viernes, 1 de agosto de 2008

La segunda cárcel se empezará a edificar en Archidona en la primavera de 2009 (SUR)

El Ayuntamiento estima que las obras supondrán la creación en el pueblo de más de 800 puestos de trabajo. El complejo costará unos cien millones y acabará en 2011.
La decisión ya está tomada: la segunda cárcel de Málaga se comenzará a construir en Archidona en la primavera del próximo año. El director de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Seip), Ángel Martínez San Juan, se lo comunicó así ayer al alcalde de la localidad, Manuel Sánchez (IU), y a los portavoces de los grupos políticos que integran la corporación en una reunión que en principio iba a ser informativa.
La empresa, dependiente del Ministerio del Interior, ha optado por los terrenos de Archidona -según criterios técnicos y de ubicación- tras haber estudiado otras superficies en Mollina, Fuente de Piedra, Antequera, Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario. Según apuntó ayer el portavoz del PSOE, Enrique Domínguez, ya se han establecido contactos con algunos propietarios de los 350.000 metros cuadrados que se necesitan para edificar la prisión, ya que, aunque esta ocupará entre 35.000 y 50.000 metros cuadrados, se necesita más suelo para establecer un perímetro de seguridad. Los terrenos por los que se ha decantado el Gobierno se ubican en la zona de La Saucedilla, frente al cortijo del mismo nombre, por lo que se encuentran junto a la A-92 y a unos cinco kilómetros del pueblo y de Villanueva del Trabuco.
Un millar de celdas
Según informaron Sánchez, Domínguez y el portavoz del PP, Alberto Arjona, la prisión costará en torno a los cien millones de euros y tendrá 1.008 celdas, similar por tanto en dimensiones a la de Morón de la Frontera (Sevilla), con capacidad para más de 2.000 reclusos. La llamada 'Málaga II', que no será una cárcel de régimen abierto, acogerá sobre todo a los presos malagueños que hoy están lejos de sus familias en otras cárceles españolas ya que, según les informó Martínez San Juan, de los 71.000 reclusos que hay en el país, 3.500 son malagueños y no todos caben en la prisión de Alhaurín de la Torre, con capacidad para algo más de un millar de presos.
Su impacto visual será el menor posible, ya que el perímetro estará recubierto de una franja de árboles y la torre de vigía será baja en altura o inexistente debido a que hoy su función la desempeñan las nuevas tecnologías. La prisión comenzará a construirse entre abril y junio del próximo año y contará con un plazo de ejecución de entre 24 y 26 meses, por lo que podría estar terminada para el segundo semestre de 2011. No obstante, Arjona matizó que en la reunión se habló también de duplicar turnos para agilizar las obras.Aunque Sánchez, Domínguez y Arjona coinciden en que es una infraestructura que puede crear cierto rechazo social, también ven en ella ventajas para el pueblo. Además, los tres grupos políticos se mostraron partidarios de intentar sacar los máximos beneficios para la localidad, ya que Instituciones Penitenciarias no les ha dado opción a pronunciarse. En este sentido, en la reunión se habló de firmar un convenio en septiembre que recogiese esas compensaciones para el pueblo.
El contenido de ese documento aún no está cerrado, pero en el encuentro se habló de que los 800 obreros que se necesitarán para la construcción de la cárcel salgan de la Oficina del Inem de Archidona, al igual que los 100 empleos fijos que creará la prisión una vez que esté operativa. La cárcel también supondrá la creación de 500 plazas de funcionario y 84 empleos indirectos.Además, los grupos han planteado a la Seip la necesidad de mejorar la carretera entre Archidona y Villanueva del Trabuco, por la que se accedería a la cárcel desde ambos pueblos y que cuenta desde hace tiempo con un proyecto ya redactado. Otra infraestructura que el Ayuntamiento espera conseguir como compensación es la creación de un acceso al polígono de El Llano desde la A-92. De igual manera, también se habló de la necesidad de mejorar y ampliar los Juzgados -actualmente sólo hay uno- y el cuartel de la Guardia Civil, ya que se prevé dotar a la zona de un centenar de agentes y en la actualidad apenas hay una docena en el municipio.

