domingo, 15 de junio de 2008

Invertirán 70.000 euros en terminar de dotar el edificio múltiple. Ronda (Málaga Hoy)

El Ayuntamiento quiere que el inmueble esté totalmente acabado a final de mes
Durante la última reunión de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Ronda se aprobó las últimas partidas económicas para poder terminar el edificio de usos múltiples, sede del nuevo Palacio de Justicia del municipio, inaugurado recientemente y que ubica todos los juzgados, y también del parque local de bomberos y el cuerpo de la Policía Local. Según informó ayer Ana Fuentes (PSOE), primera teniente de alcalde de Ronda, se ha acordado una inversión de 70.000 euros que servirá para dotar de mobiliario las dependencias destinadas a la Policía, las únicas instalaciones del inmueble que aún estar por terminar. Con ese dinero, la última partida económica que deberá destinarse al edificio -cuyo coste ha superado los nueve millones de euros-, se financiará la compra de los muebles, la instalación de una moderna centralita y la propia señalización del edificio. "Queremos que antes de final de mes todo esté listo en el nuevo edificio múltiple, que ya está casi acabado", declaró la dirigente socialista. Se pondrá fin, asimismo, a un proyecto que ha sumado nueve años de trabajos y que, durante todo este tiempo, no ha estado exento de polémicas. Tras presentar el verano de 2006 una quiebra la empresa que construía el edificio, fue el propio Ayuntamiento quien asumió la finalización de las obras, proceso que se ha prolongado durante estos dos últimos años. Por otro lado, la citada junta de gobierno analizó la propia situación económica del Ayuntamiento. La decisión adoptada es que es necesario congelar la plantilla municipal. En la reunión se acordó también la creación de una tienda de artículos de regalo en el Palacio de Mondragón, sede del Museo Municipal de Ronda y la Concejalía de Turismo.

El Gobierno impulsa obras por 17 millones de euros en el aeropuerto (Málaga Hoy)

Una de las actuaciones es la conexión con el recinto desde el acceso sur, por 5,9 millones
El Ministerio de Fomento publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las proposiciones económicas de cuatro actuaciones en el aeropuerto de Málaga cuyo coste alcanza los 17 millones de euros, según informó ayer el diputado socialista Miguel Ángel Heredia.Una de las medidas son las obras de conexión con el aeropuerto desde el acceso sur, por un importe de 5.936.551 euros y un plazo de ejecución de 13 meses; también se ha impulsado el suministro con instalación de equipos para inspección de bodega en el nuevo edificio terminal del aeropuerto, por 10.302.285 euros. Las otras dos actuaciones son el servicio de mantenimiento del sistema UCA en el recinto y el servicio de mantenimiento de los sistemas electromecánicos.

´He malvendido otra casa para que me den un crédito´ (La Opinión)

Los bancos deniegan créditos incluso a quienes tienen ingresos regulares. ¿Y las ahora víctimas del euribor qué?
O demuestras que puedes hacer frente a las cuotas mensuales de la hipoteca o no hay crédito. Así de fácil. Así de crudo. La compra de un piso se ha convertido en una odisea, ya no sólo por el desorbitado precio de las viviendas, a pesar de la crisis del ladrillo y la más que confirmada bajada de las ventas, lo que repercute en la demanda y, previsiblemente, en la cuantía económica de las casas, sino también porque los bancos no se fían de los hipotéticos clientes, a no ser que tenga unos ingresos regulares que garanticen el pago de las letras... y ya ni eso.Es el caso de Alonso, funcionario municipal, casado con una trabajadora del SAS. La unidad familiar percibe dos sueldos cada mes, con nómina. Además de esto, su situación patrimonial está saneada e incluso disponen de algunos ahorros... El matrimonio ha comprado una casa en el nuevo paseo marítimo de Poniente. Están a punto de firmar la escritura. Sin embargo, y pese a todos los factores favorables, un banco detrás de otro, según explica el propio Alonso, les han denegado la hipoteca ya que se encontraban en el denominado ´grupo de riesgo´. "Hacían las operaciones delante nuestra, introduciendo los datos en un programa informático, en función de unos parámetros y siempre nos decían lo mismo, que tenían órdenes de denegarnos la hipoteca", explica este usuario."Si a esta familia, siendo un caso relativamente por encima de la media le ha pasado esto, ¿qué no pasará con todos aquellos que invirtieron en un piso extremadamente caro y ahora son víctimas del euribor y del paro?", se pregunta Ángel Yagüe, asesor de Reding Consulting.De hecho, para lograr la deseada financiación, la familia no ha tenido más remedio que vender otra casa que tenían en los Baños del Carmen. "Más bien malvender, porque hemos hecho cálculos y hemos podido perder unos diez millones de pesetas, teniendo en cuenta la mala situación del mercado en la actualidad", señala. Los créditos puentes, tan numerosos cuando la situación era boyante, que permitían comprar una vivienda nueva sin vender antes la antigua (se juntaban las dos dos hipotecas), ya no son válidas.

