo, a los españoles les resulta difícil de entender que los precios caigan tan drásticamente, afirma la revista británica. La publicación recoge el caso de los cientos de personas que durmieron al raso durante días para hacerse con alguno de los pisos del 'Pocero' de Fuenlabrada (Madrid).

La realidad es que podrían haber encontrado precios más bajos en Internet, afirma la publicación, que asegura que el mercado "está cayendo rápidamente", pero a un ritmo que es difícil de evaluar. Esto es así, dice 'The Economist', porque los españoles no declaran el verdadero precio de venta de sus casas, lo que repercute en que las cifras oficiales, basadas en estimaciones de tasadores, muestren una caída nominal del 1,3% en el tercer trimestre.

Según la revista, la mayoría de los expertos piensa que la cifra es mucho mayor y ofrece la valoración de la escuela de negocios IESE, que habla de una caída del 8% en los precios. Los vendedores privados no pueden creer que sus hogares están perdiendo valor, pero los constructores saben que se les acabó el chollo, continúa 'The Economist', que destaca que muchas promociones se están vendiendo a un 20% por debajo del precio inicial.

La revista se refiere a los problemas de los bancos, provocados por los impagos de los constructores y de los promotores

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Este es un dato que pocos constructores están dispuestos a reconocer públicamente por miedo a que los clientes cancelen sus contratos y se vayan en busca de algo más barato, añade la revista en la edición que sale a la calle este viernes.

La revista se refiere también a los problemas de los bancos, que no vienen tanto de los impagos por parte de los particulares, sino de los constructores y los promotores, destinatarios de más del 40% de los créditos inmobiliarios que conceden las entidades.

Y lo peor está por venir, dice la revista, que señala los grupos constructores que están en dificultades: Habitat, Martinsa-Fadesa, Metrovacesa, Colonial y Sacyr Vallehermoso. En este contexto, recoge 'The Economist', muchas nuevas viviendas aún se están terminando de construir, pero son pocos los nuevos proyectos que se han iniciado en los últimos meses.

'Las grúas, tan presentes en las últimas décadas en el paisaje urbano español, pronto desaparecerán'

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Las grúas, tan presentes en las últimas décadas en el paisaje urbano español, pronto desaparecerán y la construcción (que hasta hace poco representaba en España el doble del porcentaje del PIB que en otros grandes países europeos) sufrirá un duro ajuste.

El reportaje descarta que los planes del Gobierno para reactivar la economía vayan a hacer subir el precio de las propiedades. Y concluye: "Durante años los españoles se han quejado de los exorbitantes precios de la vivienda. El mercado se está encargando de solucionarles el problema".

Corredor insta a los promotores a seguir bajando los precios (El País)

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha instado hoy a los promotores inmobiliarios a seguir moderando los precios de los pisos para dar así salida al stock, si bien no ha precisado qué bajada sería necesaria y señaló que "eso lo tendrá que decidir cada" empresario.

En el marco de unas jornadas sobre vivienda protegida organizadas por Expansión, la ministra ha señalado que se trata de un mercado libre donde "prima la ley de la oferta y la demanda", y ha recordado que hay promotores que ya están ajustando sus precios. La titular de Vivienda se ha referido también a la propuesta de los promotores de que el Estado compre inmuebles a través del Fondo de Adquisición de Activos Financieros, y ha insistido en que no está a favor de la iniciativa.

Por otra parte, ha asegurado que la vivienda protegida está teniendo una "tendencia positiva" en los últimos meses, que "va a seguir aumentando una vez tengan impacto real" las medidas del Gobierno para dotar de liquidez a las entidades financieras.

Frenazo del sector residencial

La ministra ha recordado que el sector de la construcción residencial "ha sufrido un frenazo mucho más brusco de lo que era previsible", sobre todo por la restricción del crédito. Y ha calificado de "bastante paradójico" las "muchas dificultades" de los promotores para vender y la necesidad que hay de vivienda por parte de los ciudadanos.

