viernes, 29 de febrero de 2008

Los derribos de viviendas ilegales dividen a la sociedad marbellí (La Opinión)

Dos plataformas agrupan a los propietarios de las viviendas ilegales que se escudan en la legalización y a los demás ciudadanos que quieren recuperar los espacios públicos perdidos
Marbella está dividida por su propio planeamiento. Las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas durante 15 años por los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL) han creado dos categorías entre los ciudadanos, según sean o no propietarios de viviendas que no se ajustan al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente.Todos son víctimas del mismo problema, la falta de equipamientos públicos originada por el modelo de construcción sin límites; pero difieren en la solución. Entre derribar o legalizar se encuentra el dilema.Dos agrupaciones reúnen a los partidarios de una y otra postura. La plataforma ´29 de Marzo´ vela por el cumplimiento de las sentencias judiciales que ordenan la restauración de la situación original o, lo que es lo mismo, la demolición de las viviendas irregulares o el establecimiento de sistemas de compensación que hagan recuperar a la ciudad las infraestructuras esquilmadas.Por su parte, el colectivo de ´Afectados por el PGOU de Marbella´ reivindica la revisión de cada uno de los casos y la búsqueda de mecanismos que permitan normalizar la situación de las más de 30.000 viviendas irregulares existentes en el municipio, entre las que se encuentran las 18.000 ilegales por estar construidas en suelos no urbanizables o destinados para otros equipamientos.Tanto en uno como en otro caso, la cuestión es decidir quién paga los platos rotos. "Aquí hay tres claros culpables, las corporaciones municipales y promotores que cometieron los desmanes y la Junta de Andalucía que los permitió", proclamó convencido a este diario el portavoz de ´Afectados por el PGOU´, José Ortiz.Soluciones. El nuevo Plan General, actualmente en fase de aprobación inicial, establece la recuperación de 1,8 millones de metros cuadrados de suelo de Marbella para infraestructuras y zonas verdes mediante la normalización de 18.000 inmuebles ilegales. Para ello, propone que las empresas promotoras asuman un modelo de compensación a través de pagos o cesiones de terrenos.Si estas empresas rechazan este acuerdo, serán los propios propietarios de los inmuebles quienes deberán hacer frente a esta responsabilidad, en virtud del citado documento. Pero, "el Ayuntamiento se niega a revisar las licencias ilegales y ocurre que no tenemos culpable", criticó el representante de ´29 de Marzo´, Rafaél Ávila.Ávila teme que el planemiento de Marbella se convierta en una pelota que pasa de uno a otro tejado sin que nadie la recoja. "Si nadie les mete mano a los promotores, que pueden responder patrimonialmente, y los propietarios tampoco responden... de dónde sacamos los equipamientos que faltan", añadió.El Gobierno de Ángeles Muñoz abandera a los llamados ´compradores de buena fe´ y ya ha adelantado su intención de incluir mecanismos dentro del texto urbanístico para garantizar que no sean los dueños quienes afronten las compensaciones.Ortiz está de acuerdo. Él es uno de los afectados y califica de injusta esta medida. "Mi propiedad tiene todas las licencias y, a día de hoy, continúa sin tener ni una sola anotación en el registro de la propiedad", señaló. Ávila no es dueño de una vivienda ilegal pero tiene claro quiénes son las auténticas víctimas. "¿No es también comprador de buena fe aquél que cuenta con una casa legal a la que le han tapado las vistas con una ilegal?". Para Ortiz, sus representados son víctimas al cuadrado. Sufren la falta de espacios públicos y además su hogar no es legal.

Prevén que el juicio de ´Malaya´ se inicie en la primavera de 2009. Marbella (La Opinión)