La hipoteca inaccesible sin aval (La Opinión)

Los bancos y cajas han endurecido las condiciones para conceder préstamos a la hora de adquirir una vivienda. No asumen riesgos y quieren sobregarantías de liquidez. El mercado se desploma
¿Qué pasa con las hipotecas? ¿Qué pasa con los bancos y las cajas, que no dejan de endurecer las condiciones para conceder nuevos créditos aunque los solicitantes tengan un puesto de trabajo fijo y una nómina al final de cada mes? En los últimos meses, coincidiendo con la crisis del ladrillo y la caída en picado de las ventas de pisos, las entidades financieras ponen condiciones, a veces insalvables para muchas familias, para secundar la compra de alguna casa. Este endurecimiento de las condiciones de financiación se ha realizado sobre un doble eje, explica Ángel Yagüe, auditor de la consultoría malagueña Reding Consulting. "Por un lado, el descenso de los valores de tasación que podría evaluarse en un 20% de media (si bien en algunas zonas es más acusado); y por otro, la capacidad de liquidez de la unidad familiar, que debe situar la carga de la cuota hipotecaria en el entorno del 33%", señala.Lógicamente, ahora las cuotas son más abultadas dado el importantísimo incremento del euribor (tipo de interés de referencia), que en la actualidad se encuentra en el 5,4% y las percepciones salariales no han aumentado en igual forma. Vamos, que ha subido todo menos los sueldos. Una hipoteca de 2004 es hoy entre 1.500 y 2.200 euros más cara al año.Ha cambiado la percepción de los bancos sobre los riesgos económicos que pueden asumir. En el ámbito del crédito a los hogares para la compra de un piso, el grado de exigencia de los criterios para conceder financiación aumentó debido a los cambios en las expectativas de las entidades respecto al sector inmobiliario, a la actividad económica en general, y a los efectos relacionados con los costes de financiación, con la disponibilidad de fondos y con la competencia. Y todo ello hace que las entidades financieras quieran sobregarantías a la hora de respaldar cualquier operación de compra-venta de pisos, pero ya no patrimoniales sino de liquidez (ya nadie sabe cual es el precio de los activos inmobiliarios). Así que los bancos optan por la figura del avalista, pieza indispensable, tercera persona que se hace responsable de dar repuesta en caso de impago."En este punto es donde la situación debe ser puesta de manifiesto ya que las entidades de crédito solicitan un aval denominado solidario, es decir, el avalista asume completamente la categoría del deudor, por lo que podría darse el caso de que si se produjera el impago se ejecutara antes al avalista con liquidez que al deudor con patrimonio", señala Yagüe.Tasaciones. Este endurecimiento también ha ocasionado un fenómeno curioso, según este experto. Ha hecho desaparecer el mercado, esto es, aquel que comprara un inmueble en 2006, por ejemplo con una tasación de 300.000 euros y le otorgaran de préstamo 240.000, le quedarían aproximadamente unos 215.000 de principal pendiente de su hipoteca. En estas circunstancias si el valor menor de tasación actual es de 250.000 y el banco le prestara el 80%, la cantidad resultante sería 200.000 euros por lo que no podría ni siquiera cancelarse la hipoteca anterior. Dicho de otra manera el comprador no puede comprar ni el vendedor vender.Hay que tener en cuenta, además, que el Banco de España ya ve con moderada preocupación el crecimiento de la morosidad hipotecaria, que el año pasado se disparó un 33%. Las elevadas tasas de crecimiento del crédito han desembocado en un incremento de este índice. De ahí que los bancos exijan mayores garantías.Si a eso se le añade el profundo encarecimiento de todos los demás productos básicos de la cesta de la compra: alimentos, luz, agua, combustible... (el IPC ha subido siete décimas más en mayo) y el cada vez más acusado aumento del paro (con una tasa de desempleo que se acerca peligrosamente a los registros más altos desde el año 2000, con una previsión del 13% de parados al final del segundo trimestre de 2008), el horizontes que se abre es "desolador", dice Yagüe. "Verdaderamente este es el año de la digestión de la deuda asumida por los españoles. Esperemos que haya sal de frutas para todos", resume de forma gráfica.Competencia. Esta situación, sin embargo, no impide que las entidades financieras hayan comenzado una lucha por quitarse ´hipotecados´ unas a otras, para evitar el desplome del nivel de préstamos concedidos. Por eso resulta paradójico que ofrezcan condiciones atractivas a quien sí puede hacer frente al pago de las cuotas. Entre los nuevos productos que están registrando más auge se encuentran las hipotecas especiales para la subrogación.

La casa de sus sueños puede ser una estafa (La Opinión)

