lunes, 26 de mayo de 2008

La promotora niega mala fe y dice que advirtió a los compradores de todas las circunstancias. Vélez-Málaga (Málaga Hoy)

El consejero delegado de la empresa admite la gravedad de las dificultades que sufren
El consejero delegado de la promotora, Enrique Faura, admitió las dificultades que está padeciendo la empresa a la hora de impulsar algunas de las promociones iniciadas en la provincia pero fue claro al negar "mala fe" en la actuación de la firma e interés por "estafar" a los compradores. "Mirador ha hecho unas 8.000 viviendas en los últimos ocho años y tenemos algunas promociones que no se pueden empezar porque el banco ahora mismo no apoya al sector", explicó.Faura precisó que cada una de las promociones tiene unas peculiaridades diferentes y puso como ejemplo lo que está sucediendo en Vélez-Málaga, donde se ejecuta la urbanización La Fortaleza. "En este caso se da la circunstancia de que de todos los socios que integran la junta de compensación sólo nosotros estamos pagando las cantidades que nos corresponden. Eso ha hecho que las obras de urbanización estén paradas", dijo, al tiempo que argumentó que el inicio de los trabajos se han demorado "por causas ajenas a nosotros".En cuanto a la queja de los compradores, que denuncian haber dado a cuenta un dinero sin que se vea avance en las viviendas, Faura aclaró que en todos los contratos firmados con los clientes se precisaba la fase en la que se encontraba la promoción. "Si a una persona se le vende una casa en 2000 y se le dice que el trámite en ese momento es el plan parcial no puede decir que se le ha engañado", comentó. El consejero delegado de Mirador, que insistió en que la empresa "siempre ha informado a todo el mundo de la situación en la que se encuentra la promoción", informó de que en el momento en que se ha visto que los retrasos son considerables se ha paralizado la venta de nuevos productos.

El Defensor tramita más de 800 quejas por pagos de pisos que no se han entregado (Málaga Hoy)

Algunos compradores han abonado ya hasta 40.000 euros
El trabajo se le empieza a acumular al Defensor del Ciudadano en la provincia de Málaga. Francisco Gutiérrez ha recibido en apenas unos meses la queja de alrededor de 800 personas que compraron una de las viviendas de algunas de las promociones impulsadas por la empresa Grupo Mirador en los municipios malagueños de Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Benalmádena, Villanueva del Rosario y Fuente de Piedra y de la vecina localidad granadina de Loja, y que dicen sentirse estafados porque con el paso del tiempo se han encontrado con que no tienen casa y encima se han quedado sin ahorros.El denominador común de la inmensa mayoría de los afectados es la entrega de una serie de cantidades económicas a cuenta que no han sido avaladas por la firma constructora y que, en ningún caso, se han visto correspondidas con la finalización o, siquiera, con el inicio de los trabajos de edificación. Gutiérrez explicó a este periódico que de media se puede estar hablando de unos 30.000 euros aportados por los interesados en la adquisición de uno de los pisos promocionados por Mirador."Hay algunos que llevan tres, cuatro o cinco años aportando cantidades mensuales. Unos han llegado a dar 20.000 euros y otros hasta 40.000", relata el Defensor del Ciudadano, quien constata, además, el hecho de que algunos de los afectados, ante el inmenso retraso de las construcciones, optó por rescindir el contrato de compra con la promotora. "A cambio, ésta, en lugar de darles el dinero, les ofreció unos pagarés que cuando fueron a cobrar al banco carecían de fondos", apostilló.El número de denuncias que han llegado a la oficina de este organismo, dependiente de la Diputación provincial, ha ido creciendo de manera desorbitada. Las 80 primeras quejas que formalizaron los afectados de la promoción Fortaleza, en Vélez-Málaga, se han multiplicado con el paso de los días por diez. "El asunto se ha propagado de boca en boca y cada vez son más los que nos hacen llegar toda la información de la que disponen. Contratos, el dinero que se ha aportado, compromisos de entrega por parte de la empresa…", explica. La intención del Defensor es, una vez analizada toda la documentación de la que se dispone y de estudiar "caso por caso", trasladar el asunto a la Fiscalía en caso de que se detecte algún tipo de indicio penal por parte de la promotora. "Algunos de los afectados con los que me he reunido resumían muy bien el sentimiento, porque ahora mismo están sin dinero y sin vivienda. Se trata de familias o de gente joven que pretendían comprar su primera vivienda y que se encuentran con que han dado un dinero y no tienen nada. Eso es jugar no sólo con la economía de las personas, sino también con sus ilusiones", sentencia. Más allá de las posibles consecuencias penales que pudiera tener el comportamiento de Grupo Mirador, Gutiérrez dijo que va a trasladar el tema también al Defensor del Pueblo de Andalucía, Chamizo, al tratarse de un caso que afecta a ciudadanos de otras provincias de la región.Entre los primeros afectados que denunciaron los hechos se encuentran 80 de Vélez. El pasado 25 de abril, parte de este grupo, unas treinta personas, se concentraron a las puertas del Ayuntamiento del municipio costero para dejar constancia de lo que les está ocurriendo. "No soy propietaria, lo que tengo es un pagaré que ha sido devuelto", afirmaba Bianca Alvés, una de las damnificadas, quien apuntó que compró un piso en la promoción Mirador de la Fortaleza en 2005 y que había entregado cantidades a cuenta por un importe que supera ya los 35.000 euros. Según manifestó Gutiérrez en el caso de esta actuación residencial, la promotora carecía de licencia de obras para iniciar los trabajos, a lo que suma que el suelo sobre el que se pretendía edificar "está hipotecado". "En otras promociones la situación es que se han iniciado las obras pero no se han terminado", agregó.

