jueves, 17 de julio de 2008

Los constructores piden ayuda a las administraciones para frenar la crisis (Málaga Hoy)

Temen que se sucedan las suspensiones de pagos de forma masiva tras el verano
La suspensión de pago de Martinsa-Fadesa, una de las mayores promotoras de viviendas en España, han encendido las alarmas en todo el país. En Málaga, ayer celebró su asamblea general el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultorías y Obra Pública (Ceacop), que reclamó ayuda de las administraciones públicas, tanto central como autonómica, para afrontar "la grave crisis". De otro modo, anuncian muchos casos de suspensión de pagos, "sobre todo después del verano".Hoy por hoy, el riego de que empresas de la construcción quiebren es "muy alto". En este sentido, el secretario general de Ceacop -la mayor asociación de empresas de obra pública de Andalucía y una de las mayores de España, que genera unos 100.000 puestos de trabajo-, Ignacio Díaz, considera que las grandes entidades financieras no deben de mantener "el grifo cerrado". Para revertir la situación actual, pide que los políticos medien en la causa para intentar devolver la confianza en el sector. "Los pisos no se van a regalar, este es un mensaje fácil que sólo está generando desconfianza", arguye Díaz.El problema para conseguir liquidez afecta a todo el sector, no sólo a los pequeños actores. Sirva de ejemplo el caso de Martinsa, que aspiraba a cotizar en Bolsa y no ha sido capaz de sobrevivir a una deuda de 5.200 millones de euros. Dada la delicada situación, nadie se atreve a financiar un sólo euro. Díaz aseguró ayer que a todos los grandes grupos constructores de Andalucía les falta cartera y tienen problemas de financiación. "En ocasiones hay empresas que pueden llegar a poseer 15 millones de euros en pagarés, pero la entidad bancaria no los acepta porque no se fía de la otra constructora", asegura el portavoz de Ceacop.Respecto al estado de salud de las compañías andaluzas, desde Ceacop aseguran que ya se han producido algunas suspensiones de pagos en pequeñas empresas. Según Díaz, al mes cierran una media de 10 ó 15. "Por suerte o por desgracia todavía no se ha visto afectada ninguna de las empresas que está generando más riqueza y más empleo, aunque después del verano podría haber sorpresas", matizó el experto.El representante de Ceacop señaló que no quieren ayudas ni subvenciones "pero sí una serie de medidas que ayuden a paliar un poco la crisis", porque temen que los planes de vivienda andaluz y las inversiones del Ministerio "se queden en papel mojado". Además, se queja de la falta de confianza en las empresas andaluzas porque, según dice, casi el 80% de todo lo que se invierte en Andalucía es para empresas nacionales o regionales de otra comunidad autónoma. "No puede ser que Andalucía enriquezca a otras regiones y que las nuestras estén cerrando", denunció.Díaz ha pedido "soluciones a corto y medio plazo" (tienen a diario reuniones con representantes de la Junta), que pasan por mantener las inversiones y ejecuciones en obra pública y relanzar las hidráulicas, porque se están perdiendo los fondos europeos para ello. En relación a los planes urbanísticos, Díaz aboga por que se acaben las decenas de miles de contenciosos administrativos entre ayuntamientos y Junta, "que tienen paralizada la construcción".Finalmente, el portavoz de Ceacop denunció ayer que en cuanto a las adjudicaciones de obras, la mayoría de los ayuntamientos no las publican en los boletines oficiales, situación especialmente agravada en Málaga, donde el 85% no lo hace. Subrayó especialmente el caso de la Diputación Provincial que, según dice, lleva tres años eligiendo las empresas a dedo.