Corredor ha señalado, en cualquier caso, que los precios ya están moderándose claramente, igual que el Euríbor, si bien le preocupa que se estén terminando promociones y no se inicien otras nuevas y el impacto de esto en el empleo.

Según los datos del ministerio, la vivienda era en septiembre -últimos datos oficiales disponibles- un 0,7% más cara que hace un año a pesar de bajar un 1,3% en el tercer trimestre. El Instituto Nacional de Estadística (INE) sostiene, sin embargo, que los precios han caído un minúsculo 0,3% en el último año. Hay que recurrir a la tasadora Tinsa, que utiliza una muestra menos representativa, para encontrar una caída de peso, casi del 5%.

El 65% de Metrovacesa pasa a manos de los bancos (El País)

El grupo Sanahuja, principal accionista del Metrovacesa, entregará el 54,75% del capital a seis bancos acreedores, que, adicionalmente, comprarán individualmente el 1,78% del capital, con lo que en conjunto pasarán a controlar 65,43% del capital.

Tras cerrar el acuerdo, las entidades, que no se verán obligadas a lanzar una OPA ya que ninguna de ellas supera el 30% de la inmobiliaria, adquirirá todos los derechos de voto, gestión y representación en Metrovacesa de la familia Sanahuja, que se convirtió en el primer accionista tras adqurir el 80% de la compañía tras una operación en la que adquirieron una deuda con la banca cercana a 4.000 millones de euros.

Según ha informado hoy la familia Sanahuja a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BBVA, Banesto, Sabadell, Popular, Santander y Caja Madrid pagarán 57 euros por acción, lo que supone una prima del 14% respecto al precio actual de mercado de Metrovacesa, cuyas acciones permanecen suspendidas de negociación desde el martes. Los títulos han evolucionado de los 97 euros del pasado mes de abril a los alrededor de 50 actuales.

Pese a todo ello, los Sanahuja contarán con la posibilidad de recuperar títulos de la inmobiliaria. Los bancos concederán una opción de compra sobre las acciones traspasadas, ejercitable total o parcialmente durante un plazo de cuatro años, al mismo precio de 57 euros, más un interés anual acumulado del 3,5% (menos dividendo).

Saldar la deuda de Cresa-Sacresa

En este sentido, la operación permitirá a los Sanahuja saldar parte de la deuda que mantienen las sociedades del Grupo Cresa-Sacresa con las citadas entidades, concretamente 2.090 millones de euros, mientras que por el resto recibirán activos inmobiliarios por valor de unos 125 millones.

Por otra parte, con el fin de compensar a los accionistas minoritarios y aunque no forma parte del acuerdo con la banca, los Sanahuja propondrán la articulación de un mecanismo de liquidez que permita el trato igualitario para estos accionistas.

La resolución de las negociaciones, que han ido en paralelo a las efectuadas por la propia Metrovacesa con la banca para refinanciar sus deudas superiores a 7.000 millones de euros, ha llevado a la CNMV poner fin a la suspensión de las acciones de la inmobiliaria, que han vuelto a cotizar con un alza del 6% hasta los 53 euros.

Con esta toma de control de Metrovacesa por parte de la banca, la empresa sigue los pasos de la Inmobiliaria Colonial, en manos de La Caixa y el Banco Popular.

Las dos caras del arbitraje (El País)

El laudo arbitral es rápido y más económico que la vía judicial, pero sólo si el inquilino abandona el piso voluntariamente

Miles de propietarios reticentes a alquilar sus casas han encontrado en el arbitraje privado la solución perfecta. La lentitud de la justicia ordinaria ha sido el caldo de cultivo para la aparición de instituciones sin ánimo de lucro que prometen desahucios rápidos y el cobro de las rentas impagadas.