La mar 'devorará' los primeros 50 metros de costa por el cambio climático en Málaga (Málaga Hoy)

Un estudio del Centro Andaluz de Medio Ambiente advierte de que todas las playas de la provincia se inundarán este siglo
Ninguna playa de la Costa del Sol se librará de los efectos que el cambio climático tendrá sobre el litoral a lo largo de este siglo. El estudio que el Centro Andaluz de Medio Ambiente desarrolla sobre la vulnerabilidad de las zonas costeras por la previsible subida del nivel del mar en más de un metro no deja lugar a dudas. Todos aquellas edificaciones que se encuentren a menos de 80 metros de la línea de costa y entre uno y dos metros sobre el actual nivel del mar quedarán inundadas irremediablemente, lo que conllevará consecuencias impredecibles para el sector turístico.En el caso de la provincia de Málaga el riesgo es enorme. La desmesurada ocupación urbanística que se ha hecho de la costa malagueña en las últimas décadas tendrá sus consecuencias en los próximos años si se cumplen los pronósticos más pesimistas. Miguel Losada, director del grupo de investigación de dinámica de flujos ambientales de este organismo, aseguró a este periódico que es un dato constatado que el nivel del mar de esta zona subirá alrededor de un metro durante este siglo y "eso implica que el mar ocupará en horizontal entre 50 y 100 metros de playa según cada caso".El problema es que en la Costa del Sol prácticamente todas las playas desde Estepona hasta el límite de los acantilados de Nerja se encuentran ocupadas a menos de los cien metros de la línea de costa y a sólo un metro o metro y medio sobre el nivel del mar actual.Esto convierte al litoral malagueño en el más vulnerable de Andalucía, junto a la costa de Huelva donde el mapa de vulnerabilidad que está realizando el Centro Andaluz de Medio Ambiente alerta de que muchas playas también quedarán inundadas durante este siglo.El progresivo retroceso de la línea de playa supondrá también un peligro para las infraestructuras construidas en el litoral como los puertos, puesto que el nivel de rebase podría llegar hasta el 150% como consecuencia de los cambios que se producirán en el oleaje y las borrascas marítimas.El riesgo de que esto ocurra también lo pone de manifiesto otro informe elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente sobre las áreas costeras más vulnerables por culpa del calentamiento global que sufre la Tierra. Las playas de La Caleta, Maro, Carabeo y Carabeíllo Chico en la Costa del Sol oriental, y la de San Francisco, Santa Amalia, El Castillo, El Chaparral, El Egido, La Butibamba, La Cala y El Bombo en la zona occidental de la provincia son algunos ejemplos que se incluyen en el primer estudio de seguimiento del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que se dio a conocer en marzo.Según Losada, la subida del nivel del mar ocurrirá "independientemente de si se frenan o no las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera", por lo que considera que no se puede demorar por más tiempo la adopción de medidas para mitigar sus efectos.Este estudio que está llevando a cabo el Centro Andaluz de Medio Ambiente servirá a las distintas administraciones para evaluar la situación actual y anticiparse a los posibles impactos que traerá consigo el cambio climático en las zonas costeras como consecuencia del retroceso de las playas.Fue en 1920 cuando los científicos detectaron que el nivel del mar comenzaba a subir en todo el planeta. La tendencia se mantuvo de forma casi constante hasta los años 90, pero a partir de entonces el incremento ha sido cada vez más significativo.A lo largo del siglo XX el nivel del mar subió unos 20 centímetros debido al aumento térmico que han experimentado las aguas. La subida de la temperatura del agua fue de media centésima al año hasta que a principios de la década de los 90 el aumento se situó en torno a las dos centésimas por año.Esto también ha hecho que aumente la salinidad del mar en varias milésimas al año en la zona mediterránea, lo que según los expertos puede alterar la circulación de los océanos y la distribución de calor entre éstos y la atmósfera.Ante este preocupante escenario, el también catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Granada advirtió que "hemos hipotecado nuestro territorio y eso provocará las pérdidas de zonas turísticas. No se puede continuar con esta sinrazón y ya no se debería ejecutar ninguna obra que pase de esa raya".