Ocho años para Ávila Rojas por defraudar a Hacienda (La Opinión)


Obtuvo un beneficio millonario en la compraventa de dos fincas ubicadas en Marbella y eludió satisfacer el pago del Impuesto de Valor Añadido
EFE. GRANADA El constructor granadino José Ávila Rojas ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Granada a un total de ocho años de cárcel y al pago de un multa global que ronda los 10 millones de euros por defraudar a la Hacienda Pública en operaciones de compraventa de dos fincas de la localidad de Marbella.La sentencia impone al empresario dos años de cárcel por cada uno de los cuatro delitos consumados de defraudación a la Hacienda Pública por los que ha sido condenado, si bien el máximo de cumplimiento efectivo de estas penas será de seis años (el triple de la mayor).Indemnización. Además, deberá indemnizar al Erario con 5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil y perderá la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos de la Seguridad Social durante cuatro años. La Sección Primera señala que, aunque la tesis de la defensa giró en torno a negar la cualidad de empresario de Ávila Rojas respecto de las dos compraventas efectuadas en 2001 y 2002 -que estaban sujetas a IVA e IRPF-, "no existe duda alguna" de que se cometió delito al haber eludido el pago de estos impuestos.El tribunal indica en este sentido que, pese a "todo el esfuerzo defensivo en negar el carácter de empresario del acusado en esas operaciones" para negar su sometimiento al IVA, no tiene duda de que actuó como profesional dedicado a la promoción inmobiliaria, que ejerce su actividad "de manera pública y notoria". Considera que Ávila Rojas ha pretendido "justificar" en sus declaraciones que no estaba sujeto a dicho impuesto al ser una persona física, que no leyó lo que firmó, que no se enteró de que le pagaron el IVA, ni que sabía lo "que había ganado o perdido".Pese a ello, la Audiencia insiste en que se trata de un empresario "con un volumen de negocio importante", que no puede ignorar, por tanto, el aspecto fiscal de su gestión, y que además cuenta con asesores fiscales.La sentencia declara probado que, el 22 mayo de 2001, Ávila Rojas y CCF 21 Negocios Inmobiliarios adquirieron por 3 millones de euros la finca ´Huerta de las Monjas´ de Marbella, y que ese mismo día la vendieron por 11,47 millones, operaciones sujetas al impuesto del IVA. La sociedad compradora entregó a cada vendedor la parte proporcional de dicho impuesto que debían ingresar al Erario Público, correspondiendo al acusado la cantidad de 918.346 euros, que tenía que haber reflejado en sus autoliquidaciones de 2001. No obstante, al no hacerlo obtuvo una defraudación en la cuota del impuesto por 583.570 euros y con la reventa de la finca logró una ganancia de 4,23 millones.

Vélez-Málaga anuncia un plan de aparcamientos con 800 nuevas plazas en su primera fase (SUR)


El Ayuntamiento contempla la construcción de cuatro subterráneos entre el centro de la ciudad y Torre del Mar

Construir cuatro aparcamientos subterráneos, dos en Vélez y otros dos en Torre del Mar, es el objetivo inicial del Plan de Aparcamientos elaborado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento veleño, formado por PP y PA. El plan, que está diseñado para el periodo comprendido entre 2008 y 2011, prevé la creación en una primera fase de unos 800 nuevos estacionamientos, número que podrá aumentar dependiendo de la demanda vecinal y las posibilidades del suelo en los que se proyectan. Esta cantidad apenas alcanza la mitad de las 2.000 plazas prometidas para la legislatura por ambas formaciones políticas en las elecciones municipales. Según el alcalde, Francisco Delgado, los estudios preliminares han permitido definir los centros urbanos sobre los que se actuará. Así, los primeros aparcamientos se ubicarán en El Pozancón (centro de Vélez-Málaga), en la plaza Arroyo San Francisco 'El Pajarillo' (frente al mercado de minoristas de Vélez), en la plaza de la Paz (Torre del Mar) y junto al mercado de minoristas torreño. Este último ocupará parte de la actual circunvalación.
De venta y rotación
Las plazas de estacionamiento que se construirán serán de venta y rotación, aunque el número de cada una de ellas dependerá de la demanda vecinal. Se estima que el precio máximo de una plaza no superará los 18.000 euros.La promoción de los cuatro aparcamientos previstos de momento en el plan serán promovidos por la Empresa Municipal de Vivienda, Infraestructura y Promoción.Según las previsiones del equipo de gobierno, las 800 plazas de estacionamiento se entregarán a los propietarios entre octubre y diciembre de 2010. Sobre la inversión final, Delgado dijo que habrá que esperar a la redacción de los proyectos de ejecución correspondientes.