"Mi inquilino no me paga el alquiler"

Timo gigante en la Costa del Sol
María Dolores Lanchas ha acudido al arbitraje, pero sus inquilinos siguen sin abandonar su local
El laudo arbitral se obtiene en un plazo de 25 a 35 días de media desde la aceptación del árbitro

Para cobrar las rentas impagadas no basta con el arbitraje, es necesario un seguro
El arbitraje es rápido y más económico que el proceso judicial, y eso ofrece seguridad a los propietarios que buscan blindar sus contratos. La justicia tarda entre nueve y doces meses en echar de casa ajena a un inquilino que no paga. El laudo arbitral (sentencia firme) se obtiene en un plazo de 25 a 35 días de media desde la aceptación del árbitro y, al ser un procedimiento escrito, no hay necesidad de comparecencia del propietario y del inquilino.

"El mercado del alquiler llegará a los tres millones de viviendas en el primer trimestre de 2009, un millón más que hace sólo dos años", según Carlos Ruiz, gerente de la compañía Arrenta."La salida al mercado de pisos en alquiler ha crecido un 30% al eliminar la inseguridad jurídica mediante el arbitraje", indican en La Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad, empresa que pone en marcha en el año 2006 el Plan Nacional de Alquiler Garantizado (PNAG), un nombre que ha generado mucha controversia y alguna que otra denuncia por publicidad engañosa. A pesar de las apariencias, nada tiene que ver con ninguna administración pública. A este arbitraje se han acogido más de 550.000 personas. Dicen en La Corte que una de cada dos inmobiliarias facilitan sus arbitrajes y que se han resuelto ya más de 14.000 conflictos de arrendamiento.

De 2003 a junio de 2008, un total de 153.477 contratos de alquiler han incorporado el convenio arbitral de otra empresa, la Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad (Aeade). La entidad, presidida por el ex presidente del Senado Juan Ignacio Barrero Valverde, del PP, y que ha fichado a jueces y magistrados de renombre, tiene convenios con distintas administraciones públicas para ofrecer el arbitraje en alquileres, la última, con el Gobierno de La Rioja. Prevé cerrar el año con 75.000 nuevos contratos, un 35% más que en 2007.

La morosidad en los alquileres casi se ha duplicado, "de ahí que el número de procedimientos arbitrales este año sea tan elevado, 481", indica Javier Íscar de Hoyos, secretario general de Aeade.

El caso de Josep y Marga

Dan buena cuenta Josep Carreras Molins y Marga Forns Guzmán. El arbitraje, en este caso de Aeade, les ha ayudado a recuperar su piso en Llinars del Vallès, Barcelona, "sin ningún tipo de comunicación con el inquilino en un tiempo más que razonable, un mes y veinte días". Antes de comenzar el proceso tuvieron que ingresar 425 euros como gastos de suplidos (Aeade solicita provisión de fondos para cubrir una parte de sus honorarios).

El inquilino ha dejado de forma voluntaria la vivienda y las rentas que debía las ha descontado de la fianza, con lo que han quedado en paz. Pero el inquilino tiene ahora que abonar los gastos que conlleva todo el proceso arbitral y que ascienden a 1.472 euros. El 60% de los laudos son ejecutados judicialmente y el 40% restante acaban en acuerdo. Por eso, en la Asociación Comunitaria de Arbitraje y Mediación creen que el arbitraje es la mejor medida contra el atasco judicial.

A la vía judicial

Eso, siempre que el inquilino se amedrente y se vaya de forma voluntaria. María Dolores Lanchas, de 60 años, no ha tenido tanta suerte con su local, situado en la ronda de Atocha (Madrid). Sus inquilinos deben 3.000 euros de rentas y no están dispuestos a entregar las llaves. María Dolores, que ha pagado 615 euros para iniciar el arbitraje, tiene ya un laudo, pero ahora debe acudir a la vía judicial. Sus inquilinos deben además 2.200 euros correspondientes a los costes arbitrales de Aeade.

A Juan José Jiménez Gómez también le dejaron de pagar el alquiler de su piso en Valencia. En abril inició el arbitraje y en junio recuperó la vivienda. A diferencia de los demás, tenía un seguro de cobro de las rentas con la financiera de Arrenta. Pero "no es lo que esperaba", dice, "porque el primer mes no lo pagan, y tampoco me han pagado los gastos de luz, agua y demás; no leí la letra pequeña".