Cuidado este verano si, al observar esas envidiables casas en primera línea de playa, le entra la tentación de cambiar su vida, venderlo todo y comprar una de ellas, anunciada quizá a precio de "chollo". Puede tratarse de una estafa, una casa afectada por la Ley de Costas. Y ni en el Registro de la Propiedad ni en la Notaría le advertirán de ello.
Y es que la Ley de Costas, norma nacida para defender la ribera del mar de la ocupación privada y para limitar la presión urbanística en las zonas cercanas, ha dejado ya miles de afectados que han visto desaparecer su propiedad. Algunos intentan librarse del "muerto". Esta ley de julio de 1988, a punto de cumplir 20 años, introdujo criterios nuevos para definir la ribera del mar, ampliándola, respecto a las leyes anteriores. Viviendas construidas junto a la playa o el acantilado, en su momento legalmente, pasaron a estar en espacio público tras el nuevo "deslinde". Los propietarios dejaron de serlo y su derecho se limita a obtener una concesión para seguir ocupando su vivienda 30 años ampliable a otros 30. Pero no todas se conceden. Entre 2004 y 2007 se han solicitado 1.309 concesiones y se han otorgado 340, según datos oficiales. Concesión que el Estado puede rescatar para derribar el edificio. Si se rescata, la indemnización, a juzgar por declaraciones del anterior director general de Costas, José Fernández, sería la del coste de construcción, sin el valor del suelo que, en la "primera línea de playa", es, claro, la parte del león. Para complicar la situación, la lenta aplicación de la ley, que hace que la opinión pública olvide su existencia, y el hecho de que en el Registro de la Propiedad no haya con frecuencia ninguna anotación de que un edificio está afectado, ha llevado a que muchas personas comprasen de buena fe casas que nunca serán suyas. Y si la pérdida de la propiedad es un problema para quienes compraron hace más de 20 años, es peor para los que compraron después, a precios de burbuja inmobiliaria. Desde 1987 hasta 2007 el valor de la vivienda casi se multiplicó por cinco, según datos oficiales. Es el caso de Carmen del Amo, presidenta de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, constituida el pasado 7 de enero. Compró un piso en La Albufereta, de Alicante, a una anciana canadiense, de 92 años, que deseaba "regresar a morir a su país". La nueva casa iba a ser vivienda y despacho profesional para su marido. Para adquirirla, vendieron el piso familiar y completaron el gasto con un crédito de 20 millones de pesetas. Antes, comprobaron en el Registro de la Propiedad que la casa estuviera "limpia", sin cargas. Compraron en abril de 2004. No sabían -tampoco el vendedor- que en marzo del mismo año se había autorizado el deslinde por el que la casa dejaría de ser suya. "Nosotros, al no tener hijos, confiamos el futuro a nuestros ahorros. Y están todos aquí. Si nos pasa algo, como mi marido es autónomo, me veo durmiendo en la playa con un saco". VENTAS ENGAÑOSAS Muchos vendieron de buena fe pero otros lo hicieron, y lo siguen haciendo, con pleno conocimiento de que ya no es suya la propiedad. Arenales del Sol es un caso evidente de ocupación de la ribera del mar, aunque de acuerdo con la ley entonces vigente y habiendo sido vendida alguna parcela por el propio Estado. Pero el deslinde en 1997 les situó fuera de la legalidad. Once años después, algunos aún intentan vender. Ahora mismo, en el portal de Internet "Idealista.com" hay a la venta nueve viviendas afectadas por el deslinde. A menor precio que la segunda línea pero aún de "pelotazo inmobiliario" (2.713 euros el m2, de media). José Ortega, abogado y portavoz de la Plataforma de Afectados lo considera preocupante. "Hay lugares donde hace mucho que se aprobó el deslinde y las casas se están vendiendo, ante notario, e inscribiéndolas en el Registro de la Propiedad también". "Es muy peligroso. Puede haber querellas criminales por estafa -sigue el abogado-. Los que compran ignoran la situación por culpa de Costas, porque es la Administración la que tiene que mandar el escrito de cancelación al Registro". LA ZONA DE INFLUENCIA Además de la ribera del mar, en donde no puede haber propiedad privada, la ley establece una "zona de protección" de cien metros en la que no se puede construir y en la que los edificios ya construidos se someten a limitaciones. En áreas urbanas, esta zona es de al menos veinte metros. Buena parte de los conflictos que acompañan a los deslindes se producen en ella, por los criterios encontrados de Costas y los municipios afectados que, generalmente, quieren extender lo más posible la zona de 20 metros. Además, la ley crea una "zona de influencia" de 500 metros, edificable pero en la que se han de impedir las aglomeraciones y el "efecto pantalla" de las construcciones verticales. En ella es preceptivo el informe positivo de la Jefatura de Costas de la zona. Es un punto muy importante cara al futuro, si se busca que los espacios cercanos al mar en España no parezcan una continua ciudad de segundas residencias, como ocurre en tantos puntos. Pero no se aplica con rigor, a juzgar por casos como Marina D'Or, urbanización en Oropesa del Mar en la que se amontonan 10.000 apartamentos y cinco hoteles y que tiene prevista una segunda fase con 40.000 viviendas y otros seis hoteles. Es un caso de lo que la Ley de Costas intenta expresamente evitar. Su artículo 30 dice que, en la zona de influencia, "se deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal respectivo." Pese a ello, Costas lo aprobó. El informe positivo se olvida de la exigencia legal de que no se formen "pantallas arquitectónicas" y no pone reparo a la alta densidad de edificación con el argumento de que "el suelo urbanizable del término municipal en el Plan General aprobado el año 1982 era no programado". Y como no había suelo programado, pues "no procede la aplicación" de la ley. Ortega atribuye esta laxitud a que no es lo mismo enfrentarse con grandes constructores apoyados por ayuntamientos que a simples particulares. Bien es cierto que en Marina D'Or se está frenando la construcción por la menor demanda que ha traído la crisis inmobiliaria. Como dice Francisco González, del Grupo de Estudio y Conservación de Espacios Naturales de Castellón, con ironía, "la crisis inmobiliaria se ha convertido en el principal instrumento de defensa de la costa".

El capital extranjero invierte 3.170 millones en el sector constructor español pese a la crisis (SUR)