La Audiencia de Granada condena a ocho años al promotor Ávila Rojas (Málaga Hoy)

El tribunal le impone también una multa de 10 millones de euros e indemnizaciones valoradas en 5 millones por fraude a Hacienda en dos operaciones de compraventa de suelo selladas en Marbella


El constructor granadino José Ávila Rojas ha sido condenado a ocho años de cárcel, dos multas que suman 10 millones de euros y una indemnización que supera los 5 millones por fraude a la Hacienda Pública en dos operaciones inmobiliarias llevadas a cabo en Marbella entre 2001 y 2002.La Audiencia de Granada establece en su fallo que el empresario cometió cuatro delitos consumados de defraudación, los mismos que le imputaba el fiscal del caso, Luis Salcedo. Por cada uno de los delitos le impone dos años de cárcel, al tiempo que declara el máximo de cumplimiento efectivo de la pena de prisión en seis años.La Audiencia sólo ha estimado a favor del constructor granadino, que durante la celebración del juicio a mediados del mes pasado afirmó que con Hacienda tenía "las cuentas claras", su absolución por el delito de apropiación indebida del que también se le acusaba. La primera operación tuvo lugar en mayo de 2001 cuando Ávila Rojas y la sociedad mercantil CCF 21 negocios Inmobiliarios adquirieron por 3 millones la finca Huerta de las Monjas de Marbella, que ese mismo día vendieron por 11,47 millones. El comprador entregó la parte proporcional del IVA pero Ávila Rojas no lo reflejó en sus autoliquidaciones de 2001 defraudando 583.570 euros. Además, con la reventa logró una ganancia de 4,2 millones que no reflejó en la declaración de la renta. En julio de 2002 el procesado y CCF 21 vendieron a Arenal 2000 la finca Coto de los Dolores por 7,6 millones que poco antes habían adquirido por 1,8 millones declarándose la operación sujeta a IVA. En octubre de ese año se levó en escritura el precio inicial en 2,5 millones, de modo que la venta definitiva fue de 10,21 millones y no sujeta a IVA, "con lo que eludió el pago del impuesto, obteniendo con ello también un beneficio. Respecto al impuesto de la Renga de 2002 se produjo un beneficio empresarial de 4,2 millones que debió ser integrado en la base de la declaración de su IRPF.La Agencia Tributaria le conminó a regularizar su situación cuando detectó las anomalías, pero el empresario hizo oídos sordos a la recomendación, lo que le valió una querella ante la Fiscalía.José Ávila Rojas ha destacado como uno de los promotores más potentes de Andalucía. Granada ha sido su territorio natural para los negocios, pero pronto se expandió a la Costa del Sol. Figura entre los empresarios de más relumbre implicados en el caso Marbella contra la corrupción urbanística y política.Detenido a finales de junio de 2006, quedó en libertad bajo fianza de 500.000 euros acusado de cohecho y blanqueo de capitales. De acuerdo con el auto de procesamiento, José Ávila Rojas y el presunto cerebro de la operación Malaya mantenían una estrecha vinculación: "Tenían numerosos negocios en común". En este sentido, el juez Miguel Ángel Torres afirmaba en el auto que "en ocasiones Roca era el que aportaba las parcelas y Ávila Rojas el que las construía para repartirse después los beneficios". El nombre de Ávila Rojas también está vinculado al caso Banana Beach. Aunque el promotor nunca fue encausado en este procedimiento, fue el promotor que logró una licencia ilegal para levantar la urbanización. Este permiso le costó la primera condena al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz al que le impuso la Audiencia de Málaga seis meses de prisión por delito urbanístico.