Los magistrados de la Sección Primera esperan contestar en seis meses los recursos que se presenten y que dentro de ese plazo estén elaborados los escritos de acusación y de defensa
La Audiencia Provincial de Málaga se está preparando concienzudamente para acoger el macrojuicio de la operación ´Malaya´ en las mejores condiciones posibles. No en vano, fuentes judiciales de toda solvencia afirmaron que ahora se está trabajando con la previsión de que la vista oral pueda iniciarse en algún momento de la primavera de 2009.No son cálculos baladíes. El pasado mes de enero, el titular del juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Óscar Pérez Corrales, remitió un informe a la Sección Primera, en el que preveía "realizar las declaraciones indagatorias durante febrero y marzo, y en el que estimaba que podría mandar el proceso a la Audiencia Provincial el próximo verano, aunque no especificaba el mes".Antes de que eso ocurra, deben terminar de declarar los 86 imputados en las indagatorias, y, tras ello, el instructor debe emitir el auto de conclusión de sumario, que cierra la instrucción de más de dos años, recibiendo la Sección Primera -que ahora resuelve los recursos del caso- la causa, formada ya por más de 150 tomos.Suponiendo que este trámite se lleve a cabo en septiembre de 2008, los magistrados de la Sección Primera "podrían resolver los diferentes recursos en un plazo de seis meses". Ése no será su único trabajo, ya que durante esos seis meses previstos los magistrados además deberán dar traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que elabore su escrito de acusación y a las partes para que presenten sus escritos de defensa.Acuerdos. Teniendo en cuenta que muchas partes pedirán aún la práctica de más pruebas, todo este trámite podría "estar listo en marzo de 2009", por lo que el juicio oral se desarrollaría inmediatamente después.A pesar de ello, las fuentes consultadas esperan que "se llegue a acuerdos parciales entre la Fiscalía y las partes para que se reduzca el número de imputados", ya que con 86 procesados la vista oral será prácticamente ingobernable. Si se contempla que el juicio por los atentados del 11-M tuvo 28 acusados y duró cuatro meses y 17 días, tras la declaración de más de 300 testigos y de 70 peritos, imaginar cuál sería el recorrido del juicio por el ´caso Malaya´ puede ser complicado: 86 procesados, más de 100 abogados personados entre defensas y acusaciones populares y particulares, y más de 600 testigos. "Del año seguro que pasamos", añaden las fuentes. "Imagínese que cada una de las 100 partes quiere interrogar a uno de los acusados. Si se tiene en cuenta que se señala cada día por espacio de cuatro o cinco horas, prever la duración es muy complicado", apuntan.La Audiencia ya se está preparando. No en vano, se ha creado una nueva sección penal, la Novena, que entrará en funcionamiento este año y que servirá para que la Primera no se colapse durante la celebración de la vista, además de que podría asumir algún que otro macroproceso de los que andan sueltos: ´Ballena Blanca´, también en fase de indagatorias, e ´Hidalgo´, con una instrucción más embrionaria y compleja. Refuerzo. En la Sección Primera, de momento, ya hay dos funcionarios más de refuerzo, "un número que tendrá que crecer próximamente para hacer frente al caso", apuntaron las fuentes cuestionadas.En cuanto al lugar, tampoco parece haber problemas, como se podría haber pensado en un principio. Algunos magistrados propusieron que la vista se celebrara en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital, pero la Junta de Andalucía ha defendido que en la propia Ciudad de la Justicia hay 800 metros cuadrados que no se han utilizado y que podrían albergar la sala que acoja el voluminoso juicio.En cuanto a la seguridad tampoco hay preocupación. Estas semanas se ha celebrado un juicio contra diez peligrosos narcotraficantes magrebíes y la Policía Nacional ha tomado durante días el edificio, sin que hubiera ningún problema, lo que ha causado tranquilidad en la judicatura. El dispositivo de seguridad, según las fuentes, ha sido todo un éxito.Sobre el ámbito procesal, también se preparan las partes para el juicio. Sin ir más lejos, la Fiscalía ha solicitado que el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca pase dos años más en prisión preventiva, hasta un máximo de 4, de forma que afrontaría el juicio desde la cárcel, aunque, eso sí, sería uno de los imputados que más tiempo ha pasado en prisión por delitos económicos (Antonio Camacho, de Gescartera, estuvo tres años).

El Ayuntamiento firma un convenio con una empresa privada para construir VPO. Archidona (SUR)


El alcalde anuncia que se harán 50 viviendas de este tipo detrás del polideportivo municipal

Los ayuntamientos cada vez se implican más en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) para garantizar a sus vecinos un hogar digno a un precio que puedan pagar. Es el caso del Consistorio de Archidona, que ha firmado un convenio con la empresa Encovi S. A. para la construcción de casas protegidas en la localidad. El acuerdo establece que el Ayuntamiento archidonés realizará los trámites pertinentes para que en los terrenos municipales que posee para este fin se puedan construir viviendas de este tipo, mientras que Encovi se compromete a desarrollar ese suelo, según explicó el alcalde, Manuel Sánchez.El primer edil señaló que desde que llegó al gobierno municipal ha realizado todas las gestiones para poner en el mercado el suelo municipal destinado a VPO y permitir con ello que los sectores sociales más desfavorecidos puedan acceder a una vivienda. Así, Sánchez recordó las 28 viviendas realizadas por Emprovima, que se entregarán en el momento en el que la Junta les conceda la calificación y anunció que se construirán otras 50 VPO en una parcela que hay detrás del polideportivo municipal.Además, el Consistorio cuenta con otras dos parcelas donde se podrían hacer viviendas protegidas, una situada detrás de la piscina municipal y la otra en la zona trasera de la calle Almohalla, donde se ha intentado sin éxito que la Consejería de Obras Públicas subvencione seis VPO.