capital extranjero ha invertido 3.170 millones de euros en el sector construcción e inmobiliario español desde el inicio de 2007 y pese a la crisis que afecta a estas actividades, principalmente a la promoción de viviendas, desde mediados del pasado año.
EP Empresas y fondos de inversión extranjeros realizaron 75 operaciones en constructoras e inmobiliarias españolas entre el arranque de 2007 y hasta mayo de 2008, según un estudio de la revista 'Construcción Alimarket', recogido por Europa Press. El 71% de estas adquisiciones (por un monto de unos 2.780 millones) se ejecutaron a partir del tercer trimestre de 2007, cuando se empezaron a hacer más evidentes los síntomas del parón inmobiliario. No obstante, sólo tres de las 75 operaciones analizadas por la publicación se centraron en el negocio de la promoción residencial, y sólo una afectó a una empresa en situación económica delicada. Se trata del caso de la constructora Elsamex, adquirida por el 'holding' indio IL&FS. Así, ante la naturaliza de las operaciones, el estudio señala que el principal objetivo de las inversiones no fue aliviar la falta de liquidez de las empresas españolas, sino "las buenas perspectivas de crecimiento de muchas sociedades del sector, que las ha convertido en una inversión interesante para el capital extranjero". PRINCIPALES OPERACIONES. Entre las principales operaciones, destaca la entrada del fondo estadounidense Axa Partners en el capital del grupo de distribución de materiales de construcción Electro-Stocks, valorada en unos 350 millones de euros, o las ocho adquisiciones de distribuidoras realizadas por la francesa Saint-Gobain, a través de su división Point P., por unos 90 millones. El estudio de 'Construcción Alimarkert' también subraya la "irrupción con fuerza" del capital extranjero en las empresas españolas de maquinaria, uno de los sectores que, en su opinión, "más ha crecido en los últimos años. En cuanto a las constructoras e instaladoras, el capital extranjero apuesta por empresas dedicadas a la obra civil. Entre este tipo de operaciones sobresale la entrada de la portuguesa Opca en el capital de Construcciones Sarrión, y la compra del 50% que el grupo Suez no controlada en Crespo y Blasco. En cuanto al país de origen de las inversiones, el 33,8% procedieron de Estados Unidos, otro 17,2% de Francia y un 12% de Holanda. El resto provino de Suiza, Alemania, Portugal, Reino Unido, Irlanda e India, principalmente.

Fallece Rafael del Pino, fundador de Ferrovial y una de las mayores fortunas de España (La Opinión)

Rafael del Pino Moreno, fundador del grupo de construcción y servicios Ferrovial y una de las principales fortunas de España, falleció ayer en Madrid a los 87 años de edad.
EP Nacido en Madrid, el 10 de noviembre de 1920, en 2005 su fortuna estaba valorada en aproximadamente 5.000 millones de dólares estadounidenses. Del Pino fundó en 1952 Ferrovial, cuya primera oficina ocupaba un desván junto a la madrileña iglesia de los Jerónimos, y ocupó la presidencia de la empresa durante 48 años. Ahora es una de las seis primeras constructoras cotizadas y está presidida por su hijo Rafael del Pino Calvo Sotelo. Ferrovial, que nació como empresa dedicada al establecimiento y explotación de talleres de cajeo de traviesas para Renfe y la renovación de vía, es hoy en día uno de los principales grupos de infraestructuras del mundo, con 104.000 empleados, presencia en 43 países y actividad en construcción, la gestión y mantenimiento de aeropuertos, autopistas y aparcamientos y los servicios urbanos. Ferrovial utilizó la actividad constructora con que nació como motor para financiar su expansión hacia otros negocios como el mercado concesional, la promoción inmobiliaria, los servicios urbanos y el mantenimiento de infraestructuras. La empresa, según sus datos, ha invertido desde el año 2000 en torno a 10.200 millones de euros en diversificar su actividad y su presencia geográfica. En 2007, fruto de esta estrategia, el 80% del resultado bruto de explotación se generó fuera de España y el 73% provino de la gestión de infraestructuras. Una de sus principales hitos fue la adquisición en 2006 de BAA, grupo británico gestor de aeropuertos, entre ellos los tres de Londres, por un importe de unos 12.500 millones de euros. Durante su larga carrera, Rafael Del Pino presidió además varias compañías como Europistas, Enagás o Philips Ibérica. También fue socio fundador del Círculo de Empresarios, presidente de la patronal de la construcción Seopan, y presidente de la junta directiva del Instituto de Empresa Familiar, entre otros cargos. Del Pino insistía a menudo en que su éxito radico en saber rodearse de colaboradores capaces e ilusionados con los proyectos de Ferrovial, con principios como el servicio a la sociedad y el amor a las cosas bien hechas, el espíritu de esfuerzo, la austeridad en el gasto, la reinversión del beneficio y la vista siempre en el futuro.

El circuito Ascari contará con un hotel de cuatro estrellas. Ronda (SUR)

Las obras se inician a finales de verano y el complejo está dirigido a clientes de alto nivel económico, que podrán utilizar un helicóptero para sus desplazamientos
El circuito Ascari ha anunciado que iniciará a finales de este verano las obras de construcción del hotel de cuatro estrellas superior, que se situará en los terrenos de la finca Merinos Sur, donde se encuentra ubicada la propia instalación automovilística.Según informó el director operativo del complejo, Melchor Durán, el proyecto cuenta con una inversión de 25 millones de euros, "toda una apuesta por el turismo", expresó. La instalación dispondrá de un total de 24 ´bungalows´, un restaurante de lujo, cafetería, Spa de última generación con salón de belleza incluido, una piscina de recreo y todo ello en una superficie de 6.000 metros cuadrados.Los responsables del circuito indicaron que para la puesta en marcha de las obras ya se cuenta con todas las licencias, "incluso las medioambientales", y actualmente se está terminando de redactar el proyecto para presentarlo en las próximas semanas en el Ayuntamiento de Ronda, con el objeto de solicitar la correspondiente licencia municipal de obras.Las previsiones de la firma son que las obras, una vez comenzados los trabajos, tengan una duración máxima de un año y medio, con lo que el complejo turístico podría abrir sus puertas en la primavera de 2010.Además, las nuevas instalaciones estarán dirigidas a turistas de alto nivel, puesto que además de los servicios reseñados, los clientes también podrán utilizar el helicóptero con que cuenta el circuito para realizar sus desplazamientos.Con la puesta en marcha del hotel se crearán 25 puestos laborales, que se sumarán a los 60 que tiene actualmente el complejo automovilístico.Recientemente han finalizado las obras de construcción del aparcamiento, que dispone de 400 plazas y que se ha situado en el mismo recinto con una inversión que ha alcanzado los 7 millones de euros.El circuito Ascari se encuentra en estos momentos funcionando a pleno rendimiento. A este respecto Durán informó de que el 80 por ciento de los días del año las instalaciones están ocupadas para la realización de actividades automovilísticas, encuentros corporativos de empresas, eventos deportivos y presentaciones de vehículos y equipamientos de las firmas más importantes de todo el mundo.