El Ayuntamiento quiere construir 111 VPO en tres promociones diferentes. Álora (SUR)


Un proyecto prevé también un edificio de 34 apartamentos para mayores

La falta de suelo ha impedido a lo largo de los últimos años la construcción de vivienda protegida en Álora, donde ahora el Ayuntamiento trabaja en tres proyectos para sacar adelante un total de 111 VPO, según reveló el alcalde, José Sánchez Moreno. La promoción más numerosa y la que antes podría salir adelante se emplazaría en la zona de El Hacho, cerca del campo de fútbol. Se trata de una parcela de 15.000 metros cuadrados donde se podrían construir 86 casas y que desde 1993 está calificada para VPO. En el Ayuntamiento confían en que a finales de año puedan empezar las obras, aunque hasta el momento los propietarios del suelo no han mostrado mucho interés en desarrollar el proyecto.
Convenio con Emprovima
No existe, sin embargo, este problema en las otras dos promociones previstas, donde el terreno sí es municipal. En concreto, en la barriada de El Puente se pretenden construir 20 VPO mediante un acuerdo con Emprovima, la empresa pública de la Diputación Provincial especializada en vivienda protegida. El alcalde explicó que en estos momentos se están ultimando todos los trámites para escriturar el suelo y posteriormente se prevé firmar el convenio de cesión con Emprovima, que se haría cargo de las obras. El tercer proyecto es algo más ambicioso, ya que contempla la construcción de dos edificios cerca de la guardería municipal. En uno de los inmuebles el Consistorio pretende incluir 15 VPO, mientras que el otro albergaría oficinas municipales y 34 apartamentos públicos para personas mayores. Sánchez Moreno indicó que en este caso la dificultad radica en que probablemente habría que constituir una empresa pública para gestionar la cesión de las viviendas. En el Consistorio están centrando todos sus esfuerzos en materia de VPO en estas tres promociones después de que la Junta rechazara el cambio de calificación de una parcela de equipamiento donde podrían haberse construido 160 viviendas.

Las solicitudes de ayuda para la rehabilitación de viviendas se triplican. Estepona (SUR)


El Consistorio bonificará el coste total del impuesto sobre construcciones para evitar que los adjudicatarios renuncien a esta subvención de la Junta

Los vecinos recurren cada vez más a las subvenciones para poder remodelar sus viviendas. El Consistorio de Estepona ha recibido un total de 84 solicitudes para acogerse al programa autonómico de ayudas para la rehabilitación de inmuebles, una cifra que triplica a las registradas en la convocatoria del año anterior, según datos facilitados por la Delegación Municipal de Vivienda. Más de la mitad de las peticiones se refieren a vecinos que tienen entre 35 y 65 años: el 37% de ellas son de mayores de 65 y sólo el 7% de las solicitudes corresponden a jóvenes.La relación de demandantes ya ha sido aprobada por el pleno de la Corporación y ahora se remitirá a la Administración andaluza para que conceda las subvenciones. Estas aportaciones económicas no superarán los 14.000 euros o el 50% del coste del proyecto. Las actuaciones deben estar relacionadas con problemas estructurales de la vivienda, filtración de lluvia o con deficiencias en las instalaciones de saneamiento, de luz o de espacio. Además, este programa contempla la supresión de barreras arquitectónicas y la mejora del consumo energético para acentuar el ahorro, entre otras apuestas. En esta convocatoria de ayudas, la mayoría de las peticiones solicitadas se refieren a actuaciones en la estructura del inmueble, sobre todo, en los tejados. Los bajos ingresos de los que disponen estos solicitantes ha hecho que el Consistorio apruebe la bonificación de la totalidad del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Esta medida pretende evitar que muchos adjudicatarios dejen de lado las ayudas por las dificultades económicas para costear esta tasa.