La mala suerte ha querido que los nuevos inquilinos de Juan José le hayan dejado de pagar la renta. Vuelta a empezar. Hasta aquí, el arbitraje es un método que en teoría anima el mercado del alquiler. Aunque hay quienes piensan que en la práctica no es tan eficaz.

"La expulsión del inquilino moroso y el cobro forzoso de las deudas nunca se puede materializar mediante un arbitraje privado, sino sólo a través de los órganos judiciales. Por eso, el arbitraje es poco útil en esta materia y en la lucha contra la morosidad", dice Alberto Dorrego, que ocupó el cargo de director general para la Modernización de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia. La ejecución de un laudo depende de la rapidez del juzgado, pero de media hay que esperar entre dos y ocho meses más.

Inquilino insolvente

¿Y qué pasa si el inquilino se declara insolvente? Los propietarios creen que sus contratos están blindados y que ese arbitraje cubre rentas impagadas. El arbitraje no soluciona este problema. Si el propietario quiere asegurarse el cobro de las rentas debe suscribir un seguro o una garantía del pago de rentas. Para eso hay compañías de seguros como Das o Arag y compañías que ofrecen arbitraje y pago de rentas, como Arrenta. Esta última cubre el coste del arbitraje, abogado y procurador por 80 euros.

"Este producto es el más demandado por el 85% de los clientes", indica Carlos Ruiz. Si además se quieren siete meses de rentas cubiertas, hay que pagar entre 250 y 350 euros, dependiendo de la renta anual. Si se opta por el proceso judicial, el seguro cubre abogado y procurador.

Al margen de su eficacia, hay voces que denuncian abusos en la aplicación del arbitraje y cuestionan la validez de los laudos. Las miradas se dirigen precisamente a las dos entidades más publicitadas en los medios de comunicación, Aeade y La Corte de Arbitraje. Estas sociedades se presentan como entidades sin ánimo de lucro, aunque en algunos foros de Internet se habla de que el fin de estas cortes arbitrales es conseguir beneficios sin importar a qué precio. Se denuncia que no otorgan los mismos derechos a los inquilinos, y las quejas y resoluciones judiciales en contra están creciendo.

"Hay instituciones arbitrales en las que se han detectado algunos problemas preocupantes, recogidos en sentencias judiciales que han motivado la anulación de laudos dictados", explican en el Instituto Nacional de Consumo (INC). "Estas empresas alegan garantías que, según recogen las sentencias y autos, no ofrecen dada la falta de imparcialidad y la sumisión de una de las partes".

Laudos anulados

Según Aeade, de sus 943 arbitrajes no ha sido anulado ninguno, ni siquiera instada la anulación. Pero en la Audiencia Provincial de Madrid figura al menos uno. Y otro en el caso de La Corte de Arbitraje. La sección 10 anuló un laudo de Aeade porque al contrato de alquiler no se adjuntaba el convenio arbitral. A posteriori, se adjuntó y se rellenó con bolígrafo confundiendo el apellido de una de las partes. Y la sección 21 anuló otro laudo de La Corte de Arbitraje, que había presentado un recurso de apelación por un laudo impugnado. El juez considera que la decisión del auto impugnado es correcta.

"Se trata de esquemas arbitrales que pregonan con descaro y sin vergüenza la protección de los intereses de una parte frente a los de la otra", denuncia José Antonio García, director de Arbitraje y Mediación, ARyME, empresa dedicada exclusivamente a promover el arbitraje, no a administrarlo.

ARyME reclama que el arbitraje civil sólo pueda ser instado por las partes, una vez surgida la disputa, esto es, que se prohíba el pacto arbitral previo. Según García, el mercado del arbitraje civil en España ni ha querido ni ha sabido autorregularse.