El Consistorio obligado a recibir una urbanización por silencio administrativo. Torrox (SUR)


El edil de Urbanismo, José Luis Pérez Moreno (IU), culpó ayer al anterior gobierno socialista de no haber realizado ningún acta dentro del plazo legalmente establecido sobre la recepción de la urbanización Tablazo Sur, en Torrox Park. Pérez explicó que debido al silencio del anterior gobierno el Ayuntamiento se ha visto en la obligación de tener que recepcionar la urbanización a pesar de «no estar en perfecto estado». El edil señaló que la promotora se ha acogido al silencio administrativo para exigir la recepción del conjunto, lo que obligará al actual gobierno a tener que subsanar numerosas deficiencias que afectan al asfaltado de las calles, los jardines, parques y al alumbrado. «Si el acta de recepción se hubiera realizado dentro de los cuatro meses que fija la Ley, mencionando todos los arreglos necesarios, el Ayuntamiento no se vería ahora en esta situación, ya que las reparaciones habrían correspondido al promotor».

Los adjudicatarios de las viviendas de Isla Gomera se enfrentan al Ayuntamiento por su precio. Fuengirola (SUR)


Aseguran sentirse «engañados» al enterarse ahora de que los pisos cuestan entre 132.000 y 175.000 euros. El Consistorio recuerda que son inmuebles asequibles contruidos en suelo municipal, aunque no VPO

«Si no podemos pagarlas, ¿por qué nos adjudican estas viviendas?». Ésta es la pregunta que se hacen Elvira López y los otros 25 adjudicatarios de las viviendas asequibles que promueve el Ayuntamiento de Fuengirola en la calle Isla Gomera, detrás del puesto de la Guardia Civil. Esta semana se han reunido con los concejales de Urbanismo y Servicios Sociales, Ana Mula y Francisco José Martín, respectivamente, para expresar su malestar por lo que consideran «un engaño». «Cuando nos avisaron en mayo de 2007 nos dijeron que las casas iban a costar entre 60.000 y 90.000 euros y ahora nos encontramos con que los precios oscilan entre los 132.000 y 175.000 euros», asegura Elvira, a la que no le entra en la cabeza la posibilidad de afrontar una hipoteca de 700 euros con un sueldo de mil euros y un hijo de cinco años que está criando en casa de sus padres. Por ello, solicita incluso que le entreguen la vivienda sin garaje ni trastero para abaratar costes. «Lo único que pido es un techo para vivir», añade.En similares circunstancias se encuentra Noemí Carreño. También es madre soltera de una hija de tres años y el sueldo de 'mileurista' no da para muchos lujos. «Si reunimos los requisitos para una VPO no entendemos por qué nos piden ahora este dinero», se lamenta.Dada la situación económica y social de la mayoría de los adjudicatarios -entre ellos hay madres solteras, mujeres maltratadas y familias con pocos recursos-, Martín se ha comprometido a contactar con la constructora Profasán para intentar rebajar los precios, aunque parece descartable que se ajusten a las exigencias de los vecinos. En este sentido, fuentes municipales aseguraron que los precios son los establecidos por la ley andaluza de vivienda protegida, y que en ningún caso se trata de Viviendas de Protección Oficial (VPO), sino de inmuebles a precios asequibles.Además, durante el encuentro en la sede de Servicios Sociales, tanto Mula como Martín recalcaron que en ningún momento se habló de precios durante las reuniones. Sea como fuere, lo cierto es que algunas de estas familias se van a ver obligadas a renunciar a estas viviendas, puesto que están encontrando numerosos problemas para que les concedan el préstamo hipotecario y, según aseguran, les han dado una semana de plazo para decidirse. «Si no, dicen que tienen gente esperando a que nosotros rechacemos las casas para ellos comprarlas», recalca Noemí.
Sin sorteo
Esta promoción, cuya entrega está prevista para mayo, fue adjudicada a través del mismo pliego de condiciones que se usó en las viviendas sociales de Los Pacos, de forma que fueran para los 26 siguientes de la lista de espera. Desde el Consistorio explicaron que a estos pisos se les quitó la calificación de VPO para que pudieran ser adjudicados sin sorteo a esas personas que se quedaron sin plaza en Los Pacos. El Ayuntamiento ha promovido estas viviendas en suelo municipal sacando a concurso la enajenación de la parcela para construir las viviendas y la guardería municipal con un precio de 359.000 euros. Una cantidad inferior a la estipulada en el mercado y que ascendía a 1,8 millones. La empresa adjudicataria fue Profasán, la cual ofertó el valor del terreno y mejoras de acabado, equipamiento de guardería y zonas verdes aledañas por valor de 100.000 euros.En total, se han construido 14 viviendas de dos dormitorios y 12 de tres. Además, se incluyen aparcamientos y trasteros.