La nueva estación de autobuses de San Pedro queda pendiente del PGOU (SUR)


El Ayuntamiento prevé una instalación provisional en la avenida Salamanca No tendrá un segundo quiosco de billetes

El proyecto definitivo de la nueva estación de autobuses de San Pedro se encuentra pendiente de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Así quedó expuesto en la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Marbella por parte del teniente alcalde de este núcleo de población, Miguel Troyano, quien dio su voto afirmativo a una moción presentada por Izquierda Unida para proceder a la mejora de un recinto que sufre el paso de los años sin ser objeto de la renovación.Troyano, que estimó una serie de aclaraciones a la moción presentada por IU, aprobada por unanimidad, recordó que el Ayuntamiento tiene previsto el acondicionamiento de una instalación provisional en la avenida Salamanca «una vez que se inicien las obras de soterramiento». Pero antes, precisó el teniente de alcalde, tendrá que resolverse si la referida avenida se vería afectada o no por el proyecto de soterramiento definitivo. En cuanto a la posibilidad de que se instale un segundo quiosco de venta de billetes, en sentido Málaga, estimó Troyano que «no existe espacio físico» debido a los trabajos que se vienen ejecutando.Tras más de tres décadas abierta al público, Portillo ya cerró en su momento la terminal de San Pedro. Aunque desde la empresa aseguraron que se debía a una política de imagen, desde el Ayuntamiento señalaron que las antiguas dependencias estaban mal higiénicamente y que no se podía seguir así. Los usuarios fueron los principales perjudicados, que dejaron de tener un techo donde resguardarse a un banco para esperar que llegue el vehículo.
Medidas
En el último pleno prosperaron igualmente diferentes iniciativas planteadas por la delegación de Transporte y Circulación para la mejora de la seguridad vial y del tráfico en varias vías de Marbella. Por una parte, se procederá a la regulación del sincronismo semafórico de los cruces de la avenida General López Domínguez con las calles José Iturbi y Vicente Blasco Ibáñez; además, el Ayuntamiento cursará sendas solicitudes ante la Junta de Andalucía y la Dirección General de Tráfico (DGT) para que procedan a la materialización de cruces peatonales en la carretera comarcal A-397, a la altura de las rotondas de Las Medranas, El Salto del Agua y Bello Horizonte.

La Carretera de Cádiz volverá a su estado original tras la ocupación del metro (SUR)


La Carretera de Cádiz recuperará su estado anterior a las obras de la línea 2 del metro (Martín Carpena-Héroe de Sostoa) una vez que concluya la ocupación en superficie. Esta es, hasta el momento, la postura del Ayuntamiento de la capital ante el debate sobre la propuesta de la Consejería de Obras Públicas de peatonalizar parte del recorrido, aprovechando los trabajos del suburbano. El Área de Movilidad tiene sobre la mesa el proyecto que encargó la Junta y responderá en las próximas semanas, tras el análisis de los técnicos municipales, aunque el concejal Juan Ramón Casero recuerda que el compromiso de la concesionaria es dejarlo todo tal y como estaba antes de arrancar la excavación de los túneles.Y, de hecho, así está ocurriendo. La próxima semana, tras 12 meses de trabajo, el tramo comprendido entre la calle Frigiliana y la avenida de La Paloma, de 575 metros, volverá a ser ocupado por los coches, aunque sólo como aparcamiento. La vía será reasfaltada, aunque no se reabrirá al tráfico, y podrá ser utilizada también como zona de estancia y paseo peatonal. Las obras continuarán bajo tierra, para culminar el subterráneo, por lo que será necesario mantener una rampa de acceso en uno de los extremos.Este es el tercero que reabre de los seis en que se han dividido los trabajos desde el estadio Martín Carpena hasta la estación de Renfe, y supondrá que la mitad de la superficie de la línea 2 quede libre.El primero fue el situado entre el Martín Carpena y la avenida de Molière (casi 900 metros), donde se ultiman los trabajos y que ya se ha extendido a la propia glorieta.A su vez, el tramo 5, entre Juan XXIII y la avenida de La Paloma (el situado a continuación del que está a punto de cerrarse),y de unos 300 metros de longitud, concluyó a finales de noviembre del pasado año. Aunque no por completo (a causa de su gran extensión, casi 800 metros, y de la existencia de dos estaciones) en el tramo comprendido entre los puentes de Juan XXIII y de Juan Pablo II también hay ya varias partes liberadas. En los últimos días de junio le tocará el turno a los vecinos de la avenida de Los Guindos (700 metros) y a finales de agosto se cerrará el último tajo en superficie.