La asociación de consumidores CEACCU denunciaba hace algunos años que "los laudos de Aeade podían ser de graves consecuencias para el consumidor, llegando al embargo de sus propiedades y a tener que asumir todas las costas del proceso". En Aeade se defienden. Si un inquilino no quiere someterse al arbitraje, no se le puede obligar. En todo caso, prácticamente la totalidad de las veces se firma.

"El Instituto Nacional de Consumo tiene pocas posibilidades de actuación, dado que en el arrendamiento de vivienda normalmente las relaciones son entre particulares, no son relaciones de consumo, aunque una de las partes actúe con el asesoramiento de la institución arbitral", indican en el INC, que aconseja informarse y asesorarse siempre sobre la institución arbitral, antes de firmar la aceptación de la cláusula arbitral.

Más de 20.000 afectados por la estafa de la multipropiedad (El País)

La idea era de lo más atractiva. Una semana en un apartamento de lujo de la Costa del Sol a un precio bastante asequible. El boom de las estancias en régimen de multipropiedad atrajo a numerosos inversores de Alemania y el Reino Unido a Málaga hace 15 años.

Miles de foráneos compraron estos derechos de estancia de forma legal, pero con el paso del tiempo se han cansado de la fórmula y quieren venderlos. Entonces reciben la llamada de una teleoperadora que se ofrece a buscarle un comprador, pero antes le pide 1.500 euros para los gastos de trámite. Con el pago arranca un timo que ha cosechado más de 20.000 víctimas en los últimos cinco años.

La empresa les deja en la estacada en cuanto cobran el dinero, pero meses después vuelven al ataque. Les dicen que les van a ayudar a recuperar el dinero que les han estafado, pero que antes deben ingresar unos 300 euros. El truco se conoce como la estafa de la reventa y muchos caen por segunda vez.

Desde 2001, el grupo de fraudes de la Costa del Sol ha detenido a más de medio centenar de personas por estas operaciones fraudulentas. A pesar de la mala imagen que tienen los negocios de multipropiedad, la Policía asegura que existe un mercado sano que ha originado muchos beneficios a Málaga durante años.

Con todo, han tenido que organizar reuniones con afectados, representantes de consumidores y programas en la televisión inglesa para advertir a los propietarios de esta modalidad de vacaciones de que existen estas bandas y que pueden sacarles el diner

Timo gigante en la Costa del Sol (El Pais)

Una red de empresas radicadas en Mijas y Fuengirola estafa a cientos de extranjeros con proyectos sin ejecutar

Les vendieron la oportunidad perfecta para ser socios de grandes proyectos en zonas rurales del sur de España, pero terminaron comprando humo. Los suelos donde prometían levantar un centro de ocio, casas rurales o parques eólicos existían, pero no eran urbanizables y nunca hubo plan alguno para desarrollarlos.

Les ofrecían invertir en solares entre Granada y Almería que no eran urbanizables
Cientos de extranjeros, la mayoría del Reino Unido, han sido víctimas de un timo global orquestado a través de una serie de empresas del sector inmobiliario instaladas temporalmente en la Costa del Sol. La Fiscalía Anticorrupción calcula que la red ha recaudado al menos 65 millones vendiendo participaciones accionariales en una serie de fincas ubicadas en Málaga y Granada.

La comunidad británica ha sido objeto de numerosos timos inmobiliarios en la Costa del Sol en la última década. En el Reino Unido hay programas de televisión dedicados exclusivamente a contar casos de personas afectadas por los desmanes urbanísticos de la costa española y también por estafas relacionadas con complejos vacacionales de tiempo compartido o multipropiedad, un verdadero clásico de los timos en la Costa del Sol.

El último caso, bautizado operación Fuentespino, todavía está bajo secreto judicial, pero los afectados llevan meses coordinándose para unir fuerzas y recuperar su dinero. Uno de los testigos calcula que puede haber más de 2.000 afectados. Se trata de personas de clase media, entre las que hay jubilados y trabajadores de Irlanda, Escocia y Alemania.