Antequera oferta suelo ´barato´ para pequeños empresarios. (La Opinión)

El Ayuntamiento fijará bonificaciones para la adquisición de las parcelas, que no superarán los 500 metros cuadrados
La definición del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Antequera ha traído consigo la ampliación del suelo industrial de la localidad con un valor añadido: dar prioridad en la adquisición de las parcelas a los pequeños empresarios y sociedades cooperativas para su ubicación en el suelo productivo de la ciudad.El objetivo es favorecer la reubicación de las pequeñas empresas de Antequera desde el casco urbano a la zona de suelo industrial, espacios dotados de las últimas tecnológicas y las redes de comunicación idóneas para su desarrollo. "La zona de ampliación del polígono industrial, justo en la parte trasera del hospital comarcal, es el espacio que se ha reservado para la definición de lo que se denominarán pequeños polígonos o zonas industriales de alta densidad", resaltó la concejala de Polígonos, Pepa Sánchez, quien aclaró que los terrenos puestos a la venta de forma individual no superarán los 500 metros cuadrados. Las parcelas se ofertarán a los empresarios a precios sujetos a bonificaciones que podrán alcanzar deducciones de hasta un 60% en relación al valor actual de este tipo de suelo en el mercado. "Primaremos la presencia de empresas de la zona dedicadas a la producción de productos típicos de Antequera, de aquellas que apuesten por una ampliación de sus naves en suelo antequerano, así como sociedades nacidas de la mano de las instituciones públicas y las escuelas de empresas", afirmó Sánchez.La idea es configurar en la zona de ampliación del polígono industrial de Antequera lo que se denominan zonas industriales de "alta densidad", espacios en los que prima la presencia de pequeñas empresas y sociedades cooperativas. La reserva de espacio puesto a disposición por el Ayuntamiento para este fin supera los 17.000 metros cuadrados, divididos en dos parcelas de unos 10.000 metros cuadrados la primera y de 7.000 la segunda. "Sin haberse aprobado de forma definitiva el PGOU, cuya fecha que se baraja tiene que ver con el primer semestre de 2009, ya hay 14 empresas interesadas en instalarse en este suelo", continúo la responsable de Polígonos, quien aclaró que en estos momentos el Consistorio está cerrando una ordenanza en la que se establecerán las ventajas económicas a las que podrán acogerse las citadas compañías, así como el sistema de subasta de las parcelas. El procedimiento que se seguirá para la aplicación de las deducciones será similar al utilizado en la subasta de suelo en el Parque Empresarial, al que se acogieron seis empresas antequeranas.

Vía libre a la construcción de viviendas en Villa Fernanda (La Opinión)

El plazo que se dio el Ayuntamiento para buscar un posible comprador acabó ayer sin que ninguna entidad, pública o privada, se interesase en su compra
El proyecto para construir dos bloques de viviendas en el palacete de Villa Fernanda, en el Limonar, tiene desde ayer vía libre. Ayer se cumplió el plazo de tres meses que marca la ley para aprobar el estudio de detalle que la Gerencia de Urbanismo tramita para este conjunto, sin que durante este tiempo ninguna entidad pública o privada haya pujado por su compra.El equipo de gobierno, junto con los grupos de la oposición, acordó en marzo pasado apurar hasta el máximo el plazo legal de tres meses que marca la LOUA (Ley de Ordenación Urbana de Andalucía) antes de aprobar definitivamente el estudio de detalle. El objetivo era que durante esos tres meses el Ayuntamiento y los grupos municipales buscasen un comprador para Villa Fernanda para, de esta forma, evitar así la construcción de dos bloques de viviendas junto a los edificios históricos.En un segundo acuerdo tomado en el pleno del mes de mayo se instaba a la Junta de Andalucía y al Gobierno central para que, junto al Ayuntamiento, asumieran la financiación de la compra de la finca, que Urbanismo ha valorado en 20 millones de euros.El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, requirió a la Junta de Andalucía para que estudiara la posibilidad de instalar alguna dependencia autonómica en este inmueble, como el Tribunal de Defensa de la Competencia de Andalucía, el Consejo Económico y Social o la propia Cámara de Cuentas.Sin embargo, pasados los tres meses que marca la ley, ninguna entidad ni publica ni privada ha llegado ni siquiera a interesarse por el inmueble, tal como confirmó ayer el edil de Urbanismo Manuel Díaz.Por ello, cumplidos todos los trámites y plazos legales la propiedad del inmueble requerirá ahora a la Gerencia de Urbanismo para que el Ayuntamiento apruebe de manera definitiva el estudio de detalle que permitirá la construcción de los dos bloques.El Ayuntamiento está obligado a conceder la aprobación del citado estudio de detalle por lo que la propiedad de Villa Fernanda podrá continuar con el resto de trámites. Villa Fernanda es un conjunto de tres edificios históricos levantados a principios del siglo XX, uno de ellos de estilo regionalista y los otros dos más racionalistas. Los tres tienen protección arquitectónica de grado uno. La finca cuenta con un jardín catalogado, de estilo francés que contiene 136 ejemplares de 26 especies distintas, ornamentado con estaturas y fuentes.Sus actuales propietarios, de acuerdo con la ley y el PGOU, proyectan la rehabilitación de los inmuebles ademas de la construcción de dos bloques de viviendas de tres plantas; uno de ellos se levantaría en la zona que ahora ocupa la pista de tenis y el segundo sobre lo que ahora es el césped de la piscina.