Correos aplaza la reforma del edificio de su sede central hasta finales de año (SUR)


La empresa no ha ultimado aún el traslado de las oficinas del inmueble Las obras durarán más de 20 meses

La reforma de la sede central de Correos en Málaga fue contratada el pasado mes de marzo pero no comenzará hasta finales de este año. Así lo indicaron a este periódico fuentes de la compañía, que precisaron que el inicio de los trabajos se producirá en el último trimestre de 2008 y no antes del verano, como se había anunciado. El motivo de este retraso es que aún no ha finalizado el acondicionamiento de las naves y locales a los que se trasladarán de manera provisional las oficinas del edificio. No obstante, éste albergará durante las obras una zona de atención al público que tendrá entrada desde la avenida de la Aurora y no por la de Andalucía.La rehabilitación del inmueble fue adjudicada a la empresa Vías y Construcciones S. A. por un importe de 10,7 millones de euros. El plazo de ejecución es de 21 meses, por lo que los trabajos no concluirán hasta finales de 2010.
Más funcional
El proyecto prevé una redistribución total del espacio interior para hacer el edificio más funcional. Además, están previstas obras para la protección de la estructura exterior con el fin de prevenir el posible impacto de la salinidad.La actuación permitirá habilitar en la planta baja una oficina principal con 22 puestos de atención al público, 1.200 apartados postales, una tienda Telecor, cuatro locutorios telefónicos, un cajero de Bancorreos y varios despachos. Todos estos servicios ocuparán una superficie de más de 524 metros cuadrados. Además, en esta planta se situará una zona para almacén y tratamiento de paquetes y la unidad de servicios especiales.En la primera planta estarán el área administrativa y las unidades de reparto, con vestuarios y aseos para los empleados. El resto de plantas quedarán disponibles para otros usos en alquiler.Además, el edificio, que consta de tres plantas en su cuerpo inferior y nueve más en la torre, quedará totalmente adaptado para discapacitados tras la reforma. Así, se construirán dos rampas y dos ascensores panorámicos, entre otras mejoras. Asimismo, el espacio de la entrada principal se cubrirá con una estructura de vidrio y acero inoxidable.

Más de 320 arquitectos y aparejadores se ofrecen para la inspección de los edificios (SUR)


Los colegios profesionales firmarán este lune un convenio con el Ayuntamiento para las bolsas de trabajo a las que podrán acudir los vecinos Fijan un precio mínimo orientativo de 870 euros para los primeros informes

INSPECCIONES
Plazos para pasar la primera inspección técnica
Edificios construidos o rehabilitados antes de 1907 o inmuebles catalogados: Hasta el día 11-11-2008.
Edificios construidos o rehabilitados entre 1907 y 1931: Hasta el 11-11-2009.
Entre 1932 y 1956: 11-11-2011.
Entre 1957 y 1981: 11-11-2013.
Entre 1982 y 1996: 11-11-2016.
En 1997 y siguientes: El 31 de diciembre del año siguiente al que cumpla 20 años de antigüedad.
Plazos para la segunda y sucesivas inspecciones
Edificios de menos de 50 años de antigüedad: A los 15 años.
Edificios de más de 50 años: A los 10 años.
Sanciones
Por incumplir el plazo, una multa de entre 3.000 y 60.000 euros.Hasta 10 multas de tipo coercitivo para la ejecución subsidiaria.