La deuda de Marbella crece a razón de 2 millones de euros al mes. Marbella (La Opinión)

El Consistorio mantiene pendiente el pago de 260 millones de euros tanto a la Seguridad Social como a Hacienda y los intereses aumentan
La deuda de Marbella engorda y, según el grupo municipal socialista, es el propio gobierno del PP quien la alimenta. El pasado diciembre, el coordinador de Hacienda y Personal, Carlos Rubio, aseguraba que el adeudo total al que debía enfrentarse el Ayuntamiento ascendía a 517 millones de euros y esta misma semana la cuantificó en 541. Un débito que crece, según el PSOE, a razón de dos millones de euros al mes.Para la portavoz socialista, Susana Radío, la báscula no engaña. La deuda de Marbella pesa más, lo cual es un síntoma de que el régimen de austeridad del equipo popular "no funciona". "La causa principal está en el aumento de los intereses que continúa generando la deuda mientras no se enfrenta el pago a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria", indicó. En concreto, y según Radío, los intereses suponen más de 25 millones de euros anuales o, lo que es lo mismo, dos millones de euros al mes.Tan sólo a estas dos instituciones, el Ayuntamiento les debe alrededor de 260 millones por los continuos impagos acumulados durante el mandato del GIL. El pasado diciembre, el actual equipo del PP acordó con los ministerios de Trabajo y Hacienda un nuevo aplazamiento de esta deuda, que ya logró prorrogar la comisión gestora que gobernó previamente el Consistorio.La resolución pactada le permite a la actual Corporación renegociar el desembolso a partir del próximo año, en el caso de Hacienda, e iniciarlo y continuarlo gradualmente para la Seguridad Social a través de un plan a diez años vista que establece cuotas del 2, 4, 6, 8. 10, 12, 13, 14, 15 y 16% del total de la deuda acumulada. Retrasar aún más los pagos es un error para Radío, por el aumento de intereses, y reclama al PP que establezca un auténtico plan de adelgazamiento basado en la generación de nuevos ingresos procedentes, por ejemplo, de revisar concesiones.

Las normas urbanísticas se modifican para permitir las casas de dos plantas. Alozaina (SUR)


En Alozaina se podrán construir casas de dos plantas sin necesidad de saltarse una normativa urbanística que tiene ya más de 24 años. El Ayuntamiento de la localidad ha aprobado una innovación de las normas subsidiarias de 1984 para adecuar las ordenanzas de suelo urbano, que hasta ahora sólo permiten la construcción de casas de una planta y bajo. El alcalde del pueblo, Francisco Guzmán, resaltó que con esta medida se persigue por un lado permitir a partir de ahora la construcción de viviendas con un máximo de dos plantas y, por otro, regularizar la situación de un buen número de inmuebles que en su día el Consistorio autorizó sin tener en cuenta esa normativa. «La realidad es que la mayoría de las casas de Alozaina están fuera de ordenación. No es que sean ilegales, porque se les concedió la licencia, pero podemos decir que están en una situación de alegalidad», explicó el regidor, quien destacó que el expediente de innovación fue aprobado en el pleno con el voto favorable de todos los grupos políticos con representación en la corporación municipal.
Esperando a la Junta
Francisco Guzmán quiso precisar que la citada modificación afectará únicamente al suelo calificado como urbano, sin tener ninguna repercusión en los terrenos rústicos. Por otro lado, dio a conocer que ahora será necesario remitir el expediente a la Junta de Andalucía, que deberá darle el visto bueno. Igualmente, el primer edil aseguró que la tipología de vivienda de bajo más dos plantas ya figura en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, aunque se optó por impulsar una innovación de las normas antiguas debido al retraso que acumula el documento.

Ecologistas piden más firmeza en la aplicación del plan de ordenación territorial de la comarca. Vélez-Málaga (SUR)


El Gabinete de Estudios de la Naturaleza rechaza la «flexibilización» que demandan los alcaldes

