viernes, 15 de febrero de 2008

Viviendas por casas de aperos. Mijas (Málaga Hoy)

Residentes en las casas declaradas como ilegales reconocen que no deberían haber construido, pero piden igualdad de trato de las administraciones para todos los casos
No cabe duda de que Mijas se encuentra en una situación urbanística delicada, ya que son muchos los vecinos afectados por residir en viviendas ilegales con expedientes abiertos para su demolición. Los chalets saltan a la vista a ambos lados de los caminos rurales en zonas como Valtocado. Allí, en una minúscula casa prefabricada vive desde hace cuatro años Isabel, junto a su marido Salvador y su hermano José. "Pedimos la licencia de aperos y todavía no nos la han dado, nos hemos gastado 13.000 euros en hacer un carril y levantar un muro de contención bajo la carretera y ahora tenemos que pagar una multa de 22.000 euros", comenta.También tuvieron que hacer una inversión importante para que les llegara la luz legalmente y cada vez que necesitan agua tienen que ir a llenar garrafas al pozo de un vecino. Estas complicaciones se unen, según explica Isabel a la enfermedad de su hermano, quien tiene deficiencia mental y esquizofrenia, y "está acostumbrado a vivir en este lugar". Así, Isabel lamenta la falta de servicios, a pesar de que paga sus impuestos, pero es consciente de que no puede ser de otra manera, al tratarse de una vivienda ilegal colocada en un terreno no urbanizable. Lo que sí demanda fervientemente, coincidiendo con la mayoría de vecinos afectados por las viviendas ilegales, es la igualdad en el trato por parte del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía a la hora de abrir expedientes e imponer sanciones. Y es que según denunció Juan, el presidente de la Asociación por la regularización de las viviendas de Mijas, "las multas sólo se han aplicado a algunos, mientras que enormes chalets levantados a escasos metros son supuestamente legales". Asimismo, denunció el campo de golf que se está creando detrás del cerro de Valtocado, y cuya empresa constructora "está dañando el entorno natural".El portavoz de los afectados explicó que hay 3.000 expedientes urbanísticos abiertos, 300 advertencias de demolición y multas que oscilan entre los 600 y los 240.000 euros. "Yo vivo en una casa con licencia de aperos y demolerla me cuesta 12.000 euros, además de la sanción, algo que no me puedo permitir", comenta Juan.Tampoco se encuentra muy boyante la economía de Miguel, quien tendrá que pagar 9.000 euros durante doce meses con su sueldo mileurista. El derribo de su casa es inminente, y si éste finalmente corre a cargo del Ayuntamiento tendrá que abonar también los costes de demolición.Desde el Consistorio han asegurado que están buscando la fórmula para solucionar este problema, mientras que los vecinos creen que "el que debe paralizarlo es el alcalde, al igual que parece que va a ocurrir en Marbella, antes de que se apruebe definitivamente el PGOU", según opina Juan. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Mijas tampoco está aprobado definitivamente y por ello, los mijeños afectados por las viviendas ilegales se han manifestado recientemente en el Ayuntamiento, sosteniendo que algunos no tienen otra vivienda en la que permanecer.Hoy el presidente de la asociación mantendrá una nueva reunión con el regidor mijeño, Antonio Sánchez (PSOE), el asesor jurídico y el abogado de los vecinos afectados, al objeto de buscar una salida ante este oscuro panorama.

Expertos debaten sobre la minería, el medio ambiente y el urbanismo (Málaga Hoy)

Unas 60 personas participan en una jornada con la Ley de Calidad Ambiental como clave
Unos 60 expertos se reunieron ayer y continuarán durante el día de hoy en el desarrollo de las II Jornadas sobre Minería, Urbanismo y Medio Ambiente que tienen lugar en BPC Málaga organizado por Gaona Abogados. Las últimas novedades de la Ley Andaluza de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental han sido uno de los temas a debate. En este evento han participado como ponentes abogados, técnicos de las delegaciones provinciales de Innovación y Medio Ambiente de la Junta en Málaga y Granada o el fiscal de delitos urbanísticos, Francisco Montijano, que clausuró ayer por la tarde la primera jornada.