El alcalde de Mijas promete buscar solución a las viviendas irregulares (Málaga Hoy)

Asegura que de los 500 casos abiertos sólo un bajo porcentaje son primeras residencias
El alcalde de Mijas, Antonio Sánchez (PSOE), manifestó ayer en el Pleno Extraordinario la "firme voluntad" de su Ayuntamiento de seguir buscando soluciones al problema de las viviendas irregulares, "estrictamente" dentro del marco de la Ley y "con el objetivo de regularizar cuantas sea posible, vía revisión del Plan General". En total existen unos 1.200 expedientes abiertos por construcciones irregulares, de los cuales, 500 corresponden a viviendas, mientras que el resto "son otros tipos de construcciones"; como muros, piscinas o pequeños cuartos de aperos, según informó el Consistorio de Mijas en un comunicado. Sánchez aclaró que "de los 500 expedientes tan solo un porcentaje bajo corresponde a viviendas habituales de familias, de ahí la necesidad de tratar de resolver las situaciones individualmente y no de forma global", ya que, "no están en la misma situación las familias cuya única vivienda habitual es una casa irregular, que quienes tienen más de una vivienda sin licencia".

El Euribor encarece en 1.000 euros anuales las hipotecas (La Opinión)


El principal indicador de los tipos de interés cierra julio en el 5,393% z Esto supone un nuevo máximo histórico tras encadenar cinco subidas consecutivas
LA OPINIÓN. MADRID Los datos económicos no levantan cabeza y los hipotecados vuelven a ser los principales afectados de una situación económica en la que los precios se disparan y la economía se estanca. El Euribor, el principal indicador para fijar el tipo de interés de las hipotecas, cerró el mes de julio en el 5,393 por ciento, con lo que marca así un nuevo máximo histórico y encadena cinco meses seguidos en aumento. Estos datos, que deberán ser confirmados por el Banco de España a mediados de agosto, suponen para las hipotecas contratadas hace un año un incremento de cerca de 900 euros al año, y de más de 1.000 para las que se contrataron hace seis meses. Respecto al pasado mes de junio, el indicador ganó 32 puntos porcentuales, y respecto a julio del año pasado, cuando cerró en el 4,564 por ciento, subió 82 puntos. Desde que comenzara a cotizar, en enero de 1999, el Euribor sólo había superado el 5 por ciento en seis ocasiones, cinco de ellas entre julio y noviembre de 2000 y otra en junio de este año.El nuevo repunte, que remata cinco meses consecutivos de subidas, supondrá incrementos en las cuotas de las hipotecas. Así, para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, las cuotas que se revisen anualmente subirán desde los 839,21 a los 911,57 euros, lo que representa un sobrecoste mensual de 72 euros y al año representa una carga para las familias de 864 euros.Aún mayor es el impacto de la subida para las hipotecas que se revisan semestralmente, que experimentarán un incremento de 91 euros mensuales o 1.092 al año. Esto es así porque en julio de 2007 el Euribor marcaba el 4,564 por ciento, y en febrero de este año cayó hasta el 4,349 por ciento. Podría estancarse. Las subidas de los últimos meses podrían ser las últimas del año, ya que inversores y analistas dan por hecho que el indicador no experimentará grandes cambios en los próximos meses y, en todo caso, concluirá el ejercicio en torno al 5,10 o 5,15%. Sin embargo, los más pesimistas no descartan, incluso, que llegue a tocar el 6%.Los analistas coinciden en señalar que el Euribor, que suele subir cuando el Banco Central Europeo (BCE) tiene intención de subir los tipos de interés en la Eurozona, descontó ya la subida de julio e incluso otra más para este año, que podría no producirse.Aseguran también que el índice se mantendrá en tasas elevadas por el momento y seguirá agravando las dificultades para pagar las hipotecas si no baja el precio del dinero y se mitigan los problemas de liquidez en el mercado.

La crisis destruye tres empresas a la semana en Málaga (La Opinión)