La petición realizada por la mayoría de los alcaldes y la Diputación Provincial para que se flexibilicen las leyes y normas sobre el urbanismo en la comarca, no ha gustado a asociaciones ecologistas como el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción), uno de los colectivos que más se ha destacado por denunciar presuntas irregularidades urbanísticas ante la Consejería de Obras Públicas.Contrario a cualquier tipo de flexibilización, el Gabinete ha dirigido un escrito al consejero de Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, en el que reclama más rigor en la aplicación del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía.
Rebelan
La asociación señala que no es la primera vez que los alcaldes de la Axarquía, con independencia del signo político, «se rebelan». En concreto, recuerda que cuando se aprobó el POT ya mostraron su rechazo. Sobre la urbanización sistemática de la Axarquía, el colectivo señala en el escrito remitido a la Consejería que «no se trata de la construcción de una vivienda aquí y otra allá, teóricamente vinculadas a la actividad agraria, sino de más de 21.000 viviendas ilegales en suelo no urbanizable, la mitad de las cuales se han ejecutado en menos de 17 años». Para GENA, el proceso constructor «ha lesionado gravemente el paisaje, creando una multitud de focos de contaminación» por falta de recogida de basura y de aguas residuales, abriendo una intrincada red de carriles que están contribuyendo a la erosión y desestructuración del territorio, a la vez que propiciando el despilfarro de recursos hidrológicos.
Ayuntamientos
Para la asociación ecologista, el proceso urbanístico al que se está viendo sometida la comarca «no obedece a una actividad marginal llevada a cabo furtivamente a espaldas de los ayuntamientos, sino que éstos han contribuido de manera decisiva». El Gabinete reclama a la Junta que, frente a la presión de los alcaldes, la Consejería se mantenga firme en la defensa del territorio a través de los leyes actualmente vigentes, como la LOUA, el POT de Andalucía y en particular el POT de la Axarquía, al considerar que es el posiblemente el único documento válido «para la promoción de la actividad turística de verdad (no la meramente residencial) y el control de nuestro más importante activo: el paisaje y la calidad de vida».La asociación entiende que en modo alguno debe concederse la «flexibilización» de las normas, ya que de lo contrario quedarían como mero papel mojado. El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía solicita mayor beligerancia en la disciplina urbanística. Asimismo exige que se dote adecuadamente a la Justicia, en particular la Fiscalía de Medio Ambiente, para que cumpla su papel en los delitos que se están cometiendo.El colectivo envía este escrito a la Junta una semana antes de que el consejero Juan Espadas se reúna con los alcaldes.

Las víctimas de malos tratos tendrán prioridad para acceder a una VPO. Estepona (SUR)


El Consistorio esteponero estudia modificar los criterios establecidos para la adjudicación de estas viviendas protegidas a fin de favorecer al colectivo El baremo actual no garantiza a estas mujeres conseguir un inmueble

El acceso a la vivienda para las víctimas de la violencia de género se convierte en uno de los pilares fundamentales para que las mujeres puedan rehacer su vida. Conscientes de esta realidad, el Consistorio esteponero ha puesto en marcha un protocolo de actuación en materia de vivienda para dar prioridad a este colectivo en la obtención de una Vivienda de Protección Oficial (VPO). Así, se creará una baremación que permita a estas mujeres acceder con mayor facilidad a uno de estos inmuebles, según explicó la directora del Centro de Información a la Mujer, María Jesús Illescas. La legislación española recoge que las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores. Los técnicos municipales tendrán que trabajar ahora en la elaboración de la normativa que permita fijar las condiciones y los baremos de puntuación para el acceso de las mujeres a estos inmuebles.En la actualidad, existe un plus de puntuación por ser víctima de malos tratos para la obtención de una VPO; si bien, el edil de Vivienda, Eduardo Alarcón, reconoció que esta medida no es suficiente y que hay personas que, aún estando en esta situación se quedan sin una vivienda protegida.
Sin riesgo
La iniciativa no entraña ningún riesgo para las víctimas frente a los agresores. «Si hubiera peligro estarían en casas de acogida; esta medida es para mujeres que ya han normalizado su vida y que ya han obtenido medidas judiciales», explicó Illescas.En un principio el Consistorio adoptó un acuerdo plenario para incrementar el número de pisos de acogida destinado a las víctimas de la violencia de género y se solicitó al equipo de gobierno que realizara las gestiones necesarias para que al menos un 1% de las VPO se destinaran a este fin. Lo cierto es que esta posibilidad ha resultado inviable ya que, según explicó la directora del Centro de Información a la Mujer, estos inmuebles tienen que permanecer en el anonimato y la administraciones disponen de los recursos para atender a las mujeres que requieren ayuda inmediata tras denunciar una agresión.

Se vende convento (SUR)


Las monjas dominicas quieren desprenderse del edificio que dejaron hace dos años en el centro por la falta de religiosas. Piden por él unos seis millones de euros. Por el momento no hay comprador seguro