El alcalde culpa a terceros del impuesto para legalizar casas (La Opinión)

El PP pide a la Junta que retire al Ayuntamiento de La Viñuela las competencias urbanísticas z El Gobierno andaluz estudiará jurídicamente este asunto, que califica como "inédito"
El Ayuntamiento de La Viñuela niega tajantemente haber enviado cartas a residentes del municipio para reclamarles un pago voluntario de hasta 12.000 euros a cambio de regularizar sus viviendas. El alcalde socialista Juan Millán asegura que el Consistorio en ningún momento ha requerido a los vecinos para que abonen un impuesto urbanístico voluntario al margen de la licencia de obra, tal y como denunció el grupo popular en el municipio y adelantó ayer La Opinión. Además, el regidor considera que el envío de estos escritos podría tratarse de una estafa, para lo que argumenta que "alguien podría estar aprovechándose" de la situación en la localidad, donde los residentes han recibido en las últimas semanas notificaciones de revocación de sus licencias de obras por no ajustarse a la legalidad urbanística."Con la confusión que se ha creado alguien podría estar intentando aprovecharse de estos vecinos, al enviarles cartas en las que se les exige el pago de una cantidad supuestamente para legalizar sus viviendas", señaló el regidor en declaraciones a Efe. Asociación de vecinos. Por su parte, algunos vecinos confirman que en los últimos años cerca de medio centenar de personas ha recibido notificaciones para pagar un "impuesto medioambiental voluntario y libre", e incluso algunos pudieron abonar dicha tasa en las mismas dependencias municipales. Anthony Lindsay Jones aseguró a este periódico que pagó el impuesto en el mismo Consistorio. "Yo pagué y lo hice en el Ayuntamiento. No sé si alguien lo abonó en otro sitio, pero yo lo hice allí, en el mismo lugar donde se abonaba el dinero para la licencia. Creía que lo del pago voluntario y libre era normal, como en el IBI aparece lo del plazo voluntario, no pensé que fuese ilegal", asegura. Los vecinos afectados por las licencias de obra ilegales, la mayoría extranjeros, se han unificado en una asociación denominada ´Save our homes Axarquía´, cuya web es www.soha.es. La plataforma se reunió ayer con urgencia en El camping de La Viñuela, a raíz de la polémica abierta por el presunto cobro de recibos municipales voluntarios.Gary Miles, uno de los portavoces de la asociación, asegura que le cuesta imaginar algo así en Inglaterra. "Allí los cauces legales para abonar impuestos están muy definidos, pero aquí hay casos muy extraños. Los pagos de impuestos como ese voluntario podrían haberse hecho en efectivo o con cheques", explica. Los residentes también se muestran muy preocupados por la situación urbanística de sus viviendas, ante el temor de que se decreten derribos, ya que la mayoría de sus licencias de obra han sido revocadas por instancias judiciales, al no adaptarse el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la zona de la Axarquía. Por su parte, la Junta de Andalucía "estudiará jurídicamente" este asunto para determinar si existe tal impuesto voluntario. "Es una práctica inédita y habrá que valorar si es correcta o no, y determinar si se trata de una simple relación contractual de derecho público. Por el momento se desconoce que haya tenido consecuencias urbanísticas", señalaron fuentes de la administración.El PP, que denunció públicamente este caso, solicita al Gobierno andaluz que retire al Ayuntamiento las competencias urbanísticas. El portavoz del grupo popular en el municipio, Francisco González, explica que el Ayuntamiento "está reclamando un impuesto voluntario o mejor dicho revolucionario de entre 6.000 y 12.000 euros", que "no está regulado en ninguna normativa urbanística". Además, el presidente provincial del PP, Joaquín Ramírez, urge al PSOE a que dé explicaciones y advierte de que si no se resuelve este tema en el ámbito municipal, acudirán a la Fiscalía si es necesario, pues "no se puede cobrar para hacer cumplir la ley".