Más de ochenta firmas ligadas a la construcción han desaparecido en la provincia en 2008. La patronal cifra el paro en más de 20.000 obreros y pronostica el doble a final de año. No se descartan cierres de gigantes
La crisis financiera y la caída de la construcción han comenzado a devastar el paisaje empresarial de la provincia, que, poco a poco, va perdiendo sociedades surgidas al calor del ´boom´ inmobiliario de los últimos años. Según informó ayer el Círculo de Empresas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Málaga es el lugar de Andalucía con mayor índice de disolución de entidades, con una media de tres a la semana y un montante global de más de ochenta en los primeros siete meses de 2008.Los datos de la provincia determinan la decadencia del negocio en la región, que ya cuenta la desaparición de más de 240 entidades. El ritmo destructivo, señala Ignacio Díaz Rodríguez, secretario general de la agrupación, es de diez cierres a la semana y las víctimas, en su mayoría, pequeñas y medianas empresas de escasa, aunque exitosa, trayectoria. "Son empresas que llevan pocos años en el sector y no tienen fortaleza ni experiencia para afrontar un problema de este tipo", razona.La debilidad de las entidades de reciente creación no exime de problemas a los dinosaurios del sector. Tanto el representante de Ceacop como el resto de especialistas consultados por este periódico, coinciden en apuntar al ejemplo de Martín Fadesa, que no descartan que se repita a partir de septiembre, periodo en el que la crisis podría agudizarse. En el momento en el que se agoten los proyectos pendientes de ejecución y se resuelven los expedientes de regulación de empleo, argumenta Díaz Rodríguez, las cifras serán demoledoras.Por lo pronto, el desplome empresarial ha comportado un aumento nada liviano del paro. Actualmente, dice José Prado, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), la provincia acumula más de 20.000 obreros en situación de desempleo, cifra que podría duplicarse e incluso llegar a 50.000 antes de que concluya el ejercicio. El asunto no es competencia exclusiva del hormigón y las promociones de chalés en la Costa del Sol. Tampoco la construcción es un compartimento estanco: la inercia, sostiene Prado, no hace distingos y afecta desde a proveedores de material a tiendas de cortinas y complementos de baño.Precios. Quizá el efecto más evidente, de adjudicatura casi universal, es la vivienda, que no prevé un descenso de los precios tan acusado como se pronostica en los mentideros populares. De acuerdo con el informe del BBVA, publicado ayer por Efe y Europa Press, la caída de este año será del 0,8 por ciento y la del próximo, del 2,1. No obstante, se prevé una cuadrante de ajuste que puede llegar al 20% antes de 2012. La opción de rebajar los precios, pontificada por consumidores y grupos de presión, no es tan fácil como se presume. Las inmobiliarias necesitan sufragar los costes de producción y el mercado anda en pleno reajuste. Cayetano Rengel, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, alude a las dificultades para vender productos, que se han visto paralizados por los cambios en las condiciones de las hipotecas, que cada vez exigen más avales y requisitos. Rengel habla de la evolución de un sistema que ha derivado en una hipérbole de doble filo. "Es una exageración que estén desapareciendo tantas empresas, pero también lo era que hubiera más de 60.000 en la provincia, cuando únicamente hay 400 agentes de la propiedad", destaca.La caída de las ventas coincide por el camino de la lógica con una previsión de viviendas menos abultada a nivel nacional. En 2008 los visados de nuevas construcciones se situarán entre 336.000 y 456.000, frente a los 688.851 del pasado año, mientras que en 2009 estarán entre 270.000 y 385.000. Como nota positiva, los expertos destacan la posible recuperación de la obra pública. "La Junta nos ha prometido desbloquear todos los planeamientos urbanísticos este año", confiesa Prado.

El pleno ratifica la adaptación del PGOU a la Ley de Suelo andaluza. Rincón de la Victoria (SUR)


El pleno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria acordó ayer ratificar la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1992 a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), con lo que el municipio axárquico se ha convertido en el primero de la provincia que consigue completar este trámite. Con esta aprobación, el Consistorio podrá desbloquear diversos proyectos importantes.Con el documento, podrán tramitarse modificaciones puntuales del elementos del PGOU, lo que permitirá sacar adelante proyectos como el nuevo centro de salud del núcleo de Torre de Benagalbón, el de Huerta Julián o el teatro-auditorio, según informó ayer el edil de Urbanismo, José Jesús Domínguez Palma (PSOE).

Amplían a 16.000 metros el parque de Los Nadales. Benalmádena (SUR)

El pleno de la localidad aprobó ayer, por unanimidad, la creación de una amplia zona verde en el núcleo de Benalmádena Pueblo. Con algo más de 16.000 metros cuadrados, el parque se creará junto al recinto ferial de Los Nadales, ampliando una zona verde ya existente. Para el Consistorio servirá como zona de esparcimiento además de convertirse en el pulmón de la zona histórica del municipio.