El edil Lázaro Díaz será el nuevo responsable de las relaciones con las urbanizaciones de Mijas. (SUR)


Tamara Vera asumirá las competencias en Residuos Sólidos, que hasta ahora correspondían a Ana Román. Los cambios se harán oficiales en el próximo pleno
Segundo cambio en el equipo de gobierno en lo que va de legislatura, aunque en esta ocasión no es tan traumático como el que supuso la marcha de Agustín Moreno, pues sólo se trata de un movimiento de fichas que afecta a varios concejales del grupo socialista. Con el objetivo de reforzar la relación con las numerosas urbanizaciones del municipio, el alcalde, Antonio Sánchez, ha decidido atribuir una competencia más a Lázaro Díaz, que ya es concejal de Parque Móvil, Mercadillos, Zonas Rurales, Agricultura, Parque Zoosanitario y Vía Pública. Hasta ahora, era el edil de Urbanismo, Juan Cruz, quien se encargaba de las relaciones con las urbanizaciones, aunque no de una forma oficial.Fuentes municipales aseguraron a este periódico que con esta decisión -que ya ha salido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)- se pretende potenciar los vínculos con las zonas residenciales.La modificación del decreto de delegaciones aprobado el 23 de julio del pasado año -día en el que se remodeló el equipo de gobierno con la toma de posesión de Sánchez- también afecta a Ana Román. La primera teniente de alcalde mantendrá las delegaciones de Servicios Operativos, Limpieza y Parques y Jardines, pero cederá los asuntos en materia de Residuos Sólidos a Tamara Vera, concejala de Medio Ambiente y Juventud.Aunque estos cambios ya están confirmados, aún no son oficiales a la espera de su aprobación en el próximo pleno municipal, previsto inicialmente para la semana que viene.

El Colegio de Arquitectos ultima el convenio con el Consistorio. Marbella (SUR)


El Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga ultima el convenio que firmará con el Ayuntamiento de Marbella para establecer relaciones de colaboración institucional y de carácter técnico, según informó su decano, Francisco San Martín. Está previsto que el acuerdo se rubrique en el plazo de un mes. El propósito es contribuir a la normalización urbanística de la ciudad e impulsar la cuestión de los concursos públicos en las obras que se vayan proyectando, un aspecto que, como advirtió, «no se hace desde hace 20 años».San Martín explicó que se formalizará un protocolo institucional que tendrá «tres o cuatro líneas de trabajo, fundamentalmente de apoyo en el planeamiento urbanístico», una vez que esté aprobado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «La colaboración será intensa en todos estos aspectos», refirió.

Ultiman el vallado del Trapiche, previo a la rehabilitación del edificio. San Pedro de Alcántara (SUR)


Una subvención del Ministerio de Cultura permite costear estos trabajos, que incluyen además la ampliación del acerado

La puesta en valor del Trapiche de Guadaiza, uno de los inmuebles más señeros que data de la colonia agrícola sampedreña, da los primeros pasos en firme, después de años de larga espera. Gracias a una subvención de 50.000 euros, solicitada en su día por la comisión gestora al Ministerio de Cultura, se ha dado luz verde al vallado perimetral de la que fuera Granja-Modelo en los años 60 del siglo XIX y que estuvo operativo como trapiche azucarero en los años 20 de ese mismo siglo. El cerramiento de este solar, cuyo presupuesto de licitación asciende a 30.000 euros (el 60 por ciento del total de la ayuda), está muy avanzado. Operarios de la empresa adjudicataria, Acondima, ultiman la construcción de un pequeño muro, complementado con una verja, en la parte más visible; mientras que en el resto de la parcela se procederá a la instalación de vallas.
Objetivo
De este modo, la Delegación Municipal de Obras y Servicios Operativos, que dirige el concejal Pablo Moro, pretende garantizar la preservación de este emblemático inmueble de posibles actos vandálicos, mientras se resuelve la búsqueda de financiación necesaria para reformarlo con vistas a darle un uso público cultural. Los otros 20.000 euros concedidos por el Ministerio de Cultura se destinarán a la ampliación del acerado, que acometerá la empresa Veracruces Construcciones.Por su parte, la Delegación Municipal de Cultura realiza las últimas modificaciones al proyecto de 2004. La responsable del área, Carmen Díaz, confía en tener listo el documento definitivo en este año. Lo que sí tiene claro es que el remozamiento del Trapiche de Guadaiza, que consta de dos naves -una de ellas calcinada tras un incendio ocurrido en enero de 2000-, se acometerá en una única fase. La intención del equipo de gobierno es que el inmueble sirva como centro cultural, equipado con un teatro, dos bibliotecas, sala de exposición de la maquinaria agrícola y espacios para los talleres de Arte y Cultura.