Fomento prevé el soterramiento del tren del Puerto en dos años (La Opinión)

El Ministerio está terminando el proyecto de obra, con idea de incluirlo en los próximos planes de inversión. El tráfico se cuadruplicará para 2010
La imagen de un tren de mercancías cruzando una calle de la ciudad y los coches parados a la espera de que pase tiene los días contados. El Ministerio de Fomento ya está ultimando el proyecto para soterrar la línea férrea que conecta el Puerto de Málaga con la estación de tren y que eliminará los habituales cortes en la circulación por las calles Héroe de Sostoa, Ayala, Fernán Núñez, Donoso Cortés y Antonio Machado.Los técnicos del Ministerio se encuentran actualmente estudiando cómo compatibilizar las obras con el necesario tránsito de mercancías. Es la última fase de la redacción de este proyecto, que según fuentes de la Autoridad Portuaria "será incluido por Fomento en sus planes de inversiones para los próximos dos años", con un presupuesto aproximado de 20 millones de euros. El proyecto consiste en construir un túnel que comience en la zona portuaria de la plataforma de San Andrés y continúe hasta la estación, a donde llegarían los convoys ya en superficie. Esto eliminará los distintos pasos a nivel que actualmente están activos en medio de las calles y que obligan a parar el tráfico con alguna frecuencia. De cuatro a cinco trenes al día salen desde el Puerto hacia la estación para dar salida a las mercancías que llegan a la ciudad. Lo suelen hacer en horario nocturno o en horas de poco tráfico, aunque hay ocasiones en las que se producen en momentos de más circulación.No obstante, este panorama va a cambiar para el 2010. El muelle 9, con un intenso tráfico de contenedores y vehículos, estará conectado por tren para ese año. Responsables de la Autoridad Portuaria explicaron que, a partir de ese momento, las previsiones son de cuadruplicar el actual tráfico, que pasará a oscilar de 16 a 20 trenes al día. Esa actividad futura obliga a tener previsto el soterramiento, para no entorpecer la vida ciudadana.Este incremento en el paso de los trenes tiene su explicación en que se va a ampliar el tipo de mercancías transportada. Actualmente se centra en semillas de girasol, bovinas de acero y ´clinker´ para la fabricación de cemento en la planta que hay en Antequera. Sin embargo, la conexión con el muelle 9 abrirá el mercado al tráfico de contenedores y de vehículos nuevos. La prevista construcción de un centro logístico en Antequera conectado con el tren potenciará estas perspectivas.Fallo. Las molestias que ocasiona el paso de los trenes suele reducirse a unos minutos de espera. Pero no siempre es así. Un fallo puede convertir este trámite en un atasco.El último ocurrió ayer por la mañana a la altura del paseo Antonio Machado. El sistema de barreras del paso a nivel falló y no se volvió a levantar tras pasar el tren. Ocurrió sobre las 9.15 horas. Tuvo que ser la Policía Local la que abriese el tránsito después de levantar a mano la barrera. Habían pasado 20 minutos y las retenciones ya eran importantes en ambos sentidos.El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), responsable del mantenimiento del sistema de barreras, indicó que el fallo podía deberse "a una avería del aparato o a que alguien lo haya manipulado". El personal de mantenimiento de Adif comenzó ayer el arreglo de este sistema.

Las bóvedas de la Catedral ya se ocultan bajo su segunda piel (La Opinión)

