lunes, 31 de marzo de 2008

La Fiscalía imputa al alcalde de Tolox 23 delitos urbanísticos (SUR)


Vera se enfrenta a penas que suman los 37 años de prisión por la concesión de licencias en suelo no urbanizable

La Fiscalía malagueña ha acusado al alcalde de Tolox, Juan Vera, de un total de 23 delitos urbanísticos por licencias de obras que concedió entre 2004 y 2006 para la construcción de más de 2.000 viviendas presuntamente ilegales, al ubicarse en terreno no urbanizable. Por cada uno de estos delitos, el alcalde podría ser condenado a penas que oscilan entre uno y dos años de cárcel e inhabilitación de cargo público de hasta diez años, según ha informado a Efe fuentes de la acusación.Cada caso se juzgará por separado en Málaga y el alcalde, que pertenece a Convergencia Andaluza (CA), se enfrentará a una pena de dos años de cárcel en catorce procedimientos y de un año en nueve, añadieron las fuentes.Junto al regidor, en algunos de los casos, se sentarán en el banquillo de los acusados el arquitecto municipal y un asesor jurídico, que supuestamente orientaba al primer edil para autorizar las licencias, pese a que éstas no se ajustaban a la legalidad vigente, informaron fuentes de la acusación.En algunas de las acusaciones también está imputada la secretaria municipal porque supuestamente podría haber informado favorablemente de algunas licencias de obra.En una de las calificaciones, a la que ha tenido acceso Efe, el fiscal pide un año de cárcel y diez de inhabilitación para empleo o cargo público para el alcalde por un presunto delito de ordenación contra el territorio.En el mencionado escrito, la Fiscalía, que también pide diez meses de prisión y ocho de inhabilitación para el arquitecto municipal Juan Antonio Benítez y para el asesor jurídico Diego José Sánchez, considera que Vera concedió por decreto una licencia de obras en enero de 2006 a pesar de constarle que no se ajustaba a la legalidad urbanística.Presuntamente, los acusados, de común acuerdo y con objeto de proceder al crecimiento urbanístico de Tolox «sin respetar las normas urbanísticas vigentes», realizaron un expediente municipal de licencia de obras para la construcción de 772 apartamentos.
Informes favorables
Para ello, el arquitecto municipal formuló en diciembre de 2005 un informe técnico favorable a la ejecución de las obras, «a pesar de constarle que las mismas nos se ajustaban a la legalidad urbanística» del municipio, enmarcada en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía dado que Tolox carecía entonces de Plan General de Ordenación Urbana.Por su parte, Diego Sánchez, que había sido contratado por Vera para la emisión de informes jurídicos en determinados expedientes de licencias de obras, formuló un día después un escrito favorable en relación con esta promoción inmobiliaria aunque también sabía que era contraria a la ley.La Fiscalía señala que finalmente el alcalde concedió la licencia mediante un decreto de enero de 2006, conociendo también que no se ajustaba a la legalidad, y apunta que la contratación de Sánchez por Vera responde al hecho de «evitar» la valoración de la secretaria titular.

La crisis inmobiliaria puede destruir 1.200.000 empleos (La Opinión)

El parón que vive la construcción de viviendas puede generar esta pérdida masiva de puestos de trabajo en apenas dos años, según un análisis de KPMG
El frenazo del sector de la edificación residencial podría llegar a provocar la destrucción de hasta 1,2 millones de puestos de trabajo en dos años, contando los empleos derivados de las industrias auxiliares a la hora de hacer una vivienda, según advirtió la responsable de Infraestructuras y Sector Público de KPMG España, Elena Pisonero. En una entrevista con Europa Press, Pisonero explicó que, según las estimaciones del sector, la construcción de una vivienda requiere dos empleos directos, cifra que se puede duplicar al contar aquellos puestos procedentes de otros sectores asociados a la edificación, como fontanería o instalación eléctrica. En ese sentido, recalcó que ha sido la crisis en el sector financiero la que ha "cambiado el paso" de las inmobiliarias y constructoras españolas a la hora de asumir el cambio de ciclo del mercado español, que será de esta forma "más brusco" de lo esperado, hasta el punto de que en 2008 se podrían reducir hasta en 300.000 las viviendas iniciadas.No obstante, aseguró que las principales promotoras ya eran conscientes de la posibilidad del ajuste, y recordó que desde finales de 2006 los grandes grupos inmobiliarios aceleraron sus proyectos de concentración al ser conscientes de que se había tocado techo en la edificación residencial, tras alcanzar un récord de casi 900.000 viviendas nuevas. Este ´parón´ de la actividad en la parte residencial repercutirá en la cartera de las constructoras con un desfase que viene marcado por el periodo medio de edificación de una promoción, dos años.Diversificación. La experta señaló que este "impacto importante" en el empleo sólo podrá ser absorbido "parcialmente" por la obra civil o la construcción no residencial, lo que abre un panorama que obligará a "dinamizar la economía española" para que otros sectores productivos, como la industria, puedan acoger el excedente de trabajadores.Asimismo, explicó que las medidas anunciadas por el Ejecutivo para reforzar la construcción de VPO y la rehabilitación de viviendas no son una solución para la crisis inmobiliaria, ya que la "parte del león" de la demanda es la vivienda libre. Por eso, apostó por incentivar la demanda del propio sector y rechazó que el Gobierno pueda promover acciones directas para facilitar el acceso al crédito bancario a las empresas o financiar su actividad a través de líneas de créditos ICO.