El Ayuntamiento remite a los jueces el problema de las viviendas ilegales. Mijas (SUR)


De poco sirvió la solicitud de pleno del Partido Popular a petición de la asociación por la regularización de viviendas de Mijas, con el objetivo de buscar soluciones para los más de 500 expedientes sancionadores abiertos. El Ayuntamiento aceptará las suspensiones siempre que sea a través mandato judicial y explica que, dada la problemática, es necesario estudiar cada caso individualmente.Al tratarse de un problema social el alcalde, Antonio Sánchez, permitió que el presidente de la plataforma participase en el debate, proponiendo ideas que permitan la suspensión de los trámites en ejecución hasta que se revise completamente el PGOU de la localidad. Ayuntamiento y afectados coinciden en que la regularización pasa por la aprobación del Plan General, aunque los últimos piden un margen para afrontar las sanciones económicas junto al estudio de las posibilidades legales para suspender los expedientes.

FNAC abrirá sus puertas el 19 de septiembre (SUR)

La primera distribuidora en Europa de productos culturales, de ocio y tecnología abrirá sus puertas en Málaga el próximo 19 de septiembre en el centro comercial Málaga Plaza. La marca dará empleo a casi cien trabajadores y dispondrá de unas instalaciones de más de 2.500 metros cuadrados distribuidos en una planta que ha contado con más de 3 millones de euros de inversión. La compañía desarrolla una vocación cultural a través de todo tipo de actividades en un espacio, denominado Forum, donde en 2007 celebró más de 5.000 iniciativas en España

Roca y Muñoz declaran por otro convenio urbanístico en Marbella (SUR)


El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz y el ex asesor de urbanismo, Juan Antonio Roca, declararon ayer ante el juzgado de instrucción número 1 de Marbella por uno de los convenios suscritos por el Consistorio que se investigan en dicho juzgado, según informaron fuentes judiciales.Ambos llegaron a las dependencias judiciales marbellíes sobre las 8.40 horas procedentes de la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre. La declaración del ex asesor duró apenas cinco minutos, según indicaron fuentes de las defensas, que añadieron que «ha dicho lo que ha venido diciendo anteriormente».Según explicaron las fuentes consultadas, se trataría de «un testimonio que se había deducido del caso 'Malaya'». Otras fuentes indicaron que esta causa trata sobre el convenio firmado con la empresa General de Galerías Comerciales, vinculada a Tomás Olivo. Además, también comparecía, pero como testigo, un técnico del Consistorio encargado de las certificaciones de obras.

Cárcel por construir una casa de madera en suelo no urbanizable (SUR)


El juez impone al acusado nueve meses de prisión, multa de 3.600 euros y ordena la demolición

Un juez de Málaga ha condenado por un delito urbanístico a nueve meses de cárcel a un hombre que se construyó una casa de madera en una finca cuyo suelo está calificado como no urbanizable con especial protección agrícola de regadío. Además, impone al promotor el pago de una multa de 3.600 euros y ordena la demolición de la construcción para que se restablezca la legalidad.El acusado construyó a finales del año 2005 una vivienda unifamiliar de madera de unos 75 metros cuadrados de superficie. La obra se realizó sobre una planta diáfana de obra de 1,90 metros de altura en la Finca Santa Águeda, en la zona de Cuatro Vientos, próxima a la Estación de Campanillas. La edificación, que no contaba con licencia municipal, fue realizada en un suelo clasificado como no urbanizable y de especial protección agrícola de regadío, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga.
Plataforma de obra
Durante el juicio, la defensa del procesado argumentó que no existía delito alguno ya que su cliente no se construyó una vivienda, sino que lo que hizo fue instalar una casa prefabricada. Sin embargo, el juez de lo Penal número 2 de Málaga en su sentencia advierte de que «la defensa omitió que la acción típica del delito no es la instalación de una casa prefabricada, sino la construcción de una plataforma de obra -de casi dos metros de altura- sobre la que se asienta la vivienda», que tiene un «carácter inamovible y que produjo el enterramiento de la superficie sobre la que se cimentó y, en consecuencia, del terreno protegido destinado a uso agropecuario».El magistrado considera que «no es atendible la excusa dada por el acusado de que le dijeron que podría hacer en aquel lugar la casa» y tampoco consta que tuviera licencia para ello.La sentencia agrega que la Ley de Ordenación de la Edificación considera promotor a cualquier persona física o jurídica que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, la edificación para si o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros, con la obligación de obtener las correspondientes licencias. Por ello, el texto considera que «el acusado reúne la cualidad de promotor y queda acreditado que es autor del delito».