Más de 320 profesionales entre arquitectos y arquitectos técnicos se encuentran ya inscritos en las bolsas de trabajo que han creado los colegios oficiales de ambas profesiones para dar respuesta a la demanda de trabajo que supone la puesta en marcha de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) por parte del Ayuntamiento. La obligación de realizar un informe sobre el estado de los inmuebles de la ciudad -antes del 11 de noviembre de este año debe estar redactado y presentado para cada uno de los 2.671 edificios centenarios o con protección arquitectónica- ha llevado a la reserva de estas bolsas, a las que podrán dirigirse aquellos particulares o comunidades de propietarios que no sepan a cuál profesional acudir para pasar la ITE. Para ello, pueden llamar por teléfono a los colegios.Los primeros en inscribirse en los listados han sido los arquitectos y aparejadores que han pasado por los cursos realizados especialmente para formarles sobre el funcionamiento de la inspección, cuyo incumplimiento puede llevar a multas de entre 3.000 y 60.000 euros para los vecinos.
Dos grupos
El decano del Colegio Oficial de Arquitectos, Francisco San Martín, explicó que se han creado dos tipos de bolsas de profesionales: una para aquellas inspecciones que el Ayuntamiento haga de forma subsidiaria ante el incumplimiento de los particulares y otra a la que puedan acudir los ciudadanos de forma voluntaria. No obstante, en ambas se han inscrito casi los mismos profesionales que, con la condición de haber hecho los cursos o tener tres años de experiencia en el ejercicio de su trabajo, en el caso de los arquitectos son unos 120 por el momento. San Martín confió en que este número crezca en las próximas semanas, ya que en la capital tienen despacho unos 500 profesionales de la arquitectura. «No creo que los propietarios de los edificios obligados a inspeccionarse tengan problemas para encontrar un arquitecto que pueda hacer el informe», afirmó el decano.Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, José María Gómez Aracil, informó de que en su bolsa hay apuntados ya unos 200 profesionales del medio millar que existe en Málaga. «La ITE es una actividad muy bien acogida por los aparejadores en un momento de ralentización de los trabajos por la situación del mercado inmobiliario», matizó Gómez Aracil.Los responsables de los dos colegios oficiales firmarán este lunes un convenio con el Ayuntamiento en el que fijarán el empleo de las citadas bolsas de trabajo y un baremo de precios orientativos por la realización del informe de la ITE que serán obligatorios para aquellos casos en que éste se haga de forma subsidiaria por encargo del Consistorio.Como ya publicó este periódico el pasado 10 de abril, en el acuerdo se establecen unos 870 euros de mínimo para las primeras inspecciones obligatorias. Sería el caso de un edificio centenario, con un volumen inferior a los mil metros cúbicos -planta baja más una- y una estructura de madera. No obstante, esto no obliga en modo alguno a los profesionales, que pueden cobrar a sus clientes la cantidad que crean conveniente, por encima o por debajo de las cifras mencionadas. No obstante, existe un precio mínimo o base para cada informe de 450 euros. Asimismo, los precios orientativos también servirán en el futuro para determinar el coste de inspecciones que puedan ser subvencionadas.

La remodelación de la Aduana comenzará tras el verano (La Opinión)

Urbanismo está revisando la documentación con los técnicos del Ministerio de Cultura para conceder la licencia. La obra se adjudicará en pocas semanas
La remodelación del Palacio de la Aduana para su conversión en Museo de Bellas Artes y Arqueológico comenzará poco después del verano, que es el plazo que se ha marcado el Ministerio de Cultura para el inicio de unas obras que tendrán una duración máxima de 36 meses.El Ministerio se encuentra actualmente ultimando el proceso de adjudicación de este proyecto, para el que cuentan con 30 ofertas. La idea es que se pueda firmar el contrato con la empresa elegida para el mes de julio y que las obras se puedan iniciar entre septiembre y octubre.De forma paralela, la Gerencia de Urbanismo ya está trabajando con los técnicos del Ministerio de Cultura para la concesión de la licencia de obra preceptiva. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, subrayó que se ha pedido alguna documentación necesaria para cumplir con los trámites urbanísticos y que existe un buen clima de colaboración.Esta obra tendrá un coste de unos 35,5 millones de euros, a falta de que la oferta elegida para la ejecución de la obra proponga una reducción del presupuesto.Nuevos usos. El proyecto ha sido realizado por los arquitectos madrileños Fernando Pardo y Bernardo García Tapia y el malagueño Ángel Pérez Mora, que contempla la recuperación de la imagen original de este edificio de estilo neoclásico, construido a principios del siglo XIX, pero muy reformado interiormente para adaptarlo a su antiguo uso administrativo.Los 18.000 metros cuadrados se quedarán como espacios libres en su mayor parte, eliminando muchas de las compartimentaciones artificiales realizadas en los últimos años para habilitar despachos y salas de reuniones. La mayor parte de las plantas quedarán como un gran espacio abierto, con la estructura original.Recuperará el tejado a dos aguas, que perdió en un importante incendio en 1922 que obligó a reconstruir las dos últimas plantas. El proyecto que se pondrá en marcha contempla crear una nueva estructura en estas dos últimas plantas para soportar el tejado y ganar más espacio. Éste, sin embargo, no quedaría homogéneo, ya que se plantea ´romper´ el tejado y dejar espacios abiertos para aprovechar las espectaculares vistas desde arriba. Precisamente una parte de esta zona se reservará para un restaurante con vistas al Gibralfaro y la Alcazaba y con una entrada independiente al museo. El tejado no será con tejas árabes, sino con una teja de fundición en forma de planchas planas. Para que adquiera alguna rugosidad se ha planteado que se impriman imágenes de la ciudad. Este nuevo espacio ganado al edificio permitirá ubicar la dirección del museo, el centro de control y un auditorio de 200 plazas.La planta baja mantendrá la entrada por la actual, manteniendo la imagen de las palmeras. Allí se ubicará una cafetería abierta al público con terraza. El patio interior se convertirá en el distribuidor de los acceso al vestíbulo del museo y las tiendas. Exposición. Las plantas primera y segunda quedarán para las exposiciones, con 4.787 metros cuadrados, de los que unos 870 metros se dedicarán a muestras temporales. La idea es reservar la fachada con vistas a la Alcazaba y el Gibralfaro para colocar las piezas del Museo Arqueológico, jugando con el origen de las piezas y las vistas.La tercera planta estará reservada para una biblioteca, un almacén y los talleres para la restauración de las obras.