'Se vende convento del siglo XVIII enclavado en pleno Centro de la ciudad. Interesados, consultar a las monjas dominicas'. Es el anuncio que podría publicarse para dar a conocer el interés de las Madres Dominicas por desprenderse del edificio de la calle Andrés Pérez que se vieron obligadas a abandonar hace dos años ante la falta de religiosas. Con el mismo sigilo con el que se marcharon procuran llevar a buen puerto la venta del convento, lo que cerrará la puerta a un posible regreso a la ciudad. Sin embargo, la búsqueda de comprador no resulta del todo fácil.El convento reúne una serie de condicionantes que, a priori, le restan atractivo para su venta. Por un lado, se trata de un inmueble que cuenta con protección arquitectónica integral, lo que limita las posibilidades para reformarlo o adaptarlo a un nuevo uso. Y, por otro, está calificado con un uso de equipamiento, lo que impide la construcción de viviendas.Por ello, las monjas han ofrecido el edificio expresamente al Ayuntamiento por si quiere adquirirlo para crear en él algún equipamiento de carácter público. Según fuentes consultadas por este periódico, el equipo de gobierno aún no ha tomado una decisión al respecto y estudia la oferta planteada por las religiosas, que en días pasados se desplazaron a Málaga desde Córdoba y desde Antequera para comunicarle su propuesta al alcalde.
Templo
El precio del inmueble es una de las cuestiones que, por el momento, hacen recapacitar al Consistorio. Las monjas piden unos seis millones de euros por el convento sin incluir, en principio, su iglesia, que aún se abre al público por las mañanas. Y es que la comunidad de dominicas adquirieron el compromiso con la Cofradía de Viñeros de cederles el templo para que puedan dar culto a sus imágenes titulares aunque la comunidad no estuviera allí presente.El Consistorio, que hace años llegó a ofrecer a las monjas la opción de alquilarles parte del edificio y contribuir a su rehabilitación, ha estudiado las opciones que tiene de incorporarle algunas de las fincas adyacentes para hacer más atractiva su posible adquisición. El análisis ha concluido que la única parcela susceptible de poder sumar es la situada en la esquina con la nueva plaza creada entre los pasajes de Gordón y del Pericón, ya que es de propiedad municipal. En este solar, el equipo de gobierno ha previsto la construcción de un edificio para albergar una guardería, un centro de participación ciudadana y oficinas del Área de Igualdad que en días pasados recibió subvención de fondos europeos para su ejecución a lo largo de los próximos cinco años. En caso de comprar el convento, este proyecto municipal podría ampliarse con los patios que durante más de dos siglos albergaron el día a día de las monjas de clausura.Al margen de que el Ayuntamiento u otra institución pública pueda adquirir el convento, las monjas no descartan que algún privado lo compre. En ese sentido, sostienen que podría albergar un hotel o una residencia de mayores, uso este último que concuerda con su calificación como equipamiento.
Desalojo
El desalojo del convento de las Dominicas se produjo en el verano de 2006 tras el fallecimiento de la mayor parte de las monjas de avanzada edad que aún quedaban en él. Esto redujo la comunidad a una sola monja acompañada por varias novicias que, al no haber hecho todos los votos en la orden, no pudieron hacerse cargo del lugar. La orden trasladó al convento que tiene en Antequera las piezas artísticas que poseía en Málaga y la religiosa que aún quedaba en el edificio, un lugar que deberá abandonar también tras la venta la comunidad de padres dominicos, ya que reside en una parte de sus dependencias.Las Madres Dominicas estuvieron instaladas en Málaga desde el año 1720 en la ermita de la Aurora María, en la calle Puente. Según la 'Guía histórico-artística de Málaga' de Rosario Camacho, en 1759 recibieron la donación de unas casas en la calle Andrés Pérez en las que se construyó un nuevo convento, al que se trasladaron en 1787. Desde entonces, se ha conocido popularmente por el Convento de las Catalinas, dada su proximidad con la calle Muro de las Catalinas. El edificio está formado por cuatro patios y cuenta en su interior con una pequeña estancia que ha servido como cementerio para las monjas. No obstante, los restos de las fallecidas en 2006 podrán ser extraídos de allí una vez que transcurran tres años.

Unas 6.000 viviendas no pagan el IBI desde hace 17 años al no estar clara su titularidad (SUR)


El Ayuntamiento reclama 5,5 millones a la Junta por este concepto ya que en el catastro figuran a su nombre Son casas sociales situadas en barriadas de la capital como Carranque, Huerta la Palma, Portada Alta o Vistafranca

Unas 6.000 viviendas de la capital llevan al menos 17 años sin pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al no estar clara su titularidad. Repartidas en varias barriadas de Málaga, se trata de viviendas sociales, construidas unas por el antiguo Ministerio de la Vivienda y otras por la Junta de Andalucía, que cuando se entregaron a los inquilinos no se les cambió la titularidad. Un hecho que ha provocado que en el Catastro aún figuren a nombre de la Adminstración autonómica, según reconoció a este periódico el delegado provincial de Economía y Hacienda, Enrique Benítez. Esta circunstancia ha supuesto que el Ayuntamiento de la capital reclame a la Junta una deuda de 5,5 millones de euros ya que, como apuntó el gerente del organismo autónomo de Gestión Tributaria (Gestrisam), Juan Manuel Ruiz Galdón, puntualmente se han ido girando las facturas de cobro al propietario oficialmente reconocido que es la Administración regional. Concretamente se trata de la Consejería de Obras Públicas y Transportes que es la que hasta el pasado abril, cuando se creó la nueva Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, tenía las competencias en materia de vivienda.Para encontrar una solución a esta anómala situación y dentro del buen clima de entendimiento que preside actualmente las relaciones entre ambas administraciones, Benítez explicó que se ha creado un grupo de trabajo a tres bandas entre la propia Delegación Provincial de Econonomía y Hacienda, el Consistorio y la Dirección General del Catastro -dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda- para la identificación de los propietarios e intentar subsanar el problema. La negociación es la única vía para la resolución ya que el Ayuntamiento no tiene capacidad legal para poder embargar bienes de otras administraciones, según Ruiz Galdón. Respecto a quién deberá abonar esa deuda, el delegado provincial de Economía y Hacienda declaró: «Cuando se identifique a los propietarios habrá que ver qué tiene que pagar cada uno». Ruiz Galdón, por su parte, consideró que la deuda acumulada deberá ser satisfecha por la Junta de Andalucía «ya que es lo legal» y que cuando se identifiquen los nuevos propietarios se les empezará a mandar los recibos a éstos. El responsable de Gestrisam reconoció que la determinación de quienes son los actuales dueños es «un asunto complejo» y señaló que la deuda no había prescrito.Tiempo de resoluciónLo que sí tiene claro Enrique Benítez es que uno de sus objetivos para la presente legislatura -que concluirá en 2012- es que este asunto quede resuelto. «Es uno de nuestros retos», concluyó el delegado provincial. Estas aproximadamente 6.000 viviendas se encuentran repartidas en barrios como Huerta la Palma, polígono Carretera de Cártama, Carranque Norte, Portada Alta, Polígono Alameda y Vistafranca, según los datos recopilados por este periódico.