La inminente aprobación del PGOU abre una batalla entre los grupos municipales (SUR)


El PP rechaza una moción en la que se pedía que el plan se volviera a exponer públicamente y defiende que ha habido consenso y participación en su redacción. PSOE e IU no consiguen que Arraijanal se considere zona libre de edificación

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) marcó el pleno de ayer en el Ayuntamiento de la capital. A pesar de que será el próximo 14 de agosto cuando se celebre una sesión extraordinaria para aprobar provisionalmente el documento, el asunto centró los debates entre el equipo de gobierno del PP y los grupos de la oposición (PSOE e IU) en una batalla de reproches y acusaciones mutuas. El motivo fue la moción de urgencia, presentada por los socialistas y rechazada por la mayoría absoluta de los populares, en la que se pedía que «a la mayor brevedad posible» el plan se expusiese en información pública y que se debatiese en los distritos para que los malagueños pudieran conocer los cambios en el documento antes de ser aprobado provisionalmente. A ello se unieron las críticas de los portavoces de PSOE e IU, Rafael Fuentes y Pedro Moreno Brenes, respectivamente, de que a quince días vista del pleno extraordinario no les hubiesen entregado ningún documento sobre el PGOU. «Están hurtando el debate y privando a los malagueños de participar en su futuro», subrayó Fuentes, quien acusó a Francisco de la Torre de ser el primer alcalde en Málaga durante la democracia que va a aprobar un PGOU sin consenso político, económico, vecinal ni social. Asimismo, acusó al PP de falta de consenso, transparencia, rigor y participación en la elaboración de este documento y criticó que el pleno se celebre un día antes del inicio de la feria de la ciudad «para que pase desapercibido». Un punto en el que coincidió con Moreno Brenes, quien el pasado martes tuvo una reunión con el equipo redactor del plan en la que, según dijo, no se le facilitó ningún documento. El portavoz de IU consideró que no es normal que a quince días de la aprobación «no tengan aún el PGOU concluido».
Campaña divulgativa
Unas críticas que rechazó el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, quien defendió que es el plan del consenso, la participación y la información. Recordó que se han celebrado 2.300 reuniones para explicar el plan y de las 6.700 alegaciones se han estimado el 50%. «Parece que al PSOE le moleste la voluntad de participación que ha manifestado el PP en este plan», manifestó el edil, quien anunció que una vez que se apruebe el día 14 habrá una extensa campaña de divulgación. El debate urbanístico volvió a surgir cuando se analizó una moción de IU, apoyada por el PSOE, en la que se pedía dejar Arraijanal como una zona libre de edificaciones, como un espacio protegido y donde se rechazaba el acuerdo firmado por el equipo de gobierno del PP con los propietarios privados. Un acuerdo que permitirá levantar 664 viviendas (200 de ellas de VPO), un hotel y zonas comerciales. Manuel Díaz reiteró que este proyecto potenciará el dinamismo y la productividad de la zona y recordó que el convenio reduce el número de viviendas previstas anteriormente y que en los planes de 1983 y 1997 (respaldados por el PSOE) ese suelo ya se preveía como urbanizable. El concejal de Urbanismo instó a los socialistas a que, si quieren que ese espacio sea un gran parque, pidan al Ministerio de Medio Ambiente que cumpla lo que dijo, expropie los terrenos e indemnice con 300 millones de euros a los propietarios.Tampoco salió adelante la moción de IU en la que se pedía un compromiso para no autorizar más centrales térmicas de ciclo combinado en la capital, en especial en los terrenos que Endesa tiene junto a la depuradora del Guadalhorce. En este punto, Díaz explicó que no son necesarias más instalaciones de este tipo porque la ciudad ya tiene cubiertas sus necesidades energéticas con la central que Gas Natural está construyendo en Campanillas y matizó que en los suelos de esta empresa, calificados como sistema técnico, pueden instalarse centros de producción energética eólica o fotovoltaica. Por otro lado, el pleno aprobó pedir a la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA) el mantenimiento del parque fluvial del Guadalhorce y que se cumpla el acuerdo firmado en 2004 por valor de 120 millones de euros para la restauración hidrológico-forestal en la ciudad.