Alcaldes piden a la Junta mayor agilidad en la planificación urbanística (SUR)

Los alcaldes de la Axarquía de PP, IU y PA han decidido unir sus fuerzas para buscar soluciones a la problemática del urbanismo en la comarca. Tras mantener una primera reunión el pasado 12 de abril en Cómpeta, ayer volvieron a convocar una asamblea en Torrox, a la que asistieron los regidores de una decena de municipios, ninguno de ellos gobernado por el PSOE. Entre las reclamaciones de los alcaldes de Nerja, Torrox, Benamargosa, Benamocarra, Cómpeta, Canillas de Albaida, Algarrobo, Vélez-Málaga, Almáchar y Comares, estuvieron la de pedir a la Junta de Andalucía mayor flexibilidad y agilidad a la hora de aprobar los (PGOU).Así, el alcalde de Cómpeta, el popular José Luis Torres, explicó que los ayuntamientos de la comarca están «paralizados» por el retraso en la aprobación de los nuevos planeamientos urbanísticos. «Es un tema que nos afecta a todos por igual, por lo que hemos invitado también a los regidores del PSOE a que sumen a esta iniciativa», declaró.

Alcaldes piden a la Junta mayor agilidad en la planificación urbanística (SUR)

Los alcaldes de la Axarquía de PP, IU y PA han decidido unir sus fuerzas para buscar soluciones a la problemática del urbanismo en la comarca. Tras mantener una primera reunión el pasado 12 de abril en Cómpeta, ayer volvieron a convocar una asamblea en Torrox, a la que asistieron los regidores de una decena de municipios, ninguno de ellos gobernado por el PSOE. Entre las reclamaciones de los alcaldes de Nerja, Torrox, Benamargosa, Benamocarra, Cómpeta, Canillas de Albaida, Algarrobo, Vélez-Málaga, Almáchar y Comares, estuvieron la de pedir a la Junta de Andalucía mayor flexibilidad y agilidad a la hora de aprobar los (PGOU).Así, el alcalde de Cómpeta, el popular José Luis Torres, explicó que los ayuntamientos de la comarca están «paralizados» por el retraso en la aprobación de los nuevos planeamientos urbanísticos. «Es un tema que nos afecta a todos por igual, por lo que hemos invitado también a los regidores del PSOE a que sumen a esta iniciativa», declaró.

«Los polígonos de Málaga van a dar un vuelco al estado de abandono en el que estaban» (SUR)