Dueños de apartamentos bajan los precios ante el temor a que se les queden vacíos este verano (SUR)


Las inmobiliarias admiten que alquilar un piso en primera línea de playa es hoy un 30% más económico Subrayan que las reservas han «caído en picado» y que los caseros están más abiertos que nunca a negociar
LAS CLAVES
El mercado: Según los datos del INE, la provincia suma cerca de 7.000 apartamentos turísticos, que disponen de unas 25.000 plazas.
Bajada de precios: Las inmobiliarias aseguran que la recesión económica está obligando a los propietarios de estos inmuebles a rebajar los alquileres entre un 20% y un 30% para conseguir reservarlos.
Las tarifas: Según las agencias, la horquilla de precios se mueve entre los 800 y los 1.200 euros la quincena. Los pisos en primera línea de playa con garaje y piscina son los más caros.
Estancias medias: Las reservas de meses completos han dejado paso ahora a días sueltos, semanas o, como mucho, quincenas.
Ocupación: El verano pasado fue del 81,8% en agosto. Este año se prevé una caída de unos diez puntos.

Las rebajas se han colado este año en el mercado de apartamentos turísticos. A falta de un mes para que arranque la temporada alta, el acusado descenso de las reservas -que según las inmobiliarias consultadas han caído «en picado»- unido a las malas expectativas económicas que planean sobre las cuentas de las familias está obligando a los propietarios a modificar sus pretensiones iniciales para evitar que el piso de la costa se les quede vacío este verano. Los negocios especializados en este tipo de alquileres de corta estancia confirman que las rebajas alcanzan ya el 30%.Así lo constata el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Cayetano Rengel, quien lamenta la «mala racha» que vive el sector. «El mercado está encallado. Hay un parón enorme, entre la oferta hotelera y los pisos en negro que no se controlan los contratos van a la baja», apunta al tiempo que recuerda que a estas alturas de otros años la mayoría de pisos ya colgaban el cartel de no hay plazas.Sobra decir que detrás de este giro de tuerca se esconde el efecto dominó de la cacareada crisis. Para intentar esquivarlo, Rengel cuenta que los dueños están recurriendo a la estrategia de abaratar costes y a mostrar su predisposición a oír propuestas. «Hace años había tal demanda que el casero se podía permitir imponer sus tarifas y exigir estancias mínimas, ahora se negocia más y se acepta lo que venga, incluso alquileres de tres días, que antes eran impensables», esgrime.La docena de inmobiliarias con las que ha podido contactar este periódico corroboran la apreciación del presidente del gremio. Expresiones como «este verano será el peor que se recuerda» o «los alquileres se han frenado en seco» salen a relucir en la mayoría de conversaciones con los agentes del sector.
Entre 800 y 1.200 euros
La impresión es unánime. «Los precios están bajando por encima del 20%. Algunos clientes están tan angustiados que están dispuestos a aceptar lo que les den, aunque sea mucho menos que lo que pedían al principio», destacan desde Inmobiliaria Mendoza, en Fuengirola. Según sus cálculos, alquilar un apartamento en la costa occidental implica un desembolso medio de entre 800 y 1.500 euros la quincena, que puede encarecerse en función de la ubicación del piso, de su calidades o de sus instalaciones, precisa.En esta línea, los expertos entrevistados afirman que las zonas más alejadas de la capital son las que suelen registrar los precios más elevados. De este modo, Torrox Costa y Nerja concentran los alquileres más altos de la Costa oriental. En la Costa occidental, los costes suben como la espuma conforme los inmuebles se aproximan a Marbella. En cuanto a las localidades más demandadas, la encuesta de ocupación de alojamientos turísticos publicada por el Instituto nacional de Estadística revela que Torremolinos es el destino preferido tanto por los españoles como por los extranjeros.Por tipologías, los pequeños estudios y los pisos de uno a dos dormitorios constituyen las joyas de esta corona turística. Los más codiciados son aquellos apartamentos que están más cerca del mar, disponen de buenas vistas, piscina, zonas comunes o plaza de garaje.Pese a sus alicientes, estos inmuebles también están topándose con serios obstáculos para encontrar inquilino. Desde Costa Sur Inmuebles reconocen la preocupación de sus dueños por la paralización de la actividad. «Casi todos los pisos que tenemos a estas alturas siguen libres para julio y agosto. La gente sólo busca lo más económico, por debajo de los mil euros», dicen.El personal de los apartamentos Torre de la Roca, en Torremolinos, insisten en esta idea. «Las reservas están fatal. Sólo nos piden agosto, pero junio y julio los tenemos casi vacíos. Por ahora sólo tenemos contratado el 25%», relatan al tiempo que explican que están teniendo que lanzar ofertas, del tipo 7x6.
Estancias más cortas
La reducción de las estancias medias es otro de los efectos del endeudamiento que padecen los hogares. Así, como indican las inmobiliarias, el periodo de arrendamiento de estos inmuebles se ha reducido considerablemente pasando de un mes (como era habitual hace años) a días, semanas o, como mucho, quincenas -opción que sólo pueden permitirse ya los más adinerados. «El que antes se venía quince días ahora pide una semana», apuntan desde la agencia Carihuela Playa 2000.Las tablas del INE indican que el verano pasado estos alojamientos registraron un grado de ocupación del 73,2% en julio y del 81,85% en agosto; porcentajes que según las fuentes consultadas podría bajar eta temporada «por encima de los diez puntos». Pese al frenazo, Málaga sigue siendo la cuarta provincia española con más número de pernoctaciones en este tipo de alojamientos, por detrás de Las Palmas, Tenerife y Alicante.