El Ayuntamiento y el equipo del PGOU se reunirán cada semana para responder a las alegaciones. Marbella (SUR)


El primer encuentro, en el que los técnicos comenzarán por analizar los reparos medioambientales al Plan, tendrá lugar el próximo jueves. «Hay que forzar la máquina», señala el coordinador de Urbanismo, que desconoce cuándo se dará salida a las primeras contestaciones
Las primeras respuestas a las alegaciones contra el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) están a la vuelta de la esquina. Tras concluir la fase de estudio de los 8.537 reparos presentados durante los dos meses en los que el planeamiento estuvo en información pública, tanto el Ayuntamiento como el equipo redactor van a comenzar a dar salida a los escritos para ir caminando con paso firme hacia la aprobación provisional del Plan General de la ciudad. Después sólo quedará que la Junta diga la última palabra: si le da el visto bueno o no. Según explicó a este periódico Juan Carlos Fernández Rañada, coordinador de Urbanismo, el próximo jueves el equipo redactor, capitaneado por el arquitecto Manuel González Fustegueras, y técnicos del Consistorio mantendrán la primera de las reuniones semanales que se fijarán hasta que todas las alegaciones sean informadas, ya sea positivamente, con la incorporación de las demandas al documento urbanístico, o negativamente, justificando los motivos por los que se quedan fuera. «Ellos hacen una propuesta y nosotros otra y tenemos que ver en qué términos se contestan», valoró Fernández Rañada.Primero se dará salida a las de corte medioambiental, presentadas tanto por colectivos como por particulares. Hay una razón de peso. Con esta medida el equipo de gobierno prevé agilizar la tramitación del informe de impacto ambiental, de carácter vinculante, que debe que emitir la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. No en vano, sostiene que este trámite suele dilatarse en el tiempo entre seis meses y más de un año y medio y habitualmente es posterior a la aprobación provisional.«Nos interesa ir haciéndolo en paralelo para ir cerrando los plazos; ver si hay alguna problemática en este sentido», abundó el coordinador de Urbanismo, que apenas lleva dos semanas al frente de este cargo municipal de nueva creación. Con todo, desconoce cuándo se podrán empezar a responder las primeras alegaciones de las más de 8.500 contabilizadas.Adelantó que las reuniones bilaterales entre el equipo redactor del Plan General y los técnicos municipales de la Delegación de Urbanismo tendrán un orden del día prefijado, con las alegaciones ya clasificadas por problemáticas tras el trabajo de los últimos meses por ambas partes, con el fin de agilizar lo posible el trabajo.
Informes sectoriales
«Hay que forzar la máquina y meter en ritmo el trabajo», subrayó Fernández Rañada, que especificó que la mayoría de los informes sectoriales perceptivos para seguir adelante con la tramitación del documento -que determinan si hay algún aspecto que perfilar en aspectos de infraestructuras, de recursos hídricos o de patrimonio- ya están listos. Es el caso de los de Carreteras, Costas o Cuenca Mediterránea Andaluza. Resta el de Cultura, que debe emitir igualmente la Junta.Es previsible que las negociaciones entre el Consistorio y el equipo redactor sean más intensas en cuanto se aborden la situación en que quedarán las 18.000 viviendas ilegales. Los criterios de la Junta, que tuteló la redacción del Plan cuando ostentó las competencias urbanísticas, son opuestos a los del equipo de gobierno, que ya ha advertido de que protegerá a los propietarios para que no tengan que pagar de su bolsillo las compensaciones. Casi la mitad de los reparos se refieren, de hecho, a las medidas de normalización.