«No podemos aspirar a ser como el PTA, pero sí espacios agradables para las empresas y los trabajadores» Reclama una solución urgente para los problemas de tráfico y el fin de la prostitución callejera en el Guadalhorce
Ana María López es empresaria y preside la Asociación de polígonos de Málaga (Apoma), una entidad creada hace sólo seis años. La unión del colectivo empresarial comienza a dar sus frutos.
Apoma se creó hace seis años. ¿Cómo ha evolucionado la situación de los polígonos?
Se ha dado un importante vuelco a la situación de los polígonos. Aquí trabaja y vive mucha gente, es la actividad económica mayoritaria en Málaga, y las instituciones han visto que tienen que tenernos en cuenta. Los polígonos en breve no tendrán nada que ver con lo que eran, espero que no sea un sueño. Ahora se les da su importancia y no es lo mismo.
¿Cuál es el modelo que defiende su colectivo?
Si tienes un entorno para las empresas y los trabajadores agradable, te da otra sensación de ciudad. En muchas capitales europeas están integrados, y aquí parece que somos guetos. No tiene razón de ser, porque ya son más comerciales que industriales. Hay que tender a parques empresariales, zonas agradables, como el PTA, que está a años luz. Eso es demasiado aspirar, nos conformamos con menos, pero no como hemos estado, que entrabas en un polígono y era horrible. Mire el de La Estrella, que estaba abandonado, ahora se han hecho escaparates, los propietarios han arreglado las fachadas... En eso tenemos que convertir los polígonos. De la denuncia de graves deficiencias hace poco a una visión optimista.
¿Qué ha cambiado?
Los polígonos nos hemos unido, porque nadie nos representaba. Apoma está integrada por los presidentes y administradores, y en las reuniones cada uno plantea las quejas que tiene y se hacen llegar al Ayuntamiento y a la Junta. El Ayuntamiento ha creado una concejalía específica de polígonos. Les damos un margen de confianza porque lo están haciendo bien, pero esperamos que no se duerman. No se puede quedar en palabras, hay que poner el dinero.
¿Cuáles son las principales deficiencias que detectan?
Queda mucho que mejorar, pero se están poniendo las bases. El principal problema es la recepción de los polígonos por parte del Ayuntamiento. Muchos se hicieron pero no tienen servicios municipales, y por ello arrastran problemas de saneamiento y de toda índole. Recientemente, se han dedicado dos millones de euros en obras para arreglar el alumbrado, la pavimentación y lo que hemos podido, en función de las necesidades de cada uno. Esto permitirá que se recepcionen los polígonos, con un acuerdo entre Ayuntamiento y polígonos para repartir las tareas.
¿Qué efectos ha tenido el nuevo sistema de limpieza?
Está mejorando, con la creación de nuevos puntos limpios. El Ayuntamiento recoge la basura orgánica y cada empresario recicla el cartón y el plástico en el punto de concentración de residuos. El modelo está funcionando. Nos cuesta el dinero llevarlo, pero antes las cubas quitaban aparcamientos, eran peligrosas y se creaba más suciedad.Se acaba de presentar un plan para lograr más plazas de aparcamiento en el Guadalhorce.El Guadalhorce estaba concebido para grandes empresas, con aparcamientos dentro de las parcelas, pero se reparceló y el aparcamiento se fue a la calle. Las calles están colapsadas, con doble y hasta triple fila. Los coches están por todas partes, en parterres y encima de la acera. El ente estatal Sepes ha concedido tres millones de euros al Ayuntamiento para el polígono, con lo que ganaremos 6.800 plazas. Pero es que el Guadalhorce tiene 17 kilómetros de calles, y con camiones.
¿Cómo marcha la creación de guarderías en estos recintos?
En el Ayuntamiento dicen que está muy avanzado. Es una cuestión urgente, aquí hay mucha gente que podría tener a sus niños al lado del trabajo. Hay mucha demanda, todos los polígonos las piden, y deben estar subvencionadas por la Junta. El tráfico es otro de los problemas crónicos de las zonas industriales.La carretera Azucarera-Intelhorce tiene salida para varios polígonos. se ha hecho un tratamiento de belleza de la carretera, provisional, porque no dura, pero hay que hacerla completa de nuevo. Además, hay tramos en la zona de Intelhorce donde se convierte en un solo sentido y es un cuello de botella. Se debe acometer ya el desdoblamiento. A esa carretera hay que darle una solución, que es ejecutar el proyecto que se hizo hace cinco años y para el que se han pedido fondos Feder. En El Viso y San Luis, la Junta está haciendo el desdoblamiento de Ortega y Gasset. Es un desahogo porque tiene un tráfico enorme.
¿Cómo está la situación de la prostitución en el Guadalhorce?
Se ha puesto el centro de atención, pero sigue habiendo inseguridad. No nos metemos con la prostitución pero pedimos que no se haga en la calle. Aquí hay empresas importantes y cuando vienen los clientes y los directivos de fuera damos la nota. ¿Si viera los panoramas que se nos presentan aquí!