La Guardia Civil detuvo la semana pasada a dos personas en la Costa del Sol y practicó media docena de registros. Las oficinas desde las que se ofertaban estas hipotéticas inversiones estaban en Mijas y Fuengirola, pero el entramado societario que las manejaba arranca y termina en paraísos fiscales como Chipre o el Estado de Delaware (Estados Unidos).

La investigación suma más de una veintena de imputados de diversas nacionalidades. El caso ha llevado a los agentes hasta el Reino Unido, donde el grupo de empresas implicadas ha trasladado sus oficinas recientemente, según su página de Internet. Allí han investigado a nueve personas y las sedes de varias empresas.

Aun así, los investigadores no creen que entre ellos estén los principales responsables del timo, que se han dado a la fuga y probablemente estén creando otra red societaria similar en otro punto del mundo.

La red captaba a sus víctimas por teléfono. Les ofrecía invertir en suelo en el sur de España y les derivaba a páginas de Internet donde podían obtener información. Una de las empresas que ofertaban estas inversiones es Fortuna Land Investment. En su página explicaban que centraban sus inversiones en el sur de España porque tiene el mejor clima, una de las mejores redes de infraestructuras y uno de los sectores inmobiliarios más potentes de Europa. "Fortuna Land conoce la región, el mercado y el contexto económico y político", aseguraban.

Una de las inversiones se llamaba Cazadores Reales. Según la promoción, se trataba del tercer desarrollo de la empresa Fortuna Land en Andalucía en los últimos 30 meses. La parcela estaba entre Granada y Almería, cerca de la pequeña población granadina de Gorafe, de unos 500 habitantes. "Está muy cerca de la Alhambra, Sierra Nevada y a sólo 15 minutos de una zona en crecimiento de Almería donde se espera que el precio de la vivienda supere al del resto de España". Según la publicidad, la finca, de unos 1,1 millones de metros cuadrados, estaba llena de olivos y ofrecía una panorámica de postal, con un valle y una ladera desde la que se veía el pequeño pueblo de Gorafe.

En dos años de investigación, la Fiscalía Anticorrupción -cuyo delegado en Málaga es Juan Carlos López Caballero- ha desentrañado su forma de actuar. "Compraban fincas rústicas mediante sociedades domiciliadas en paraísos fiscales e inmediatamente después estas fincas eran asociadas a una serie de empresas mercantiles de nacionalidad española", explican fuentes de la Fiscalía General del Estado. Los implicados aportaban las fincas a las empresas españolas e inflaban las valoraciones hasta multiplicarlas por diez. Todo para que pareciera que las entidades estaban respaldadas por un capital social elevado.

"Retrasos"

Las empresas españolas, con nombres como Oanna Spain, Finca Cazadores, Fortuna Est 2000 o Fuentespino One, se asociaban a los proyectos inmobiliarios, principalmente relacionados con el ocio, y desplegaban toda una campaña para publicitarlas en ferias inmobiliarias, Internet y operadores telefónicos.

A los inversores les ofrecían la compra de participaciones sociales de empresas, inscritas en el registro mercantil español y avaladas por un capital importante aunque ficticio. A la hora de formalizar la compra contaban con la colaboración de dos despachos de abogados. La Fiscalía tiene que decidir aún el papel de estos profesionales en el entramado. "Podrían ser colaboradores dolosos, que actuaban de mala fe, o simples instrumentos de la red", explican fuentes de la investigación.

La compra se formalizaba ante notario, pero como los inversores solían estar fuera de España, la organización les designaba un apoderado. La intermediación de un abogado español a la hora de escriturar aportaba un plus de confianza a los inversores británicos, que no sospechaban que pudiese haber ningún tipo de irregularidad si ellos representaban a estas compañías. "Parecía que los abogados estaban compinchados con el notario, una figura que en España tiene mucha credibilidad", relata uno de los afectados por este caso en una página de Internet del Reino Unido dedicada a alertar sobre las estafas (fool.co.uk).