La actuación en la cubierta del Templo Mayor para acabar con las filtraciones marcha a buen ritmo. La primera fase está terminada en un 50 por ciento
La cubierta de la Catedral de Málaga ha cambiado de aspecto en los últimos meses. Con el fin de evitar la humedad y las filtraciones de agua, el pasado mes de octubre se inició una compleja actuación que terminará ocultando las veintidós bóvedas con las que cuenta el Templo Mayor y que permanecerán bajo una impermeable segunda piel. Pese a lo complicada que pueda sonar en principio, el imagen aérea de la denominada ´quinta fachada´ de la Catedral permanecerá idéntico al de antes de la actuación.El ritmo al que marcha el proyecto, concebido por el arquitecto Juan José Jiménez Mata, ganador del concurso de ideas convocado en 2004, es el estipulado y las obras podrían finalizarse en el transcurso de un año o trece meses. La intervención se inició con la colocación de las nervaduras de ladrillos perforados para crear una cámara de aire sobre la que se instalará la nueva cubierta, y la primera fase, correspondiente al techo de la capilla mayor, la girola y el crucero, se encuentra a un 50 por ciento de ejecución. "Una vez acabado el replanteo se han hecho las cuadernas de apoyo de lo que va a ser la segunda piel de las bóvedas, en lo que estamos trabajando ahora mismo", destacó el aparejador de fábrica de la Catedral de Málaga, Fernando Ramos, que precisó que la segunda fase, consistente en la instalación del nuevo techo en la nave central y las laterales, comenzó hace tres meses y está realizada al 15 por ciento.Solución definitiva. Por su parte, el deán de Catedral, Francisco García Mota, explicó que con esta intervención se quiere lograr que las humedades y caídas de piedra y de agua que sufre el Templo "se eliminen de una vez y para siempre", por lo que expresó su deseo de que la solución "sea definitiva".

Cártama plantea dispersar las casi 2.000 VPO que el POT prevé construir en Nueva Aljaima (SUR)


El Ayuntamiento incluirá su propuesta en las alegaciones al plan territorial. Se pretende que las viviendas se repartan por cuatro zonas del término municipal

Cártama no quiere que la denominada área de contenido residencial que la Junta de Andalucía quiere construir en Nueva Aljaima acabe con las posibilidades de otros núcleos para albergar viviendas protegidas. Por eso, el Ayuntamiento planteará a la Administración autonómica la posibilidad de dispersar las cerca de 2.000 VPO que el Plan de Ordenación Territorial (POT) del Área Metropolitana prevé en la mencionada barriada, cerca del apeadero de Renfe.La medida fue anunciada ayer por el alcalde, José Garrido, a través de un comunicado. En concreto, el Consistorio enviará su propuesta dentro de las alegaciones que se presentarán al POT, el documento de ordenación que tramita la Consejería de Obras Públicas. Dicho plan reserva una superficie de unas 160 hectáreas como sector de contenido residencial en Nueva Aljaima con el requisito de que el 60 por ciento de las viviendas que se ejecuten en esa zona sean de VPO.Pese a que en el avance del POT no se plantea un número exacto de casas, fuentes municipales explicaron que, en caso de que se aplique un parámetro de 20 viviendas por hectárea se podrían construir un total de 3.200, de las cuales al menos 1.920 serían protegidas. El planteamiento del equipo de gobierno municipal es que esas 160 hectáreas de uso residencial se dividan en cuatro partes que se dispersen por distintos núcleos del término municipal cartameño, uno de los más extensos de la provincia. «Se cree que esa distribución es beneficiosa porque se fomenta la construcción de VPO y, además, se permite la creación de nuevas actividades económicas y nuevos empleos en los distintos núcleos», señaló el alcalde, quien aprovechó para rechazar «todas esas declaraciones y falsedades que provienen muchas veces de personas que se dedican a especular con el suelo y sólo quieren confundir a los vecinos».
Precios asequibles
De esta forma, el gobierno municipal quiso desmentir los rumores que hablan de la creación de un gueto de viviendas sociales en Nueva Aljaima, recordando que las VPO que se plantean en el POT tendrán un precio de entre 90.000 y 150.000 euros.Además de en Cártama, el plan del Área Metropolitana reserva áreas de oportunidad similares en Álora (barriada de El Puente), Alhaurín de la Torre (El Romeral) y Málaga (Soliva y Campanillas). Los tres ayuntamientos también han mostrado su desacuerdo por esta concentración de viviendas protegidas y apuestan por la dispersión.