Los constructores dicen que la crisis será aún más dura tras el verano (La Opinión)

El sector cree que las grandes empresas podrían verse abocadas a la suspensión de pagos si no se adoptan medidas. Más de quince constructoras cierran cada mes en la región
A pesar de las elevadas cifras de paro y de la ralentización del ritmo de trabajo, la construcción aún no ha vivido la parte más severa de la crisis, que podría manifestarse después del verano. Según las previsiones del Círculo de Empresas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), la situación cobrará tintes dramáticos a partir del próximo otoño, en el que, si no se aportan soluciones, habrá un riesgo "muy alto" de que se reproduzcan cierres como el de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa.La organización, que celebró ayer una asamblea para abordar el problema, insistió en que la falta de financiación podría poner en jaque a las grandes empresas y se refirió las alarmantes cifras de la actualidad, que recogen una tasa de paro cercana al treinta por ciento en el sector. Una coyuntura que ya ha estragado a las empresas más débiles, que desaparecen a un ritmo de entre quince y treinta por mensualidad. Por el momento, las más afectadas han sido las más modestas, pero el problema podría extenderse a las grandes firmas en apenas unos meses. De acuerdo con Ignacio Díaz, secretario general de Ceacop, las grandes corporaciones están empezando a padecer la falta de flexibilidad crediticia, especialmente en lo que respecta al cobro de pagarés rubricados por otras empresas o, incluso, por corporaciones municipales. "Hay empresas que tienen veinte millones en pagarés y no los pueden canjear porque los bancos no se fían del que se los firma", reseñó.Díaz también se quejó de la actitud de las administraciones y censuró la lentitud en la aprobación de los planeamientos urbanísticos, circunstancia que junto a los contenciosos de algunos ayuntamientos con la Junta de Andalucía, ha derivado en la "paralización" de un gran número de proyectos. En este sentido, instó a las instituciones a establecer un gran pacto con las sociedades financieras para lograr un diapasón más amplio en el tratamiento de las constructoras. El portavoz de Ceacop aludió asimismo al retraso en la ejecución de algunos proyectos como las obras hidráulicas, que ha provocado, en su opinión, la retirada de varias partidas de los fondos FEDER.En cuanto a las consecuencias de la crisis en el mercado de la vivienda, Díaz refutó los cantos de sirena que apuntan a una caída pavorosa de los precios en los próximos meses. "Los pisos no se van a regalar", pontificó. No obstante, mostró su conformidad en rebajar la cuantía de los apartamentos de turismo residencial para generar confianza en la inversión extranjera.El representante de la patronal incitó a las administraciones a buscar soluciones a la crisis y propuso un pacto de Estado entre el Gobierno y la oposición, además de reclamar una mayor transparencia en la obra pública.Un aspecto en el que, dice Díaz, la provincia no se encuadra precisamente en paradigma de lo correcto. "Sólo el 15 por ciento de los ayuntamientos de Málaga publican en boletines oficiales la adjudicación de proyectos, cosa que tampoco hace la Diputación", puntualizó Ignacio Díaz.El secretario de la organización denunció asimismo que el ochenta por ciento de los proyectos públicos de la Junta se concede a empreas de fuera de la región.