Cuando los inversores tenían todos los documentos, la empresa seguía contactando con ellos para informarles de que los proyectos estaban sufriendo "retrasos" y, de paso, convencerles para que invirtieran en otros proyectos. Hay víctimas que reconocen haber invertido en tres desarrollos diferentes en los últimos cuatro años.

En las páginas de internet, los afectados se quejan de que otra empresa les ha estado llamando ofreciéndose a pleitear para recuperar el dinero que les han timado, algo para lo que les piden el 10% de la cantidad que han invertido como adelanto. La historia se repite. Esta misma oferta se la hicieron a otros tantos británicos afectados por estafas masivas, también orquestadas desde la Costa del Sol, esta vez relacionadas con la venta de vacaciones en complejos de tiempo compartido.

Abren el pliego de ofertas para una gran superficie comercial. Ronda (Málaga Hoy)

Deben tener un valor mínimo de 9,9 millones de euros, según el pliego de condiciones

El pasado jueves se abrió el plazo para la presentación de ofertas para la adquisición de los actuales terrenos que ocupa el Municipal de Deportes, que albergará la primera gran superficie comercial de nuestra ciudad. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), los promotores interesados tendrán hasta finales de mes para hacer sus ofertas, que deben tener un valor mínimo de 9,9 millones de euros, según el pliego de condiciones aprobado para su enajenación.

La parcela cuenta con la pertinente autorización para su uso comercial, aunque también tiene autorizados la construcción de tres plantas de aparcamientos bajo rasante, de las que una deberá ser cedida al Ayuntamiento de Ronda para su explotación.

Además, también se deberá aportar una parcela de entre 10.000 y 20.000 metros, que deberá tener la calificación necesaria para que se pueda construir un centro de recepción de mercancías y una estación de autobuses.

Rehabilitarán 35 viviendas del centro histórico. Archidona (SUR)


El programa de la Junta concede ayudas que van desde los 800 a los 14.000 euros
Hasta 35 familias de Archidona se beneficiarán del programa de rehabilitación de viviendas de la Junta de Andalucía para 2008, después de que sus solicitudes hayan sido aprobadas de entre las 69 que fueron aceptadas inicialmente por cumplir los requisitos que exigía el programa.
Según apuntaron fuentes municipales, estos proyectos atienden a reformas estructurales de las viviendas y a los elementos más básicos como pueden ser cocinas y cuartos de baño y se ejecutarán en el plazo de ocho meses, teniendo que comenzar las reformas en los cuatro primeros meses desde la entrega del proyecto.
«Con este tipo de proyectos se consigue mantener dinámico el centro histórico», apuntaron las mismas fuentes, ya que la mayoría de estas casas se ubican en esa zona y necesitan de una reforma o de condiciones de habitabilidad como las que ofrece un cuarto de baño.
El tipo de ayudas ha sido muy diverso y han oscilado desde subvenciones de 800 euros hasta el máximo permitido por la convocatoria que es de 14.000 euros.
Además, el próximo martes, 9 de diciembre, tendrá lugar un pleno extraordinario para adherirse a la convocatoria de rehabilitación autonómica de vivienda para el año 2009.

El 'parking' de La Almedina se abrirá al público el próximo martes. Torrox (SUR)

El nuevo 'parking' de La Almedina de Torrox entrará en funcionamiento el próximo martes 9 de diciembre. Las instalaciones, en pleno casco urbano de Torrox-Pueblo, cuentan con un total de 385 plazas, en alquiler y en rotación. El Consistorio firmó la pasada semana el acto de recepción de las obras, que han tenido un coste total de siete millones de euros.
La UTE Almedina, formada por Castelló S. A., Fodecs S. L. y Trigemer S. A. ha sido la encargada de las obras. Como adjudicataria será también quien gestione el 'parking' por un periodo de 20 años, prorrogables otros 20. La inversión ha corrido a cargo íntegramente de la empresa adjudicataria. Está previsto que el acto oficial de inauguración del primer recinto de aparcamientos subterráneo de Torrox tenga lugar el próximo 28 de febrero de 2009.