Un anónimo fuerza otra línea de ´Malaya´ que apunta a La Mancha (La Opinión)

El juez manda investigar la relación entre imputados del caso marbellí con asuntos de corrupción de la comunidad castellana. El fiscal recibió un escrito que no estaba firmado y un CD que contenía esta información. El grupo III de Blanqueo de la Udyco se encarga ya de las pesquisas
El ´caso Malaya´ estalló el 30 de marzo de 2006 en Marbella. Desde entonces han sido procesadas 86 personas, detenidas más de 100 y se han intervenido bienes de todo tipo por un valor superior a los 2.400 millones de euros, según los cálculos del Ministerio del Interior. Pero, tras dos años y tres meses de instrucción, la investigación sigue dando sorpresas, algunas de ellas desagradables para los implicados. No en vano, en una providencia firmada por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad, Óscar Pérez Corrales, el magistrado ordena investigar la relación entre algunos de los imputados en la trama marbellí "con los casos de corrupción inmobiliaria de Castilla La Mancha".El escrito, al que tuvo acceso este periódico, está fechado el 15 de julio de 2008, y en él se da cuenta de un CD y un escrito anónimo recibido por el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, que contiene información que "vincula a algún imputado en el ´caso Malaya´ con los casos de corrupción inmobiliaria en Castilla La Mancha", por lo que el magistrado decidió remitir el CD a la Comisaría Provincial para que el grupo III de Blanqueo de la Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco) investigue esta relación. En concreto, el instructor les insta a que estudien "si la información contenida fuera de relevancia para las presentes actuaciones".Además de la providencia de Óscar Pérez Corrales, comunicada a las partes ayer mismo, este periódico ha tenido acceso al oficio remitido por la Fiscalía al magistrado el pasado 11 de julio, en el que el mismo acusador público afirma haber recibido un CD "junto con un escrito sin firma" en el que se alude a las vinculaciones de determinados encausados en ´Malaya´ con esos casos -en plural- de corrupción inmobiliaria en Castilla La Mancha, enunciado que repite el informador anónimo en un escueto documento que consta de dos líneas escritas a ordenador.Ahora serán los investigadores los que establezcan qué grado de veracidad tienen las informaciones contenidas en ese CD y con qué casos concretos que se instruyen actualmente en la autonomía vecina están relacionados los imputados de ´Malaya´ a los que se hace referencia.Algunas partes expresaron ya ayer su "sorpresa" por la relevancia de esta información, al tiempo que consideraron "improcedente" que un juzgado de Instrucción de Marbella investigue algo que ocurre a tantos kilómetros de la localidad. "Debería remitirse, como se ha dicho varias veces, esta pieza separada al juzgado Decano que corresponda y que éste lo turne a su vez a otra sede. Pero, vamos, aquí ya estamos hablando de un caso que es clara competencia de la Audiencia Nacional", dice un letrado.Esta reflexión puede ser cierta. De hecho, los delitos investigados en ´Malaya´ afectan a varias provincias: hay piezas separadas en los juzgados de la Palma del Condado (Huelva) y San Javier (Murcia), además de en Marbella, y se han producido registros e intervenciones policiales en otras zonas del país (por ejemplo, en Madrid, Mallorca y Cádiz). El lunes se celebra el primer juicio salido directamente de la investigación ´Malaya´ y los investigadores siguen teniendo por delante una intensa labor.